Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Este texto consolidado es de carácter informativo y no tiene valor jurídico.EL PRESIDENTE DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA RIOJA
Sepan todos los ciudadanos que el Parlamento de La Rioja ha aprobado, y yo, en nombre de su Majestad el Rey y de acuerdo con lo que establece la Constitución y el Estatuto de Autonomía, promulgo la siguiente Ley:
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
El Estatuto de Autonomía de La Rioja, aprobado por Ley Orgánica 3/1982, de 9 de junio, modificada por Ley Orgánica 3/1994, de 24 de marzo, en el apartado 19 de su artículo 8 atribuye a la Comunidad Autónoma de La Rioja competencia exclusiva en materia de agricultura, ganadería e industrias agroalimentarias de acuerdo con la ordenación general de la economía, en el marco de lo previsto en el artículo 148 de la Constitución.
La legislación sobre sanidad animal ha tenido su norma básica en la Ley de Epizootias de 20 de diciembre de 1952 y en su Reglamento de desarrollo, aprobado por Decreto de 4 de febrero de 1955, y se ha revelado como un instrumento eficaz en la prevención, lucha, control y erradicación de las enfermedades de los animales.
Sin embargo, gran parte de la normativa ha quedado obsoleta ante los cambios sociopolíticos, económicos y los avances científicos y tecnológicos, lo que ha hecho necesario adaptar la misma a los nuevos retos derivados de una ganadería más moderna y competitiva y a las nuevas directrices de los ordenamientos nacional y comunitario.
El sector ganadero riojano ha realizado un gran esfuerzo de adaptación en los ámbitos de la producción y de la sanidad, habiendo alcanzado los sectores agrícola y ganadero una gran dimensión social en la medida que han contribuido a evitar el despoblamiento del medio rural.
Ambas actividades constituyen los cimientos sobre los que se levanta la industria agroalimentaria, sector que goza de un gran valor estratégico en el contexto industrial, y aparecen íntimamente ligadas a la calidad de los alimentos y del consumo humano.
La sanidad animal se nos muestra como un factor de vital importancia para la economía y la salud pública, pero también para el mantenimiento y conservación de las especies animales y la conservación del medio ambiente.
La posibilidad de contagio entre las distintas especies animales domésticas y salvajes, así como la creación de reservorios en el medio natural, determinan la aplicación de medidas sanitarias en ambos medios.
El futuro del sector, que pasa por conseguir una competitividad y en consecuencia una mayor rentabilidad que permita la introducción de nuestros ganados y sus productos derivados en otros mercados nacionales, comunitarios o de terceros países, debe ser abordado desde la perspectiva del estado sanitario en la medida que se halla sujeto a limitaciones de sanidad.
En este sentido, para erradicar cualquier foco de enfermedad epizoótica y controlar enfermedades enzoóticas ha de establecerse la infraestructura necesaria de medios materiales y humanos que permitan actuar eficazmente.
El establecimiento de una buena ordenación sanitaria del sector productivo y comercializador constituye el fundamento de una adecuada sanidad animal. De ahí que tenga mención especial en la Ley la adopción de acciones sanitarias de carácter general y especial en las explotaciones y el reconocimiento de las Agrupaciones de Defensa Sanitaria.
La desaparición de las fronteras interiores entre países comunitarios ha facilitado el comercio de animales y obliga a modificar los procedimientos de inspección para evitar un mayor riesgo de difusión de enfermedades.
Entrando en el contenido de la Ley, ésta se estructura en once títulos, con 75 artículos, una Disposición Transitoria, una Disposición Derogatoria y dos Disposiciones Finales.
El Título I establece el objeto y ámbito de aplicación, así como la competencia.
El Título II se ocupa de las explotaciones ganaderas y sus titulares.
El Título III regula los sistemas de identificación y registro de animales.
El Título IV hace referencia al movimiento pecuario, transporte y concentraciones de animales.
La Ley distingue entre las acciones sanitarias de carácter general y las acciones sanitarias de carácter especial. El Título V se ocupa de las primeras, que son aquellas que se orientan a la vigilancia y control de la sanidad animal y se ejecutan ante la sospecha o presencia de enfermedades incluidas en las listas oficiales. Por su parte, el Título VI regula las acciones sanitarias de carácter especial.
El Título VII articula la red de vigilancia epidemiológica y apoyo técnico.
El Título VIII regula los medicamentos veterinarios y sustancias empleadas en la producción animal.
El Título IX aborda las inspecciones veterinarias.
El Título X regula la formación e información sanitaria.
Finalmente, el Título XI establece el régimen sancionador en materia de sanidad animal.
Es objeto de esta Ley establecer las medidas jurídicas y administrativas más adecuadas para la consecución de los siguientes fines públicos:
a) La mejora de la sanidad animal en la Comunidad Autónoma de La Rioja, mediante la prevención y el control de las enfermedades infectocontagiosas y parasitarias animales.
b) La mejora de la salud pública en la Comunidad Autónoma de La Rioja, a través de la prevención y el control de las enfermedades infectocontagiosas y parasitarias animales transmisibles al hombre.
c) La prevención de los riesgos derivados del uso de productos zoosanitarios, de componentes de la alimentación del ganado y de otras sustancias empleadas en la producción animal que pueden repercutir en la salud humana o animal, ya sea directamente o por sus residuos.
d) La protección del medio ambiente, a través de la gestión de los residuos procedentes de la actividad ganadera, tanto peligrosos como no peligrosos.
El ámbito de aplicación de esta Ley será el territorio de la Comunidad Autónoma de La Rioja y afectará a:
a) Todos los animales y sus productos, sin perjuicio de la normativa específica de aplicación a los animales de compañía y la fauna silvestre, dictada por las Consejerías competentes.
b) Las explotaciones, pastos, otros medios de producción y demás recursos destinados o utilizados en la producción, transporte y comercialización de animales.
c) Los productos zoosanitarios y componentes de la alimentación animal, así como a los establecimientos y medios destinados a su elaboración, distribución y comercialización.
d) Los cadáveres, deyecciones, despojos y demás residuos de la actividad ganadera, sin perjuicio de la normativa sectorial vigente a aplicar por la Consejería con competencias en materia de medio ambiente.
e) Las actividades de las personas, físicas o jurídicas, y de las entidades, privadas o públicas, en cuanto estén relacionadas con los fines de esta Ley.
Corresponde a la Consejería con competencias en materia de ganadería el ejercicio de las competencias derivadas de la presente Ley.
1. Se entiende por explotación ganadera, cualquier instalación, construcción o ubicación donde se críen, manipulen o tengan animales.
La explotación ganadera podrá estar constituida por una o varias unidades de producción gestionadas por el mismo titular.
2. Se entiende por titular de una explotación ganadera, la persona física o jurídica que ejerce la actividad ganadera (cría, cuidado, alimentación, explotación y comercialización de animales y sus productos), con o sin fines lucrativos, y asumiendo los riesgos y responsabilidades que puedan derivarse de su gestión.
3. Se entiende por veterinario responsable de explotación, aquel veterinario en ejercicio libre encargado de la sanidad animal de una explotación ganadera. Los facultativos veterinarios de una Agrupación de Defensa Sanitaria Ganadera tendrán la condición de veterinarios responsables de las explotaciones integradas en la misma.
La Consejería con competencias en materia de ganadería podrá autorizar o habilitar a veterinarios responsables de explotación para expedir documentación sanitaria y cualquier tipo de certificado sanitario relativo a explotaciones ganaderas que estén bajo su responsabilidad, sin perjuicio del cumplimiento de la normativa vigente a aplicar en cada caso.
La Consejería con competencias en materia de ganadería podrá crear un Registro de Veterinarios Responsables de Explotación.
1. Se crea el Registro de Explotaciones Ganaderas de La Rioja, abierto a tal fin en la Consejería con competencias en materia de Ganadería.
2. La inscripción se solicitará para todas y cada una de las especies animales y orientaciones productivas.
3. El procedimiento y los requisitos necesarios para la inscripción en el Registro de Explotaciones Ganaderas de La Rioja, así como las causas que determinen la suspensión temporal o definitiva, se determinarán reglamentariamente mediante Orden de la Consejería con competencias en materia de ganadería.
Los titulares de explotaciones ganaderas tienen las siguientes obligaciones:
1. Estar inscrito en el Registro de Explotaciones Ganaderas de La Rioja.
2. Mantener la explotación en las condiciones higiénico-sanitarias previstas en esta Ley y demás disposiciones vigentes o de desarrollo, asegurando el buen estado sanitario de los animales y la protección del medio ambiente.
3. Proporcionar la adecuada alimentación, vigilancia, cuidado, manejo y tratamientos a sus animales a fin de mantener su buen estado sanitario y de bienestar.
4. Efectuar la incorporación de animales a sus explotaciones con ejemplares que cumplan la normativa vigente en materia de sanidad animal y procedan de explotaciones autorizadas.
