Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Este texto consolidado es de carácter informativo y no tiene valor jurídico.[Bloque 1: #pr]
La Ley 36/2015, de 28 de septiembre, de Seguridad Nacional, establece que la política de Seguridad Nacional es una política pública, en la que bajo la dirección del Presidente del Gobierno y la responsabilidad del Gobierno, participan todas las administraciones públicas, de acuerdo con sus respectivas competencias, y la sociedad en general, para responder a las necesidades de la Seguridad Nacional.
Para materializar esta visión inclusiva del conjunto de los componentes del sector público, del sector privado y de la sociedad en su conjunto en la plasmación de la política de Seguridad Nacional, la citada ley prevé que la Estrategia de Seguridad Nacional se configure como el marco político estratégico de referencia de la Política de Seguridad Nacional. Asimismo, prevé que contendrá el análisis del entorno estratégico, la concreción de los riesgos y amenazas que afectan a la seguridad de España, la definición de las líneas de acción estratégicas en cada ámbito de actuación y la promoción de la optimización de los recursos existentes.
A nivel procedimental, establece que será elaborada a iniciativa del Presidente del Gobierno, quien la someterá a la aprobación del Consejo de Ministros, y se revisará cada cinco años o cuando lo aconsejen las circunstancias cambiantes del entorno estratégico. Una vez aprobada, será presentada en las Cortes Generales y, en concreto, en la Comisión Mixta Congreso-Senado de Seguridad Nacional.
En el año 2011 se aprobó la primera Estrategia Española de Seguridad al término de la IX Legislatura, sin margen temporal para su desarrollo.
En la X Legislatura, y tras la adecuación de la estructura de la Presidencia del Gobierno que dio carta de naturaleza a la creación del Departamento de Seguridad Nacional, por Real Decreto 1119/2012, de 20 de julio, se procedió a la revisión de la Estrategia de 2011, que tras un proceso de amplio espectro, consensuado a nivel político y abierto a la sociedad, cristalizó el 31 de mayo de 2013 en una nueva Estrategia de Seguridad Nacional, estrategia que fue sustituida por la aprobada a propuesta del Presidente del Gobierno y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 1 de diciembre de 2017, vigente actualmente.
El Presidente del Gobierno consideró que las circunstancias cambiantes, planteadas en España y en el mundo en general por la situación de la pandemia de la COVID-19 hacían necesario adelantar el periodo de renovación de la Estrategia de Seguridad Nacional vigente desde el año 2017 y, en la reunión del Consejo de Seguridad Nacional del 22 de junio de 2020, dio el mandato de iniciar la elaboración de una nueva estrategia, ahora materializada.
A iniciativa del Presidente del Gobierno, el Consejo de Seguridad Nacional celebrado el día 6 de octubre de 2020 adoptó el Acuerdo por el que se aprueba el procedimiento para la elaboración de la Estrategia de Seguridad Nacional 2021, y que ha sido elaborada de acuerdo con las previsiones de la Ley de Seguridad Nacional.
Las motivaciones que han impulsado la revisión de la vigente Estrategia se centran en la necesidad de adaptarla a la cambiante situación de los ámbitos de la Seguridad Nacional, sin olvidar el importante cambio operado por la pandemia de la COVID-19, que obligan a todos los poderes públicos a profundizar en la forma de garantizar los derechos y el bienestar de los ciudadanos, garantizando la defensa de España y sus principios y valores constitucionales.
El texto de la nueva Estrategia, elaborado de conformidad con el procedimiento aprobado en el acuerdo antes mencionado, ha sido sometido a informe favorable del Consejo de Seguridad Nacional en su reunión celebrada el día 18 de noviembre de 2021.
La aprobación de la Estrategia corresponde al Gobierno mediante real decreto según dispone el artículo 14.b) de la Ley 36/2015, de 28 de septiembre, de Seguridad Nacional, a propuesta del Presidente del Gobierno, según lo establecido en el artículo 15.b) del mismo texto legal.
En su virtud, a propuesta del Presidente del Gobierno, y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 28 de diciembre de 2021,
DISPONGO:
[Bloque 2: #au]
Se aprueba la Estrategia de Seguridad Nacional 2021, la cual se configura como el marco político-estratégico de referencia de la política de Seguridad Nacional, y cuyo texto se incluye a continuación.
[Bloque 3: #dd]
Queda derogado el Real Decreto 1008/2017, de 1 de diciembre, por el que se aprueba la Estrategia de Seguridad Nacional 2017.
[Bloque 4: #df]
Este real decreto se dicta al amparo de los títulos competenciales previstos en el artículo 149.1.4.ª y 29.ª de la Constitución Española, que atribuye al Estado la competencia exclusiva en materia de Defensa y Fuerzas Armadas y en materia de seguridad pública, respectivamente.
[Bloque 5: #df-2]
Se autoriza al Gobierno para dictar cuantas disposiciones sean necesarias para el desarrollo de este real decreto.
[Bloque 6: #df-3]
El presente real decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».
[Bloque 7: #fi]
Dado en Madrid, el 28 de diciembre de 2021.
FELIPE R.
El Presidente del Gobierno,
PEDRO SÁNCHEZ PÉREZ-CASTEJÓN
[Bloque 8: #es]
El Consejo de Seguridad Nacional ha sido el órgano responsable de la elaboración de la Estrategia de Seguridad Nacional 2021, en cuyo proceso han participado los departamentos ministeriales y el Centro Nacional de Inteligencia.
También han participado las Comunidades y Ciudades Autónomas a través de la Conferencia Sectorial para Asuntos de Seguridad Nacional.
La Estrategia de Seguridad Nacional 2021 incluye asimismo las aportaciones de expertos independientes, personas de reconocido prestigio, conocimientos y experiencia en el campo de la seguridad.
La coordinación del proceso ha sido llevada a cabo por el Departamento de Seguridad Nacional del Gabinete de la Presidencia del Gobierno en su condición de Secretaría Técnica y Órgano de Trabajo Permanente del Consejo de Seguridad Nacional.
RESUMEN EJECUTIVO
La Estrategia de Seguridad Nacional 2021 se estructura en cinco capítulos.
El primer capítulo, titulado «Seguridad Global y Vectores de Transformación», analiza el contexto internacional de seguridad. La Estrategia identifica la pandemia de la COVID-19 como un factor que ha producido una aceleración de las principales dinámicas globales que afectan a la seguridad. Sin poder afirmar categóricamente que se trata de un cambio de era, sí que se percibe el momento actual como etapa de transición. La característica predominante es la incertidumbre sobre un futuro donde la transformación digital y la transición ecológica se configuran como las principales palancas de cambio en un escenario de mayor competición geopolítica.
El segundo capítulo, «Una España Segura y Resiliente», traza un perfil de España y su seguridad. Desde su identificación como país de condición europea, mediterránea y atlántica, se realiza un recorrido geográfico, donde Europa, Magreb y Oriente Próximo, África Subsahariana, América del Norte, América Latina y el Caribe, y Asia-Pacífico se analizan desde el prisma de la Seguridad Nacional.
El tercer capítulo recoge los riesgos y las amenazas a la Seguridad Nacional, cuyas principales características son su interrelación y dinamismo. De esta forma, el seguimiento de las conexiones entre riesgos resulta tan importante como su análisis de forma independiente. La principal actualización en el mapa de riesgos es la inclusión de las campañas de desinformación. Además, la tecnología y las estrategias híbridas son elementos transversales al conjunto de riesgos y amenazas a la Seguridad Nacional.
El cuarto capítulo, titulado «Un Planeamiento Estratégico Integrado», establece tres objetivos, que marcan las prioridades de la Seguridad Nacional para este ciclo estratégico. El primer objetivo es avanzar en materia de gestión de crisis; el segundo objetivo es favorecer la dimensión de la seguridad de las capacidades tecnológicas y los sectores estratégicos; y el tercer objetivo es desarrollar la capacidad preventiva, de detección y respuesta frente a las estrategias híbridas.
A continuación, la Estrategia traza tres ejes –proteger, promover y participar– sobre los que se estructuran las líneas de acción. Este planteamiento otorga especial relevancia al avance en la integración del Sistema de Seguridad Nacional y a la acción frente a situaciones de crisis. A los efectos de articular una política preventiva, se identifica como área clave el establecimiento de un sistema de alerta temprana, sobre una base tecnológica, que proporcione indicadores para todos los ámbitos de la Seguridad Nacional.
La Estrategia de Seguridad Nacional 2021 plantea iniciativas necesarias, como por ejemplo, la creación de una reserva estratégica basada en capacidades nacionales de producción industrial o el desarrollo de un plan integral de seguridad para Ceuta y Melilla.
En el plano internacional, España apuesta por una mayor autonomía estratégica europea, donde al impulso de la Política Común de Seguridad y Defensa y del espacio de libertad, seguridad y justicia se unen la mejora de la seguridad sanitaria, el avance en la unión energética o el mayor protagonismo de la Unión Europea en la gestión de crisis transfronterizas. Además, en materia de seguridad colectiva, la revisión estratégica de la OTAN supondrá un hito importante, que incluirá la colaboración con la Unión Europea como una de sus líneas de acción.
Finalmente, el quinto capítulo está dedicado a la gestión de crisis en el marco del Sistema de Seguridad Nacional, con un enfoque que parte de una visión del principio de resiliencia que incluye la progresión desde una situación de normalidad hasta la recuperación después de una situación de crisis. El avance en la integración del Sistema se materializa en actuaciones concretas. La primera de ellas es la elaboración de un catálogo de recursos de la Seguridad Nacional. La segunda es la preparación de planes de respuesta para determinados escenarios. La tercera es el desarrollo de un sistema de alerta temprana y análisis con indicadores que faciliten la toma de decisiones basada en datos objetivos concretos. La cuarta medida hace referencia a la integración de la información de la Seguridad Nacional a través de soluciones tecnológicas. La mejora de las comunicaciones especiales de la Presidencia del Gobierno es la quinta medida, que contribuirá a la eficiencia del Sistema de Seguridad Nacional, al permitir una mayor coordinación entre administraciones en materia de gestión de crisis. La sexta y última medida contempla la integración de las Comunidades y Ciudades Autónomas en el Sistema de Seguridad Nacional.
INTRODUCCIÓN
En condiciones normales, la revisión de la Estrategia de Seguridad Nacional 2017 hubiese llevado a cabo pasados cinco años. Sin embargo, el impacto de la pandemia de la COVID-19 y el incremento en el empleo de estrategias híbridas han aconsejado una revisión estratégica que permita enfrentar los riesgos y las amenazas en un renovado contexto de globalización, condicionado por una mayor incertidumbre y un cambio acelerado.
La pandemia ha sido el evento con mayor impacto global desde la Segunda Guerra Mundial, con grave afectación a la salud, la economía y la seguridad. Aun cuando se hayan superado todos sus efectos, perdurará la interdependencia del mundo actual, que contribuye a generar vulnerabilidades y a menudo actúa como factor multiplicador de las amenazas a medio y a largo plazo. Las pandemias, el cambio climático, los ciberataques o las crisis financieras son todos riesgos y amenazas complejas, a menudo interconectadas, que pueden desencadenar crisis en cascada.
En particular, los efectos del cambio climático pueden agudizar crisis económicas, políticas y geopolíticas derivadas de la escasez alimentaria e hídrica en muchas partes del mundo. Como consecuencia, podrían agravarse las situaciones de migraciones masivas, inestabilidad regional e incluso producirse nuevos conflictos armados. Asimismo, el calentamiento global tendrá repercusiones directas en España, pues provocará fenómenos meteorológicos adversos más extremos y frecuentes, sequías, olas de calor, inundaciones, escasez de agua y perjuicios para la biodiversidad.
Por otra parte, como muestra la realidad de los últimos años, el uso de estrategias híbridas por parte de actores estatales y no estatales como herramienta para presionar a los gobiernos democráticos es cada vez más frecuente.
A la hora de responder a las amenazas globales se plantea un dilema entre el repliegue estratégico de los Estados como forma de protección y la necesaria colaboración e intercambio de información entre países y organizaciones para buscar soluciones conjuntas. Este dilema paradigmático dificulta la articulación de respuestas en el marco de las organizaciones internacionales.
Por eso, ante futuras amenazas y crisis globales, será importante invertir esfuerzos en reforzar un sistema multilateral universal y regional que sea capaz de responder de forma coordinada y efectiva. En este sentido, y a la luz de la experiencia en Afganistán, la Unión Europea debe efectuar acciones conjuntas militares que contribuyan a reforzar el vínculo trasatlántico y que favorezcan la gestión de crisis transfronterizas y su autonomía estratégica. En particular, la Unión Europea debe asumir un mayor papel a la hora de gestionar desafíos, como las pandemias, el terrorismo internacional, los ciberataques o las campañas de desinformación, que requieren respuestas colectivas y la integración de capacidades.
La magnitud de los riesgos y las amenazas actuales requiere la correcta adecuación de los recursos, medios, sistemas y organizaciones disponibles para hacerles frente. La pandemia ha puesto de relieve la importancia de los sistemas de alerta temprana, de la fusión y el análisis de la información y de los planes de respuesta para la gestión de crisis, medidas todas ellas que facilitan y agilizan la toma de decisiones. Para ello, es necesario disponer de un Sistema de Seguridad Nacional digitalizado, capaz de proporcionar datos para la toma de decisiones en tiempo oportuno.
La prevención y la adaptación serán las claves para lograr un Sistema de Seguridad Nacional eficiente. Esto requiere:
Más anticipación: La Estrategia de Seguridad Nacional debe orientar la implantación de un sistema de alerta temprana y la preparación de planes de gestión de crisis. Todo ello con la participación de las Comunidades Autónomas, ya que numerosos recursos y capacidades de detección y gestión están entre sus competencias transferidas.
