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I. Introducción
En los supuestos de contratas, una STS de 18/04/1992 (rcud 1178/1991) sentó la doctrina de que el empresario principal podía ser responsable siempre que fuera el empresario infractor y, a tales efectos, se valoraba el cumplimiento de sus obligaciones en materia de seguridad e higiene en el trabajo en relación con las labores realizadas por el personal de la empresa contratista en el centro de trabajo de la empresa principal, entendido este en un sentido amplio como lugar de trabajo. Esta doctrina se ha mantenido a lo largo del tiempo, y últimamente se ha concretado en la STS 842/2018, de 18 de septiembre (rcud 144/2017), donde se expresa, entre otras cosas, que la empresa principal puede resultar responsable del recargo de prestaciones aunque las tareas encomendadas a la empresa auxiliar del trabajador accidentado no se correspondan con su propia actividad, si bien también dice errónea la doctrina extensiva de la responsabilidad por el recargo de prestaciones al empresario principal en todo caso, incondicionalmente y sin apreciar la existencia de infracciones que le sean achacables a dicha empresa principal.
Pues bien, la Sentencia comentada exonera de responsabilidad a la empresa principal en un caso en que esta no había desplegado medios humanos y materiales en el lugar de trabajo, de manera que, si no hay despliegue, no se considera que haya responsabilidad.
La circunstancia de que la Sentencia comentada sea una de las pocas de esta saga jurisprudencial en que el resultado final es la exoneración de la empresa principal ha hecho saltar de inmediato las alarmas acerca de si estamos ante un cambio de doctrina jurisprudencial, o simplemente una matización que no cambia la doctrina jurisprudencial. Tan de inmediato que, al momento de redactar este comentario apenas mes y medio después de la Sentencia, ya han aparecido comentarios críticos acerca de su alcance.
II. Identificación de la resolución judicial comentada
Tipo de resolución judicial: sentencia.
Órgano judicial: Tribunal Supremo, Sala 4ª de lo Social (Pleno).
Número de resolución judicial y fecha: 48/2025, de 23 de enero.
Tipo y número recurso o procedimiento: Recurso de casación para la unificación de doctrina 2396/2022.
ECLI:ES:TS:2025:229.
Fuente: CENDOJ.
Ponente: Excmo. Sr. D. Juan Molins García-Atance.
Votos Particulares: carece.
III. Problema suscitado. Hechos y antecedentes
1. Hechos probados
El trabajador demandante y recurrente en casación fue contratado para prestar servicios como peón forestal por una empresa dedicada a la actividad de silvicultura y explotación forestal (a partir de ahora, la empresa contratista). La empresa contratista fue contratada por otra empresa (a partir de ahora, la empresa principal) para la tala en unas parcelas cuya madera había previamente adquirido del propietario de dichas parcelas.
A 6 de noviembre del 2017 el trabajador, prestando servicios en la tala de dichas parcelas, sufrió un accidente de trabajo en las siguientes circunstancias: Se produce en una parcela estrecha y alargada de pino radiata de más o menos 1,5 hectáreas, emplazado en una ladera de pendiente media. La cuadrilla de la contratista estaba compuesta de cuatro trabajadores. El trabajador trabajaba junto a un talador. Ambos apeaban pinos, los desramaban y dejaban preparados para su saca. Otro compañero de la empresa ayudaba en la tarea de la saca y el arrastre hasta el cargadero situado en una pista forestal. En este cargadero el cuarto miembro de la cuadrilla y encargado de la misma realizaba la tarea del tronzado. Dentro de esta dinámica de trabajo, el talador derribó un pino de unos veinte metros de altura con un tronco de 53 centímetros de diámetro, que cala en la dirección elegida y, en su caída, golpeó al trabajador, quien a escasos cinco metros de la base del pino apeado y buscando su motosierra, se había introducido en la dirección de la caída.
Iniciado el expediente de investigación de las circunstancias del accidente de trabajo, la Inspección de Trabajo propone un recargo del 30% de todas las prestaciones económicas que se satisfagan al trabajador como consecuencia del accidente de trabajo mencionado.
