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EL PRESIDENTE DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
Sea notorio que la Junta General del Principado de Asturias ha aprobado, y yo en nombre de Su Majestad el Rey, y de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 31.2 del Estatuto de Autonomía del Principado de Asturias, vengo a promulgar la siguiente Ley del Principado de Asturias de medidas para el impulso de la economía del dato.
PREÁMBULO
1. Las tecnologías digitales están transformando radicalmente la sociedad y constituyen un motor estratégico de crecimiento económico, productividad y generación de empleo. En ese contexto, la emergente economía del dato, que engloba todos los productos y servicios basados en el almacenamiento, la explotación y el análisis de los datos que la sociedad de la información constantemente genera, abre un espacio de transformación en el que las Administraciones públicas están llamadas a liderar procesos que garanticen la seguridad y la cohesión social como base para la creación de valor y la innovación. Para afrontar ese proceso, Asturias se encuentra en buena posición de partida con respecto al resto de comunidades autónomas: según datos de Eurostat correspondientes al año 2021, el sector de la alta tecnología supone el 4 % de nuestro PIB y el 3,8 % del empleo en nuestra Comunidad.
2. La Ley 11/2022, de 28 de junio, General de Telecomunicaciones, tiene entre sus objetivos y principios desarrollar la economía y el empleo digital, promover el desarrollo del sector de las telecomunicaciones y de todos los nuevos servicios digitales que las nuevas redes de alta y muy alta capacidad permiten, impulsando la cohesión social y territorial mediante la mejora y extensión de las redes, y promover el despliegue de redes y la prestación de servicios de comunicaciones electrónicas, fomentando la conectividad y el acceso a las redes de muy alta capacidad.
3. En ese marco general se sitúa la presente ley, que quiere contribuir a la transformación del sistema productivo asturiano y a superar la brecha digital en el territorio de la Comunidad Autónoma.
4. En tal sentido, la ley contempla dos medidas para impulsar la economía del dato, operando, por un lado, sobre el ámbito de actuación del gestor Gestión de Infraestructuras Públicas de Telecomunicaciones de Asturias (Gitpa) y, por otro, sobre el uso del dominio público viario en la instalación de infraestructuras y redes públicas de comunicaciones electrónicas.
5. En lo que se refiere al gestor, se amplía el objeto social de Gitpa mediante la modificación de la Ley del Principado de Asturias 6/2004, de 28 de diciembre, de Acompañamiento a los Presupuestos Generales para 2005, para dar cabida a nuevos ámbitos vinculados a tecnologías emergentes. El objetivo es contar con un instrumento que permita a los poderes públicos asturianos involucrarse en el desarrollo de una estrategia de telecomunicaciones y de la sociedad de información y digitalización que contribuya a la diversificación económica y a la generación de beneficios sociales en el ámbito autonómico, alineado todo ello con las directrices europeas para la transición digital.
6. Por su parte, en lo que se refiere al dominio público viario, y en la estela de la Ley 11/2022, de 28 de junio, General de Telecomunicaciones, se modifica la Ley del Principado de Asturias 8/2006, de 13 de noviembre, de Carreteras, para ordenar de forma coherente la aplicación de la normativa de telecomunicaciones y la normativa viaria, facilitando el despliegue de redes públicas de comunicaciones electrónicas en el territorio del Principado de Asturias y garantizando, a su vez, la integridad y seguridad del servicio público viario. Asimismo, se introduce un régimen específico del canon por ocupación o uso especial del dominio público viario y se prevé la aplicación de tarifas reducidas para fomentar el despliegue en aquellas zonas más aisladas y favorecer con ello el mantenimiento de la actividad económica y la calidad de vida, combatiendo el despoblamiento y contribuyendo así a la cohesión y el equilibrio territorial.
Los apartados 2 y 3 de la disposición adicional primera de la Ley del Principado de Asturias 6/2004, de 28 de diciembre, de Acompañamiento a los Presupuestos Generales para 2005, quedan redactados en los siguientes términos:
«2. La empresa pública Gestión de Infraestructuras Públicas de Telecomunicaciones del Principado de Asturias quedará adscrita a la Consejería competente en materia de telecomunicaciones, adoptando la forma jurídica de sociedad anónima, y contará con un capital social de ciento cincuenta mil (150.000) euros, que habrá de ser suscrito al menos en un 90 % por la Administración del Principado de Asturias.
3. La empresa pública Gestión de Infraestructuras Públicas de Telecomunicaciones del Principado de Asturias tendrá como objeto social el establecimiento y explotación de redes de telecomunicaciones y la prestación de servicios de comunicaciones electrónicas, así como el desarrollo de actividades vinculadas a ámbitos y tecnologías emergentes y/o habilitantes, tales como la ciberseguridad, la inteligencia artificial, el big data y el almacenamiento de datos, el internet de las cosas, el desarrollo de estrategias en materia de la sociedad de la información y la sociedad digital, la gestión, explotación y prestación de servicios informáticos y tecnológicos, y cualquier actividad complementaria y de apoyo a la modernización e introducción de nuevas tecnologías. A este respecto, la empresa explotará, al menos, los centros de difusión de TDT y de acceso a banda ancha propiedad del Principado de Asturias.»
