Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

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Las Directivas 2002/19/CE (4), 2002/20/CE (5), 2002/21/CE (6) y 2002/22/CE (7) del Parlamento Europeo y el Consejo han sido modificadas de forma sustancial. Con motivo de nuevas modificaciones, conviene, en aras de la claridad, proceder a la refundición de las citadas Directivas.

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El funcionamiento de las cinco Directivas que forman parte del marco regulador en vigor para las redes y servicios de comunicaciones electrónicas, a saber, la Directiva 2002/19/CE, la Directiva 2002/20/CE, la Directiva 2002/21/CE, la Directiva 2002/22/CE y la Directiva 2002/58/CE del Parlamento Europeo y del Consejo (8), está sujeto a revisiones periódicas por parte de la Comisión, con objeto, en particular, de determinar si es necesario introducir alguna modificación, en función de la evolución de la tecnología y del mercado.

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En su comunicación de 6 de mayo de 2015 por la que se establece la Estrategia para el Mercado Único Digital de Europa, la Comisión afirmaba que su revisión del marco de las telecomunicaciones se centraría en medidas que estén encaminadas a incentivar la inversión en las redes de banda ancha de alta velocidad, a aportar un enfoque más coherente a escala del mercado interior sobre la política y la gestión del espectro radioeléctrico, a proporcionar las condiciones para un verdadero mercado interior abordando la fragmentación normativa, a garantizar una protección eficaz de los consumidores, la igualdad de condiciones para todos los agentes del mercado y la coherencia en la aplicación de las normas, así como a ofrecer un marco regulador institucional más eficaz.

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La presente Directiva forma parte de un ejercicio de «adecuación de la normativa» (REFIT), cuyo ámbito de aplicación comprende cuatro Directivas (Directivas 2002/19/CE, 2002/20/CE, 2002/21/CE y 2002/22/CE) y el Reglamento (CE) n.o 1211/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo (9). Cada una de dichas Directivas comprende medidas aplicables a los proveedores de redes y servicios de comunicaciones electrónicas, de modo coherente con el pasado regulador del sector en el que las empresas estaban integradas de modo vertical, es decir, participaban en la provisión tanto de redes como de servicios. La revisión brinda la oportunidad de refundir las cuatro Directivas para simplificar la estructura actual con objeto de reforzar su coherencia y accesibilidad en relación con el objetivo REFIT. Asimismo, brinda la posibilidad de adaptar la estructura a la nueva realidad del mercado, en el que la prestación de servicios de comunicaciones ya no está necesariamente unida a la provisión de una red. De conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo Interinstitucional, de 28 de noviembre de 2001, para un recurso más estructurado a la técnica de la refundición de los actos jurídicos (10), la refundición consiste en la adopción de un nuevo acto jurídico que integra, en un único texto, a la vez las modificaciones de fondo que introduce en un acto anterior y las disposiciones de este último que permanecen inalteradas. La propuesta de refundición se ocupa de las modificaciones de fondo que introduce en un acto anterior y, de manera subsidiaria, incluye la codificación de las disposiciones no modificadas del acto anterior con las citadas modificaciones de fondo.

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La presente Directiva crea un marco jurídico que garantice la libertad de suministrar redes y servicios de comunicaciones electrónicas, con sujeción únicamente a las condiciones establecidas en la presente Directiva y a toda limitación contemplada en el artículo 52, apartado 1, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE), en particular medidas en materia de orden público y seguridad y salud públicas, y coherentes con el artículo 52, apartado 1, de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (en lo sucesivo, «Carta»).

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La presente Directiva se entiende sin perjuicio de que cada Estado miembro pueda tomar las medidas necesarias para asegurar la protección de sus intereses esenciales de seguridad, para salvaguardar la seguridad y el orden públicos y para permitir la investigación, la detección y el procesamiento de delitos, teniendo presente que toda limitación del ejercicio de los derechos y libertades reconocidos por la Carta, en particular en sus artículos 7, 8 y 11, como las limitaciones relativas al tratamiento de los datos, han de ser establecidas por la ley, respetar el contenido esencial de dichos derechos y libertades y supeditarse al principio de proporcionalidad, de conformidad con el artículo 52, apartado 1, de la Carta.

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La convergencia de los sectores de telecomunicaciones, medios de comunicación y tecnologías de la información supone que todos los servicios y las redes de comunicaciones electrónicas deben estar sometidos en la medida de lo posible a un único código europeo de las comunicaciones electrónicas establecido mediante una Directiva única, salvo los asuntos que se gestionen mejor con normas aplicables directamente establecidas mediante reglamentos. Es necesario separar la regulación de los servicios y las redes de comunicaciones electrónicas de la regulación de los contenidos. Por consiguiente, la presente Directiva no cubre el contenido de los servicios prestados a través de las redes de comunicaciones electrónicas utilizando servicios de comunicaciones electrónicas, tales como los contenidos de radiodifusión, los servicios financieros y determinados servicios de la sociedad de la información, y se entiende sin perjuicio de las medidas adoptadas a nivel de la Unión o nacional en relación con dichos servicios, de conformidad con lo dispuesto en el Derecho de la Unión, con el fin de promover la diversidad cultural y lingüística y garantizar la defensa del pluralismo de los medios de comunicación. Los contenidos de los programas de televisión están cubiertos por la Directiva 2010/13/UE del Parlamento Europeo y del Consejo (11). La regulación de la política audiovisual y de los contenidos tiene como finalidad alcanzar objetivos de interés general, como la libertad de expresión, el pluralismo de los medios de comunicación, la imparcialidad, la diversidad cultural y lingüística, la inclusión social, la protección de los consumidores y la protección de los menores. La separación entre la regulación de las comunicaciones electrónicas y la regulación de los contenidos no es óbice para tener en cuenta los vínculos que existen entre ambas, en particular, con el fin de garantizar el pluralismo de los medios de comunicación, la diversidad cultural y la protección de los consumidores. Dentro de los límites de sus competencias, las autoridades competentes deben contribuir a que se apliquen políticas destinadas a promover dichos objetivos.

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La presente Directiva no afecta a la aplicación a los equipos radioeléctricos de la Directiva 2014/53/UE del Parlamento Europeo y del Consejo (12), pero será aplicable a los autorradios, los receptores de radio de consumo y los equipos utilizados para la televisión digital de consumo.

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Para que las autoridades nacionales de reglamentación y otras autoridades competentes puedan alcanzar los objetivos establecidos en la presente Directiva, en especial los referentes a la interoperabilidad de extremo a extremo, el ámbito de aplicación de la Directiva debe incluir determinados aspectos de los equipos radioeléctricos, según lo definido en la Directiva 2014/53/UE, así como de los equipos de consumo utilizados para la televisión digital, para facilitar el acceso a los usuarios finales con discapacidad. Es importante que los reguladores nacionales y otras autoridades competentes animen a los operadores de redes y los fabricantes de equipos a que colaboren para facilitar el acceso de los usuarios finales con discapacidad a los servicios de comunicaciones electrónicas. La utilización no exclusiva del espectro radioeléctrico para el uso personal de equipos terminales de radiocomunicación, aunque no esté vinculada a una actividad económica, también debe someterse a lo dispuesto en la presente Directiva, a fin de garantizar un enfoque coordinado en cuanto a su régimen de autorización.

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Determinados servicios de comunicaciones electrónicas regulados por la presente Directiva podrían entrar también en el ámbito de la definición de «servicio de la sociedad de la información» que figura en el artículo 1 de la Directiva (UE) 2015/1535 del Parlamento Europeo y del Consejo (13). Las disposiciones de dicha Directiva que regulan los servicios de la sociedad de la información se aplican a esos servicios de comunicaciones electrónicas en la medida en que la presente Directiva u otros actos jurídicos de la Unión no contengan más disposiciones específicas aplicables a los servicios de comunicaciones electrónicas. No obstante, los servicios de comunicaciones electrónicas como la telefonía vocal, la mensajería y los servicios de correo electrónico están cubiertos por la presente Directiva. Una misma empresa, por ejemplo un proveedor de servicios de internet, puede ofrecer tanto un servicio de comunicaciones electrónicas, tal como el acceso a internet, como servicios no cubiertos por la presente Directiva, tales como el suministro de contenidos en forma de páginas de internet y contenidos no relacionados con la comunicación.

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Una misma empresa, por ejemplo un operador de cable, puede ofrecer un servicio de comunicaciones electrónicas, como el transporte de señales televisivas, y servicios no contemplados en la presente Directiva, como la comercialización de una oferta de sonido o servicios de contenidos de emisión televisiva, por lo que se podrán imponer a dicha empresa obligaciones adicionales en relación con su actividad como proveedor o distribuidor de contenidos, de conformidad con disposiciones distintas a las de la presente Directiva, sin perjuicio de las condiciones establecidas en un anexo de la presente Directiva.

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El marco regulador debe cubrir el uso del espectro radioeléctrico por parte de todas las redes de comunicaciones electrónicas, incluido el incipiente uso personal del espectro radioeléctrico por los nuevos tipos de redes constituidas exclusivamente de sistemas autónomos de equipos radioeléctricos móviles que están conectados a través de enlaces inalámbricos sin gestión central o un operador de red centralizado, y no necesariamente en el ejercicio de cualquier actividad económica específica. En el entorno evolutivo de las comunicaciones inalámbricas 5G, es probable que estas redes se desarrollen en particular fuera de los edificios y en las carreteras, para el transporte, la energía investigación y desarrollo, la sanidad en línea, la protección pública y el socorro en caso de catástrofes, la internet de las cosas, la comunicación máquina a máquina y los vehículos conectados. En consecuencia, la aplicación por parte de los Estados miembros, con base en el artículo 7 de la Directiva 2014/53/UE, de requisitos nacionales adicionales relativos a la puesta en servicio o la utilización, o ambas, de tales equipos radioeléctricos en relación con el uso eficaz y eficiente del espectro radioeléctrico y la evitación de interferencias perjudiciales, debe reflejar los principios del mercado interior.

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Los requisitos relativos a las capacidades de las redes de comunicaciones electrónicas están en constante aumento. Mientras que antes la atención se centraba principalmente en el aumento de ancho de banda disponible en general y para cada usuario individual, otros parámetros, como la latencia, la disponibilidad y la fiabilidad, son cada vez más importantes. La respuesta actual a esta demanda está acercando más y más la fibra óptica al usuario y las futuras «redes de muy alta capacidad» exigirán parámetros de rendimiento que sean equivalentes a aquellos que pueden ofrecer una red basada en elementos de fibra óptica, al menos hasta el punto de distribución en la ubicación de servicio. En el caso de la conexión a una línea fija, esto corresponde a un rendimiento de red equivalente al que se puede lograr mediante una instalación de fibra óptica hasta un edificio de viviendas, considerado como la ubicación de servicio. En el caso de una conexión inalámbrica, esto corresponde a un rendimiento de red similar al que puede lograrse con una instalación de fibra óptica hasta la estación de base, considerada como la ubicación de servicio. Las variaciones en la experiencia de los usuarios finales que obedezcan a características diferentes del medio a través del cual se conecta en última instancia la red con el punto de terminación de esta, no deben tenerse en cuenta a efectos de determinar si puede considerarse que una red inalámbrica ofrece un rendimiento de red similar. De conformidad con el principio de neutralidad tecnológica, no hay que excluir otras tecnologías y medios de transmisión cuando sus capacidades sean comparables a las de esa hipótesis de base. El desarrollo de estas «redes de muy alta capacidad» aumentará aún más las capacidades de las redes y preparará el camino para el despliegue de futuras generaciones de redes inalámbricas, basándose en interfaces aéreas mejoradas y en una arquitectura de red más compacta.

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Se deben adaptar las definiciones con el fin de garantizar que cumplen con el principio de neutralidad tecnológica y seguir el ritmo de la evolución tecnológica, en particular nuevas formas de gestionar las redes, tales como mediante redes emuladas o definidas por software. La evolución tecnológica y de los mercados ha hecho que las redes se dirijan a la tecnología del protocolo de internet (IP), y ha posibilitado que los usuarios finales escojan entre una serie de proveedores de servicios vocales competidores. Por consiguiente, el término «servicio telefónico disponible al público», utilizado exclusivamente en la Directiva 2002/22/CE y que mayoritariamente se entiende que hace referencia a los servicios telefónicos analógicos tradicionales, debe sustituirse por el término «servicio de comunicaciones vocales», más frecuente y tecnológicamente neutro. Conviene separar las condiciones de prestación de un servicio de los elementos que definen realmente un servicio de comunicaciones vocales, es decir, un servicio de comunicaciones electrónicas a disposición del público a través de uno o más números de un plan nacional o internacional de numeración telefónica, para efectuar y recibir llamadas nacionales o nacionales e internacionales, directa o indirectamente, ya se base este servicio en una tecnología de conmutación de circuitos o de conmutación de paquetes. La bidireccionalidad es inherente a un servicio de esta índole, lo que permite la comunicación entre ambas partes. Un servicio que no cumple todas esas condiciones, como por ejemplo una aplicación de hacer «clic» sobre un enlace contenido en un sitio web de servicios de atención al cliente en línea, no es un servicio de este tipo. Los servicios de comunicaciones vocales incluyen también medios de comunicación específicamente destinados a usuarios finales con discapacidad que utilicen servicios de conversión a texto o de conversación total en modo texto.

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Los servicios utilizados en las comunicaciones y los medios técnicos empleados para ello han evolucionado considerablemente. Los usuarios finales sustituyen cada vez más la telefonía vocal tradicional, los mensajes de texto (SMS) y los servicios de correo electrónico por servicios en línea de función equivalente, como voz sobre IP, servicios de mensajería y servicios de correo electrónico basados en la red. Para garantizar que los usuarios finales y sus derechos estén eficaz y equitativamente protegidos cuando utilicen servicios de función equivalente, una definición de los servicios de comunicaciones electrónicas que vaya a utilizarse en el futuro no debe basarse puramente en parámetros técnicos, sino más bien en un planteamiento funcional. El ámbito de aplicación de la reglamentación necesaria debe ser el adecuado para alcanzar sus objetivos de interés público. Si bien el «transporte de señales» sigue siendo un parámetro importante para determinar los servicios que entran en el ámbito de aplicación de la presente Directiva, conviene que la definición abarque también otros servicios que permiten la comunicación. Desde la perspectiva del usuario final, no hace al caso si un proveedor transporta las señales él mismo o si la comunicación se ofrece mediante un servicio de acceso a internet. La definición de servicios de comunicaciones electrónicas debe abarcar, pues, tres tipos de servicios que pueden solaparse parcialmente, a saber: servicios de acceso a internet definidos en el artículo 2, punto 2, del Reglamento (UE) 2015/2120 del Parlamento Europeo y del Consejo (14); servicios de comunicaciones interpersonales, como se definen en la presente Directiva, y servicios que consisten total o principalmente en el transporte de señales. La definición de servicio de comunicaciones electrónicas debe eliminar las ambigüedades observadas en la aplicación de la definición que existía antes de la adopción de la presente Directiva y permitir una aplicación particularizada, disposición por disposición, de los derechos y obligaciones específicos que comprende el marco a los diferentes tipos de servicios. El tratamiento de datos personales mediante servicios de comunicaciones electrónicas, contra remuneración o de otro modo, debe ajustarse al Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo (15).

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Para entrar en el ámbito de aplicación de la definición de servicio de comunicaciones electrónicas, un servicio debe prestarse habitualmente a cambio de una remuneración. En la economía digital, es cada vez más frecuente que quienes participan en el mercado consideren que la información sobre los usuarios tiene un valor monetario. Los servicios de comunicaciones electrónicas se prestan con frecuencia al usuario final no solo a cambio de dinero, sino, en particular y cada vez con mayor frecuencia, a cambio de datos personales o de otro tipo. El concepto de remuneración debe englobar, pues, situaciones en las que el proveedor de un servicio solicita que le sean proporcionados, directa o indirectamente, datos personales en el sentido del Reglamento (UE) 2016/679, u otros datos, y en que el usuario final se los proporciona conscientemente. También debe englobar situaciones en las que el usuario final facilita el acceso a información sin proporcionarla activamente, como datos personales, entre ellos la dirección IP, u otra información generada automáticamente, como la recopilada y transmitida por una cookie. De conformidad con la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (en lo sucesivo, «Tribunal de Justicia») sobre el artículo 57 del TFUE (16), también hay remuneración a tenor del TFUE cuando al proveedor del servicio le paga un tercero y no el destinatario del servicio. Por consiguiente, el concepto de remuneración también debe abarcar situaciones en las que el usuario final se halla expuesto a anuncios publicitarios como condición para tener acceso al servicio o situaciones en las que el proveedor del servicio monetiza los datos personales que haya recopilado de conformidad con el Reglamento (UE) 2016/679.

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Los servicios de comunicaciones interpersonales son servicios que permiten el intercambio interpersonal e interactivo de información y que comprenden servicios como las llamadas de voz tradicionales entre dos personas, así como también todo tipo de correos electrónicos, servicios de mensajería o charlas en grupo. Los servicios de comunicaciones interpersonales solo abarcan las comunicaciones entre un número finito, es decir, potencialmente no ilimitado, de personas físicas, que está determinado por el remitente de la comunicación. Las comunicaciones en las que intervengan personas jurídicas deben entrar en el ámbito de aplicación de la definición cuando las personas físicas actúan en nombre de esas personas jurídicas o intervienen al menos en un lado de la comunicación. La comunicación interactiva supone que el servicio permite que el receptor de la información responda. Los servicios que no cumplan esos requisitos, como la radiodifusión lineal, el vídeo a la carta, los sitios web, las redes sociales, los blogs o el intercambio de información entre máquinas, no deben ser considerados servicios de comunicaciones interpersonales. En circunstancias excepcionales, un servicio no debe ser considerado un servicio de comunicaciones interpersonales si el dispositivo de comunicación interpersonal e interactiva es una característica menor y puramente auxiliar de otro servicio y, por razones técnicas objetivas, no puede utilizarse sin dicho servicio principal y su integración no es un medio para eludir la aplicabilidad de las normas que regulan los servicios de comunicaciones interpersonales. Como elementos para que se dé la exclusión de la definición, los términos «menor» y «puramente auxiliar» deben interpretarse de manera restrictiva y desde una perspectiva objetiva de usuario final. Una característica de comunicaciones interpersonales puede considerarse menor cuando su utilidad objetiva para un usuario final es muy limitada y cuando, en realidad, apenas es utilizada por los usuarios finales. Un ejemplo de una característica que puede considerarse queda fuera del ámbito de aplicación de la definición de servicios de comunicaciones interpersonales podría ser, en principio, un canal de comunicación de un juego en línea, dependiendo de las características del dispositivo de comunicación del servicio.

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Los servicios de comunicaciones interpersonales que utilizan números de un plan nacional e internacional de numeración conectan con recursos de numeración de asignación pública. Esos servicios de comunicaciones interpersonales basados en numeración engloban tanto los servicios en los que los números de los usuarios finales se asignan para garantizar la conectividad extremo a extremo, como los servicios que posibilitan que los usuarios finales entren en contacto con las personas a las que se han asignados esos números. No debe considerarse que la mera utilización de un número en tanto que identificador equivale a la utilización de un número para conectar con números de asignación pública y, por lo tanto, no debe considerarse suficiente por sí misma para calificar un servicio como servicio de comunicaciones interpersonales basado en números. Los servicios de comunicaciones interpersonales independientes de la numeración solo deben estar sujetos a obligaciones cuando el interés público exija la aplicación de obligaciones reglamentarias específicas a todos los tipos de servicios de comunicaciones interpersonales, con independencia de que utilicen números para la prestación de su servicio. Está justificado dar un trato diferente a los servicios de comunicaciones interpersonales basados en numeración, ya que participan en un ecosistema interoperable garantizado públicamente y, por consiguiente, también se benefician de él.

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El punto de terminación de la red constituye una frontera para el propósito reglamentario entre el marco regulador de las redes y servicios de comunicaciones electrónicas y el reglamento del equipo terminal de telecomunicación. Determinar la localización del punto de terminación de la red es responsabilidad de la autoridad nacional de reglamentación. A la luz de la práctica de las autoridades nacionales de reglamentación, y habida cuenta de la variedad de tipologías fijas e inalámbricas, el Organismo de Reguladores Europeos de Comunicaciones Electrónicas («ORECE») debe adoptar, colaborando estrechamente con la Comisión, directrices sobre enfoques comunes para la identificación del punto de terminación de la red, con arreglo a la presente Directiva, en diferentes circunstancias concretas.

(20)

La evolución técnica hace posible que los usuarios finales accedan a los servicios de emergencia no solo mediante llamadas de voz, sino también mediante otros servicios de comunicaciones interpersonales. El concepto de comunicación de emergencia debe abarcar, pues, todos los servicios de comunicaciones interpersonales que permiten el acceso a tales servicios de emergencia. Ese concepto se basa en los elementos del sistema de emergencia que ya se recogen en el Derecho de la Unión, a saber, el «punto de respuesta de seguridad pública» («PSAP») y el «PSAP más apropiado», según se definen en el Reglamento (UE) 2015/758 del Parlamento Europeo y del Consejo (17), y en los «servicios de emergencia», según se definen en el Reglamento Delegado (UE) n.o 305/2013 de la Comisión (18).

(21)

Las autoridades nacionales de reglamentación y otras autoridades competentes deben contar con un conjunto armonizado de objetivos y principios en que fundamentar su trabajo y, en caso necesario, coordinar su actuación con las autoridades de otros Estados miembros y con el ORECE cuando desempeñen su labor al amparo de este marco regulador.

(22)

Los cometidos asignados a las autoridades competentes con arreglo a la presente Directiva contribuyen a la realización de políticas de alcance más general en el ámbito de la cultura, el empleo, el medio ambiente, la cohesión social y la ordenación territorial y urbana.

(23)

Además de los tres objetivos primordiales existentes —promover la competencia, el mercado interior y los intereses de los usuarios finales—, el marco regulatorio debe perseguir un objetivo adicional de conectividad, articulado en forma de resultados: acceso generalizado a redes de muy alta capacidad, y utilización generalizada de ella, para todos los ciudadanos y empresas de la Unión, conforme a un precio y una oferta razonables, una competencia eficaz y leal, una innovación abierta, un uso eficiente del espectro radioeléctrico, unas normas comunes y unos planteamientos reguladores previsibles en el mercado interior y las normas sectoriales necesarias para salvaguardar los intereses de los ciudadanos de la Unión. En el caso de los Estados miembros, las autoridades nacionales de reglamentación y las demás autoridades competentes y las partes interesadas, ese objetivo de conectividad se traduce, por un lado, en aspirar a unas redes y servicios de la máxima capacidad que sean económicamente sostenibles en una zona determinada, y, por otro, en perseguir la cohesión territorial, entendida como la convergencia de la capacidad disponible en diferentes zonas.

(24)

El avance hacia la consecución de los objetivos generales de la presente Directiva debe estar respaldado por un sólido sistema de evaluación continua y de análisis comparativo por parte de la Comisión de los Estados miembros con respecto a lo siguiente: disponibilidad de redes de muy alta capacidad en todos los principales motores socioeconómicos, tales como centros escolares, centros de transporte, grandes proveedores de servicios públicos y empresas altamente digitalizadas; la disponibilidad de la cobertura 5G ininterrumpida en las zonas urbanas y las principales vías de transporte terrestre; y la disponibilidad para todos los hogares en cada Estado miembro de redes de comunicaciones electrónicas capaces de ofrecer al menos 100 Mbps, con posibilidades de actualización rápida a alta velocidad. Para ello, la Comisión debe seguir supervisando el desempeño de los Estados miembros, por ejemplo mediante índices que resuman los indicadores pertinentes del rendimiento de la Unión en materia digital y hagan un seguimiento de la evolución de los Estados miembros en la competitividad digital, como el Índice de la Economía y la Sociedad Digitales, y, cuando sea necesario, debe establecer nuevos métodos y nuevos criterios objetivos, concretos y cuantificables para el análisis comparativo de la eficacia lograda por los Estados miembros.

(25)

El principio según el cual los Estados miembros deben aplicar el Derecho de la Unión de forma tecnológicamente neutra, es decir, que una autoridad nacional de reglamentación u otra autoridad competente no debe imponer el uso de un tipo de tecnología particular ni discriminar en su favor, se entiende sin perjuicio de la adopción de medidas proporcionadas para fomentar determinados servicios específicos cuando esté justificado con el fin de lograr los objetivos del marco regulador, por ejemplo, en el caso de la televisión digital como instrumento para mejorar la eficiencia del espectro radioeléctrico. Además, dicho principio no excluye la consideración de que determinados medios de transmisión poseen características físicas y arquitectónicas que pueden ser superiores desde el punto de vista de la calidad del servicio, la capacidad, el coste de mantenimiento, la eficiencia energética, la flexibilidad de gestión, la fiabilidad, la solidez y la escalabilidad, y, en última instancia, el rendimiento, lo que puede reflejarse en actuaciones realizadas con vistas a lograr los diferentes objetivos reguladores.

(26)

Es preciso fomentar conjuntamente las inversiones eficientes y la competencia, con el fin de incrementar el crecimiento económico, la innovación y la elección de los consumidores.

(27)

La mejor forma de fomentar la competencia es un nivel económicamente eficiente de inversiones en infraestructuras nuevas y existentes, completándolo en su caso con una normativa dirigida a establecer una competencia eficaz en los servicios al por menor. El nivel eficiente de competencia basada en las infraestructuras se relaciona con el grado de duplicación de las infraestructuras para las que quepa esperar de forma razonable que las inversiones obtengan una rentabilidad justa basándose en las previsiones razonables relativas a la evolución de las participaciones en el mercado.

(28)

Es necesario ofrecer incentivos adecuados para las inversiones en nuevas redes de muy alta capacidad que favorezcan la innovación en servicios de internet ricos en contenidos y refuercen la competitividad internacional de la Unión. Estas redes tienen un enorme potencial para ofrecer beneficios a los consumidores y las empresas en toda la Unión. Por tanto, es de vital importancia promover la inversión sostenible en el desarrollo de estas nuevas redes, manteniendo a la vez la competencia, puesto que persisten cuellos de botella y obstáculos a la entrada a nivel de infraestructura, e impulsando la variedad de oferta para el consumidor mediante una regulación previsible y coherente.

(29)

La presente Directiva pretende reducir progresivamente las normas ex ante de carácter sectorial, conforme avance el desarrollo de la competencia en los mercados para conseguir, en último término, que las comunicaciones electrónicas se rijan tan solo por el Derecho de la competencia. Considerando que los mercados de las comunicaciones electrónicas han mostrado una dinámica fuertemente competitiva en los últimos años, es esencial que las obligaciones reglamentarias ex ante se impongan solo cuando no exista una competencia auténtica y sostenible en los mercados de que se trate. El objetivo de la intervención reguladora ex ante es beneficiar a los usuarios finales, haciendo que los mercados minoristas sean realmente competitivos con carácter sostenible. Deben imponerse obligaciones a nivel mayorista si, de lo contrario, no es probable que uno o más mercados minoristas lleguen a ser realmente competitivos en ausencia de dichas obligaciones. Es probable que las autoridades nacionales de reglamentación puedan determinar progresivamente, mediante el procedimiento de análisis del mercado, que los mercados minoristas son competitivos incluso en ausencia de regulación mayorista, especialmente teniendo en cuenta las esperadas mejoras de la competencia y la innovación. En tal caso, la autoridad nacional de reglamentación debe concluir que la regulación ya no resulta necesaria en el nivel mayorista, y evaluar el correspondiente mercado mayorista pertinente con miras a la retirada de regulación ex ante. Al hacerlo, la autoridad nacional de reglamentación debe tener en cuenta todos los efectos multiplicadores entre mercados mayoristas y mercados minoristas conexos que podrían requerir la eliminación de obstáculos para la entrada a nivel de infraestructura, a fin de garantizar la competencia a largo plazo en el nivel minorista.

(30)

Las comunicaciones electrónicas se están volviendo fundamentales para un número de sectores cada vez mayor. La internet de las cosas ilustra cómo la transmisión de señales radioeléctricas en la que se basan las comunicaciones electrónicas sigue evolucionando y dando forma a la realidad social y empresarial. Con el fin de obtener las máximas ventajas de esa evolución, es fundamental que la gestión del espectro radioeléctrico conlleve la implantación y adaptación de nuevas tecnologías y aplicaciones para las comunicaciones inalámbricas. Dado que otras tecnologías y aplicaciones basadas en el espectro radioeléctrico están sujetas también a una demanda cada vez mayor, y pueden mejorarse mediante la integración en las comunicaciones electrónicas, o la combinación con ellas, la gestión del espectro radioeléctrico debe adoptar, en su caso, un planteamiento intersectorial para mejorar la eficiencia de la utilización del espectro radioeléctrico.

(31)

La planificación estratégica, la coordinación y, cuando proceda, la armonización a nivel de la Unión pueden ayudar a asegurar que los usuarios del espectro radioeléctrico obtengan todos los beneficios del mercado interior y que los intereses de la Unión se defiendan de forma efectiva a escala mundial. A tal efecto, debe ser posible adoptar, cuando proceda, programas plurianuales en materia de espectro radioeléctrico. El primero de dichos programas fue establecido por la Decisión n.o 243/2012/UE del Parlamento Europeo y del Consejo (19), que fija las orientaciones y los objetivos de la planificación estratégica, así como la armonización de la utilización del espectro radioeléctrico en la Unión. Dichas orientaciones y objetivos pueden referirse a la disponibilidad y la utilización eficiente del espectro radioeléctrico, necesarias para el establecimiento y el funcionamiento del mercado interior, de conformidad con la presente Directiva.

(32)

Las fronteras nacionales tienen cada vez menos importancia para determinar la utilización óptima del espectro radioeléctrico. La fragmentación indebida entre las políticas nacionales genera costes cada vez mayores y hace perder oportunidades de mercado a los usuarios del espectro radioeléctrico y retrasa la innovación en detrimento del buen funcionamiento del mercado interior y perjudica a los consumidores y a la economía en su conjunto.

(33)

Las disposiciones relativas a la gestión del espectro radioeléctrico de la presente Directiva deben ser coherentes con el trabajo de las organizaciones internacionales y regionales que se ocupan de la gestión del espectro radioeléctrico, como la Unión Internacional de Telecomunicaciones (en lo sucesivo, «UIT») y la Conferencia Europea de Administraciones Postales y de Telecomunicaciones (en lo sucesivo, «CEPT»), a fin de asegurar la gestión efectiva y la armonización del uso del espectro radioeléctrico en toda la Unión y entre los Estados miembros y otros miembros de la UIT.

(34)

De conformidad con el principio de separación de las funciones de regulación y de explotación, los Estados miembros deben garantizar la independencia de las autoridades nacionales de reglamentación y de las demás autoridades competentes con el fin de asegurar la imparcialidad de sus decisiones. Este requisito de independencia se entiende sin perjuicio de la autonomía institucional y de las obligaciones constitucionales de los Estados miembros, ni del principio de neutralidad de las normas de los Estados miembros por las que se rige el régimen de la propiedad establecido en el artículo 345 del TFUE. Las autoridades nacionales de reglamentación y las demás autoridades competentes deben disponer de todos los recursos necesarios en cuanto a personal, competencia y medios financieros para el cumplimiento de sus cometidos.

(35)

Algunas de las tareas contempladas en la presente Directiva, como la regulación ex ante del mercado, en particular la imposición de obligaciones de acceso e interconexión, y la resolución de litigios entre empresas son tareas que deben desempeñar únicamente autoridades nacionales de reglamentación, es decir, organismos independientes del sector y de toda intervención externa que ejerza presión política. Salvo que se disponga lo contrario, los Estados miembros pueden asignar otras tareas reguladoras previstas en la presente Directiva a las autoridades nacionales de reglamentación o a otras autoridades competentes. Durante la transposición, los Estados miembros deben promover la estabilidad de competencias de las autoridades nacionales de reglamentación con respecto a la asignación de tareas derivada de la transposición del marco regulador de comunicaciones electrónicas de la Unión modificado en 2009, en particular las relacionadas con la competencia de mercado y la entrada en el mercado. Cuando se asignen tareas a otras autoridades competentes, esas otras autoridades competentes deben consultar a las autoridades nacionales de reglamentación antes de tomar una decisión. Con arreglo al principio de buena cooperación, las autoridades nacionales de reglamentación y otras autoridades competentes deben intercambiar información para el ejercicio de sus tareas.

(36)

La presente Directiva no incluye disposiciones materiales sobre el acceso a una internet abierta o la itinerancia y se entenderá sin perjuicio de la asignación de tareas a las autoridades nacionales de reglamentación previstas en el Reglamento (UE) n.o 531/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo (20) y en el Reglamento (UE) 2015/2120. No obstante, la presente Directiva establece además que las autoridades nacionales de reglamentación sean competentes para evaluar y supervisar atentamente cuestiones relativas al acceso a los mercados y la competencia que potencialmente afecten a los derechos de los usuarios finales a un acceso a internet abierto.

(37)

La independencia de las autoridades nacionales de reglamentación se reforzó en la revisión del marco regulador de comunicaciones electrónicas completado en 2009 para garantizar una aplicación más efectiva del marco regulador y para aumentar su autoridad y la previsibilidad de sus decisiones. A tal efecto, hubo que disponer expresamente en el Derecho nacional que, en el ejercicio de sus cometidos, la autoridad nacional de reglamentación esté protegida de intervenciones exteriores o presiones políticas que puedan comprometer su evaluación independiente de los asuntos que se le sometan. Tal influencia exterior hace que un órgano legislativo nacional resulte inadecuado para actuar como autoridad nacional de reglamentación con arreglo al marco regulador. A tal efecto, hubo que establecer desde el inicio las normas relativas a los motivos de cese del responsable de la autoridad nacional de reglamentación a fin de disipar cualquier duda razonable en cuanto a la neutralidad de ese organismo y su impermeabilidad a factores exteriores. Con el fin de evitar ceses arbitrarios, los miembros cesados deben gozar del derecho a solicitar que los tribunales competentes comprueben la existencia de una razón válida de cese, entre las previstas en la presente Directiva. Esos ceses deben referirse únicamente a las cualificaciones personales o profesionales del responsable o miembro. Es importante que las autoridades nacionales de reglamentación dispongan de su propio presupuesto, que les permita, en particular, contratar personal cualificado en número suficiente. Para garantizar la transparencia, ese presupuesto debe hacerse público anualmente. Dentro de los límites de su presupuesto, deben contar con autonomía para gestionar sus recursos humanos y financieros. Con objeto de garantizar la imparcialidad, los Estados miembros que conserven la propiedad o el control de las empresas que contribuyen al presupuesto de las autoridades nacionales de reglamentación o de otras autoridades competentes mediante cargas administrativas, deben velar por que haya una separación estructural efectiva entre las actividades asociadas con el ejercicio de la propiedad o el control y las relativas al ejercicio del control del presupuesto.

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Debe reforzarse más la independencia de las autoridades nacionales de reglamentación para garantizar la impermeabilidad de su responsable y de sus miembros a las presiones exteriores, estableciendo cualificaciones mínimas para los nombramientos y una duración mínima del mandato. Además, para reducir el riesgo de captura del regulador, garantizar la continuidad y mejorar la independencia, los Estados miembros deben considerar limitar la posibilidad de renovar los mandatos del responsable o los miembros de la junta directiva y establecer un sistema de rotación adecuado para la junta directiva y la alta dirección. Por ejemplo, se podría nombrar a los primeros miembros del órgano colegiado para períodos diferentes, de forma que sus mandatos y los de sus sucesores no expiren al mismo tiempo.

(39)

Las autoridades nacionales de reglamentación deben rendir cuentas e informar sobre el modo en que desempeñan sus tareas. Esa obligación debe traducirse, por lo general, en la presentación de un informe anual más que en solicitudes especiales de presentación de informes, que, en caso de ser desproporcionadas, podrían limitar su independencia o dificultarles la realización de sus tareas. De hecho, según la jurisprudencia del Tribunal de Justicia (21), unas obligaciones de información exhaustivas o incondicionales pueden afectar indirectamente la independencia de una autoridad.

(40)

Los Estados miembros deben notificar a la Comisión la identidad de las autoridades nacionales de reglamentación y de las demás autoridades competentes. En el caso de las autoridades competentes para otorgar derechos de paso, debe ser posible cumplir el requisito de notificación mediante una referencia al punto de información único establecido con arreglo a la Directiva 2014/61/UE del Parlamento Europeo y del Consejo (22).

(41)

Debe aplicarse el sistema de autorización menos gravoso posible al suministro de redes y servicios de comunicaciones electrónicas con el fin de estimular el desarrollo de nuevos servicios de comunicaciones y de redes y servicios de comunicaciones paneuropeos y hacer posible que proveedores de servicios y consumidores se beneficien de las economías de escala del mercado interior.

(42)

La mejor manera de alcanzar las ventajas que ofrece el mercado interior a los proveedores de servicios y los usuarios finales es la autorización general de las redes de comunicaciones electrónicas y los servicios de comunicaciones electrónicas, distintos de los servicios de comunicaciones interpersonales independientes de la numeración, sin exigir una decisión o un acto administrativo explícitos de la autoridad nacional de reglamentación y limitando los requisitos de procedimiento a una mera notificación declaratoria. Cuando los Estados miembros exijan a los proveedores de redes o servicios de comunicaciones electrónicas una notificación en el momento en que inicien sus actividades, dicha notificación no debe acarrear costes administrativos a los proveedores y puede ofrecerse mediante un punto de entrada en el sitio web de las autoridades competentes. Para apoyar una coordinación transfronteriza efectiva, especialmente para los operadores paneuropeos, el ORECE debe crear y mantener una base de datos de dichas notificaciones. Las autoridades competentes deben transmitir al ORECE únicamente notificaciones completas. Los Estados miembros no deben obstaculizar el suministro de redes o servicios en modo alguno, ni siquiera cuando aleguen que una notificación está incompleta.

(43)

Las notificaciones deben consistir en una mera declaración de la intención del proveedor de iniciar el suministro de redes o servicios de comunicaciones electrónicas. Al proveedor se le debe pedir que complemente dicha declaración solo con la información que figura en la presente Directiva. Los Estados miembros no deben imponer requisitos de notificación adicionales o diferentes.

(44)

A diferencia de las demás categorías de redes y servicios de comunicaciones electrónicas que se definen en la presente Directiva, los servicios de comunicaciones interpersonales independientes de la numeración no disfrutan de la utilización de los recursos públicos de numeración ni participan en un ecosistema interoperable garantizado públicamente. No procede, por lo tanto, someter estos tipos de servicios al régimen de autorización general.

(45)

Al otorgar derechos de uso del espectro radioeléctrico para recursos de numeración o derechos de instalar recursos, las autoridades competentes deben informar a las empresas a las que otorguen dichos derechos de las condiciones correspondientes. Los Estados miembros deben poder establecer dichas condiciones de uso del espectro radioeléctrico en el marco de los derechos individuales de utilización o de una autorización general.

(46)

Las autorizaciones generales deben contener solamente condiciones que sean específicas para el sector de las comunicaciones electrónicas. No deben estar sujetas a condiciones que sean ya aplicables en virtud de otra legislación nacional en vigor, en particular la relativa a la protección de los consumidores, que no sea específica del sector de las comunicaciones. Por ejemplo, las autoridades competentes deben poder informar a las empresas de los requisitos aplicables sobre medio ambiente y ordenación territorial. Las condiciones impuestas en el marco de la autorización general no afectan a la determinación de la legislación aplicable en virtud del Reglamento (CE) n.o 593/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo (23).

(47)

Las condiciones que pueden imponerse a las autorizaciones generales deben cubrir las condiciones específicas que rigen la accesibilidad de los usuarios finales con discapacidad y la necesidad de que los poderes públicos y los servicios de emergencia se comuniquen entre sí y con la población antes, durante y después de catástrofes importantes.