El trabajador demandante solicita al INSS que se declare el accidente de trabajo como muy grave y subsidiariamente grave y se reconozca un recargo del 50% por falta de medidas de seguridad con responsabilidad solidaria de las empresas contratista y principal. El INSS desestima la solicitud porque no es competencia de la entidad gestora la declaración de la gravedad del accidente, ni su calificación de muy grave o grave, y, en cuanto a la procedencia o no del recargo, se dice que falta el preceptivo informe de Inspección de Trabajo en relación con las alegaciones aportadas por las partes.
2. Antecedentes procesales
El trabajador impugnó la resolución del INSS y solicitó reconocimiento de un 50% de recargo de todas las prestaciones económicas que se le satisficieren como consecuencia del accidente de trabajo, con condena solidaria de las empresas contratista y principal.
En el juicio el demandante modificó sus pretensiones para reducir el recargo al 40%.
El Juzgado de lo Social 5 de Donostia - San Sebastián dictó Sentencia a 14/04/2021, en la que, estimando la demanda, se impone a las empresas codemandadas el 40% del recargo de todas las prestaciones económicas que se satisfagan al trabajador demandante como consecuencia del accidente de trabajo y se condena solidariamente al abono de tal prestación de forma solidaria a las empresas codemandadas, contratista y principal.
Contra la anterior sentencia, la empresa principal formuló recurso de suplicación y la Sala de lo Social del TSJ/País Vasco dictó Sentencia 595/2022, de 24 de marzo, en la que, estimando el recurso, se absolvió a la empresa principal, confirmando en todo lo demás.
IV. Posición de las partes
El trabajador recurrió en casación para la unificación de doctrina contra la STSJ/País Vasco, alegando como contradictoria la STSJ/Galicia de 22/06/2017 (recurso 5367/2016).
Las partes recurridas impugnaron el recurso del trabajador.
El Ministerio Fiscal emitió informe en el sentido de interesar la procedencia del recurso.
V. Normativa aplicable al caso
— Convenio 155 de la OIT sobre seguridad y salud de los trabajadores y medio ambiente de trabajo (1981), artículo 17: “Siempre que dos o más empresas desarrollen simultáneamente actividades en un mismo lugar de trabajo tendrán el deber de colaborar en la aplicación de las medidas previstas en el presente Convenio”.
— Ley General de la Seguridad Social, artículo 164: “1. Todas las prestaciones económicas que tengan su causa en accidente de trabajo o enfermedad profesional se aumentarán, según la gravedad de la falta, de un 30 a un 50 por ciento, cuando la lesión se produzca por equipos de trabajo o en instalaciones, centros o lugares de trabajo que carezcan de los medios de protección reglamentarios, los tengan inutilizados o en malas condiciones, o cuando no se hayan observado las medidas generales o particulares de seguridad y salud en el trabajo, o las de adecuación personal a cada trabajo, habida cuenta de sus características y de la edad, sexo y demás condiciones del trabajador. 2. La responsabilidad del pago del recargo establecido en el apartado anterior recaerá directamente sobre el empresario infractor y no podrá ser objeto de seguro alguno, siendo nulo de pleno derecho cualquier pacto o contrato que se realice para cubrirla, compensarla o trasmitirla”.
— Ley de Prevención de Riesgos Laborales, artículo 24.3: “Las empresas que contraten o subcontraten con otras la realización de obras o servicios correspondientes a la propia actividad de aquéllas y que se desarrollen en sus propios centros de trabajo deberán vigilar el cumplimiento por dichos contratistas y subcontratistas de la normativa de prevención de riesgos laborales”.
— Ley de Infracciones y Sanciones del Orden Social, artículo 42.3: “La empresa principal responderá solidariamente con los contratistas y subcontratistas a que se refiere el apartado 3 del artículo 24 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales del cumplimiento, durante el período de la contrata, de las obligaciones impuestas por dicha Ley en relación con los trabajadores que aquéllos ocupen en los centros de trabajo de la empresa principal, siempre que la infracción se haya producido en el centro de trabajo de dicho empresario principal”.
