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Este texto consolidado es de carácter informativo y no tiene valor jurídico.A todos los que la presente vieren y entendieren,
Sabed: Que las Cortes Generales han aprobado y Yo vengo en sancionar la siguiente Ley.
Los Boletines Oficiales de la Provincia se crean por Real Orden de 20 de abril de 1833, donde se establece en cada capital de provincia un diario o boletín periódico en el que se insertarían todas las órdenes, disposiciones y prevenciones que tuvieran que hacerse a las justicias y Ayuntamientos de los pueblos por cualquier autoridad.
La citada norma creó y generalizó los boletines oficiales para todas las provincias, pero no especificó la organización administrativa responsable de su edición y coste económico, así como de la dirección y ordenación de las inserciones de disposiciones y anuncios.
Con posterioridad surgen numerosas disposiciones (Reales Órdenes de 26 de marzo de 1837, 5 de julio de 1837, 6 de abril de 1839, 4 de abril de 1840, 24 de mayo de 1846, 3 de septiembre de 1846, 21 de enero de 1849, 15 de julio de 1849 y 8 de octubre de 1856) que completan la Real Orden de creación de estos boletines oficiales, atribuyendo a los entonces Jefes Políticos la responsabilidad de la edición de los mismos, siendo los órganos decisorios para la inserción de los correspondientes textos, atribuciones éstas que obedecían a su configuración como agentes estatales de comunicación y control de las provincias y de las autoridades locales, a quienes trasladaban las disposiciones dictadas por el Gobierno, verificando su obligado cumplimiento.
A partir de las Reales Órdenes de 8 de octubre de 1856 y de 1 de agosto de 1871, la gestión material del servicio de edición de los Boletines Oficiales de la Provincia pasa a ser responsabilidad de las Diputaciones Provinciales quienes, además, asumían el coste de tal edición, que pasó a considerarse como obligación de dichas Entidades.
Esta regulación de los Boletines Oficiales de la Provincia ha dado lugar, desde hace largo tiempo, a diversos problemas derivados, fundamentalmente, de la falta de adecuación de esta normativa a la nueva configuración territorial del Estado, lo que ha llevado a la existencia de un consenso generalizado en torno a la necesidad de una reforma legal que clarifique definitivamente esta cuestión nuclear y, con ello, el régimen de gestión de este servicio.
La disposición adicional quinta de la Ley 25/1998, de 13 de julio, de modificación del Régimen Legal de las Tasas Estatales y Locales y de Reordenación de las Prestaciones Patrimoniales de Carácter Público, dio una nueva redacción al artículo 122 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales, añadiéndose un nuevo párrafo a dicho artículo, donde se establece que "Las Diputaciones Provinciales seguirán editando y publicando el Boletín Oficial de la Provincia, pudiendo a tal efecto establecer y exigir tasas y precios por la inserción de anuncios y edictos, y la suscripción y venta de ejemplares". Con este precepto se resolvió el problema económico planteado a las Diputaciones a la hora de hacer frente a los gastos ocasionados por la prestación de este servicio, si bien seguía sin existir una regulación específica del régimen jurídico de estos boletines.
Por su parte, el Congreso de los Diputados aprobó el 13 de diciembre de 2000 una Proposición no de Ley, en la que "insta al Gobierno a que, tras los oportunos estudios y consultas, se proceda a dictar la normativa adecuada del servicio de publicación del Boletín Oficial de la Provincia. Entre otros aspectos, esta nueva normativa preverá la posibilidad de que aquellas Comunidades Autónomas, en que así lo acuerden sus respectivos Parlamentos, puedan unificar en una sola publicación oficial los Boletines Oficiales de las Provincias de su territorio con el Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma, de acuerdo con el respectivo Gobierno autonómico y los entes locales de su ámbito territorial".