(48)

Es necesario incluir expresamente en dichas autorizaciones los derechos y obligaciones que incumben a las empresas en virtud de las autorizaciones generales, con el fin de garantizar la igualdad de condiciones en toda la Unión y facilitar la negociación transfronteriza de la interconexión entre redes de comunicaciones electrónicas públicas.

(49)

La autorización general da derecho a las empresas proveedoras de redes y servicios de comunicaciones electrónicas al público a negociar la interconexión con arreglo a las condiciones de la presente Directiva. Las empresas proveedoras de redes y servicios de comunicaciones electrónicas distintos de los que están destinados al público podrán negociar la interconexión en términos comerciales.

(50)

Al asociar condiciones a las autorizaciones generales y al aplicar las cargas administrativas, las autoridades competentes deben tener debidamente en cuenta las situaciones en las que personas físicas sin ánimo de lucro suministren redes o servicios de comunicaciones electrónicas. En el caso de redes y servicios de comunicaciones electrónicas que no se suministren al público, resulta conveniente imponer condiciones menos numerosas y menos estrictas, en su caso, que las que están justificadas en el caso de redes y servicios de comunicaciones electrónicas suministradas al público.

(51)

Las obligaciones específicas que puedan imponerse, de conformidad con el Derecho de la Unión, a las empresas proveedoras de redes de comunicaciones electrónicas y servicios de comunicaciones electrónicas en razón de su designación como poseedoras de peso significativo en el mercado según se define en la presente Directiva deben imponerse separadamente de los derechos y obligaciones generales que deriven de la autorización general.

(52)

Es posible que las empresas proveedoras de redes y servicios de comunicaciones electrónicas necesiten una confirmación de sus derechos con arreglo a la autorización general en materia de interconexión y derechos de paso, en particular para facilitar las negociaciones con otros niveles, regionales o locales, de la administración o con los proveedores de servicios de otros Estados miembros. A tal fin, las autoridades competentes deben facilitar estas declaraciones a las empresas, bien previa solicitud o bien como respuesta automática a una notificación al amparo de la autorización general. Dichas declaraciones no deben constituir por sí mismas un título para ejercer derechos, ni tampoco deben depender de ellas derecho alguno en virtud de la autorización general, ni derechos de uso ni el ejercicio de los mismos.

(53)

Debe ser posible imponer cargas administrativas a las empresas suministradoras de servicios de comunicaciones electrónicas para financiar las actividades de la autoridad nacional de reglamentación o de otra autoridad competente relativas a la gestión del sistema de autorización general y el otorgamiento de derechos de uso. Tales tasas deben limitarse a cubrir los gastos administrativos reales de estas actividades. A tal efecto, debe existir transparencia en lo relativo a los ingresos y gastos de las autoridades nacionales de reglamentación y de las demás autoridades competentes mediante la comunicación anual del importe total de las tasas recaudadas y los gastos administrativos soportados para permitir que las empresas puedan verificar que están en equilibrio.

(54)

Los sistemas que regulen las cargas administrativas no deben distorsionar la competencia ni crear barreras a la entrada en el mercado. Un sistema de autorización general hace imposible asignar los costes administrativos, y por ende las tasas, a las empresas, excepto en lo que se refiere a la autorización de derechos de uso de recursos de numeración, espectro radioeléctrico y derechos de instalar recursos. Las cargas administrativas aplicables deben ajustarse a los principios de un sistema de autorización general. Un ejemplo justo, sencillo y transparente de criterio de asignación de cargas podría ser una clave de distribución en función del volumen de negocios. Cuando las cargas administrativas sean muy bajas, también podrían resultar apropiadas unas tasas uniformes o bien unas tasas que combinen una base uniforme con un componente en función del volumen de negocios. En la medida en que el sistema de autorización general se hace extensivo a las empresas con unas cuotas de mercado muy pequeñas, como los proveedores de redes de alcance local, o a proveedores de servicios cuyo modelo empresarial genera unos ingresos muy limitados incluso cuando la penetración en el mercado, en términos de volúmenes, es considerable, los Estados miembros deben evaluar la posibilidad de fijar un umbral de minimis apropiado para la imposición de cargas administrativas.

(55)

A los Estados miembros puede serles necesario modificar los derechos, condiciones, procedimientos, cargas y tasas relacionados con las autorizaciones generales y derechos de uso cuando esté objetivamente justificado. Tales modificaciones propuestas deben notificarse debida y oportunamente a todas las partes interesadas, dándoles adecuada oportunidad de expresar su opinión. Hay que evitar los procedimientos innecesarios en caso de modificaciones de menor importancia de los derechos existentes de instalación de recursos o derechos de uso del espectro radioeléctrico o de recursos de numeración, cuando esas modificaciones no afecten a los intereses de terceros. Las modificaciones menores de los derechos y las obligaciones son modificaciones, principalmente de orden administrativo, que no modifican sustancialmente las autorizaciones generales y los derechos individuales de utilización y que, por consiguiente, no pueden generar ningún tipo de ventaja competitiva en favor de las demás empresas.

(56)

Teniendo en cuenta la importancia de garantizar la seguridad jurídica y fomentar la previsibilidad normativa con el fin de facilitar un entorno seguro para las inversiones, en particular para las nuevas comunicaciones inalámbricas de banda ancha, toda restricción o retirada de derechos existentes de uso del espectro radioeléctrico, de recursos de numeración o de instalación de recursos debe estar supeditada a procedimientos y justificaciones previsibles y transparentes. Por tanto, se pueden imponer requisitos más estrictos o un mecanismo de notificación, en particular cuando se hayan asignado los derechos de uso con arreglo a procedimientos competitivos o comparativos y en el caso de armonización de bandas del espectro radioeléctrico a fin de que puedan ser utilizadas para los servicios de comunicaciones electrónicas de banda ancha inalámbrica (en lo sucesivo, «servicios de banda ancha inalámbrica»). Las justificaciones relativas al uso eficaz y eficiente del espectro radioeléctrico y a la evolución tecnológica podrían basarse en las normas de desarrollo técnicas adoptadas con arreglo a la Decisión n.o 676/2002/CE del Parlamento Europeo y del Consejo (24). Además, salvo que las modificaciones propuestas sean menores, cuando es necesario restringir, retirar o modificar autorizaciones generales y derechos individuales para utilizar el espectro radioeléctrico sin el consentimiento del titular de los derechos, se pueden llevar a cabo estas acciones tras consultar a las partes interesadas. Toda vez que las restricciones o las retiradas de autorizaciones generales o derechos pueden tener consecuencias importantes para sus titulares, las autoridades competentes deben tener especial cuidado y evaluar previamente los posibles daños que puedan provocar dichas medidas antes de adoptarlas.

(57)

Las autoridades nacionales de reglamentación, otras autoridades competentes y el ORECE necesitan recabar información de los agentes del mercado para desempeñar eficazmente sus cometidos incluida la evaluación de la conformidad de las condiciones generales con la presente Directiva sin suspender la aplicabilidad de dichas condiciones durante la evaluación. Como excepción a lo anterior, también puede ser necesario recabar información de otras empresas activas en sectores que estén estrechamente vinculados al sector de los servicios de comunicaciones electrónicas, como los proveedores de contenidos, que posean información que pudiera resultarles necesaria para ejercer sus cometidos en virtud del Derecho de la Unión. También podría resultar necesario recoger tal información por cuenta de la Comisión, para que aquellos puedan cumplir sus respectivas obligaciones que les impone la legislación de la Unión. Las solicitudes de información deben ser proporcionadas y no suponer una carga excesiva para las empresas. La información recogida por las autoridades nacionales de reglamentación y las demás autoridades competentes debe estar a disposición del público, salvo en la medida en que tenga carácter confidencial con arreglo a las normas nacionales sobre el acceso del público a la información y sujeto a las normas de la Unión y nacionales en materia de secreto comercial.

(58)

Para garantizar que las autoridades nacionales de reglamentación llevan a cabo sus tareas reguladoras de manera eficaz, la información que estas recojan debe incluir datos contables sobre los mercados minoristas asociados con los mercados mayoristas en los que una empresa designada como poseedora de peso significativo en el mercado y, por ello, están regulados por la autoridad nacional de reglamentación. La información debe también incluir datos que permitan a la autoridad nacional de reglamentación evaluar el cumplimiento de las condiciones impuestas a los derechos de uso, el posible impacto de las mejoras o cambios de la topología de red previstos sobre el desarrollo de la competencia o sobre los productos al por mayor puestos a disposición de otras partes. La información sobre el cumplimiento de las obligaciones de cobertura asociadas a los derechos de uso del espectro radioeléctrico es fundamental para garantizar la integridad de los estudios geográficos de los despliegues de las redes. A este respecto, las autoridades competentes deben poder exigir que la información se facilite desagregada a nivel local con una granularidad adecuada para realizar un estudio geográfico de las redes.

(59)

Para aligerar la carga de las obligaciones de información y de presentación de informes a que están sometidos los proveedores de redes y servicios y la autoridad competente afectada, tales obligaciones deben ser proporcionadas, tener una justificación objetiva y limitarse a lo estrictamente necesario. En particular, deben evitarse la duplicación de solicitudes de información por parte de la autoridad competente y del ORECE y la prueba sistemática y regular del cumplimiento de todas las condiciones asociadas a una autorización general o a un derecho de uso. Las empresas deben ser conscientes de la utilización que se prevé dar a la información solicitada. La aportación de información no debe ser una condición para el acceso al mercado. Por motivos estadísticos, puede requerirse una notificación de los proveedores de redes o servicios de comunicaciones electrónicas cuando cesen sus actividades.

(60)

No deben verse afectadas las obligaciones de los Estados miembros de facilitar información para la defensa de los intereses de la Unión establecidas en virtud de acuerdos internacionales ni las obligaciones de presentación de informes establecidas en virtud de un Derecho que no sea específico del sector de las comunicaciones electrónicas, como el Derecho de la competencia.

(61)

Debe ser posible el intercambio de información considerada confidencial por una autoridad competente, de conformidad con la normativa de la Unión y nacional sobre secreto comercial y protección de los datos personales, con la Comisión, el ORECE y cualquier otra autoridad cuando dicho intercambio resulte necesario para la aplicación del Derecho nacional que transponga la presente Directiva. El intercambio se debe limitar a la información que resulte pertinente y proporcionada con la finalidad del intercambio.

(62)

Las redes de comunicaciones electrónicas de banda ancha son cada vez más diversas en cuanto a tecnología, topología, medio utilizado y propiedad. Por consiguiente, para ser eficaz y destinarse a los ámbitos en los que se necesite, la intervención reguladora debe apoyarse en una información detallada sobre el despliegue de las redes. Esa información es esencial para fomentar la inversión, aumentar la conectividad en toda la Unión y ofrecer información a todos los ciudadanos y autoridades pertinentes. Debe abarcar estudios relativos tanto al despliegue de redes de muy alta capacidad, como a mejoras o ampliaciones importantes de las redes de cobre u otras redes existentes que podrían no ajustarse a las características de rendimiento de las redes de muy alta capacidad en todos los aspectos, como el despliegue de fibra hasta el distribuidor asociado a tecnologías activas como la vectorización. La previsión pertinente debe comprender períodos de hasta tres años. Es conveniente que el nivel de pormenorización y de granularidad territorial de la información que las autoridades competentes deben recopilar se guíe por el objetivo regulador específico y se adecue a los fines reguladores que persigue. Por lo tanto, el tamaño de la unidad territorial variará también entre los Estados miembros, dependiendo de las necesidades reguladoras que surjan en las circunstancias nacionales específicas y de la disponibilidad de datos locales. Es poco probable que el nivel 3 de la Nomenclatura de Unidades Territoriales Estadísticas (NUTS) sea una unidad territorial suficientemente pequeña en la mayoría de las circunstancias. Las autoridades nacionales de reglamentación y otras autoridades competentes deben tomar como guía las directrices del ORECE sobre las mejores prácticas para acometer esa tarea; esas directrices podrán basarse en la experiencia de las autoridades nacionales de reglamentación u otras autoridades competentes en la realización de estudios geográficos del despliegue de las redes. Sin perjuicio de los requisitos de confidencialidad comercial, las autoridades competentes deben, si la información no está ya disponible en el mercado, facilitar la información recogida en esos estudios en un formato abierto con arreglo a lo dispuesto en la Directiva 2003/98/CE del Parlamento Europeo y del Consejo (25) y sin restricciones de reutilización, así como poner herramientas a disposición de los usuarios finales con respecto a la calidad del servicio, con objeto de contribuir a mejorar su conocimiento de los servicios de conectividad disponibles. Al recopilar cualquier información de este tipo, todas las autoridades de que se trate deben respetar el principio de confidencialidad, y evitar causar una desventaja competitiva a las empresas.

(63)

Reducir la fractura digital en la Unión es esencial para permitir a todos los ciudadanos de la Unión tener acceso a internet y a los servicios digitales. Con este fin, en el caso de zonas específicas y bien definidas, las autoridades nacionales pertinentes deben tener la posibilidad de invitar a las empresas y autoridades públicas a declarar sus intenciones de desplegar redes de muy alta capacidad en estas zonas, concediéndoles tiempo suficiente para proporcionar una respuesta debidamente meditada. La información recogida en esta previsión debe reflejar las perspectivas económicas del sector de las redes de comunicaciones electrónicas y las tendencias inversoras de las empresas en el momento de la recopilación de los datos con el fin de determinar la conectividad disponible en las diferentes zonas. Cuando una empresa o autoridad pública declare su intención de desplegarse en una zona, las autoridades nacionales de reglamentación u otras autoridades competentes deben poder exigir a otras empresas y autoridades públicas que declaren si tienen o no la intención de desplegar redes de muy alta capacidad, o de mejorar o extender significativamente sus redes hasta alcanzar una velocidad de descarga de al menos 100 Mbps en dicha zona. Este procedimiento aumentará la transparencia para las empresas y autoridades públicas que hayan expresado su interés por desplegarse en esta zona, de tal manera que al concebir sus planes empresariales puedan evaluar la competencia probable de otras redes a la que deberán enfrentarse. Los efectos positivos de esta transparencia se basan en que los participantes en el mercado respondan con sinceridad y de buena fe.

(64)

Aunque los participantes en el mercado pueden cambiar sus planes de despliegue por causas imprevistas, objetivas y justificables, las autoridades competentes deben intervenir, en particular si hay fondos públicos afectados, e imponer sanciones, si procede, cuando una empresa o autoridad pública haya proporcionado, a sabiendas o debido a una negligencia grave, información engañosa, errónea o incompleta. A efectos de las correspondientes disposiciones en materia de sanciones, se debe entender por negligencia grave toda situación en la que una empresa o autoridad pública proporcione información engañosa, errónea o incompleta a causa de su comportamiento o de una organización interna que se sitúa muy por debajo la diligencia debida en lo que respecta a la información proporcionada. La negligencia grave no debe exigir que la empresa o la autoridad pública sean conscientes de que la información suministrada es engañosa, errónea o incompleta, sino que habrían sido conscientes si hubieran actuado o se hubieran organizado con la diligencia debida. Es importante que las sanciones sean lo suficientemente disuasorias en vista de las consecuencias negativas sobre la competencia y sobre proyectos financiados mediante fondos públicos. Las disposiciones en materia de sanciones deben entenderse sin perjuicio de los derechos a reclamar indemnizaciones por los daños causados de conformidad con el Derecho nacional.

(65)

Con vistas a lograr unas condiciones de inversión previsibles, las autoridades competentes deben poder compartir información con las empresas y autoridades públicas que muestren interés en seguir desplegando redes de muy alta capacidad sobre si, en la zona en cuestión, se están realizando o están previstas otras mejoras de las redes, como las relativas a una velocidad de descarga inferior a 100 Mbps.

(66)

Es importante que las autoridades nacionales de reglamentación y otras autoridades competentes consulten con todas las partes interesadas las decisiones propuestas, les den tiempo suficiente, vista la complejidad del asunto, para presentar sus observaciones y las tengan en cuenta antes de adoptar una decisión definitiva. A fin de garantizar que las decisiones adoptadas a nivel nacional no tengan efectos adversos en el funcionamiento del mercado interior u otros objetivos del TFUE, las autoridades nacionales de reglamentación también deben notificar a la Comisión y a las demás autoridades nacionales de reglamentación ciertos proyectos de decisiones, para darles oportunidad de formular observaciones. Conviene que las autoridades competentes consulten a las partes interesadas en los casos definidos en la presente Directiva a propósito de cualquier proyecto de medidas que tenga una incidencia sobre los intercambios entre los Estados miembros.

(67)

En el contexto de un entorno competitivo, deben tenerse en cuenta las opiniones de las partes interesadas, en particular los usuarios y consumidores. Para responder debidamente a los intereses de los ciudadanos, los Estados miembros deben instaurar un mecanismo adecuado de consulta. Este mecanismo podría adoptar la forma de un organismo, que, actuando con independencia de la autoridad nacional de reglamentación y de los prestadores de servicios, se encargaría de la investigación de cuestiones relacionadas con los consumidores, por ejemplo el comportamiento de los consumidores y los procedimientos para cambiar de proveedor, funcionaría de manera transparente y participaría en los mecanismos existentes de consulta de los interesados. Además, podría establecerse un mecanismo con el fin de permitir la cooperación apropiada en los asuntos relativos a la promoción de los contenidos legales. Ninguno de los procedimientos de cooperación acordados de conformidad con tal mecanismo debe sin embargo permitir la vigilancia sistemática del uso de internet.

(68)

Los procedimientos de resolución extrajudicial de litigios pueden ser una vía rápida y rentable para que los usuarios finales hagan valer sus derechos, en particular los consumidores y las microempresas y pequeñas empresas tal y como son definidas en el anexo de la Recomendación 2003/361/CE de la Comisión (26). Los Estados miembros deben permitir que las autoridades nacionales de reglamentación o las autoridades competentes responsables de la gestión de los derechos de los usuarios finales, o los organismos independientes con experiencia probada en la materia, actúen como entidades para la resolución de litigios. En lo que respecta a estas resoluciones de litigios, dichas autoridades no deben estar sujetas a instrucciones de ningún tipo. Dado que muchos Estados miembros han establecido procedimientos de resolución de litigios también para usuarios finales distintos de los consumidores, a los que no se aplica la Directiva 2013/11/UE del Parlamento Europeo y del Consejo (27), es razonable mantener el procedimiento de resolución de litigios específico del sector para los consumidores y, cuando los Estados miembros lo amplíen, también para otros usuarios finales, en particular las microempresas y pequeñas empresas. En relación con la resolución extrajudicial de litigios, los Estados miembros deben tener la posibilidad de mantener o introducir normas que vayan más allá de lo establecido por la Directiva 2013/11/UE a fin de velar por un nivel de protección de los consumidores más elevado.

(69)

En caso de litigio entre empresas de un mismo Estado miembro en algún ámbito regulado por la presente Directiva, por ejemplo en relación con las obligaciones de acceso e interconexión o con los medios de transferir listas de usuarios finales, la parte perjudicada que haya negociado de buena fe pero no haya llegado a acuerdo alguno debe poder acudir a la autoridad nacional de reglamentación para resolver el litigio. Las autoridades nacionales de reglamentación deben estar facultadas para imponer una solución a las partes. La intervención de una autoridad nacional de reglamentación en la resolución de un litigio entre proveedores de redes o servicios de comunicaciones electrónicas o recursos asociados de un Estado miembro debe tratar de garantizar el cumplimiento de las obligaciones que se derivan de la presente Directiva.

(70)

Además de los recursos previstos en el Derecho de la Unión o nacional, es necesario que exista un procedimiento simple, que se inicie a instancia de una de las partes en el litigio, para la resolución de litigios transfronterizos entre empresas que suministren o estén autorizadas a suministrar redes y servicios de comunicaciones electrónicas en diferentes Estados miembros.

(71)

Una tarea importante asignada al ORECE es la de adoptar, cuando proceda, dictámenes en relación con los litigios transfronterizos. Las autoridades nacionales de reglamentación deben, por lo tanto, reflejar en sus medidas todo dictamen presentado por el ORECE imponiendo alguna obligación a una empresa o resolviendo el litigio en estos casos.

(72)

La falta de coordinación entre los Estados miembros al organizar el uso del espectro radioeléctrico en su territorio puede, en caso de no resolverse mediante negociaciones bilaterales entre Estados miembros, crear interferencias a gran escala que afecten gravemente al desarrollo del mercado único digital. Los Estados miembros deben adoptar todas las medidas necesarias para evitar las interferencias transfronterizas y perjudiciales entre ellos. Debe encomendarse al Grupo de Política del Espectro Radioeléctrico (RSPG) creado por la Decisión 2002/622/CE de la Comisión (28) la tarea de apoyar la necesaria coordinación transfronteriza y servir de foro de referencia para resolver litigios entre Estados miembros sobre cuestiones transfronterizas. Sobre la base de la solución propuesta por el RSPG, en algunas circunstancias podrá ser necesaria una medida de ejecución para resolver definitivamente las interferencias transfronterizas o para hacer cumplir, al amparo del Derecho de la Unión, una solución coordinada que haya sido acordada por dos o más Estados miembros en negociaciones bilaterales. La falta de coordinación entre los Estados miembros y los países vecinos de la Unión puede crear también interferencias a gran escala. Los Estados miembros deben adoptar todas las medidas apropiadas para evitar las interferencias transfronterizas y perjudiciales con países vecinos de la Unión y cooperar mutuamente con ese fin. En caso de que los Estados miembros afectados por interferencias transfronterizas de terceros países lo soliciten, la Unión debe apoyar plenamente a dichos Estados miembros.

(73)

El RSPG es un grupo consultivo de alto nivel de la Comisión creado mediante la Decisión 2002/622/CE para que contribuya al desarrollo del mercado interior y apoye el avance de una política del espectro radioeléctrico a nivel de la Unión, teniendo presentes consideraciones económicas, políticas, culturales, estratégicas, sanitarias y sociales, así como parámetros técnicos. El Grupo debe estar compuesto por los responsables de los organismos con competencias generales en la política estratégica del espectro radioeléctrico. Debe ayudar y asesorar a la Comisión con respecto a la política del espectro radioeléctrico. Todo ello debe contribuir a aumentar la visibilidad de la política del espectro radioeléctrico en los diferentes ámbitos normativos de la Unión y ayudar a garantizar la coherencia intersectorial a escala de la Unión y nacional. Asimismo, el grupo debe asesorar al Parlamento Europeo y al Consejo a petición suya. Además, el grupo debe ser también el foro en el que se coordine el cumplimiento por parte de los Estados miembros de sus obligaciones con respecto al espectro radioeléctrico en virtud de la presente Directiva y ha de desempeñar una función principal en ámbitos fundamentales para el mercado interior, como la coordinación transfronteriza o la normalización. Asimismo, podrían crearse grupos de trabajo técnicos o de expertos que presten ayuda en las reuniones plenarias, en las que la política estratégica se formula por mediación de altos representantes de los Estados miembros y la Comisión. La Comisión ha indicado su intención de modificar la Decisión 2002/622/CE en los seis meses siguientes a la entrada en vigor de la presente Directiva, con el fin de reflejar las nuevas tareas atribuidas al RSPG por la presente Directiva.

(74)

Las autoridades competentes deben estar facultadas para supervisar y garantizar el cumplimiento de las condiciones de la autorización general y los derechos de uso, y, en particular, para garantizar un uso eficaz y eficiente del espectro radioeléctrico y el cumplimiento de las obligaciones de cobertura y calidad del servicio, mediante sanciones administrativas, incluidas sanciones económicas, requerimientos y retiradas de derechos de uso, en caso de incumplimiento. Las empresas deben proporcionar la información más exacta y completa posible a las autoridades competentes para que estas puedan cumplir sus tareas de vigilancia.

(75)

Las condiciones asociadas a las autorizaciones generales y a los derechos de uso individuales, deben limitarse a las estrictamente necesarias para garantizar el cumplimiento de los requisitos y las obligaciones que establecen la legislación nacional y la legislación de la Unión.

(76)

Cualquier parte afectada por las decisiones de las autoridades competentes debe tener derecho a recurrir ante un organismo independiente de las partes interesadas y de toda intervención exterior o presión política que pueda poner en peligro su evaluación independiente de los asuntos que se le sometan. Ese organismo puede ser un tribunal. Además, toda empresa que considere que su solicitud de derechos de instalación de recursos no ha sido tramitada con arreglo a los principios expuestos en la presente Directiva debe tener el derecho de recurrir estas decisiones. Ese procedimiento de recurso debe entenderse sin perjuicio de la división de competencias en el seno de los sistemas judiciales nacionales y de los derechos de las personas físicas o jurídicas en virtud del Derecho nacional. En cualquier caso, los Estados miembros deben conceder control jurisdiccional efectivo frente a tales decisiones.

(77)

Para garantizar la seguridad jurídica de los agentes del mercado, los organismos de recurso deben desempeñar sus funciones con eficacia. En concreto, los procedimientos de recurso no deben prolongarse indebidamente. Deben poder concederse medidas cautelares de suspensión del efecto de la decisión de una autoridad competente únicamente si existe la necesidad urgente de evitar daños graves e irreparables a la parte que solicita esas medidas y si lo exige el equilibrio de intereses.

(78)

Ha habido sensibles divergencias en la manera en que los organismos de recurso han aplicado medidas cautelares para suspender las decisiones de las autoridades nacionales de reglamentación u otras autoridades competentes. Para lograr una mayor coherencia en el planteamiento, debe aplicarse una norma común en consonancia con la jurisprudencia del Tribunal de Justicia. Los organismos de recurso también han de poder solicitar la información disponible que publique el ORECE. Dada la importancia de los recursos para el funcionamiento global del marco regulador, debe crearse en todos los Estados miembros un mecanismo de recogida de información sobre los recursos y las decisiones de suspensión adoptadas por las autoridades competentes y de transmisión de dicha información a la Comisión y al ORECE. Ese mecanismo debe garantizar que la Comisión o el ORECE puedan recabar de los Estados miembros el texto de las decisiones o las sentencias, con vistas a la creación de una base de datos.

(79)

La transparencia en la aplicación del mecanismo de la Unión para la consolidación del mercado interior de las comunicaciones electrónicas debe incrementarse en interés de los ciudadanos y las partes interesadas, y para permitir a las partes afectadas dar a conocer sus puntos de vista, en particular exigiendo a las autoridades nacionales de reglamentación que publiquen todo proyecto de medida en el mismo momento en que se comunique a la Comisión, al ORECE y a las autoridades nacionales de reglamentación de otros Estados miembros. Todo proyecto de medida de este tipo debe ser motivado e incluir un análisis detallado.

(80)

La Comisión, tras tener en cuenta en la mayor medida posible el dictamen del ORECE, debe poder solicitar a una autoridad nacional de reglamentación que retire un proyecto de medida en aquellos casos en que se refiera a la definición de los mercados en cuestión o a la designación o no de las empresas como poseedoras de peso significativo en el mercado, así como cuando estas decisiones pudieran obstaculizar el mercado interior o fueran incompatibles con el Derecho de la Unión y, en particular, con los objetivos políticos que deben seguir las autoridades nacionales de reglamentación. Este procedimiento debe entenderse sin perjuicio del procedimiento de notificación previsto en la Directiva (UE) 2015/1535, ni de las prerrogativas de la Comisión en virtud del TFUE en caso de infracción del Derecho de la Unión.

(81)

La consulta nacional de las partes interesadas debe efectuarse antes de la consulta a escala de la Unión a los efectos de consolidar el mercado interior de las comunicaciones electrónicas y dentro del procedimiento para la aplicación coherente de los recursos a fin de que las opiniones de las partes interesadas puedan reflejarse en la consulta a escala de la Unión. Así se evitaría la necesidad de una segunda consulta a escala de la Unión en caso de modificarse una medida programada a consecuencia de la consulta nacional.

(82)

Es importante que el marco regulador se aplique con arreglo a determinados plazos. Cuando la Comisión haya adoptado una decisión por la que exija a una autoridad nacional de reglamentación la retirada de una medida programada, dicha autoridad debe retirar su proyecto de medida o presentar una medida revisada a la Comisión. Debe establecerse un plazo para la notificación de la medida revisada a la Comisión a fin de informar a los agentes de mercado de la duración de la revisión del mercado y para reforzar la seguridad jurídica.

(83)

El mecanismo de la Unión que permite a la Comisión exigir de las autoridades nacionales de reglamentación la retirada de un proyecto de medida sobre definición de mercados y designación de empresas como poseedoras de peso significativo en el mercado ha contribuido perceptiblemente a la coherencia en la determinación de las circunstancias en que puede aplicarse la regulación ex ante y en las que puede aplicarse a las empresas. La experiencia con los procedimientos de los artículos 7 y 7 bis de la Directiva 2002/21/CE ha demostrado que las incoherencias en la aplicación de las soluciones por parte de las autoridades nacionales de reglamentación, cuando las condiciones del mercado son similares, socavan el mercado interior de las comunicaciones electrónicas. Por consiguiente, la Comisión y el ORECE deben aportar su participación garantizando, en el ámbito de sus competencias respectivas, una mayor coherencia en la aplicación de soluciones sobre los proyectos de medidas que propongan las autoridades nacionales de reglamentación. Además, para los proyectos de medidas relativas a la extensión de las obligaciones más allá del primer punto de concentración o de distribución, cuando sea necesario para superar los obstáculos económicos o físicos importantes y no transitorios a la duplicación, a empresas con independencia de su designación como poseedoras de peso significativo en el mercado o al tratamiento regulador de los nuevos elementos de red de muy alta capacidad, en los que el ORECE comparta las inquietudes de la Comisión, esta debe tener la posibilidad de exigir a las autoridades nacionales de reglamentación que retiren un proyecto de medida. Para aprovechar los conocimientos especializados de las autoridades nacionales de reglamentación sobre el análisis de los mercados, la Comisión debe consultar al ORECE antes de adoptar sus decisiones o recomendaciones.

(84)

Dado lo ajustado de los plazos en el mecanismo de consulta a escala de la Unión, conviene conferir competencias a la Comisión para que adopte recomendaciones o directrices para simplificar los procedimientos de intercambio de información entre la Comisión y las autoridades nacionales de reglamentación, por ejemplo en los casos relativos a mercados estables o que suponen solo una ligera modificación de medidas ya notificadas. Debe facultarse igualmente a la Comisión para permitir la introducción de una exención de notificación a fin de simplificar los procedimientos en algunos casos.

(85)

Las autoridades nacionales de reglamentación deben cooperar entre ellas, con el ORECE y con la Comisión, de manera transparente, con objeto de velar por la aplicación coherente, en todos los Estados miembros, de la presente Directiva.

(86)

Es preciso conciliar el margen de apreciación de las autoridades nacionales de reglamentación con el desarrollo de unas prácticas reguladoras coherentes y la aplicación coherente del marco regulador para contribuir eficazmente al desarrollo y a la realización del mercado interior. Las autoridades nacionales de reglamentación deben, por lo tanto, apoyar las actividades relativas al mercado interior de la Comisión y del ORECE.

(87)

Las medidas que podrían repercutir sobre los intercambios entre los Estados miembros son aquellas medidas que pueden tener un efecto, directo o indirecto, real o potencial, sobre la estructura de los intercambios entre los Estados miembros de modo que podrían crear una barrera al mercado interior. Entre ellas figuran medidas que tienen repercusiones importantes sobre empresas o usuarios en otros Estados miembros y abarcan las medidas que afectan a los precios para los usuarios en otros Estados miembros; las medidas que repercuten sobre las posibilidades de una empresa establecida en otro Estado miembro de prestar un servicio de comunicaciones electrónicas, y, en particular, las medidas que afectan a la posibilidad de prestar servicios a nivel transnacional; así como las medidas que tienen repercusiones sobre la estructura o el acceso al mercado, incidiendo en empresas en otros Estados miembros.

(88)

Un uso y una definición más convergentes de los elementos de los procedimientos de selección y de las condiciones asociadas a los derechos de uso del espectro radioeléctrico que influyen de modo importante en las condiciones de mercado y en la situación competitiva, sin olvidar las condiciones de entrada y expansión, se verían mejorados por un mecanismo de coordinación mediante el cual el Grupo de Política del Espectro Radioeléctrico, a petición de la autoridad nacional de reglamentación o de la autoridad competente o, excepcionalmente, por iniciativa propia, convocase un foro de revisión por homólogos para estudiar por adelantado los proyectos de medidas de concesión de derechos de uso por un Estado miembro con objeto de intercambiar buenas prácticas. El foro de revisión por homólogos es un instrumento de aprendizaje interpares. Debe contribuir a un mejor intercambio de buenas prácticas entre los Estados miembros e incrementar la transparencia de los procedimientos de selección competitivos o comparativos. El proceso de revisión por homólogos no debe ser una condición formal para los procedimientos nacionales de autorización. El cambio de impresiones debe basarse en la información proporcionada por las autoridades nacionales de reglamentación u otras autoridades competentes que soliciten el foro de revisión por homólogos y debe ser un apartado secundario de una medida nacional a mayor escala, que puede consistir de forma más general en la concesión, comercialización o arrendamiento, duración, renovación o modificación de los derechos de uso. Por consiguiente, la autoridad nacional de reglamentación u otra autoridad competente debe poder también facilitar información sobre otros proyectos de medidas nacionales, o aspectos de los mismos, relativos al procedimiento de selección pertinente para limitar los derechos de uso del espectro radioeléctrico a los que no se aplica el mecanismo de revisión por homólogos. Para reducir la carga administrativa, la autoridad nacional de reglamentación u otra autoridad competente debe poder presentar esta información por medio de un formato de presentación común, en caso de estar disponible, para su transmisión a los miembros del RSPG.

(89)

Cuando la asignación armonizada de espectro radioeléctrico a empresas particulares se haya acordado a nivel de la Unión, los Estados miembros deben aplicar estrictamente tales acuerdos a la hora de otorgar derechos de uso relativos a espectro radioeléctrico con arreglo al plan nacional de uso de frecuencias.

(90)

Los Estados miembros deben poder estudiar la opción de procedimientos de autorización conjuntos para la concesión de derechos de uso cuando el uso previsto comprenda situaciones transfronterizas.

(91)

Toda decisión de la Comisión a fin de garantizar la aplicación uniforme de la presente Directiva debe limitarse a los principios reguladores, a las estrategias y a las metodologías. Con el fin de descartar cualquier posible duda, no debe imponer detalles que reflejen normalmente circunstancias nacionales ni tampoco prohibir estrategias alternativas de las que, de forma razonable, quepa esperar efectos equivalentes. Dicha decisión debe ser proporcionada y no debe afectar a las decisiones adoptadas por las autoridades nacionales de reglamentación u otras autoridades competentes que no obstaculicen el desarrollo del mercado interior.

(92)

La Unión y los Estados miembros han contraído compromisos en relación con las normas y con el marco regulador de las redes y servicios de telecomunicaciones en la Organización Mundial del Comercio.

(93)

La normalización debe seguir siendo un proceso impulsado fundamentalmente por el mercado. No obstante, pueden darse aún situaciones en que convenga exigir el cumplimiento de determinadas normas a nivel de la Unión para mejorar la interoperabilidad y la libertad de elección de los usuarios y para promover la interconectividad en el mercado interior. A nivel nacional, los Estados miembros están sujetos a la Directiva (UE) 2015/1535. Los procedimientos de normalización establecidos en virtud de la presente Directiva se entienden sin perjuicio de las Directivas 2014/30/UE (29) y 2014/35/UE (30) del Parlamento Europeo y del Consejo, y de la Directiva 2014/53/UE.

(94)

Hay que exigir a los proveedores de redes de comunicaciones electrónicas públicas o de servicios de comunicaciones electrónicas disponibles al público, o de ambos, que adopten medidas para salvaguardar la seguridad de sus redes y servicios, respectivamente, y para evitar o reducir al mínimo el impacto de los incidentes de seguridad. Habida cuenta del estado actual de la técnica, esas medidas deben garantizar un nivel de seguridad de las redes y los servicios apropiado a los riesgos que plantean. Las medidas de seguridad deben tener en cuenta, como mínimo, todos los aspectos pertinentes de los siguientes elementos: en lo que refiere a la seguridad de las redes y recursos: la seguridad física y medioambiental, la seguridad del suministro, el control de acceso a las redes y la integridad de estas; en lo que respecta a la gestión de incidentes de seguridad: procedimientos de gestión de incidentes de seguridad, capacidad de detección de incidentes de seguridad, y notificación y comunicación de incidentes de seguridad; en lo que respecta a la gestión de la continuidad de las actividades: estrategia de continuidad de los servicios y planes de contingencia, y capacidades de recuperación en caso de catástrofes; respecto al seguimiento, la auditoría y las pruebas: políticas de seguimiento y registro, planes de contingencia durante los ejercicios, pruebas de las redes y servicios, evaluaciones de la seguridad y seguimiento del cumplimiento de la normativa; y cumplimiento de las normas internacionales.

(95)

Dada la creciente importancia de los servicios de comunicaciones interpersonales independientes de la numeración, es necesario velar por que también estén supeditados a unos requisitos de seguridad apropiados con arreglo a sus características específicas e importancia económica. Así pues, los proveedores de tales servicios deben garantizar también un nivel de seguridad apropiado para el riesgo planteado. Dado que los proveedores de los servicios de comunicaciones interpersonales independientes de la numeración habitualmente no ejercen un control real sobre la transmisión de las señales en las redes, el grado de riesgo de tales servicios puede considerarse en algunos aspectos ser inferior al de los servicios de comunicaciones electrónicas tradicionales. Por lo tanto, cuando se justifique sobre la base de la evaluación real de los riesgos que se planteen para la seguridad, las medidas tomadas por los proveedores de los servicios de comunicaciones interpersonales independientes de la numeración deben ser menos estrictas. El mismo enfoque ha de aplicarse mutatis mutandis a los servicios de comunicaciones interpersonales que utilizan números y que no ejercen un control real sobre la transmisión de las señales.

(96)

Los proveedores de redes de comunicaciones electrónicas públicas o de servicios de comunicaciones electrónicas disponibles al público deben informar a los usuarios de las amenazas específicas e importantes para la seguridad y de las medidas que pueden adoptar para proteger la seguridad de sus comunicaciones, por ejemplo utilizando determinados tipos de soporte lógico o tecnologías de cifrado. La exigencia de informar a los usuarios finales de dichas amenazas no exime al proveedor del servicio de la obligación de tomar a sus expensas medidas inmediatas y adecuadas para hacer frente a cualquier amenaza para la seguridad y restablecer el nivel normal de seguridad del servicio. La información sobre las amenazas de seguridad ha de proporcionarse al usuario de forma gratuita.

(97)

Con el fin de proteger la seguridad de las redes y los servicios y sin perjuicio de las competencias de los Estados miembros para asegurar la protección de sus intereses esenciales de seguridad y la seguridad pública, y para permitir la investigación, la detección y el enjuiciamiento de delitos, deberá promoverse, por ejemplo, la utilización del cifrado, de extremo a extremo cuando proceda, y, cuando sea necesario, esta deberá ser obligatoria, de conformidad con los principios de seguridad y privacidad por defecto y desde el diseño.

(98)

Las autoridades competentes deben velar por que se mantengan la integridad y la disponibilidad de las redes de comunicaciones electrónicas públicas. La Agencia de Seguridad de las Redes y de la Información de la Unión Europea (ENISA) debe contribuir a un mayor nivel de seguridad de las comunicaciones electrónicas, entre otras cosas, proporcionando conocimientos técnicos y asesoramiento y fomentando el intercambio de las mejores prácticas. Las autoridades competentes deben contar con los medios necesarios para desempeñar sus cometidos, entre ellos la facultad de solicitar la información necesaria para evaluar el nivel de seguridad de las redes o servicios. Asimismo, deben estar facultadas para solicitar datos exhaustivos y fiables de los incidentes de seguridad reales que hayan tenido repercusiones importantes en el funcionamiento de las redes o los servicios. En caso necesario, deben estar asistidas por los equipos de respuesta a incidentes de seguridad informática (CSIRT) que se crean en la Directiva (UE) 2016/1148 del Parlamento Europeo y del Consejo (31). En particular, a los CSIRT se les puede exigir que faciliten a las autoridades competentes información sobre los riesgos e incidentes de seguridad que afecten a las redes de comunicaciones electrónicas públicas y a los servicios de comunicaciones electrónicas disponibles al público y recomienden medios para combatirlos.