Más integración: La visión integral de la Seguridad Nacional requiere la necesaria coordinación del conjunto de las Administraciones Públicas y recursos del Estado, la colaboración público-privada y la implicación de la ciudadanía.
Más resiliencia: Para reducir la vulnerabilidad es tan necesario mitigar riesgos como robustecer la resiliencia, es decir, la capacidad de resistencia, transformación y recuperación ante una situación adversa.
Además, para gestionar futuras crisis y poder contar con los recursos críticos necesarios, es importante asegurar que las cadenas de suministro de estos recursos no dependan excesivamente del exterior. Asimismo, esto contribuirá a contener la expansión de las crisis, al fortalecer la resiliencia de la sociedad y de la economía.
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El primer capítulo de la Estrategia de Seguridad Nacional describe el contexto internacional de seguridad y traza las principales dinámicas de transformación.
El orden global y el paradigma socio-económico liberal se encuentran en un periodo de cambio, sin que aún se haya definido claramente el nuevo panorama del sistema internacional. Los principales vectores de transformación son: el contexto geopolítico, el entorno socio-económico, la transformación digital y la transición ecológica.
Contexto geopolítico
El escenario geopolítico global se encuentra en un punto de inflexión. Por un lado, la arquitectura del sistema internacional se ve sujeta a una mayor presión y se recrudecen las controversias entre Estados. Por otro, se reivindica la necesidad de un multilateralismo eficaz para hacer frente a crisis de carácter global.
Se observa tensión entre las políticas de corte proteccionista o unilateral y los esfuerzos, sobre todo de la Unión Europea, para fortalecer el multilateralismo.
En los últimos años, las dinámicas de confrontación y competencia han prevalecido sobre las de negociación y acuerdo, lo que se ha traducido en un deterioro generalizado de las relaciones internacionales en todas sus facetas: comercial, tecnológica, diplomática o militar. Además, el declive democrático experimentado durante los últimos años contribuye a una mayor inestabilidad y dificulta la adopción de soluciones conjuntas.
En consecuencia, en muchas ocasiones, la gobernanza internacional en aspectos de seguridad, cambio climático o bienes públicos globales se ha visto suplantada por una cooperación ad hoc, marcada por alianzas de geometría variable. Esta tendencia se ha visto favorecida por los cambios en la distribución de poder y está contribuyendo a un multilateralismo de nuevo cuño, híbrido y con más actores emergentes y no estatales.
A su vez, ha aumentado el uso de las estrategias híbridas que, mediante acciones coordinadas y multidimensionales, tratan de explotar las vulnerabilidades de los Estados y sus instituciones con un objetivo de desestabilización o coerción política, social o económica. Estas estrategias se caracterizan por la dificultad de atribuir su autoría y por emplear medios que pueden incluir, además de acciones convencionales, otras como campañas de desinformación, ciberataques, espionaje, subversión social, sabotaje, coacción económica o el uso asimétrico de medios militares.
De forma destacada, la contestación del multilateralismo se enmarca en la creciente rivalidad geopolítica, comercial y tecnológica entre Estados Unidos y China. El esfuerzo de Estados Unidos por consolidar alianzas y retomar cierto liderazgo en la gobernanza global forma parte de este pulso entre ambas potencias.
La expansión económica de China, junto con un mayor proteccionismo de Estados Unidos, han provocado una creciente tensión en sus relaciones comerciales. Esta situación se ha materializado en una escalada de medidas arancelarias y restricciones a la exportación y la inversión adoptadas por ambas potencias.
La disputa es particularmente intensa en el ámbito tecnológico, donde se está produciendo una carrera por la supremacía mundial, que incluye el control de exportaciones de tecnologías críticas y de doble uso. China, que ha logrado un gran desarrollo en la tecnología 5G y la Inteligencia Artificial busca alcanzar una posición de preeminencia que le permita definir los estándares y protocolos técnicos e industriales, así como ostentar el liderazgo en inversiones extranjeras directas en los operadores de redes y servicios.
Esta competición podría dar lugar a una brecha digital y productiva que desemboque en el desarrollo paralelo, pero diferenciado, de dos bloques tecnológicos. De esta forma, podría producirse un escenario de desacoplamiento en el que las cadenas de suministro de sectores estratégicos serían repatriadas o sometidas a un mayor control.
Adicionalmente, China ha redoblado sus esfuerzos por aumentar su peso en las organizaciones internacionales, con el objetivo de alcanzar una posición que le permita influir en las reformas de la gobernanza global. En términos globales, su capacidad de influencia relativa a la de Estados Unidos ha aumentado significativamente en las últimas tres décadas y ha logrado suplantar la influencia de países occidentales en muchas regiones, particularmente de África y del Sudeste Asiático.
En este panorama de tensión, Rusia se ha esforzado en los últimos años por lograr una posición de mayor liderazgo en la escena internacional, apostando por la multipolaridad, el reconocimiento a su «singularidad» y el reparto de áreas de influencia. La política expansionista de Rusia se ha visto reflejada en sus intervenciones en Siria y Libia y en su acercamiento a potencias con aspiraciones regionales como Turquía, India o Irán.
Al mismo tiempo, el orden nuclear heredado de la guerra fría se ha visto erosionado con el desmantelamiento de varios de los acuerdos de control de armas que limitaban la carrera armamentística entre Estados Unidos y Rusia, como el Tratado sobre Fuerzas Nucleares de Alcance Intermedio (INF). Sin embargo, Estados Unidos ha firmado un acuerdo con Rusia que renueva el Tratado de Reducción de Armas Estratégicas, conocido como New START. Además, ha indicado su interés en un retorno al Plan de Acción Integral Conjunto (PAIC) sobre el programa nuclear iraní, del que se retiró en 2018.
Potencias regionales, como Irán o Turquía, también han reforzado su influencia geopolítica en un contexto de fragmentación global y conflictos regionales, sobre todo en Oriente Medio y el Mediterráneo. Es posible que los conflictos en Palestina, Israel, Libia, Irak, Siria o Yemen continúen siendo escenarios de enfrentamiento entre diferentes actores estatales y no estatales, tanto nacionales como extranjeros.
La retirada de Estados Unidos y de la OTAN de Afganistán tras 20 años de presencia continua abre otro frente de competición geoestratégica, además de significar un posible uso del territorio afgano como refugio y base de acciones terroristas por parte de grupos yihadistas.
Por otro lado, la inestabilidad generada en el Mediterráneo oriental por las prospecciones gasísticas en el mar territorial en disputa entre Turquía, Chipre y Grecia muestra una tendencia a la unilateralidad en los litigios marítimos, dificulta una postura común de la Unión Europea y aumenta la dificultad de consenso dentro de la OTAN.
África subsahariana se está convirtiendo en escenario de rivalidades entre distintas potencias extrarregionales. En el Sahel, la desestabilización causada por el terrorismo yihadista se solapa con conflictos intercomunitarios en Estados que carecen de fortaleza institucional para hacer frente con éxito a este desafío múltiple. Todas estas dinámicas, unidas a la pobreza y desigualdad, agudizan la inseguridad imperante en varios países de la región.
Por su parte, la Unión Europea continúa su apuesta por una sólida relación transatlántica, al tiempo que define su postura hacia China entre la competición y la cooperación, en un ambiente de creciente inestabilidad en su vecindario oriental.
En este contexto multipolar y competitivo, se incrementa la necesidad de reforzar la autonomía estratégica de la Unión Europea, tanto en términos de política comercial e industrial comunitaria como en el desarrollo pleno de su Política Exterior y de Seguridad Común. Para ello, tendrá que lograr un equilibrio acorde con los compromisos de Derecho Internacional sobre la protección y garantía de los derechos humanos y con su papel como defensora de la democracia, el libre comercio y el multilateralismo.
Escenario socio-económico
La pandemia de la COVID-19 desencadenó la peor crisis económica mundial desde la Segunda Guerra Mundial, con una caída sin precedentes del Producto Interior Bruto (PIB) y de la actividad laboral mundial. La magnitud de sus efectos ha sido muy desigual, en función del tejido productivo de cada país, de los recursos económicos y de sus niveles de endeudamiento.
La repercusión de la crisis sobre la economía global en términos de PIB ha sido mayor que la de 2008, aunque ha estado seguida de un pronunciado repunte alcista. En un contexto de reducido crecimiento de la productividad en Europa y Estados Unidos, el impacto sobre las economías ha sido notable y podría acelerar el cambio en el equilibrio de poder de oeste a este. China es la única economía del G20 que no sufrió una recesión en 2020.
Si bien se espera que las consecuencias económicas negativas sean transitorias y que estén seguidas de tasas de crecimiento relativamente elevadas, se prevé un periodo de endeudamiento alto, fruto de las medidas extraordinarias de apoyo a ciudadanos y empresas adoptadas por la Unión Europea para hacer frente a la crisis.
En este sentido, la Unión Europea ha puesto en marcha un ambicioso Fondo de Recuperación y Resiliencia como respuesta común al proceso de transformación económica. El mecanismo Next Generation EU cuenta con 750.000 millones de euros financiados mediante la emisión de deuda comunitaria, que se suman a los 1.074 billones de euros del Marco Financiero Plurianual 2021-2027 para promover la recuperación económica y social y para favorecer un entorno de estabilidad y seguridad.
La crisis también ha puesto de relieve la dependencia del abastecimiento exterior de suministros estratégicos hay que añadir la puesta en marcha, por parte de los Estados, de políticas industriales estratégicas para hacer frente a la elevada competición global en determinados sectores tecnológicos e industriales.
La pugna económica y comercial entre las grandes potencias incluye el uso de los aranceles como instrumento de geopolítica, con su consiguiente impacto sobre las economías de la Unión Europea.
La súbita ralentización de la economía, el aumento de la desigualdad, la brecha digital, la destrucción de tejido productivo y el cierre de pequeñas y medianas empresas han derivado en un incremento de la pobreza y del nivel de frustración, marginalidad y exclusión social. Las clases medias, tras una década de crecimiento, se están contrayendo, mientras se expande la franja de población con ingresos bajos o muy altos. Este vaciamiento de las clases medias podría tener importantes consecuencias como el impacto negativo en el consumo global y el potencial incremento de populismos y autoritarismos identitarios, que podrían verse agravadas por los efectos de la automatización de los empleos. En este sentido, es preciso abordar un nuevo contrato social, para paliar la desigualdad y mitigar el proceso de precarización de las clases medias.
En algunos países, la crisis económica ha estado acompañada de una crisis social y política, alentada por campañas de desinformación y desestabilización que pretenden erosionar las instituciones, influir en los procesos democráticos y alentar la polarización.
Ante este escenario, la transformación digital y la transición ecológica cobran especial trascendencia como palancas de cambio de la estructura productiva de las economías mundiales y, en consecuencia, del mapa geopolítico. La digitalización y la economía verde habrán de avanzar de manera acompasada, de manera que la tecnología contribuya a alcanzar objetivos ecológicos y las tecnologías digitales minimicen su consumo energético y sus emisiones.
Transformación digital
El incremento de infraestructuras y servicios digitales, potenciado por tecnologías disruptivas y emergentes como la computación en la nube, la computación cuántica, la Inteligencia Artificial la virtualización de redes o el Internet de las Cosas, implica una transformación digital imparable que ofrece innumerables oportunidades de futuro, pero también presenta serios desafíos para la Seguridad Nacional.
En este contexto, la pandemia de la COVID-19 supuso una aceleración del proceso de digitalización, que ha situado a la interacción digital en el centro de las actividades públicas, privadas y profesionales y ha consolidado la hiperconectividad como rasgo definitorio redes y los sistemas de información y comunicaciones.
La digitalización de todo tipo de actividades ha ampliado la superficie de exposición a posibles ciberataques de organizaciones, tanto públicas como privadas, y ha dificultado la adecuada protección de la información. La magnitud y frecuencia de los ciberincidentes y del uso ilícito del ciberespacio han aumentado en los últimos años y han convertido la ciberseguridad en una prioridad de organizaciones y gobiernos.
Esta transformación digital no es un fenómeno solo tecnológico, sino que tiene impacto en las relaciones sociales y la configuración geopolítica. Los cambios tecnológicos generan cambios de poder, tanto dentro de los Estados como entre ellos. Con la consolidación del ciberespacio como dominio estratégico, se acentuará la brecha tecnológica tanto entre individuos y sociedades como entre países.
La estabilidad económica y las políticas monetarias también se ven afectadas por la irrupción de tecnologías potencialmente disruptivas. En particular, la configuración actual del sistema financiero global puede verse desafiada por la implantación de divisas digitales.
En este ámbito, los riesgos se ven amplificados por la prevalencia de criterios comerciales frente a los de seguridad en el diseño de productos de hardware y software, así como de sistemas y servicios, tales como el 5G. Este hecho dificultad los procesos de certificación y puede comprometer la cadena de suministro, especialmente en la provisión de servicios esenciales y/o críticos.
Otros riesgos, pero también múltiples oportunidades, derivan de los avances tecnológicos en campos como la biotecnología, que han facilitado el rápido desarrollo de vacunas eficaces contra la COVID-19, pero plantean interrogantes éticos ante actividades como determinados empleos de la ingeniería genética.
Por otro lado, la vulnerabilidad ante posibles injerencias de terceros es extensible al dominio de infraestructuras digitales, como los centros de procesamiento de datos o los cables submarinos, y a los activos que sustentan la propiedad intelectual e industrial del sector empresarial. También habrá que considerar el mapa mundial de conectividad y la aparición de nuevos operadores satelitales, especialmente aquellos vinculados a las grandes empresas tecnológicas.
Con el dato convertido ya en un recurso estratégico de primer orden, se ha intensificado el debate sobre la ética y la defensa de derechos digitales, condicionado especialmente por la concentración de la información en las grandes compañías tecnológicas y por su uso abusivo por parte de algunos actores políticos. En este debate, el derecho a la privacidad de los usuarios de servicios digitales ocupa un lugar central y ha dado lugar a pronunciamientos judiciales que podrían condicionar el desarrollo tecnológico.