5. Aplicar las medidas obligatorias que establece la Administración de la Comunidad Autónoma de La Rioja, conforme a esta Ley y demás disposiciones vigentes, y colaborar en todo momento con aquélla a fin de garantizar la sanidad animal.
1. La seguridad alimentaria, la investigación epizootiológica, la trazabilidad de animales y sus productos, la estadística y el análisis de los datos productivos, constituyen estrategias cuyos objetivos y resultados se garantizarán mediante óptimos Sistemas de Identificación y Registro de Movimientos de Animales (en adelante SIRMA).
2. Todo SIRMA deberá, en la medida de lo posible, dar una respuesta satisfactoria a dos cuestiones:
a) Localizado un animal, un lote de animales o un producto animal, conocer la explotación de nacimiento y todas y cada una de las explotaciones por las que ha pasado hasta su localización actual.
b) Conocer, a una fecha dada, en qué explotación se encontraba un animal o lote de animales.
Son componentes de los SIRMA los siguientes:
a) Elementos de identificación: marcas auriculares, tatuajes, microchips...
b) Documentos de identificación, pasaportes...
c) Libro de registro de explotación.
d) Bases de datos.
e) Cuantos otros determine la normativa vigente.
Corresponde a la Consejería con competencias en materia de ganadería, de conformidad con la normativa comunitaria y estatal, el desarrollo y puesta en funcionamiento de los distintos componentes de los SIRMA que se establezcan.
Los titulares de explotaciones ganaderas quedan obligados al cumplimiento de la normativa vigente en materia de identificación animal para aquellas especies para las que reglamentariamente esté establecido y aquellas otras que puedan incorporarse en un futuro.
1. Para la circulación y el transporte de animales, por cualquier medio, será obligatorio disponer de la correspondiente autorización sanitaria que ampare el movimiento. Esta autorización, que será expedida por los Servicios Veterinarios Oficiales, acreditará el cumplimiento de la normativa sanitaria vigente para el movimiento pecuario y que no existe declaración de epizootia en el ámbito geográfico de origen que impida su libre tránsito.
2. La Consejería con competencias en materia de ganadería podrá desarrollar la normativa para autorizar o habilitar a veterinarios responsables de explotación, para expedir la documentación sanitaria que ampare el movimiento de animales pertenecientes a explotaciones ganaderas que estén bajo su responsabilidad.
Todas las personas, tanto físicas como jurídicas, relacionadas con el origen, circulación, transporte y destino de los animales trasladados, quedan obligadas a prestar la colaboración que les sea requerida por los Servicios Veterinarios Oficiales en sus labores de control e inspección.
Se considerará indocumentado y, por tanto, sospechoso de padecer enfermedad infectocontagiosa o parasitaria difusible, todo animal que se encuentre en alguno de los siguientes supuestos:
a) Que durante su traslado no vaya amparado por la documentación sanitaria preceptiva.
b) Que sea trasladado a un destino diferente del que figure en la autorización sanitaria del movimiento.
c) Que no esté identificado conforme a la legislación vigente o que su identificación no se corresponda con la identificación indicada en la autorización sanitaria del movimiento.
d) Que, encontrándose en una explotación que no sea la de su nacimiento, no disponga de la documentación sanitaria que justifique su procedencia y ampare su traslado hasta este destino.
1. Los animales indocumentados, y por tanto, sospechosos de padecer enfermedad infectocontagiosa o parasitaria difusible deberán ser retenidos, aislados, e inspeccionados por los servicios veterinarios oficiales, pudiendo, según determine la autoridad competente y con la correspondiente documentación, reanudarse el traslado, ser reexpedidos a su lugar de origen, ser inmovilizados en una explotación o lazareto para permanecer en cuarentena, ser enviados a matadero, o procederse al sacrificio «in situ».
2. Los gastos derivados de los procesos indicados en el apartado anterior correrán por cuenta del propietario de los animales o del responsable o tenedor de los mismos en el momento de su detención.
1. Todo transportista de animales, entendiéndose por tal a cualquier persona física o jurídica que por cuenta propia o ajena, o mediante la puesta a disposición de un tercero de un medio de transporte, interviene, con fines lucrativos y carácter comercial en el transporte de animales deberá estar autorizado e inscrito en el registro oficial correspondiente. Asimismo, todo vehículo que se utilice para el transporte de animales deberá figurar en el citado registro oficial. Será obligatorio llevar en el vehículo el documento que acredite la autorización, y en los casos en que se determine, se llevará también un Libro de Registro de transporte de animales.
2. Será obligatorio que todo vehículo en el que se vayan a cargar animales para su transporte esté limpio y desinfectado. La limpieza y desinfección de los vehículos deberá justificarse documentalmente, según determine la autoridad competente en cumplimiento de la normativa sectorial vigente.
3. Será responsabilidad del transportista, o en su caso de la persona encargada del transporte, la limpieza y desinfección del vehículo y el cumplimiento de la legislación relativa a la protección de los animales durante su transporte.
4. El Gobierno de La Rioja impulsará la creación de las infraestructuras necesarias para la limpieza y desinfección de los medios de transporte, pudiendo celebrar convenios de colaboración con entidades públicas o personas privadas, físicas o jurídicas para facilitar dichas tareas.
La celebración de ferias, mercados, concursos, exposiciones, o cualquier otro certamen con presencia de animales vivos deberá contar con la autorización de la Consejería con competencias en materia de ganadería, solicitada a instancia del Ayuntamiento o de los Organismos o Entidades organizadoras, siendo de su responsabilidad el cumplimiento de las medidas específicas que se hayan establecido en la autorización.
1. Se consideran acciones sanitarias de carácter general las que han de disponerse para vigilar y controlar la sanidad animal y ejecutarse ante la sospecha o presentación de alguna de las enfermedades incluidas en las listas oficiales existentes sobre la materia.
2. Para la lucha contra las enfermedades referidas en el apartado anterior podrán aplicarse las acciones sanitarias de tipo administrativo y técnico que se determinen por la Consejería con competencias en materia de ganadería, y que podrán ser las siguientes:
a) Acciones sanitarias de tipo administrativo:
La notificación de enfermedades, la declaración oficial de existencia de enfermedad y la declaración oficial de extinción de la misma.
b) Acciones sanitarias de tipo técnico:
El estudio epizootiológico, la investigación del foco primario y el diagnóstico de la enfermedad.
Las acciones sanitarias de lucha, prevención y tratamiento.
El control del movimiento pecuario, el transporte y las concentraciones de animales.
El control y tratamiento de los cadáveres, deyecciones, despojos y demás residuos de la actividad ganadera. Las acciones sanitarias complementarias.
Los propietarios, los responsables de los animales, los veterinarios que atiendan a los animales y los servicios veterinarios oficiales, que tengan conocimiento o sospecha de la presencia en animales de alguna enfermedad que, por sus características de contagio y morbimortalidad, pueda ser considerada infectocontagiosa o parasitaria de declaración obligatoria incluida en las listas oficiales existentes, deberán ponerlo en conocimiento inmediato de la Consejería con competencias en materia de ganadería.
Asimismo, facilitarán toda la información que les sea requerida por la Consejería con competencias en materia de ganadería.
Por otra parte, la Consejería con competencias en ganadería difundirá el conocimiento de las enfermedades entre los propietarios y responsables de los animales.
1. Los servicios que prevea la Consejería con competencias en materia de ganadería, realizarán visitas de inspección a las explotaciones ganaderas.
2. Si los servicios que prevea la Consejería con competencias en materia de ganadería tuvieran conocimiento de la existencia de animales enfermos o sospechosos de padecer alguna de las enfermedades de declaración obligatoria incluidas en las listas oficiales existentes, realizarán una inspección inmediata con el objeto de diagnosticar la enfermedad, adoptarán las medidas que eviten su difusión y realizarán el estudio epizootiológico que conduzca a la determinación del origen del foco.
3. Del diagnóstico, así como de sus actuaciones y de las medidas adoptadas, los servicios veterinarios oficiales informarán en tiempo y forma a sus órganos superiores que, en su caso, pondrán en conocimiento de la autoridad gubernativa las medidas adoptadas por si fuera necesaria la realización de algún tipo de control sobre las explotaciones afectadas.
4. Diagnosticada una enfermedad transmisible al hombre se dará cuenta inmediata de ello y del resto de actuaciones habidas a la Consejería con competencias en materia de salud pública. De la misma forma se actuará con respecto a la Consejería con competencias en materia de medio ambiente si la enfermedad pudiera afectar a la fauna silvestre.
5. Durante el proceso de diagnosis, se recurrirá a cuantos medios e instituciones se considere necesario para garantizar su fiabilidad, dando preferencia a aquéllos de carácter público. Asimismo se facilitará el acceso de los servicios veterinarios oficiales de la Consejería con competencias en materia de ganadería a los mataderos que se determinen.