(99)

Cuando el suministro de comunicaciones electrónicas se base en recursos públicos cuya utilización esté supeditada a una autorización específica, los Estados miembros deben poder otorgar a la autoridad competente para la concesión de aquella el derecho a imponer tasas para garantizar la utilización óptima de esos recursos, con arreglo a los procedimientos previstos en la presente Directiva. Conforme a la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, los Estados miembros no pueden imponer cargas ni tasas con respecto al suministro de redes y servicios de comunicaciones electrónicas distintos de los previstos en la presente Directiva. A ese respecto, los Estados miembros deben seguir un planteamiento coherente al fijar esas cargas o tasas con objeto de no crear una carga financiera indebida vinculada al procedimiento de autorización general o a los derechos de uso para los proveedores de redes y servicios de comunicaciones electrónicas.

(100)

Para garantizar una utilización óptima de los recursos, las tasas deben reflejar la situación económica y técnica del mercado de que se trate, así como cualquier otro factor significativo que determine el valor de aquellos. Al mismo tiempo, las tasas deben fijarse de modo que se garantice una asignación y un uso eficientes del espectro radioeléctrico. La presente Directiva se entiende sin perjuicio de los fines a los que se destinan las tasas de derecho de uso y de derecho a instalar recursos. Debe ser posible, por ejemplo, utilizar dichas tasas para financiar actividades de las autoridades nacionales de reglamentación y las autoridades competentes que no puedan cubrirse mediante cargas administrativas. Cuando, en caso de procedimientos de selección comparativa o competitiva, las tasas por el ejercicio de derechos de uso del espectro radioeléctrico consistan entera o parcialmente en un importe a tanto alzado, las modalidades de pago deben asegurar que en la práctica dichas tasas no conducen a una selección sobre la base de criterios no relacionados con el objetivo de garantizar el uso óptimo del espectro radioeléctrico. La Comisión Europea debe poder publicar periódicamente estudios comparativos y otras orientaciones, según convenga, relativos a las mejores prácticas de asignación del espectro radioeléctrico, de asignación de recursos de numeración o de concesión de derechos de paso.

(101)

Las tasas impuestas a las empresas por los derechos de uso del espectro radioeléctrico pueden influir en las decisiones sobre la posibilidad de solicitar dichos derechos y de usar de los recursos del espectro radioeléctrico. Con objeto de garantizar un uso óptimo del espectro radioeléctrico, los Estados miembros deben establecer precios de reserva de manera que se asignen de forma eficaz dichos derechos, con independencia del tipo de procedimiento de selección utilizado. Los Estados miembros también podrían tener en cuenta los posibles costes asociados al cumplimiento de las condiciones de autorización impuestas para promover los objetivos estratégicos. Al hacerlo, también debe tenerse presente la situación competitiva del mercado de que se trate, incluidos los posibles usos alternativos de los recursos.

(102)

El uso óptimo de los recursos del espectro radioeléctrico depende de la disponibilidad de redes apropiadas y recursos asociados. A ese respecto, los Estados miembros deben procurar garantizar que, cuando las autoridades nacionales de reglamentación u otras autoridades competentes apliquen tasas por los derechos de uso del espectro radioeléctrico y los derechos a instalar recursos, tengan en cuenta la necesidad de facilitar el desarrollo continuo de las infraestructuras con vistas a lograr el uso más eficiente de los recursos. Los Estados miembros deben procurar garantizar en la mayor medida posible acuerdos de pago de las tasas por los derechos de uso del espectro radioeléctrico vinculados a la disponibilidad real de los recursos, de manera que se apoyen las inversiones necesarias para promover ese desarrollo de infraestructuras y el suministro de servicios conexos. Las modalidades de pago deben especificarse de forma objetiva, transparente, proporcionada y no discriminatoria antes de incoar procedimientos para la concesión de derechos de uso del espectro radioeléctrico.

(103)

Debe velarse por que existan procedimientos oportunos, no discriminatorios y transparentes para el otorgamiento de derechos de instalación de recursos, con el fin de garantizar que se dan las condiciones para una competencia leal y efectiva. La presente Directiva se entiende sin perjuicio de las disposiciones nacionales que regulan la expropiación o el uso de la propiedad, el ejercicio normal de los derechos de propiedad, la utilización normal del dominio público, o del principio de neutralidad de las disposiciones de los Estados miembros aplicables al régimen de la propiedad.

(104)

Los permisos expedidos a proveedores de redes y servicios de comunicaciones electrónicas en virtud de los cuales quedan autorizadas para acceder a la propiedad pública o privada son factores esenciales en el establecimiento de redes de comunicaciones electrónicas o nuevos elementos de red. La complejidad y las demoras innecesarias en los procedimientos de concesión de derechos de paso pueden, por lo tanto, representar un obstáculo importante para el desarrollo de la competencia. En consecuencia, debe simplificarse la adquisición de derechos de paso por las empresas autorizadas. Las autoridades competentes deben coordinar la adquisición de derechos de paso, haciendo accesible en sus sitios web la información pertinente.

(105)

Es necesario reforzar las competencias de los Estados miembros en relación con los titulares de derechos de paso para garantizar que la entrada o el despliegue de las nuevas redes se realice de manera equitativa, eficiente y respetuosa del medio ambiente y con independencia de la eventual obligación de una empresa designada como poseedoras de peso significativo en el mercado de facilitar el acceso a su red de comunicaciones electrónicas. Un mejor uso compartido de los recursos puede rebajar los costes ambientales del despliegue de las infraestructuras de comunicaciones electrónicas, contribuir a la salud y la seguridad públicas y cumplir los objetivos de la ordenación territorial. Las autoridades competentes deberían estar facultadas para imponer a las empresas que hayan disfrutado de derechos de instalación de recursos en una propiedad pública o privada, o por encima o por debajo de ella, la obligación de compartir dichos recursos o propiedades (incluida la coubicación física), tras un período apropiado de consulta pública, durante el cual todas las partes interesadas deben tener la oportunidad de expresar sus puntos de vista, en las zonas específicas en las que esas razones de interés general impongan el uso compartido. Como puede ocurrir, por ejemplo, cuando el subsuelo esté muy congestionado o haya que cruzar una barrera natural. En particular, las autoridades competentes deben poder exigir el uso compartido de los elementos de redes y recursos asociados, como los conductos, cámaras subterráneas, mástiles, bocas de inspección, distribuidores, antenas, torres y otras estructuras de soporte, edificios o entradas a edificios, así como una mejor coordinación de las obras civiles, por motivos medioambientales u otras razones de orden público. Al contrario, compete a las autoridades nacionales de reglamentación establecer reglas de prorrateo de los costes del uso compartido de los recursos o las propiedades, para garantizar que se compense adecuadamente el riesgo a las empresas afectadas. A la luz de las obligaciones impuestas por la Directiva 2014/61/UE, las autoridades competentes, y en especial las autoridades locales, deben establecer asimismo procedimientos adecuados de coordinación, en cooperación con las autoridades nacionales de reglamentación, en lo que atañe a las obras públicas y a cualesquiera otros recursos o propiedades públicas, que garanticen que las partes interesadas dispongan de información sobre los recursos o propiedades públicas pertinentes y sobre las obras públicas en curso o previstas, que se les informe en el momento oportuno de dichas obras, y que se facilite el uso compartido en el máximo grado posible.

(106)

En caso de que los operadores de telefonía móvil estén obligados a compartir torres o mástiles por motivos medioambientales, esta exigencia puede suponer una reducción en los niveles máximos de potencia transmitida autorizada a cada operador por razones de salud pública, lo que, a su vez, puede requerir que los operadores instalen más emplazamientos de transmisión para garantizar la cobertura nacional. Las autoridades competentes deben procurar compaginar los motivos medioambientales y de salud pública de que se trate, teniendo debidamente en cuenta el criterio de precaución previsto en la Recomendación 1999/519/CE del Consejo (32).

(107)

El espectro radioeléctrico es un recurso público escaso con un importante valor público y de mercado. Es un elemento esencial para las redes y los servicios de comunicaciones electrónicas basados en las radiocomunicaciones y, por consiguiente y en la medida en que guarde relación con estas redes y servicios, debe ser atribuido y asignado eficientemente por las autoridades nacionales de reglamentación u otras autoridades competentes de conformidad con los objetivos y principios armonizados que regulen su actuación, y en función de criterios objetivos, transparentes y no discriminatorios teniendo en cuenta los intereses democráticos, sociales, lingüísticos y culturales relacionados con el uso de las bandas de espectro radioeléctrico. La Decisión n.o 676/2002/CE establece un marco de armonización del espectro radioeléctrico.

(108)

Las actividades relacionadas con la política del espectro radioeléctrico en la Unión deben llevarse a cabo sin perjuicio de las medidas adoptadas, a escala de la Unión o nacional, de conformidad con el Derecho de la Unión, destinadas a fomentar objetivos de interés general, en particular en lo que se refiere a las redes públicas gubernamentales y de defensa, a la regulación de los contenidos y a la política audiovisual y de los medios de comunicación, así como al derecho de los Estados miembros a organizar y utilizar su espectro radioeléctrico para el orden público, la seguridad pública y la defensa.

(109)

Garantizar una amplia conectividad en cada Estado miembro es fundamental para el desarrollo económico y social, la participación en la vida pública y la cohesión social y territorial. Puesto que la conectividad y el uso de las comunicaciones electrónicas se están convirtiendo en elementos integrales de la sociedad y el bienestar europeos, los Estados miembros deben esforzarse por asegurar que exista cobertura de banda ancha inalámbrica a escala de la Unión. Dicha cobertura se puede lograr mediante la imposición por los Estados miembros de requisitos apropiados sobre cobertura, que han de adaptarse a cada zona atendida y limitarse a unas cargas proporcionadas para no entorpecer el despliegue por parte de los proveedores de servicios. Dado el importante papel que desempeñan sistemas como las redes radioeléctricas de área local (RLAN) en el suministro de banda ancha inalámbrica de alta velocidad en interiores, el objetivo de las medidas debe ser garantizar que se libere suficiente espectro radioeléctrico en bandas que son activos especialmente valiosos para el despliegue rentable de redes inalámbricas con cobertura universal, en particular en interiores. Además, la adopción de medidas coherentes y coordinadas para una cobertura terrestre inalámbrica de alta calidad en toda la Unión, basadas en las mejores prácticas nacionales en materia de obligaciones en las licencias de los operadores, debe contribuir a alcanzar el objetivo, establecido en el programa de política del espectro radioeléctrico, de que todos los ciudadanos de la Unión, tengan acceso a la banda ancha, tanto en el interior como en el exterior, a las mayores velocidades posibles, y como mínimo de 30 Mbps, para 2020, así como a hacer realidad el ambicioso proyecto de la sociedad del gigabit en la Unión. Tales medidas promoverán servicios digitales innovadores y producirán beneficios socioeconómicos a largo plazo. La cobertura sin discontinuidades del territorio y la conectividad en todos los Estados miembros debe estar maximizadas y ser fiable, con objeto de promover servicios y aplicaciones dentro de las fronteras y transfronterizos, como los coches conectados y la sanidad electrónica.

(110)

Es imperativo garantizar que los ciudadanos no se vean expuestos a campos electromagnéticos de un nivel nocivo para la salud pública. Los Estados miembros han de buscar la coherencia en lo relativo a este asunto en toda la Unión, prestando particular atención al enfoque cautelar adoptado en la Recomendación 1999/519/CE, para trabajar hacia la consecución de una mayor coherencia en las condiciones de despliegue. Los Estados miembros deben aplicar el procedimiento establecido en la Directiva (UE) 2015/1535 cuando proceda, también con el fin de ofrecer transparencia a los interesados y permitir reaccionar a los demás Estados miembros y a la Comisión.

(111)

La armonización y coordinación del espectro radioeléctrico, y la regulación de los equipos que la normalización apoya, son necesidades complementarias y deben coordinarse estrechamente para que cumplan sus objetivos conjuntos de modo eficaz, con el apoyo del Grupo de política del espectro radioeléctrico. La coordinación entre el contenido y el calendario de los mandatos a la CEPT en virtud de la Decisión n.o 676/2002/CE y las solicitudes de normalización a los organismos correspondientes, como el Instituto Europeo de Normas de Telecomunicación, incluso con respecto a los parámetros de los receptores de radio, debe facilitar la implantación de futuros sistemas, apoyar las oportunidades de uso compartido del espectro radioeléctrico y asegurar la gestión eficiente del espectro radioeléctrico.

(112)

La demanda de espectro radioeléctrico armonizado no es uniforme en todas las partes de la Unión. Cuando no haya demanda de una banda armonizada total o parcialmente a nivel regional o nacional, los Estados miembros pueden permitir excepcionalmente un uso alternativo de la banda, por ejemplo para cubrir la falta de abastecimiento del mercado para determinados usos, mientras persista la falta de demanda, y siempre que el uso alternativo no perjudique el uso armonizado de la banda por parte de otro Estado miembro y cese cuando surja la demanda de uso armonizado.

(113)

La flexibilidad en la gestión del espectro radioeléctrico y en el acceso al mismo se ha establecido al amparo de autorizaciones neutras con respecto a la tecnología y los servicios, para que los usuarios del espectro radioeléctrico puedan elegir las mejores tecnologías y servicios aplicables en bandas del espectro radioeléctrico declaradas disponibles para los servicios de comunicaciones electrónicas en los planes nacionales pertinentes de atribución de frecuencias, de conformidad con el Derecho de la Unión (en lo sucesivo, «principio de neutralidad tecnológica y principio de neutralidad del servicio»). La determinación administrativa de las tecnologías y servicios solo debe aplicarse cuando estén en juego objetivos de interés general, y ha de estar claramente justificada y ser objeto de revisiones periódicas.

(114)

Las restricciones al principio de neutralidad tecnológica deben ser apropiadas y justificarse por la necesidad de evitar interferencias perjudiciales, por ejemplo imponiendo máscaras de emisión y niveles de potencia, garantizar la protección de la salud pública, limitando la exposición del público a los campos electromagnéticos, garantizar el correcto funcionamiento de los servicios gracias a una calidad técnica del servicio de nivel adecuado, sin que se excluya necesariamente la posibilidad de utilizar más de un servicio en la misma banda del espectro radioeléctrico, garantizar un uso compartido adecuado del espectro radioeléctrico, en especial cuando su uso esté supeditado solamente a autorizaciones generales, salvaguardar el uso eficiente del espectro radioeléctrico, o cumplir un objetivo de interés general de conformidad con el Derecho de la Unión.

(115)

Los usuarios del espectro radioeléctrico deben también poder elegir libremente los servicios que desean ofrecer a través del espectro radioeléctrico. Por otra parte, debe autorizarse la adopción de determinadas medidas cuando se precise la prestación de un servicio específico para alcanzar objetivos de interés general claramente definidos, tales como la seguridad de la vida, la necesidad de promover la cohesión social, regional y territorial o evitar el uso ineficiente del espectro radioeléctrico, cuando fuera necesario y proporcionado. Estos objetivos incluirían también la promoción de la diversidad cultural y lingüística y del pluralismo de los medios de comunicación según definan los Estados miembros con arreglo al Derecho de la Unión. Salvo cuando sea necesario para proteger la seguridad de la vida o, excepcionalmente, para lograr otros objetivos de interés general definidos por los Estados miembros de conformidad con el Derecho de la Unión, las excepciones no deben traducirse en un uso exclusivo de determinados servicios, sino más bien en una prioridad, de manera que puedan coexistir en la misma banda del espectro radioeléctrico, en la medida de lo posible, otros servicios o tecnologías. Entra dentro de las competencias de cada Estado miembro definir el alcance y la naturaleza de eventuales excepciones relacionadas con la promoción de la diversidad cultural y lingüística y del pluralismo de los medios de comunicación.

(116)

Dado que la atribución de espectro radioeléctrico a tecnologías o servicios específicos constituye una excepción a los principios de neutralidad de tecnológica y al servicio y reduce la libertad de elegir el servicio prestado o la tecnología utilizada, cualquier propuesta de atribución de ese tipo debe ser transparente y someterse a consulta pública.

(117)

En los casos excepcionales en que los Estados miembros decidan limitar la libertad de suministrar redes y servicios de comunicaciones electrónicas por motivos de orden público, seguridad pública o salud pública, deben explicar los motivos de esa limitación.

(118)

El espectro radioeléctrico debe gestionarse de manera que se asegure que se evitan las interferencias perjudiciales. Debe, por lo tanto, definirse correctamente el concepto básico de interferencia perjudicial para garantizar que la intervención reguladora se limite a lo imprescindible para evitarla, teniendo en cuenta también la necesidad de incluir los métodos punteros de protección contra la interferencia perjudicial, con objeto de aplicar dichas tecnologías y métodos de gestión del espectro radioeléctrico para evitar en la medida de lo posible la aplicación del principio de ausencia de interferencia y de protección. El transporte posee un marcado elemento transfronterizo y su digitalización plantea problemas. Los vehículos (como el metro, el autobús, los coches, los camiones, los trenes) son cada vez más autónomos y están cada vez más conectados. En el mercado interior, los vehículos viajan más allá de las fronteras nacionales con mayor facilidad. Disponer de unas comunicaciones fiables y evitar las interferencias perjudiciales son factores fundamentales para lograr un funcionamiento seguro y correcto de los vehículos y de los sistemas de comunicaciones que llevan a bordo.

(119)

Ante el aumento de la demanda de espectro radioeléctrico y las nuevas y variadas aplicaciones y tecnologías que requieren un acceso al espectro radioeléctrico, y un uso de este, más flexible, los Estados miembros deben promover el uso compartido de espectro radioeléctrico, determinando los regímenes de autorización más apropiados para cada situación y estableciendo normas y condiciones apropiadas y transparentes. El uso compartido de espectro radioeléctrico garantiza cada vez más el uso eficaz y eficiente de este, al permitir que varios usuarios o dispositivos independientes accedan a la misma banda del espectro radioeléctrico con arreglo a varios tipos de regímenes jurídicos a fin de que se disponga de recursos de espectro radioeléctrico adicionales, mejore la eficiencia en el uso y se facilite el acceso al espectro radioeléctrico a los nuevos usuarios. El uso compartido puede basarse en autorizaciones generales o en un uso sin licencia que permite, en condiciones específicas de uso compartido, que varios usuarios accedan al mismo espectro radioeléctrico, y lo utilicen, en zonas geográficas o momentos diferentes. También puede basarse en derechos individuales de uso con arreglo a acuerdos como el acceso de uso compartido autorizado, en el que todos los usuarios (un usuario ya existente y nuevos usuarios) acuerdan las condiciones del acceso compartido, bajo la supervisión de las autoridades competentes, de modo que se asegure una calidad mínima garantizada de la radiotransmisión. Al autorizar el uso compartido con diferentes regímenes de autorización, los Estados miembros no deben fijar duraciones muy diversas para tal uso en los diferentes regímenes de autorización.

(120)

Las autorizaciones generales de uso del espectro radioeléctrico pueden facilitar el uso más eficaz posible del espectro radioeléctrico y fomentar la innovación en algunos casos, y favorecen la competitividad, mientras que los derechos individuales de uso del espectro radioeléctrico en otros casos pueden ser el régimen de autorización más apropiado si se dan determinadas circunstancias específicas. Los derechos individuales de uso deben ser considerados, por ejemplo, cuando las características favorables de propagación del espectro radioeléctrico o el nivel de potencia de transmisión previsto implica que las autorizaciones generales no pueden hacer frente a los problemas relacionados con la interferencia a tenor de la calidad del servicio solicitada. Las medidas técnicas como por ejemplo las soluciones de mejora de la resiliencia de los receptores podrían permitir el uso de autorizaciones generales o el uso compartido del espectro radioeléctrico, y podrían impedir el recurso sistemático a los principios de ausencia de interferencia y ausencia de protección.

(121)

Con objeto de velar por la previsibilidad y mantener la seguridad jurídica y la estabilidad de las inversiones, los Estados miembros deben establecer, por anticipado unos criterios apropiados para determinar el cumplimiento del objetivo de uso eficiente del espectro radioeléctrico por parte de los titulares de los derechos cuando apliquen las condiciones asociadas a los derechos individuales de uso y a las autorizaciones generales. Conviene que las partes interesadas participen en la definición de esas condiciones y sean informadas de forma transparente sobre el modo de evaluación del cumplimiento de sus obligaciones.

(122)

Para evitar la creación de barreras de entrada en el mercado, concretamente mediante el acaparamiento anticompetitivo, es preciso que los Estados miembros hagan cumplir de forma efectiva las condiciones asociadas a los derechos del espectro radioeléctrico y que todas las autoridades competentes participen cuando sea necesario. Entre las condiciones de aplicación debe figurar el empleo de la cláusula «se usan o se pierden». Con objeto de velar por la seguridad jurídica en cuanto a la posible exposición a sanciones por la no utilización del espectro, procede establecer por anticipado umbrales de uso, incluido, en términos de tiempo, cantidad o identidad del espectro. El comercio y el alquiler de espectro radioeléctrico deben asegurar un uso eficaz por parte del titular original del derecho.

(123)

En los casos de condiciones armonizadas para una banda del espectro radioeléctrico establecida de conformidad con la Decisión n.o 676/2002/CE, las autoridades competentes deben decidir cuál es el régimen de autorizaciones más adecuado a aplicar en dicha banda o en partes de ella. En casos en los que todos los Estados miembros tengan que hacer frente a problemas parecidos con soluciones divergentes que fragmenten el mercado interior de equipos, retrasando así el despliegue de los sistemas 5G, puede resultar necesario para la Comisión, teniendo en cuenta lo máximo posible el dictamen del RSPG, recomendar soluciones comunes, tomando en consideración medidas de armonización técnica en vigor. De esta manera se proporcionaría a los Estados miembros una herramienta común a tener en cuenta al determinar los regímenes de autorización adecuados que se han de aplicar a una banda, o a parte de ella, en función de factores, como la densidad de población, las características de propagación de las bandas, la divergencia prevista entre los usos rural y urbano, la posible necesidad de proteger los servicios existentes y las implicaciones resultantes para las economías de escala en lo que respecta a la fabricación.

(124)

El uso compartido de infraestructura de red, y en algunos casos el uso compartido de espectro radioeléctrico, puede permitir un uso más eficaz y eficiente del espectro radioeléctrico y asegurar el despliegue rápido de redes, sobre todo en zonas con menor densidad de población. Al establecer las condiciones asociadas a los derechos de uso del espectro radioeléctrico, las autoridades competentes deben pensar también en la posibilidad de autorizar formas de uso compartido o de coordinación entre empresas con vistas a garantizar un uso eficaz y eficiente del espectro radioeléctrico o el cumplimiento de las obligaciones de cobertura, de conformidad con los principios del Derecho de la competencia.

(125)

El requisito de respetar los principios de neutralidad tecnológica y al servicio al conceder derechos de uso, junto con la posibilidad de transferir derechos entre empresas, respaldan la libertad y los medios para prestar servicios de comunicaciones electrónicas a los ciudadanos, facilitando asimismo con ello la consecución de objetivos de interés general. La presente Directiva se entiende sin perjuicio de que el espectro radioeléctrico se asigne directamente a proveedores de redes o servicios de comunicaciones electrónicas o a entidades que utilicen dichas redes o servicios. Dichas entidades podrán ser suministradores de contenidos de radiodifusión o televisión. La responsabilidad de cumplir las condiciones anejas al derecho de uso de una radiofrecuencia y las correspondientes condiciones asociadas a la autorización general deben recaer, en cualquier caso, en la empresa a la que se haya otorgado el derecho de uso del espectro radioeléctrico. Algunas obligaciones impuestas a los radiodifusores para la prestación de servicios de comunicación audiovisual pueden requerir la utilización de criterios y procedimientos específicos para la concesión de derechos de uso del espectro radioeléctrico con el fin de lograr un objetivo específico de interés general establecido por los Estados miembros con arreglo al Derecho de la Unión. No obstante, el procedimiento para la concesión de ese derecho debe ser, en cualquier caso, objetivo, transparente, no discriminatorio y proporcionado.

(126)

La jurisprudencia del Tribunal de Justicia exige que toda restricción nacional de los derechos que garantiza el artículo 56 del TFUE debe estar objetivamente justificada y proporcionada, y no debe exceder lo necesario para alcanzar sus objetivos. Además, el espectro radioeléctrico concedido sin aplicar un procedimiento abierto no debe utilizarse para fines distintos del objetivo de interés general para el que se haya concedido. En tal caso, se debe dar a las partes interesadas la oportunidad de presentar observaciones dentro de un plazo razonable. Como parte del procedimiento de solicitud de otorgamiento de derechos, los Estados miembros deben verificar si el solicitante es capaz de cumplir las condiciones que se asocien a dichos derechos. Estas condiciones deben reflejarse en criterios de admisibilidad establecidos de forma objetiva, transparente, proporcionada y no discriminatoria antes de la puesta en marcha de cualquier procedimiento de selección competitiva. Con el fin de aplicar dichos criterios, podrá pedirse al solicitante que presente la información necesaria para demostrar su capacidad de cumplir dichas condiciones. Cuando no se facilite dicha información, la solicitud de derecho de uso de un espectro radioeléctrico podrá ser rechazada.

(127)

Antes de la concesión de derechos, los Estados miembros solo deben imponer la comprobación de elementos que pueden ser demostrados razonablemente por un solicitante ejerciendo la diligencia ordinaria, teniendo debidamente en cuenta el importante valor público y de mercado del espectro radioeléctrico en cuanto recurso público escaso. Lo anterior se entiende sin perjuicio de la posibilidad de una comprobación posterior del cumplimiento de los criterios de admisibilidad, por ejemplo mediante objetivos intermedios, cuando los criterios no se hayan podido cumplir de forma razonable inicialmente. Para mantener un uso eficaz y eficiente del espectro radioeléctrico, los Estados miembros no deben conceder derechos cuando su evaluación ponga de manifiesto la incapacidad de los solicitantes para cumplir las condiciones, sin perjuicio de la posibilidad de facilitar un uso experimental limitado temporalmente. Una duración suficientemente larga de las autorizaciones de uso del espectro radioeléctrico debe aumentar la previsibilidad de las inversiones para contribuir a un despliegue más rápido de las redes y a mejores servicios, así como la estabilidad para apoyar el comercio y el alquiler del espectro radioeléctrico. Salvo que el uso del espectro radioeléctrico se autorice por un período ilimitado, esa duración debe tener en cuenta los objetivos perseguidos y debe bastar para facilitar la recuperación de las inversiones realizadas. Si bien una duración más prolongada puede garantizar la previsibilidad de las inversiones, medidas para asegurar un uso eficaz y eficiente del espectro radioeléctrico, como la facultad de la autoridad competente para modificar o retirar el derecho en caso de incumplimiento de las condiciones asociadas a los derechos de uso, o la facilitación de la comercialización y el alquiler del espectro radioeléctrico, servirán para evitar una acumulación inapropiada de espectro radioeléctrico y propiciarán una mayor flexibilidad en la distribución de recursos del espectro radioeléctrico. Recurrir con más frecuencia a las tasas anualizadas es también una forma de garantizar una evaluación continua del uso del espectro radioeléctrico por el titular del derecho.

(128)

Teniendo presente la importancia de la innovación técnica, los Estados miembros deben poder establecer derechos de uso del espectro radioeléctrico con fines experimentales, que estén supeditados a restricciones y condiciones específicas que el carácter experimental de esos derechos justifique de forma estricta.

(129)

Al decidir si renuevan derechos de uso del espectro radioeléctrico armonizado ya concedidos, las autoridades competentes deben tener en cuenta en qué medida la renovación fomentará los objetivos del marco regulador y otros objetivos del Derecho nacional y de la Unión. Una decisión de ese tipo debe supeditarse a un procedimiento abierto, no discriminatorio y transparente y basarse en un examen sobre el modo en que se han cumplido las condiciones asociadas a los derechos en cuestión. Al evaluar la necesidad de renovar derechos de uso, los Estados miembros deben ponderar la repercusión competitiva de la renovación de los derechos asignados frente a la promoción de una explotación más eficiente o de unos usos nuevos e innovadores que podría lograrse si se abriese la banda a nuevos usuarios. Las autoridades competentes deben poder tomar una decisión a este respecto permitiendo solo una duración limitada de la renovación con objeto de evitar alteraciones importantes del uso establecido. Si bien las decisiones sobre la renovación de los derechos asignados antes de la aplicabilidad de la presente Directiva deben respetar cualesquiera normas que ya sean aplicables, los Estados miembros deben velar también por no perjudicar los objetivos de la presente Directiva.

(130)

Al renovar derechos de uso del espectro radioeléctrico armonizado existentes, los Estados miembros, junto a la evaluación de la necesidad de renovar el derecho, deben examinar las tasas anejas a este con vistas a garantizar que dichas tasas siguen fomentando el uso óptimo, teniendo en cuenta, entre otras cosas, la evolución del mercado y de la tecnología. Por motivos de seguridad jurídica, conviene que todo ajuste de las tasas existentes se base en los mismos principios que las aplicables a la concesión de nuevos derechos de uso.

(131)

La gestión eficaz del espectro radioeléctrico puede asegurarse facilitando un uso eficiente continuo del espectro radioeléctrico que ya se haya asignado. Con objeto de garantizar la seguridad jurídica a los titulares de derechos, conviene pensar en la posibilidad de renovar los derechos de uso dentro de un plazo apropiado con anterioridad a la expiración de los derechos de que se trate, por ejemplo, cuando los derechos hayan sido asignados por quince o más años, al menos dos años antes de la expiración de dichos derechos, a menos que se haya excluido explícitamente la posibilidad de renovación en el momento de la asignación. Con el fin de lograr una gestión continua de los recursos, las autoridades competentes deben poder realizar esa reflexión por propia iniciativa o en respuesta a una petición del beneficiario. La renovación del derecho de uso no debe concederse en contra de la voluntad de este último.

(132)

La cesión de derechos de uso del espectro radioeléctrico puede ser una forma eficaz de aumentar el uso eficiente del espectro. Con el fin de preservar la flexibilidad y la eficiencia, y para permitir la valoración del espectro radioeléctrico por el mercado, los Estados miembros deben permitir, por defecto, que los usuarios del espectro radioeléctrico cedan o arrienden sus derechos de uso del espectro radioeléctrico a terceros mediante un procedimiento sencillo y sin perjuicio de las condiciones asociadas a esos derechos y las normas de competencia, bajo la supervisión de las autoridades nacionales de reglamentación competentes. Con el fin de facilitar esas cesiones o arrendamientos, siempre que se respeten las medidas técnicas de ejecución adoptadas en virtud de la Decisión n.o 676/2002/CE sobre el espectro radioeléctrico, los Estados miembros también deben prestar atención a las solicitudes de división o desagregación de los derechos del espectro radioeléctrico y de revisión de las condiciones de uso.

(133)

Las medidas adoptadas específicamente para promover la competencia cuando se otorgan o renuevan derechos de uso del espectro radioeléctrico deben decidirlas las autoridades nacionales de reglamentación y otros organismos competentes, que poseen los conocimientos económicos, técnicos y de mercado necesarios. Las condiciones de asignación de espectro radioeléctrico pueden influir en la situación competitiva de los mercados de las comunicaciones electrónicas y en las condiciones de entrada. El acceso limitado al espectro radioeléctrico, en particular cuando este escasea, puede crear barreras a la entrada o dificultar la inversión, el despliegue de redes, la prestación de nuevos servicios o aplicaciones, la innovación y la competencia. Los nuevos derechos de uso, incluidos los adquiridos por cesión o arrendamiento, y la implantación de criterios nuevos y flexibles de uso del espectro radioeléctrico también pueden influir en la competencia existente. Si se aplican indebidamente, determinadas condiciones utilizadas para promover la competencia pueden causar otros efectos; por ejemplo, las restricciones y reservas de espectro radioeléctrico pueden crear escasez artificial, las obligaciones de acceso al por mayor pueden constreñir indebidamente los modelos empresariales a falta de peso significativo en el mercado y la limitación de las cesiones puede obstaculizar el desarrollo de los mercados secundarios. Por consiguiente, la imposición de esas condiciones requiere la aplicación coherente de una prueba de competencia coherente y objetiva. La utilización de tales medidas debe basarse, pues, en una evaluación profunda y objetiva del mercado y de sus condiciones de competencia, que realicen las autoridades nacionales de reglamentación y otros organismos competentes. No obstante, las autoridades nacionales competentes deben garantizar siempre el uso eficaz y eficiente del espectro radioeléctrico y evitar la distorsión de la competencia por causa de un acaparamiento anticompetitivo.

(134)

Sobre la base de dictámenes del Grupo de política del espectro radioeléctrico, la adopción de un plazo común para permitir el uso de una banda del espectro radioeléctrico que se haya armonizado al amparo de la Decisión n.o 676/2002/CE puede ser necesaria para evitar interferencias transfronterizas y beneficiosa para garantizar el aprovechamiento de todas las ventajas de las medidas afines de armonización técnica para los mercados de equipos y para el despliegue de redes y servicios de muy alta capacidad. Autorizar el uso de una banda del espectro radioeléctrico implica asignar el espectro radioeléctrico con arreglo a un régimen de autorización general o a derechos individuales de uso a fin de permitir el uso del espectro radioeléctrico en cuanto se haya llevado a término el proceso de asignación. Con el fin de asignar bandas del espectro radioeléctrico, podría ser necesario liberar una banda ocupada por otros usuarios y compensar a estos últimos. Sin embargo, la aplicación de un plazo común para permitir el uso de bandas armonizadas para los servicios de comunicaciones electrónicas, en particular el 5G, puede tropezar en un determinado Estado miembro con problemas relacionados con la coordinación transfronteriza aún sin resolver entre los Estados miembros y terceros países, con la complejidad de garantizar la migración técnica de los usuarios de una banda, con una restricción de uso de la banda por un objetivo de interés general; con la protección de la seguridad nacional y la defensa; o con una causa de fuerza mayor. En todo caso, los Estados miembros deben tomar todas las medidas para reducir al mínimo cualquier retraso en lo que respecta a la cobertura geográfica, los plazos y la gama del espectro radioeléctrico. Asimismo, a la vista de su evaluación de las circunstancias relevantes, los Estados miembros deben poder solicitar a la Unión, cuando se considere adecuado, apoyo jurídico, político y técnico a fin de resolver problemas de coordinación del espectro radioeléctrico con países vecinos de la Unión, incluidos los países candidatos y adherentes, de modo que los Estados miembros afectados puedan respetar sus obligaciones derivadas del Derecho de la Unión.

(135)

Con el fin de garantizar mayores disponibilidades coordinadas del espectro radioeléctrico en 2020 para conseguir redes fijas e inalámbricas de muy alta velocidad en el contexto del 5G, el Grupo de política del espectro radioeléctrico ha identificado las bandas situadas entre 3,4 y 3,8 GHz y entre 24,25 y 27,5 GHz como bandas prioritarias adecuadas para cumplir los objetivos del Plan de Acción 5G para 2020. En este contexto, también se han identificado para estudios posteriores las bandas situadas entre 40,5 y 43,5 GHz y entre 66 y 71 GHz. Por tanto, es necesario garantizar que, de aquí al 31 de diciembre de 2020, la totalidad o parte de las bandas situadas entre 3,4 y 3,8 GHz y 24,25 y 27,5 GHz esté a disposición de sistemas terrestres capaces de suministrar servicios de banda ancha inalámbrica de conformidad con las condiciones armonizadas establecidas por medidas técnicas de ejecución adoptadas de conformidad con el artículo 4 de la Decisión n.o 676/2002/CE, complementando la Decisión (UE) 2017/899 del Parlamento Europeo y del Consejo (33), ya que dichas bandas tienen cualidades específicas de cobertura y capacidad de datos que les permiten combinarse adecuadamente para cumplir los requisitos del 5G. Sin embargo, los Estados miembros podrían verse afectados por interferencias procedentes de terceros países que, según el Reglamento de Radiocomunicaciones de la UIT, han establecido dichas bandas para servicios distintos de las telecomunicaciones móviles internacionales. Esto podría influir en la obligación de respetar una fecha común de aplicación. El futuro uso de la banda de 26 GHz para servicios inalámbricos terrestres del 5G probablemente estará dirigido a las zonas urbanas y a las zonas de puntos de acceso inalámbricos periféricos, entre otras cosas, aunque también se puede prever cierto despliegue por las principales carreteras y vías férreas en las zonas rurales. Esto ofrece la oportunidad de utilizar la banda de 26 GHz para servicios distintos del 5G inalámbrico fuera de dichas zonas geográficas, por ejemplo, para comunicaciones específicas empresariales o para uso en interiores, y, por tanto, permite que los Estados miembros designen esa banda y la pongan a disposición de forma no exclusiva.

(136)

Cuando la demanda de una banda de espectro radioeléctrico supere su disponibilidad y, a consecuencia de ello, un Estado miembro llegue a la conclusión de que conviene limitar los derechos de uso del espectro radioeléctrico, deben aplicarse procedimientos apropiados y transparentes para la concesión de tales derechos, a fin de evitar cualquier discriminación y optimizar el uso del recurso escaso. Tal limitación debe estar justificada, ser proporcionada y basarse en una evaluación exhaustiva de las condiciones del mercado, ponderando debidamente los beneficios globales para los usuarios y para los objetivos de los mercados interior y nacional. Los objetivos que gobiernen cualquier procedimiento de limitación deben quedar claramente establecidos de antemano. Cuando se estudie el procedimiento de selección más adecuado, y de conformidad con las medidas de coordinación adoptadas a nivel de la Unión, los Estados miembros deben consultar de manera oportuna y transparente con todas las partes interesadas sobre la justificación, los objetivos y las condiciones del procedimiento. Los Estados miembros deben poder recurrir, entre otras cosas, a procedimientos de selección competitiva o comparativa para la asignación de espectro radioeléctrico o de recursos de numeración con valor económico excepcional. En la gestión de estos procedimientos, las autoridades competentes deben tomar en consideración los objetivos de la presente Directiva. Si un Estado miembro entiende que pueden ofrecerse más derechos en una banda, debe iniciar el proceso correspondiente.

(137)

El enorme crecimiento de la demanda de espectro radioeléctrico y de la demanda de capacidad de banda ancha inalámbrica por parte de los usuarios finales exige soluciones de acceso alternativas, complementarias y espectralmente eficientes, incluidos los sistemas de acceso inalámbrico de baja potencia y alcance restringido a zonas pequeñas, como las RLAN, así como las redes de puntos de acceso celulares de pequeño tamaño y baja potencia. Estos sistemas de acceso inalámbrico complementarios, y en particular los puntos de acceso RLAN accesibles al público, potencian el acceso a internet por parte de los usuarios finales y descongestionan el tráfico de los operadores móviles. Las RLAN utilizan espectro radioeléctrico armonizado sin requerir ni autorización individual ni derecho de uso del espectro radioeléctrico. Hasta el momento, la mayoría de los puntos de acceso RLAN han sido utilizados por usuarios privados, como extensión inalámbrica local de su conexión fija de banda ancha. No debe impedirse que los usuarios finales, dentro de los límites de su abono a internet, compartan con otros el acceso a su RLAN, a fin de aumentar el número de puntos de acceso disponibles, en particular, en las zonas densamente pobladas, maximizando la capacidad de datos inalámbrica a través de la reutilización del espectro radioeléctrico y creando una infraestructura de banda ancha inalámbrica complementaria y rentable, accesible a otros usuarios finales. En consecuencia, deben también suprimirse las restricciones innecesarias al despliegue y la interconexión de puntos de acceso RLAN.