El acceso seguro a los servicios públicos y privados, en particular a los servicios esenciales en línea, supone que la ciudadanía pueda proteger su identidad y controlar los datos que comparte y cómo se utilizan, de manera que se garantice la privacidad y la protección de datos personales. Disponer de una identidad digital segura es una pieza clave para la ciberseguridad.
La gobernanza democrática sobre el futuro digital es de máxima importancia para resolver las inquietudes relativas a los derechos y libertades y a la competición geopolítica.
Transición ecológica
La crisis climática ha dado paso a una mayor concienciación política y social de la necesidad de luchar contra sus consecuencias a través de procesos de transición ecológica.
El cambio climático tiene un impacto negativo en la vida y el bienestar humano. Entre sus efectos se encuentran el incremento en el número de fenómenos meteorológicos extremos, la degradación de ecosistemas terrestres y marinos, la desertificación, el aumento de la incidencia y frecuencia de olas de calor, las sequías, la reducción de las disponibilidades de agua, las intrusiones de polvo sahariano, los incendios forestales e inundaciones y la pérdida de la biodiversidad. Estos efectos perniciosos podrían llevar a una mayor competencia por los recursos y al incremento de desplazamientos migratorios desde zonas más expuestas a las consecuencias dañinas del cambio climático.
Por otro lado, la degradación de la biodiversidad produce la pérdida de sus servicios ecosistémicos, esenciales para el bienestar e incluso la supervivencia del ser humano, y propicia la expansión de especies exóticas invasoras, responsables de impactos relevantes en la economía y potenciales vectores de nuevas enfermedades.
En este contexto, la adaptación al cambio climático es básica para conseguir una resiliencia ambiental y ecológica que preserve la vida y el bienestar de la sociedad y el medio.
En diciembre de 2019, la Unión Europea presentó el Pacto Verde Europeo, una hoja de ruta para hacer que su economía sea sostenible y neutral climáticamente en 2050. Para ello, se ha establecido el objetivo vinculante de conseguir, en 2030, una reducción interna neta de emisiones del 55% respecto a los niveles de 1990. En este marco, es igualmente importante el impulso hacia una economía circular con un modelo de producción y consumo basado en reutilizar, renovar y reciclar materiales y productos. Este modelo ayudará a reducir la presión sobre el medio ambiente, a mejorar la seguridad de las cadenas de suministro mediante un empleo más efectivo de los recursos existentes y a estimular el desarrollo empresarial en el campo de la I+D+i.
Un aspecto clave para lograr la neutralidad climática es el cambio del paradigma energético, que transita de la dependencia de los combustibles fósiles a la de las tecnologías renovables. Esto propiciará una nueva geopolítica de transición energética y un cambio en el equilibrio entre importadores y exportadores.
El desarrollo de energías renovables tiene además un carácter estratégico, ya que permitirá el uso de fuentes autóctonas y una mayor diversificación, lo que incrementa la seguridad y mejora la balanza exterior. Sin embargo, también conlleva importantes desafíos tecnológicos relacionados con un sistema de generación eléctrica basado en fuentes de energía variable, el desarrollo de nuevos sistemas de almacenamiento e infraestructuras inteligentes, así como retos relacionados con la reducción del impacto sobre el medio natural y humano.
La evolución hacia una economía descarbonizada incrementará la competencia por las materias primas, como las tierras raras, los materiales y procesos industriales relacionados con la digitalización y las tecnologías renovables, así como una mayor dependencia de las regiones geográficas abastecedoras de estas tecnologías.
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El segundo capítulo de la Estrategia de Seguridad Nacional ofrece un recorrido de las distintas regiones geográficas del mundo desde la perspectiva española de la seguridad.
España es un Estado social y democrático de Derecho, dotado de un marco constitucional de derechos y libertades que tiene al ciudadano como eje central, con unas instituciones sólidas y plenamente democráticas. Una de sus principales fortalezas reside en su sociedad plural, abierta y solidaria.
La visión de futuro de una España segura y resiliente incluye la transformación tecnológica y la transición ecológica como vectores que faciliten un crecimiento sostenible y justo, la competitividad del tejido industrial y empresarial y la creación de empleo de calidad.
La Seguridad Nacional debe contribuir a la cohesión territorial y es necesario asegurar que todas sus estructuras sean más resilientes frente a los riesgos y las amenazas.
Desde una perspectiva geográfica, la configuración de España es singular, con una dimensión territorial peninsular, archipiélagos, islas, peñones y las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla en el norte de África, además de una significativa extensión marítima.
Su posición le confiere la condición de país europeo, mediterráneo y atlántico que se proyecta al mundo como un contribuyente comprometido con la paz y la seguridad internacional. España defiende el refuerzo del multilateralismo, la profundización en la construcción europea, las alianzas bilaterales estratégicas y el compromiso solidario como principios establecidos en la Estrategia de Acción Exterior. La cooperación con los vecinos fronterizos, Francia, Andorra, Portugal y Marruecos es especialmente relevante.
La Estrategia de Seguridad Nacional está alineada con los objetivos de las organizaciones a las que España pertenece, especialmente las Naciones Unidas, la Unión Europea y la OTAN, con las que pretende proteger y garantizar los intereses compartidos con sus socios y aliados.
Europa
España es un Estado miembro con peso dentro de la Unión Europea, firme defensor del avance en la construcción europea y proactivo en el desarrollo de políticas comunes en áreas de especial relevancia como la energía, la inmigración y la seguridad.
Para España, una Unión más resiliente es una Europa más fuerte en el mundo. La Unión Europea debe seguir avanzando en el desarrollo de su Política Exterior y de Seguridad Común, en especial de su Política Común de Seguridad y Defensa, frente a desafíos derivados del empleo de estrategias híbridas y de posturas adversas de actores como Rusia y China o de fenómenos como el terrorismo, así como en la coordinación y cooperación con la OTAN y las Naciones Unidas.
La protección de los espacios y rutas marítimas es clave para la seguridad europea. El margen atlántico es un área de interés estratégico que conecta Europa con todo el continente americano y con África occidental. El progresivo deshielo del Ártico abre nuevas rutas marítimas con implicaciones estratégicas. Además, España comparte agenda en áreas como el golfo de Guinea, con otros países europeos atlánticos, como es el caso de Francia y Portugal, principalmente en relación con la seguridad marítima y energética.
Al sur de Europa, el mar Mediterráneo es un nexo común y un puente estratégico con África y Oriente Medio, pero también un escenario de tensión y fricción donde distintos países y actores pretenden imponer su criterio y sus intereses, en ocasiones de espaldas al Derecho Internacional y violando la soberanía de los Estados ribereños.
En este sentido, España trabajará para promover el diálogo en torno al Mediterráneo oriental, de acuerdo con la perspectiva de la Unión Europea y en el entendimiento de que Turquía es un actor regional clave, un aliado en la OTAN y un socio estratégico con intereses compartidos.
En el flanco oriental, la posición cada vez más asertiva de Rusia ha tensionado sus relaciones con la Unión Europea, que además ha constatado el desafío que suponen algunas de las acciones procedentes de ese país, tanto militares como híbridas. España seguirá apostando por mantener el diálogo con Rusia, a pesar de las dificultades, sobre la premisa del respeto al Derecho Internacional, la defensa de la soberanía y la integridad territorial de los Estados y el respeto a los derechos humanos en su acción exterior.
La salida de Reino Unido de la Unión Europea ha modificado el escenario europeo y presenta retos relacionados con la pérdida de un gran activo en el ámbito de la seguridad. Para España, esta salida no impedirá fortalecer los vínculos entre dos países amigos y aliados. No obstante, y desde la base de una cooperación positiva, España no renuncia a la oportunidad que se abre con este nuevo escenario para solventar el anacronismo que representa la situación de Gibraltar.
Magreb y Oriente Próximo
La prioridad de España en el Magreb es promover un espacio de seguridad, estabilidad política y desarrollo y contribuir a enfrentar amenazas, como el terrorismo o el crimen organizado, desde un enfoque de colaboración con países que son socios y amigos preferentes de España.
La relación de España con Marruecos y Argelia es de buena amistad, desde la premisa de la cooperación leal y el respeto a las fronteras mutuas. La colaboración con estos países en aspectos relacionados con la seguridad, como los tráficos ilegales o el terrorismo, complementa unas sólidas relaciones basadas en el diálogo político, las relaciones comerciales y los vínculos energéticos.
El apoyo a la convulsa democracia en Túnez y la contribución a los esfuerzos liderados por las Naciones Unidas para solventar la crispada situación que atraviesa Libia son también imprescindibles para lograr la paz y la estabilidad en el Mediterráneo.
La región de Oriente Próximo es un foco de atención internacional por su persistente inestabilidad, pero también por la proliferación de conflictos internos, la extensión del terrorismo yihadista, las graves crisis humanitarias y la injerencia de determinados actores globales y regionales al margen de marcos multilaterales. La guerra en Siria y Yemen y la tensión entre Irán y las monarquías del Golfo dibujan un panorama complejo. Por otro lado, el repliegue de Estados Unidos de determinados escenarios de Oriente Próximo dejará un vacío que será aprovechado por actores como Rusia y China. Enfrentar todos estos desafíos exige una firme y amplia cooperación internacional.
España es un país comprometido con la seguridad de la región, con militares desplegados tanto en el Líbano, en el marco de las Naciones Unidas, como en operaciones de la OTAN, la Unión Europea y la Coalición Global contra el Daesh.
España ha apoyado de manera activa, desde la conferencia de Paz de Madrid en 1991, una solución al conflicto palestino-israelí a través del Proceso de Paz en Oriente Próximo. Los acuerdos entre Israel y Emiratos Árabes Unidos, Bahréin y Marruecos en 2020 muestran la rapidez y profundidad de los cambios en la región, así como la necesidad de adaptar la posición española para que siga siendo útil en la búsqueda de una solución justa con ambas partes.
África Subsahariana
El nexo seguridad-desarrollo y un enfoque preventivo son los principios que guían las políticas para la contribución de España a la estabilidad en tres áreas geográficas de especial interés: el Sahel, el golfo de Guinea y el Cuerno de África, tal y como se recoge tanto en el III Plan África como en el programa Foco África 2023.
España mantendrá el apoyo a las iniciativas de seguridad internacionales y regionales, así como su compromiso con las misiones civiles y militares de la Unión Europea en África.
En el Sahel, la permanente crisis de gobernabilidad y la ausencia del Estado en grandes espacios de soberanía se suman a emergencias humanitarias por desastres naturales o por los efectos adversos del cambio climático. Todo ello en un entorno de fragilidades estructurales que, unidas a la presión sobre los limitados recursos para una población caracterizada por su elevado crecimiento demográfico, han exacerbado amenazas latentes como son el terrorismo yihadista, los numerosos conflictos intercomunitarios o los tráficos ilícitos. Además, los factores de inestabilidad del Sahel, y en particular la amenaza del extremismo violento, se extienden hacia los países costeros de África occidental y norte de África.
Los países del golfo de Guinea tienen una gran importancia estratégica para Europa y para la salvaguardia de los intereses españoles. En sus espacios marítimos proliferan actividades delictivas como los secuestros y el robo a mano armada en los buques pesqueros y petroleros, o la piratería y la pesca ilegal en aguas internacionales. En el golfo de Guinea, España contribuye activamente a una navegación segura en las rutas y espacios marítimos, con el objetivo de fortalecer la seguridad marítima nacional y regional a fin de garantizar también el suministro energético, la protección de la pesca y las inversiones españolas en la región.
En el Cuerno de África, la aplicación de un enfoque integral que aborde las raíces de los conflictos que afectan a rutas y espacios marítimos de alta importancia internacional seguirá orientando la acción de España. Además, España sigue con preocupación los acontecimientos en el norte de Mozambique, que representan un foco de inestabilidad para la región en su conjunto.
América del Norte y el Vínculo Transatlántico
La alianza estratégica de España con Estados Unidos está basada en una relación de mutua confianza a con dimensiones políticas, económicas, culturales y militares. El Convenio de Cooperación para la Defensa, suscrito entre ambos países, constituye un valor añadido, sin olvidar tampoco la buena colaboración, junto a otros socios y aliados, en el seno de la Coalición Global contra el Daesh.
El escenario actual abre una ventana de oportunidad para la consolidación del vínculo transatlántico y el refuerzo y reforma del multilateralismo y sus instituciones. También se ha de tener en consideración el giro estratégico de Estados Unidos hacia el Indo-Pacífico y su presencia más reducida en Oriente Medio. España, miembro de la Unión Europea y de la OTAN, apoyará la cooperación entre las dos organizaciones como eje central de la seguridad colectiva frente a los grandes desafíos globales.
América Latina y el Caribe
América Latina ha experimentado un rápido desarrollo en la primera década del siglo XXI. Sin embargo, enfrenta aún importantes desafíos, que se han agudizado por efecto de la pandemia de la COVID-19: inseguridad ciudadana, crisis medioambientales y desastres naturales, altos índices de corrupción, tráficos ilícitos y crimen organizado.
España fomentará la unión y la estabilidad en América Latina a través de la acción bilateral, los foros regionales y las Cumbres Iberoamericanas. Además, redoblará sus esfuerzos para servir de puente de entendimiento y colaboración con la Unión Europea y fomentar la colaboración en la gestión de crisis que afectan a todos.
España seguirá colaborando con la erradicación de la producción y el tráfico de drogas desde América Latina, por la amenaza que supone para la región y por ser España uno de los puntos de entrada a Europa de estos tráficos ilícitos.
España también se esforzará en mantener su privilegiada relación con América Latina sobre la base de una cooperación reforzada y una relación más estrecha en el ámbito de la Defensa, especialmente a través de la cooperación en operaciones de apoyo a la paz, en el nivel bilateral y regional.