1. Los animales, las explotaciones y los productos ganaderos podrán ser sometidos bajo control de la autoridad competente a los períodos de inmovilización y aislamiento o cuarentena de duración adecuada que se determinen en función, principalmente, del período de incubación o espera, así como del tiempo necesario para establecer el diagnóstico o para asegurar que los animales, la explotación o los productos no constituyen un peligro para la sanidad animal o humana.
2. La inmovilización y aislamiento podrá afectar a los animales enfermos, sospechosos e incluso a otros animales sanos, así como a otros elementos de la explotación. Dicha inmovilización se efectuará bajo control oficial y se tomarán las medidas pertinentes a fin de evitar el quebrantamiento de las medidas adoptadas.
3. Cuando lo considere necesario, la Consejería con competencias en materia de ganadería podrá ordenar el traslado de las zonas afectadas o consideradas de alto riesgo de animales que puedan ser receptivos a la enfermedad.
4. En el caso de que los animales sometidos a un período de inmovilización y aislamiento no pudieran acceder a los pastizales comunales, la Administración podrá contemplar ayudas que compensen los costos añadidos generados por este motivo.
1. Diagnosticada una enfermedad de declaración obligatoria o bien alguna otra que por su gran poder difusivo o intensidad de presentación así lo aconseje, la Consejería con competencias en materia de ganadería realizará la declaración oficial de su existencia conforme a la normativa vigente.
2. La declaración contendrá los datos correspondientes a la denominación de la enfermedad, localización del foco y delimitación de las zonas de influencia de aquélla, así como las medidas que en cada una de ellas se impongan.
La declaración oficial de extinción de enfermedad se realizará mediante el mismo procedimiento que declaró su existencia, una vez trascurrido el tiempo que en cada caso se determine a partir de la última muerte o curación. La extinción podrá llevar consigo el establecimiento de las medidas precautorias que la epizootiología veterinaria aconseje.
En los casos en que sea necesario, podrán establecerse planes de alerta sanitaria para controlar la presentación de futuros brotes y evitar su difusión. El contenido de los planes se determinará reglamentariamente.
1. La Consejería con competencias en materia de ganadería podrá ordenar campañas de tratamientos sanitarios o de vacunación obligatoria para producir anillos inmunitarios y cordones sanitarios que impidan la difusión de una enfermedad y permitan la defensa sanitaria de los animales de los territorios limítrofes.
2. Igualmente, la Consejería podrá prohibir la realización de vacunaciones en todo o parte del territorio de la Comunidad Autónoma de La Rioja cuando considere suficiente el nivel de control sanitario sobre una enfermedad, o para evitar problemas de diagnóstico postvacunal o para alcanzar la calificación sanitaria frente a una enfermedad.
1. Los veterinarios responsables de explotación podrán establecer planes de vacunación y tratamiento voluntarios, quedando obligados en todo caso a realizar la correspondiente comunicación sobre las actuaciones practicadas ante la Consejería con competencias en materia de Ganadería en la forma y tiempo que en cada caso se establezca.
2. Para la realización de las actividades reguladas en el apartado anterior, en las enfermedades que así se determine, será necesaria la autorización previa de la Consejería con competencias en materia de ganadería.
1. Los propietarios de los animales muertos por cualquier causa, están obligados a la destrucción de los cadáveres en los lugares y mediante los sistemas previstos al efecto, quedando terminantemente prohibido abandonar animales muertos o moribundos en cualquier lugar no autorizado.
2. Solamente dentro del marco establecido por la normativa vigente en cada momento podrán destinarse cadáveres de animales o partes de animales muertos para otros usos, en cuyo caso la autoridad competente deberá autorizarlo y realizar el seguimiento sanitario de dichos usos autorizados.
1. La Comunidad Autónoma de La Rioja, fomentará el establecimiento y dotación de centros de tratamiento o transformación de cadáveres de animales y de subproductos de origen animal.
El transporte de estos productos se deberá realizar con total garantía sanitaria.
2. La Comunidad Autónoma de La Rioja podrá celebrar convenios de colaboración con entidades públicas o personas privadas, físicas o jurídicas, para facilitar la recogida, el transporte y tratamiento de los cadáveres de animales.
La Consejería con competencias en materia de ganadería velará por que las condiciones de explotación de los animales, de los alojamientos, de los medios y servicios que el ganado utilice, sean adecuados desde el punto de vista sanitario, fisiológico, etológico y del bienestar de los animales.
1. Como medida preventiva para evitar la difusión de enfermedades, las explotaciones ganaderas mantendrán entre sí y, recíprocamente con las instalaciones destinadas a concentraciones ganaderas y actividades agroindustriales de tipo ganadero o relacionadas, las distancias que se contemplen en la normativa vigente.
2. Para la fijación de estas distancias se tendrán en cuenta las circunstancias geográficas y las características de las especies ganaderas.
Cuando las circunstancias epizootiológicas así lo aconsejen, la Consejería con competencias en materia de ganadería podrá establecer mediante Orden la densidad ganadera máxima por especie y zona determinada.
1. Solo podrán acceder a los pastos de aprovechamiento común, los animales que cumplan las siguientes condiciones:
a) Proceder de explotaciones que cumplan los requisitos sanitarios especificados en la normativa vigente.
b) No presentar síntomas de enfermedad infectocontagiosa o parasitaria difusible.
c) Estar identificados según la normativa vigente.
2. La Consejería con competencias en materia de ganadería podrá exigir que los terrenos destinados para el aprovechamiento común de pastos, dispongan de instalaciones adecuadas para el manejo de los animales y que permitan la realización sobre los mismos, de las prácticas higiénico-sanitarias que en cada momento sean necesarias o puedan ser ordenadas.
1. La desinfección, desparasitación, desinsectación, desratización y prácticas similares, según proceda, de los lugares, utensilios o materias que constituyan estancia, medio de transporte o, simplemente, que estén en contacto con animales, deben ser realizadas obligatoria y periódicamente en los planes de lucha zoosanitaria y como práctica habitual de titulares de explotación y transportistas, utilizando los productos cuya comercialización esté autorizada.
2. En los locales y terrenos donde se celebren concentraciones de ganado deberán realizarse, bajo la responsabilidad de los organizadores, las operaciones de limpieza, desinfección y desinsectación, antes y después de su uso, con los productos adecuados en cada caso.
1. Extinguido oficialmente un foco de cualquier enfermedad infectocontagiosa o parasitaria, se procederá por los interesados y bajo la supervisión de los servicios veterinarios oficiales a una rigurosa limpieza, desinfección, desinsectación y desratización de los lugares que hubieran servido de alojamiento y de los utensilios o materiales que hubiesen estado en contacto con los animales infectados.
2. Extinguido oficialmente el foco, corresponderá a la Consejería con competencias en materia de ganadería determinar el momento y las condiciones que han de exigirse para proceder a la introducción de nuevos animales.
1. En función de las circunstancias epizootiológicas, se procederá a realizar acciones de control de vectores mecánicos, biológicos, reservorios bióticos, hospedadores intermediarios y parásitos o formas parasitarias.
2. En dichas acciones se utilizarán productos autorizados oficialmente, debiendo ser empleados de forma que se asegure el máximo respeto a los ecosistemas.
1. A los efectos de esta Ley, se consideran programas de control y erradicación de enfermedades, las acciones sanitarias de carácter especial y obligatorias en el ámbito de la Comunidad Autónoma de La Rioja, en cuyo desarrollo se apliquen técnicas específicas de epizootiología veterinaria orientadas al control, y en su caso, erradicación, de aquellos procesos patológicos de los animales que presenten una elevada prevalencia en la población animal o humana, o que comprometan o puedan comprometer la viabilidad económica de las explotaciones ganaderas y el comercio pecuario.
2. Los programas de control y erradicación de enfermedades deberán estar regulados reglamentariamente.
1. La Consejería con competencias en materia de ganadería podrá realizar Programas Especiales de Acción Sanitaria en áreas concretas y específicas de la Comunidad Autónoma de La Rioja, cuando en ellas se presenten las necesidades sanitarias previstas en el apartado primero del artículo anterior.
2. Los Programas Especiales de Acción Sanitaria serán obligatorios para todas las explotaciones ganaderas ubicadas en el área para la que se establezcan.
1. Todo propietario, operador comercial o responsable de animales quedará obligado al cumplimiento de las medidas previstas en los programas de control y erradicación de enfermedades que se instrumenten por la Administración y en los términos que aquéllas determinen.
2. Se prohíbe el movimiento de animales fuera de la explotación donde se encuentren, cuando estén sometidos a programas de control y erradicación de enfermedades durante el proceso de diagnóstico, salvo autorización expresa de la Consejería con competencias en materia de ganadería.