La Ley del Principado de Asturias 8/2006, de 13 de noviembre, de Carreteras, queda modificada en los términos siguientes:
Uno. Se añade una nueva disposición adicional sexta, con la siguiente redacción:
«Disposición adicional sexta. Infraestructuras y redes de comunicaciones electrónicas fuera de tramos urbanos de las carreteras.
1. Podrán instalarse infraestructuras y redes públicas de comunicaciones electrónicas en las zonas de protección de las carreteras objeto de la presente ley, fuera de sus tramos urbanos, en los términos regulados en los artículos 25, 27, 28 y 29 y en esta disposición adicional, previa autorización de la Consejería competente en materia de carreteras para el caso de las carreteras autonómicas y de los Ayuntamientos para las de titularidad municipal. La autorización podrá ser denegada por razones de seguridad vial, de explotación de la red viaria o de prestación del servicio público viario, u otorgarse con condiciones conforme a lo previsto en el artículo 41.
2. El procedimiento y la naturaleza de la autorización para la instalación de infraestructuras y redes públicas de comunicaciones electrónicas en terrenos de titularidad privada incluidos en las zonas de protección de las carreteras se regirá por lo dispuesto en la presente ley, salvo que el operador se haya acogido al procedimiento previsto en el artículo 49.9 de la Ley 11/2022, de 28 de junio, General de Telecomunicaciones, en cuyo caso se aplicará este.
Para la instalación de infraestructuras y redes públicas de comunicaciones electrónicas en el dominio público viario se aplicará el régimen contenido en el artículo 26, con las especialidades recogidas en esta disposición adicional.
Las actuaciones de innovación tecnológica o adaptación técnica a las que se refiere el artículo 49.11 de la Ley 11/2022, de 28 de junio, General de Telecomunicaciones, que tengan lugar en las zonas de protección de las carreteras, tanto en dominio público como privado, se regirán por lo allí dispuesto.
3. Cuando la instalación de infraestructuras y redes públicas de comunicaciones electrónicas se ejecute en la zona de dominio público, se llevará a cabo preferentemente mediante conducción subterránea, conforme a lo establecido en el apartado 4 de esta disposición adicional y sin perjuicio de lo previsto en el artículo 49.8 de la Ley 11/2022, de 28 de junio, General de Telecomunicaciones.
En supuestos distintos a los previstos en el artículo 49.11 de la Ley 11/2022, de 28 de junio, General de Telecomunicaciones, la renovación de apoyos existentes se regirá por lo dispuesto en el artículo 43 de la presente ley.
En caso de renovación de apoyos existentes en zona de dominio público, la Administración del Principado de Asturias podrá imponer al operador la condición de instalar, a cargo de este, las medidas y sistemas de protección que se prescriban en orden a garantizar la seguridad vial, la integridad de la infraestructura de la carretera, la adecuada explotación de esta o la prestación del servicio público viario.
4. La instalación subterránea de redes de comunicaciones electrónicas por la zona de dominio público podrá realizarse utilizando las infraestructuras físicas susceptibles de alojarlas, en los términos recogidos en el artículo 52 de la Ley 11/2022, de 28 de junio, General de Telecomunicaciones, y en particular a través de los siguientes medios:
a) Infraestructuras de canalización de la Administración del Principado de Asturias construidas específicamente para alojar redes de telecomunicaciones.
b) Infraestructuras de canalización de titularidad de la Administración del Principado de Asturias construidas para alojar otros servicios de interés general.
c) Resto de infraestructuras de canalización de servicios de interés general, con excepción del transporte de agua destinada al consumo humano.
A falta de los medios citados, la instalación subterránea por zona de dominio público podrá hacerse mediante la construcción de canalización propia del titular de la red pública de comunicaciones electrónicas, en cuyo caso deberá discurrir lo más alejada posible de la arista exterior de la explanación. Solo podrá autorizarse la conducción subterránea por debajo de la cuneta en los casos y términos previstos en el artículo 44.3.
Asimismo, cuando no haya otra solución técnicamente posible o esta sea manifiestamente desproporcionada, y con carácter estrictamente excepcional, la conducción de comunicaciones electrónicas podrá llevarse por debajo de la plataforma de la carretera. En este caso, el titular de la infraestructura o de la red pública de comunicaciones electrónicas deberá reponer la plataforma en las condiciones y con los requerimientos técnicos que se establezcan en la normativa técnica de carreteras o en la autorización que se otorgue. Por razones de integridad de la vía, cuando esta sea sometida a obras de instalación de infraestructuras y redes públicas de comunicaciones electrónicas bajo la plataforma de la carretera, lo será por una sola vez y habiendo transcurrido más de cinco años desde la última reparación de esta en el tramo afectado por la conducción.
5. Para los cruces bajo calzada de instalaciones de redes públicas de comunicaciones electrónicas se estará a lo dispuesto al respecto en el artículo 44.