Asia-Pacífico
El progresivo desplazamiento del centro de gravedad económico y estratégico mundial hacia el área de Asia-Pacífico hace que sea una zona de interés para España.
La Unión Europea ha señalado su compromiso con la estabilidad y prosperidad en la región del Indo-pacífico, un área geográfica clave para la seguridad internacional que está experimentando una creciente competición geopolítica.
Los litigios marítimos en el mar del sur de China, las tensiones en torno a Taiwán, el conflicto sobre Cachemira o las disputas fronterizas entre India y China introducen elementos de inestabilidad regional, que se suman a amenazas como el desarrollo de armas y vectores nucleares en la República Popular Democrática de Corea o la expansión del terrorismo transnacional de carácter yihadista.
Países como India y China ocupan cada vez mayor espacio en los asuntos internacionales. Por otro lado, iniciativas regionales como el Acuerdo de Asociación Económica Integral Regional amplifican la influencia de la región en la economía mundial.
El ascenso de China como potencia global se proyecta a través de su nueva ruta de la seda, su dominio tecnológico y una creciente presencia inversora en América Latina y África, así como en países europeos. En su relación con Pekín, la Unión Europea combina elementos de rivalidad sistémica, áreas de competición y retos globales comunes, como el cambio climático o la no proliferación de armas nucleares, que requieren cooperación.
La situación en Afganistán tras la retirada de Estados Unidos podría tener un impacto geopolítico significativo con la posible reconfiguración de las relaciones tanto a nivel global como regional. El potencial deterioro de la situación humanitaria y de derechos humanos presenta un desafío adicional. Además, para la seguridad de Europa será especialmente importante evitar que el país vuelva a convertirse en un santuario para terroristas y un foco de crimen organizado.
España apoya las iniciativas de refuerzo de la cooperación en la región en áreas como la conectividad y la seguridad marítima, así como la acción concertada frente a desafíos de dimensión global, como el cambio climático y la salud, y el impulso de las relaciones comerciales. Además, profundizará las relaciones con aquellos países de la región con los que comparte valores e intereses.
[Bloque 11: #c3]
El tercer capítulo de la Estrategia de Seguridad Nacional describe un mapa de los riesgos y amenazas a la Seguridad Nacional con un enfoque que pone de relieve su dinamismo e interdependencia, en un entorno de seguridad donde las estrategias híbridas ganan protagonismo.
El panorama actual de seguridad es más incierto que en años anteriores. La crisis de la COVID-19 ha intensificado las tendencias globales de fondo y ha acelerado el ritmo de transformación.
La superficie de confrontación geopolítica encuentra áreas de intersección con la tecnología y la economía, dibujando así un mapa de riesgos más complejos y muy interrelacionados. Adicionalmente, amenazas derivadas del uso de tecnologías de nueva generación, como la Inteligencia Artificial o el acceso al espacio ultraterrestre, añaden complejidad y dificultan la protección de los derechos individuales ante un eventual uso malicioso.
En esta Estrategia, los factores que afectan a la Seguridad Nacional se plantean como elementos de un continuo que refleja una gradación progresiva en función de su grado de probabilidad e impacto. Así, los riesgos y las amenazas no son estáticos, sino que se conciben de una manera dinámica.
Además, se presenta un mapa de riesgos con dos características diferenciales con respecto a modelos anteriores. Por un lado, se subraya el papel primordial de la tecnología en la mayoría de las amenazas y la prominencia de las estrategias híbridas y, por otro, se acentúan las interconexiones entre los distintos riesgos y amenazas. De esta forma, la interrelación entre ellos puede producir efectos en cascada, como ha ocurrido con la crisis generada por la pandemia.
Con este planteamiento, es importante contar con las capacidades necesarias para responder a una amalgama de riesgos y amenazas, en lugar de prepararse solamente para una posible repetición de una crisis similar a la ya experimentada.
Tensión estratégica y regional
En el contexto de seguridad actual, caracterizado por un retroceso del multilateralismo, un aumento de la asertividad de ciertos actores y un incremento de la competición estratégica entre Estados, el riesgo de que se produzcan tensiones con impacto directo sobre los intereses nacionales e incluso sobre la propia soberanía, constituye una seria amenaza para la Seguridad Nacional, cuya máxima expresión podría llegar a adoptar la forma de conflicto armado.
Esta situación se ve agravada por la fragilidad y vacíos institucionales en algunas regiones próximas, cuyos conflictos internos pueden, igualmente, afectar a los intereses de España. Estos escenarios de inestabilidad, si no son contenidos a tiempo, pueden tensionar aún más las relaciones internacionales, elevando el riesgo de conflictos entre Estados a nivel regional.
En este clima de creciente tensión internacional, donde determinados actores se rearman para fortalecer sus aspiraciones estratégicas, España requiere una capacidad de disuasión creíble y efectiva y una capacidad de defensa autónoma, frente a diferentes formas de agresión: desde las estrategias híbridas hasta el conflicto convencional. España debe, además, seguir siendo un socio comprometido y fiable de la Unión Europea, la OTAN, las Naciones Unidas y otros marcos multinacionales de seguridad y defensa.
En este contexto y debido a la naturaleza cambiante de los conflictos, los tradicionales dominios terrestre, naval y aéreo, se ven ahora complementados por la aparición de nuevos espacios de competición, como el ciberespacio y el espacio ultraterrestre, que obligan a incorporar nuevas formas de actuación, así como tecnologías de última generación para mantener una capacidad de enfrentamiento actualizada y moderna.
Terrorismo y radicalización violenta
La polarización y la crisis económica han contribuido a un incremento en la actividad de los extremismos violentos.
Los medios utilizados por los grupos terroristas son cada vez más variados y los ataques físicos están acompañados de campañas propagandísticas que alimentan ideologías radicales violentas.
En esta amenaza cobra especial relevancia el terrorismo yihadista, con su presencia tanto en distintos países europeos, como en el Sahel, Magreb y Oriente Medio, desde donde se proyecta la amenaza terrorista sobre España. Existe además el riesgo de ataque sobre individuos e intereses nacionales en estas regiones.
Dentro de las fronteras de España, la principal amenaza proviene de individuos que han nacido o crecido en países occidentales que, tras ser radicalizados, atacan en su propia área de residencia. Igualmente relevante es la amenaza derivada de los procesos de radicalización en prisiones.
Además, el posible retorno de personas desplazadas a zonas de conflicto para apoyar a los grupos terroristas constituye un riesgo significativo. Por ello, es necesario fortalecer la cooperación y colaboración en materia antiterrorista y judicial, no solo entre los Estados miembros de la Unión Europea, sino también con terceros países, bajo un enfoque multidisciplinar.
Epidemias y pandemias
La crisis desencadenada por la COVID-19, además de cobrarse la vida de millones de personas en el mundo, ha tenido importantes consecuencias sociales y económicas, con un impacto desigual que ha agudizado las brechas existentes entre países, sociedades y ciudadanos.
Las dificultades experimentadas por los organismos internacionales para la toma de decisiones y las tensiones surgidas en relación con la producción y distribución de material sanitario, fármacos o vacunas dirigidos a combatir la enfermedad han contribuido a intensificar fricciones geopolíticas existentes y, en determinados casos, a dificultar la cooperación internacional.
Un aspecto crucial que se ha puesto de manifiesto es la fragilidad de las cadenas de suministro global de determinados recursos estratégicos y la necesidad de disminuir el grado de dependencia del exterior de recursos esenciales para garantizar su accesibilidad en todo momento.
Amenazas a las infraestructuras críticas
Las Infraestructuras Críticas posibilitan el normal desarrollo de la actividad socio-económica y son objetivo de amenazas, tanto físicas como digitales, que podrían llevar a una interrupción o negación de servicios.
La progresiva digitalización y la adopción de nuevas tecnologías por parte de los operadores críticos y operadores de servicios esenciales podría aumentar el riesgo de sufrir brechas de seguridad, que permitirían acceder al control de los sistemas que operan las Infraestructuras Críticas y poner en peligro la continuidad de los servicios que proveen.
Otro riesgo a considerar es la potencial pérdida de control sobre la capacidad de decisión estratégica a raíz de inversiones por actores, estatales o no estatales, con intereses no necesariamente alineados con la Seguridad Nacional.
Emergencias y catástrofes
La seguridad de las personas y los bienes se ve afectada por distintos tipos de emergencias y catástrofes originadas por causas naturales o derivadas de la acción humana accidental o intencionada.
Factores potenciadores del riesgo de emergencias y catástrofes son tanto la despoblación rural como la sobrepoblación de algunas ciudades, la degradación del ecosistema agravada por los efectos del cambio climático o el incremento en la magnitud y frecuencia de algunos fenómenos meteorológicos adversos.
En este contexto, se identifican como principales riesgos las inundaciones, los incendios forestales, los terremotos y maremotos, los riesgos volcánicos, los fenómenos meteorológicos adversos, los accidentes en instalaciones o durante procesos en los que se utilicen o almacenen sustancias peligrosas, el transporte de mercancías peligrosas por carretera y ferrocarril, los accidentes catastróficos en el marco del transporte de viajeros y los riesgos nucleares, radiológicos y biológicos.
Espionaje e injerencias desde el exterior
El incremento de la competitividad y de la tensión en el escenario internacional ha supuesto un aumento de las injerencias desde el exterior que España debe confrontar. Entre las herramientas más eficaces de algunos países que aspiran a expandir su influencia internacional destacan las actividades de espionaje.
La pertenencia de España a organizaciones como la Unión Europea y la OTAN, hacen del país un objetivo atractivo. Sin embargo, los objetivos de los Servicios de Inteligencia hostiles no se limitan a las instituciones y a la información del Gobierno de España, también afectan a otros sectores, como por ejemplo a la industria de defensa, las Infraestructuras Críticas o la investigación científica y tecnológica, así como a otros ámbitos del sector privado. Estas actividades no solo son críticas para la Seguridad Nacional, sino que pueden atentar contra la competitividad económica y la propiedad intelectual, especialmente en lo que respecta a los sectores estratégicos y al campo de la ciencia y la investigación.
Asimismo, son destacables los esfuerzos de algunos actores extranjeros por influir sobre sus nacionales asentados en España, afectando a los derechos y libertades de los ciudadanos y, potencialmente, a la estabilidad social.
En otras ocasiones, las actuaciones de los Servicios de Inteligencia extranjeros no tienen como objetivo intereses españoles o aliados, sino que utilizan el territorio español como base de sus operaciones en otros países, pudiendo atentar contra la soberanía nacional.
Tanto las actividades de inteligencia clásicas como el ciberespionaje son una importante amenaza en sí mismos. Pero, además, hay que considerar que las actividades de los Servicios de Inteligencia hostiles pueden formar parte de las llamadas estrategias híbridas. Dentro de estas estrategias, las actividades de espionaje pueden llegar a ser un elemento destacable y potencian la amenaza que suponen para la Seguridad Nacional.
Campañas de desinformación
Las campañas de desinformación tienen clara repercusión en la Seguridad Nacional y deben diferenciarse de otros factores como la información falsa –fake news– o información errónea –misinformation–. De hecho, las campañas de desinformación no contienen necesariamente noticias falsas, sino que pretenden distorsionar la realidad mediante contenido manipulado.
En este sentido, el ámbito cognitivo es un espacio más en el que ejercer influencia, que se suma a los tradicionales ámbitos físicos: terrestre, marítimo y aéreo. Los elementos que sí son inherentes a una campaña de desinformación son la voluntad de generar confusión y socavar la cohesión social; el uso coordinado de distintos medios para la creación y difusión de contenidos dirigidos a audiencias amplias; y la intención maliciosa con fines de desprestigio o influencia sobre el objetivo del ataque. Así, las campañas de desinformación suponen una grave amenaza para los procesos electorales.
Por su potencial peligrosidad, cabe señalar las estrategias de desinformación de actores extranjeros, tanto estatales como no estales, que desarrollan aparatos de propaganda con la intención de polarizar a la sociedad y minar su confianza en las instituciones.
Vulnerabilidad del ciberespacio
Se distinguen dos tipologías generales de amenazas en el ciberespacio. Por un lado, los ciberataques, entendidos como acciones disruptivas que actúan contra sistemas y elementos tecnológicos. Ejemplos de ello son los ataques de ransomware (secuestro de datos) o la denegación de servicios, entre otros. Y, por otro lado, el uso del ciberespacio para realizar actividades ilícitas, como el cibercrimen, el ciberespionaje, la financiación del terrorismo o el fomento de la radicalización.
La creciente exposición digital amplía la superficie de exposición a ciberataques de ciudadanos, empresas y administraciones. Entre las dinámicas que marcan un mayor revolución industrial, el despliegue de las redes 5G multiplicará la capilaridad de las redes y con ello aumentará de manera significativa su uso, no solo por usuarios sino en el segmento Internet de las Cosas y las comunicaciones máquina-a-máquina. Consecuentemente, se generará un aumento de la vulnerabilidad ante ciberataques en aparatos conectados a la red y servicios como el vehículo autónomo o las redes inteligentes.
Asimismo, en la denominada sociedad virtual, el dato constituye un nuevo ámbito de poder que afecta tanto a la relación entre Estados como entre el sector público y el privado, al ser las compañías tecnológicas las que poseen un mayor acceso a los datos. La seguridad de la información afecta al ciudadano de forma directa. La regulación, protección y garantía del uso adecuado de los datos y las redes por las que transitan es un aspecto clave de la Seguridad Nacional, con impacto directo sobre la privacidad personal.