La Consejería con competencias en materia de ganadería podrá autorizar a técnicos competentes para la realización de programas de control y erradicación de enfermedades, quienes quedarán obligados a comunicar las actuaciones practicadas en el tiempo y forma que se determine. Dichas actuaciones serán supervisadas por la citada Consejería.
1. Como consecuencia del desarrollo y aplicación de los programas de control y erradicación de enfermedades, la Consejería con competencias en materia de ganadería podrá declarar a una explotación ganadera como «calificada sanitariamente», quedando ésta obligada al cumplimiento de cuantas condiciones sanitarias implique la correspondiente calificación.
2. La concesión se realizará de oficio o previa solicitud del titular de la explotación, una vez efectuadas las oportunas comprobaciones sanitarias que se prevean, quedando en suspenso mientras se incumpla cualquiera de las condiciones establecidas para su calificación.
La reposición y el movimiento de animales en explotaciones sometidas a programas de control y erradicación se realizará bajo las condiciones establecidas en dichos programas. En todo caso, la Consejería con competencias en materia de ganadería podrá determinar la realización de cuantas pruebas y actuaciones sanitarias considere oportunas sobre los animales de nueva introducción.
1. La Consejería con competencias en materia de ganadería podrá ordenar el sacrificio de animales para controlar las enfermedades que les afecten, teniendo en cuenta la gravedad y poder de difusión de éstas. En la orden de sacrificio se comunicará al interesado el diagnóstico de la enfermedad y, en su caso, los consejos o criterios de actuación futura ante la situación generada.
2. La Consejería con competencias en materia de ganadería podrá ordenar la realización del vaciado sanitario de una explotación, cuando las circunstancias así lo aconsejen, de acuerdo con la normativa vigente. Asimismo se podrán arbitrar ayudas a la renta del ganadero mientras dure la paralización de la actividad de su explotación.
3. El sacrificio que se declare obligatorio por la Consejería con competencias en materia de ganadería, deberá llevar consigo la correspondiente indemnización, de acuerdo con la normativa y baremos vigentes.
Exclusivamente en el ámbito de las actuaciones oficiales podrán ser igualmente indemnizables los animales que mueran por causa directa tras haberlos sometido a tratamientos o manipulaciones preventivos o con fines de diagnóstico, o en general los que hayan muerto en el contexto de las medidas de prevención o lucha contra una enfermedad como consecuencia de la ejecución de actuaciones impuestas por la autoridad competente.
4. Si dentro del plazo establecido al efecto, los propietarios no procedieran al sacrificio de los animales afectados, éste podrá realizarse por la Consejería con competencias en materia de ganadería, siendo a costa del propietario los gastos que se generen por tal concepto.
5. El sacrificio declarado obligatorio deberá realizarse en los lugares, establecimientos y período que fije la Consejería con competencias en materia de ganadería.
6. En el caso de enfermedades que presenten especial virulencia o gravedad inusitada, con elevadas tasas de morbilidad y mortalidad, y cualquiera que sea el origen del foco primario podrán aplicarse medidas especiales con carácter de urgencia, y entre ellas el sacrificio obligatorio «in situ» de animales afectados y sospechosos.
7. La Consejería con competencias en materia de ganadería podrá establecer ayudas dirigidas a favorecer la reposición del ganado sacrificado obligatoriamente.
8. Todo propietario de animales sospechosos de padecer alguna de las enfermedades sobre las que se apliquen programas de control y erradicación amparados por esta Ley, podrá sacrificarlos sin indemnización, previo conocimiento, autorización y control de los Servicios competentes de la Consejería con competencias en materia de ganadería.
1. Los propietarios no percibirán indemnización alguna por los animales sacrificados obligatoriamente o en su caso por vaciado sanitario, en cualquiera de los siguientes casos:
a) Cuando la explotación no figure inscrita en el Registro de Explotaciones Ganaderas de La Rioja o no se hubiera solicitado la inscripción en el mismo.
b) Cuando no posean el Libro de Registro de Explotación o éste no se encuentre actualizado en los tres últimos meses anteriores al diagnóstico, en el caso de especies animales para las que sea preceptivo.
c) Cuando no hubieran comunicado inmediatamente la existencia de una enfermedad de declaración obligatoria a la Consejería con competencias en materia de ganadería.
d) Cuando su conducta por acción u omisión, hubiera ocasionado la difusión de la enfermedad o hubiera podido contribuir a ello.
e) Cuando hubiera existido negativa a la inspección de su explotación o de sus instalaciones.
f) Cuando se aprecie una deficiente higiene y desinfección de la explotación o de sus instalaciones.
g) Cuando hubieran incumplido las normas sobre sanidad animal o las medidas cautelares o definitivas, impuestas por la Consejería con competencias en materia de ganadería.
h) Cuando existan muestras de manipulación fraudulenta en la documentación sanitaria o en las marcas de identificación.
i) Cuando exista evidencia de cualquier manipulación que pudiera alterar la fiabilidad de los resultados de las pruebas de diagnóstico.
j) Cuando hubieran introducido animales ya enfermos o sospechosos procedentes de zonas sometidas a restricciones sanitarias, o de explotaciones de inferior calificación sanitaria.
k) Cuando se hubieran encontrado en la explotación animales sin identificar y cuya identificación sea obligatoria, no existiendo causa justificada para ello.
l) Cuando hubieran quebrantando las medidas cautelares de inmovilización adoptadas.
ll) En los casos en que se haya incorporado a la explotación algún animal sin las garantías sanitarias dispuestas en esta Ley o en su normativa de desarrollo, así como cuando se desconozca su origen o carezca de acreditación sanitaria suficiente.
m) En los supuestos de aparición en la explotación de animales que, perteneciendo a la misma, no fueron investigados en el momento en que se realizó el programa de control y erradicación en fases anteriores por causas imputables al titular.
n) Cuando el sacrificio se hubiera realizado fuera de los plazos establecidos o en lugares o establecimientos no autorizados.
2. Cuando se trate de animales de compañía o de animales destinados a fines lúdicos o deportivos que sean sacrificados obligatoriamente, no existirá indemnización, salvo que expresamente lo determine la Consejería con competencias en materia de ganadería.
1. Son Agrupaciones de Defensa Sanitaria Ganadera las asociaciones dotadas de personalidad jurídica propia, constituidas por los ganaderos, bajo la responsabilidad técnica de un facultativo veterinario que tendrá la condición de veterinario responsable de explotación, con el objetivo de elevar el nivel sanitario y zootécnico de sus explotaciones mediante la mejora de las condiciones higiénico-sanitarias y el establecimiento y ejecución de programas de profilaxis y lucha contra las enfermedades animales.
2. Cada Agrupación de Defensa Sanitaria Ganadera se considerará como una unidad, tanto a efectos del desarrollo del programa sanitario como, en su caso, de las subvenciones públicas que pudieran corresponderle.
3. El reconocimiento de cada Agrupación de Defensa Sanitaria Ganadera corresponde a la Consejería con competencias en materia de ganadería, conforme a los requisitos que se establezcan reglamentariamente.
4. Todas las Agrupaciones que sean reconocidas por la Consejería con competencias en materia de ganadería se inscribirán en el Registro de Agrupaciones de Defensa Sanitaria Ganadera existente. Asimismo, se anotarán en este Registro las modificaciones posteriores y, en su caso, la extinción de las reconocidas.
5. Las Agrupaciones de Defensa Sanitaria Ganadera, así como los facultativos veterinarios responsables, deberán colaborar activamente en la organización, control y ejecución de las medidas sanitarias que, para la prevención y lucha contra las enfermedades animales, adopte la Consejería con competencias en materia de ganadería. Asimismo, deberán realizar entre sus asociados las campañas de divulgación que se establezcan.
6. El incumplimiento de las condiciones determinantes del reconocimiento de las Agrupaciones de Defensa Sanitaria Ganadera, del programa sanitario aprobado, o la falta de colaboración con la Consejería con competencias en materia de ganadería, podrá dar lugar a la suspensión o, en su caso, la extinción definitiva de su reconocimiento a los efectos de esta Ley.
7. La Consejería con competencias en materia de ganadería establecerá cuantos controles considere necesarios para asegurar el cumplimiento de los compromisos, programas sanitarios y demás obligaciones recogidas en la presente Ley.
8. La Consejería con competencias en materia de ganadería podrá conceder ayudas a las Agrupaciones de Defensa Sanitaria Ganadera reconocidas, dentro de las disponibilidades presupuestarias.
La Consejería con competencias en materia de ganadería podrá establecer convenios o conciertos con otras Comunidades Autónomas y otras Administraciones Públicas con las que se compartan problemas de sanidad animal, que afecten o puedan afectar a los ganaderos de la Comunidad Autónoma de La Rioja, para una eficaz resolución de los mismos.
