El Tribunal Constitucional, por providencia de 16 de julio actual, ha admitido a trámite la cuestión de inconstitucionalidad número 3666-2002, planteada por la Sección Sexta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, en relación con el Real Decreto-ley 2/1996, de 26 de enero, sobre determinadas prestaciones patrimoniales de carácter público gestionadas por la Administración General del Estado y los entes públicos de ella dependientes, por presunta vulneración de los artículos 31.3, 9.3, 86.1 y 53.1 de la Constitución.
Madrid, a 16 de julio de 2002.-El Secretario de Justicia.
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