(138)

Las autoridades públicas o los proveedores de servicios públicos que utilizan puntos de acceso RLAN en sus dependencias para su personal, los visitantes o los clientes, por ejemplo para facilitar el acceso a servicios de administración electrónica o para la información sobre el transporte público o la gestión del tráfico por carretera, podrían también ofrecer estos puntos de acceso para su uso general por parte de la ciudadanía como servicio accesorio a los ofrecidos al público en dichas dependencias, en la medida que lo permitan las normas de contratación pública y competencia. Además, al proveedor de este acceso local a redes de comunicaciones electrónicas dentro o alrededor de una propiedad privada o una zona pública limitada con carácter no comercial o como servicio accesorio a otra actividad que no depende de dicho acceso (como los hotspots RLAN puestos a disposición de los clientes de otras actividades comerciales o del público general en esa zona) puede imponérsele el cumplimiento de las autorizaciones generales de los derechos de uso del espectro radioeléctrico, pero no de las eventuales condiciones o requisitos anejos a las autorizaciones generales aplicables a los proveedores de redes o servicios de comunicaciones electrónicas públicas, ni las obligaciones relativas a los usuarios finales o a la interconexión. No obstante, tal proveedor debe estar sujeto a las normas sobre responsabilidad enunciadas en la Directiva 2000/31/CE del Parlamento Europeo y del Consejo (34). Están surgiendo tecnologías nuevas, como el LiFi, que complementarán las actuales capacidades espectrales de las RLAN y los puntos de acceso inalámbrico, incluyendo puntos de acceso ópticos basados en la luz visible, y desembocarán en redes de área local híbridas que permitirán comunicaciones inalámbricas ópticas.

(139)

Dado que los puntos de acceso inalámbrico de alcance restringido y baja potencia —como las femtocélulas, las picocélulas, las metrocélulas y las microcélulas— pueden ser muy pequeños y hacen uso de equipos muy discretos, similares a los enrutadores RLAN domésticos, que no requieren permisos más allá de los necesarios para el uso del espectro radioeléctrico, y teniendo en cuenta sus efectos positivos sobre el uso del espectro radioeléctrico y sobre el desarrollo de las comunicaciones inalámbricas, se debe limitar toda restricción a su despliegue en la mayor medida posible. Como consecuencia de ello, para facilitar el despliegue de los puntos de acceso inalámbrico de alcance restringido, y sin perjuicio de cualquier requisito aplicable relacionado con la gestión del espectro, los Estados miembros no deben someter a ningún permiso individual el despliegue de dichos dispositivos en edificios que no gocen de protección oficial por formar parte de un conjunto catalogado o por su especial valor histórico o arquitectónico, excepto por motivos de seguridad pública. A tal fin, sus características, como el tamaño máximo, el peso y las características de emisiones, deben especificarse a nivel de la Unión de una manera proporcionada para el despliegue local y para asegurar un alto nivel de protección de la salud pública, tal y como se establece en la Recomendación 1999/519/CE. Para el funcionamiento de puntos de acceso inalámbricos de área pequeña, resultará aplicable el artículo 7 de la Directiva 2014/53/UE. Lo anterior se entenderá sin perjuicio de los derechos de propiedad privada establecidos en el Derecho de la Unión o nacional. Es necesario simplificar el procedimiento para gestionar las solicitudes de autorización sin perjuicio de cualquier acuerdo comercial, así como limitar cualquier carga administrativa conexa a los costes administrativos relacionados con el tratamiento de la solicitud. El proceso de evaluación de una solicitud de autorización debe durar el menor tiempo posible y, en principio, no más de cuatro meses.

(140)

Los edificios públicos y otras infraestructuras públicas son visitados y utilizados a diario por un número significativo de usuarios finales que necesitan la conectividad para poder utilizar los servicios relacionados con la gobernanza y el transporte electrónicos y otros servicios. Otras infraestructuras públicas, como las farolas de alumbrado público, las señales de tráfico, son lugares muy adecuados para el despliegue de células pequeñas debido a su densidad. Sin perjuicio de la posibilidad de las autoridades competentes de someter el despliegue de puntos de acceso inalámbrico de área pequeña a permisos individuales previos, los operadores deben poder acceder a estos sitios públicos con el fin de satisfacer adecuadamente la demanda. Por lo tanto, los Estados miembros deben velar por que tales edificios públicos y otras infraestructuras públicas se pongan a disposición en condiciones razonables para el despliegue de células pequeñas con miras a complementar la Directiva 2014/61/UE y sin perjuicio de los principios establecidos en la presente Directiva. La Directiva 2014/61/UE adopta un enfoque funcional e impone obligaciones de acceso a la infraestructura física únicamente cuando esta forma parte de una red y solo si es propiedad de un operador de red o es utilizada por un operador de red, dejando así numerosos edificios de propiedad pública o utilizados por las autoridades públicas fuera de su ámbito de aplicación. Por el contrario, para la infraestructura física, como los conductos o los postes, utilizados para los sistemas de transporte inteligentes, propiedad de operadores de red (proveedores de servicios de transporte o proveedores de redes de comunicaciones electrónicas públicas), y que acogen elementos de una red, no es necesaria una obligación específica, por lo que se inscriben en el ámbito de aplicación de la Directiva 2014/61/UE.

(141)

Las disposiciones de la presente Directiva referidas al acceso y a la interconexión se aplican a las redes públicas de comunicaciones electrónicas. Los proveedores de redes de comunicaciones electrónicas que no sean públicas no están sometidos a las obligaciones de acceso o interconexión con arreglo a la presente Directiva salvo cuando, por beneficiarse del acceso a redes públicas, puedan quedar sujetas a las condiciones establecidas por los Estados miembros.

(142)

El término «acceso» puede tener múltiples acepciones, motivo por el cual es necesario definir precisamente el sentido en el que se utiliza en la presente Directiva, sin perjuicio del uso que de él se haga en otras medidas de la Unión. Un operador puede poseer la red o los recursos subyacentes, o arrendarlos total o parcialmente.

(143)

En un mercado abierto y competitivo no debe existir ninguna restricción que impida a las empresas negociar acuerdos de acceso e interconexión con otras empresas, en particular de carácter transfronterizo, a condición de que se respeten las normas del TFUE en materia de competencia. En el marco de la consecución de un auténtico mercado paneuropeo más eficiente, con una competencia eficaz, servicios competitivos y una mayor oferta para los usuarios finales, las empresas que reciban solicitudes de acceso o de interconexión de otras empresas que estén sujetas a una autorización general para suministrar al público redes o servicios de comunicaciones electrónicas deben en principio concluir dichos acuerdos sobre una base comercial y negociar de buena fe.

(144)

En los mercados en que aún persisten importantes diferencias de capacidad de negociación entre las empresas y en los que algunas empresas dependen de las infraestructuras que proporcionan otras para el suministro de sus servicios, conviene establecer un marco regulador para garantizar un funcionamiento eficaz. En interés de los usuarios finales, las autoridades nacionales de reglamentación han de estar facultadas para garantizar la adecuación del acceso, la interconexión y la interoperabilidad de los servicios cuando fracasen las negociaciones comerciales. En particular, pueden garantizar la posibilidad de conexión de extremo a extremo imponiendo a las empresas que están sujetas a la autorización general y que controlan el acceso a los usuarios finales obligaciones proporcionadas. El control de los medios de acceso puede conllevar la propiedad o el control de la conexión física con el usuario final (ya sea fijo o móvil) o la capacidad de modificar o retirar el número o los números nacionales necesarios para acceder al punto de terminación de la red del usuario final. Tal sería el caso, por ejemplo, si los operadores de las redes decidieran imponer restricciones excesivas a la libre elección de acceso a portales y servicios de internet por parte de los usuarios finales.

(145)

A la luz del principio de no discriminación, las autoridades nacionales de reglamentación deben garantizar que todas las empresas, con independencia de su tamaño y de su modelo de negocio y de si están verticalmente integrados o separados, se puedan interconectar en condiciones razonables, con vistas a suministrar conectividad de extremo a extremo y acceso a la internet.

(146)

Las medidas nacionales de carácter legal o administrativo que vinculan los términos y condiciones de acceso o interconexión a las actividades que lleva a cabo el candidato a la interconexión (y, en concreto, a su nivel de inversión en infraestructura de red), en lugar de hacerlo a los servicios de interconexión o acceso proporcionados, pueden provocar una distorsión del mercado, resultando por ello incompatibles con las normas en materia de competencia.

(147)

Los operadores de redes que controlan el acceso a sus propios clientes, lo hacen sobre la base de un único número o dirección que figura en una serie publicada de números o direcciones. Los operadores de otras redes tienen que poder entregar tráfico a dichos clientes, motivo por el cual deben poder estar interconectados directa o indirectamente entre sí. Procede, por lo tanto, establecer derechos y obligaciones en el ámbito de la negociación de las interconexiones.

(148)

La interoperabilidad redunda en beneficio del usuario final y es un objetivo importante de ese marco normativo. Fomentar la interoperabilidad es uno de los objetivos de las autoridades nacionales de reglamentación y otras autoridades competentes previstos en este marco. Ese marco también prevé la publicación por la Comisión de una lista de normas o especificaciones referidas a la prestación de servicios, interfaces técnicas o funciones en red, como base para fomentar la armonización en el sector de las comunicaciones electrónicas. Los Estados miembros deben fomentar el uso de normas o especificaciones publicadas en la medida en que resulte estrictamente necesario para garantizar la interoperabilidad de los servicios y para mejorar la libertad de elección del usuario.

(149)

En la actualidad tanto la conectividad de extremo a extremo como el acceso a los servicios de emergencia dependen de la utilización, por parte del usuario final, de servicios de comunicaciones interpersonales basados en numeración. Futuros avances tecnológicos o un mayor uso de los servicios de comunicaciones interpersonales independientes de la numeración podrían dar lugar a una ausencia de interoperabilidad suficiente entre los servicios de comunicaciones. En consecuencia, podrían aparecer importantes barreras para la entrada en el mercado y obstáculos para la ulterior innovación, lo que supondría una amenaza apreciable para la conectividad efectiva de extremo a extremo entre usuarios finales.

(150)

En caso de presentarse problemas de interoperabilidad de ese tipo, la Comisión debe poder solicitar un informe del ORECE que evalúe objetivamente la situación del mercado a escala de la Unión y de los Estados miembros. Teniendo plenamente en cuenta el informe del ORECE y otros datos disponibles, y teniendo en cuenta los efectos sobre el mercado interior, la Comisión debe decidir si es necesaria una intervención reguladora por parte de las autoridades nacionales de reglamentación u otras autoridades competentes. Si la Comisión considera necesario que las autoridades reguladoras nacionales u otras autoridades competentes contemplen tal intervención reguladora, debe poder adoptar medidas de ejecución que especifiquen la naturaleza y el alcance de las posibles intervenciones reguladoras por parte de las autoridades nacionales de reglamentación u otras autoridades competentes, en particular la obligación de publicar información pertinente y permitir su uso, modificación y redistribución por parte de autoridades y otros suministradores, así como medidas encaminadas a imponer a todos los proveedores o a algunos de ellos el uso obligatorio de normas o especificaciones.

(151)

Las autoridades nacionales de reglamentación u otras autoridades competentes deben evaluar, en función de las circunstancias específicas nacionales, si resulta necesaria y se justifica una intervención para garantizar la conectividad de extremo a extremo y, en su caso, imponer obligaciones proporcionadas y acordes con las medidas de ejecución de la Comisión, a los proveedores de los servicios de comunicaciones interpersonales independientes de la numeración con un nivel importante de cobertura y de captación de usuarios. El término «importante» se debe interpretar en el sentido de que la cobertura geográfica y el número de usuarios finales del proveedor en cuestión representan una masa crítica con vistas a lograr el objetivo de garantizar la conectividad de extremo a extremo entre usuarios finales. Los proveedores con un número limitado de usuarios finales o una cobertura geográfica limitada que solo contribuyan marginalmente a lograr este objetivo, no deben estar sometidos en general a dichas obligaciones de interoperabilidad.

(152)

En situaciones en que las empresas no dispongan de acceso a alternativas viables de cableado, hilos y recursos asociados no replicables en el interior de los edificios o hasta el primer punto de concentración o de distribución, y, a fin de promover resultados competitivos en interés de los usuarios finales, las autoridades nacionales de reglamentación deben estar facultadas para imponer obligaciones de acceso a todas las empresas, con independencia de su designación como poseedora de peso significativo en el mercado. En ese contexto, dichas autoridades deben tomar en consideración todas las barreras técnicas y económicas que se oponen a la futura replicación de las redes. No obstante, toda vez que en algunos casos dichas obligaciones pueden ser invasivas, menoscabar los incentivos para las inversiones y tener el efecto de reforzar las posiciones de los actores dominantes, solo deben imponerse cuando esté justificado y resulte proporcional para alcanzar una competencia sostenible en los mercados pertinentes. No debe interpretarse necesariamente el mero hecho de que exista ya más de una de tales infraestructuras como prueba de que sus activos son replicables. Si fuera necesario, en combinación con dichas obligaciones de acceso, las empresas deben también poder contar con las obligaciones de proporcionar acceso a infraestructuras físicas, con base en la Directiva 2014/61/UE. Toda obligación impuesta por la autoridad nacional de reglamentación en virtud de la presente Directiva y de las decisiones tomadas por otras autoridades competentes en virtud de la Directiva 2014/61/UE para garantizar el acceso a la infraestructura física dentro de los edificios o de la infraestructura física hasta el punto de acceso debe ser coherente.

(153)

Las autoridades nacionales de reglamentación deben poder, en la medida de lo necesario, imponer a las empresas obligaciones de proporcionar acceso a los recursos mencionados en un anexo de la presente Directiva, en particular a las interfaces de programa de aplicación (API) y a las guías electrónicas de programas (EPG), para garantizar a los usuarios finales el acceso no solo a los servicios digitales de televisión y radiodifusión sino también a otros servicios complementarios conexos. Dichos servicios complementarios deben poder ser servicios relacionados con los programas diseñados específicamente para mejorar la accesibilidad de los usuarios finales con discapacidad y servicios de televisión conectada relacionados con los programas.

(154)

Es importante que, cuando las autoridades nacionales de reglamentación evalúen el punto de concentración o distribución al cual pretenden imponer el acceso, elijan un punto acorde con las directrices del ORECE. Elegir un punto más próximo a los usuarios finales será más beneficioso para la competencia de las infraestructuras y el despliegue de redes de muy alta capacidad. Así, la autoridad nacional de reglamentación debe considerar como primera opción un punto en un edificio o justo en el exterior de un edificio. Podría estar justificado hacer extensivas las obligaciones de acceso a hilos y cables situados más allá del primer punto de concentración o de distribución y, al mismo tiempo, circunscribir estas obligaciones a puntos lo más cercanos posible a los usuarios finales que puedan acoger un número suficiente de usuarios finales, cuando esté demostrado que la replicación se enfrenta a barreras físicas o económicas importantes y no transitorias, dando lugar a importantes problemas de competencia o fallos del mercado minorista en detrimento de los usuarios finales. La evaluación de la replicabilidad de los elementos de red exige una revisión del mercado diferente de un análisis destinado a valorar el peso significativo en el mercado y, por lo tanto, las autoridades nacionales de reglamentación no necesitan demostrar un peso significativo en el mercado para imponer dichas obligaciones. Por otra parte, dicha revisión exige una evaluación económica suficiente de las condiciones del mercado para determinar si se cumplen los criterios necesarios para imponer obligaciones más allá del primer punto de concentración o de distribución. Es más probable que tales obligaciones de acceso extendidas sean necesarias en zonas geográficas en las que base comercial para el despliegue de infraestructuras alternativas es más arriesgada, por ejemplo a causa de su baja densidad de población o del número limitado de edificios de viviendas. Por el contrario, una concentración elevada de hogares podría ser un indicio de que la imposición de obligaciones no es necesaria. Las autoridades nacionales de reglamentación deben tener en cuenta también si esas obligaciones tienen el potencial de reforzar la posición de las empresas designadas como poseedoras de peso significativo en el mercado. Las autoridades nacionales de reglamentación deben tener la posibilidad de imponer el acceso a elementos activos o virtuales de la red utilizados para la prestación de servicios en dicha infraestructura si el acceso a elementos pasivos fuera económicamente ineficiente o físicamente impracticable, y si las autoridades nacionales de reglamentación consideran que, en ausencia de dicha intervención, se eludiría el propósito de la obligación de acceso. Para reforzar una práctica reguladora coherente en toda la Unión, la Comisión debe poder solicitar a la autoridad nacional de reglamentación que retire su proyecto de medidas extendiendo sus obligaciones de acceso más allá del primer punto de concentración o de distribución, cuando el ORECE comparta las serias dudas de la Comisión sobre la compatibilidad del proyecto de medidas con el Derecho de la Unión y en particular con los objetivos de reglamentación de la presente Directiva.

(155)

En tales casos, para respetar el principio de proporcionalidad, puede resultar conveniente que las autoridades nacionales de reglamentación eximan de las obligaciones que vayan más allá del primer punto de concentración o de distribución, que debe ser determinado por las autoridades nacionales de reglamentación, a determinadas categorías de propietarios, empresas o ambos, por el motivo de que una obligación de acceso no basada en la designación de una empresa como poseedora de peso significativo en el mercado podría poner en peligro la justificación comercial de elementos de red recientemente implantados, en particular por pequeños proyectos locales. Las empresas exclusivamente mayoristas no deben estar sujetas a estas obligaciones de acceso si ofrecen un acceso alternativo eficaz a una red de muy alta capacidad con carácter comercial conforme a términos y condiciones equitativos, no discriminatorios y razonables, en particular en lo que respecta al precio. Debe ser posible ampliar dicha exención a otros proveedores en los mismos términos. Esa excepción puede no ser apropiada para proveedores que reciben financiación pública.

(156)

El uso compartido de infraestructuras pasivas utilizadas en la prestación de servicios de comunicaciones electrónicas inalámbricas en consonancia con los principios de la legislación sobre competencia puede resultar especialmente útil para maximizar la conectividad de muy alta capacidad en toda la Unión, en particular en zonas de menor densidad en las que la replicación resulta impracticable y los usuarios finales corren el riesgo de verse privados de dicha conectividad. Las autoridades nacionales de reglamentación u otras autoridades competentes deben estar facultadas, excepcionalmente, para poder imponer el uso compartido o el acceso itinerante localizado, de conformidad con el Derecho de la Unión, si esa posibilidad ha quedado claramente establecida en las condiciones originales para la concesión del derecho de uso y se demuestran los beneficios del uso compartido en cuanto a la superación de obstáculos físicos o económicos insalvables, y el acceso a las redes o los servicios es, por lo tanto, muy deficiente o inexistente, teniendo en cuenta diversos factores, entre ellos, en particular, la necesidad de cobertura en grandes corredores de transporte, oferta y mejor calidad de servicio para los usuarios finales, así como la necesidad de mantener los incentivos al despliegue de infraestructuras. Cuando se carezca de acceso por parte de los usuarios y el mero uso compartido de la infraestructura pasiva no baste para abordar la situación, las autoridades nacionales de reglamentación deben estar facultadas para imponer obligaciones relativas al uso compartido de la infraestructura activa. Al hacerlo, las autoridades nacionales de reglamentación u otras autoridades competentes mantienen la flexibilidad de elegir la obligación de compartición o acceso más apropiada, que debe ser proporcional y justificada a tenor de la índole del problema detectado.

(157)

Aun cuando en algunas circunstancias proceda que una autoridad nacional de reglamentación u otra autoridad competente imponga obligaciones a las empresas con independencia de su designación como poseedoras de peso significativo en el mercado para lograr objetivos como la conectividad extremo a extremo o la interoperabilidad de los servicios, es necesario velar por que tales obligaciones se impongan de conformidad con el marco regulador y, en particular, con sus procedimientos de notificación. Esas obligaciones solo deben imponerse cuando estén justificadas para asegurar los objetivos de la presente Directiva y cuando estén objetivamente justificadas y sean transparentes, proporcionadas y no discriminatorias a efectos de promover la eficiencia, la competencia sostenible y la innovación y la inversión eficientes, y proporcionen el máximo beneficio a los usuarios finales y se impongan con arreglo a los procedimientos de notificación pertinentes.

(158)

A fin de superar obstáculos físicos o económicos insuperables para proporcionar a los usuarios finales servicios o redes basados en el uso del espectro radioeléctrico y cuando subsistan deficiencias de cobertura móvil, para subsanarlas puede ser necesario el acceso y la compartición de infraestructuras pasivas o, cuando esto no resulte suficiente, la compartición de infraestructuras activas o acuerdos de acceso itinerante localizado. Sin perjuicio de las obligaciones de compartición vinculadas a los derechos de uso basados en otras disposiciones de la presente Directiva, y en particular medidas que promuevan la competencia, cuando las autoridades nacionales de reglamentación u otras autoridades competentes tengan la intención de adoptar medidas para imponer la compartición de infraestructuras pasivas o, cuando el acceso y la compartición pasivas no sean suficientes, la compartición de infraestructuras activas o acuerdos de acceso itinerante localizado, también se les podrá exigir, no obstante, que tengan en cuenta los posibles riesgos para los participantes en el mercado en zonas con poca cobertura.

(159)

Las normas de competencia pueden no ser siempre suficientes por sí mismas para garantizar la diversidad cultural y el pluralismo de los medios en el sector de la televisión digital. La evolución de las tecnologías y los mercados impone la necesidad de revisar las obligaciones de proporcionar acceso condicional en condiciones equitativas, razonables y no discriminatorias de manera periódica, por parte de un Estado miembro en relación con su mercado nacional, en particular con objeto de determinar si está justificado ampliar a las guías electrónicas de programas (EPG) y las interfaces de programa de aplicación (API), en la medida necesaria que permita garantizar que los usuarios finales de determinados servicios digitales de radiodifusión puedan acceder a ellos. Los Estados miembros deben poder determinar los servicios digitales de radiodifusión cuyo acceso por parte de los usuarios finales debe garantizarse por los medios legislativos, reglamentarios o administrativos que estimen necesarios.

(160)

Los Estados miembros deben también poder permitir que sus autoridades nacionales de reglamentación revisen las obligaciones relativas al acceso condicional a los servicios digitales de radiodifusión con objeto de evaluar mediante un análisis del mercado si deben suprimir o modificar las condiciones impuestas a las empresas que no tienen un peso significativo en el mercado en cuestión. Dicha supresión o modificación no debe incidir negativamente en el acceso de los usuarios finales a dichos servicios ni en las perspectivas de una competencia efectiva.

(161)

Existe la necesidad de imponer obligaciones ex ante en determinadas circunstancias para garantizar el desarrollo de un mercado competitivo, cuyas condiciones favorezcan el despliegue y la difusión de redes y servicios de muy alta capacidad y la maximización de los beneficios para el usuario final. La definición de peso significativo en el mercado utilizada en la presente Directiva es equivalente al concepto de posición dominante que se define en la jurisprudencia del Tribunal de Justicia.

(162)

Puede considerarse que dos o más empresas ocupan una posición dominante conjunta no solo cuando entre ellas existen vínculos estructurales o de otro tipo, sino también cuando la estructura del mercado de referencia propicia los efectos coordinados, es decir, fomenta un comportamiento paralelo o alineado del mercado que es anticompetitivo.

(163)

Resulta esencial que estas obligaciones reglamentarias ex ante solo puedan imponerse en un mercado mayorista en el que existan una o más empresas con un peso significativo en el mercado con vistas a garantizar la competencia sostenible y cuando las soluciones previstas en el Derecho de la competencia de la Unión y nacional no basten para remediar el problema. La Comisión debe elaborar unas directrices a nivel de la Unión de conformidad con los principios del Derecho de competencia, a las que deban ajustarse las autoridades nacionales de reglamentación cuando analicen si existe competencia efectiva en un mercado dado y evalúen el peso significativo en el mercado. Las autoridades nacionales de reglamentación deben analizar si el mercado de un determinado producto o servicio es realmente competitivo en una determinada zona geográfica, que puede ser todo el territorio del Estado miembro en cuestión o una parte del mismo, o zonas limítrofes del territorio de distintos Estados miembros consideradas de forma conjunta. El análisis de la competencia efectiva debe incluir un análisis de si, en prospectiva, el mercado es competitivo y, por tanto, de si la falta de competencia efectiva tiene carácter duradero. Estas directrices deben abordar asimismo la cuestión de los nuevos mercados en expansión, en los que, si bien es probable que el líder del mercado posea de hecho una cuota de mercado sustancial, no debe ser sometido a obligaciones inadecuadas. La Comisión debe revisar periódicamente las directrices, en particular con ocasión de una revisión del Derecho vigente, teniendo en cuenta la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, el pensamiento económico y la experiencia real del mercado, con vistas a asegurarse de que sigan estando en consonancia con un mercado en rápida evolución. Las autoridades nacionales de reglamentación tendrán que cooperar entre sí cuando el mercado afectado resulte ser transnacional.

(164)

A la hora de determinar si una empresa tiene un peso significativo en un mercado dado, las autoridades nacionales de reglamentación deben actuar con arreglo al Derecho de la Unión y tener en cuenta en la mayor medida posible las directrices de la Comisión sobre el análisis del mercado y la evaluación del peso significativo en el mercado.

(165)

Las autoridades nacionales de reglamentación deben definir los mercados geográficos pertinentes dentro de su territorio, teniendo en cuenta en la mayor medida posible la recomendación de la Comisión sobre mercados pertinentes de productos y servicios (en lo sucesivo, «recomendación») adoptada en virtud de la presente Directiva y teniendo en cuenta las circunstancias nacionales y locales. Por consiguiente, las autoridades nacionales de reglamentación deben analizar por lo menos los mercados contenidos en la recomendación, incluidos aquellos que figuran en ella, pero ya no están regulados en el contexto nacional o local específico. Dichas autoridades también deben analizar los mercados que no figuren en la recomendación, pero estén regulados en el territorio de su jurisdicción sobre la base de anteriores análisis del mercado, u otros mercados si tienen motivos suficientes para considerar que puede satisfacerse la prueba de los tres criterios prevista en la presente Directiva.

(166)

Es posible definir mercados transnacionales cuando así se justifique por la definición del mercado geográfico, teniendo en cuenta todos los factores tanto del lado de la oferta como del de la demanda, de conformidad con los principios de la legislación sobre competencia. El ORECE es el organismo más adecuado para acometer estos análisis, gracias a la amplia experiencia colectiva de las autoridades nacionales de reglamentación a la hora de definir los mercados a nivel nacional. Deben tenerse en cuenta las circunstancias nacionales al llevar a cabo un análisis de los posibles mercados transnacionales. Si se definen mercados transnacionales y se justifica la intervención reguladora, las autoridades nacionales de reglamentación afectadas deben cooperar para determinar la respuesta reguladora adecuada, incluso en el proceso de notificación a la Comisión. También pueden cooperar de la misma manera cuando no se definan mercados transnacionales, pero las condiciones del mercado en sus territorios sean suficientemente homogéneas para que resulte beneficioso un enfoque regulador coordinado, como por ejemplo en términos de costes, estructuras de mercado u operadores similares, o en caso de demanda de los usuarios finales transnacional o comparable.

(167)

En algunas circunstancias los mercados geográficos se definen como nacionales o subnacionales, a causa por ejemplo de la naturaleza nacional o local del despliegue de red que determina los límites del peso en el mercado potencial de las empresas en relación con la oferta mayorista, pero sigue existiendo una importante demanda transnacional de una o más categorías de usuarios finales. Este puede ser el caso, concretamente, de la demanda de los usuarios finales que son empresas con operaciones en instalaciones multiemplazamiento en diferentes Estados miembros. Si esa demanda transnacional no queda suficientemente atendida por los proveedores, por ejemplo si están fragmentados con arreglo a las fronteras nacionales o localmente, surge un posible obstáculo al mercado interior. Así pues, el ORECE debe estar facultado para facilitar orientaciones a las autoridades nacionales de reglamentación sobre planteamientos reguladores comunes a fin de garantizar que pueda atenderse satisfactoriamente la demanda transnacional, ofreciendo una base para la interoperabilidad de los productos de acceso al por mayor en toda la Unión y haciendo posibles las eficiencias y las economías de escala a pesar de la fragmentación de la oferta. Las orientaciones del ORECE deben configurar las decisiones de las autoridades nacionales de reglamentación a fin de alcanzar el objetivo del mercado interior cuando se impongan obligaciones reglamentarias a las empresas designadas como poseedoras de peso significativo en el mercado a nivel nacional, al tiempo que proporcionan directrices para la armonización de especificaciones técnicas de los productos de acceso al por mayor capaces de atender dicha demanda transnacional determinada, en interés del mercado interior.

(168)

El objetivo de cualquier intervención reguladora ex ante es, en definitiva, beneficiar a los usuarios finales en términos de precio, calidad y variedad, haciendo que los mercados minoristas sean realmente competitivos sobre una base sostenible. Es probable que las autoridades nacionales de reglamentación puedan determinar progresivamente que muchos mercados minoristas son competitivos incluso en ausencia de regulación al por mayor, especialmente teniendo en cuenta las esperadas mejoras en materia de innovación y de competencia.

(169)

Para las autoridades nacionales de reglamentación, el punto de partida en la identificación de mercados susceptibles de regulación ex ante es el análisis de los mercados minoristas correspondientes. El análisis de la competencia efectiva a nivel minorista y mayorista se lleva a cabo desde una perspectiva de futuro a lo largo de un horizonte temporal dado, y se rige por el Derecho de la competencia, incluida, en su caso, la jurisprudencia del Tribunal de Justicia en la materia. Si se llega a la conclusión de que un mercado minorista sería realmente competitivo en ausencia de regulación ex ante sobre el mercado mayorista correspondiente, esto debe conducir a la autoridad nacional de reglamentación a concluir que la regulación no resulta ya necesaria en el nivel mayorista de que se trate.

(170)

Durante la transición gradual hacia unos mercados desregulados, los acuerdos comerciales, también para la coinversión y el acceso, entre operadores irán haciéndose más frecuentes de forma progresiva y, si son sostenibles y mejoran la dinámica competitiva, pueden contribuir a concluir que determinado mercado mayorista no requiere regulación ex ante. Una lógica similar se aplicaría inversamente a la rescisión imprevisible de acuerdos comerciales en un mercado desregulado. El análisis de tales acuerdos debe tener en cuenta que la perspectiva de la regulación puede ser motivo para que los propietarios de una red entablen negociaciones comerciales. Con vistas a garantizar que se tenga debidamente en cuenta el impacto de la regulación impuesta en mercados conexos al determinar si cierto mercado precisa de regulación ex ante, las autoridades nacionales de reglamentación deben garantizar que los mercados se analizan de manera coherente y, cuando sea posible, al mismo tiempo o lo más cerca posible en el tiempo.

(171)

Al evaluar la regulación mayorista para resolver problemas a nivel minorista, las autoridades nacionales de reglamentación deben tener en cuenta el hecho de que varios mercados mayoristas pueden ofrecer insumos al por mayor ascendentes para un mercado al por menor determinado e, inversamente, que un solo mercado mayorista puede ofrecer insumos al por mayor ascendentes para una variedad de mercados minoristas. Además, la dinámica competitiva en un mercado determinado puede verse influida por mercados que sean contiguos, pero no en una relación vertical, como puede ser el caso de ciertos mercados fijos y móviles. Las autoridades nacionales de reglamentación deben llevar a cabo esa valoración para cada mercado mayorista cuya posible regulación se estudie, empezando por soluciones de acceso a la infraestructura de obra civil, ya que estas medidas suelen desembocar en una competencia más sostenible, incluida la competencia de infraestructuras, y analizando posteriormente los mercados mayoristas considerados susceptibles de regulación ex ante en cuanto a su posible idoneidad para subsanar determinados problemas de competencia detectados a nivel minorista. Al decidir la solución específica que procede imponer, las autoridades nacionales de reglamentación deben evaluar su viabilidad técnica y llevar a cabo un análisis de costes y beneficios, teniendo en cuenta su grado de adecuación para resolver los problemas de competencia detectados a nivel minorista y posibilitar una competencia basada en la diferenciación y la neutralidad de la tecnología. Dichas autoridades deben tener en cuenta las consecuencias de imponer una solución específica que, si es viable únicamente en determinadas topologías de red, podría constituir un factor disuasorio para el despliegue de redes de muy alta capacidad en interés de los usuarios finales.

(172)

Sin perjuicio del principio de neutralidad tecnológica, las autoridades nacionales de reglamentación deben dar incentivos a través de las soluciones impuestas y, cuando sea posible, antes del despliegue de las infraestructuras, para desarrollar una arquitectura de red flexible y abierta que reduzca finalmente la carga y complejidad de las soluciones impuestas en una fase posterior. En cada fase de la evaluación, antes de decidir si se impone alguna solución adicional que implique más carga de trabajo para las empresas designadas como poseedoras de peso significativo en el mercado, la autoridad nacional de reglamentación debe tratar de determinar si el mercado minorista afectado sería realmente competitivo, teniendo también en cuenta los acuerdos comerciales pertinentes u otras circunstancias del mercado mayorista, incluidos otros tipos de regulación ya en vigor, como por ejemplo las obligaciones generales de acceso a los activos no replicables o las obligaciones impuestas con arreglo a la Directiva 2014/61/UE, así como cualquier regulación que la autoridad nacional de reglamentación haya considerado ya apropiada para una empresa designada como poseedora de peso significativo en el mercado. Tal evaluación, orientada a garantizar que solo se impongan las soluciones más adecuadas necesarias para abordar eficazmente los problemas detectados en el análisis del mercado, no es óbice para que una autoridad nacional de reglamentación constate que una combinación de tales soluciones, incluso si estas son de distinta intensidad, de conformidad con el principio de proporcionalidad, constituye el medio menos invasivo de abordar el problema. Aun en el caso de que tales diferencias no den lugar a la definición de mercados geográficos distintos, deben poder justificar una diferenciación en las soluciones apropiadas impuestas en función de las diferencias de intensidad de las presiones competitivas.

(173)

La regulación ex ante impuesta a nivel mayorista, que en principio es menos invasiva que la impuesta a nivel minorista, se considera suficiente para hacer frente a posibles problemas de la competencia en el mercado o mercados minoristas descendentes conexos. Los avances en el funcionamiento de la competencia desde que está vigente el marco regulador de las comunicaciones electrónicas quedan demostrados por la desregulación progresiva de los mercados minoristas en toda la Unión. Además, procede simplificar y hacer más previsibles, en la medida de lo posible, las normas relativas a la imposición de soluciones ex ante a las empresas designadas como poseedoras de peso significativo en el mercado. Por consiguiente, debe prevalecer la imposición de controles reglamentarios ex ante basados en una empresa designada como poseedora de peso significativo en mercados mayoristas.

(174)

Cuando una autoridad nacional de reglamentación retire la regulación del nivel mayorista, debe definir un período de preaviso adecuado para garantizar una transición sostenible hacia un mercado desregulado. Al definir tal período de preaviso, dicha autoridad debe tener en cuenta los acuerdos existentes entre proveedores de acceso y solicitantes de acceso que se hayan celebrado sobre la base de las obligaciones reglamentarias impuestas. En particular, dichos acuerdos pueden ofrecer una protección jurídica contractual a los solicitantes de acceso durante un período determinado. La autoridad nacional de reglamentación debe tener asimismo en cuenta la posibilidad efectiva de que los participantes en el mercado acepten alguna oferta de acceso mayorista comercial o de coinversión que pueda estar presente en el mercado y la necesidad de evitar un largo período de posible arbitraje regulatorio. Las disposiciones transitorias establecidas por la autoridad nacional de reglamentación deben tomar en consideración el alcance y el calendario de la supervisión normativa de los acuerdos preexistentes, una vez iniciado el período de preaviso.

(175)

Para proporcionar seguridad a los agentes de mercado en cuanto a las condiciones reglamentarias, es necesario fijar un plazo para las revisiones de los mercados. Es importante llevar a cabo un análisis de los mercados periódicamente y en un plazo razonable y apropiado. Existe el riesgo de que si una autoridad nacional de reglamentación no consigue analizar un mercado dentro de plazo, puede comprometer el mercado interior y los procedimientos de infracción normales pueden no producir a tiempo el efecto deseado. En su lugar, la autoridad nacional de reglamentación de que se trate debe estar en condiciones de solicitar la colaboración del ORECE con el fin de concluir el análisis del mercado. Dicha colaboración puede asumir, por ejemplo, la forma de un grupo de trabajo específico formado por representantes de otras autoridades nacionales de reglamentación.

(176)

Dado que el sector de las comunicaciones electrónicas se caracteriza por un alto nivel de innovación tecnológica y unos mercados sumamente dinámicos, es necesario adaptar rápidamente la regulación de manera coordinada y armonizada a nivel de la Unión, pues la experiencia ha demostrado que la divergencia entre las autoridades nacionales de reglamentación en la aplicación del marco regulador puede crear un obstáculo al mercado interior.

(177)

Sin embargo, para una mayor estabilidad y previsibilidad de las medidas normativas, el plazo máximo permitido entre los análisis del mercado debe ampliarse de tres a cinco años, siempre y cuando la evolución del mercado entretanto no exija un nuevo análisis. A la hora de determinar si una autoridad nacional de reglamentación ha respetado su obligación de analizar los mercados y notificar el proyecto de medida correspondiente como mínimo cada cinco años, se considerará que solo una notificación que incluya una nueva evaluación de la definición del mercado y del peso significativo en el mercado marca el inicio de un nuevo ciclo quinquenal. No bastará para que se considere cumplida esta obligación una simple notificación de medidas reguladoras nuevas o modificadas, impuestas sobre la base de un análisis del mercado previo y no revisado. El incumplimiento por parte de una autoridad nacional de reglamentación de la obligación de llevar a cabo análisis del mercado a intervalos regulares establecida en la presente Directiva no debe considerarse, en sí mismo, un motivo de invalidez o inaplicabilidad de las obligaciones existentes impuestas por dicha autoridad nacional de reglamentación en el mercado de que se trate.

(178)

La imposición de una obligación específica a una empresa designada como poseedora de peso significativo en el mercado no requiere proceder a un análisis del mercado adicional sino más bien una justificación de que dicha obligación es adecuada y proporcionada con respecto a la índole del problema detectado en el mercado de que se trate y en el mercado minorista conexo.

(179)

Al evaluar la proporcionalidad de las obligaciones y condiciones que se impongan, las autoridades nacionales de reglamentación deben tener en cuenta las distintas condiciones de competencia que imperen en las diferentes zonas de los Estados miembros tomando especialmente en consideración los resultados del estudio geográfico llevado a cabo de conformidad con la presente Directiva.

(180)

Al estudiar la imposición de medidas para el control de los precios y la manera de hacerlo en caso necesario, las autoridades nacionales de reglamentación deben contemplar que se permita un rendimiento justo para el inversor en un determinado proyecto de inversión. En particular, hay riesgos asociados a los proyectos de inversión e inherentes específicamente a las nuevas redes de acceso que actúen como soporte para productos cuya demanda sea incierta en el momento en que se efectúe la inversión.

(181)

Las revisiones de las obligaciones impuestas a las empresas designadas como poseedores de peso significativo en el mercado durante el período correspondiente a un análisis del mercado deben permitir a las autoridades nacionales de reglamentación tener en cuenta las repercusiones sobre las condiciones competitivas de novedades tales como los acuerdos voluntarios entre empresas concluidos recientemente, por ejemplo acuerdos de acceso y coinversión, aportando así una flexibilidad que resulta particularmente necesaria ante la mayor duración de los ciclos reguladores. Una lógica similar debería aplicarse en caso de incumplimiento o rescisión imprevisibles de un acuerdo comercial, o si dicho acuerdo tiene efectos que difieren del análisis del mercado. En caso de que la rescisión de un acuerdo en vigor tenga lugar en un mercado desregulado, es posible que se requiera un nuevo análisis del mercado. De no haber un solo cambio importante en el mercado, pero en caso de mercados dinámicos, puede ser necesario realizar un análisis del mercado con una frecuencia mayor que cada cinco años, por ejemplo cada tres años como mínimo como ocurría hasta la fecha de aplicación de la presente Directiva. Los mercados deben ser considerados como dinámicos si la evolución tecnológica y las pautas de demanda de los usuarios finales pueden evolucionar de manera tal que las conclusiones del análisis quedarían superadas a medio plazo en un grupo significativo de zonas geográficas o de usuarios finales dentro del mercado geográfico y de producto que defina la autoridad nacional de reglamentación.