Tecnologías como la Inteligencia Artificial y el big data subyacen cada vez más en ámbitos como el sanitario, el de transportes, el energético, el empresarial, el financiero, el educativo y el militar. La capacidad de procesamiento de grandes cantidades de datos se presenta como una característica avanzada para la consecución de los objetivos deseados. Su potencial de transformación y aplicación en procesos de análisis de riesgos y de alerta temprana es cada vez mayor. Pero el desarrollo de estas tecnologías también genera interrogantes relacionados con la seguridad. La aplicación de algoritmos para la toma automática de decisiones requiere un marco de protección de la privacidad y la no-discriminación. El empleo de sistemas autónomos también tiene implicaciones éticas que requieren mecanismos de control y parámetros que garanticen el respeto a los derechos humanos.
En el medio-largo plazo, el salto tecnológico que supone la computación cuántica permitirá usos difíciles de prever hoy en día en materia de comunicaciones seguras, cifrado y descifrado y sistemas de vigilancia avanzados, entre otros.
Vulnerabilidad del espacio marítimo
El espacio marítimo es considerado uno de los espacios comunes globales, espacios de conectividad de flujos, información, personas, servicios y bienes, cuya interrupción u obstaculización puede tener un impacto económico severo.
Para España, país de condición marítima, es esencial mantener la seguridad en los espacios marítimos, así como asegurar el funcionamiento de las Infraestructuras Críticas situadas en el litoral y en el mar, como los puertos y tuberías submarinas y, especialmente, los cables submarinos, por los que circula la práctica totalidad del tráfico de datos. De su buen uso y estado depende, en gran medida, la economía, ya que los recursos energéticos y la mayor parte del comercio español transita por rutas marítimas.
La piratería y el robo a mano armada en la mar atentan contra la navegación segura por las principales rutas de tráfico marítimo y contra la flota pesquera de pabellón nacional, principalmente en la cuenca somalí, el golfo de Adén y el golfo de Guinea.
Además, los tráficos ilícitos, la explotación ilegal de los recursos marinos y los actos contra el patrimonio arqueológico subacuático son fenómenos perjudiciales para el sector marítimo.
Vulnerabilidad aeroespacial
El sector aeronáutico es de alta importancia estratégica. Cualquier disrupción que afecte a las aeronaves, los aeropuertos o las instalaciones en tierra, en especial un ataque terrorista, tendría un impacto de magnitud y trascendencia económica considerables.
La alta conectividad aérea entre países y continentes es, asimismo, una de las causas de la rápida propagación de enfermedades infecciosas a nivel internacional.
Una de las tendencias preocupantes es la proliferación del uso ilícito de vehículos aéreos no tripulados, que pueden paralizar el uso de aeropuertos o infraestructuras críticas, y son además potenciales armas para sabotajes o acciones terroristas.
El espacio ultraterrestre está considerado como la última frontera de confrontación geopolítica. Este espacio común global se ha convertido en un dominio de explotación comercial intensiva, con la proliferación de constelaciones de satélites y lanzadores comerciales. Sin embargo, algunos operadores, no radicados en la Unión Europea, están en el camino de alcanzar una posición de dominancia tal de los mercados que podría poner en riesgo tanto el acceso al espacio (lanzamientos) como a determinados servicios espaciales. En este sentido, las nuevas constelaciones de satélites pueden hacer insostenible el modelo de cooperación público-privada español en comunicaciones gubernamentales y observación de la Tierra.
Además, la falta de normativa legal facilita la actividad irregular en el espacio ultraterrestre y dificulta la protección de activos estratégicos, como las comunicaciones vía satélite, los sistemas de posicionamiento y tiempo o los satélites de observación terrestre. Por otro lado, la seguridad de los sistemas espaciales se verá seriamente afectada por el incremento de los desechos espaciales y la carencia de un sistema de gestión del tráfico espacial global.
Inestabilidad económica y financiera
La pandemia de la COVID-19 ha generado el mayor desplome del Producto Interior Bruto desde la Segunda Guerra Mundial, lo que ha causado una nueva crisis económica con consecuencias aún inciertas en clave social. Aunque el impacto económico sea fundamentalmente transitorio y esté seguido de tasas de crecimiento relativamente elevadas, ha causado un aumento de la situación de inestabilidad y desigualdad económica.
Entre los factores que pueden contribuir a la inestabilidad económica y financiera se incluyen los desequilibrios en las vías de financiación de la Hacienda Pública; la inestabilidad financiera internacional; el fraude, la evasión y la planificación fiscal; la corrupción; el blanqueo de capitales y el uso indebido de los fondos procedentes de subvenciones y contratos públicos. Estos factores socavan la seguridad económica y provocan desafección social de las instituciones gubernamentales.
Crimen organizado y delincuencia grave
El crimen organizado es una amenaza a la seguridad que se caracteriza por su finalidad esencialmente económica, su efecto horadador sobre la instituciones políticas y sociales, su carácter transnacional y su opacidad.
Los grupos delictivos y las organizaciones criminales camuflan sus operaciones ilegales con negocios lícitos y se apoyan cada vez más en tecnologías digitales, como las cripto-monedas y la Internet oscura.
Además de su dimensión económica, el crimen organizado tiene un relevante potencial desestabilizador. Sus estructuras se adaptan al entorno geoestratégico y repercuten en la gobernanza, la paz social y el normal funcionamiento de las instituciones.
En cuanto a la delincuencia grave, actividades como la explotación de menores o la trata con fines de explotación sexual se dirigen hacia los colectivos vulnerables y violan gravemente los derechos humanos. El contrabando, el cibercrimen, el tráfico de drogas, de armas y de especies silvestres y la corrupción son amenazas tangibles para la Seguridad Nacional.
La convergencia entre grupos terroristas y redes de crimen organizado va en aumento. Los modelos de organización cada vez más descentralizada de estos actores delictivos favorecen su cooperación y facilitan la financiación terrorista.
Flujos migratorios irregulares
El fenómeno de la migración contemporánea –global, complejo y multidimensional– tiende a difuminar las distinciones tradicionales entre países de origen, destino y tránsito. Los factores económicos, sociales y medioambientales, así como la inestabilidad política, la pobreza y los conflictos, seguirán influyendo en las tendencias migratorias mundiales. Asimismo, la multiplicación de las opciones de comunicación y desplazamiento favorecen una nueva era de movilidad humana. Junto a oportunidades, los movimientos migratorios seguirán generando retos –incluidos los de carácter securitario en sentido amplio– que hay que gestionar.
El desarrollo tanto en los países de origen como en los receptores de migrantes, se ve quebrado por las actividades ilícitas de organizaciones criminales dedicadas al tráfico y la trata de personas, que proliferan en torno a los movimientos migratorios y cuyas actividades conllevan graves vulneraciones de derechos humanos.
España, por su posición geoestratégica, está especialmente expuesta al desafío que supone el esperado aumento de los flujos migratorios hacia Europa en los próximos años. En su condición de frontera exterior de la Unión Europea, España afronta la gestión de los flujos migratorios irregulares como un importante reto que requiere una política migratoria común, basada en el justo equilibrio entre solidaridad y responsabilidad compartida entre Estados. Los riesgos derivados de la inmigración irregular afectan directamente a la continuidad del espacio Schengen.
Vulnerabilidad energética
El proceso de transformación del sector energético lleva aparejado nuevos riesgos asociados a un modelo de generación verde. La disponibilidad de nuevas materias primas, las nuevas tecnologías de almacenamiento o la generación distribuida basada en energías renovables, el autoconsumo y la eficiencia son todos elementos a tener en cuenta en la ecuación energética actual.
La incorporación de medidas orientadas a garantizar la cohesión económica y territorial para paliar los efectos socioeconómicos de los cambios en las fuentes de energía primaria, como la transición justa, forman parte de la nueva visión de la seguridad energética en esta estrategia.
Si bien la dependencia de hidrocarburos provenientes del exterior seguirá siendo un factor de vulnerabilidad en los próximos años, la transición hacia un nuevo modelo energético económicamente sostenible y respetuoso con el medioambiente es el principal desafío de un sector clave para la economía y la seguridad, donde el cambio climático es considerado como un riesgo sistémico a nivel global.
Proliferación de armas de destrucción masiva
La modernización y el aumento del arsenal nuclear de China, India y Pakistán, junto con los avances del programa nuclear de la República Popular Democrática de Corea y el programa de enriquecimiento de uranio en Irán, contribuyen a diseñar un orden nuclear cada vez más multipolar. Este escenario podría desencadenar una nueva carrera armamentística definida por la posible reanudación de pruebas nucleares y el desarrollo de nuevas armas. A esto se suma la precariedad de los tratados vigentes para el control de la proliferación de armas de destrucción masiva y de sus vectores de lanzamiento.
La amenaza biológica, entendida como el empleo deliberado de agentes patógenos, toxinas o elementos genéticos u organismos genéticamente modificados dañinos por parte de Estados, individuos, redes criminales u organizaciones terroristas, supone una amenaza real con posibles consecuencias catastróficas.
El régimen de prohibición de armas químicas también se enfrenta a importantes retos, como los ataques registrados en los últimos años en Siria.
Asimismo, los riesgos derivados del desvío y contrabando de materiales de doble uso aumentan considerablemente debido a la transferencia de conocimiento tecnológico y el movimiento global de mercancías.
Efectos del cambio climático y de la degradación del medio natural
El cambio climático es una amenaza para la seguridad global y, en Europa, especialmente para el área mediterránea. Por eso la mitigación y adaptación al cambio climático adquieren cada vez más urgencia.
El cambio climático potencia las olas de calor, la reducción de los recursos hídricos, la desertificación y los fenómenos meteorológicos adversos. Ámbitos como la seguridad energética y la seguridad ambiental, en particular la gestión del agua, la biodiversidad, la calidad del aire, la despoblación de zonas agrarias o forestales se ven afectados por los efectos del cambio climático. Riesgos de origen natural relacionados con el clima, como son las inundaciones y los incendios forestales, tienen cada vez mayor incidencia en la seguridad, pues cada vez son más severos y frecuentes.
El deterioro del medio ambiente, de la biodiversidad y de sus servicios ecosistémicos dificultan el acceso a recursos básicos como el agua potable, amplifican conflictos existentes y son causa de desplazamientos forzosos de personas, además de generar inseguridad alimentaria.
[Bloque 12: #c4]
Este capítulo establece los objetivos de la Estrategia y desarrolla un planeamiento integrado para la Política de Seguridad Nacional con una estructura diseñada con tres ejes estratégicos: Proteger, Promover y Participar.
La Estrategia de Seguridad Nacional establece tres objetivos:
El primer objetivo es avanzar en el modelo de gestión de crisis. Esto supone adoptar un enfoque anticipatorio y centrar la toma de decisiones en el análisis de hechos y datos objetivos. El Sistema de Seguridad Nacional enfocará sus esfuerzos en la alerta temprana, la formulación de medidas preventivas y la coordinación reforzada entre todos los entes públicos. Esto incluye un marco de cogobernanza con las Comunidades Autónomas en cuestiones donde las competencias son autonómicas o compartidas.
Para la gestión de crisis de carácter transnacional será necesario potenciar los procedimientos de actuación coordinada de la Unión Europea, a través de mecanismos de monitorización de riesgos y el desarrollo de bases de datos conjuntas para la identificación y valoración de potenciales riesgos y amenazas.
El segundo objetivo es favorecer la dimensión de seguridad de las capacidades tecnológicas y de los sectores estratégicos. Esto requiere incorporar aspectos de seguridad en el desarrollo tecnológico desde su concepción. Asimismo, implica constantes adaptaciones y actualizaciones que afectan al ámbito regulatorio, a los controles de calidad y a la formación.
El fomento de iniciativas y proyectos de I+D+i es fundamental para que, tanto desde los organismos públicos como desde el sector empresarial, se promueva el desarrollo tecnológico orientado a prevenir y a combatir los riesgos y las amenazas en sectores estratégicos, como la seguridad alimentaria, la salud o la ciberseguridad. En particular, es necesario tomar conciencia del potencial estratégico de la Inteligencia Artificial y la importancia de esta tecnología como puntal de la Seguridad Nacional.
El tercer objetivo es desarrollar la capacidad de prevención, disuasión, detección y respuesta de España frente a estrategias híbridas, en un contexto de seguridad en el que las amenazas convencionales se alternan con el uso combinado de vectores económicos, tecnológicos, diplomáticos y de información, entre otros, como elementos de presión y desestabilización.
La Estrategia establece tres ejes estratégicos sobre los que se articulan las líneas de acción (L.A.) de la política de Seguridad Nacional:
– Una España que protege la vida de las personas y sus derechos y libertades, así como el orden constitucional.
– Una España que promueve la prosperidad y el bienestar de los ciudadanos.
– Una España que participa en la preservación de la paz y la seguridad internacional y defiende sus intereses estratégicos.
Gran parte de las líneas de acción incorporan elementos de alineación o convergencia con medidas europeas e internacionales, reflejo de la naturaleza global de la mayoría de las amenazas a la Seguridad Nacional.
La cultura de Seguridad Nacional es un complemento importante para el desarrollo y la consolidación de la Política de Seguridad Nacional, ya que la concienciación social contribuye a fortalecer la resiliencia de la sociedad y del Estado. Para ello, es necesario implementar las acciones incluidas en el Plan Integral de Cultura de Seguridad Nacional, a través de la colaboración de las administraciones públicas, el sector privado y la sociedad civil, en cuatro ámbitos de actuación: formación; comunicación pública y divulgación; relevancia exterior; y participación activa de la ciudadanía y de las organizaciones de la sociedad civil.
Primer eje: Una España que protege la vida de las personas y sus derechos y libertades, así como el orden constitucional
El fortalecimiento de las capacidades de los componentes fundamentales de la Seguridad Nacional –la Defensa Nacional, la Acción Exterior y la Seguridad Pública, con el apoyo de los Servicios de Inteligencia e Información del Estado– junto al refuerzo de la Sanidad Pública, la Protección Civil y la protección de las Infraestructuras Críticas son claves para hacer frente a las amenazas que afectan a los valores e intereses de España y contribuyen a su cohesión territorial.
