Estatuko Aldizkari Ofiziala Estatu Agentzia

REVISTA DE JURISPRUDENCIA LABORAL - Número 4/2020

Este número 4/2020 de la RJL presenta a sus lectores, como es habitual, los comentarios de diez resoluciones jurisdiccionales de actualidad.

La STS-PEN 53/2020, de 17 de febrero, diseccionada por Antonio V. Sempere Navarro, aborda la responsabilidad empresarial por los daños causados a un empleado que es sujeto pasivo de una agresión cometida por un cliente de la empresa, supuesto diferente del clásico de responsabilidad por los daños causados por los trabajadores a terceras personas ajenas a la empresa como consecuencia del desarrollo ordinario de la actividad empresarial.

Carmen Viqueira Pérez y Miguel Basterra Hernández se han ocupado de la STS-SOC 54/2020, de 23 de enero, que no estima el recurso impetrado frente a una sentencia de suplicación que concedía la indemnización por finalización de contrato de trabajo de deportista profesional prevista en el art. 49.1.c) ET (por remisión del art. 21 RD 1006/1085), entendiendo irrelevante el salario que en activo hubiera percibido el trabajador.

La STS-SOC 77/2020, de 29 de enero es glosada por Carlos Hugo Preciado Domènech. En ella se aborda la nulidad del desistimiento empresarial por falta de confianza de una empleada de hogar que estaba embarazada, con la particularidad de que los salarios de tramitación se devengan hasta la notificación de la sentencia de suplicación que por primera vez declara la nulidad, y no hasta la notificación de la sentencia de instancia.

María José Romero Ródenas radiografía la STS-SOC 132/2020, de 12 de febrero, sobre un tema siempre interesante: las condiciones de devengo de la incapacidad permanente total cualificada, ahora desde la perspectiva procesal de la necesaria correlación entre la pretensión intimada y el fallo judicial, afirmando que es congruente reconocer el complemento aunque no se haya solicitado expresamente, porque solo se excluye este pronunciamiento afirmativo si expresamente se ha renunciado a él.

Los tiempos de COVID-19 tienen atención en este número de RJL, con el comentario de dos resoluciones.

En primera lugar, el ATS-SOC de 6 de abril de 2020, diseccionado por Lourdes López Cumbre, que debate sobre la competencia jurisdiccional para la adopción de las medidas cautelares sobre salud laboral, declarándose funcionalmente incompetente el Tribunal Supremo e indicando al Sindicato demandante que puede formalizar sus pretensiones ante la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional.

La segunda resolución es el AJS núm. 5 de Valladolid, de 15 de abril de 2020, comentado por Ángel Arias Domínguez, en el que se discute si la exigencia de dotar de equipos de protección personal a los sanitarios se satisface entregando la Administración todo el material del que dispone, o si, por el contrario, la exigencia normativa va más allá, exigiendo el cumplimiento de la medida tuitiva mediante la adopción de medidas extraordinarias.

Eduardo Rojo Torrecilla desentraña las complejidades de la SAN-SOC núm. 33/2020, de 17 de abril, que declara la nulidad de un despido colectivo por haber vulnerado el empresario el deber de buena fe, al haber actuado con un claro propósito de obstruir las tareas de la comisión negociadora, sin tener interés verdadero en proceder a una negociación real durante el período de consultas.

Las difusas fronteras entre el trabajo asalariado y el desarrollado por cuenta propia siempre ha sido terreno abonado a la polémica interpretativa, discurso ahora reelaborado con ocasión de los ‘riders’ que trabajan en plataformas digitales. La STSJ-SOC Madrid 40/2020, de 17 de enero, estudiada por José Luis Monereo Pérez y Belén del Mar López Insua, profundiza en la problemática desde la perspectiva de las exigencias jurídicas que impone la asunción en nuestro ordenamiento del concepto de ‘trabajo decente’ de la Organización Internacional del Trabajo.

El carácter discriminatorio del complemento por maternidad previsto en el art. 60 de la LGSS ha sido examinado por la STSJ-SOC 44/2020, de 20 de enero, reseñada por María Arántzazu Vicente Palacio, que discierne que no existe razón objetiva que justifique la exclusión de los varones de su ámbito de aplicación, alineándose con la reciente jurisprudencia comunitaria sobre la materia (STJUE de 12-12-2019 (C-450/2018) en resolución de cuestión prejudicial presentada por un Juzgado de Gerona.

La última resolución examinada en este número es la STSJ-SOC Aragón 74/2020, de 10 de febrero, a cargo de Susana Rodríguez Escanciano, sobre laboralización de un trabajador autónomo sometido a la legislación civil y mercantil, reproduciendo uno de los eternos debates del Derecho Laboral. En este caso se trata de un Facultativo especialista en medicina intensiva que presta sus servicios profesionales para una clínica privada.