(182)

La transparencia de los términos y condiciones de acceso e interconexión, incluida la tarificación, permite acelerar las negociaciones, evitar litigios y generar confianza en los agentes del mercado en cuanto a la prestación no discriminatoria de los servicios. La apertura y transparencia de las interfaces técnicas puede resultar de particular importancia a la hora de garantizar la interoperabilidad. Cuando una autoridad nacional de reglamentación imponga obligaciones en el sentido de hacer pública información, debe también poder especificar la manera en la que deberá facilitarse la información y si es gratuita, habida cuenta de la naturaleza y propósito de la información en cuestión.

(183)

Habida cuenta de la variedad de topologías de red, productos de acceso y circunstancias del mercado que han surgido desde 2002, los objetivos del anexo II de la Directiva 2002/19/CE, en lo que respecta a la desagregación del bucle local y los productos de acceso para los prestadores de los servicios digitales de radio y televisión, pueden lograrse mejor y de manera más flexible mediante orientaciones sobre los criterios mínimos para una oferta de referencia que elabore y actualice periódicamente el ORECE. Procede suprimir, por consiguiente, el citado anexo.

(184)

El principio de no discriminación garantiza que las empresas con peso significativo en el mercado no falseen la competencia, en particular cuando se trata de empresas integradas verticalmente que prestan servicios a empresas con las que compiten en mercados descendentes.

(185)

A fin de abordar y prevenir el comportamiento discriminatorio no relacionado con los precios, la equivalencia de insumos (EdI) es, en principio, la manera más segura de conseguir una protección efectiva frente a la discriminación. Por otra parte, es probable que la oferta de insumos al por mayor regulados sobre la base de la EdI genere costes de cumplimiento más elevados que otras formas de las obligaciones de no discriminación. Estos costes de cumplimiento superiores deben contrastarse con los beneficios de una competencia más vigorosa en los mercados descendentes y con la importancia de las garantías de no discriminación en circunstancias en las que la empresa designada como poseedora de peso significativo en el mercado no está sujeta a controles directos de los precios. En particular, las autoridades nacionales de reglamentación podrían considerar más probable que el suministro de insumos al por mayor en los sistemas nuevos sobre la base de la EdI genere suficientes beneficios netos, y por lo tanto resulte proporcionado, dado que los costes de cumplimiento incrementales para garantizar que los sistemas de nueva creación se ajustan a la EdI son relativamente más bajos. Por otra parte, dichas autoridades nacionales de reglamentación también deben valorar si las obligaciones son proporcionadas para las empresas afectadas, por ejemplo tomando en consideración los costes de aplicación, y sopesar los posibles desincentivos para la implantación de sistemas nuevos, en contraposición a mejoras más incrementales, en caso de que los primeros estuvieran sujetos a obligaciones reglamentarias más restrictivas. En los Estados miembros en los que existe un elevado número de pequeñas empresas designadas como poseedoras de peso significativo en el mercado, la imposición de la EdI a cada una de estas empresas podría resultar desproporcionada.

(186)

La separación de cuentas permite hacer patentes los precios de transferencia interna y habilita a las autoridades nacionales de reglamentación a comprobar, cuando proceda, el cumplimiento de las obligaciones de no discriminación. La Comisión publicó a este respecto su Recomendación 2005/698/CE (35).

(187)

Los activos de obra civil que puedan acoger una red de comunicaciones electrónicas son fundamentales para el éxito de la implantación de las nuevas redes debido al elevado coste que supone replicarlos y a los importantes ahorros que pueden conseguirse si se reutilizan. Por esta razón, además de las normas relativas a las infraestructuras físicas contenidas en la Directiva 2014/61/UE, es necesaria una solución específica para el caso en que los activos de obra civil sean propiedad de una empresa designada como poseedora de peso significativo en el mercado. Cuando los activos de obra civil existan y sean reutilizables, disponer de un acceso efectivo a ellos tiene un gran efecto positivo sobre el despliegue de infraestructuras competidoras y, por consiguiente, es preciso garantizar que el acceso a estos activos pueda ser utilizado como una solución autónoma para la mejora de la dinámica competitiva y del despliegue en cualquier mercado descendente, que debe considerarse antes de evaluar la necesidad de imponer otras soluciones potenciales, y no como una solución meramente accesoria a otros productos o servicios al por mayor o como una solución limitada a las empresas que disponen de estos otros productos o servicios al por mayor. Las autoridades nacionales de reglamentación deben valorar normalmente los activos de obra civil heredados reutilizables sobre la base del valor contable regulatorio neto de la amortización acumulada en el momento del cálculo, indizada mediante un índice de precios apropiado, como el de precios al consumo, y excluyendo los activos totalmente amortizados, durante un período no inferior a cuarenta años, pero aún en uso.

(188)

Al imponer obligaciones para el acceso a unas infraestructuras nuevas y mejores, las autoridades reguladoras nacionales deberían garantizar que las condiciones de acceso reflejen las circunstancias en que se basa la decisión de inversión, teniendo en cuenta, entre otras cosas, los costes de la expansión, la tasa estimada de aceptación de los nuevos productos y servicios y los niveles de los precios al por menor previstos. Por otra parte, y con el fin de facilitar a los inversores la seguridad de planificación necesaria, las autoridades reguladoras nacionales deben poder fijar, cuando proceda, unos términos y condiciones de acceso coherentes con los adecuados períodos de revisión. En caso de que se consideren apropiados los controles de precios, estos términos y condiciones pueden incluir acuerdos sobre los precios en función del volumen o la duración del contrato, de conformidad con el Derecho de la Unión, siempre y cuando no tengan efectos discriminatorios. La imposición de cualquier condición de acceso debe respetar la necesidad de preservar una competencia eficaz en los servicios prestados a los consumidores y a las empresas.

(189)

Aunque la obligatoriedad de la concesión de acceso a la infraestructura de la red es justificable como instrumento para aumentar la competencia, las autoridades nacionales de reglamentación han de llegar a un equilibrio entre el derecho del propietario de una infraestructura a la explotación de la misma en beneficio propio y el derecho de otros proveedores de servicios competidores a acceder a recursos que resulten esenciales para el suministro de sus servicios.

(190)

En los mercados en donde cabe esperar que en el futuro exista un mayor número de redes de acceso, es más probable que los usuarios finales puedan beneficiarse de mejoras en la calidad de la red, en virtud de la competencia basada en las infraestructuras, que en los mercados donde siga existiendo una sola red. La adecuación de la competencia en relación con otros parámetros, como el precio y la variedad, dependerá probablemente de las circunstancias competitivas nacionales y locales. Al evaluar la adecuación de la competencia en relación con dichos parámetros y la necesidad de la intervención reguladora, las autoridades nacionales de reglamentación deben tener también en cuenta si el acceso al por mayor está disponible para cualquier empresa interesada en condiciones comerciales razonables que permitan a los usuarios finales obtener resultados competitivos en el mercado minorista. La aplicación de la normativa general sobre competencia debe resultar suficiente en mercados caracterizados por una competencia efectiva y sostenible basada en las infraestructuras.

(191)

Cuando se impongan a las empresas obligaciones que les exijan acceder a las solicitudes razonables de acceso y uso de elementos de redes y recursos asociados, dichas solicitudes solo deben poder denegarse sobre la base de criterios objetivos como la viabilidad técnica o la necesidad de preservar la integridad de la red. En caso de que la solicitud sea denegada, la parte perjudicada debe poder someter el caso a los procedimientos de resolución de litigios con arreglo a la presente Directiva. No debe exigirse de una empresa sujeta a la obligación de conceder el acceso que suministre tipos de acceso que no esté en su mano suministrar. La imposición por parte de las autoridades nacionales de reglamentación de conceder acceso a las infraestructuras, de la que se deriva un incremento de la competencia a corto plazo, no debe ser en detrimento del incentivo de los competidores a invertir en instalaciones alternativas que garantizarán una competencia más sostenible o un aumento del rendimiento y de los beneficios para el usuario final a largo plazo. Al elegir la intervención reguladora menos invasiva y conforme al principio de proporcionalidad, las autoridades nacionales de reglamentación pueden, por ejemplo, decidir revisar las obligaciones impuestas a las empresas designadas como poseedoras de peso significativo en el mercado y modificar cualquier decisión previa, por medios como retirar obligaciones e imponer o no imponer nuevas obligaciones de acceso si ello favorece los intereses de los usuarios y la competencia sostenible del servicio. Las autoridades nacionales de reglamentación deben poder imponer condiciones técnicas y operativas al proveedor o a los beneficiarios del acceso obligado de conformidad con el Derecho de la Unión. En particular, la imposición de normas técnicas debe ser conforme a la Directiva (UE) 2015/1535.

(192)

Las medidas de control de precios pueden ser necesarias cuando el análisis de mercado ponga de manifiesto la ineficacia de la competencia en un sector concreto. En concreto, las empresas designadas como poseedoras de peso significativo en el mercado deben evitar la práctica de una compresión de precios tal que la diferencia entre los precios al por menor y los precios de interconexión o acceso aplicados a los competidores que ofrecen servicios minoristas similares no sea la adecuada para garantizar una competencia sostenible. Cuando una autoridad nacional de reglamentación calcule los costes generados por la creación de un servicio impuesto en virtud de la presente Directiva, procede permitir una rentabilidad razonable sobre el capital empleado, incluidos los costes de los trabajos pertinentes y de la construcción, con el valor de capital adaptado, en caso necesario, para reflejar la evaluación actual del activo y la eficacia de las operaciones. El método de la recuperación de costes debe ser adecuado a las circunstancias teniendo en cuenta la necesidad de fomentar la eficacia, la competencia sostenible y el despliegue de redes de muy alta capacidad y de lograr en consecuencia el máximo beneficio para el usuario final y debe tener en cuenta el interés en unos precios mayoristas previsibles y estables en beneficio de todos los operadores que se proponen desplegar redes nuevas y mejoradas, de conformidad con las orientaciones de la Recomendación 2013/466/UE de la Comisión (36).

(193)

Debido a la incertidumbre sobre el ritmo de materialización de la demanda de servicios de banda ancha de próxima generación, es importante, a fin de promover la inversión eficiente y la innovación, conceder a los operadores que invierten en redes nuevas o mejoradas cierto grado de flexibilidad tarifaria. Las autoridades nacionales de reglamentación deben poder decidir mantener o no imponer precios de acceso al por mayor regulados con respecto a las redes de nueva generación si existen suficientes mecanismos de salvaguarda de la competencia. Más concretamente, para evitar precios excesivos en los mercados donde haya empresas designadas como poseedoras de peso significativo en el mercado, la flexibilidad de precios debe ir acompañada de salvaguardias adicionales para proteger la competencia y los intereses de los usuarios finales, tales como obligaciones estrictas de no discriminación, medidas encaminadas a garantizar la replicabilidad técnica y económica de los productos descendentes, y una presión demostrable sobre los precios minoristas resultante de la competencia en infraestructuras, de un anclaje de los precios derivado de otros productos de acceso regulados, o de ambos. Estas salvaguardias competitivas no son óbice para que las autoridades nacionales de reglamentación encuentren otras circunstancias en las que sería adecuado no imponer precios de acceso regulados a determinados insumos mayoristas, por ejemplo cuando una gran elasticidad de precios de la demanda de los usuarios finales haga que no resulte beneficioso para empresas designadas como poseedoras de peso significativo en el mercado aplicar precios sensiblemente por encima del nivel competitivo o cuando, debido a la menor densidad de población, haya menos incentivos para desarrollar redes de muy alta capacidad y la autoridad nacional de reglamentación constate que el acceso efectivo y no discriminatorio queda garantizado mediante las obligaciones impuestas de conformidad con la presente Directiva.

(194)

Cuando una autoridad nacional de reglamentación imponga obligaciones de aplicar un sistema de contabilidad de costes con objeto de permitir controles de los precios, debe poder efectuar a su vez una auditoría anual para garantizar el cumplimiento de dicho sistema de contabilidad de costes, siempre y cuando posea el necesario personal cualificado, o exigir que la auditoría sea efectuada por otro organismo cualificado, independiente de la empresa en cuestión.

(195)

El sistema de tarificación de la terminación de llamadas vocales al por mayor en la Unión se basa en el principio de que «el que llama paga». Un análisis de la sustituibilidad de la demanda y la oferta muestra que ni en la actualidad ni en un futuro previsible existen sustitutos a nivel mayorista que puedan disciplinar el establecimiento de las tarifas de terminación en una red dada. Teniendo en cuenta el carácter bidireccional del acceso en los mercados de terminación, otro de los problemas que pueden afectar a la competencia es la interfinanciación entre operadores. Dichos problemas potenciales en relación con la competencia son comunes a los mercados fijo y móvil de terminación de llamadas vocales. Por lo tanto, a la vista de la capacidad y de los incentivos que tienen los operadores de terminación para situar los precios sustancialmente por encima de los costes, se considera que la orientación a costes constituye la intervención más apropiada para abordar este problema a medio plazo. La futura evolución del mercado puede alterar las dinámicas de dichos mercados hasta el punto de que la regulación ya no sea necesaria.

(196)

A fin de reducir la carga reglamentaria que supone hacer frente a los problemas de la competencia relacionados con la terminación de llamadas vocales al por mayor de forma coherente en toda la Unión, la Comisión debe establecer, mediante un acto delegado, una tarifa de terminación de llamadas de voz máxima única para los servicios móviles y otra para los servicios fijos aplicables en toda la Unión.

(197)

La presente Directiva debe establecer los criterios y parámetros detallados que servirán de base para establecer los valores de las tarifas de terminación de llamadas vocales. Las tarifas de terminación de toda la Unión se han ido reduciendo de manera constante, y se prevé que sigan haciéndolo. Cuando la Comisión determine el importe máximo de las tarifas de terminación en el primer acto delegado que adopte con arreglo a la presente Directiva, no debe admitir ninguna desviación nacional excepcional e injustificada con respecto a esta tendencia.

(198)

Debido a la incertidumbre actual por lo que respecta al porcentaje de materialización de la demanda de servicios de banda ancha de muy alta capacidad, así como las economías generales de escala y densidad, los acuerdos de coinversión ofrecen importantes beneficios en términos de puesta en común de costes y riesgos, permitiendo a las empresas de menor tamaño invertir en condiciones económicamente racionales y promoviendo, por ende, la competencia sostenible a largo plazo, en particular en zonas en las que la competencia basada en infraestructuras pueda no ser eficiente. Dichas coinversiones pueden adoptar distintas formas, como la propiedad conjunta de activos de red o la distribución de riesgos a largo plazo mediante la cofinanciación o los compromisos de compra. En ese contexto, los compromisos de compra que constituyen coinversiones implican la adquisición de derechos específicos de capacidad de tipo estructural, que suponen un grado de codeterminación y permiten a los coinversores competir de forma eficaz y sostenible a largo plazo en mercados descendentes en los que está activa la empresa designada como poseedora de peso significativo en el mercado. Por el contrario, los acuerdos de acceso comercial que se limitan al alquiler de capacidad no dan lugar a dichos derechos y no deben ser considerados, por tanto, coinversiones.

(199)

Cuando una empresa designada como poseedora de peso significativo en el mercado hace una oferta de coinversión en condiciones justas, razonables y no discriminatorias en redes de muy alta capacidad que consisten en elementos de fibra óptica hasta los locales del usuario final o la estación de base, dando la oportunidad a empresas de distinto tamaño y capacidad financiera de convertirse en coinversores en infraestructuras, la autoridad nacional de reglamentación debe poder abstenerse de imponer obligaciones de conformidad con la presente Directiva sobre la nueva red de muy alta capacidad si, al menos, uno de los potenciales coinversores ha suscrito un acuerdo de coinversión con dicha empresa. Cuando una autoridad nacional de reglamentación decida hacer vinculante una oferta de coinversión que aún no ha dado lugar a un acuerdo, y decida no imponer obligaciones reglamentarias adicionales, puede hacerlo siempre que dicho acuerdo se suscriba antes de que surta efecto la medida desreguladora. Cuando sea técnicamente impracticable desplegar elementos de fibra óptica hasta los locales del usuario final, las redes de muy alta capacidad que consistan en elementos de fibra óptica que lleguen hasta las inmediaciones de dichos locales, es decir, justo hasta el exterior de ellos, deben también poder beneficiarse del mismo tratamiento regulador.

(200)

Cuando tome la determinación de abstenerse de imponer obligaciones, la autoridad nacional de reglamentación debe dar ese paso después de haberse cerciorado de que las ofertas de coinversión cumplen los criterios necesarios y se han presentado de buena fe. El tratamiento normativo diferenciado de las nuevas redes de muy alta capacidad debe estar sometido a revisiones en posteriores análisis de mercado, los cuales, en particular transcurrido un tiempo, pueden requerir ajustes en el tratamiento normativo. En circunstancias debidamente justificadas, las autoridades nacionales de reglamentación deben poder imponer obligaciones sobre esos nuevos elementos de red cuando determinen que, de no darse la intervención reguladora, ciertos mercados se enfrentarían a serios problemas de competencia. En especial, cuando existen múltiples mercados descendentes, que no hayan alcanzado el mismo grado de competencia, las autoridades nacionales de reglamentación pueden requerir soluciones específicas asimétricas para promover la competencia efectiva; es el caso, por ejemplo, pero no únicamente, de los mercados minoristas por segmentos, como el mercado de productos de comunicaciones electrónicas para empresas como usuarios finales. Para mantener la competitividad de los mercados, las autoridades nacionales de reglamentación también pueden proteger los derechos de los solicitantes de acceso que no participan en una coinversión determinada. Tal protección se debe conseguir mediante el mantenimiento de los productos de acceso actuales o —en caso de que en su momento se desmantelen los elementos de red heredados— mediante la imposición de productos de acceso de funcionalidad y calidad al menos comparables a las disponibles previamente en la infraestructura heredada, en ambos casos con arreglo a un mecanismo adaptable adecuado validado por la autoridad nacional de reglamentación que no menoscabe los incentivos para los coinversores.

(201)

Para reforzar la práctica reguladora coherente en toda la Unión, cuando las autoridades nacionales de reglamentación establezcan que se cumplen las condiciones de la oferta de coinversión, la Comisión debe poder solicitar a la autoridad nacional de reglamentación que retire su proyecto de medidas, ya sea absteniéndose de imponer obligaciones, ya sea interviniendo con obligaciones reglamentarias para hacer frente a importantes problemas en materia de competencia, cuando el ORECE comparta las serias dudas de la Comisión sobre la compatibilidad del proyecto de medidas con el Derecho de la Unión y en particular con los objetivos reglamentarios de la presente Directiva. Para mayor eficacia, una autoridad nacional de reglamentación debe poder presentar a la Comisión una única notificación de un proyecto de medidas relacionado con un régimen de coinversión que cumpla las condiciones correspondientes. Cuando la Comisión no ejerza su facultad de exigir la retirada del proyecto de medidas, sería desproporcionado que las siguientes notificaciones simplificadas de la autoridad nacional de reglamentación relativas a proyectos de decisiones individuales y basadas en el mismo régimen, en particular si hay evidencias adicionales de que se ha suscrito realmente a un acuerdo con al menos un coinversor, estuvieran sometidas a una decisión que exigiera la retirada si no ha habido un cambio de circunstancias. Además, siguen siendo de aplicación las obligaciones impuestas a las empresas con independencia de si han sido designadas como poseedoras de peso significativo en el mercado de conformidad con la presente Directiva o con la Directiva 2014/61/UE. Las obligaciones relacionadas con los acuerdos de coinversión se entenderán sin perjuicio de la aplicación del Derecho de la Unión.

(202)

La finalidad de la separación funcional, en virtud de la cual se exige que la empresa integrada verticalmente establezca entidades empresariales operativamente separadas, es garantizar el suministro de productos de acceso plenamente equivalentes a todos los operadores que actúan en los mercados posteriores, incluidas las propias divisiones del operador integradas verticalmente que actúan en dichos mercados. La separación funcional puede mejorar la competencia en varios mercados pertinentes al reducir significativamente el incentivo para la discriminación y facilitar la comprobación y exigencia del cumplimiento de las obligaciones de no discriminación. En casos excepcionales, debe ser posible que la separación funcional esté justificada como solución cuando reiteradamente no haya podido conseguirse la no discriminación efectiva en varios de los mercados afectados, y cuando la perspectiva de una competencia en las infraestructuras en un plazo razonable sea escasa o nula después del recurso a una o más soluciones que se consideraron antes apropiadas. No obstante, es muy importante garantizar que su imposición mantenga los incentivos de la empresa afectada para invertir en su red y no comporte efectos negativos potenciales sobre el bienestar del consumidor. Su imposición exige un análisis coordinado de diversos mercados pertinentes relacionados con la red de acceso, de conformidad con el procedimiento de análisis de mercados. Al llevar a cabo el análisis de los mercados y diseñar los detalles de esta solución, las autoridades nacionales de reglamentación deben prestar especial atención a los productos que deben gestionar las entidades empresariales separadas, teniendo en cuenta el grado de despliegue de la red y el nivel de progreso tecnológico, que pueden afectar a la sustituibilidad de los servicios fijos e inalámbricos. Para evitar falseamientos de la competencia en el mercado interior, las propuestas de separación funcional deben ser aprobadas previamente por la Comisión.

(203)

La aplicación de la separación funcional no debe ir en detrimento de unos mecanismos de coordinación apropiados entre las diversas entidades empresariales separadas para garantizar la protección de los derechos de supervisión económica y de gestión de la sociedad matriz.

(204)

Cuando una empresa integrada verticalmente decida transferir una parte sustancial o la totalidad de sus activos de red de acceso local a una persona jurídica separada de distinta propiedad o estableciendo una entidad empresarial separada para encargarse de los productos de acceso, la autoridad nacional de reglamentación debe evaluar la incidencia de la transacción prevista, incluidos los eventuales compromisos de acceso ofrecidos por esta empresa, sobre todas las obligaciones reglamentarias existentes impuestas a la empresa integrada verticalmente a fin de velar por la compatibilidad de cualquier nuevo acuerdo con la presente Directiva. La autoridad nacional de reglamentación en cuestión debe emprender un nuevo análisis de los mercados en que opere la entidad segregada e imponer, mantener, modificar o retirar obligaciones en función de dicho análisis. A tal efecto, la autoridad nacional de reglamentación debe estar facultada para solicitar información a la empresa.

(205)

Actualmente, en algunos mercados, dentro del análisis de mercado ya es posible que la empresa designada como poseedora de peso significativo en el mercado debe poder ofrecer compromisos destinados a abordar problemas de competencia detectados por la autoridad nacional de reglamentación y que después dicha autoridad tome en consideración tales compromisos a la hora de decidir las obligaciones reglamentarias adecuadas. En el momento de decidir las soluciones más adecuadas, se debe tener en cuenta la evolución de cualquier nuevo mercado. No obstante, y sin perjuicio de las disposiciones sobre el tratamiento reglamentario de las coinversiones, la naturaleza de los compromisos ofrecidos como tal no limita la discrecionalidad concedida a la autoridad nacional de reglamentación para imponer soluciones a las empresas designadas como poseedoras de peso significativo en el mercado. Para mejorar la transparencia y ofrecer seguridad jurídica en toda la Unión, debe figurar en la presente Directiva el procedimiento por el que las empresas proponen compromisos y las autoridades nacionales de reglamentación los evalúan, teniendo en cuenta las opiniones de los participantes en el mercado mediante una prueba de mercado, y, en su caso, el proceso por el cual el compromiso adquirido se hace vinculante y la autoridad nacional de reglamentación puede exigir su cumplimiento. A menos que la autoridad nacional de reglamentación haya hecho vinculantes compromisos sobre coinversiones y decidido no imponer obligaciones, dicho procedimiento se entenderá sin perjuicio de la aplicación del procedimiento de análisis del mercado y de la obligación de imponer soluciones adecuadas y proporcionadas para abordar las deficiencias del mercado detectadas.

(206)

Las autoridades nacionales de reglamentación deben poder hacer que los compromisos sean vinculantes, total o parcialmente, durante un período que no debe exceder el período para el que se han ofrecido, tras haber realizado una prueba de mercado mediante una consulta pública a las partes interesadas. Cuando los compromisos se hagan vinculantes, la autoridad nacional de reglamentación debe considerar las consecuencias de esta decisión en su análisis de mercado y tenerlas en cuenta al decidir las medidas reguladoras más adecuadas. La autoridad nacional de reglamentación debe examinar los compromisos adquiridos desde una perspectiva de sostenibilidad en el futuro, en particular en lo que respecta a la elección del período durante el cual resulten obligatorios, y debe tener en cuenta el valor que concedieron en la consulta pública las partes interesadas a unas condiciones de mercado estables y previsibles. Los compromisos vinculantes relacionados con la separación voluntaria por parte de una empresa integrada verticalmente que haya sido designada como poseedora de peso significativo en uno o varios mercados pertinentes puede añadir previsibilidad y transparencia al proceso, al definir el proceso de aplicación de la separación prevista, por ejemplo estableciendo una hoja de ruta con unos plazos claros para su aplicación y consecuencias previsibles en caso de que no se cumpla alguno de ellos.

(207)

Los compromisos pueden incluir el nombramiento de un administrador que vigile su cumplimiento, cuya identidad y mandato deben ser aprobados por la autoridad nacional de reglamentación, y la obligación de que la empresa que los ofrezca presente informes periódicos sobre su aplicación.

(208)

Los propietarios de redes cuyo modelo de negocio se limita a la prestación de servicios mayoristas a otros, pueden beneficiarse de la creación de un mercado mayorista próspero, con efectos positivos en la competencia minorista descendente. Además, su modelo de negocio puede resultar atractivo para potenciales inversores financieros en activos de infraestructuras menos volátiles y con perspectivas a plazo más largo sobre el despliegue de redes de capacidad muy alta. Sin embargo, la presencia de una empresa exclusivamente mayorista no conduce necesariamente a una competencia efectiva en los mercados minoristas, y cabe designar a dichas empresas como poseedoras de peso significativo en el mercado, en particular en los mercados de productos y geográficos. Determinados riesgos para la competencia derivados del comportamiento de las empresas que siguen modelos de negocio solo mayoristas podrían ser inferiores a los de empresas integradas verticalmente, siempre que el modelo solo mayorista sea genuino y no existan incentivos para discriminar entre los proveedores descendentes. Por lo tanto, la respuesta reguladora debe ser proporcionalmente menos invasiva, pero debe preservar concretamente la posibilidad de establecer obligaciones relacionadas con tarifas justas y razonables. Por otra parte, las autoridades nacionales de reglamentación deben ser capaces de intervenir si se han planteado problemas de competencia en detrimento de los usuarios finales. Una empresa activa en un mercado mayorista que suministra servicios minoristas solo a usuarios empresariales mayores que las pequeñas y medianas empresas debe ser considerada como una empresa únicamente mayorista.

(209)

Con el fin de facilitar la migración de las redes de cobre heredadas hacia las redes de próxima generación, migración que tiene interés para los usuarios finales, las autoridades nacionales de reglamentación deben poder supervisar las iniciativas propias de los operadores de redes al respecto y establecer, en caso necesario, las condiciones para un proceso de migración adecuado, por ejemplo mediante notificación previa, transparencia y disponibilidad de productos de acceso alternativos de calidad como mínimo comparable, una vez que el propietario de la red haya demostrado la intención y la disposición de cambiar a la red mejorada. A fin de evitar dilaciones injustificadas en la migración, las autoridades nacionales de reglamentación deben estar facultadas para retirar las obligaciones de acceso relativas a la red de cobre una vez se haya establecido un adecuado proceso de migración y se haya garantizado el cumplimiento de las condiciones y el proceso para migrar desde la infraestructura heredada. No obstante, los propietarios de las redes deben poder clausurar redes heredadas. Los solicitantes de acceso que migren de un producto de acceso basado en infraestructura heredada a un producto de acceso basado en una tecnología o medio más avanzados deben poder mejorar su acceso a cualquier producto regulado con mayor capacidad, si así lo desean, sin tener la obligación de hacerlo. En caso de mejora, los solicitantes de acceso deben adherirse a las condiciones reglamentarias de acceso al producto de acceso de mayor capacidad determinadas por la autoridad nacional de reglamentación en su análisis de mercado.

(210)

La liberalización del sector de las telecomunicaciones, la intensificación de la competencia y la libre elección de los servicios de comunicaciones son paralelas con el establecimiento de un marco regulador armonizado que garantice la prestación del servicio universal. El concepto de servicio universal debe adaptarse a la evolución tecnológica, el desarrollo del mercado y las modificaciones en la demanda de los usuarios.

(211)

En virtud de lo dispuesto en el artículo 169 del TFUE, la Unión debe contribuir a la protección de los consumidores.

(212)

El servicio universal constituye una red de seguridad que garantiza que todos los usuarios finales dispongan al menos de un conjunto mínimo de servicios y a un precio asequible para los consumidores, cuando exista riesgo de que la exclusión social provocada por la ausencia de tal acceso impida a los ciudadanos la plena participación social y económica en la sociedad.

(213)

El acceso básico a una internet de banda ancha está disponible casi universalmente en toda la Unión y se utiliza mucho para una amplia gama de actividades. Sin embargo, el porcentaje de asimilación global es inferior a la disponibilidad, ya que todavía hay quienes siguen desconectados por razones de desconocimiento, costes o capacitación, o porque así lo prefieren. El acceso adecuado a una internet de banda ancha asequible ha adquirido una importancia crucial para la sociedad y la economía en general. Sienta las bases para la participación en la economía y la sociedad digitales a través de los servicios de internet en línea esenciales.

(214)

Una exigencia básica del servicio universal es garantizar que todos los consumidores tengan acceso a un precio asequible a un servicio de acceso adecuado a una internet de banda ancha y a los servicios de comunicaciones vocales disponibles, en una ubicación fija. Los Estados miembros deben también contar con la posibilidad de garantizar la asequibilidad de los servicios de acceso adecuado a una internet de banda ancha y comunicaciones vocales que no se presten en una ubicación fija a los ciudadanos de ubicación no fija cuando lo juzguen necesario para garantizar la plena participación social y económica de los consumidores en la sociedad. En ese sentido, debe prestarse una atención particular a garantizar que los usuarios finales con discapacidad tengan un acceso equivalente. No deben imponerse limitaciones en cuanto a los medios técnicos utilizados para el establecimiento de la conexión, de modo que pueda recurrirse tanto a las tecnologías por cable como a las tecnologías inalámbricas, ni por lo que se refiere a la categoría de operadores que prestan la totalidad o parte de las obligaciones de servicio universal.

(215)

La velocidad del acceso a una internet en la práctica de un usuario determinado depende de una serie de factores, entre ellos el proveedor o proveedores de la conexión a internet y la aplicación concreta que se utilice en la conexión. Teniendo en cuenta el informe del ORECE sobre mejores prácticas, los Estados miembros deben definir el acceso adecuado a una internet de banda ancha en función de las condiciones nacionales y del ancho de banda mínimo del que disfruta la mayoría de consumidores dentro del territorio de un Estado miembro, para que exista un nivel adecuado de inclusión social y de participación en la economía y la sociedad digitales en su territorio. El servicio de acceso adecuado a una internet de banda ancha asequible debe tener suficiente ancho de banda para hacer posible el acceso y el uso de al menos un conjunto mínimo de servicios básicos que reflejen los utilizados por la mayoría de los usuarios finales. Para ello, la Comisión debe supervisar la evolución en el uso de internet a fin de identificar aquellos servicios en línea utilizados por la mayoría de los usuarios finales en la UE necesarios para la participación social y económica en la sociedad y actualizar la lista como corresponda. Los requisitos del Derecho de la Unión sobre el acceso a una internet abierta, en particular el Reglamento (UE) 2015/2120, serán de aplicación a todo servicio adecuado de acceso a una internet de banda ancha.

(216)

No debe obligarse a los consumidores a acceder a servicios que no desean y, por lo tanto, debe ser posible para los consumidores beneficiarios limitar, previa solicitud, el servicio universal asequible únicamente al servicio de comunicaciones vocales.

(217)

Los Estados miembros deben tener la posibilidad de hacer extensivas las medidas relativas a la asequibilidad y las relativas al control de los gastos a las microempresas, pymes y a las organizaciones sin ánimo de lucro siempre y cuando cumplan las condiciones correspondientes.

(218)

Es conveniente que las autoridades nacionales de reglamentación, en coordinación con otras autoridades competentes, puedan supervisar la evolución y el nivel de las tarifas al público en los servicios incluidos en el ámbito de aplicación de las obligaciones de servicio universal. Dicha supervisión debe realizarse de tal forma que no represente una carga administrativa excesiva ni para las autoridades nacionales de reglamentación y otras autoridades competentes ni para los proveedores de tal servicio.

(219)

Un precio asequible significa un precio estipulado por los Estados miembros a escala nacional a la luz de las condiciones nacionales específicas. En caso de que los Estados miembros decreten que los precios para el consumidor por el acceso adecuado a una internet de banda ancha y los servicios de comunicación vocal no son asequibles para los consumidores de renta baja o con necesidades sociales especiales, como las personas mayores, los usuarios finales con discapacidad y los consumidores que viven en zonas rurales o geográficamente aisladas, deben adoptar medidas apropiadas. A tal fin, los Estados miembros pueden prestar a esos consumidores una ayuda directa a efectos de comunicación, que podría formar parte de prestaciones o asumir la forma de vales o pagos directos a estos consumidores. Esa puede ser una alternativa adecuada, teniendo en cuenta la necesidad de minimizar las distorsiones del mercado. De manera alternativa o adicional, los Estados miembros pueden exigir a los proveedores de servicios de este tipo que ofrezcan opciones o paquetes con tarifas básicas a tales consumidores.

(220)

Garantizar un precio asequible puede implicar tarifas especiales o paquetes dirigidos a cubrir las necesidades de los usuarios con rentas bajas o con necesidades sociales especiales. Dichas ofertas deben facilitarse con características básicas, a fin de no falsear el funcionamiento del mercado. Desde el punto de vista de los consumidores particulares, la asequibilidad de los precios debe fundarse en su derecho a contratar con un proveedor, la disponibilidad de un número, la conexión continuada del servicio y su capacidad de vigilar y controlar los propios gastos.

(221)

En los casos en que un Estado miembro exija a los proveedores que ofrezcan a los consumidores de renta baja o necesidades sociales especiales paquetes u opciones de tarifas diferentes de los ofrecidos en condiciones comerciales normales, dichos paquetes u opciones de tarifas deben ser ofrecidos por todos los proveedores de acceso a internet y servicios de comunicación vocal. De acuerdo con el principio de proporcionalidad, el hecho de exigir a todos los proveedores de acceso a internet y servicios de comunicación vocal que ofrezcan paquetes u opciones de tarifas no debe dar lugar a una carga administrativa o financiera excesiva para los proveedores o los Estados miembros afectados. En caso de que un Estado miembro demuestre, basándose en una evaluación objetiva, la existencia de tal carga administrativa o financiera excesiva, podrá excepcionalmente decidir imponer la obligación de ofrecer paquetes u opciones de tarifas específicos tan solo a proveedores designados. La evaluación objetiva debe tener en cuenta también los beneficios que se deriven para los consumidores con renta baja o con necesidades sociales especiales de la elección de proveedor, y los beneficios para todos los proveedores capaces de gozar de las ventajas de ser un proveedor de servicio universal. En caso de que un Estado miembro decida excepcionalmente imponer la obligación de ofrecer paquetes u opciones de tarifas específicos tan solo a proveedores designados, debe velar por que los consumidores con renta baja o necesidades especiales puedan optar entre proveedores que ofrezcan tarifas sociales. No obstante, en determinadas situaciones es posible que los Estados miembros no puedan garantizar la elección de proveedor, por ejemplo cuando solo una empresa preste servicio en la zona en que reside el beneficiario, o en los casos en que brindar libertad de elección suponga una carga organizativa y financiera adicional excesiva para el Estado miembro.

(222)

La asequibilidad no debe seguir siendo una barrera para que los consumidores accedan al conjunto mínimo de servicios de conectividad. El derecho a celebrar un contrato con un proveedor debe significar que los consumidores que puedan verse rechazados, en particular los de rentas bajas o necesidades sociales especiales, han de tener la posibilidad de contratar servicios de acceso adecuado a una internet de banda ancha y de comunicaciones vocales asequibles, como mínimo desde una ubicación fija, a cualquier proveedor que preste tales servicios en dicha ubicación o a un proveedor designado en caso de que el Estado miembro haya decidido excepcionalmente designar a uno o más proveedores para ofrecer estos paquetes u opciones o de tarifas. Con el fin de reducir al mínimo riesgos financieros tales como el impago de facturas, los proveedores deben tener libertad para ofrecer el contrato en régimen de prepago, con arreglo a unidades de prepago asequibles.

(223)

Con el fin de garantizar la posibilidad de comunicar con un ciudadano a través de los servicios de comunicaciones vocales, los Estados miembros deben garantizar la disponibilidad de un número durante un período razonable, y también durante los períodos de no utilización del servicio de comunicaciones vocales. Los proveedores deben poder implantar mecanismos para comprobar que el consumidor sigue interesado en mantener la disponibilidad del número.

(224)

La compensación a los proveedores que prestan dichos servicios en dichas condiciones no tiene por qué dar lugar a una distorsión de la competencia, siempre que se compense a dichos proveedores por los costes netos específicos en que se incurra y la carga en términos de costes netos se recupere de modo neutral desde el punto de vista de la competencia.

(225)

Con objeto de evaluar la necesidad de medidas de asequibilidad, las autoridades nacionales de reglamentación, de forma coordinada con otras autoridades competentes, deben poder supervisar la evolución y los detalles de las ofertas de paquetes u opciones de tarifas para consumidores con rentas bajas o necesidades sociales especiales.

(226)

Los Estados miembros deben adoptar medidas para fomentar la creación de un mercado de productos y servicios asequibles que incorporen facilidades para los consumidores con discapacidad, incluidos los equipos con tecnologías asistenciales. Esto puede lograrse, por ejemplo, haciendo referencia a las normas europeas, o apoyando la aplicación de requisitos al amparo de la legislación de la Unión que armonicen las exigencias de accesibilidad aplicables a los productos y servicios. Los Estados miembros deben introducir unas medidas adecuadas, según las circunstancias nacionales, que ofrezcan flexibilidad para que los Estados miembros tomen medidas específicas, por ejemplo si el mercado no entrega productos y servicios asequibles que incorporen facilidades para los consumidores con discapacidad en condiciones económicas normales. Estas medidas pueden incluir ayuda financiera directa a los usuarios finales. El coste de los servicios de conversión a texto para los consumidores con discapacidad debe ser equivalente al coste medio de los servicios de comunicaciones vocales.

(227)

Los servicios de conversación total en modo texto son servicios que permiten la comunicación bidireccional (a distancia) entre usuarios finales de distintos modos de comunicación (por ejemplo, texto, signos o voz) ofreciendo una conversión, que normalmente realiza un operador humano, entre los distintos modos de comunicación. El texto en tiempo real se define de conformidad con la legislación de la Unión por la que se armonizan los requisitos de productos y servicios y hace referencia a una forma de conversación de texto en situaciones de punto a punto o de conferencia con múltiples puntos cuando se introduzca el texto de tal forma que la comunicación es percibida por el usuario como continua en forma de carácter por carácter.