En cumplimiento de este acuerdo, la presente Ley dota a los Boletines Oficiales de la Provincia de un marco jurídico completo y acorde con la actual configuración de la provincia en la Constitución Española de 1978 y en la propia Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, como entidad local dotada de autonomía para la gestión de sus respectivos intereses, previéndose expresamente la posibilidad de integración de estos boletines en el de la Comunidad Autónoma respectiva.
Así, se configura expresamente al Boletín Oficial de la Provincia como un servicio público de ámbito provincial, competencia de las Diputaciones Provinciales, a las que corresponde su edición y gestión. Al tratarse de una atribución competencial, es necesaria una norma con rango de Ley por imperativo del artículo 7.1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, donde se establece que las competencias propias de las entidades locales territoriales sólo podrán determinarse por Ley.
En este sentido, la necesidad de que las distintas Administraciones públicas y la propia Administración de Justicia dispongan de un instrumento para dar publicidad a sus disposiciones y actuaciones en el ámbito provincial queda atendida, estableciendo en la Ley la inserción obligatoria de aquéllas.
Por otra parte, como viene sucediendo en la actualidad, la publicación de los textos estará sujeta a la correspondiente ordenanza reguladora del servicio aprobada por la Diputación Provincial, de acuerdo con lo previsto en el artículo 122 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales, siendo la suscripción obligatoria para los Entes locales de la provincia.
En las disposiciones adicionales se contempla la posibilidad de que las Comunidades Autónomas puedan acordar la integración de los Boletines Oficiales de sus Provincias en el Boletín Oficial de la Comunidad, a fin de posibilitar una simplificación en los instrumentos de publicidad normativa existentes, si bien dicha posibilidad deberá contar con el acuerdo de la Diputación Provincial, a fin de respetar los ámbitos de autonomía de la provincia y de la Comunidad Autónoma respectiva.
Por otro lado, también se contempla el reconocimiento de los regímenes especiales derivados de la Constitución y de los Estatutos de Autonomía recogidos en los artículos 39 a 41 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local.
Por último, la Ley se dicta al amparo de las competencias reconocidas al Estado en el artículo 149.1.18.a de la Constitución, por tratarse de una base del régimen jurídico administrativo que garantiza un tratamiento común a todos los ciudadanos, en relación con el artículo 9.3 de la Constitución (principio de publicidad de las normas), a lo que hay que añadir, en el presente caso, la relación existente con el principio de publicidad de las actuaciones judiciales, recogido en el artículo 120.1 de la Constitución.
En este sentido, el Tribunal Constitucional, en el fundamento jurídico 8 de la sentencia 233/1999, de 16 de diciembre, señala, por un lado, que la publicación de los actos jurídicos emanados de las Corporaciones Locales en los Boletines Oficiales de las Provincias ha de considerarse una decisión básica incardinable en la competencia atribuida al Estado por el artículo 149.1.18.a de la Constitución, pues exige un tratamiento común y uniforme en todo el territorio del Estado que sólo puede garantizar el legislador estatal, y, por otro lado, que la publicación de anuncios y acuerdos en el Boletín Oficial de la Provincia resulta plenamente acorde con la dimensión constitucional que a ésta atribuye el artículo 141 de la Constitución, en su doble condición de agrupación de municipios y división territorial para el cumplimiento de las actividades del Estado, entre las que hay que incluir las de las propias Corporaciones Locales en que se organiza territorialmente este último.
El Boletín Oficial de la Provincia es el periódico oficial en el que se publicarán las disposiciones de carácter general y las ordenanzas, así como los actos, edictos, acuerdos, notificaciones, anuncios y demás resoluciones de las Administraciones públicas y de la Administración de Justicia de ámbito territorial provincial, cuando así esté previsto en disposición legal o reglamentaria.
Los textos publicados en el Boletín Oficial de la Provincia tienen la consideración de oficiales y auténticos.
El Boletín Oficial de la Provincia es un servicio público de carácter provincial, competencia propia de las Diputaciones Provinciales, a las que corresponde su edición y gestión.