6. Podrá autorizarse la instalación en la zona de dominio público de recursos asociados a las redes públicas de comunicaciones electrónicas tales como armarios, cajas, arquetas, bocas de acceso y elementos de análoga naturaleza siempre que no menoscaben la seguridad vial, la integridad del servicio público, la explotación o el uso de la carretera, y sin perjuicio de las condiciones que, conforme a lo previsto en el artículo 41, pueda establecer la autorización.
Los edificios, estaciones, torres y demás elementos de naturaleza constructiva vinculados a las infraestructuras y redes públicas de comunicaciones electrónicas se ajustarán al régimen aplicable previsto en la presente ley para edificaciones y construcciones.
7. El titular de la autorización de ocupación o uso especial del dominio público viario para la instalación de infraestructuras y redes públicas de comunicaciones electrónicas deberá abonar con periodicidad anual el correspondiente canon por ocupación previsto en el artículo 26, con las siguientes especialidades respecto a la fórmula de cálculo:
a) Construcción de edificios y estaciones, instalación de torres y demás elementos de naturaleza constructiva vinculados a infraestructuras de redes públicas de comunicaciones electrónicas: la base imponible estará constituida por la suma de las variables “A” y “B”, siendo “A” el valor de la superficie ocupada, calculada al precio de adquisición por la Administración del Principado de Asturias actualizado con referencia a la evolución del índice de precios al consumo o, en caso de no poder determinarlo, al valor actual de los predios contiguos, y siendo “B” el 5 % de los ingresos obtenidos por el interesado en el territorio del Principado de Asturias en el último ejercicio económico con datos disponibles. El tipo de gravamen será del 4 % sobre el valor de dicha base.
b) Ocupación directa del subsuelo mediante ejecución de la conducción: el canon vendrá constituido por una tarifa cuyo importe resultará de multiplicar el precio unitario de 0,40 euros/metro lineal por la longitud de conducción ejecutada.
c) Uso de la infraestructura viaria de titularidad del Principado de Asturias construida para alojar redes de comunicaciones electrónicas u otros servicios de interés general: el canon vendrá constituido por una tarifa cuyo importe resultará de multiplicar el precio unitario de 0,60 euros/metro lineal por la longitud de conducción utilizada.
Las tarifas previstas en los supuestos de las letras b) y c) se aplicarán en su cuantía íntegra a los tramos de conducción que discurran por los concejos de Oviedo, Gijón, Siero, Noreña, Llanera, Avilés, Castrillón, Corvera, Gozón, Carreño, Villaviciosa, Llanes, Ribadesella, Mieres y Langreo. Dichas tarifas se aplicarán en un 40 % a los tramos de conducción que discurran por los concejos de Navia, Soto de Ribera y Cangas de Onís, y en un 10 % a los tramos de conducción que discurran por el resto de concejos del territorio del Principado de Asturias.
8. Las infraestructuras y redes de telecomunicaciones destinadas a la autoprestación, con independencia de su titularidad pública o privada, quedan excluidas del ámbito de aplicación de esta disposición adicional, siéndoles aplicable el régimen general previsto en la presente ley.
Sin embargo, las redes de telecomunicaciones destinadas a la autoprestación por parte del Principado de Asturias se regirán por la presente disposición adicional, salvo en lo relativo al canon de ocupación del dominio público viario, del que queda exonerado.
Aquellos terceros que en los casos previstos en el artículo 6 de la Ley 11/2022, de 28 de junio, General de Telecomunicaciones, hagan uso de las infraestructuras y redes del Principado de Asturias instaladas en dominio público viario están sujetos al canon por ocupación de este.»
Dos. Se añade una nueva disposición adicional séptima, con la siguiente redacción:
«Disposición adicional séptima. Empresa pública Gestión de Infraestructuras Públicas de Telecomunicaciones de Asturias, SAU (Gitpa).
1. La empresa pública Gestión de Infraestructuras Públicas de Telecomunicaciones del Principado de Asturias, SAU (Gitpa) queda sometida en su actividad de construcción de infraestructuras, establecimiento y explotación de redes de telecomunicaciones a las disposiciones de esta ley. Gitpa queda exonerada del pago de canon por ocupación del dominio público viario para el desarrollo de dichas actuaciones en aquellos supuestos en los que las infraestructuras y redes de que se trate estén destinadas en exclusiva a la autoprestación del Principado de Asturias.
2. Aquellos terceros que en los casos previstos en el artículo 6 de la Ley 11/2022, de 28 de junio, General de Telecomunicaciones, hagan uso de las infraestructuras y redes de Gitpa instaladas en dominio público viario están sujetos al canon por ocupación de este.»
La presente ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Principado de Asturias».
Por tanto, ordeno a todos los ciudadanos a quienes sea de aplicación esta Ley, coadyuven a su cumplimiento, así como a todos los Tribunales y Autoridades que la guarden y la hagan guardar.
Oviedo, 29 de marzo de 2023.–El Presidente del Principado de Asturias, Adrián Barbón Rodríguez.
(Publicada en el «Boletín Oficial del Principado de Asturias» número 71, de 14 de abril de 2023)
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