(228)

Para las comunicaciones de datos a velocidades suficientes para permitir un acceso adecuado a una internet de banda ancha, se dispone casi universalmente de conexiones de línea fija que utilizan la mayoría de los ciudadanos de la Unión. La cobertura y disponibilidad de la banda ancha fija estándar en la Unión se mantuvo en 2015 en el 97 % de los hogares, con un porcentaje medio de asimilación del 72 %, y los servicios basados en tecnologías inalámbricas tienen una difusión incluso mayor. Sin embargo, existen diferencias entre los Estados miembros en lo relativo a la disponibilidad y asequibilidad de la banda ancha fija en las zonas urbanas y rurales.

(229)

El mercado desempeña un papel destacado a la hora de garantizar la disponibilidad del acceso a una internet de banda ancha con una capacidad en constante aumento. En los ámbitos en los que el mercado no basta, otros instrumentos de política pública para favorecer la disponibilidad de conexiones de acceso adecuado a una internet de banda ancha parecen, en principio, más rentables y menos proclives a distorsionar el mercado que las obligaciones de servicio universal, por ejemplo el recurso a instrumentos financieros como los disponibles en virtud del Fondo Europeo para Inversiones Estratégicas y del Mecanismo «Conectar Europa», el uso de financiación pública con cargo a los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos, la asociación a los derechos de uso del espectro radioeléctrico de obligaciones de cobertura encaminadas a favorecer el despliegue de redes de banda ancha en las zonas menos densamente pobladas y la inversión pública de conformidad con las normas de la Unión sobre ayudas estatales.

(230)

En caso de que la debida evaluación muestre, habida cuenta de los resultados del estudio geográfico sobre el despliegue de redes llevado a cabo por la autoridad competente o la información más reciente disponible para los Estados miembros antes de que estén disponibles los resultados del primer informe geográfico, que es probable que ni el mercado ni los mecanismos de intervención pública ofrezcan a los usuarios finales en determinadas zonas una conexión capaz de proporcionar el servicio de acceso adecuado a una internet de banda ancha según lo definan los Estados miembros y los servicios de comunicaciones vocales en una ubicación fija, el Estado miembro debe tener la posibilidad, con carácter excepcional, de designar a diferentes proveedores o grupos de proveedores de dichos servicios en las diferentes partes pertinentes del territorio nacional. Además del informe geográfico, los Estados miembros deben poder usar, siempre que sea necesario, cualquier información adicional para determinar en qué medida están disponibles los servicios de acceso adecuado a una internet de banda ancha y de comunicaciones vocales en una ubicación fija. Esta información adicional puede consistir en datos de que dispongan las autoridades nacionales de reglamentación mediante el procedimiento de análisis del mercado y en datos recopilados de los usuarios. Los Estados miembros deben poder restringir las obligaciones de servicio universal encaminadas a favorecer la disponibilidad del servicio de acceso adecuado a una internet de banda ancha a la residencia o ubicación principal del usuario final. No deben imponerse restricciones en cuanto a los medios técnicos utilizados para prestar servicios de acceso adecuado a una internet de banda ancha y de comunicaciones vocales en una ubicación fija, de modo que pueda recurrirse tanto a las tecnologías por cable como a las tecnologías inalámbricas, ni por lo que se refiere a las empresas designadas para cumplir la totalidad o parte de las obligaciones de servicio universal.

(231)

De conformidad con el principio de subsidiariedad, corresponde a los Estados miembros decidir, conforme a criterios objetivos, qué las empresas designan como proveedores de servicio universal, en su caso teniendo en cuenta la capacidad y la voluntad de las empresas de aceptar total o parcialmente las obligaciones de servicio universal. Ello no obsta para la posible inclusión en el proceso de designación por parte de los Estados miembros de condiciones específicas en aras de una mayor eficiencia que incluyan la agrupación de zonas geográficas o componentes o el establecimiento de un período mínimo de designación.

(232)

Los costes que lleva aparejados garantizar la disponibilidad de una conexión capaz de suministrar un servicio de acceso adecuado a una internet de banda ancha con arreglo la presente Directiva, y servicio de comunicaciones vocales en una ubicación fija a un precio asequible dentro de las obligaciones de servicio universal deben calcularse, en particular, evaluando la carga financiera esperada para los proveedores y los usuarios en el sector de las comunicaciones electrónicas.

(233)

A priori, es probable que los requisitos para garantizar la cobertura territorial nacional impuestos en el procedimiento de designación excluyan o disuadan a algunas empresas de solicitar su designación como proveedores del servicio universal. La designación de los proveedores con obligaciones de servicio universal por un período excesivo o indefinido pueden también dar lugar a la exclusión a priori de determinados proveedores. En caso de que un Estado miembro decida designar a uno o más proveedores con fines de asequibilidad, debe ser posible para esos proveedores ser diferentes de los designados para el elemento de disponibilidad del servicio universal.

(234)

Cuando un proveedor designado de forma excepcional para ofrecer paquetes u opciones de tarifas distintos de los ofrecidos en condiciones comerciales normales, identificado conforme a la presente Directiva, o para garantizar la disponibilidad en una ubicación fija de los servicios de acceso adecuado a una internet de banda ancha o servicios de comunicaciones vocales, identificado conforme a la presente Directiva, opte por entregar una parte sustancial, desde el punto de vista de su obligación de servicio universal, o la totalidad de sus activos de red de acceso local en el territorio nacional a una entidad jurídica independiente perteneciente a un propietario definitivo diferente, la autoridad competente debe evaluar los efectos de la transacción con el fin de garantizar la continuidad de las obligaciones de servicio universal en todo el territorio nacional o en partes del mismo. A tal fin, el proveedor debe informar por adelantado de la entrega a la autoridad competente que impuso las obligaciones de servicio universal. La evaluación de la autoridad competente debe entenderse sin perjuicio de la realización de la transacción.

(235)

Con el fin de ofrecer estabilidad y apoyar una transición gradual, los Estados miembros deben poder seguir garantizando la prestación en su territorio de servicios universales, distintos de los servicios de acceso adecuado a una internet de banda ancha y de comunicaciones vocales en una ubicación fija, incluidos en el ámbito de sus obligaciones de servicio universal sobre la base de la Directiva 2002/22/CE en la fecha de entrada en vigor de la presente Directiva, siempre que no se disponga de los servicios, o de servicios comparables, en circunstancias comerciales normales. Permitir la continuación de la oferta de teléfonos públicos de pago al público en general mediante el uso de monedas, tarjetas de crédito o débito o tarjetas de prepago, incluidas las tarjetas que utilizan códigos de marcación, guías telefónicas y servicios de información sobre números de abonados en régimen de servicio universal, en la medida en que se siga demostrando su necesidad, daría a los Estados miembros la flexibilidad necesaria para tener debidamente en cuenta las diferentes circunstancias nacionales. Esta posibilidad puede incluir la provisión de teléfonos públicos de pago en los principales puntos de entrada del país, tales como aeropuertos o estaciones de tren y autobús, así como en aquellos lugares a los que acuden los ciudadanos en caso de emergencia, como hospitales, comisarías de policía y áreas de emergencia de las autopistas, con el fin de atender las necesidades razonables de los usuarios finales, incluidos en particular aquellos con discapacidad.

(236)

Los Estados miembros deben supervisar la situación de los consumidores por lo que se refiere a la utilización que hacen de los servicios de acceso adecuado a una internet con de banda ancha y de comunicaciones vocales, y en particular a la asequibilidad de tales servicios. La asequibilidad de los servicios de acceso adecuado a una internet de banda ancha y de comunicaciones vocales está relacionada con la información que reciben los usuarios sobre los gastos de uso y con el coste relativo del uso en relación con otros servicios, así como también lo está con la capacidad de los usuarios para controlar sus propios gastos. Por consiguiente, la asequibilidad pasa por otorgar determinadas facultades a los consumidores a través de la imposición de obligaciones a los proveedores. Entre dichas obligaciones cabe mencionar la presentación de facturas con un nivel de desglose determinado, la posibilidad de que los consumidores bloqueen de manera selectiva determinadas llamadas (como las llamadas más costosas a servicios de tarifa superior) o controlen su propio gasto a través de instrumentos de prepago y la posibilidad de escalonar los gastos de conexión iniciales. Dichas medidas deben probablemente ser revisadas o modificadas para tener en cuenta la evolución del mercado. Las facturas detalladas sobre el uso del acceso a internet deben indicar únicamente la hora, la duración y el importe del consumo durante una sesión de uso, pero no los sitios web o puntos finales de internet con los que se ha establecido una conexión durante dicha sesión.

(237)

Salvo en casos reiterados de retraso en los pagos o de impago de facturas, los consumidores con derecho a tarifas asequibles deben, mientras se resuelva la situación, estar protegidos de la desconexión inmediata de la red por impago de una factura y, en particular cuando se produzcan litigios derivados de facturas elevadas por servicios de tarifas superiores, deben seguir disfrutando del acceso a los servicios de comunicaciones vocales esenciales y a un nivel de servicio mínimo de acceso a internet definido por los Estados miembros. Los Estados miembros deben poder decidir que dicho acceso solo pueda mantenerse a condición de que el abonado siga pagando cuotas de alquiler de la línea o de acceso básico a internet.

(238)

Cuando de la prestación de servicios de acceso adecuado a una internet de banda ancha y de comunicaciones vocales o de la prestación de otros servicios de conformidad con la presente Directiva se derive una carga injusta para un proveedor, teniendo debidamente en cuenta los costes y los ingresos, así como los beneficios intangibles derivados de la prestación de los servicios en cuestión, esta carga injusta puede incluirse en el cálculo del coste neto de las obligaciones de servicio universal.

(239)

Si fuera necesario, los Estados miembros deben establecer mecanismos que permitan la financiación del coste neto derivado de las obligaciones de servicio universal cuando quede demostrado que dichas obligaciones solo pueden cumplirse con pérdidas o a un coste neto no conforme a las prácticas comerciales normales. Es importante garantizar que el coste neto derivado de las obligaciones de servicio universal sea objeto de un cálculo adecuado y que cualquier financiación al respecto se efectúe causando la menor distorsión posible al mercado y a las empresas, y resulte compatible con los artículos 107 y 108 del TFUE.

(240)

Todo cálculo del coste neto de las obligaciones de servicio universal ha de tener debidamente en cuenta los gastos y los ingresos, así como los beneficios intangibles resultantes de la prestación del servicio universal, pero no debe obstaculizar el objetivo general de garantizar que las estructuras tarifarias reflejen los costes. Todos los costes netos de las obligaciones de servicio universal deben calcularse sobre la base de procedimientos transparentes.

(241)

Tener en cuenta los beneficios intangibles significa que, para determinar los costes globales, del coste neto directo derivado de las obligaciones de servicio universal debe deducirse un cálculo estimado en términos monetarios de los beneficios indirectos que una empresa obtiene en virtud de su condición de proveedor de servicio universal.

(242)

Cuando una obligación de servicio universal represente una carga injusta para un proveedor, conviene permitir que los Estados miembros establezcan mecanismos de recuperación eficaz de los costes netos. La recuperación con cargo a fondos públicos constituye uno de los métodos de recuperación de los costes netos que se derivan de las obligaciones de servicio universal. Otro método consiste en repartir el coste neto de las obligaciones de servicio universal entre los proveedores de servicios y redes de comunicaciones electrónicas. Los Estados miembros deben poder financiar los costes netos de distintos elementos del servicio universal por diferentes mecanismos o financiar los costes netos de alguno o de todos los elementos por cualquiera de los mecanismos, o combinar ambas posibilidades. El acceso adecuado a una internet de banda ancha aporta beneficios no solo para el sector de las comunicaciones electrónicas, sino también para el conjunto de la economía en línea y para toda la sociedad. Proporcionar una conexión de banda ancha que soporte velocidades de banda ancha a un mayor número de usuarios finales les permite utilizar los servicios en línea y, por ende, participar activamente en la sociedad digital. Garantizar dichas conexiones conforme a obligaciones de servicio universal sirve tanto al interés general como a los intereses de los proveedores de comunicaciones electrónicas. Los Estados miembros deben tener en cuenta tales hechos al elegir y concebir mecanismos para la recuperación de los costes netos.

(243)

En el caso de la recuperación de costes mediante el reparto del coste neto de las obligaciones de servicio universal entre los proveedores de servicios y redes de comunicaciones electrónicas, los Estados miembros deben asegurarse de que el método de asignación entre los proveedores se basa en criterios objetivos y no discriminatorios y es conforme al principio de proporcionalidad. Este principio no impide que los Estados miembros establezcan una exención para las nuevas empresas que no tengan una presencia significativa en el mercado. Todo mecanismo de financiación que se adopte debe velar por que los participantes en el mercado contribuyan exclusivamente a financiar las obligaciones de servicio universal, y no otras actividades que no estén vinculadas directamente con el cumplimiento de dichas obligaciones. Los mecanismos de recuperación deben respetar los principios del Derecho de la Unión. En particular, cuando se trate de mecanismos de reparto a través de un fondo, deben respetarse asimismo los principios de no discriminación y proporcionalidad. Todo mecanismo de financiación debe velar por que los usuarios de un Estado miembro no contribuyan a los costes de suministro del servicio universal en otro Estado miembro. Debe ser posible compartir el coste neto derivado de las obligaciones de servicio universal entre todas o determinadas categorías específicas de proveedores. Los Estados miembros deben velar por que el mecanismo de reparto respete los principios de transparencia, distorsión mínima del mercado, no discriminación y proporcionalidad. La distorsión mínima del mercado significa que las contribuciones deben recaudarse de modo que se reduzca al mínimo posible la repercusión de las cargas financieras en los usuarios finales, por ejemplo repartiendo las contribuciones sobre una base lo más amplia posible.

(244)

Los proveedores que se beneficien de una financiación del servicio universal deben presentar a las autoridades nacionales de reglamentación, con suficiente nivel de detalle, los elementos específicos que requieren financiación con el objeto de justificar su solicitud. Los Estados miembros deben comunicar a la Comisión sus sistemas de cálculo de costes y de financiación de las obligaciones de servicio universal, de modo que esta pueda verificar su compatibilidad con el TFUE. Los Estados miembros han de velar por que se mantengan la transparencia y el control reales de los importes imputados a la financiación de dichas obligaciones. El cálculo de los costes netos de la prestación del servicio universal debe basarse en una metodología objetiva y transparente para garantizar la mejor relación coste-eficacia en la prestación del servicio universal y promover unas condiciones de igualdad entre los agentes del mercado. Dar a conocer por adelantado la metodología que se va a utilizar para calcular los costes netos de cada elemento del servicio universal antes de aplicar el cálculo podría contribuir a lograr una mayor transparencia.

(245)

Los Estados miembros no están autorizados a imponer a los agentes del mercado contribuciones financieras referentes a medidas que no formen parte de las obligaciones de servicio universal. Cada Estado miembro es libre de imponer medidas especiales (ajenas al alcance de las obligaciones de servicio universal) y de financiarlas de conformidad con el Derecho de la Unión, si bien no puede hacerlo mediante contribuciones procedentes de los agentes del mercado.

(246)

Con el fin de apoyar eficazmente la libre circulación de bienes, servicios y personas en el interior de la Unión, debe ser posible utilizar determinados recursos de numeración nacionales, en particular determinados números no geográficos, de forma extraterritorial, es decir, fuera del territorio del Estado miembro que los asigna. Teniendo en cuenta el considerable riesgo de fraude en relación con las comunicaciones interpersonales, tal uso extraterritorial debe autorizarse exclusivamente para la prestación de servicios de comunicaciones electrónicas distintas de los servicios de comunicaciones interpersonales. Los Estados miembros deben garantizar el cumplimiento de la legislación nacional pertinente, en particular la normativa sobre protección de los consumidores y otras normas relacionadas con la utilización de recursos de numeración, con independencia del lugar en que se hayan concedido los derechos de uso y en el que se hayan utilizado los recursos de numeración dentro de la Unión. Los Estados miembros siguen siendo competentes para aplicar sus Derecho nacional a los recursos de numeración empleados en su territorio, en particular en los casos en que los derechos hayan sido concedidos en otro Estado miembro.

(247)

Las autoridades nacionales de reglamentación u otras autoridades competentes de los Estados miembros no tendrán el control de los recursos de numeración en los casos en los que se haga uso de recursos de numeración de otro Estado miembro. Por consiguiente, es esencial que la autoridad nacional de reglamentación u otra autoridad competente del Estado miembro que concede los derechos de uso extraterritoriales vele también por la protección efectiva de los usuarios finales en los Estados miembros en los que se emplean dichos números. A fin de alcanzar una protección efectiva, la autoridad nacional de reglamentación u otra autoridad competente que conceda derechos de uso extraterritoriales debe asociar condiciones conforme a la presente Directiva, relativas al respeto por parte del proveedor de las normas de protección de los consumidores y otras normas relacionadas con el uso de los servicios de numeración en los Estados miembros en que se vayan a emplear estos recursos.

(248)

Las autoridades nacionales de reglamentación u otras autoridades competentes de los Estados miembros en los que se empleen los recursos de numeración deben poder solicitar la ayuda de las autoridades nacionales de reglamentación u otras autoridades competentes que hayan concedido los derechos de uso de los recursos de numeración para contribuir a la ejecución de sus normas. Las medidas de ejecución adoptadas por las autoridades nacionales de reglamentación u otras autoridades competentes que hayan concedido los derechos de uso deben incluir sanciones disuasorias, en particular la retirada del derecho de uso extraterritorial de los recursos de numeración asignado a la empresa en cuestión en caso de infracción grave. Los requisitos sobre el uso extraterritorial deben entenderse sin perjuicio de las competencias de los Estados miembros para bloquear, caso por caso, el acceso a números o servicios cuando se justifique por motivos de fraude o uso indebido. El uso extraterritorial de recursos de numeración debe entenderse sin perjuicio de la normativa de la Unión sobre la prestación de servicios de itinerancia, incluida la encaminada a prevenir un uso anómalo o abusivo de los servicios de itinerancia sometidos a regulación de los precios al por menor y que se benefician de tarifas de itinerancia al por mayor reguladas. Los Estados miembros deben seguir teniendo la posibilidad de celebrar acuerdos específicos con terceros países sobre el uso extraterritorial de los recursos de numeración.

(249)

Los Estados miembros deben promover el aprovisionamiento inalámbrico (OTAP) de recursos de numeración para facilitar el cambio de proveedores de comunicaciones electrónicas. El aprovisionamiento inalámbrico de recursos de numeración permite la reprogramación de los identificadores de los equipos de comunicaciones sin acceso físico a los dispositivos en cuestión. Este aspecto es especialmente relevante para los servicios máquina a máquina, es decir, servicios que impliquen una transferencia automatizada de datos e información entre dispositivos o aplicaciones de software con escasa o nula interacción humana. Los proveedores de tales servicios máquina a máquina podrían no disponer de acceso físico a sus dispositivos debido a su uso a distancia, al elevado número de dispositivos desplegados o a sus pautas de utilización. Ante la aparición de un mercado máquina a máquina y de nuevas tecnologías, los Estados miembros deben esforzarse en garantizar la neutralidad tecnológica promoviendo el aprovisionamiento inalámbrico.

(250)

Para que las empresas puedan competir en el sector de las comunicaciones electrónicas, resulta esencial que el acceso a los recursos de numeración se base en criterios transparentes, objetivos y no discriminatorios. Los Estados miembros deben poder conceder derechos de uso de recursos de numeración a empresas que no sean proveedoras de redes o servicios de comunicaciones electrónicas, en vista de la creciente importancia de los números para diversos servicios de la internet de las cosas. Todos los elementos de los planes nacionales de numeración deben ser gestionados por las autoridades nacionales de reglamentación u otras autoridades competentes, incluidos los códigos de punto utilizados en el direccionamiento de las redes. Cuando sea necesaria una armonización de los recursos de numeración en la Unión para apoyar el desarrollo de los servicios paneuropeos o de los servicios transfronterizos, en particular los nuevos servicios de máquina a máquina tales como los vehículos conectados, y cuando no se pueda atender la demanda sobre la base de los recursos de numeración existentes, la Comisión puede adoptar medidas de ejecución con la asistencia del ORECE.

(251)

Debe ser posible cumplir el requisito de publicar las decisiones sobre el otorgamiento de derechos de uso de recursos de numeración haciendo accesibles al público dichas decisiones en un sitio de internet.

(252)

Considerando los aspectos particulares relacionados con la notificación de la desaparición de niños, los Estados miembros deben mantener su compromiso de garantizar que esté realmente disponible en su territorio un servicio que funcione correctamente para dar parte de la desaparición de niños en el número «116000». Los Estados miembros deben adoptar medidas adecuadas para garantizar una calidad de servicio suficiente en el funcionamiento del número «116000».

(253)

Simultáneamente a la línea directa en el número «116000» para casos de niños desaparecidos, muchos Estados miembros también velan por que los niños tengan acceso a un servicio adaptado a la infancia que opere una línea de asistencia en el número «116111» que ofrezca ayuda a los niños que necesitan asistencia y protección. Dichos Estados miembros y la Comisión deben asegurarse de que los ciudadanos, y en particular los niños y los sistemas nacionales de protección de la infancia, conozcan la existencia de la línea «116111».

(254)

Un mercado interior implica que los usuarios finales pueden acceder a todos los números incluidos en los planes nacionales de numeración de otros Estados miembros, y acceder a los servicios utilizando números no geográficos, incluidos los números de llamada gratuita y de tarificación adicional, dentro de la Unión, salvo cuando el usuario final que recibe la llamada haya decidido, por motivos comerciales, limitar el acceso desde determinadas zonas geográficas. Los usuarios finales deben también tener acceso a los Números Universales Internacionales de Llamada Gratuita (UIFN). No debe impedirse el acceso transfronterizo a los recursos de numeración y a su servicio asociado, excepto en casos objetivamente justificados, tales como la lucha contra el fraude o los abusos (por ejemplo, en relación con determinados servicios de tarificación adicional), cuando el número se defina como de alcance exclusivamente nacional (por ejemplo, un código nacional abreviado), o cuando no sea viable desde el punto de vista económico. Las tarifas aplicadas a las partes que llamen desde fuera del Estado miembro de que se trate no tienen por qué coincidir con las aplicadas a las partes que llamen desde dentro de ese Estado miembro. Debe informarse de antemano a los usuarios de manera completa y clara de cualquier carga aplicable a los números de teléfono gratuitos, como las cuotas de las llamadas internacionales para los números accesibles a través de los códigos internacionales estándar. Cuando los proveedores de servicios de comunicaciones electrónicas retengan los ingresos por interconexión u otros servicios por motivos de fraude o uso indebido, los Estados miembros deben asegurarse de que los ingresos retenidos de dicho servicio se reembolsen a los usuarios finales afectados por el fraude o el uso indebido correspondiente, cuando sea posible.

(255)

De conformidad con el principio de proporcionalidad, una serie de disposiciones sobre los derechos de los usuarios finales en la presente Directiva no deben aplicarse a las microempresas que prestan únicamente servicios de comunicaciones interpersonales independientes de la numeración. Según la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, la definición de «pequeña o mediana empresa», que incluye las microempresas, debe ser interpretada de forma estricta. Para incluir solo a las empresas que sean microempresas efectivamente independientes, es necesario analizar la estructura de las microempresas que formen un grupo económico, cuyo peso supera el de una microempresa, y asegurarse de que la definición de «microempresa» no se eluda por medios puramente formales.

(256)

La realización del mercado único de las comunicaciones electrónicas exige la supresión de los obstáculos que dificultan a los usuarios finales el acceso transfronterizo a los servicios de comunicaciones electrónicas en la Unión. Los proveedores de comunicaciones electrónicas al público no deben denegar ni restringir el acceso a los usuarios finales ni discriminarlos por su nacionalidad, Estado miembro de residencia o de establecimiento. Debe ser posible, no obstante, una diferenciación sobre la base de diferencias de costes y riesgos objetivamente justificables, no limitada a las medidas previstas en el Reglamento (UE) n.o 531/2012 en relación con el uso anómalo o abusivo de los servicios de itinerancia al por menor regulados.

(257)

Las divergencias en la aplicación de la normativa sobre protección del usuario final han creado obstáculos significativos en el mercado interior, que afectan tanto a los proveedores de servicios de comunicaciones electrónicas como a los usuarios finales. Conviene reducir estos obstáculos mediante la aplicación de las mismas normas que aseguran un elevado nivel común de protección en toda la Unión. Una armonización plena y calibrada de los derechos de los usuarios finales cubiertos por la presente Directiva debe aumentar considerablemente la seguridad jurídica, tanto para los usuarios finales como para los proveedores de servicios de comunicaciones electrónicas, y reducir considerablemente las barreras de entrada y la carga innecesaria que supone el cumplimiento de una normativa fragmentada. La armonización plena contribuye a superar las barreras al funcionamiento del mercado interior derivadas de tales disposiciones nacionales relativas a los derechos del usuario final que, al mismo tiempo, protegen a los proveedores nacionales frente a la competencia de otros Estados miembros. A fin de conseguir un elevado nivel común de protección, es preciso reforzar razonablemente en la presente Directiva diversas disposiciones relativas a los derechos de los usuarios finales a la luz de las mejores prácticas en los Estados miembros. La armonización plena de sus derechos refuerza la confianza de los usuarios finales en el mercado interior, ya que disfrutan de un nivel igualmente elevado de protección cuando utilizan los servicios de comunicaciones electrónicas no solo en su Estado miembro, sino también cuando viven, trabajan o viajan en los demás Estados miembros. La armonización plena se debe extender únicamente a los temas cubiertos por las disposiciones en la presente Directiva relativas a los derechos de los usuarios finales. Por lo tanto, no debe afectar a la legislación nacional sobre aquellos aspectos relativos a la protección del usuario final, en particular algunos aspectos de medidas de transparencia no cubiertos por dichas disposiciones. Por ejemplo, las medidas relacionadas con obligaciones de transparencia que no están cubiertas por la presente Directiva deben considerarse compatibles con el principio de armonización plena, mientras que los requisitos adicionales referentes a cuestiones de transparencia que están cubiertas por la presente Directiva, como la publicación de información, deben considerarse incompatibles. Además, los Estados miembros deben poder mantener o introducir disposiciones nacionales sobre temas no abordados específicamente en la presente Directiva, en concreto con el fin de abordar nuevos problemas.

(258)

Los contratos constituyen un importante instrumento con el que cuentan los usuarios finales para garantizar la transparencia de la información y la seguridad jurídica. En un entorno competitivo, la mayoría de los prestadores de servicios celebran contratos con sus clientes por razones de conveniencia comercial. Además de la presente Directiva, son asimismo aplicables a las transacciones realizadas por los consumidores en relación con redes y servicios de comunicaciones electrónicas los requisitos del Derecho de la Unión vigente en materia de protección de los consumidores en el ámbito de los contratos y en particular la Directiva 93/13/CEE del Consejo (37) y la Directiva 2011/83/UE del Parlamento Europeo y del Consejo (38). La inclusión de requisitos en materia de información en la presente Directiva, que también pudieran venir impuestos por la Directiva 2011/83/UE, no debe dar lugar a la duplicación de la información en la documentación contractual o precontractual. Debe considerarse que la información pertinente facilitada en el sentido de la presente Directiva, incluidos requisitos más prescriptivos y detallados en materia de información, cumple los requisitos correspondientes de conformidad con la Directiva 2011/83/UE.

(259)

Algunas de esas disposiciones de protección de los usuarios finales que a priori se aplican solo a los consumidores, concretamente las relativas a la información del contrato, su duración máxima y los paquetes, deben beneficiar no solo a los consumidores, sino también a las pequeñas empresas y a las microempresas y a las organizaciones sin ánimo de lucro, definidas en el Derecho nacional. Estas categorías de empresas y organizaciones tienen una posición negociadora comparable a la de los consumidores y, por tanto, deben beneficiarse del mismo nivel de protección, a menos que explícitamente renuncien a dichos derechos. Las obligaciones relativas a la información del contrato establecidas en la presente Directiva, y las establecidas en la Directiva 2011/83/UE a las que se hace referencia en la presente Directiva, deben aplicarse con independencia de si media un pago y del importe del pago que deba realizar el cliente. Las obligaciones relativas a la información del contrato, incluidas las recogidas en la Directiva 2011/83/UE, deben aplicarse automáticamente a las microempresas, las pequeñas empresas y las organizaciones sin ánimo de lucro, a menos que estas prefieran negociar condiciones contractuales individualizadas con los proveedores de servicios de comunicaciones electrónicas. En contraposición con las microempresas y las pequeñas empresas y las organizaciones sin ánimo de lucro, las grandes empresas suelen disfrutar de un mayor poder de negociación y, en consecuencia, no dependen de los mismos requisitos de información contractual que los consumidores. Otras disposiciones, como la conservación del número, que son también importantes para las grandes empresas, deben seguir aplicándose a todos los usuarios finales. Las «organizaciones sin ánimo de lucro» son personas jurídicas que no producen beneficios para sus propietarios o miembros. Generalmente, las organizaciones sin ánimo de lucro son organizaciones benéficas u otro tipo de organizaciones de interés público. Por lo tanto, dado que la situación es comparable, es legítimo tratar esas organizaciones del mismo modo que a las microempresas y las pequeñas empresas en virtud de la presente Directiva, en la medida en que se trate de los derechos de los usuarios finales.

(260)

Las particularidades del sector de las comunicaciones electrónicas exigen, además de las normas contractuales horizontales, un número limitado de disposiciones adicionales de protección del usuario final. Los usuarios finales deben ser informados, entre otras cosas, acerca de los niveles de calidad del servicio ofrecidos, las condiciones de las promociones y la rescisión de los contratos, los planes de precios aplicables y las tarifas de los servicios sujetos a condiciones tarifarias específicas. Dicha información es pertinente para los proveedores de servicios de comunicaciones electrónicas disponibles al público distintos de los servicios de transmisión utilizados para la prestación de servicios máquina a máquina. Sin perjuicio de la normativa aplicable en materia de protección de datos personales, un proveedor de servicios de comunicaciones electrónicas disponibles al público no debe estar sujeto a las obligaciones sobre requisitos de información para contratos en los que dicho proveedor y sus empresas o personas asociadas no reciban ninguna remuneración directa o indirectamente ligada a la prestación de servicios de comunicaciones electrónicas, como por ejemplo cuando una universidad ofrece a sus visitantes acceso a su red wifi en el campus sin recibir ninguna remuneración, ya sea mediante pago por parte de los usuarios o por ingresos de publicidad.

(261)

Con el fin de permitir a los usuarios finales elegir con conocimiento de causa, es esencial que la información pertinente exigida se facilite con anterioridad a la celebración del contrato, en un lenguaje claro y comprensible y en un soporte duradero o, cuando esto no sea posible y sin perjuicio de la definición de soporte duradero establecida en la Directiva 2011/83/UE, en un documento facilitado por el proveedor, que será comunicado al usuario, fácil de descargar, abrir y consultar en dispositivos habitualmente utilizados por los consumidores. A fin de facilitar la elección, los proveedores también deben presentar un resumen de las condiciones contractuales esenciales. Con el fin de facilitar la comparabilidad y reducir los costes de cumplimiento, la Comisión, previa consulta al ORECE, debe adoptar una plantilla para estos resúmenes de los contratos. Tanto la información facilitada antes de la suscripción del contrato como la plantilla del resumen deben ser parte integrante del contrato final. El contrato resumido debe ser conciso y de lectura fácil, su longitud no debe superar, a ser posible, una página A4 por una sola cara o, cuando se trate de un paquete de servicios asociados a un único contrato, tres páginas A4 por una sola cara.

(262)

Tras la adopción del Reglamento (UE) 2015/2120, quedaron obsoletas las disposiciones de la presente Directiva relativas a la información sobre las condiciones que limitan el acceso o la utilización de los servicios y las aplicaciones, así como la información relativa a la configuración del tráfico, y deben derogarse.

(263)

En lo que respecta a los equipos terminales, el contrato del cliente debe especificar todas las condiciones impuestas por el proveedor al uso de los mismos, como, por ejemplo, mediante el bloqueo de la tarjeta SIM en los dispositivos móviles, si tales condiciones no estuvieran prohibidas por la normativa nacional, así como todos los gastos relacionados con la resolución del contrato, tanto en la fecha acordada como con anterioridad a la misma, incluidos todos los costes que se impongan para conservar el terminal. Cuando el usuario final decida conservar el equipo terminal incluido en el contrato en el momento de su formalización, la compensación debida no debe exceder de su valor pro rata temporis calculado sobre la base del valor en el momento de la formalización del contrato o la parte restante de la tasa de servicio hasta el final del contrato, si esa cantidad fuera inferior. Los Estados miembros deben poder optar por otros métodos de cálculo de la tasa de compensación cuando dicha tasa sea igual o menor a la compensación calculada. Cualquier restricción al uso de los equipos terminales en otras redes debe ser eliminada, de forma gratuita, por el proveedor, a más tardar tras el pago de dicha compensación.

(264)

Sin perjuicio de las obligaciones sustantivas del proveedor relacionadas con la seguridad en virtud de la presente Directiva, el contrato debe especificar el tipo de actuación que podría emprender el proveedor en caso de incidentes, amenazas o vulnerabilidades de seguridad. Además, el contrato también debe especificar cualquier mecanismo de indemnización y reembolso disponible si un proveedor no responde adecuadamente a un incidente de seguridad, en particular si un incidente de seguridad, notificado al proveedor, se produce por vulnerabilidades conocidas de los programas o el equipo para las que el fabricante o desarrollador han creado parches que el proveedor del servicio no ha aplicado o si este último no ha tomado ninguna otra medida correctora adecuada.

(265)

La disponibilidad de información transparente, actualizada y comparable sobre ofertas y servicios es un elemento esencial para los consumidores en los mercados competitivos con varios proveedores de servicios. Los usuarios finales deben poder comparar los precios de los diferentes servicios ofrecidos en el mercado fácilmente sobre la base de información publicada en una forma fácilmente accesible. Para que puedan comparar fácilmente los precios y servicios, las autoridades competentes en coordinación cuando proceda con las autoridades nacionales de reglamentación, deben poder exigir a los proveedores de servicios de acceso a internet o de servicios de comunicaciones interpersonales disponibles al público una mayor transparencia con respecto a la información (incluidas las tarifas, la calidad del servicio, las condiciones sobre los equipos terminales suministrados y demás estadísticas pertinentes). Cualquiera de estos requisitos debe tener debidamente en cuenta las características de estas redes o servicios. También deben garantizar a terceros el derecho a utilizar gratuitamente la información al público publicada por dichas empresas, con vistas a aportar herramientas de comparación.

(266)

A menudo los usuarios finales no son conscientes del coste de sus pautas de consumo o tienen dificultades para estimar su consumo de tiempo o datos al utilizar los servicios de comunicaciones electrónicas. A fin de aumentar la transparencia y permitir un mejor control de su presupuesto de comunicaciones, es importante proporcionar a los usuarios finales recursos que les permitan efectuar un seguimiento de su consumo en el momento oportuno. Además, los Estados miembros deben poder mantener o introducir disposiciones sobre límites de consumo que protejan a los usuarios finales de las facturas exorbitantes, en particular en lo que respecta a los servicios de tarificación adicional y otros servicios sujetos a condiciones tarifarias específicas. Esto permite a las autoridades competentes exigir que se facilite la información relativa a dichas tarifas antes de suministrar el servicio y no impide a los Estados miembros mantener o introducir obligaciones generales para servicios de tarificación adicional con el fin de garantizar la protección efectiva de los usuarios finales.

(267)

Las herramientas de comparación independientes, como sitios web, constituyen un medio eficaz para que los usuarios finales evalúen las ventajas de los distintos proveedores de servicios de acceso a internet y de servicios de comunicaciones interpersonales, cuando estos se suministran a cambio de un pago directo recurrente o basado en el consumo, así como para obtener información imparcial, en particular mediante la comparación de precios, tarifas y parámetros de calidad en un solo lugar. Dichas herramientas deben ser funcionalmente independientes de los proveedores de servicios, no deben dar un trato favorable a ningún proveedor de servicios en los resultados de la búsqueda. Dichas herramientas deben estar destinadas a proporcionar información clara, concisa, completa y comprensible. Deben tener asimismo por objetivo incorporar el mayor abanico posible de ofertas, con el fin de presentar una panorámica representativa y abarcar una parte significativa del mercado. La información que ofrecen estas herramientas debe ser fiable, imparcial y transparente. Los usuarios finales deben estar informados de la disponibilidad de este tipo de herramientas. Los Estados miembros deben garantizar que los usuarios finales tengan acceso gratuito al menos a una de estas herramientas en sus respectivos territorios. Si existe una sola herramienta en un Estado miembro y deja de operar o de cumplir los criterios de calidad, el Estado miembro debe garantizar que los usuarios finales dispongan de acceso a otra herramienta de comparación a nivel nacional dentro de un plazo razonable.

(268)

Las herramientas de comparación independientes pueden ser gestionadas por empresas privadas, o por las autoridades competentes o en su nombre, pero siempre de conformidad con criterios de calidad especificados, que incluirán el requisito de proporcionar detalles sobre sus propietarios, facilitar información exacta y actualizada, indicar el momento de la última actualización, establecer unos criterios claros y objetivos en los que basar la comparación e incluir un amplio abanico de ofertas que abarque una parte significativa del mercado. Los Estados miembros deben poder determinar la frecuencia con la que las herramientas de comparación están obligadas a revisar y actualizar la información que facilitan a los usuarios finales, teniendo en cuenta la frecuencia con la que los proveedores de servicios de acceso a internet y de servicios de comunicaciones interpersonales disponibles al público suelen actualizar su información sobre tarifas y calidad.

(269)

Con el fin de abordar cuestiones de interés público relacionadas con la utilización de los servicios de acceso a internet y los servicios de comunicaciones interpersonales basados en numeración disponibles al público, así como de fomentar la protección de los derechos y las libertades de terceras personas, los Estados miembros deben estar facultados para generar, difundir u obtener la difusión, con la ayuda de dichos proveedores, de información de interés público relacionada con la utilización de tales servicios. Esto puede incluir información de interés público sobre las infracciones más comunes y sus consecuencias jurídicas, por ejemplo sobre la vulneración de los derechos de autor, otros usos ilícitos, la difusión de contenidos nocivos, y consejos y medios para protegerse contra los riesgos para la seguridad personal, que puede, por ejemplo, producirse como consecuencia de la revelación de información personal en determinadas circunstancias, así como los riesgos para el derecho a la intimidad y la protección de los datos personales, y la disponibilidad de programas informáticos fáciles de utilizar y configurables o de opciones informáticas que permitan la protección de los niños o de las personas vulnerables. La información podría coordinarse mediante el procedimiento de cooperación establecido en la presente Directiva. Esta información de interés público debe actualizarse cuando sea necesario y presentarse en formatos fácilmente comprensibles, según decida cada uno de los Estados miembros, así como en las sedes electrónicas de las autoridades públicas nacionales. Los Estados miembros deben poder obligar a los proveedores de los servicios de acceso a internet y de los servicios de comunicaciones interpersonales basados en numeración disponibles al público a difundir esta información normalizada a todos sus clientes en la forma en que las autoridades públicas nacionales estimen más conveniente. No obstante, la difusión de tal información no debe imponer una carga excesiva a los proveedores. De ser así, los Estados miembros deben solicitar que se realice dicha difusión por los medios utilizados por los proveedores en las comunicaciones con sus usuarios finales efectuadas en el desarrollo ordinario de su actividad.

(270)

En ausencia de normas de Derecho de la Unión en este ámbito, los contenidos, las aplicaciones y los servicios se considerarán lícitos o nocivos de conformidad con el Derecho nacional sustantivo y procesal. Corresponde a los Estados miembros, y no a los proveedores de redes o servicios de comunicaciones electrónicas, decidir de conformidad con los procedimientos adecuados si los contenidos, las aplicaciones o los servicios son lícitos o nocivos. La presente Directiva y la Directiva 2002/58/CE se entienden sin perjuicio de la Directiva 2000/31/CE que contiene, entre otras cosas, una norma relativa a la «mera transmisión» para los intermediarios en la prestación de servicios, tal como se definen en la misma.

