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La Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia, estableció las condiciones básicas dirigidas a garantizar la igualdad en la atención a las personas en situación de dependencia. Para ello, configuró el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD) como un conjunto de dispositivos asistenciales y de prestaciones económicas y ayudas destinadas a la promoción de la autonomía personal y la atención a las personas en situación de dependencia.

De este modo, como parte de dichas prestaciones, la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, reconoció en su artículo 18 el derecho de las personas cuidadoras no profesionales a percibir una prestación económica por atender a familiares en situación de dependencia y recogió en su disposición adicional cuarta un mandato al Gobierno para que determinara la incorporación a la Seguridad Social de las personas cuidadoras no profesionales en el régimen que les corresponda, así como los requisitos y procedimiento de afiliación, alta y cotización.

En cumplimiento de dicho mandato se aprobó el Real Decreto 615/2007, de 11 de mayo, por el que se regula la Seguridad Social de los cuidadores de las personas en situación de dependencia, que dispuso el encuadramiento de las personas cuidadoras no profesionales en el campo de aplicación del Régimen General de la Seguridad Social y en situación asimilada al alta, mediante la suscripción de un Convenio especial.

A este respecto, el Real Decreto 615/2007, de 11 de mayo, prevé en su artículo 2.4 que en los casos en que, como consecuencia de la realización de los cuidados no profesionales, la persona cuidadora haya de reducir su jornada de trabajo y la correspondiente retribución, en los términos previstos en la legislación laboral o de función pública que sea de aplicación, el Convenio especial se aplicará en orden al mantenimiento de la base de cotización, remitiéndose a lo dispuesto al efecto en el artículo 4.2 del mismo real decreto.

El citado artículo 4.2, por su parte, establece que en tales casos la suma de la base de cotización de la persona cuidadora no profesional, en función de la actividad laboral realizada, y la prevista para el Convenio especial, no podrá ser superior a la base por la que se venía cotizando antes de reducir la jornada y la correspondiente retribución, como consecuencia de la atención al familiar en situación de dependencia, y que de superarse ese límite se procederá a reducir la base de cotización aplicable en el convenio especial.

La consecución del objetivo de aplicar este Convenio especial en orden a mantener actualizada la base de cotización original de la persona cuidadora no profesional que reduce su jornada, contemplado en el citado artículo 2.4 del Real Decreto 615/2007, de 11 de mayo, requiere, para no causar perjuicios a dicha persona cuidadora y evitar agravios comparativos en relación con lo previsto para los demás supuestos en los que se contempla la suscripción de este convenio especial, que la regulación contenida al respecto en su artículo 4.2 se complete con la indicación expresa de que la base de este convenio especial ha de actualizarse en los mismos términos en que lo haga el tope mínimo del Régimen General de la Seguridad Social, de la misma forma que ya se prevé en los otros dos párrafos de ese mismo artículo 4.2 para los supuestos en que se interrumpe la actividad laboral o profesional como consecuencia del cuidado a la persona en situación de dependencia o se extingue un convenio especial anterior por la suscripción del de cuidadores. Considerándose asimismo necesario, para la consecución de dicho objetivo, regular en el referido artículo cómo se ha de determinar esa base de cotización original, de la que se parte, por la que se venía cotizando antes de reducir la jornada y la correspondiente retribución, como consecuencia de la atención al familiar en situación de dependencia, a fin de evitar la aleatoriedad de tomar un solo mes aislado de cotización como referencia, debido a la conveniencia de tener en cuenta un período de cotización más amplio para ajustar la base de cotización del convenio a los ingresos reales de la persona trabajadora, dada la finalidad de este Convenio especial y el hecho de que se financia en buena parte con fondos públicos.

A tenor de lo indicado, este real decreto se adecúa a los principios de buena regulación establecidos en el artículo 129 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Así, es respetuoso con los principios de necesidad y eficacia, puesto que su regulación resulta justificada y mediante ella se consigue el objetivo antes expuesto, a través de la modificación del artículo 4.2 del Real Decreto 615/2007, de 11 de mayo, facilitando de esa forma el mantenimiento del empleo de las personas cuidadoras no profesionales de personas en situación de dependencia y su compatibilidad con el convenio especial que hubieran suscrito.

También se adecua al principio de proporcionalidad, ya que el alcance de su reforma es el imprescindible para la consecución del objetivo perseguido.