Disuasión y defensa
La protección de la soberanía nacional, la población y su libertad requiere disponer de unas adecuadas capacidades militares, tecnológicamente avanzadas, que contribuyan a garantizar una disuasión creíble, desde la premisa de que la diplomacia y el Derecho Internacional son los principales instrumentos para proteger los intereses nacionales.
Esta mejora de las capacidades militares asociadas a la disuasión y la defensa ha de ser sostenible en el largo plazo, lo que exige disponer de un marco presupuestario estable. Asimismo, demanda una política activa de colaboración público-privada que apoye firmemente al sector industrial y tecnológico de la seguridad y la defensa en España.
La adaptación al nuevo escenario estratégico requiere garantizar capacidades que cubran todo el espectro de la crisis o el conflicto, desde las operaciones de combate hasta el apoyo a autoridades civiles en la gestión de crisis.
España contribuirá a la capacidad de la OTAN para desarrollar tareas de defensa colectiva, de gestión de crisis y de respuesta a desastres y catástrofes, dentro de una visión global que incorpora todos los aspectos del conflicto y las operaciones. Además, trabajará para integrar los sistemas de mando y control nacionales con los internacionales, aliados, correspondientes.
Para la disuasión y la defensa:
L.A. 1. Asegurar las capacidades militares necesarias para proporcionar una disuasión creíble y una respuesta eficaz en todo el espectro de la crisis o conflicto, garantizando su sostenibilidad en el tiempo bajo un marco presupuestario, suficiente y estable.
L.A. 2. Reforzar las capacidades de defensa a través de la investigación, el desarrollo y la innovación tecnológica como vectores de ventaja estratégica.
L.A. 3. Desarrollar el sector industrial de la defensa, la seguridad y el espacio, así como las tecnologías duales, mediante la cooperación público-privada y el aprovechamiento de sinergias con las herramientas existentes tanto en el marco nacional como de las Organizaciones Internacionales de Seguridad y Defensa a las que pertenece España, en particular los Fondos Europeos de Defensa y la Cooperación Estructurada Permanente de la Unión Europea.
Lucha contra el terrorismo y la radicalización violenta
Para reducir la vulnerabilidad de la sociedad es necesario neutralizar la amenaza que representan las acciones terroristas dirigidas contra los ciudadanos y los intereses de España dentro y fuera de sus fronteras y hacer frente a los procesos de radicalización que conducen al extremismo violento.
Además del papel de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y de los Servicios de Inteligencia, la participación de las Fuerzas Armadas en misiones internacionales contra el terrorismo resulta fundamental para hacer frente a esta amenaza, así como una actuación coordinada de todos estos actores.
Los principales vectores de la amenaza y en los que se deben concentrar los esfuerzos son los actores solitarios, los combatientes terroristas extranjeros, la propaganda yihadista y extremista y la radicalización en las prisiones. También es necesario participar en iniciativas internacionales cuyo objetivo es impedir que determinadas zonas puedan convertirse en refugio para terroristas, bien sea por la debilidad de los gobiernos de esos territorios o por la afinidad ideológica de estos con los grupos yihadistas.
La actuación en materia de lucha contra el terrorismo se estructura en cuatro pilares: prevenir, proteger, perseguir y preparar la respuesta, que sirven como base para el desarrollo de las principales medidas contra esta amenaza. Así lo establece la Estrategia Nacional contra el Terrorismo 2019, que es la principal referencia nacional en esta materia y consta de dos desarrollos fundamentales: el Plan Estratégico Nacional de Prevención y Lucha Contra la Radicalización Violenta 2020 y el Plan Estratégico Nacional de Lucha Contra la Financiación del Terrorismo 2020.
En relación con la radicalización, es fundamental reforzar la colaboración ciudadana, siendo prioritaria la constitución de las Oficinas de Prevención en las Delegaciones de Gobierno y de los grupos territoriales de prevención en las Juntas Locales de Seguridad. En el caso de aquellas Comunidades Autónomas que ya dispongan de programas específicos, la coordinación se llevará a cabo de acuerdo a su estructura y diseño.
Por otro lado, se requiere fomentar y actualizar las herramientas para la prevención, la detección y el seguimiento de los procesos de radicalización, en general, con la colaboración ciudadana y en los centros penitenciarios, en particular, con programas de tratamiento y evaluación del riesgo de radicalización.
Respecto a la financiación del terrorismo, el desarrollo de la interoperabilidad entre los sistemas existentes en las distintas instituciones permitirá identificar a los actores implicados y posibilitar la trazabilidad completa de los fondos que sean susceptibles de emplearse con fines terroristas.
Para atajar las actividades terroristas o de radicalización en la red y cumplir con la normativa europea, se creará la Unidad Nacional de Notificación de Contenidos de Internet para la monitorización y retirada de contenidos ilícitos de Internet.
Adicionalmente, se debe actualizar el plan de protección y prevención antiterrorista exterior centrado en la asistencia a los ciudadanos o activos españoles víctimas de ataques terroristas fuera de España.
Para la lucha contra el terrorismo y la radicalización violenta:
L.A. 4. Desarrollar herramientas y capacidades que refuercen la ejecución de investigaciones en el ámbito de la lucha contra el terrorismo por parte de los organismos implicados, así como reforzar la coordinación de esos organismos.
L.A. 5. Potenciar el desarrollo e implementación del Plan Estratégico Nacional de Prevención y Lucha Contra la Radicalización Violenta (PENCRAV) y del Plan Estratégico Nacional de Lucha Contra la Financiación del Terrorismo (PENCFIT).
L.A. 6. Incrementar la contribución española en iniciativas de ámbito internacional relativas al contraterrorismo y promover la capacitación y fortalecimiento de organismos e instituciones con competencias en contraterrorismo en países especialmente afectados.
L.A. 7. Potenciar las capacidades de prevención en la lucha contraterrorista de las actividades vinculadas al terrorismo y a extremismos violentos, especialmente en Internet y redes sociales.
L.A. 8. Actualizar el plan de protección y prevención antiterrorista en sus dimensiones interior y exterior.
Actuación frente a situaciones de crisis
Ante amenazas que trasciendan los marcos ordinarios de respuesta, la gestión de crisis del Sistema de Seguridad Nacional ha de contar, en primer lugar, con un sistema de información para el apoyo a la decisión basado en el análisis de indicadores que proporcione alerta temprana sobre los riesgos y amenazas a la Seguridad Nacional. En segundo lugar, requiere una red de comunicaciones segura, que permita integrar la información y ofrecer una respuesta desde una estructura de mando y control nacional. En tercer lugar, es necesario disponer de un catálogo actualizado de recursos humanos y materiales y de planes de preparación y disposición de estos para hacer frente a las situaciones de crisis. Todo ello, en un marco normativo actualizado de Seguridad Nacional.
Por otro lado, la dependencia del exterior en el suministro de recursos estratégicos supone una vulnerabilidad que se ha de paliar con una adecuada política industrial, tanto a nivel nacional como europeo, que apoye la capacidad de producción de recursos nacionales.
Entre las medidas de carácter sectorial, la lucha contra las epidemias y pandemias demanda la modernización del sistema de vigilancia epidemiológica nacional, a partir de las lecciones aprendidas en la gestión de la pandemia de la COVID-19. Es necesario actualizar el sistema de vigilancia nacional de Salud Pública para permitir una respuesta ágil y acertada.
En el Sistema Nacional de Protección Civil, la consolidación de estructuras funcionales y redes de coordinación, junto con la asignación de los recursos necesarios, contribuirán a fortalecer la gestión de emergencias y catástrofes, de acuerdo con lo establecido en el Plan Estatal General de Emergencias de Protección Civil. Asimismo, es importante asegurar el intercambio de información permanente y en tiempo real entre el Sistema Nacional de Protección Civil y el Sistema de Seguridad Nacional en caso de catástrofe.
Las Infraestructuras Críticas constituyen el eje sobre el que se articula la resiliencia física de un país. Incluyen los sectores de la salud, energético, de alimentación, de transportes y el suministro de agua entre otros. Su funcionamiento es indispensable y no permite soluciones alternativas, por lo que su perturbación o destrucción tendría un grave impacto sobre los servicios esenciales.
Es preciso impulsar la dimensión preventiva del Sistema Nacional de Protección de las Infraestructuras Críticas, con especial énfasis en la protección de los sistemas informáticos de las Infraestructuras Críticas y operadores de servicios esenciales frente a ciberamenazas. En este sentido, la colaboración público-privada y el I+D+i para robustecer la resiliencia frente a ciberataques es clave.
Las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla, por su localización geográfica en el continente africano y por la especificidad de su frontera española y europea, requieren de una especial atención por parte de la Administración General del Estado para garantizar la seguridad y el bienestar de sus ciudadanos.
Para hacer frente a situaciones de crisis:
L.A. 9. Desarrollar el modelo de gestión integral de crisis en el Sistema de Seguridad Nacional a través de la elaboración de un reglamento de gestión de crisis; la implantación de un sistema de alerta temprana basado en indicadores; la creación de un catálogo de recursos y de planes de preparación y disposición de recursos; y el diseño de un Plan de ejercicios de preparación en el marco de la Seguridad Nacional.
L.A.10. Crear la Reserva Estratégica basada en capacidades nacionales de producción industrial con una triple orientación:
a) Identificar los recursos industriales esenciales de las diferentes Administraciones Públicas y del sector privado correspondientes a sus respectivos ámbitos competenciales.
b) Garantizar el suministro de aquellos bienes y servicios que sean considerados como de primera necesidad y carácter estratégico.
c) Salvaguardar la base industrial que suministra recursos de primera necesidad y carácter estratégico, como pudieran ser componentes electrónicos, materiales estratégicos, maquinaria de alta tecnología, aeronáutica, semiconductores, química esencial, equipos agrarios avanzados, tecnología de la comunicación o equipos sanitarios, entre otros.
L.A. 11. Modernizar el sistema de vigilancia nacional de Salud Pública a través de la renovación de las tecnologías sanitarias y los sistemas de información. La Estrategia Digital del Servicio Nacional de Salud incluirá medidas para mejorar la prevención, el diagnóstico, la vigilancia y la gestión de la salud en un marco de cogobernanza con las Comunidades Autónomas.
L.A. 12. Elaborar un Plan Integral de Seguridad para Ceuta y Melilla.
Contrainteligencia, lucha contra las campañas de desinformación y acción frente a las injerencias del exterior
Para proteger los intereses de España se debe prevenir, detectar y neutralizar las agresiones encubiertas procedentes del exterior, cuyo objetivo es obtener información sensible de forma ilegal para atacar la imagen internacional de España o realizar acciones de injerencia.
Esto incluye reforzar e integrar las capacidades de los Servicios de Inteligencia para hacer frente a las operaciones en el ciberespacio y al espionaje, amenazas que cada vez cobran mayor relevancia por su capacidad de desestabilizar las instituciones del Estado y por su impacto sobre la vida y libertad de los ciudadanos. Para ello, resulta necesario que los Servicios de Inteligencia españoles se mantengan al nivel de los más relevantes de la Unión Europea. En este sentido, se potenciarán sus capacidades humanas y tecnológicas, de manera que se sigan aprovechando las ventajas vinculadas a una adecuada gestión y tratamiento del dato, como la Inteligencia Artificial la computación cuántica o la nube. Además, se velará por la adecuada actualización legislativa para garantizar tanto los derechos de los ciudadanos españoles, como la capacidad de los Servicios de actuar en su defensa.
La protección del patrimonio científico y tecnológico requerirá un esfuerzo adicional por parte del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), del Centro Criptológico Nacional (CCN) y de la Oficina Nacional de Seguridad (ONS). En este sentido, será esencial un creciente esfuerzo en las actividades de sensibilización frente a las actuaciones de Servicios de Inteligencia hostiles en el ámbito de la industria nacional y de los sectores estratégicos. Asimismo, el refuerzo de la ONS será fundamental, en línea con la creciente importancia de la protección de la información clasificada como recurso esencial para la Seguridad Nacional. Medida que, a su vez, favorecerá la participación de la industria española en programas clasificados en el exterior.
Por otro lado, hacer frente a las campañas de desinformación, que socavan la confianza a de los ciudadanos en las instituciones democráticas y conducen a la polarización social, requiere hacer un uso sistemático de la detección, alerta temprana y notificación así como la coordinación de la respuesta, siempre en línea con las pautas y el trabajo desarrollado en el seno de la Unión Europea. La colaboración público-privada, especialmente con los medios de comunicación y proveedores de redes sociales, y la sensibilización de la ciudadanía son aspectos clave a la hora de detectar y hacer frente a las campañas de desinformación.
Las iniciativas nacionales estarán coordinadas con los planes existentes a nivel europeo, como el Plan de Acción contra la Desinformación y el Plan de Acción para la Democracia Europea.
Para la Contrainteligencia, lucha contra las campañas de desinformación y acción frente a las injerencias del exterior:
L.A. 13. Elaborar una Estrategia Nacional de Lucha contra las campañas de desinformación.
L.A. 14. Incrementar las capacidades de los Servicios de Inteligencia españoles frente a los ataques de los Servicios de Inteligencia hostiles, en especial en el ciberespacio.
L.A. 15. Potenciar las capacidades de la Oficina Nacional de Seguridad y garantizar un marco legal adecuado para la protección de la información clasificada.
L.A. 16. Reforzar la cooperación internacional en materia de contrainteligencia.
Segundo eje: Una España que promueve la prosperidad y el bienestar de los ciudadanos
En un contexto marcado por la necesidad de recuperación económica, el crecimiento inclusivo y la creación de empleo requieren políticas de inversión en innovación y competitividad con visión de futuro, de manera que contribuyan a reforzar la resiliencia de la sociedad a largo plazo.