(271)

Las autoridades nacionales de reglamentación, en coordinación con otras autoridades competentes o, en su caso, otras autoridades competentes en coordinación con las autoridades nacionales de reglamentación deben estar facultadas para controlar la calidad de los servicios y recopilar de forma sistemática datos relativos a la calidad de los servicios que ofrecen los proveedores de los servicios de acceso a internet y de los servicios de comunicaciones interpersonales disponibles al público, en la medida en que estos últimos puedan ofrecer niveles mínimos de calidad del servicio, ya sea controlando al menos ciertos elementos de la red, ya sea en virtud de un acuerdo específico sobre el nivel del servicio, en particular la calidad de los servicios suministrados a los usuarios finales con discapacidad. Esa información debe recogerse sobre la base de unos criterios que permitan la comparación entre diversos prestadores de servicios y entre Estados miembros distintos. Es muy probable que los proveedores de dichos servicios de comunicaciones electrónicas en un entorno competitivo pongan a disposición del público, por razones de conveniencia comercial, una información adecuada y actualizada sobre sus propios servicios. Sea como fuere, las autoridades nacionales de reglamentación, en coordinación con otras autoridades competentes o, en su caso, otras autoridades competentes en coordinación con las autoridades nacionales de reglamentación, han de estar facultadas para exigir la publicación de dicha información cuando quede demostrado que el público carece de un acceso efectivo a la misma. Cuando la calidad de los servicios de comunicaciones interpersonales disponibles al público depende de factores externos, como el control de la transmisión de la señal o la conectividad de la red, las autoridades nacionales de reglamentación, en coordinación con otras autoridades competentes, deben poder exigir a los proveedores de dichos servicios que informen convenientemente a los consumidores.

(272)

Las autoridades nacionales de reglamentación, en coordinación con otras autoridades competentes, deben especificar también los métodos de medición que deberán aplicar los proveedores de los servicios, con el fin de mejorar la comparabilidad de los datos facilitados. Con objeto de facilitar la comparabilidad en toda la Unión y reducir los costes de cumplimiento, el ORECE debe adoptar directrices sobre los parámetros de calidad del servicio pertinentes que las autoridades nacionales de reglamentación, en coordinación con otras autoridades competentes, deben tener en cuenta en la mayor medida posible.

(273)

Los consumidores deben poder tomar decisiones con conocimiento de causa y cambiar de proveedor cuando vaya en su mejor interés, con el fin de beneficiarse plenamente del entorno competitivo. Es fundamental que puedan hacerlo sin que se lo impidan trabas jurídicas, técnicas o prácticas, en particular condiciones contractuales, procedimientos y cuotas. Ello no es óbice para la especificación por parte de los proveedores de períodos mínimos de contratación razonables de hasta 24 meses en los contratos celebrados con los consumidores. No obstante, los Estados miembros deben tener la posibilidad de mantener o introducir disposiciones de una duración máxima más corta y permitir que los consumidores cambien los planes de tarifas o rescindan el contrato dentro del período de vigencia del contrato sin coste adicional, a la luz de las condiciones nacionales, como los niveles de la competencia y la estabilidad de las inversiones en la red. Independientemente del contrato de servicios de comunicaciones electrónicas, los consumidores pueden preferir un período de reembolso más largo de las conexiones físicas, y beneficiarse de él. Tales compromisos de los consumidores pueden ser un factor importante a la hora de facilitar el despliegue de redes de muy alta capacidad hasta los locales del usuario final o sus proximidades inmediatas, en particular mediante sistemas de agregación de la demanda que permitan a los inversores en redes reducir los riesgos iniciales de asimilación. Sin embargo, estos períodos de reembolso en los contratos sobre conexiones físicas no deben restringir el derecho de los consumidores a cambiar de proveedor de servicios de comunicaciones electrónicas, según lo establecido en la presente Directiva y estos contratos no deben cubrir equipos terminales o equipos de acceso a internet, como dispositivos móviles, enrutadores o módems. Los Estados miembros deben garantizar la igualdad de trato a las entidades, en particular a los operadores que financien el despliegue de una conexión física de muy alta capacidad en los locales de un usuario final, incluso cuando la financiación de dicho operador se realice mediante un contrato a plazos.

(274)

También es posible la prórroga automática de los contratos de servicios de comunicaciones electrónicas. En esos casos, los usuarios finales deben tener la posibilidad de rescindir su contrato sin coste tras la expiración del plazo del contrato.

(275)

Cualquier modificación de las condiciones contractuales propuesta por los proveedores de servicios de comunicaciones electrónicas disponibles al público distintos de los servicios de comunicaciones interpersonales independientes de la numeración que no beneficie al usuario final, por ejemplo en relación con los cargos, tarifas, limitaciones del volumen de datos, velocidades de datos, cobertura o tratamiento de datos personales, debe dar origen al derecho del usuario final a rescindir el contrato sin coste, incluso si dicha modificación se acompaña de alguna modificación ventajosa. Por tanto, toda modificación en las condiciones contractuales que establezca el proveedor da derecho al usuario final a rescindir el contrato, a menos que cada modificación sea en sí beneficiosa para el usuario final, que las modificaciones sean puramente administrativas (por ejemplo, el cambio de dirección del proveedor) y no tengan efectos negativos para el usuario final, o vengan estrictamente impuestas por cambios legislativos o reglamentarios, como los nuevos requisitos de información de los contratos impuestos por el Derecho nacional o el Derecho de la Unión. El hecho de que una modificación sea exclusivamente beneficiosa para el usuario final debe evaluarse en función de criterios objetivos. El derecho del usuario final a rescindir el contrato solo debe quedar excluido si el proveedor puede demostrar que todas las modificaciones del contrato son exclusivamente beneficiosas para el usuario final o de naturaleza puramente administrativa sin efectos negativos para el usuario final.

(276)

Cualquier modificación de las condiciones contractuales debe ser notificada a los usuarios finales mediante un soporte duradero. Los usuarios finales distintos de los consumidores, las microempresas, las pequeñas empresas y las organizaciones sin ánimo de lucro no deben beneficiarse de los derechos de rescisión en caso de modificaciones contractuales mencionados anteriormente en lo que respecta a los servicios de transmisión utilizados para los servicios máquina a máquina. Los Estados miembros deben poder establecer protecciones específicas para los usuarios finales relativas a la rescisión del contrato si el usuario final cambia de lugar de residencia. Las disposiciones sobre la rescisión del contrato se entenderán sin perjuicio de cualquier otra disposición del Derecho nacional o de la Unión sobre los motivos por los que el proveedor del servicio o el usuario final puede rescindir el contrato o modificar las condiciones contractuales.

(277)

La posibilidad de cambiar de proveedor es un elemento clave para la competencia efectiva en un entorno competitivo. La disponibilidad de información transparente, exacta y oportuna sobre el cambio de proveedor debe aumentar la confianza de los usuarios finales al respecto y alentarles a comprometerse activamente en el proceso competitivo. Los proveedores de servicios deben velar por la continuidad del servicio de modo que los usuarios finales puedan cambiar de proveedor sin que se lo obstaculice el riesgo de pérdida del servicio y, siempre y cuando sea técnicamente posible, permitir la conexión en la fecha solicitada por los usuarios finales.

(278)

La conservación del número es un elemento clave para facilitar la libre elección del consumidor y el funcionamiento eficaz de la competencia en los mercados de comunicaciones electrónicas competitivos. Los usuarios finales que así lo soliciten han de poder conservar sus números con independencia del proveedor del servicio y durante un tiempo limitado durante el cambio de proveedor de servicios. El suministro de esta facilidad entre conexiones a la red telefónica pública a partir de ubicaciones fijas y no fijas no está contemplado en la presente Directiva. No obstante, los Estados miembros deben poder aplicar disposiciones a la conservación de números entre redes que ofrezcan servicios en ubicaciones fijas y en redes de telefonía móvil.

(279)

La repercusión de la posibilidad de conservar el número se ve considerablemente aumentada cuando existe una información transparente sobre tarifas, tanto para los usuarios finales que conservan el número como para los usuarios finales que llaman a los que han conservado el número. Las autoridades nacionales de reglamentación deben, siempre que sea factible, facilitar la transparencia de tarifas adecuada, como parte de la aplicación de la posibilidad de conservación del número.

(280)

Al velar por que la interconexión para la conservación de los números sea objeto de una tarifación orientada en función de los costes, las autoridades nacionales de reglamentación deben poder también tener en cuenta los precios existentes en mercados comparables.

(281)

La conservación del número es un elemento clave para facilitar la libre elección del consumidor y el funcionamiento eficaz de la competencia en los mercados de comunicaciones electrónicas competitivos, y debe implantarse lo antes posible de forma que el número vuelva a estar activo en el plazo de un día hábil y que el usuario final no se quede sin servicio más de un día hábil a partir de la fecha acordada. El derecho a conservar el número debe atribuirse al usuario final que haya suscrito el contrato correspondiente (de prepago o pago posterior) con el proveedor. A fin de hacer posible una ventanilla única que ofrezca a los usuarios finales una experiencia de cambio de proveedor sin discontinuidades, el proceso de transferencia debe dirigirlo el proveedor de comunicaciones electrónicas al público que reciba al cliente. Las autoridades nacionales de reglamentación o, en su caso, otras autoridades competentes deben poder prescribir el proceso general de cambio de proveedor y de conservación de números, teniendo en cuenta las disposiciones nacionales en materia de contratos y evolución tecnológica. Ello debe incluir, en su caso, un requisito para que la conservación del número se complete mediante la provisión inalámbrica de recursos, excepto cuando un usuario final solicite lo contrario. La experiencia en algunos Estados miembros ha demostrado que existe el riesgo de transferencia de los usuarios finales a otro proveedor sin que hayan dado su consentimiento. Si bien se trata de un asunto que compete principalmente a las autoridades policiales, los Estados miembros deben poder imponer, en lo que se refiere al proceso de transferencia, las medidas proporcionadas mínimas necesarias, incluidas las sanciones adecuadas, para minimizar los riesgos y garantizar que los usuarios finales queden protegidos durante todo el proceso de transferencia, sin que por ello el proceso les resulte menos atractivo. El derecho a la conservación del número no debe restringirse mediante condiciones contractuales.

(282)

Con el fin de garantizar que el cambio y la conservación del número se lleven a cabo dentro de los plazos previstos en la presente Directiva, los Estados miembros deben prever la compensación de los usuarios finales por los proveedores de una manera fácil y oportuna cuando no se respete un acuerdo entre un proveedor y un usuario final. Estas medidas deben ser proporcionadas a la duración del retraso en el cumplimiento del acuerdo. Los usuarios finales deben ser compensados al menos por los retrasos que superen un día hábil en la activación del servicio, la conservación de un número o la pérdida de servicio, y cuando los proveedores no respeten citas confirmadas de servicio o instalación. También pueden preverse compensaciones adicionales en forma de reducción automática de la remuneración cuando el proveedor que transfiere el cliente deba seguir prestando sus servicios hasta que se activen los servicios del proveedor que recibe el cliente.

(283)

Los servicios agrupados que incluyen al menos un servicio de acceso a internet o servicios de comunicaciones interpersonales basados en numeración disponibles al público y otros servicios como servicios de comunicaciones interpersonales independientes de la numeración, radiodifusión lineal, servicios de máquina a máquina o equipos terminales están cada vez más extendidos y son un elemento importante de la competencia. A efectos de la presente Directiva, se entenderá que existen servicios agrupados en aquellas situaciones en las que los elementos agrupados son suministrados o vendidos por el mismo proveedor al amparo de un mismo contrato o de un contrato estrechamente relacionado o vinculado. Aun cuando a menudo aportan beneficios a los consumidores, también pueden hacer más difícil o costoso el cambio de proveedor y plantean riesgos de «cautividad» contractual. Cuando se aplican normas divergentes sobre la rescisión del contrato y el cambio de proveedor a los diferentes servicios y equipos terminales que forman parte de un paquete, o sobre compromisos contractuales relativos a la adquisición de los equipos terminales, los consumidores ven efectivamente mermados los derechos de cambiar a ofertas competitivas respecto a la totalidad del paquete o a partes del mismo establecidos en la presente Directiva. Determinadas disposiciones fundamentales de la presente Directiva relativas a la información resumida del contrato, la transparencia, la duración y la rescisión del contrato y el cambio de proveedor deben, por lo tanto, aplicarse a todos los elementos de un paquete, incluidos los equipos terminales, otros servicios como los contenidos o servicios digitales y los servicios de comunicaciones electrónicas que no están directamente incluidos en el ámbito de aplicación de dichas disposiciones. Todas las obligaciones respecto a los usuarios finales aplicables con arreglo a la presente Directiva a un servicio de comunicaciones electrónicas determinado cuando se preste o se comercialice como servicio único se aplicarán también cuando forme parte de un paquete que incluya al menos un servicio de acceso a internet o un servicio de comunicaciones interpersonales basados en numeración públicamente disponibles. Otras cuestiones contractuales, como las soluciones aplicables en caso de no conformidad con el contrato, deben regirse por la normativa aplicable a los elementos correspondientes del paquete, por ejemplo por las normas de los contratos de compraventa de bienes o de suministro de contenidos digitales. No obstante, el derecho de rescindir cualquier elemento de un paquete que incluya al menos un servicio de acceso a internet o servicios de comunicaciones interpersonales disponibles al público basados en numeración antes de la finalización del contrato pactado debido a una falta de conformidad o a un fallo en el suministro debe dar al consumidor el derecho de rescindir todos los elementos del paquete. Asimismo, para mantener su capacidad de cambiar fácilmente de proveedor, los consumidores tampoco deben quedar cautivos de un proveedor a través de una prórroga contractual de facto del período inicial del contrato.

(284)

Los proveedores de servicios de comunicaciones interpersonales basados en numeración tienen la obligación de suministrar acceso a los servicios de emergencia a través de las comunicaciones de emergencia. En circunstancias excepcionales, a saber, en ausencia de viabilidad técnica, podrían no estar en condiciones de suministrar acceso a los servicios de emergencia o la localización del llamante. En tales casos, deben informar adecuadamente de ello a sus clientes en el contrato. Dichos proveedores deben facilitar a sus clientes información clara y transparente en el contrato inicial y actualizarla en caso de modificación de las disposiciones de acceso a los servicios de emergencia, por ejemplo, en las facturas. Dicha información debe incluir las posibles restricciones de la cobertura territorial sobre la base de los parámetros técnicos de funcionamiento planificados para el servicio de comunicaciones y de la infraestructura disponible. Si el servicio no se presta por medio de una conexión gestionada para proporcionar una calidad de servicio específica, la información debe incluir también el nivel de fiabilidad del acceso y de la información sobre la localización del llamante en comparación con un servicio prestado por medio de tal conexión, teniendo en cuenta la tecnología actual y las normas de calidad, así como cualquier parámetro de calidad del servicio especificado de acuerdo con la presente Directiva.

(285)

Los usuarios finales deben poder tener acceso a los servicios de emergencia a través de unas comunicaciones de emergencia gratuitas y sin tener que utilizar ningún medio de pago, desde cualquier dispositivo que soporte los servicios de comunicaciones interpersonales basados en numeración, incluso cuando utilicen servicios en itinerancia en un Estado miembro. Las comunicaciones de emergencia son medios de comunicación que incluyen no solo los servicios de comunicaciones vocales, sino también los SMS, mensajes, vídeos u otros tipos de comunicaciones, por ejemplo servicios de texto en tiempo real, servicios de conversación total o servicios de conversión. Los Estados miembros, tomando en consideración las capacidades y el equipamiento técnico de los puntos de respuesta de seguridad pública (en lo sucesivo, «PSAP», por sus siglas en inglés), deben poder decidir qué servicios de comunicaciones interpersonales basados en numeración son adecuados para los servicios de emergencia, con la posibilidad de limitar estas opciones a los servicios de comunicaciones vocales y su equivalente para los usuarios finales con discapacidad o de añadir opciones adicionales, según lo acordado con los PSAP nacionales. La comunicación de emergencia puede ser activada en nombre de una persona por una llamada de emergencia desde el vehículo o un eCall, tal como se define en el Reglamento (UE) 2015/758.

(286)

Los Estados miembros deben velar por que los proveedores que prestan servicios de comunicaciones interpersonales basados en numeración faciliten un acceso fiable y preciso a los servicios de emergencia teniendo en cuenta los criterios y especificaciones nacionales y las capacidades de los PSAP nacionales. Los Estados miembros deben tener en cuenta la capacidad de los PSAP para gestionar comunicaciones de emergencia en más de una lengua. Cuando el servicio de comunicaciones interpersonales basado en números no se preste a través de una conexión que se gestiona para entregar una calidad del servicio especificada, es posible que el proveedor de servicios no pueda garantizar que las llamadas de emergencia efectuadas a través de su servicio se encaminen al PSAP más apropiado con la misma fiabilidad. En el caso de estos proveedores independientes de la red, a saber, que no están integrados con un proveedor de redes de comunicaciones electrónicas públicas, es posible que facilitar información sobre la localización del llamante no sea siempre técnicamente viable. Los Estados miembros deben velar por que se apliquen, tan pronto como sea posible, normas que garanticen la exactitud y fiabilidad del encaminamiento y de la conexión a los servicios de emergencia, a fin de permitir que los proveedores independientes de la red de servicios de comunicaciones interpersonales basados en numeración cumplan las obligaciones relacionadas con el acceso a los servicios de emergencia y el suministro de información sobre la localización del llamante a un nivel comparable al que se exige a otros proveedores de tales servicios de comunicaciones. Cuando aún no se hayan aplicado dichas normas ni los sistemas de los PSAP conexos, no debe exigirse a los servicios de comunicaciones interpersonales independientes de la red y basados en numeración que brinden acceso a los servicios de emergencia, salvo que sea de forma técnicamente factible o económicamente viable. Esto puede incluir, por ejemplo, la designación por un Estado miembro de un PSAP único central para la recepción de comunicaciones de emergencia. No obstante, estos proveedores deben informar a los usuarios finales cuando no se soporte el acceso al número único europeo de emergencia «112» ni a la información sobre la localización del llamante.

(287)

A fin de mejorar la medición de la presentación de informes y la cuantificación del rendimiento por parte de los Estados miembros con respecto a la respuesta y la gestión de llamadas de emergencia, la Comisión debe informar, cada dos años, al Parlamento Europeo y al Consejo sobre la eficacia de la aplicación del número único europeo de emergencia «112».

(288)

Los Estados miembros deben tomar medidas específicas para garantizar que los servicios de emergencia, incluido el número único europeo de emergencia «112», sean igualmente accesibles a los usuarios finales con discapacidad, en particular los usuarios finales sordos, con dificultades auditivas o de locución y los sordos invidentes, y conformes a la legislación de la Unión por la que se armonizan los requisitos de accesibilidad de productos y servicios. Estas medidas podrían consistir en el suministro de terminales especiales para usuarios finales con discapacidad cuando otras formas de comunicación no sean adecuadas para ellas.

(289)

Es importante sensibilizar a los ciudadanos acerca de la importancia del número único europeo de emergencia «112» para mejorar su nivel de protección y seguridad al desplazarse por la Unión. A tal fin, debe conseguirse que los ciudadanos sean plenamente conscientes cuando viajan a cualquier Estado miembro, en particular proporcionando información en las terminales de autobuses, las estaciones de tren, los puertos o los aeropuertos internacionales y en las guías telefónicas y el material facilitado a los usuarios finales sobre facturación, de que el número único europeo de emergencia «112» puede utilizarse como número de emergencia único en toda la Unión. Esta responsabilidad incumbe ante todo a los Estados miembros; ahora bien, la Comisión debe seguir respaldando y complementando las iniciativas de los Estados miembros para promover el conocimiento del número único europeo de emergencia «112» y debe evaluar periódicamente su conocimiento entre el público.

(290)

La información sobre la localización del llamante, aplicable a todas las comunicaciones de emergencia, mejora el nivel de protección y seguridad de los usuarios finales y facilita a los servicios de emergencia el ejercicio de sus funciones, siempre que la transferencia a los servicios de emergencia correspondientes de la comunicación de emergencia y de los datos asociados esté garantizada por el sistema nacional de PSAP. La recepción y el uso de esta información sobre la localización del llamante, que incluye tanto la información relativa a la ubicación basada en redes como, cuando se disponga de ella, la información relativa a la ubicación basada en el terminal del llamante, debe ajustarse al Derecho de la Unión aplicable sobre el tratamiento de datos personales y medidas de seguridad. Las empresas que aportan la localización basándose en la red deben poner la información sobre la localización del llamante a disposición de los servicios de emergencia tan pronto como la llamada llegue a ese servicio, independientemente de la tecnología utilizada. No obstante, las tecnologías de localización basadas en el terminal se han demostrado bastante más exactas y rentables debido a la disponibilidad de datos facilitados por el sistema europeo de navegación por complemento geoestacionario, el sistema de satélite Galileo y otros sistemas mundiales de navegación por satélite y datos wifi. Por lo tanto, la información sobre la localización del llamante obtenida del terminal debe complementar la información de localización basada en la red, incluso en caso de que solo se disponga de ella después de establecida la comunicación de emergencia. Los Estados miembros deben velar por que, siempre que sea posible, la localización del llamante obtenida del terminal se ponga a disposición del PSAP más apropiado. Puede que esto no sea posible en algunos casos, por ejemplo cuando la localización no esté disponible en el terminal o a través del servicio de comunicaciones interpersonales empleado, o cuando no es factible técnicamente obtener esta información. Además, los Estados miembros deben garantizar que los PSAP sean capaces de recuperar y gestionar la información disponible sobre la localización del llamante, siempre que resulte factible. El establecimiento y la transmisión de dicha información deben ser gratuitos tanto para el usuario final como para la autoridad encargada de tramitar la comunicación de emergencia, independientemente de cuáles sean los medios de establecimiento (por ejemplo, mediante el terminal o la red) o de transmisión (por ejemplo, a través de un canal de voz, SMS o IP).

(291)

Con el fin de dar respuesta a la evolución de la tecnología relacionada con la información exacta sobre la localización del llamante, el acceso equivalente para los usuarios finales con discapacidad y el encaminamiento de llamadas al PSAP más apropiado, la Comisión debe estar facultada para adoptar por medio de actos delegados las medidas necesarias para garantizar la compatibilidad, interoperabilidad, calidad, fiabilidad y continuidad de las comunicaciones de emergencia en la Unión, tales como disposiciones funcionales que determinen el papel de las distintas partes en la cadena de comunicación, por ejemplo proveedores de servicios de comunicaciones interpersonales basados en numeración, operadores de redes y PSAP, así como en disposiciones técnicas que definan los medios técnicos para cumplir las disposiciones funcionales. Dichas medidas deben entenderse sin perjuicio de la organización de los servicios de emergencia por parte de los Estados miembros.

(292)

Un ciudadano de un Estado miembro que necesita ponerse en contacto con los servicios de emergencia en otro Estado miembro no puede hacerlo porque los servicios de emergencia pueden no tener información de contacto para servicios de emergencia en otros Estados miembros. Por consiguiente, debe introducirse una base de datos segura de toda la Unión con los números del principal o los principales servicios de emergencia en cada país. A tal fin, el ORECE debe mantener una base de datos segura de los números E.164 de números de servicios de emergencia de los Estados miembros, si es que ninguna otra organización mantiene una base de datos de este tipo, para que puedan ponerse en contacto entre ellos de un Estado miembro a otro.

(293)

El Derecho nacional ha evolucionado de manera divergente en lo relativo a la transmisión mediante servicios de comunicaciones electrónicas de alertas al público en caso de grandes catástrofes o emergencias inminentes o en curso. Con el fin de aproximar la legislación en ese ámbito, la presente Directiva debe establecer, por tanto, que, cuando existan sistemas de alerta al público, los proveedores de servicios móviles de comunicaciones interpersonales basados en numeración deben transmitir las alertas a todos los usuarios finales afectados. Ha de considerarse que los usuarios finales afectados son aquellos presentes en las zonas geográficas que se pueden ver afectadas por las grandes catástrofes o emergencias inminentes o en curso durante el período de alerta, según las determinen las autoridades competentes.

(294)

Siempre que se garantice el alcance a todos los usuarios finales afectados independientemente del lugar o del Estado miembro en que residan y se respete el nivel más alto de seguridad de los datos, los Estados miembros deben poder realizar la transmisión de alertas al público mediante servicios de comunicaciones electrónicas disponibles al público distintos de los servicios móviles de comunicaciones interpersonales basados en numeración y de los servicios de transmisión empleados para radiodifusión o por aplicaciones móviles transmitidas a través de servicios de acceso a internet. A fin de informar a los usuarios finales que entren en un Estado miembro de la existencia de tales sistemas de alerta pública, el Estado miembro en cuestión debería garantizar que los usuarios finales reciban automáticamente, por medio de un SMS, sin demoras indebidas y de forma gratuita, información fácilmente comprensible sobre la manera de recibir avisos incluso en equipos terminales móviles no habilitados para servicios de acceso a internet. Las alertas al público distintas de las que dependen de servicios móviles de comunicaciones interpersonales basados en numeración deben transmitirse a los usuarios finales de una manera que resulte fácil de recibir. Cuando un sistema de alerta al público se base en una aplicación, no se debe exigir a los usuarios finales que se den de alta o se registren ante las autoridades o el proveedor de la aplicación. Los datos de ubicación de los usuarios finales deben usarse conforme a la Directiva 2002/58/CE. La transmisión de alertas al público debe ser gratuita para los usuarios finales. En su revisión de la aplicación de la presente Directiva, la Comisión también podría evaluar si, de conformidad con el Derecho de la Unión, resulta posible y factible crear un único sistema de alerta pública a escala de la Unión para alertar al público en caso de grandes catástrofes o emergencias inminentes o en curso en varios Estados miembros.

(295)

Los Estados miembros deben poder determinar si las propuestas de sistemas alternativos distintos de los servicios móviles de comunicaciones interpersonales basados en numeración son realmente equivalentes a dichos servicios teniendo muy presentes las directrices correspondientes del ORECE. Tales directrices deben elaborarse tras consultar con las autoridades nacionales a cargo de los PSAP para que los expertos en emergencias desempeñen un papel en esa elaboración y exista un entendimiento común entre las autoridades de los distintos Estados miembros en cuanto a lo que es necesario para garantizar la plena aplicación de estos sistemas de alerta al público en los Estados miembros y cerciorarse al mismo tiempo de que los ciudadanos de la Unión estén eficazmente protegidos cuando viajan a otro Estado miembro.

(296)

En consonancia con los objetivos de la Carta y con las obligaciones consagradas en la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, el marco regulador debe velar por que todos los usuarios finales, incluidos los usuarios finales con discapacidad, las personas de la tercera edad y los usuarios con necesidades sociales especiales, tengan un acceso fácil y equivalente a unos servicios asequibles de alta calidad, independientemente de su lugar de residencia en la Unión. La Declaración 22 aneja al Acta final del Tratado de Ámsterdam dispone que las instituciones de la Unión tengan en cuenta las necesidades de las personas con discapacidad al elaborar medidas en virtud del artículo 114 del TFUE.

(297)

Para garantizar que los usuarios con discapacidad se beneficien de la competencia y de la posibilidad de elección del proveedor de servicio al igual que la mayoría de los usuarios finales, las autoridades competentes deben precisar, cuando proceda y habida cuenta de las condiciones nacionales, y tras consultar a los usuarios finales con discapacidad, los requisitos de protección de los consumidores para usuarios finales con discapacidad que deben cumplir los proveedores de servicios de comunicaciones electrónicas disponibles al público. Entre los citados requisitos pueden figurar, en particular, la obligación de los proveedores de garantizar que los usuarios finales con discapacidades puedan beneficiarse de sus servicios en las mismas condiciones, en particular precios, tarifas y calidad, que los demás usuarios finales, independientemente de los costes adicionales que tuvieran que asumir dichos proveedores. También pueden figurar otros requisitos en relación con los acuerdos de comercio al por mayor entre proveedores. A fin de evitar una carga excesiva para los proveedores de servicios, las autoridades competentes deben verificar si los objetivos de acceso equivalente y posibilidad de elección se alcanzan sin tales medidas.

(298)

Además de la legislación de la Unión por la que se armonizan los requisitos de accesibilidad de productos y servicios, la presente Directiva establece nuevos requisitos de asequibilidad y disponibilidad mejorados para equipos terminales conexos y equipos y servicios específicos para usuarios finales con discapacidad. Por lo tanto, la obligación correspondiente contenida en la Directiva 2002/22/CE que exigía a los Estados miembros que fomentasen la disponibilidad de equipos terminales para usuarios finales con discapacidad ha quedado obsoleta y debe derogarse.

(299)

Se ha desarrollado una competencia efectiva en la prestación de servicios de información sobre números de abonados y de guías de abonados en virtud, entre otras cosas, del artículo 5 de la Directiva 2002/77/CE de la Comisión (39). A fin de mantener esa competencia efectiva, todos los proveedores de servicios móviles de comunicaciones interpersonales basados en numeración que asignen números de un plan de numeración a sus usuarios finales deben seguir obligados a facilitar la información pertinente en condiciones equitativas, orientadas en función de los costes y no discriminatorias.

(300)

Los usuarios finales deben ser informados de su derecho a determinar si desean figurar en una guía. Los proveedores de servicios de comunicaciones interpersonales basados en numeración deben respetar la decisión de los usuarios finales a la hora de entregar datos a los prestadores de servicios de guía. El artículo 12 de la Directiva 2002/58/CE garantiza el derecho a la intimidad de los usuarios finales en lo que respecta a la inclusión de información personal suya en una guía pública.

(301)

Las medidas aplicadas al mercado mayorista para garantizar la inclusión en las bases de datos de datos de los usuarios finales deben respetar las salvaguardias de protección de los datos personales previstas en el Reglamento (UE) 2016/679, y en particular del artículo 12 de la Directiva 2002/58/CE. El suministro de dichos datos en función de los costes a los proveedores de servicios, con la posibilidad de que los Estados miembros creen un mecanismo centralizado que facilite información completa y agregada a los proveedores de servicios de guías y la provisión del acceso a la red en unas condiciones razonables y transparentes, debe ponerse en marcha de forma que los usuarios finales se beneficien plenamente de la competencia, que ha permitido en gran medida suprimir la regulación de las tarifas al por menor de estos servicios y de ofrecer servicios de guía telefónica con arreglo a condiciones razonables y transparentes.

(302)

Tras la supresión de la obligación de servicio universal para los servicios de guía, y teniendo en cuenta la existencia de un mercado operativo para dichos servicios, el derecho a acceder a los servicios de información sobre números de abonados ya no resulta necesario. No obstante, las autoridades nacionales de reglamentación deben seguir estando facultadas para imponer obligaciones y condiciones a las empresas que controlan el acceso a los usuarios finales, al objeto de mantener el acceso y la competencia en este mercado.

(303)

Debe ofrecerse a los usuarios finales una garantía de interoperabilidad que abarque a todos los equipos comercializados en la Unión para la recepción de radio en vehículos nuevos de la categoría M y de programas de televisión digital. En relación con dichos equipos, los Estados miembros han de poder exigir el respeto de un mínimo de normas armonizadas. Dichas normas podrían ser adaptadas de vez en cuando para tener en cuenta la evolución de las tecnologías y del mercado.

(304)

En caso de que los Estados miembros decidan adoptar medidas de conformidad con la Directiva (UE) 2015/1535 para la interoperabilidad de los receptores de servicios de radio de consumo, los receptores de radio deben ser capaces de recibir y reproducir servicios de radio prestados a través de la radiodifusión digital terrestre o a través de redes IP para que se mantenga la interoperabilidad. Ello puede también mejorar la seguridad pública, al permitir a los usuarios recurrir a una gama más amplia de tecnologías para recibir información de emergencia en los Estados miembros y acceder a ella.

(305)

Es deseable permitir que los consumidores logren la conectividad más completa posible con aparatos de televisión digitales. La interoperabilidad es un concepto evolutivo en mercados dinámicos. Los organismos de normalización deben hacer todo lo posible para garantizar que las tecnologías de que se trate vayan acompañadas del desarrollo de normas adecuadas. Es igualmente importante garantizar que los aparatos de televisión digitales dispongan de conectores que puedan transferir todos los elementos necesarios de una señal digital, incluidos los flujos de audio y vídeo, la información sobre el acceso condicional, la información sobre el servicio, la información sobre el API y la información sobre la protección contra copias. Por lo tanto, la presente Directiva debe garantizar que las funcionalidades asociadas a los conectores o instaladas en ellos no se vean limitadas por los operadores de red, los proveedores de servicios ni los fabricantes de equipo y continúen desarrollándose en consonancia con los avances tecnológicos. Para la exhibición y presentación de servicios de televisión conectados, la elaboración de una norma común mediante un mecanismo impulsado por el mercado se considera en sí misma un beneficio para el consumidor. Los Estados miembros y la Comisión deben poder adoptar iniciativas políticas acordes con los Tratados para fomentar esta evolución.

(306)

Las disposiciones relativas a la interoperabilidad de los equipos de consumo utilizados para la radio y la televisión no impiden que los equipamientos de radio en vehículos nuevos de la categoría M sean también capaces de recibir y reproducir servicios de radio prestados a través de la radiodifusión analógica terrestre y dichas disposiciones no impiden a los Estados miembros imponer obligaciones para que los receptores de servicios de radio digitales sean capaces de recibir y reproducir emisiones de radio analógica terrestre.

(307)

Sin perjuicio del Derecho de la Unión, la presente Directiva no impide a los Estados miembros adoptar reglamentaciones técnicas en relación con los equipos utilizados para la televisión digital terrestre a fin de preparar la migración de los consumidores hacia nuevas modalidades de radiodifusión terrestre y de evitar el suministro de equipos que no cumplan las normas que se van a implantar.

(308)

Los Estados miembros deben estar facultados para imponer, por razones legítimas de orden público, obligaciones «de transmisión» proporcionadas a las empresas que se hallen bajo su jurisdicción. Dichas obligaciones solo han de imponerse en los casos en que sean necesarias para alcanzar objetivos de interés general claramente definidos por los Estados miembros con arreglo a la normativa de la Unión y deben ser proporcionadas y transparentes. Debe ser posible aplicar obligaciones «de transmisión» a determinados canales de difusión de radio y televisión y servicios complementarios suministrados por determinado proveedor de servicios de comunicación audiovisual. Las obligaciones impuestas por los Estados miembros deberán ser razonables, es decir, deben ser proporcionadas y transparentes a la luz de objetivos de interés general claramente definidos. Los Estados miembros deben aportar una justificación objetiva de las obligaciones de transmisión que impongan en su ordenamiento jurídico nacional, con el fin de garantizar que tales obligaciones sean transparentes y proporcionadas y estén claramente definidas. Las obligaciones deben concebirse de una manera que ofrezca suficientes incentivos para la inversión eficiente en infraestructuras.

(309)

Las obligaciones «de transmisión» deben estar sujeta a revisión periódica, como mínimo cada cinco años, a fin de poder actualizarlas con arreglo a la evolución de la tecnología y del mercado y garantizar que siguen guardando proporción con los objetivos que deben alcanzarse. Las obligaciones podrían, en su caso, conllevar una disposición en la que se prevea una remuneración proporcionada, que debe establecerse en la legislación nacional. En tal caso, la legislación nacional debe determinar también la metodología aplicable para calcular la remuneración adecuada. Esa metodología debe evitar incoherencias con las vías de recurso que puedan ser impuestas por las autoridades nacionales de reglamentación a los proveedores de servicios de transmisión empleados para la radiodifusión que hayan sido designados como poseedores de un poder de mercado significativo. No obstante, cuando un contrato de duración determinada firmado antes del 20 de diciembre de 2018 contemple una metodología diferente, debe ser posible seguir aplicando dicha metodología durante la vigencia del contrato. En ausencia de una disposición nacional en materia de remuneración, los proveedores de canales radiofónicos o televisivos y los proveedores de redes de comunicaciones electrónicas empleadas para la transmisión de estos canales radiofónicos o televisivos deben tener la posibilidad de acordar por vía contractual una remuneración proporcionada.

(310)

Las redes y los servicios de comunicaciones electrónicas utilizados para la distribución de programas de radio y televisión al público incluyen las redes de difusión de televisión por cable, IPTV, las redes vía satélite y las de radiodifusión terrestre. También podrían incluir otras redes en la medida en que un número importante de usuarios finales utilice tales redes como medios principales de recepción de programas de radio y televisión. Las obligaciones de transmisión relacionadas con las transmisiones televisivas analógicas deben plantearse únicamente cuando la inexistencia de dichas obligaciones provoque una perturbación importante para un número significativo de usuarios finales o cuando no haya otros medios de transmisión para cadenas de televisión específicas. Las obligaciones de transmisión pueden incluir la de servicios concebidos específicamente para permitir un acceso equivalente de los usuarios finales con discapacidad. En consecuencia, los servicios complementarios incluyen los destinados a mejorar la accesibilidad de los usuarios finales con discapacidad, como el videotexto, el subtitulado para usuarios finales sordos o con dificultades auditivas, la descripción acústica de imágenes, los subtítulos hablados y la interpretación del lenguaje de signos, y podría incluir el acceso a los datos brutos conexos en caso necesario. Habida cuenta del aumento de la prestación y recepción de servicios de televisión conectada y de la importancia permanente de las guías electrónicas de programas para las decisiones de los usuarios finales, la transmisión de datos relacionados con los programas necesarios para alimentar las funcionalidades de la televisión conectada y de las guías electrónicas de programas puede incluirse en las obligaciones de transmisión. Estos datos relacionados con los programas pueden incluir información sobre los contenidos de los programas y la forma de acceder a ellos, pero no los contenidos de los programas en sí.

(311)

En las centrales telefónicas modernas suelen existir las facilidades de identificación de líneas llamantes, motivo por el cual su prestación puede ampliarse progresivamente con un gasto mínimo o nulo. No se exige a los Estados miembros que impongan obligaciones de prestación de estas facilidades cuando las mismas ya estén disponibles. La Directiva 2002/58/CE protege la intimidad de los usuarios en relación con la facturación detallada, en la medida en que les proporciona los medios para proteger su derecho a la intimidad cuando se aplica la identificación de la línea llamante. El desarrollo de dichos servicios a nivel paneuropeo beneficiaría a los consumidores; la presente Directiva anima a que se desarrollen estos servicios a nivel paneuropeo. Una práctica común de los proveedores de servicios de acceso a internet es ofrecer a sus clientes una dirección de correo electrónico en la que figure su denominación comercial o marca. Con objeto de garantizar que los usuarios finales no se encuentren en una situación de cautiverio debido al riesgo de perder el acceso a los correos electrónicos al cambiar de proveedor de servicios de acceso a internet, los Estados miembros deben poder imponer a los proveedores de estos servicios la obligación de que, previa petición, el usuario pueda acceder a sus correos electrónicos o transferirlos a la cuenta o las cuentas de correo electrónico pertinentes. Esta facilidad debe ser gratuita y estar disponible durante el período que la autoridad nacional de reglamentación considere adecuado.

(312)

La publicación de información por parte de los Estados miembros garantizará a los agentes del mercado y a las empresas que puedan tener interés en incorporarse al mismo el conocimiento de sus derechos y obligaciones, así como de las fuentes donde hallar información completa al respecto. La publicación en el Boletín Oficial permitirá a las partes interesadas de los demás Estados la consulta de la información pertinente.

(313)

Con objeto de garantizar la eficacia y la eficiencia del mercado de las comunicaciones electrónicas paneuropeas, la Comisión debe controlar y publicar la información sobre los costes que contribuyen a determinar los precios para los usuarios finales.