Cada Diputación Provincial regulará el modo y forma de gestión del Boletín, su edición, distribución y venta. A tal efecto, deberá aprobar la oportuna ordenanza reguladora del servicio, pudiendo a tal efecto establecer y exigir tasas y precios por la inserción de anuncios y edictos, y la suscripción y venta de ejemplares.
La suscripción al Boletín Oficial de la Provincia será obligatoria para los entes locales de la provincia, que deberán abonar la misma en los términos y con las excepciones que prevean las ordenanzas reguladoras.
El Boletín Oficial de la Provincia se publicará con periodicidad mínima de tres veces por semana, debiendo coincidir la fecha del Boletín con la de su efectiva publicación.
El Boletín Oficial de la Provincia se publicará en castellano y, en su caso, en la lengua que sea cooficial en el territorio, conforme a lo establecido por la legislación específica de las Comunidades Autónomas.
1. Las Diputaciones Provinciales están obligadas a publicar en el Boletín Oficial de la Provincia cuantas disposiciones, ordenanzas, resoluciones, edictos, anuncios, actos o acuerdos de las distintas Administraciones públicas y de la Administración de Justicia deban ser insertados en el mismo en virtud de disposición legal o reglamentaria, así como otros actos o anuncios que aquéllas les remitan, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 11 de esta Ley.
La orden de inserción corresponde al órgano competente de la correspondiente Administración anunciante, y será cumplimentada por la Diputación Provincial siempre que cumpla los requisitos establecidos en la presente Ley.
2. Los anuncios particulares podrán, asimismo, ser insertados en el Boletín Oficial de la Provincia, en los términos que se regulen en la correspondiente ordenanza provincial.
1. Los originales serán transcritos en la misma forma en que se hallen redactados y autorizados por el órgano remitente, sin que por ninguna causa puedan variarse o modificarse sus textos una vez éstos hayan tenido entrada en el Boletín Oficial, salvo que el órgano remitente lo autorice de forma fehaciente.
2. La publicación de los originales se realizará por orden cronológico de presentación, que sólo podrá ser alterado cuando la publicación sea declarada urgente por el órgano remitente en la orden de inserción, o cuando el volumen del texto a publicar así lo exija, respetándose en todo caso el plazo máximo establecido en el apartado siguiente.
3. La publicación deberá ser realizada en el plazo máximo de 15 días hábiles posteriores al pago de la tasa correspondiente, si éste procediera, o, en su defecto, de la recepción de la orden de inserción. En caso de publicación urgente, dicho plazo se reducirá a 6 días hábiles.
4. Los originales que se envíen al Boletín Oficial de la Provincia tendrán carácter reservado. No podrá facilitarse información alguna acerca de los mismos, salvo autorización expresa del órgano remitente.
5. Si algún texto aparece publicado con erratas que alteren o modifiquen su contenido, será reproducido inmediatamente en su totalidad o en la parte necesaria, con las debidas correcciones.
A fin de comprobar la autenticidad de los documentos, los servicios correspondientes de la Diputación Provincial llevarán un registro de las autoridades y funcionarios facultados para firmar la orden de inserción de los originales destinados a su publicación, en el que constarán la firma autógrafa y el nombre y cargo de la persona a la que pertenezca.
A estos efectos, los órganos correspondientes de las Administraciones públicas y de la Administración de Justicia acreditarán ante la Diputación Provincial, según su normativa específica, a las personas facultadas para ordenar la inserción, así como las modificaciones que se produzcan.
Conforme a lo dispuesto en el artículo 45 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, las Diputaciones Provinciales impulsarán el empleo y aplicación de las técnicas y medios electrónicos, informáticos y telemáticos en la prestación del servicio del Boletín Oficial de la Provincia, debiendo quedar en todo caso garantizada la autenticidad de los documentos insertados.
Las Diputaciones Provinciales facilitarán en sus locales la consulta pública y gratuita del Boletín Oficial de la Provincia.