1. Se establecerá una Red de Vigilancia Epidemiológica de la Comunidad Autónoma de La Rioja como un sistema orientado a la recogida, mantenimiento y análisis de información epidemiológica, que posibilite la evaluación de riesgos y la detección temprana de problemas relacionados con la sanidad animal, y sirva de base técnica para la adopción de medidas de prevención y control de las enfermedades animales.
2. La gestión de la Red de Vigilancia Epidemiológica dependerá de los Servicios Veterinarios Oficiales de la Consejería con competencias en materia de ganadería, e implicará la participación de los siguientes sujetos:
a) Los propietarios o responsables de las explotaciones.
b) Los Servicios Veterinarios Oficiales del Gobierno de La Rioja.
c) Los veterinarios en ejercicio libre y los veterinarios responsables de explotación.
d) El Laboratorio Regional de la Comunidad Autónoma de La Rioja o cualquier otro laboratorio autorizado por la autoridad competente.
e) La Consejería con competencias en materia de ganadería y las Consejerías del Gobierno de La Rioja competentes en materia de Salud Pública y de Fauna silvestre.
3. La Red de Vigilancia Epidemiológica de la Comunidad Autónoma de La Rioja podrá interrelacionarse con cualquier otro sistema que tenga establecido cualquier otra Administración Pública con la misma finalidad.
El Laboratorio Regional de la Comunidad Autónoma de La Rioja dispondrá de los recursos técnicos y humanos necesarios para garantizar, en el ámbito de sus competencias, la correcta ejecución de los programas sanitarios amparados por esta Ley y el apoyo técnico a las explotaciones ganaderas. Todo ello sin menoscabo de garantizar el cumplimiento de los programas y necesidades de otros departamentos.
La preparación, posesión o tenencia, con fines industriales o comerciales de medicamentos veterinarios, piensos medicamentosos o sustancias que posean propiedades anabolizantes, antiinfecciosas, antiparasitarias, antiinflamatorias, hormonales o psicótropas u otras sustancias activas que puedan utilizarse como medicamentos veterinarios o en la fabricación de los mismos, requerirá una autorización expresa de la Consejería con competencias en materia de ganadería.
1. Los propietarios o responsables de animales, cuyas producciones sean destinadas al consumo humano, tendrán que justificar la posesión o tenencia, adquisición y la administración de medicamentos veterinarios y piensos medicamentosos sometidos a prescripción, mediante la copia de la receta preceptiva, extendida por un facultativo veterinario legalmente acreditado.
2. La prescripción en receta extendida por un facultativo veterinario es obligatoria para la dispensación de piensos medicamentosos y de los medicamentos veterinarios que estén sometidos a tal exigencia.
1. Todos los centros ubicados en la Comunidad Autónoma de La Rioja, que posean o tengan medicamentos veterinarios, piensos medicamentosos o materias primas para la fabricación de los mismos, están obligados a registrarse en la Consejería con competencias en materia de ganadería.
2. El Registro Oficial de centros relacionados con los medicamentos veterinarios queda clasificado en los siguientes grupos:
a) Grupo I: Incluye los centros elaboradores de autovacunas, los establecimientos productores y/o distribuidores de sustancias activas que puedan ser utilizadas en la fabricación de medicamentos veterinarios y los productores y/o distribuidores de piensos medicamentosos.
b) Grupo II: Incluye los almacenes mayoristas de medicamentos veterinarios, los depósitos reguladores de medicamentos veterinarios, los establecimientos autorizados para la comercialización de medicamentos para animales de compañía, los centros dispensadores de medicamentos veterinarios y los botiquines de urgencia. En el caso de las oficinas de farmacia, que se regularán por su normativa específica, las competencias en relación con el registro, inspecciones y otras actuaciones, corresponden a la Consejería con competencias en materia de salud pública.
El ejercicio clínico de la veterinaria es incompatible con cualquier clase de interés económico directo derivado de la fabricación, elaboración y comercialización de los medicamentos veterinarios y piensos medicamentosos.
1. La Consejería con competencias en ganadería, sin perjuicio de las competencias del Estado en la materia, establecerá reglamentariamente:
a) El procedimiento de autorización e inscripción en el Registro Oficial de centros relacionados con los medicamentos veterinarios y piensos medicamentosos.
b) Las condiciones que deben cumplir los centros mencionados en el párrafo anterior.
c) La prescripción, mediante receta, por veterinarios legalmente capacitados para el ejercicio clínico, de medicamentos veterinarios y piensos medicamentosos que estén sometidos a tal exigencia.
d) Las obligaciones del veterinario prescriptor, de los ganaderos y de los centros relacionados con los medicamentos veterinarios y piensos medicamentosos.
1. Toda explotación ganadera deberá tener y llevar actualizado un Libro de Registro de Tratamientos que deberá poner a disposición de cualquier autoridad competente en el curso de una visita de inspección.
2. El veterinario que prescriba el tratamiento, deberá diligenciarlo en el Libro de Registro de Tratamientos y anotará los plazos de espera correspondientes y cuantas otras observaciones crea oportuno reflejar.
3. Los propietarios o responsables de los animales serán los responsables de mantener el Libro de Registro de Tratamientos, que deberá contener los datos siguientes:
a) Identificación del medicamento veterinario y naturaleza del tratamiento administrado.
b) Fecha, dosis administrada y duración del tratamiento.
c) Proveedor del medicamento veterinario.
d) Identificación de los animales tratados.
4. Los propietarios o responsables de los animales deberán respetar los plazos de espera y conservar junto al Libro de Registro de Tratamientos las copias de las recetas veterinarias durante, al menos, cinco años.
5. La Consejería con competencias en materia de ganadería, a petición del ganadero interesado, entregará un ejemplar del Libro de Registro de Tratamientos, pudiéndose aceptar cualquier otro modelo que cumpla con las exigencias de la normativa sectorial vigente, previa autorización y diligencia de los servicios veterinarios oficiales.
1. La Consejería con competencias en materia de ganadería, a través de sus servicios veterinarios oficiales u otros servicios que en el futuro puedan preverse, realizará controles para vigilar el cumplimiento de esta Ley y cuantas normas de ámbito europeo, nacional o autonómico sean de aplicación en materia de medicamentos veterinarios y piensos medicamentosos.
2. Todas las personas, tanto físicas como jurídicas, relacionadas con los medicamentos veterinarios y piensos medicamentosos, quedan obligadas a prestar la colaboración que les sea requerida por los servicios veterinarios oficiales o por otros servicios que en el futuro puedan preverse en sus labores de control e inspección.
1. Sin perjuicio de las competencias del Estado en materia de control de determinadas sustancias y sus residuos en los animales vivos y sus productos, la Consejería con competencias en materia de ganadería, en el marco del Plan Nacional de Investigación de Residuos, establecerá los controles necesarios así como las tomas de muestras oportunas en animales vivos, agua de bebida, leche cruda, etc. para vigilar que no se utilicen sustancias prohibidas en la cría y engorde del ganado.
2. Los servicios veterinarios oficiales realizarán todos los años, de forma aleatoria o dirigida, los controles que se programen en coordinación con la Consejería con competencias en materia de salud pública para detectar el uso fraudulento o no autorizado de sustancias prohibidas por la normativa sectorial vigente, especialmente la utilización de agentes de efecto hormonal y tireostático y sustancias beta-agonistas para la cría del ganado.
1. Sin perjuicio de las competencias del Estado en la materia, la Consejería con competencias en materia de ganadería, establecerá los controles necesarios y las tomas de muestras oportunas para vigilar la correcta utilización de materias primas y cualquier otra sustancia empleada en la alimentación animal.
2. Los controles se realizarán en los establecimientos elaboradores, intermediarios, en la propia explotación ganadera y en general en cualquier punto o centro relacionado con la alimentación animal.
3. Los productos, sustancias y materias primas a investigar serán todos aquellos que establezca la legislación sectorial vigente y se acuerden en los Programas Nacionales Coordinados, en especial proteínas animales elaboradas, sustancias indeseables y sustancias prohibidas.
Corresponde a los Servicios Veterinarios Oficiales de la Comunidad Autónoma de La Rioja o a otros servicios que en el futuro puedan preverse la realización de las inspecciones necesarias para asegurar el cumplimiento de lo previsto en esta Ley.
1. El personal al servicio del Gobierno de La Rioja, en el ejercicio de su función de inspección, tendrá el carácter de autoridad y podrá:
A) Tener acceso a:
a) Explotaciones ganaderas y locales o instalaciones donde se críen, mantengan o comercialicen animales.
b) Locales o instalaciones de producción, manipulación, transformación, almacenamiento, conservación, distribución o comercialización de:
Medicamentos veterinarios y piensos medicamentosos.
Materiales o productos destinados a la sanidad animal.
Materias primas o elaboradas y piensos utilizados en la alimentación animal.
Materias primas, sustancias o complementos utilizados en producción animal.