Asimismo, su regulación cumple los principios de seguridad jurídica y eficiencia, al ostentar el rango normativo adecuado y ser coherente con el resto del ordenamiento jurídico, tanto nacional como de la Unión Europea, no imponiendo cargas administrativas a las personas a las que va dirigida.

En su proceso de tramitación, y dando cumplimiento al principio de transparencia, el real decreto se ha sometido al trámite de información pública a través de su publicación en el portal web del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, de acuerdo con lo establecido en el artículo 26.6 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno.

A través del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, como co-proponente del real decreto, se ha sometido a informe de las comunidades autónomas a través del Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, de acuerdo con lo previsto en el artículo 8 de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, así como a informe del Consejo Nacional de la Discapacidad, del Consejo Estatal de Personas Mayores, del Consejo Estatal de Organizaciones no Gubernamentales de Acción Social y del Comité Consultivo del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, de conformidad con lo previsto en los artículos 40 y 41 de la misma ley.

Este real decreto se dicta en ejercicio de las habilitaciones conferidas por las disposiciones adicional cuarta y final séptima de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, y por la disposición final octava del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre.

En su virtud, a propuesta del Ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y de la Ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, de acuerdo con el Consejo de Estado, y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 30 de noviembre de 2021,

DISPONGO:

Artículo único. Modificación del Real Decreto 615/2007, de 11 de mayo, por el que se regula la Seguridad Social de los cuidadores de las personas en situación de dependencia.

El apartado 2 del artículo 4 del Real Decreto 615/2007, de 11 de mayo, por el que se regula la Seguridad Social de los cuidadores de las personas en situación de dependencia, queda redactado como sigue:

«2. Cuando la persona que desempeñe la función cuidadora no profesional haya interrumpido una actividad por cuenta ajena o por cuenta propia, por la que hubiera estado incluida en el sistema de la Seguridad Social, a fin de dedicarse a la atención de la persona en situación de dependencia, podrá mantener la base de cotización del último ejercicio en dicha actividad, siempre que resulte superior al tope mínimo del Régimen General, siendo a su cargo directo el coste del incremento de cotización sobre la cuantía resultante de la aplicación del apartado 1 de este artículo. Dicha base se actualizará en los mismos términos que el tope mínimo citado.

En los casos previstos en el artículo 2.4, la suma de la base de cotización por este Convenio especial y de la base de cotización correspondiente a la actividad laboral realizada por la persona cuidadora no profesional no podrá ser superior a la base de cotización que sea el resultado de dividir entre doce la suma de las bases por contingencias comunes por las que se hayan efectuado cotizaciones durante los doce meses consecutivos anteriores a la reducción de la jornada y de la correspondiente retribución por atender al familiar en situación de dependencia y, de tener acreditado un período de cotización inferior a doce meses, esta base estará constituida por el resultado de multiplicar por treinta el cociente de dividir la suma de las bases de cotización entre el número de días cotizados. Si en el cálculo de esta base inicial se superase el límite indicado, se procederá a reducir la base de cotización del convenio especial. Dicha base de cotización del Convenio especial inicialmente calculada se actualizará anualmente en el mismo porcentaje en que lo haga el tope mínimo de cotización del Régimen General.

Si la suscripción del convenio especial regulado en este real decreto hubiese supuesto la extinción de otro convenio anterior, en los términos regulados en el artículo 2.5, la persona interesada podrá mantener la base por la que venía cotizando, siendo a su cargo directo el coste del incremento de cotización sobre la cuantía resultante de la aplicación del apartado 1 de este artículo. Dicha base se actualizará en los mismos términos que el tope mínimo del Régimen General.»

Disposición transitoria única. Convenios especiales con reducción de jornada de trabajo ya suscritos.

La actualización anual prevista para la base de cotización de los Convenios especiales a los que se refiere la nueva redacción dada por este real decreto al artículo 4.2 del Real Decreto 615/2007, de 11 de mayo, será también de aplicación a aquellos Convenios que estuvieran ya suscritos con anterioridad a la fecha de entrada en vigor de la modificación del precepto.

Disposición final primera. Habilitación para el desarrollo reglamentario.

Se faculta a la persona titular del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones para dictar cuantas disposiciones resulten necesarias para el desarrollo y ejecución de este real decreto.

Disposición final segunda. Entrada en vigor.

El presente real decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

Dado en Madrid, el 30 de noviembre de 2021.

FELIPE R.

El Ministro de la Presidencia, Relaciones con las Cortes
y Memoria Democrática,

FÉLIX BOLAÑOS GARCÍA