Esta obligación será extensiva a los Ayuntamientos de la provincia.
1. La publicación de los textos en el Boletín Oficial de la Provincia estará sujeta al previo pago de la tasa provincial, de acuerdo con lo que establezca la ordenanza reguladora aprobada por la correspondiente Diputación Provincial.
2. Estarán exentos del pago de la tasa:
a) La publicación de disposiciones y las resoluciones de inserción obligatoria.
b) Los anuncios oficiales, cualquiera que sea el solicitante de la inserción, cuando la misma resulte obligatoria, de acuerdo con una norma legal o reglamentaria, así como los edictos y anuncios de Juzgados y Tribunales cuando la inserción sea ordenada de oficio.
3. Se exceptúan de la exención a que se refiere el apartado anterior las siguientes publicaciones:
a) Los anuncios publicados a instancia de particulares.
b) Los anuncios de licitaciones de todo tipo de contratos, de acuerdo con lo establecido en su legislación específica.
c) Los anuncios oficiales de la Administración de Justicia a instancia de particulares.
d) Los anuncios cuyo coste sea repercutible a los interesados según las disposiciones aplicables.
e) Los anuncios derivados de procedimientos sujetos al pago de una tasa, precio público u otro tipo de derechos económicos.
f) Los anuncios que puedan reportar, directa o indirectamente, un beneficio económico al remitente o solicitante, o tuvieran contenido económico.
No se considerará, a estos efectos, que reporta un beneficio económico o que tenga contenido económico las citaciones para ser notificados por comparecencia en los procedimientos de recaudación de los diferentes tributos o exacciones parafiscales, en los casos en que, intentada la notificación al interesado o representante por parte de la Administración tributaria o entidades y corporaciones de derecho público a las que corresponde su recaudación, ésta no haya sido posible.
g) Los anuncios que puedan o deban publicarse además en un diario, según disposición legal o reglamentaria.
La respectiva ordenanza reguladora de la tasa podrá declarar la exención de todos o alguno de los supuestos exceptuados.
Las ordenanzas reguladoras de las tasas podrán prever la posibilidad de suscripción de convenios de colaboración interadministrativa mediante los cuales se arbitren sistemas específicos para realizar la liquidación y pago global de las tasas por publicación de textos, en cuyo caso no será de aplicación lo previsto en el artículo anterior.
Con la misma finalidad, podrán suscribirse convenios para el pago de las tasas correspondientes a la publicación de anuncios particulares, en los términos que fijen las correspondientes ordenanzas.
De acuerdo con lo establecido en los artículos 55.d) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, y 4.1.d) de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, la Administración General del Estado y la de las Comunidades Autónomas prestarán, en el ámbito propio, la cooperación y asistencia activas que la Administración provincial pueda precisar para el mantenimiento y modernización del Boletín Oficial de la Provincia.
1. Los Parlamentos de las Comunidades Autónomas podrán, a propuesta del Gobierno autonómico, y previa aceptación de la Diputación Provincial, acordar la integración del Boletín Oficial de la Provincia en el Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma respectiva, en cuyo caso se regulará por la normativa autonómica, siendo en todo caso de aplicación lo previsto en los artículos 1 ; 4 ; 5; 6, apartado 1; y 7, apartados 1, 4 y 5, de la presente Ley.
Asimismo, la referencia contenida en el artículo 6.1 a las Diputaciones Provinciales se entenderá realizada al órgano encargado de la publicación del Boletín Oficial de la respectiva Comunidad Autónoma, correspondiendo a ésta establecer el régimen económico de las citadas publicaciones.
2. En los casos en que se acuerde esta integración, el Boletín Oficial de cada una de las Provincias contará con una sección independiente identificada con su nombre o bien deberá señalarse claramente en el encabezamiento del Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma respectiva que éste incluye los correspondientes Boletines Oficiales de las Provincias, a fin de garantizar la publicidad de sus contenidos.
