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REVISTA DE JURISPRUDENCIA LABORAL - Número 5/2021

Son diez, como es tradicional, las resoluciones jurisdiccionales sociales de actualidad que se comentan en este número de junio de la RJL.

La STJUE (Sala Sexta) de 12 de mayo de 2021 (Asunto C-130/20), glosada por Inmaculada Ballester Pastor, aborda la discriminación por razón de sexo que provoca una normativa nacional (la española) que concede un complemento de pensión por maternidad exclusivamente a mujeres que hayan tenido determinado número de hijos, pero que excluye de su percibo a aquellas que pretenden jubilarse anticipadamente por voluntad propia. La resolución entiende que esta regla jurídica no supone una discriminación directa de acuerdo con la Directiva 79/7/CEE, de aplicación progresiva de igualdad de trato entre hombres y mujeres en materia de Seguridad Social.

Juan Martínez Moya analiza con detalle la STS-CIV 141/2021, de 15 de marzo, que reitera su doctrina sobre la existencia de responsabilidad civil extracontractual por daños ocasionados a familiares de trabajadores y a vecinos residentes de las inmediaciones de una empresa que utilizaba amianto en su proceso productivo. Después de afirmar la competencia de la jurisdicción civil para el enjuiciamiento de estas cuestiones, aplica la doctrina del riesgo como criterio de imputación subjetiva del daño al tratarse de una empresa que realiza una actividad considerada peligrosa. Precisa, además, que la inversión de la carga de la prueba para facilitar que se pruebe el hecho no elimina la necesidad de que se tenga que acreditar una relación de causalidad entre la actividad realizada y el daño causado. Y en relación a la indemnización precisa que las reglas del baremo de tráfico son orientativas y pueden ser integradas con factores de corrección.

La STS-CONT 452/2021, de 25 de marzo, comentada por Eduardo Rojo Torrecilla, fija doctrina en relación con el “arraigo laboral”, en el sentido de que puede ser acreditado por cualquier medio de prueba válido en Derecho, incluidos, por tanto, los certificados de vida laboral que denoten una relación laboral que pueda haber derivado de una anterior autorización de residencia que hubiera perdido vigencia, aplicándola a la situación laboral regular, anterior a la irregularidad sobrevenida, de la persona trabajadora que era cercana en el tiempo a su petición, concluyendo que la sentencia que concedía el arraigo fue plenamente ajustada a Derecho.

El director de la revista da cuenta de la STS-CONT 480/2021, de 7 de abril, que reconoce el derecho a la percepción de pensión de viudedad a favor de la pareja de hecho del finado, entendiendo que la válida constitución de la relación asimilable a la matrimonial puede acreditarse mediante cualquier medio de prueba valido en Derecho. En el caso enjuiciado la condición de pareja de hecho consta en un documento notarial otorgado para formalizar una compraventa, así como en otros administrativos (empadronamiento en el mismo domicilio) y tributarios (realización conjunta de la declaración de IRPF).

La STS-SOC 342/2021, de 24 de marzo, que es estudiada por Joaquín García Murcia, fija el dies a quo del cómputo del plazo de prescripción de las sanciones administrativas impuestas en vía laboral en materia de prevención de riesgos laborales cuando se interpone frente a ella un recurso de alzada.

Carlos Hugo Preciado Domènech disecciona la STS-SOC 368/2021, de 7 de abril, que subraya que la representación necesaria para ostentar la legitimación para negociar un convenio colectivo debe poseerse y acreditarse en el momento de constitución de la comisión negociadora, precisando que cuando se negocia un convenio sectorial la representatividad sindical debe abarca también la de empresas con convenio propio.

La STS-SOC 415/2020, de 20 de abril, estudiada por José Luis Monereo Pérez, se enmarca en la larga serie de resoluciones que abordan la determinación de la contingencia para una prestación de incapacidad temporal. En el caso enjuiciado el accidente acontece durante la pausa para el café que se consumía fuera de las instalaciones de la empresa, aunque la resolución entiende que la lesión se produce con ocasión del ejercicio de la actividad laboral, calificándose el accidente como de trabajo.

Susana Rodríguez Escanciano aborda la SAN-SOC 44/2021, de 18 de marzo, que considera que el tránsito de un trabajo presencial a un sistema de teletrabajo como consecuencia de la situación pandémica que ha generado la Covid-19 no puede legitimar modificaciones unilaterales de las condiciones colectivas de trabajo en perjuicio de los trabajadores, debiendo justificarse estas en la efectiva concurrencia de causas económicas, técnicas, organizativas y de producción, siendo preceptivo observar, además, todos los trámites procedimentales inherentes al período de consultas con los representantes de la plantilla.

La STSJ-SOC Canarias 41/2021, de 19 de febrero, afrontada por Faustino Cavas Martínez, sostiene que la existencia de pareja de hecho para el lucro de una prestación de viudedad debe acreditarse mediante certificación de la inscripción como tal en el registro específico de la Comunidad Autónoma o del Ayuntamiento del lugar de residencia, o a través de documento público, sin que sean válidos otros medios de constitución. El certificado de empadronamiento acredita la convivencia estable, pero no la formalización de una pareja de hecho. La resolución cuenta con un voto particular que sostiene que una interpretación de los requisitos exigidos legal y jurisprudencialmente con perspectiva de género y que hubiera atendido al factor de insularidad debería haber concluido en el reconocimiento de la pensión solicitada.

La última resolución de este número es la muy interesante STSJ-SOC Galicia, 975/2021, de 13 de abril de 2021, comentada por Belén García Romero, que aborda la problemática que acontece con un despido considerado discriminatorio por producirse el mismo día en que el trabajador sufrió un accidente laboral, al comprobar el empresario que las lesiones producidas tardarían largo plazo en sanar.