Cadáveres de animales, productos y subproductos de origen animal.
c) Vehículos que se utilicen para el transporte de animales, cadáveres de animales, productos y subproductos de origen animal.
d) Superficies destinadas al aprovechamiento ganadero o de la fauna silvestre.
B) Exigir la información epidemiológica y la documentación que considere necesaria en el curso de sus actuaciones.
C) Tomar las muestras mínimas necesarias, con cargo al tenedor de las mismas, para su examen o análisis detallado en centros especializados.
D) Ordenar el cierre cautelar de locales e instalaciones si existiera un grave e inmediato riesgo para la sanidad animal, para la salud pública o para el medio ambiente.
E) Intervenir y adoptar cuantas medidas preventivas o cautelares, inherentes al ejercicio de su función, considere necesarias para la aplicación de lo dispuesto en la presente Ley.
F) Ordenar la inmovilización de animales, vehículos, mercancías o productos que constituyan materia de infracción a esta Ley.
G) Ordenar la inmovilización y, en su caso, la destrucción de animales sospechosos, productos animales u otros materiales relacionados, cuando considere que existe evidencia o riesgo fundado de difusión de una enfermedad infectocontagiosa o parasitaria animal.
2. Si durante la inspección se apreciara algún hecho, situación o actuación que pudiera constituir infracción, el inspector hará constar en un acta los hechos y datos necesarios que sirvan de base al correspondiente procedimiento administrativo.
1. Los hechos y datos que figuren recogidos en las actas de inspección se presumirán ciertos, salvo que se pruebe lo contrario por cualquiera de los medios reconocidos en Derecho.
2. La carencia total o parcial de la documentación exigida o su incorrecta cumplimentación, cuando afecte fundamentalmente a los hechos imputados o a la calificación de los mismos, será constitutiva de infracción.
Las personas físicas o jurídicas a quienes se practique una inspección estarán obligadas a:
a) Suministrar toda clase de información sobre los animales, su alimentación y tratamientos medicamentosos, los medios de producción, los productos, servicios y mercancías, permitiendo su comprobación por los inspectores.
b) Facilitar que se obtenga copia o reproducción de la documentación que justifique las informaciones.
c) Permitir que se practique la oportuna prueba, o toma de muestras gratuita de los productos o mercancías en las cantidades estrictamente necesarias.
d) En general, consentir la realización de la inspección y colaborar en su ejercicio.
1. La Consejería con competencias en materia de ganadería fomentará las actividades de investigación y experimentación en materia de sanidad animal, promoviendo o colaborando en el desarrollo de programas específicos que aborden los problemas epidemiológicos de la ganadería riojana.
2. La Consejería con competencias en materia de ganadería garantizará la formación de sus facultativos veterinarios, especialmente en materia de sanidad animal y Epidemiología Veterinaria, con el objeto de elevar la especialización y permanente actualización de sus conocimientos, para lo que podrá establecer los acuerdos y convenios de colaboración que sean necesarios con los centros y entidades que se estimen más convenientes.
1. Los Servicios competentes de la Consejería con competencias en materia de ganadería, respecto a las materias reguladas en esta Ley, podrán realizar actividades de formación no reglada dirigidas a titulares de explotaciones ganaderas y personal dependiente de las mismas.
2. Para promover la participación activa de los ganaderos en la lucha contra las enfermedades de los animales, se desarrollarán campañas de divulgación, en las que participarán los Servicios de las Consejerías correspondientes.
Constituyen infracciones a la sanidad animal y generarán responsabilidades administrativas las acciones u omisiones que infrinjan lo establecido en esta Ley, sin perjuicio de las responsabilidades exigibles en vía penal, civil o de otro orden en que pudieran incurrir los responsables.
1. Serán responsables de las infracciones tipificadas en esta Ley:
a) Los titulares, o responsables de la explotación, así como el propietario del ganado en el caso de incumplimiento de sus obligaciones.
b) El conductor del vehículo o el transportista, en el caso de contravenciones que se observen en la realización del transporte, sin perjuicio de la responsabilidad del propietario del vehículo.
c) El titular de la autorización de puesta en el mercado, en el caso de infracciones en productos autorizados como medicamentos veterinarios y piensos medicamentosos.
d) El tenedor de los productos, en el caso de las infracciones en productos que no estén legalmente reconocidos.
e) Los operadores, comerciantes, mayoristas, distribuidores y compradores, en el supuesto del comercio de animales.
f) En los demás casos, los autores materiales de las infracciones.
2. Cuando la infracción sea imputada a una persona jurídica, podrán ser considerados como responsables las personas que integren sus organismos rectores o de dirección, así como los técnicos responsables del cuidado sanitario o, en el caso de productos farmacológicos o biológicos, los responsables de su control e incluso de su elaboración.
A los efectos de esta Ley, las infracciones a la sanidad animal se clasifican en leves, graves y muy graves.
Son infracciones leves:
1. El incumplimiento por el titular de la explotación ganadera de las condiciones higiénico-sanitarias previstas en esta Ley y demás disposiciones vigentes o de desarrollo, cuando no exista riesgo de enfermedad para la sanidad animal.
2. No estar en posesión del correspondiente Libro de registro de explotación ganadera o no tenerlo debidamente actualizado.
3. La falta de comunicación de la pérdida, deterioro, sustracción de elementos y documentos de identificación y Libros de registro de explotación ganadera en un plazo de setenta y dos horas.
4. El incumplimiento de la remisión, dentro de los plazos establecidos, de la documentación o de los datos que sean preceptivos; o la presentación de datos incompletos, que no han sido subsanados en el plazo concedido para ello, una vez advertido el defecto.
5. La deficiencia en los documentos que obliguen a llevar las disposiciones vigentes, siempre que se trate de defectos que no induzcan a errores en la inspección.
6. La modificación, por parte de titulares de centros relacionados con los medicamentos veterinarios y piensos medicamentosos, de cualquiera de las condiciones en base a las cuales se otorgó la autorización.
7. No contar, las entidades de distribución y dispensación, con las existencias de medicamentos veterinarios adecuadas para la normal prestación de sus actividades o servicios.
8. El ofrecimiento directo o indirecto de cualquier tipo de incentivo, primas u obsequios, por parte de quien tenga intereses directos o indirectos en la producción, fabricación y comercialización de medicamentos veterinarios, a los profesionales implicados en el ciclo de prescripción, dispensación y administración, o a sus parientes y personas de su convivencia y, en su caso, ganaderos.
9. La publicidad de fórmulas magistrales con destino a los animales o autovacunas de uso veterinario.
10. La tenencia sin copia de la receta en las explotaciones ganaderas de medicamentos veterinarios y piensos medicamentosos.
11. Las acciones u omisiones siguientes, cuando no exista declaración oficial de enfermedad o no se hayan adoptado oficialmente medidas sanitarias de carácter especial, y siempre en relación con las especies animales afectadas:
a) El incumplimiento de las condiciones higiénicas en los alojamientos, explotación, cuidado y mantenimiento de los mismos y, en su caso, la falta de ejecución de las medidas que con este objeto estén establecidas o puedan establecerse.
b) El abandono de los animales vivos, o la falta de vigilancia y control sobre los mismos.
c) El abandono de animales muertos, sus productos o materias primas que no entrañen peligro de difusión de enfermedades, o no sean nocivos para la sanidad animal.
d) El incumplimiento de las obligaciones referidas a la identificación de animales establecidas en la normativa vigente cuando la infracción no esté sancionada como grave o muy grave.
e) La inobservancia de las condiciones impuestas para garantizar la higiene, y las condiciones de bienestar y protección de los animales en la explotación ganadera o durante su transporte.
f) El incumplimiento de la obligación de inscripción del transportista y del vehículo dedicado al transporte de animales en el correspondiente registro administrativo.
g) El incumplimiento de la obligación de limpieza y desinfección del vehículo utilizado para el transporte de animales.
12. La omisión de inscripción en los registros en los supuestos en que sea preceptivo.
13. La falta de comunicación a la Consejería con competencias en materia de ganadería de las actuaciones practicadas por parte de los veterinarios para prevenir cualquier enfermedad infectocontagiosa o parasitaria.
14. La existencia en una explotación de un número de animales inferior al 10 por 100 del total del censo de la misma, cuya identificación carezca de alguno de los elementos previstos en la normativa específica de aplicación, tales como marcas, documentos de identificación o inscripción en los libros de registros.
15. La falta o el retraso en la comunicación a la Consejería con competencias en materia de ganadería de nacimientos, entradas o salidas de los animales de una explotación, cuando dicha comunicación venga exigida por la normativa aplicable.
16. La fabricación de piensos para animales en condiciones no permitidas por la normativa vigente, cuando dicho incumplimiento no pueda calificarse como infracción grave o muy grave.
17. El etiquetado insuficiente o defectuoso de los piensos y de las materias primas para la alimentación de animales, que no pueda calificarse como infracción grave o muy grave.