— Real Decreto 171/2004, de 30 de enero, artículo 10: “1. El empresario principal, además de cumplir las medidas establecidas en los capítulos II y III de este real decreto, deberá vigilar el cumplimiento de la normativa de prevención de riesgos laborales por parte de las empresas contratistas o subcontratistas de obras y servicios correspondientes a su propia actividad y que se desarrollen en su propio centro de trabajo. 2. Antes del inicio de la actividad en su centro de trabajo, el empresario principal exigirá a las empresas contratistas y subcontratistas que le acrediten por escrito que han realizado, para las obras y servicios contratados, la evaluación de riesgos y la planificación de su actividad preventiva. Asimismo, el empresario principal exigirá a tales empresas que le acrediten por escrito que han cumplido sus obligaciones en materia de información y formación respecto de los trabajadores que vayan a prestar sus servicios en el centro de trabajo. Las acreditaciones previstas en los párrafos anteriores deberán ser exigidas por la empresa contratista, para su entrega al empresario principal, cuando subcontratara con otra empresa la realización de parte de la obra o servicio. 3. El empresario principal deberá comprobar que las empresas contratistas y subcontratistas concurrentes en su centro de trabajo han establecido los necesarios medios de coordinación entre ellas”.
VI. Doctrina básica
En un supuesto de contratas, la responsabilidad solidaria de la empresa principal derivada de un recargo de prestaciones solo cabe si la misma es “empresaria infractora”. A tal efecto, se debe valorar el despliegue de medios humanos y materiales en el lugar de trabajo, de manera que, si este no existe, no se puede considerar que haya responsabilidad.
VII. Parte dispositiva
(1) Desestimar el recurso de casación para la unificación de doctrina interpuesto por el trabajador. (2) Confirmar la STSJ/País Vasco 595/2022, de 24 de marzo. Sin costas.
VIII. Pasajes decisivos
“La doctrina de esta Sala ha aplicado reiteradamente el art. 123.2 de la LGSS de 1994 (del cual es trasunto el art. 164.2 de la vigente LGSS de 2015) que establecía: «La responsabilidad del pago del recargo establecido en el apartado anterior recaerá directamente sobre el empresario infractor». La responsabilidad por el recargo prestacional se atribuye al empresario infractor. En ese sentido nos hemos pronunciado en la citada sentencia del TS 842/2018, de 18 de septiembre (rcud 144/2017), la cual explica que el art. 123 de la LGSS de 1994, de contenido similar al art. 164 de la vigente LGSS, limita el campo del efecto del recargo al empresario infractor. Si los empresarios infractores son varios, se tratará de una solidaridad impropia [sentencia del TS 497/2021, de 6 de mayo (rcud 2611/2018)]”.
“El art. 24.3 de la LPRL atribuye el deber de vigilancia a la empresa principal cuando la actividad se desarrolle en uno de sus centros de trabajo. Pero no significa que todo accidente laboral ocurrido en el centro de trabajo de la empresa principal y en el desarrollo de su propia actividad externalizada, necesariamente conlleve la responsabilidad de la empresa principal respecto del recargo de prestaciones. Será necesario que sea el empresario infractor: que haya vulnerado una norma sobre seguridad en el trabajo causante del accidente laboral”.
“En el supuesto enjuiciado, el accidente se produjo en un bosque. En él no había ningún trabajador de la empresa principal. Solamente prestaban servicios el encargado de la cuadrilla y tres trabajadores más. Todos ellos habían sido contratados por la empresa contratista. En la ejecución de esa prestación de servicios (la tala de árboles) no se requería de una coordinación empresarial. Si un accidente laboral consistente en la tala de un pino que, al caer, golpea a un trabajador que se había introducido en la dirección de la caída buscando su motosierra, ocurre en un campo donde la empresa principal no tiene ningún medio personal ni humano, no es posible imponer a la empresa principal un recargo prestacional derivado del deber de vigilancia de las normas de seguridad en el trabajo”.