Seguridad de los espacios comunes globales
El normal desarrollo de la actividad social y económica depende, en gran medida, de la libre circulación de personas, bienes, servicios e ideas que se realizan a través de los espacios comunes globales: el ciberespacio, el espacio marítimo y el espacio aéreo y ultraterrestre.
Son espacios de conexión caracterizados por su apertura funcional, la carencia de fronteras físicas y su fácil accesibilidad. Por otro lado, en los espacios comunes globales resulta difícil la atribución de cualquier acción irregular o delictiva, dada su extensión, su débil regulación y la ausencia de soberanía.
Ciberespacio:
En términos de ciberseguridad, se requiere garantizar el uso seguro y fiable del ciberespacio, para proteger los derechos y las libertades de los ciudadanos y promover el progreso socio económico. Para ello es importante incrementar las capacidades (tecnológicas, humanas y económicas) de la ciberseguridad nacional dirigidas a la prevención, detección, respuesta, recuperación, investigación y defensa activa.
La Carta de Derechos Digitales supone un paso adelante en la protección de los derechos de la ciudadanía en el entorno virtual actual. Esto incluye el reconocimiento del derecho a la igualdad en los ámbitos digitales, la no discriminación y la no exclusión.
En la Administración pública, es ineludible avanzar en el modelo de gobernanza de la ciberseguridad nacional, sobre la base de una mayor eficiencia en los recursos y la integración de las capacidades nacionales. En este sentido, el Centro de Operaciones de Ciberseguridad permitirá, mediante la prestación de servicios horizontales, aumentar las capacidades de vigilancia, detección y respuesta ante ciberataques contra la Administración General del Estado y sus organismos públicos, así como contra las administraciones autonómicas y locales. Un aspecto relevante será el desarrollo de las infraestructuras de ciberseguridad en las Comunidades y Ciudades Autónomas.
Prioridades adicionales son la creación de un sistema de observación y medición de la situación de la ciberseguridad nacional y la puesta en marcha de una plataforma nacional de notificación y seguimiento de ciberincidentes que permita medir el intercambio de información entre organismos públicos y privados en tiempo real.
Por otro lado, será preciso implementar los nuevos requerimientos previstos en el marco de la Unión Europea en la Estrategia de Ciberseguridad de la UE para la Era Digital y en la adecuación de las nuevas propuestas normativas, que han de incluir la legislación necesaria para la protección de las redes y sistemas.
Espacio marítimo:
La Estrategia de Seguridad Marítima promueve un enfoque integral que potencie la actuación coordinada y cooperativa de las diferentes Administraciones; la adopción de medidas para fortalecer la capacidad de actuación del Estado en la mar y en su litoral; el impulso de la colaboración con el sector privado; y, por último, el fomento de la cooperación internacional, en particular a través de la aplicación de las iniciativas de la Organización Marítima Internacional, la Estrategia de Seguridad Marítima de la Unión Europea y la Estrategia Marítima de la OTAN.
Una de las prioridades en el ámbito marítimo es la seguridad de la flota mercante y pesquera española en aguas jurisdiccionales e internacionales.
Además, en el marco de la Seguridad Nacional, es indispensable una planificación preventiva que proporcione respuestas efectivas ante situaciones de complejidad que requieran una actuación concertada de los diversos organismos implicados en el dominio marítimo. Esto supone introducir tecnologías de Inteligencia Artificial en sistemas, plataformas y sensores de vigilancia marítima para la modernización de las capacidades marítimas.
Espacio aéreo y ultraterrestre:
Es esencial garantizar la seguridad del espacio aéreo y ultraterrestre en un marco compartido y orientado a prevenir los riesgos y amenazas que en ellos se desarrollan, así como neutralizar sus consecuencias, conforme a los principios de eficiencia y máxima coordinación, tanto en el empleo de las capacidades de análisis y evaluación como en las de respuesta ante los riesgos y las amenazas.
La seguridad frente a la amenaza de vehículos aéreos no tripulados precisa de acciones urgentes, dada su proliferación.
El sector espacial es clave para la Seguridad Nacional por los servicios que proporciona. Es preciso desarrollar una política de seguridad en el espacio ultraterrestre basada en la cooperación internacional, que tenga como eje la colaboración entre todos los actores implicados. En este sentido, España debe incorporarse a todas aquellas iniciativas internacionales orientadas a preservar el uso pacífico del espacio ultraterrestre, con especial atención a los programas espaciales de la Unión Europea.
Ante la evolución acelerada del sector, debe alcanzarse un reparto eficaz y eficiente de competencias espaciales entre los diversos organismos involucrados. La creación de una Agencia Espacial Española contribuirá a ordenar las competencias y establecer una política nacional que sirva de guía, tanto al sector público como al privado. Así, se podrá maximizar el rendimiento de las inversiones, fomentar espacios de colaboración públicos y privados, facilitar el uso dual de las capacidades espaciales y potenciar el sector de la industria espacial nacional de forma clara y coherente. Además, la Agencia representará internacionalmente a España en el sector espacial.
Para la seguridad de los espacios comunes globales:
En el ciberespacio:
L.A.17. Avanzar en la integración del modelo de gobernanza de la ciberseguridad en el marco del Sistema de Seguridad Nacional.
En el espacio marítimo:
L.A. 18. Elaborar escenarios de riesgo y planes de preparación y respuesta para aquellas situaciones que se consideren de especial interés para la Seguridad Nacional en el ámbito de la seguridad marítima.
En el espacio aéreo y ultraterrestre:
L.A. 19. Crear la Agencia Espacial Española, con un componente dedicado a la Seguridad Nacional, para dirigir el esfuerzo en materia espacial, coordinar de forma eficiente los distintos organismos nacionales con responsabilidades en el sector espacial y unificar la colaboración y coordinación internacional.
Estabilidad económica y financiera
Un contexto económico justo, estable y seguro es condición necesaria para el progreso y favorece la creación de empleo, así como la competitividad de las empresas y la industria española.
La estrategia económica para hacer frente a la crisis derivada de la pandemia está recogida en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Este Plan traza la hoja de ruta para la modernización de la economía española, la recuperación del crecimiento económico y la creación de empleo tras la crisis de la COVID-19, así como para responder a los retos de la próxima década.
Las medidas que se adopten han de ir acompañadas de una política fiscal robusta y progresiva de acuerdo con el principio de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera y que promueva medidas contra la evasión de impuestos, el blanqueo de capitales y la corrupción.
Asimismo, para ejecutar una política preventiva y anticipar posibles crisis, es importante monitorizar los riesgos sistémicos y la publicación de alertas sobre aspectos que puedan afectar a la estabilidad financiera.
Por otra parte, la sostenibilidad del crecimiento económico a medio plazo requiere impulsar la modernización y la productividad del ecosistema industrial español. Este aspecto cobra también sentido en relación a determinados activos estratégicos para la Seguridad Nacional que son objeto de inversión directa extranjera. La tecnología, la salud, el sector aeroespacial o las energías renovables, área esta última en la que España ocupa una posición de liderazgo, son sectores industriales estratégicos para la seguridad. Se han de potenciar, desde una economía abierta, en línea con el marco normativo europeo y el mecanismo de coordinación de la Unión Europea, pero también con vistas a asegurar la cadena de valor, contribuir a una mayor autonomía estratégica y, por tanto, a una mayor resiliencia en situaciones de crisis.
Para la estabilidad económica y financiera:
L.A. 20. Potenciar la modernización y la productividad del ecosistema español industrial, mediante el impulso de la competitividad de sectores estratégicos clave para la Seguridad Nacional, en línea con lo establecido en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
Lucha contra el crimen organizado y la delincuencia grave
Las políticas públicas contra la criminalidad organizada y la delincuencia grave deben orientarse hacia la identificación temprana de la actividad delictiva, su prevención, persecución y represión efectivas. Para ello, se debe promover la actuación coordinada de los Servicios de Inteligencia, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y autoridades fiscal y judicial. A la lucha directa contra la criminalidad desde las instituciones públicas, debe sumarse además la concienciación social sobre el fenómeno delictivo. En este sentido, en marzo de 2020 se aprobó el Plan Estratégico contra la Criminalidad.
Para neutralizar la economía del crimen organizado, se necesitan instrumentos que mejoren la inteligencia y la detección, además de nuevas capacidades de ciberseguridad. Para ello, hay que establecer un plan estratégico que incluya el blanqueo de capitales y la recuperación y localización de activos.
El desarrollo de un plan contra la trata y la explotación de seres humanos, especialmente de mujeres y niñas, contribuirá a hacer frente a las desigualdades sociales que genera la criminalidad y a la situación de vulnerabilidad en la que se encuentran ciertos colectivos respecto a los delitos de odio.
Además, es indispensable establecer planes específicos de actuación contra el crimen organizado en las áreas geográficas especialmente proclives a su implantación, actuación y arraigo, como se ha hecho con el plan para el Estrecho de Gibraltar.
Por otro lado, se requiere impulsar nuevas vías de prevención, investigación y análisis de la vinculación entre el crimen organizado y el terrorismo.
Para la lucha contra el crimen organizado y la delincuencia grave:
L.A. 21. Elaborar un plan estratégico de lucha contra el enriquecimiento ilícito de las organizaciones criminales y los delincuentes.
L.A. 22. Desarrollar un plan estratégico específico nacional contra la trata y la explotación de seres humanos.
Ordenación de flujos migratorios
La ordenación de los flujos migratorios y la lucha contra las redes de migración irregular y trata de seres humanos deben ser elementos de permanente atención por parte de las Administraciones Públicas, con la implicación del tercer sector y la sociedad civil.
La articulación de mecanismos que mejoren la eficiencia y la integración de todos los esfuerzos y las capacidades de las Administraciones Públicas redundará en una mayor eficacia y coherencia en la gestión migratoria.
Desde una perspectiva integral y preventiva, la colaboración con los países de origen y tránsito es un aspecto indispensable e insustituible para reducir los movimientos migratorios irregulares hacia España. Por ello, resulta esencial reforzar y aumentar los convenios de colaboración en el ámbito bilateral y en el marco de la Unión Europea, en especial en el Magreb, Sahel y África occidental. Además, establecer nuevas vías de migración regular y mejorar las existentes es una parte esencial del compromiso con los países africanos.
La vigilancia y el control de las fronteras es un elemento fundamental en este ámbito. Por un lado, es una responsabilidad compartida, incluidos los países de origen y tránsito, a los que se debe asistir para incrementar sus capacidades y medios. Por otro lado, en cuanto las fronteras exteriores de la Unión Europea, la inmigración irregular es una responsabilidad no solo de los países frontera de la Unión, sino que concierne a todos los socios europeos. Además de las rutas marítimas y terrestres, es imperativo atender a las llegadas aéreas, tanto desde África como desde otros continentes, a los movimientos secundarios hacia o desde España y a la prolongación ilegal de estancia que deriva en inmigración irregular.
Igualmente, es importante la identificación temprana de grupos vulnerables, así como de eventuales beneficiarios de protección internacional, y la mejora de los centros adecuados para su atención.
La optimización de las capacidades de salvamento y rescate en la mar, la atención humanitaria, la recepción y reseña y el tratamiento de los inmigrantes durante todo el ciclo migratorio, incluidos los procesos de determinación de estatus de los solicitantes de protección internacional, requieren actualizar la legislación nacional.
La inclusión de los migrantes es un vector fundamental para lograr una sociedad más próspera, cohesionada y resiliente. Para la consecución de este objetivo, es imprescindible mejorar la coordinación entre los tres niveles de la Administración General del Estado y establecer políticas públicas dirigidas a erradicar cualquier forma de discriminación, racismo o xenofobia.
Para la ordenación de flujos migratorios:
L.A. 23. Establecer un sistema integral y colaborativo de información a nivel de la Administración General del Estado, que permita conocer en tiempo oportuno la situación de los flujos de inmigración, los recursos comprometidos en su gestión, así como las necesidades identificadas.
L.A. 24. Fortalecer la relación y los acuerdos con los países de origen y tránsito para lograr una migración ordenada e impedir el tráfico de seres humanos.
Seguridad energética y transición ecológica
La transición energética hacia un modelo más sostenible, que incorpore un mayor porcentaje de energías renovables y contribuya a lograr la neutralidad climática y una mayor autonomía estratégica, introduce nuevas oportunidades y retos en el escenario energético, que se suman a la necesidad de garantizar la seguridad del abastecimiento y transporte de hidrocarburos en los próximos años.
Las energías renovables y las infraestructuras del sistema energético, en particular las redes eléctricas que las transportan, tienen repercusiones geopolíticas propias. Así, las tecnologías asociadas a la transición energética, las instalaciones y los nuevos materiales, como las tierras raras, están ganando protagonismo frente a recursos más tradicionales como el petróleo y el gas.
Los cambios en la matriz energética conllevan la incorporación de nuevas tecnologías y, en consecuencia, la ampliación y/o profundización de la dependencia de las mismas.
El nuevo paradigma energético obliga a una revisión de la Estrategia de Seguridad Energética Nacional 2015, para una adecuada actualización y encaje en este marco, donde además se han de tener en consideración el Pacto Verde Europeo y los Acuerdos de París de 2015.
El Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático 2021-2030 es el instrumento de planificación básico para promover la acción coordinada y coherente entre departamentos ministeriales, Comunidades Autónomas y entes locales.
Para la seguridad energética y transición ecológica:
L.A. 25. Actualizar la Estrategia de Seguridad Energética Nacional para establecer objetivos y líneas de acción de acuerdo con el contexto de transición ecológica, energética y económica.
Tercer eje: Una España que participa en la preservación de la paz y seguridad internacional y defiende sus intereses estratégicos
España es firme defensora del respeto y cumplimiento del Derecho Internacional. Al mismo tiempo, reconoce la necesidad de algunas reformas del sistema internacional. En particular, aboga por una revisión del sistema de las Naciones Unidas, eje central de la acción multilateral concertada para la prevención de conflictos, la acción humanitaria y la consecución de la paz, para lograr una organización más ágil y eficaz, adaptada a los desafíos mundiales actuales.