Son infracciones graves:
1. El incumplimiento por el titular de la explotación ganadera de las condiciones higiénico-sanitarias previstas para la misma en esta Ley y demás disposiciones vigentes o de desarrollo, cuando exista riesgo de enfermedad para la sanidad animal.
2. La negativa o resistencia a colaborar, suministrar datos o facilitar información requerida por las autoridades competentes o sus agentes y servicios técnicos, en orden al cumplimiento de esta Ley, así como el suministro de información inexacta.
3. El incumplimiento por parte de los laboratorios y centros de diagnóstico de las obligaciones derivadas de esta Ley.
4. La negligencia comprobada en las actuaciones de los Servicios Veterinarios Oficiales, de otros Servicios competentes, de los veterinarios responsables de explotación y de otros veterinarios de ejercicio libre, en todo aquello relacionado con esta Ley.
5. La negativa o resistencia de los responsables de mataderos a que los servicios de la Consejería con competencias en materia de Ganadería realicen las comprobaciones necesarias para el mejor cumplimiento de sus funciones.
6. La ocultación o falta de notificación de la aparición de cualquier enfermedad infectocontagiosa o parasitaria de declaración obligatoria.
7. La negligencia por parte de los técnicos responsables de las explotaciones animales o actividades relacionadas, en la declaración de enfermedades o en la adopción de las medidas zoosanitarias preceptivas.
8. La no realización, negligencia, resistencia o falta de colaboración en la adopción de las medidas que imponga la Consejería con competencias en materia de ganadería para extinguir cualquier foco epizoótico o prevenir su aparición.
9. La concurrencia a abrevaderos o pastos de aprovechamiento común de animales que no cumplan las condiciones establecidas en esta Ley.
10. La incorporación, a explotaciones saneadas o en proceso de saneamiento, de animales enfermos o sospechosos sin la debida documentación acreditativa de su adecuado estado sanitario, o de animales procedentes de explotaciones no indemnes o sin haberlos sometido a las condiciones impuestas por la normativa sanitaria.
11. La negativa, resistencia o falta de colaboración en la realización del sacrificio obligatorio de animales en el tiempo y forma establecidos.
12. La expedición de documentación sanitaria para el movimiento de animales, cuando se tenga conocimiento del diagnóstico de alguna enfermedad de declaración obligatoria que impida su traslado por la legislación vigente, o bien estuvieran localizados en zona sometida a prohibición de movimiento de animales.
13. Las acciones u omisiones consideradas en el punto 11 del artículo anterior, cuando exista declaración oficial de enfermedad, o en presencia de acciones sanitarias de carácter especial y siempre en relación con las especies animales afectadas.
14. La elaboración, distribución y comercialización de medicamentos veterinarios y piensos medicamentosos por personas físicas o jurídicas que no estén debidamente autorizados.
15. El suministro de medicamentos veterinarios o piensos medicamentosos a animales cuyas producciones sean destinadas al consumo humano sin la preceptiva prescripción veterinaria.
16. El ejercicio clínico de la veterinaria cuando existan intereses económicos directos derivados de la fabricación, elaboración y comercialización de medicamentos veterinarios y piensos medicamentosos.
17. La venta a domicilio, ambulante, mediante catálogo, por correo, o por sistemas informáticos o telemáticos, de medicamentos veterinarios o piensos medicamentosos, sin perjuicio del reparto, distribución o suministro a entidades legalmente autorizadas para su dispensación al público.
18. El funcionamiento de un centro relacionado con los medicamentos veterinarios y piensos medicamentosos sin que exista el personal técnico exigido en cada caso.
19. La distribución o conservación de los medicamentos veterinarios sin observar las condiciones exigidas, así como poner a la venta medicamentos veterinarios alterados, en malas condiciones o pasado el plazo de validez.
20. La dispensa de medicamentos veterinarios y piensos medicamentosos en establecimientos distintos a los autorizados.
21. La dispensa de medicamentos veterinarios y piensos medicamentosos sin receta veterinaria cuando ésta sea preceptiva.
22. El incumplimiento de las medidas adoptadas por la Administración respecto a las explotaciones sometidas a la investigación ante la presencia de residuos en los animales o productos.
23. La no realización, resistencia o falta de colaboración en el cumplimiento de las medidas ordenadas para controlar o evitar la difusión de cualquier enfermedad infectocontagiosa o parasitaria, o para la realización de campañas de tratamientos sanitarios o de vacunación obligatoria.
24. La realización de vacunaciones sin el preceptivo control veterinario o la falta de la comunicación de las actuaciones practicadas por parte de los veterinarios actuantes a la Consejería con competencias en materia de Ganadería.
25. La realización de vacunaciones u otro tipo de tratamientos preventivos por cualquier persona, sea o no facultativo, sin autorización previa de la Consejería con competencias en materia de ganadería, cuando ésta sea preceptiva.
26. La circulación y transporte de animales vivos, cualquiera que sea su destino, sin la documentación sanitaria legalmente exigida.
27. El incumplimiento de la normativa vigente en cuanto a las condiciones de bienestar y protección de los animales en la explotación ganadera o durante su transporte, cuando implique un grave riesgo para su salud.
28. La circulación y transporte de cadáveres de animales y otros productos procedentes de animales muertos, así como materias primas y productos utilizados en la alimentación animal sin las garantías sanitarias o sin la documentación administrativa exigida.
29. La celebración de concentraciones de animales sin contar con la previa autorización de la Consejería con competencias en materia de ganadería, cuando la misma sea preceptiva.
30. La no realización o falta de colaboración en las tareas de desinfección, desparasitación y prácticas similares que la Consejería con competencias en materia de ganadería haya establecido.
31. El sacrificio de los animales afectados o sospechosos de enfermedad infectocontagiosa o parasitaria sin la autorización correspondiente.
32. La tenencia de animales indocumentados o cuya procedencia no pueda ser establecida en un plazo de siete días mediante la preceptiva documentación sanitaria, así como la existencia de animales cuya identificación no pueda determinarse mediante ninguno de los componentes del SIRMA.
33. La existencia en una explotación de un número de animales superior al 10 por 100 del total del censo de la misma, cuya identificación carezca de alguno de los elementos previstos en la normativa específica de aplicación, tales como marcas, documentos de identificación o inscripción en los Libros de Registro.
34. La declaración de datos falsos sobre los animales que se posean, en las comunicaciones a la autoridad competente que prevé la normativa específica.
35. La falta o retraso en la comunicación de la muerte de animales, cuando dicha comunicación venga exigida por la normativa aplicable.
36. La reincidencia en la misma infracción leve en el último año.
37. La omisión de realización de análisis, pruebas y test de detección de enfermedades a los que deban someterse los animales según la normativa vigente, así como la no realización de los mismos en los laboratorios designados por la Consejería con competencias en materia de ganadería.
38. La fabricación de piensos para animales en condiciones no permitidas por la normativa vigente, cuando dicho incumplimiento produzca un riesgo para la sanidad animal.
39. El etiquetado insuficiente o defectuoso de los piensos y de las materias primas para la alimentación de animales en el que no resulte clara la composición del producto con arreglo a las disposiciones vigentes.
Son infracciones muy graves:
1. La fabricación no autorizada, la falsificación, la manipulación o utilización fraudulenta de elementos y documentos de identificación de los animales y libros de registro de explotación establecidos reglamentariamente.
2. La administración de cualquier sustancia o la realización de cualquier práctica o manipulación de los animales por cualquier persona, sea o no facultativo, para provocar intencionadamente falsas reacciones diagnósticas, tanto positivas como negativas, en relación con las enfermedades objeto de campaña de saneamiento ganadero o programas especiales de acción sanitaria.
3. La administración a los animales por cualquier persona, sea o no facultativo, de cualquier sustancia con el objeto de falsear o dificultar el diagnóstico de enfermedades.
4. La aplicación a los animales de cualquier fármaco o producto no autorizado o no inscrito, así como el uso de medicamentos veterinarios incumpliendo los tiempos de espera preceptivos.
5. La elaboración, fabricación, distribución, comercialización, tenencia, prescripción y dispensación de productos que se presenten como medicamentos veterinarios, sin estar legalmente reconocidos, incluida la utilización de sustancias medicamentosas distintas a las premezclas medicamentosas autorizadas, en los piensos medicamentosos.
6. La comercialización de animales de explotación que hayan sido objeto de un tratamiento ilegal o se les haya administrado sustancias o productos prohibidos.
7. La aceptación para su sacrificio de animales para los que el productor no esté en condiciones de garantizar que se han respetado los períodos de espera tras la aplicación de cualquier medicamento veterinario y pienso medicamentoso.
8. La comercialización o utilización en la alimentación en los animales de producción de proteínas animales elaboradas que hayan sido expresamente prohibidas por la normativa vigente, así como de cualquier producto o sustancia prohibida en la alimentación de dichos animales.