3. El acuerdo de integración tendrá una vigencia de diez años, transcurridos los cuales se entenderá automáticamente prorrogado cada diez años si no hay denuncia expresa del acuerdo por el Gobierno autonómico o la Diputación Provincial.
Los Boletines Oficiales de las Comunidades Autónomas uniprovinciales se regirán por su legislación específica, siéndoles en todo caso de aplicación los artículos de la presente Ley citados en el número 1 de la disposición adicional primera.
La referencia contenida en el artículo 6.1 a las Diputaciones Provinciales, se entenderá realizada al órgano correspondiente encargado de la publicación del Boletín Oficial de la respectiva Comunidad Autónoma uniprovincial, correspondiendo a ésta establecer el régimen económico de las citadas publicaciones.
La presente Ley será de aplicación en la Comunidad Foral de Navarra en los términos establecidos en la disposición adicional primera de la Constitución y en la Ley Orgánica 13/1982, de 10 de agosto, de Reintegración y Amejoramiento del Régimen Foral de Navarra.
La referencia contenida en el artículo 6.1 a las Diputaciones Provinciales se entenderá realizada al órgano correspondiente encargado de la publicación del Boletín Oficial de la Comunidad Foral, correspondiendo a ésta establecer el régimen económico de la citada publicación.
Los Boletines Oficiales de las Provincias de Las Palmas y de Santa Cruz de Tenerife se regirán por su normativa específica, de acuerdo con lo dispuesto en la disposición transitoria sexta de la Ley Orgánica 10/1982, de 10 de agosto, de Estatuto de Autonomía de Canarias, respecto a las Mancomunidades Provinciales Interinsulares, siéndoles en todo caso de aplicación lo dispuesto en la disposición adicional segunda respecto a las Comunidades Autónomas uniprovinciales.
La presente Ley será de aplicación a los Boletines Oficiales de los Territorios Históricos del País Vasco de acuerdo con las especificidades derivadas de lo previsto en la disposición adicional primera de la Constitución, el Estatuto de Autonomía para el País Vasco y la disposición adicional segunda de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local.
La referencia contenida en el artículo 6.1 a las Diputaciones Provinciales se entenderá realizada a las Diputaciones Forales, correspondiendo a éstas establecer el régimen económico de las citadas publicaciones.
La presente Ley será de aplicación a los Boletines Oficiales de las Ciudades de Ceuta y Melilla, que deberán publicarse con una periodicidad mínima de dos veces por semana.
La referencia contenida en el artículo 6.1 a las Diputaciones Provinciales, se entenderá realizada al órgano correspondiente encargado de la publicación del Boletín Oficial de la Ciudad, correspondiendo a ésta establecer el régimen económico de las citadas publicaciones.
Las Diputaciones Provinciales deberán adecuar sus ordenanzas a lo establecido en esta Ley en el plazo máximo de seis meses a partir del 1 de enero del ejercicio económico siguiente a su entrada en vigor.
El artículo 5 será de aplicación a los dos años de la entrada en vigor de la presente Ley.
Quedan derogadas las Reales Órdenes de 20 de abril de 1833, 26 de marzo de 1837, 5 de julio de 1837, 9 de octubre de 1838, 6 de abril de 1839, 4 de abril de 1840, 24 de mayo de 1846, 3 de septiembre de 1846, 21 de enero de 1849, 15 de julio de 1849, 8 de octubre de 1856, 1 de agosto de 1871, 9 de julio de 1872, 3 de noviembre de 1907 y 8 de agosto de 1915.
Quedan asimismo derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan a lo establecido en esta Ley.
La presente Ley constituye legislación básica, dictada al amparo del artículo 149.1.18.a de la Constitución.
Por tanto, Mando a todos los españoles, particulares y autoridades, que guarden y hagan guardar esta Ley.
Madrid, 4 de abril de 2002.
JUAN CARLOS R.
El Presidente del Gobierno,
JOSÉ MARÍA AZNAR LÓPEZ
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