Asimismo, los mecanismos de gobernanza global son oportunos para gestionar bienes públicos como la salud pública, la seguridad y sanidad alimentaria o el medioambiente.
Un enfoque preventivo y cooperativo de la seguridad es el principal criterio del compromiso de España con la comunidad internacional. Además, España promueve un enfoque integral en la resolución de conflictos en el exterior, basado en una cooperación multidimensional que fortalezca la gobernanza, la seguridad y el progreso.
España incorpora la igualdad de género como un elemento distintivo de su acción exterior, así como el cumplimiento de la Agenda Mujeres, Paz y Seguridad, con el objetivo de avanzar hacia la igualdad real y efectiva en el plano internacional.
Multilateralismo reforzado
España es un país comprometido con la paz y seguridad internacional. Ningún país por sí solo puede hacer frente a amenazas globales del siglo XXI como la lucha contra las pandemias o contra los efectos del cambio climático. Una acción concertada sobre la base de un multilateralismo más fuerte resulta necesaria con la Organización de Naciones Unidas como principal referencia a nivel mundial. Las iniciativas orientadas a que la Organización Mundial de la Salud sea un instrumento más eficaz forman parte de la propuesta española. Además, se ha de impulsar un control de armamentos que responda al mundo multipolar e incorpore a China.
Para el multilateralismo reforzado:
L.A. 26. Potenciar la diplomacia preventiva y el papel de España como actor activo y comprometido en la mediación de conflictos en el exterior.
L.A. 27. Contribuir a la intensificación del apoyo al régimen internacional de no proliferación de armas de destrucción masiva y desarme, a través de la actualización de el régimen internacional de control, exportación y verificación.
L.A. 28. Impulsar la implementación de los objetivos del II Plan Nacional de Acción de Mujeres, Paz y Seguridad de integrar la perspectiva de género y hacer realidad la participación significativa de las mujeres en la prevención, gestión y resolución de conflictos y la consolidación de la paz.
Autonomía estratégica europea
La autonomía estratégica implica un mayor peso geopolítico de la Unión Europea en la esfera mundial, que puede ser utilizado para equilibrar asimetrías de influencia entre grandes actores, promover una gobernanza justa frente a retos globales como el desarrollo tecnológico, el cambio climático o la lucha contra las pandemias y defender sus valores e intereses.
La autonomía estratégica trasciende el ámbito de la defensa. La construcción del marco europeo de la seguridad sanitaria, las acciones para aumentar la resiliencia de las cadenas de suministro, el avance en la seguridad energética o el impulso hacia una soberanía tecnológica forman parte, entre otros, del amplio espectro de políticas tendentes al fortalecimiento de la seguridad europea y del papel de la Unión como actor global. En este sentido, es clave la reducción de las dependencias estratégicas de materias primas y componentes esenciales de las cadenas de valor industriales, a través de la diversificación de la producción y el suministro, el mantenimiento de reservas y el impulso a la producción e inversión en Europa.
Un pilar esencial de la seguridad europea es ahondar en la complementariedad entre la Unión Europea y la OTAN. Una Europa con mayores capacidades contribuye a una Alianza Atlántica más fuerte y viceversa. La asunción por parte de los aliados europeos de una mayor cuota de responsabilidad en materia de seguridad y defensa refuerza el compromiso asumido.
Otro aspecto relevante es el desarrollo de una mayor cooperación policial, militar, de inteligencia y judicial en la Unión Europea para luchar contra el terrorismo, el crimen organizado y la delincuencia grave.
Para la autonomía estratégica europea:
L.A. 29. Promover un liderazgo decidido en la formulación y el desarrollo de la Política Común de Seguridad y Defensa, en línea con las conclusiones que se obtengan del proceso de revisión de la seguridad europea.
L.A. 30. Contribuir a reforzar las capacidades estratégicas autónomas de la Unión Europea, incluida la construcción de la Europa de la Defensa y el desarrollo de capacidades industriales y tecnológicas europeas.
Mayor protagonismo en la OTAN
La defensa colectiva es un elemento central para la Seguridad Nacional. El compromiso de España con el multilateralismo como mejor vía para proteger intereses y valores frente a las amenazas compartidas a la seguridad encuentra su mejor garantía en la participación española en la OTAN. Una visión integral de los riesgos y amenazas a la seguridad, que incorpore los desafíos que presenta el flanco sur, ha de tener su debido reflejo en la reflexión estratégica que está acometiendo la Organización.
Para un mayor protagonismo en la OTAN:
L.A. 31. Participar activamente en la revisión estratégica acometida por la OTAN de acuerdo a las siguientes acciones:
a) Promover una mayor convergencia con la Unión Europea en políticas tecnológicas.
b) Enfatizar la importancia del flanco Sur, particularmente del Sahel, para la seguridad europea y transatlántica.
c) Mantener la contribución española a las operaciones OTAN en Europa oriental y al sistema de defensa antimisiles como vector de disuasión.
Preservación del medio ambiente, desarrollo sostenible y lucha contra el cambio climático
Los efectos del cambio climático son una de las amenazas más acuciantes para la Seguridad Nacional por su impacto transversal en ámbitos tan heterogéneos como la seguridad energética, las emergencias y catástrofes o los conflictos y desplazamientos de personas a consecuencia de la degradación medioambiental y los desastres naturales.
En particular, un importante nexo con la seguridad se encuentra en los posibles conflictos derivados de los efectos del cambio climático en los países más vulnerables. Por ello, en el Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático se aboga por políticas preventivas de ayuda al desarrollo, que pongan el foco en la construcción de la resiliencia a través de la detección temprana. A tal fin resulta necesaria la identificación de los lugares más vulnerables al cambio climático para priorizar la acción.
Los compromisos adquiridos en los Acuerdos de París de 2015 y la Agenda 2030 encuentran en el Plan Nacional de Acción para la implementación de la Agenda 2030 la principal referencia para avanzar en la lucha contra la crisis climática.
Para la preservación del medio ambiente, el desarrollo sostenible y la lucha contra el cambio climático:
L.A. 32. Integrar la Agenda 2030 en las políticas de cooperación al desarrollo, para contribuir a reforzar las capacidades de los países más vulnerables a prepararse frente al cambio climático.
L.A. 33. Desarrollar los objetivos del área «paz, seguridad y cohesión social» del Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático 2021-2030 relacionados con la prevención de posibles conflictos mediante su detección temprana, con el fin de reconocer aquellas situaciones que puedan suponer amenazas para la paz y la seguridad internacional.
[Bloque 13: #c5]
El quinto capítulo de la Estrategia presenta un modelo integrado para hacer frente a las situaciones de crisis de forma preventiva, ágil y eficaz en el marco del Sistema de Seguridad Nacional.
El Sistema de Seguridad Nacional es el conjunto de órganos, organismos, recursos y procedimientos que posibilitan la acción del Estado en el ejercicio de las funciones para proteger la libertad y el bienestar de sus ciudadanos, garantizar la defensa de España y sus principios y valores constitucionales, y contribuir junto a socios y aliados a la seguridad internacional.
El Consejo de Seguridad Nacional es la pieza angular del Sistema y es el órgano responsable de la dirección y la coordinación de las actuaciones para la gestión de situaciones de crisis. Estas actuaciones están dirigidas a:
– Detectar y valorar los riesgos y amenazas concretos para la Seguridad Nacional.
– Facilitar el proceso de toma de decisiones.
– Asegurar una respuesta óptima y coordinada de los recursos del Estado que sean necesarios.
Para llevarlas a cabo, el Consejo de Seguridad Nacional está asistido por un Comité Especializado de carácter único para el conjunto del Sistema: el Comité de Situación.
El Comité de Situación estará apoyado por el resto de comités especializados, en sus respectivos ámbitos sectoriales, en todo lo relacionado con la valoración de riesgos y amenazas, en el análisis de los posibles escenarios de crisis, en especial de aquellos susceptibles de derivar en una situación de interés para la Seguridad Nacional, y en la evaluación de los resultados.
Un modelo avanzado de Gestión de Crisis
En un entorno de seguridad caracterizado por su elevada complejidad y un ritmo acelerado de cambio, se incrementa la probabilidad de que se produzcan eventos de difícil previsión y de gran impacto para la seguridad. Su prevención y gestión demandan instrumentos de detección y alerta temprana capaces de integrar y analizar toda la información disponible.
Enfoque integral que garantice la resiliencia
Un enfoque integral basado en la resiliencia cubre todas las fases de la gestión de crisis, desde un estado de normalidad hasta la recuperación tras una situación de crisis. Esta aproximación implica implementar estructuras y procesos ágiles que permitan la adopción de políticas anticipatorias, con la ayuda de la digitalización del sistema.
Además, el concepto de resiliencia supone una integración multinivel en el modelo de gestión de crisis, que incorpora tanto la coordinación entre todas las Administraciones públicas (estatal, autonómica y local), como entre los ministerios, el sector privado y científico y la sociedad civil.
A estos fines, y alineado con desarrollos similares en la Unión Europea y la OTAN, el Comité de Situación garantizará, en el marco de la gestión de crisis, el enfoque integral gubernamental y social para aumentar la capacidad de resiliencia frente a todo el espectro de los riesgos y las amenazas a la Seguridad Nacional, con especial atención a las estrategias híbridas, dado el carácter multidimensional y coordinado de este tipo de amenazas, que persiguen atentar contra la estabilidad de los Estados y las instituciones.
Estructuras y procesos
En el marco del Sistema de Seguridad Nacional, la dirección y coordinación de la gestión de crisis es función del Consejo de Seguridad Nacional, asistido por el Comité de Situación.
El Departamento de Seguridad Nacional apoya al Comité de Situación mediante la integración y el análisis de información procedente de todas las autoridades y organismos, la alerta temprana, el seguimiento de la situación y el asesoramiento técnico preventivo y las acciones de respuesta. Este apoyo se materializará a través de los mecanismos de enlace y coordinación del Sistema de Seguridad Nacional, tanto de carácter permanente como de coordinación reforzada. Así, se podrá activar una célula de coordinación, formada por representantes de todos los ministerios y organismos implicados en la respuesta y conducción de la crisis.
Además, el Departamento de Seguridad Nacional se constituye como punto de entrada y relación con los sistemas de gestión de crisis a nivel político-estratégico de la Unión Europea (Dispositivo de Respuesta Política Integrada a las Crisis) y de la OTAN, salvo en lo relativo a las implicaciones de la Defensa Nacional o en materia de Protección Civil.
A los efectos de una adecuada preparación y adiestramiento, conviene realizar ejercicios de gestión de crisis en el plano político-estratégico con carácter periódico. Estos ejercicios tendrán como objetivo general activar la estructura y los procedimientos del Sistema de Seguridad Nacional, ejercitando la gestión de crisis ante una situación de interés para la Seguridad Nacional.
Asimismo, los miembros del Sistema de Seguridad Nacional participarán en los ejercicios de las organizaciones internacionales cuando así sea preciso.
Desarrollo del Sistema
Para el desarrollo de capacidades nacionales para hacer frente a situaciones de crisis, se acometerán las siguientes iniciativas:
– Catálogo de recursos de la Seguridad Nacional. Se elaborará un catálogo dinámico de recursos de los sectores estratégicos del Estado que puedan ser puestos a disposición de las autoridades competentes. En su elaboración participará tanto el sector público como el privado.
A dichos efectos, las Comunidades Autónomas elaborarán sus catálogos específicos de recursos, que se integrarán en el estatal, sobre la base de sus propias competencias y la información facilitada por el Gobierno.
– Planes de preparación y disposición de recursos. Se elaborarán para aquellos escenarios aprobados por el Consejo de Seguridad Nacional que, en base al análisis de los riesgos y las amenazas, así lo aconsejen.
– Sistema de Alerta Temprana basado en indicadores. El modelo integrado para hacer frente a las situaciones de crisis, de forma preventiva, ágil y eficaz, está basado en un sistema que permita la toma de decisiones sobre la base de la información proporcionada por unos datos objetivos de determinación de impactos y la evidencia científica. A tales efectos, se desarrollará un sistema de indicadores críticos de los distintos ámbitos de la Seguridad Nacional, cuya monitorización y análisis permitan desplegar acciones preventivas y, llegado el caso, la ejecución de medidas de respuesta y conducción en tiempo oportuno.
– Integración de la información de Seguridad Nacional. Se adoptarán soluciones tecnológicas basadas en la gestión del conocimiento, y también, con técnicas de Inteligencia Artificial, para la evaluación de la situación de seguridad y el apoyo al análisis estratégico. Estos desarrollos permitirán la integración y el análisis de toda la información relevante, su distribución y puesta a disposición de todos los actores intervinientes en la gestión de la crisis, así como la interoperabilidad de los sistemas involucrados.
– Desarrollo de las comunicaciones especiales de la Presidencia del Gobierno. A través de las comunicaciones especiales, se establecerá un instrumento de gestión para el Sistema de Seguridad Nacional, que se configura como elemento de coordinación y para el intercambio de información clasificada en materia de gestión de crisis.
– Integración de las Comunidades y Ciudades Autónomas en el Sistema de Seguridad Nacional. Corresponde a la Conferencia Sectorial para asuntos de la Seguridad Nacional asumir las funciones como órgano de cooperación entre el Estado y las Comunidades Autónomas en aquellas cuestiones de interés común relacionadas con la Seguridad Nacional.
El acceso a las comunicaciones especiales de la Presidencia del Gobierno de todos los actores intervinientes en una situación de crisis es un requisito imprescindible para su integración efectiva en el Sistema de Seguridad Nacional. De esta forma, en los próximos cinco años se desarrollará un plan de extensión progresiva de esta red.
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