9. La fabricación, distribución y comercialización de piensos destinados a la alimentación de animales que contengan cualquier producto o sustancia prohibida expresamente en la alimentación de dichos animales.
10. La omisión o el falseamiento de los datos exigidos en el etiquetado de los piensos y de las materias primas para la alimentación animal.
11. El suministro a la Administración Pública de información o documentación falsas, cuando la infracción no estuviera tipificada como leve o grave.
12. La negativa a consentir la realización de una inspección y en su caso de la toma de muestras que sean requeridas por la autoridad competente en orden al cumplimiento de la normativa vigente.
13. La negativa por parte de los dueños o encargados de los animales a trasladarlos fuera de una zona considerada de alto riesgo cuando así se haya ordenado.
14. El empleo de productos no autorizados o no registrados para el control de vectores mecánicos o biológicos, reservorios bióticos, hospedadores intermediarios y parásitos o formas parasitarias.
15. La manipulación de la documentación sanitaria.
16. La compraventa con destino a vida de animales enfermos o diagnosticados positivos de enfermedades objeto de programas de control y erradicación o programas especiales de acción sanitaria.
17. El quebrantamiento de la inmovilización de animales o de cualquier otra medida preventiva o cautelar adoptada por la autoridad competente.
1. En el supuesto de que la infracción administrativa a la normativa sobre sanidad animal pudiera ser constitutiva de delito o falta, la Administración de la Comunidad Autónoma de La Rioja, iniciado el correspondiente expediente administrativo sancionador, pondrá los hechos en conocimiento de la jurisdicción competente.
2. Iniciado un procedimiento penal, el procedimiento administrativo sancionador se suspenderá hasta tanto haya recaído resolución firme en aquél.
3. En ningún caso podrá imponerse sanción administrativa derivada de los hechos que hubieran motivado condena en proceso penal, sin perjuicio de las que pudieren corresponder por otros hechos que no hubieran motivado la condena.
4. De no estimarse por los tribunales la existencia de responsabilidad penal, la Administración de la Comunidad Autónoma de La Rioja proseguirá la tramitación del expediente administrativo sancionador.
En tal caso, los hechos declarados probados por las resoluciones judiciales penales firmes vincularán a la Administración en el expediente sancionador.
1. Las infracciones previstas en esta Ley se sancionarán con multas comprendidas dentro de los límites siguientes:
a) En el caso de infracciones leves se aplicará una multa de 100 euros a 1.200 euros.
b) En el caso de infracciones graves se aplicará una multa de 1.201 euros a 12.000 euros.
c) En el caso de infracciones muy graves se aplicará una multa de 12.001 euros a 500.000 euros.
2. Las cuantías señaladas se revisarán periódicamente por el Gobierno de La Rioja, teniendo en cuenta la variación de los índices de precios al consumo, precio del ganado en vida, o de sus productos sin transformación agroindustrial.
3. La cuantía de la sanción nunca podrá ser inferior al beneficio obtenido por el infractor.
4. De la cuantía de la sanción se detraerá el valor de los animales sacrificados que no hayan sido objeto de indemnización cuando ésta sea preceptiva.
5. Con independencia de las sanciones impuestas, el Consejero con competencias en materia de ganadería podrá acordar, en los casos de infracciones graves o muy graves, la supresión, cancelación o suspensión total o parcial, de toda clase de ayudas públicas que el infractor tuviese reconocidas o solicitadas a la Administración de la Comunidad Autónoma de La Rioja en materia de ganadería.
6. En los supuestos de infracciones calificadas como graves podrá decretarse el cierre temporal de la explotación y la inhabilitación para dirigir explotaciones o actividades relacionadas con la sanidad animal hasta un período no superior a un año. En el caso de infracciones muy graves, podrá decretarse el cierre o la inhabilitación por un período de uno a cinco años.
En el supuesto de que la comisión de la infracción produzca algún tipo de quebranto al patrimonio de la Comunidad Autónoma de La Rioja, el Consejero con competencias en materia de Ganadería podrá fijar las indemnizaciones procedentes.
1. La competencia para la imposición de las sanciones corresponde al Consejero con competencias en materia de ganadería. No obstante, éste podrá delegar el ejercicio de la competencia en el Director General competente en materia de sanidad animal.
2. La instrucción e imposición de sanciones por las infracciones previstas en esta Ley se efectuará conforme al procedimiento administrativo sancionador vigente.
3. El Consejero con competencias en materia de ganadería o persona en quien se delegue, en la incoación del expediente o con posterioridad podrá adoptar, motivadamente, las medidas de carácter provisional que aseguren la eficacia de la resolución final que pudiera recaer, así como aquellas necesarias para evitar perjuicios al interés público o a terceros.
1. En la imposición de sanciones se deberá guardar la debida adecuación entre la gravedad real del hecho constitutivo de la infracción y la sanción aplicada, considerándose especialmente los siguientes criterios para la graduación de la sanción a aplicar:
a) La intencionalidad o reiteración.
b) El daño producido o el riesgo creado a la sanidad animal, la salud pública o el medio ambiente.
c) La reincidencia, por comisión en el término de un año de más de una infracción a la sanidad animal cuando así haya sido declarado por resolución firme en la vía administrativa.
d) El cargo o función del sujeto infractor, o el mayor conocimiento de la actividad por razón de su profesión y estudios.
e) La colaboración del infractor con la Administración en el esclarecimiento de los hechos y en la restitución del bien protegido.
f) La acumulación de ilícitos en una misma conducta.
2. En el caso de reincidencia o reiteración simple en un período de dos años, el importe de la sanción que corresponda imponer se incrementará en el 50 por 100 de su cuantía, y si se reincide o reitera por dos veces o más, dentro del mismo período, el incremento será del 100 por 100.
3. Si un solo hecho constituye dos o más infracciones administrativas, se impondrá la sanción que corresponda a la de mayor gravedad.
1. Las infracciones a la sanidad animal prescriben: las leves, a los seis meses; las graves, a los dos años; y las muy graves, a los tres años.
2. Estos plazos comenzarán a contarse desde el día en que la infracción se hubiera cometido o, si éste fuera desconocido, desde el momento en que hubiera podido iniciarse el procedimiento sancionador. Se entenderá que debe incoarse el procedimiento sancionador cuando aparezcan signos externos que permitan conocer los hechos constitutivos de la infracción.
3. Interrumpirá la prescripción de la infracción la iniciación, con conocimiento del interesado, del procedimiento sancionador, reanudándose el plazo de prescripción si el expediente estuviera paralizado durante más de un mes por causa no imputable al presunto responsable.
4. En las infracciones derivadas de una actividad continuada, la fecha inicial del cómputo de la prescripción será la de finalización de la actividad o la del último acto con el que la infracción se consuma.
5. Las sanciones impuestas por infracciones leves prescribirán al año; las graves, a los dos años, y las muy graves, a los tres años. Estos plazos comenzarán a contarse desde el día siguiente a aquel en que adquiera firmeza la resolución por la que se impone la sanción.
6. Interrumpirá la prescripción de la sanción la iniciación, con conocimiento del interesado, del procedimiento de ejecución, volviendo a transcurrir el plazo si aquél está paralizado durante más de un mes por causa no imputable al infractor.
El Consejero con competencias en materia de ganadería podrá imponer, previo apercibimiento, multas coercitivas, reiteradas por lapsos mínimos de quince días hábiles, y cuya cuantía no excederá en cada caso del 20 por 100 de la multa principal, con el límite máximo de 3.000 euros por multa coercitiva.
No tendrán carácter de sanción:
a) La clausura o cierre de empresas, instalaciones, explotaciones, locales o medios de transporte que no cuenten con las autorizaciones o registros preceptivos, o la suspensión de su funcionamiento hasta tanto se rectifiquen los defectos o se cumplan los requisitos exigidos para su autorización.
b) La destrucción de un lote o envío de animales, productos de animales u otros materiales, cuando exista sospecha fundada o evidencia de riesgo para la sanidad animal o salud pública.
Hasta tanto se dicten, de acuerdo con lo previsto en esta Ley, nuevas disposiciones en desarrollo de la misma, continúan en vigor las normas dictadas en materia de sanidad animal en la Comunidad Autónoma de La Rioja hasta la fecha, en lo que no se opongan a lo dispuesto en la presente Ley.
Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o menor rango se opongan al contenido de esta Ley.
Se autoriza al Gobierno de La Rioja para dictar cuantas normas y disposiciones sean precisas para el desarrollo y ejecución de la presente Ley.
La presente Ley entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el «Boletín Oficial de La Rioja».
Por tanto, ordeno a todos los ciudadanos cumplan y cooperen al cumplimiento de la presente Ley y a los Tribunales y Autoridades la hagan cumplir.
Logroño, 18 de octubre de 2002.
PEDRO SANZ ALONSO,
Presidente
Este documento es de carácter informativo y no tiene valor jurídico.
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