“La doctrina jurisprudencial sostiene que lo decisivo es comprobar si el accidente se ha producido por una infracción imputable a la empresa principal y dentro de su esfera de responsabilidad. Es necesario precisar si la empresa principal tiene la condición de empresa infractora. A la vista de los citados extremos, forzoso es concluir que no se produjo un incumplimiento de las normas de seguridad en el trabajo por parte de la empresa principal que causara el accidente: no tiene la condición de empresa infractora, lo que determina la inexistencia de responsabilidad de la empresa principal respecto de las prestaciones económicas de la Seguridad Social derivadas del accidente enjuiciado”.
IX. Comentario
La Sentencia comentada es la última de una saga jurisprudencial que arranca de la STS de 18/04/1992 (rcud 1178/1991) donde se sentó la doctrina de que el empresario principal podía ser responsable del recargo de prestaciones siempre que, aunque no fuera de la misma actividad, fuera el empresario infractor y, a tales efectos, se valoraba el cumplimiento de sus obligaciones legales en relación con las labores realizadas por la empresa contratista en el centro de trabajo, entendido este en un sentido amplio como lugar de trabajo. Con esa doctrina, esa añeja STS hizo responsable a la empresa principal de un accidente de trabajo, sufrido por un trabajador de la empresa contratista, acaecido en la reparación y mantenimiento de sus líneas de tendido eléctrico pues estaban sometidas a su deber de vigilancia. SSTS posteriores han llegado a igual conclusión con respecto a la colocación de postes del tendido aéreo de líneas telefónicas de Telefónica de España (STS de 22/11/2002, rcud 3904/2001), desmontaje de los conductores y postes de madera de una línea de baja tensión (STS de 11/05/2005, rcud 2291/2004), vuelco de una carretilla cuando la empresa contratista estaba pavimentando los caminos de un jardín municipal (STS de 26/05/2005, rcud 3726/2004), o caída de un andamio cuando se llevaban a cabo trabajos de albañilería en un edificio propiedad de la empresa principal (STS de 10/12/2007, rcud 576/2007; aunque esta sentencia desestima el recurso por defectos de forma, recuerda que la referencia a centro de trabajo equivale más bien a lugar de trabajo).
Últimamente, la STS 842/2018, de 18 de septiembre (rcud 144/2017) compendió la doctrina jurisprudencial sobre la responsabilidad del recargo de prestaciones en contratas:
a) La encomienda de tareas propias de la propia actividad a otra empresa genera específicos y reforzados deberes de seguridad laboral, pero no comporta un automatismo en la responsabilidad del recargo de prestaciones que pueda imponerse a los trabajadores de las contratistas o subcontratistas.
b) La encomienda de tareas correspondientes a actividad ajena a la propia es un elemento que debe valorarse, junto con otros, de cara a la exención de responsabilidad de la empresa principal.
c) La empresa principal puede resultar responsable del recargo de prestaciones aunque las tareas encomendadas a la empresa auxiliar del trabajador accidentado no correspondan a su propia actividad.
d) En todo caso, lo decisivo para determinar si la empresa principal asume responsabilidad en materia de recargo de prestaciones es comprobar si el accidente se ha producido por una infracción imputable a la empresa principal y dentro de su esfera de responsabilidad.
e) Que las tareas encomendadas sean ajenas a la propia actividad no comporta la imposibilidad de que se imponga el recargo de prestaciones, como en ella se afirma.
f) Es errónea la doctrina extensiva de la responsabilidad por el recargo de prestaciones al empresario principal en todo caso, incondicionalmente y sin apreciar la existencia de infracciones que le sean achacables.
Todos estos antecedentes jurisprudenciales (e incluso alguno más que omitimos) aparecen citados en la Sentencia comentada. La cuestión inmediata es si la Sentencia comentada casa con ellos o supone un cambio en el derrotero jurisprudencial. En principio, la circunstancia de citarlos en su fundamentación jurídica y de que en ningún momento se dice que se superan, nos pone en la pista de que no hay pretensión de cambiar la doctrina, sino simplemente de precisar los linderos de hasta dónde alcanza la jurisprudencia previa.
El pilar fundamental de esta saga jurisprudencial se encuentra en el artículo 17 del Convenio 155 de la OIT (1981), que pone el énfasis en la realización simultánea de actividades en un mismo lugar de trabajo, expresión no coincidente con la de centro de trabajo que se utiliza en el artículo 24.3 de la LPRL, pero que la jurisprudencia, con buen criterio, había asimilado acogiendo una concepción amplia del concepto centro de trabajo, y dejando la circunstancia de si la contrata es de la propia actividad de la principal en un segundo plano, pues puede haber responsabilidad aunque no sean de la propia actividad, de la misma manera que puede no haberla siendo de la propia actividad, si bien la circunstancia de si lo es o no, es un elemento a valorar para determinar la responsabilidad.
Con la Sentencia comentada, el Tribunal Supremo no cuestiona estas premisas, pero, aunque no lo diga expresamente y acaso tampoco lo pretenda, está interpretando otro concepto utilizado en el artículo 17 del citado Convenio: si hay realización simultánea de actividades. Llega a la conclusión de que, en el caso concreto, no la hay porque la empresa principal no ha desplegado medios humanos ni materiales en el lugar de trabajo. Ha optado, en consecuencia, por una lectura, si se me permite calificarla así, corpórea de la actividad.
Probablemente, el artículo 17 del citado Convenio permitiese otra lectura diferente según la cual se pudiese considerar que la empresa principal realiza su actividad en el lugar de trabajo aunque no haya tal despliegue de medios humanos ni materiales pues, al fin y al cabo, el trabajo ejecutado por el trabajador accidentado en el lugar de trabajo beneficia no solo a la empresa contratista como su directa empleadora, también a la principal que, desde esta perspectiva económica, está, por ello, desarrollando su actividad en ese lugar.
Sea como fuere, la respuesta a la pregunta planteada es que la Sentencia comentada no cambia la previa jurisprudencia, y así lo ha concluido también la temprana doctrina que la ha comentado (ARENAS GÓMEZ, M.: “A propósito de la STS 229/2025 y el alcance de la responsabilidad solidaria en el recargo de prestaciones ¿cambio de doctrina? Entiendo que no”; Blog del autor, 06/02/2025; consultado a 10/03/2025). Aunque ello se dice sin desconocer que introduce una precisión en esa previa jurisprudencia que delimita su alcance y, visto desde esa perspectiva, supone una cierta restricción (ARENAS, citado).
X. Apunte final
La STS de 18/04/1992 (rcud 1178/1991), iniciadora de la saga jurisprudencial, se sustentó en una interpretación del artículo 17 del Convenio 155 de la OIT (1981) que atiende, para imponer a las dos o más empresas una obligación de colaboración, a la realización simultánea de la actividad en un mismo lugar de trabajo. Sin embargo, la LPRL (temporalmente posterior al Convenio y a la STS) introduce, en su artículo 24.3, conceptos como el de propia actividad o centro de trabajo que no están en la norma internacional, además de que no alude a un deber de colaborar, sino a una facultad de vigilancia. Dadas estas importantes divergencias, la jurisprudencia ha acometido una fuerte corrección de la norma interna cuando ha equiparado el concepto centro de trabajo con el concepto lugar de trabajo utilizado en la norma internacional, e igualmente ha desplazado a un lugar secundario el concepto de la propia actividad que en la norma internacional no aparece.
La Sentencia comentada nos permite apreciar que no son esos los únicos problemas que la dicción del artículo 24.3 de la LPRL plantea en su relación con el artículo 17 del tan citado Convenio. Ahora se trata de determinar qué se entiende por realizar la actividad, y la Sentencia comentada se inclina por exigir un despliegue de medios humanos y materiales de la empresa principal para que le alcancen las obligaciones preventivas del artículo 24.3.
En conclusión, la Sentencia comentada no se aparta de la previa jurisprudencia, sino que introduce una precisión en orden a su alcance. Y acaso no será la última que el Tribunal Supremo se vea en la tesitura de resolver dadas las dudas existentes en esta materia.
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