(314)

Para poder determinar si la aplicación de la legislación de la Unión es correcta, la Comisión debe tener conocimiento de las empresas designadas como poseedoras de un peso significativo en el mercado y de las obligaciones impuestas por las autoridades nacionales de reglamentación a los agentes del mercado. Asimismo, es preciso que los Estados miembros transmitan a la Comisión dicha información, como complemento de su publicación a nivel nacional. Cuando los Estados miembros deban remitir información a la Comisión, deben poder hacerlo por vía electrónica, sujetos a los procedimientos de autenticación adecuados acordados.

(315)

A fin de tener en cuenta la evolución de la tecnología, la sociedad y el mercado, en particular la evolución de los estándares técnicos, gestionar los riesgos existentes para la seguridad de las redes y los servicios y garantizar el acceso efectivo a los servicios de emergencia a través de las comunicaciones de emergencia, debe delegarse en la Comisión la facultad de adoptar actos de conformidad con el artículo 290 del TFUE por lo que se refiere al establecimiento de una tarifa única máxima para toda la Unión para la terminación de llamadas vocales al por mayor en los mercados fijo y móvil adoptando medidas relativas a las comunicaciones de emergencia en la Unión; y adaptando los anexos de la presente Directiva. Reviste especial importancia que la Comisión realice las consultas apropiadas durante sus trabajos preparatorios, también a nivel de expertos, y que dichas consultas se lleven a cabo de conformidad con los principios establecidos en el Acuerdo interinstitucional de 13 de abril de 2016 sobre la mejora de la legislación (40). En particular, a fin de garantizar la participación equitativa en la preparación de los actos delegados, el Parlamento Europeo y el Consejo deben recibir todos los documentos al mismo tiempo que los expertos de los Estados miembros y sus expertos tener acceso sistemático a las reuniones de los grupos de expertos de la Comisión que traten de la preparación de los actos delegados.

(316)

A fin de garantizar unas condiciones uniformes de ejecución de la presente Directiva, deben concederse a la Comisión competencias de ejecución para adoptar decisiones encaminadas a resolver las interferencias perjudiciales transfronterizas entre Estados miembros; para identificar un enfoque armonizado o coordinado con la finalidad de hacer frente a una aplicación incoherente de enfoques reguladores por parte de las autoridades nacionales de reglamentación dirigidos a regular los mercados de comunicaciones electrónicas, así como la numeración, incluidas las series de números, la conservación de los números e identificadores, los sistemas de traducción de direcciones y números, y el acceso a los servicios de emergencia a través del número único europeo de emergencia «112»; para hacer obligatoria la aplicación de normas o especificaciones, o para eliminar normas o especificaciones de la parte obligatoria de la lista de normas; para adoptar medidas técnicas y organizativas para gestionar adecuadamente los riesgos planteados a la seguridad de las redes y servicios, así como las circunstancias, formato y procedimiento aplicable a la notificación de los incidentes de seguridad; para especificar detalles relativos a derechos individuales que pueden ser objeto de comercio disponibles para el público de acuerdo con un formato electrónico normalizado desde el momento de la creación de los derechos de uso del espectro radioeléctrico; para especificar las características físicas y técnicas de los puntos de acceso inalámbrico en pequeñas zonas; para autorizar o impedir a una autoridad nacional de reglamentación que imponga a las empresas designadas como poseedoras de peso significativo en el mercado determinadas obligaciones de acceso o interconexión; para armonizar números específicos o series de números; para hacer frente a la demanda de números transfronteriza o paneuropea no atendida; y para especificar el modelo resumido de contrato a proporcionar a los consumidores. Dichas competencias deben ejercerse de conformidad con el Reglamento (UE) n.o 182/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo (41).

(317)

Por último, la Comisión debe poder adoptar, según resulte necesario, teniendo en cuenta en la mayor medida posible el dictamen del ORECE, recomendaciones relacionadas con la identificación de los mercados pertinentes de productos y servicios, las notificaciones previstas en el procedimiento de consolidación del mercado interior y la aplicación armonizada de las disposiciones del marco regulador.

(318)

La Comisión debe revisar el funcionamiento de la presente Directiva periódicamente, en particular con objeto de determinar la necesidad de modificarla a la luz de la cambiante situación de la tecnología o del mercado.

(319)

Cuando se examine el funcionamiento de la presente Directiva, la Comisión debe evaluar si, a la luz de la evolución en el mercado y con relación a la competencia y a la protección del consumidor, siguen siendo necesarias las disposiciones respecto de la regulación sectorial específica ex ante o si dichas disposiciones deben ser modificadas o derogadas. Dado que la presente Directiva introduce planteamientos novedosos de los sectores de las comunicaciones electrónicas, como la posibilidad de ampliar la aplicación de obligaciones simétricas más allá de la primera concentración o del punto de distribución y el tratamiento normativo de las coinversiones, debe prestarse una atención particular a la evaluación de su funcionamiento.

(320)

La evolución futura de la tecnología y del mercado, en particular los cambios en el uso de los diferentes servicios de comunicaciones electrónicas y su capacidad para garantizar un acceso eficaz a los servicios de emergencia, puede poner en peligro la consecución de los objetivos de la presente Directiva sobre los derechos de los usuarios finales. Por consiguiente, el ORECE debe estar pendiente de esta evolución en los Estados miembros y publicar periódicamente dictámenes que incluyan una evaluación de la incidencia de dicha evolución en la aplicación práctica de las disposiciones de la presente Directiva relativas a los usuarios finales. La Comisión, teniendo muy presente la opinión del ORECE, debe publicar un informe y presentar una propuesta legislativa cuando lo estime necesario para velar que se logren los objetivos de la presente Directiva.

(321)

Las Directivas 2002/19/CE, 2002/20/CE, 2002/21/CE y 2002/22/CE y el artículo 5 de la Decisión n.o 243/2012/UE deben derogarse.

(322)

La Comisión debe supervisar la transición del marco actual al nuevo marco.

(323)

Dado que el objetivo de la presente Directiva, a saber, conseguir un marco armonizado y simplificado para la regulación de las redes de comunicaciones electrónicas, los servicios de comunicaciones electrónicas y los recursos y servicios asociados, de las condiciones para la autorización de redes y servicios, del uso del espectro radioeléctrico y de los recursos de numeración, del acceso a las redes de comunicaciones electrónicas y recursos asociados y de su interconexión y de la protección de los usuarios finales, no puede ser alcanzados de manera suficiente por los Estados miembros, sino que, debido a las dimensiones y los efectos de la acción, puede lograrse mejor a escala de la Unión, esta puede adoptar medidas, de acuerdo con el principio de subsidiariedad establecido en el artículo 5 del Tratado de la Unión Europea. De conformidad con el principio de proporcionalidad establecido en el mismo artículo, la presente Directiva no excede de lo necesario para alcanzar dicho objetivo.

(324)

De conformidad con la Declaración política conjunta de los Estados miembros y de la Comisión, de 28 de septiembre de 2011, sobre los documentos explicativos (42), los Estados miembros se han comprometido a adjuntar a la notificación de sus medidas de transposición, cuando esté justificado, uno o varios documentos que expliquen la relación entre los elementos de una directiva y las partes correspondientes de los instrumentos nacionales de transposición. Por lo que respecta a la presente Directiva, el legislador considera que la transmisión de tales documentos está justificada.

(325)

La obligación de incorporar la presente Directiva al Derecho nacional debe limitarse a las disposiciones que constituyen una modificación sustancial respecto de las Directivas derogadas. La obligación de incorporar las disposiciones no modificadas se deriva de las Directivas derogadas.

(326)

La presente Directiva debe entenderse sin perjuicio de las obligaciones de los Estados miembros relativas a los plazos de transposición al Derecho nacional y las fechas de aplicación de las Directivas que figuran en el anexo XII, parte B.

a)

las obligaciones impuestas por la legislación nacional de conformidad con la legislación de la Unión o por la legislación de la Unión en relación con los servicios prestados mediante redes y servicios de comunicaciones electrónicas;

b)

las medidas adoptadas a escala de la Unión o nacional, conforme al Derecho de la Unión, destinadas a fomentar objetivos de interés general, en particular en lo que respecta a la protección de los datos personales y la privacidad, a la normativa sobre contenidos y a la política audiovisual;

c)

las actuaciones emprendidas por los Estados miembros con fines de orden público y seguridad pública y de defensa;

d)

los Reglamentos (UE) n.o 531/2012 y (UE) 2015/2120 y la Directiva 2014/53/UE.

1)

«red de comunicaciones electrónicas»: los sistemas de transmisión, se basen o no en una infraestructura permanente o en una capacidad de administración centralizada, y, cuando proceda, los equipos de conmutación o encaminamiento y demás recursos, incluidos los elementos de red que no son activos, que permitan el transporte de señales mediante cables, ondas hertzianas, medios ópticos u otros medios electromagnéticos con inclusión de las redes de satélites, redes fijas (de conmutación de circuitos y de paquetes, incluido internet) y móviles, sistemas de tendido eléctrico, en la medida en que se utilicen para la transmisión de señales, redes utilizadas para la radiodifusión sonora y televisiva y redes de televisión por cable, con independencia del tipo de información transportada;

2)

«red de muy alta capacidad»: bien una red de comunicaciones electrónicas que se compone totalmente de elementos de fibra óptica, al menos hasta el punto de distribución de la localización donde se presta el servicio o una red de comunicaciones electrónicas capaz de ofrecer un rendimiento de red similar en condiciones usuales de máxima demanda, en términos de ancho de banda disponible para los enlaces ascendente y descendente, resiliencia, parámetros relacionados con los errores, latencia y su variación; el rendimiento de la red puede considerarse similar independientemente de si la experiencia del usuario final varía debido a las características intrínsecamente diferentes del medio a través del cual, en última instancia, la red se conecta al punto de terminación de la red;

3)

«mercados transnacionales»: los mercados definidos con arreglo al artículo 65 que abarcan toda la Unión o una parte importante de la misma situada en más de un Estado miembro;

4)

«servicio de comunicaciones electrónicas»: el prestado por lo general a cambio de una remuneración a través de redes de comunicaciones electrónicas, que incluye, con la excepción de los servicios que suministren contenidos transmitidos mediante redes y servicios de comunicaciones electrónicas o ejerzan control editorial sobre ellos, los siguientes tipos de servicios:

5)

«servicio de comunicaciones interpersonales»: el prestado por lo general a cambio de una remuneración que permite un intercambio de información directo, interpersonal e interactivo a través de redes de comunicaciones electrónicas entre un número finito de personas, en el que el iniciador de la comunicación o participante en ella determina el receptor o receptores y no incluye servicios que permiten la comunicación interpersonal e interactiva como una mera posibilidad secundaria que va intrínsecamente unida a otro servicio;

6)

«servicio de comunicaciones interpersonales basados en numeración»: servicio de comunicaciones interpersonales que bien conecta o permite comunicaciones con recursos de numeración pública asignados, es decir, de un número o números de los planes de numeración nacional o internacional, o permite la comunicación con un número o números de los planes de numeración nacional o internacional;

7)

«servicio de comunicaciones interpersonales independiente de la numeración»: servicio de comunicaciones interpersonales que no conecta a través de recursos de numeración pública asignados, es decir, de un número o números de los planes de numeración nacional o internacional, o no permite la comunicación con un número o números de los planes de numeración nacional o internacional;

8)

«red pública de comunicaciones electrónicas»: una red de comunicaciones electrónicas que se utiliza, en su totalidad o principalmente, para la prestación de servicios de comunicaciones electrónicas disponibles para el público y que soporta la transferencia de información entre puntos de terminación de la red;

9)

«punto de terminación de la red»: el punto físico en el que el usuario final accede a una red pública de comunicaciones electrónicas; y cuando se trate de redes en las que se produzcan operaciones de conmutación o encaminamiento, el punto de terminación de la red estará identificado mediante una dirección de red específica, la cual podrá estar vinculada a un número o a un nombre de usuario final;

10)

«recursos asociados»: los servicios asociados, las infraestructuras físicas y otros recursos o elementos asociados con una red de comunicaciones electrónicas o con un servicio de comunicaciones electrónicas que permitan o apoyen el suministro de servicios a través de dicha red o servicio o tengan potencial para ello, e incluyan edificios o entradas de edificios, el cableado de edificios, antenas, torres y otras construcciones de soporte, conductos, mástiles, bocas de acceso y distribuidores;

11)

«servicios asociados»: aquellos servicios asociados con una red de comunicaciones electrónicas o con un servicio de comunicaciones electrónicas que permitan o apoyen el suministro, la autoprestación o la prestación de servicios automatizada a través de dicha red o servicio o tengan potencial para ello e incluyen la traducción de números o sistemas con una funcionalidad equivalente, los sistemas de acceso condicional y las guías electrónicas de programas, así como otros servicios tales como el servicio de identidad, localización y presencia;

12)

«sistema de acceso condicional»: toda medida técnica, sistema de autenticación o mecanismo técnico que condicione el acceso en forma inteligible a un servicio protegido de radiodifusión sonora o televisiva al pago de una cuota u otra forma de autorización individual previa;

13)

«usuario»: una persona física o jurídica que utiliza o solicita un servicio de comunicaciones electrónicas disponible para el público;

14)

«usuario final»: el usuario que no suministra redes públicas de comunicaciones electrónicas o servicios de comunicaciones electrónicas disponibles para el público;

15)

«consumidor»: cualquier persona física que utilice o solicite un servicio de comunicaciones electrónicas disponible para el público para fines no profesionales, económicos o comerciales;

16)

«suministro de una red de comunicación electrónica»: la creación, la explotación, el control o la puesta a disposición de dicha red;

17)

«equipo avanzado de televisión digital»: decodificadores para la conexión a televisores o televisores digitales integrados capaces de recibir servicios de televisión digital interactiva;

18)

«interfaz de programa de aplicación» o «API»: la interfaz de software entre las aplicaciones externas, puesta a disposición por los radiodifusores o proveedores de servicios, y los recursos del equipo avanzado de televisión digital para los servicios de radio y televisión digital;

19)

«atribución del espectro radioeléctrico»: la designación de una banda del espectro radioeléctrico para su uso por uno o más tipos de servicios de radiocomunicación, cuando proceda, en las condiciones que se especifiquen;

20)

«interferencia perjudicial»: una interferencia que suponga un riesgo para el funcionamiento de un servicio de radionavegación o de otros servicios de seguridad o que degrade gravemente, obstruya o interrumpa reiteradamente un servicio de radiocomunicación que funcione de conformidad con la normativa internacional, de la Unión o nacional aplicable;

21)

«seguridad» de las redes o servicios: la capacidad de las redes y servicios de comunicaciones electrónicas de resistir, con un determinado nivel de confianza, cualquier acción que comprometa la disponibilidad, autenticidad, integridad y confidencialidad de dichas redes y servicios, de los datos almacenados, procesados o transmitidos y la seguridad de los servicios conexos que dichas redes y servicios de comunicaciones electrónicas ofrecen o hacen accesibles;

22)

«autorización general»: un marco jurídico establecido por el Estado miembro que otorgue derechos para el suministro de redes o servicios de comunicaciones electrónicas y establezca obligaciones específicas al sector que podrán aplicarse a todos o a determinados tipos de redes y servicios de comunicaciones electrónicas, de conformidad con la presente Directiva;

23)

«punto de acceso inalámbrico para pequeñas áreas»: un equipo de acceso a una red inalámbrica de baja potencia con un tamaño reducido y corto alcance, utilizando un espectro bajo licencia o una combinación de espectro bajo licencia y exento de licencia que puede formar parte de una red pública de comunicaciones electrónicas, que puede estar dotado de una o más antenas de bajo impacto visual, y que permite el acceso inalámbrico de los usuarios a redes de comunicaciones electrónicas con independencia de la topología de la red subyacente, sea móvil o fija;

24)

«red de área local radioeléctrica» o «RLAN»: sistema de acceso inalámbrico de baja potencia y corto alcance, con bajo riesgo de interferencia con otros sistemas del mismo tipo desplegados por otros usuarios en las proximidades, que utiliza de forma no exclusiva un espectro radioeléctrico armonizado;

25)

«espectro radioeléctrico armonizado»: el espectro radioeléctrico cuyas condiciones de disponibilidad y uso eficiente se han armonizado a través de una medida técnica de aplicación de conformidad con el artículo 4 de la Decisión n.o 676/2002/CE;

26)

«uso compartido del espectro radioeléctrico»: el acceso por parte de dos o más usuarios a las mismas bandas del espectro radioeléctrico con arreglo a un sistema determinado de uso compartido, autorizado a través de una autorización general, de derechos individuales del espectro radioeléctrico o de una combinación de ambos, incluidos los enfoques reguladores tales como el acceso compartido bajo licencia tendentes a facilitar el uso compartido de una banda del espectro radioeléctrico, sobre la base de un acuerdo vinculante para todas las partes interesadas y con arreglo a normas de uso compartido vinculadas a los derechos de uso del espectro radioeléctrico, a fin de garantizar a todos los usuarios unas condiciones fiables y previsibles, y sin perjuicio de la aplicación del Derecho de la competencia;

27)

«acceso»: la puesta a disposición de otra empresa, en condiciones definidas y sobre una base exclusiva o no exclusiva, de recursos o servicios con fines de prestación de servicios de comunicaciones electrónicas, incluyendo cuando se utilicen para el suministro de servicios de la sociedad de información o de servicios de contenidos de radiodifusión; incluye, entre otras cosas, el acceso a elementos de redes y recursos asociados que pueden requerir la conexión de equipos por medios fijos y no fijos (en particular, esto incluye el acceso al bucle local y a recursos y servicios necesarios para facilitar servicios a través del bucle local); el acceso a infraestructuras físicas, como edificios, conductos y mástiles; el acceso a sistemas informáticos pertinentes, incluidos los sistemas de apoyo operativos; el acceso a sistemas de información o bases de datos para prepedidos, suministros, pedidos, solicitudes de mantenimiento y reparación, y facturación; el acceso a la conversión del número de llamada o a sistemas con una funcionalidad equivalente; el acceso a redes fijas y móviles, en particular con fines de itinerancia; el acceso a sistemas de acceso condicional para servicios de televisión digital y el acceso a servicios de redes virtuales;

28)

«interconexión»: un tipo particular de acceso entre operadores de redes públicas mediante la conexión física y lógica de las redes públicas de comunicaciones electrónicas utilizadas por una misma empresa o por otra distinta, de manera que los usuarios de una empresa puedan comunicarse con los usuarios de la misma empresa o de otra distinta, o acceder a los servicios prestados por otra empresa, donde dichos servicios se prestan por las partes interesadas o por terceros que tengan acceso a la red;

29)

«operador»: la empresa que proporciona o que está autorizada para proporcionar una red pública de comunicaciones electrónicas o un recurso asociado;

30)

«bucle local»: el circuito físico que conecta el punto de terminación de la red a un dispositivo de distribución o instalación equivalente de la red pública de comunicaciones electrónicas fija;

31)

«llamada»: una conexión establecida por medio de un servicio de comunicaciones interpersonales disponible para el público que permita la comunicación de voz bidireccional;

32)

«servicio de comunicaciones vocales»: un servicio de comunicaciones electrónicas disponible para el público a través de uno o más números de un plan nacional o internacional de numeración telefónica, para efectuar y recibir, directa o indirectamente, llamadas nacionales o nacionales e internacionales;

33)

«número geográfico»: el número identificado en un plan nacional de numeración que contiene en parte de su estructura un significado geográfico utilizado para el encaminamiento de las llamadas hacia la ubicación física del punto de terminación de la red;

34)

«número no geográfico»: el número identificado en un plan nacional de numeración que no sea número geográfico, tales como los números de teléfonos móviles, los de llamada gratuita y los de tarificación adicional;

35)

«servicios de conversación total»: un servicio de conversación multimedia en tiempo real que proporciona transferencia bidireccional simétrica en tiempo real de vídeo en movimiento, texto en tiempo real y voz entre usuarios de dos o más ubicaciones;

36)

«punto de respuesta de seguridad pública» o «PSAP» por sus siglas en inglés: ubicación física en la que se reciben inicialmente las comunicaciones de emergencia y que está bajo la responsabilidad de una autoridad pública o de una organización privada reconocida por el Estado miembro;

37)

«PSAP más apropiado»: un PSAP establecido por las autoridades responsables para hacerse cargo de las comunicaciones de emergencia procedentes de determinada zona o de las comunicaciones de emergencia de determinado tipo;

38)

«comunicación de emergencia»: la emitida a través de los servicios de comunicación interpersonal entre un usuario final y el PSAP con el objeto de pedir y recibir ayuda de emergencia de los servicios de emergencia;

39)

«servicio de emergencia»: un servicio, reconocido como tal por el Estado miembro, mediante el que se proporciona asistencia rápida e inmediata en situaciones en que exista, en particular, un riesgo directo para la vida o la integridad física de las personas, para la salud y seguridad públicas o individuales, o para la propiedad pública o privada o el medio ambiente, de conformidad con la normativa nacional;

40)

«información sobre la localización del llamante»: en una red pública de telefonía móvil, los datos procesados, procedentes tanto de la infraestructura de la red como del terminal, que indican la posición geográfica del equipo terminal móvil de un usuario final y, en una red pública de telefonía fija, los datos sobre la dirección física del punto de terminación de la red;

41)

«equipo terminal»: un equipo terminal tal como se define en el artículo 1, punto 1, de la Directiva 2008/63/CE de la Comisión (43);

42)

«incidente de seguridad»: un hecho que tenga efectos adversos reales en la seguridad de las redes o servicios de comunicaciones electrónicas.

a)

promoverán la conectividad y el acceso a las redes de muy alta capacidad, incluidas las redes fijas, móviles e inalámbricas, así como su adopción, por todos los ciudadanos y empresas de la Unión;

b)

fomentarán la competencia en el suministro de redes de comunicaciones electrónicas y recursos asociados, incluida la competencia eficiente basada en infraestructuras, así como en la prestación de servicios de comunicaciones electrónicas y servicios asociados;

c)

contribuirán al desarrollo del mercado interior eliminando los obstáculos restantes y facilitando la convergencia de las condiciones que permitan la inversión en redes de comunicaciones electrónicas y en su suministro, en servicios de comunicaciones electrónicas, en recursos asociados y servicios asociados y en toda la Unión, para lo que será necesario desarrollar normas comunes y enfoques reglamentarios previsibles, favorecer un uso eficaz, eficiente y coordinado del espectro radioeléctrico, así como la innovación abierta, el establecimiento y desarrollo de redes transeuropeas, el suministro, la disponibilidad e interoperabilidad de servicios paneuropeos y la conectividad de extremo a extremo;

d)

promover los intereses de los ciudadanos de la Unión, asegurando la conectividad y la disponibilidad y la adopción de redes de muy alta capacidad, incluidas las redes fijas, las redes móviles e inalámbricas y los servicios de comunicaciones electrónicas, permitiendo maximizar los beneficios en cuanto a variedad de elección, precio y calidad a través de una competencia efectiva, garantizando la seguridad de las redes y servicios, así como un nivel elevado y uniforme de protección de los usuarios finales gracias a la normativa sectorial necesaria y a medidas que atiendan a las necesidades, tales como unos precios asequibles, de determinados grupos sociales, en particular de los usuarios finales con discapacidad, los usuarios finales de más edad y los usuarios finales con necesidades sociales especiales, así como las posibilidades de elección y el acceso equivalente de los usuarios finales con discapacidad.

a)

promoverán un entorno regulador previsible, garantizando un enfoque regulador estable a lo largo de períodos de revisión apropiados y cooperando entre sí, con el ORECE, con el RSPG y con la Comisión;

b)

garantizarán que, en circunstancias similares, no se dispense un trato discriminatorio a los proveedores de redes y servicios de comunicaciones electrónicas;

c)

aplicarán el Derecho de la Unión bajo el criterio de neutralidad tecnológica en la medida en que sea coherente con la consecución de los objetivos del apartado 2;

d)

fomentarán la inversión eficiente orientada al mercado y la innovación en infraestructuras nuevas y mejoradas, incluso asegurando que toda obligación relativa al acceso tenga debidamente en cuenta los riesgos en que incurren las empresas inversoras y permitiendo diferentes modalidades de cooperación entre los inversores y las partes que soliciten el acceso, con el fin de diversificar el riesgo de las inversiones y velar por que se respeten la competencia en el mercado y el principio de no-discriminación;

e)

tendrán debidamente en cuenta la variedad de situaciones en cuanto a la infraestructura, la competencia, las circunstancias de los usuarios finales y, en particular, de los consumidores en las distintas regiones geográficas de los Estados miembros, incluidas las infraestructuras locales gestionadas por personas físicas sin ánimo de lucro;

f)

impondrán obligaciones reglamentarias ex ante únicamente en la medida necesaria para asegurar una competencia efectiva y sostenible en interés de los usuarios finales, y suavizando o suprimiendo dichas obligaciones en cuanto se cumpla dicha condición.

a)

desarrollando las mejores prácticas en las materias relacionadas con el espectro radioeléctrico, con vistas a la aplicación de la presente Directiva;

b)

facilitando la coordinación entre Estados miembros con el objetivo de la aplicación de la presente Directiva y otra legislación de la Unión, y de contribuir al desarrollo del mercado interior;

c)

coordinando sus metodologías para la asignación y autorización de uso del espectro radioeléctrico y publicando informes o dictámenes en cuestiones relacionadas con el espectro radioeléctrico.

a)

implementar la reglamentación ex ante del mercado, incluida la imposición de obligaciones de acceso e interconexión;

b)

garantizar la resolución de litigios entre empresas;

c)

llevar a cabo la gestión o tomar decisiones sobre el espectro radioeléctrico o, cuando estas tareas se asignen a otras autoridades competentes, asesorar sobre la configuración del mercado y sobre elementos relativos a la competencia en los procesos nacionales relacionados con los derechos de uso del espectro radioeléctrico para las redes y servicios de comunicaciones electrónicas;

d)

contribuir a la protección de los derechos del usuario final en el sector de las comunicaciones electrónicas, en coordinación, en su caso, con otras autoridades competentes;

e)

evaluar y supervisar estrechamente las cuestiones de configuración del mercado y de competencia en relación con el acceso abierto a internet;

f)

evaluar las cargas indebidas y calcular el coste neto de la prestación del servicio universal;

g)

garantizar la conservación del número entre proveedores;

h)

llevar a cabo cualquier otra misión que la presente Directiva asigne a las autoridades nacionales de reglamentación.

a)

el nombre del proveedor;

b)

el estatuto, la forma jurídica y el número del registro mercantil u otro registro público similar en el que figure el proveedor en la Unión;

c)

la dirección geográfica del eventual establecimiento principal del proveedor en la Unión y, en su caso, de cualquier sucursal en un Estado miembro;

d)

el sitio web del proveedor, de haberlo, asociado al suministro de redes o servicios de comunicaciones electrónicas;

e)

persona y datos de contacto;

f)

una exposición sucinta de las redes y servicios que se propone suministrar;

g)

Estados miembros afectados, y

h)

una estimación de la fecha de comienzo de la actividad.

a)

suministrar redes y servicios de comunicaciones electrónicas;

b)

que se les considere su solicitud de derechos necesarios para instalar recursos de conformidad con el artículo 43;

c)

usar, de acuerdo con los artículos 13, 46 y 55, el espectro radioeléctrico para las redes y servicios de comunicaciones electrónicas;

d)

que se estudie su solicitud de derechos necesarios para el uso de los recursos de numeración de conformidad con el artículo 94.

a)

negociar la interconexión y en su caso obtener el acceso o la interconexión a partir de otros proveedores de redes públicas de comunicaciones electrónicas o de servicios de comunicaciones electrónicas disponibles al público habilitados por una autorización general en la Unión, de conformidad con la presente Directiva;

b)

tener oportunidad de ser designadas para suministrar diferentes elementos de servicio universal o cubrir diferentes partes del territorio nacional, de conformidad con los artículos 86 u 87.

a)

cubrirán exclusivamente los costes administrativos que ocasionen la gestión, el control y la ejecución del sistema de autorización general, de los derechos de uso y de las obligaciones específicas a que se hace referencia en el artículo 13, apartado 2, pudiendo quedar incluidos costes de cooperación internacional, armonización y normalización, análisis de mercado, respeto de las normas y otros controles de mercado, así como el trabajo de regulación relativo a la preparación y puesta en práctica de derecho derivado y de decisiones administrativas, como pueden ser decisiones sobre el acceso y la interconexión, y

b)

se impondrán a las empresas de una manera objetiva, transparente y proporcional, que minimice los costes administrativos adicionales y las tasas asociadas.

a)

lleven una contabilidad separada para sus actividades asociadas con el suministro de redes o servicios de comunicaciones electrónicas, en la misma medida en que se exigiría si dichas actividades fueran desempeñadas por entidades jurídicamente independientes, a fin de identificar todas las partidas de costes e ingresos, con la base de cálculo y los métodos de asignación detallados utilizados, relacionados con esas actividades incluido un desglose pormenorizado del activo fijo y de los costes estructurales, o

b)

establezcan una separación estructural para las actividades asociadas con el suministro de redes o servicios de comunicaciones electrónicas.

a)

la comprobación sistemática o caso por caso del cumplimiento de la condición 1 de la parte A, las condiciones 2 y 6 de la parte D y las condiciones 2 y 7 de la parte E del anexo I y del cumplimiento de las obligaciones a que se refiere el artículo 13, apartado 2;

b)

la comprobación caso por caso del cumplimiento de las condiciones establecidas en el anexo I cuando se haya recibido una reclamación o cuando la autoridad competente tenga motivos para creer que determinada condición no se está cumpliendo o, en caso de una investigación efectuada por la autoridad competente, por iniciativa propia;

c)

fijar procedimientos y evaluar las solicitudes de otorgamiento de los derechos de uso;

d)

la publicación de síntesis comparativas de la calidad y el precio de los servicios, en beneficio de los consumidores;

e)

fines estadísticos o de elaboración de informes o de estudios claramente definidos;

f)

análisis de mercado para los fines de la presente Directiva, incluidos los datos sobre los mercados descendentes o minoristas asociados o relacionados con los mercados objeto de análisis del mercado;

g)

garantizar un uso eficiente y velar por una gestión eficaz del espectro radioeléctrico y de los recursos de numeración;

h)

evaluar la futura evolución de la red o del servicio que pueda tener repercusiones sobre los servicios al por mayor puestos a disposición de la competencia, sobre la cobertura territorial, la conectividad a disposición de los usuarios finales o en la determinación de zonas con arreglo al artículo 22;

i)

efectuar estudios geográficos;

j)

responder a solicitudes motivadas de información del ORECE.

a)

garantizar la observancia del apartado 1;

b)

resolver cualquier problema o disputa en relación con la coordinación transfronteriza o con las interferencias perjudiciales transfronterizas entre Estados miembros o con terceros países que impiden a los Estados miembros hacer uso del espectro radioeléctrico armonizado en su territorio.

a)

imponer cuando sea necesario, sanciones económicas disuasorias que pueden incluir sanciones periódicas con efectos retroactivos, y

b)

emitir órdenes de poner fin o aplazar la prestación de un servicio o de una serie de servicios, que, si continúan prestándose, podrían tener como resultado perjudicar significativamente la competencia, hasta que se cumplan las obligaciones de acceso impuestas a raíz de un análisis de mercado con arreglo al artículo 67.

a)

entre en el ámbito de aplicación de los artículos 61, 64, 67, 68 u 83, y

b)

pueda tener repercusiones en los intercambios entre Estados miembros,

a)

definir un mercado pertinente distinto de los que figuran en la recomendación a que se refiere el artículo 64, apartado 1, o

b)

designar a una empresa como poseedora, individualmente o junto a otras empresas, de un peso significativo en el mercado, en virtud del artículo 67, apartados 3 o 4,

a)

tomar la decisión de instar a la autoridad nacional de reglamentación afectada a que retire el proyecto de medida, o

b)

adoptar una decisión retirando sus reservas mencionadas en el apartado 4.

a)

modificar o retirar su proyecto de medida teniendo especialmente en cuenta la notificación de la Comisión a que se refiere el apartado 1, así como el dictamen y las recomendaciones del ORECE, o

b)

mantener su proyecto de medida.

a)

emitir una recomendación en la que solicite a la autoridad nacional de reglamentación de que se trate que modifique o retire el proyecto de medida, y en la que se incluyan propuestas a tal efecto, junto con los motivos que justifiquen su recomendación, especialmente cuando el ORECE no comparta las serias dudas formuladas por la Comisión;

b)

tomar la decisión de retirar sus reservas emitidas de conformidad con el apartado 1, o

c)

para proyectos de medidas incluidas en el ámbito de aplicación del artículo 61, apartado 3, párrafo segundo, o del artículo 76, apartado 2, tomar la decisión de solicitar a la autoridad nacional de reglamentación que retire el proyecto de medida si el ORECE comparte las serias dudas formuladas por la Comisión, adjuntando a la decisión un análisis detallado y objetivo de las razones por las que la Comisión considera que el proyecto de medida no debería adoptarse, junto con propuestas específicas de modificación del proyecto de medidas, sujeto al procedimiento a que hace referencia el artículo 32, apartado 7, que se aplicará mutatis mutandis.

a)

promueve el desarrollo del mercado interior, la prestación transfronteriza de servicios y la competencia y maximiza los beneficios para el consumidor y, de forma global, la consecución de los objetivos establecidos en los artículos 3, 45, 46 y 47 de la presente Directiva, así como en las Decisiones n.o 676/2002/CE y n.o 243/2012/UE;

b)

garantiza un uso eficaz y eficiente del espectro radioeléctrico, y

c)

garantiza unas condiciones estables y previsibles para los usuarios presentes y futuros del espectro radioeléctrico al desplegar las redes para la prestación de servicios de comunicaciones electrónicas que dependen de aquel.

a)

los distintos procesos de autorización nacionales serán iniciados y desarrollados por las autoridades competentes de conformidad con un calendario aprobado conjuntamente;

b)

dispondrá en su caso unas condiciones y procedimientos comunes para la selección y concesión de derechos individuales de uso del espectro radioeléctrico entre los Estados miembros interesados;

c)

dispondrá, si procede, unas condiciones comunes o comparables entre los Estados miembros interesados ligadas a los derechos individuales de uso del espectro radioeléctrico que, entre otras cosas, permitirán asignar a los usuarios bloques similares del espectro radioeléctrico;

d)

permanecerá abierto a otros Estados miembros en todo momento hasta que se haya realizado el proceso de autorización conjunta.

a)

la aplicación incoherente de enfoques reguladores generales por parte de las autoridades nacionales de reglamentación dirigidos a regular los mercados de comunicaciones electrónicas en aplicación de los artículos 64 y 67 cuando dicha aplicación obstaculice el mercado interior. Estas decisiones no se referirán a notificaciones específicas emitidas por las autoridades nacionales de reglamentación de conformidad con el artículo 32. En tal caso, la Comisión solo propondrá un proyecto de decisión en los supuestos siguientes:

b)

problemas de numeración, incluidas las series de números, la conservación de los números e identificadores, los sistemas de traducción de direcciones y números, y el acceso a los servicios de emergencia a través del número único europeo de emergencia «112».

a)

el número de usuarios afectados por el incidente de seguridad;

b)

la duración del incidente de seguridad;

c)

el área geográfica afectada por el incidente de seguridad;

d)

la medida en que se ha visto afectado el funcionamiento de la red o del servicio;

e)

el alcance del impacto sobre las actividades económicas y sociales.

a)

faciliten la información necesaria para evaluar la seguridad de sus redes y servicios, incluidos los documentos sobre las políticas de seguridad, y

b)

se sometan a una auditoría de seguridad realizada por un organismo independiente o por una autoridad competente y pongan el resultado de la auditoría a disposición de la autoridad competente. El coste de la auditoría correrá a cargo del proveedor.

a)

el establecimiento de precios de reserva como tasas mínimas de derechos de uso del espectro radioeléctrico teniendo en cuenta el valor de los derechos en sus posibles usos alternativos;

b)

teniendo en cuenta los costes que suponen las condiciones ligadas a los derechos, y

c)

aplicando en la mayor medida posible modalidades de pago vinculadas a la disponibilidad real de uso del espectro radioeléctrico.

—

de instalación de recursos en una propiedad pública o privada, o por encima o por debajo de las mismas, a favor de una empresa autorizada a suministrar redes públicas de comunicaciones electrónicas, o

—

de instalación de recursos en una propiedad pública, o por encima o por debajo de la misma, a favor de una empresa autorizada a suministrar redes de comunicaciones electrónicas no disponibles para el público,

a)

actúe según procedimientos sencillos, eficientes, transparentes y accesibles al público, aplicados sin discriminaciones y sin demora, y, en cualquier caso, adoptará su decisión en el plazo de seis meses tras presentarse la solicitud, salvo en caso de expropiación, y

b)

aplique los principios de transparencia y no discriminación al establecer condiciones para el ejercicio de dichos derechos.

a)

coordinar el procedimiento previsto en el presente artículo;

b)

actuar como punto de información único, o

c)

fijar normas para compartir los gastos que produzca el uso compartido de recursos o propiedades y la coordinación de las obras civiles.

a)

procurar la cobertura de banda ancha inalámbrica del territorio y la población en condiciones de alta calidad y velocidad, así como la cobertura de los grandes corredores de transporte nacionales y europeos, entre ellos la red transeuropea de transporte a que se refiere el Reglamento (UE) n.o 1315/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo (46);

b)

facilitar el rápido desarrollo en la Unión de nuevas tecnologías y aplicaciones inalámbricas al servicio de las comunicaciones, incluido, cuando sea oportuno, el enfoque intersectorial;

c)

garantizar la previsibilidad y coherencia en la concesión, renovación, modificación, restricción o supresión de los derechos de utilización del espectro radioeléctrico con miras a promover inversiones a largo plazo;

d)

procurar la prevención de las interferencias perjudiciales transfronterizas o nacionales, contempladas en los artículos 28 y 46, respectivamente, y adoptar a tal fin medidas apropiadas, tanto preventivas como correctoras;

e)

promover el uso compartido del espectro radioeléctrico entre usos similares o diferentes de conformidad con el Derecho de la competencia;

f)

aplicar, se acuerdo con el artículo 46, el sistema de autorización más apropiado y menos oneroso posible de forma que se maximice la flexibilidad, el uso compartido y el uso eficiente en el uso del espectro radioeléctrico;

g)

aplicar normas para la concesión, cesión, renovación, modificación y supresión de derechos de uso del espectro radioeléctrico que estén definidas de forma clara y transparente de forma que se asegure la certidumbre, coherencia y previsibilidad;

h)

procurar la coherencia y previsibilidad en toda la Unión respecto a la forma de autorización del uso del espectro radioeléctrico de manera que se proteja la salud de la población teniendo en cuenta la Recomendación 1999/519/CE.

a)

el descubrimiento de la falta de demanda de uso de tal banda en el mercado se base en una consulta pública de conformidad con lo dispuesto en el artículo 23, incluida una evaluación prospectiva de la demanda en el mercado;

b)

el citado uso alternativo no impida o entorpezca la disponibilidad del uso de la banda armonizada en otros Estados miembros, y

c)

el Estado miembro considerado tenga debidamente en cuenta la disponibilidad o el uso a largo plazo de la banda armonizada en la Unión, así como las economías de escala para los equipos que resultan del uso del espectro radioeléctrico armonizado en la Unión.

a)

evitar interferencias perjudiciales;

b)

proteger la salud pública frente a los campos electromagnéticos, teniendo en cuenta en la mayor medida posible la Recomendación 1999/519/CE;

c)

asegurar la calidad técnica del servicio;

d)

garantizar un uso compartido máximo del espectro radioeléctrico;

e)

garantizar un uso eficiente del espectro radioeléctrico, o

f)

garantizar el logro de un objetivo de interés general de conformidad con lo dispuesto en el apartado 5.

a)

la seguridad de la vida;

b)

la promoción de la cohesión social, regional o territorial;

c)

la evitación del uso ineficiente del espectro radioeléctrico, o

d)

la promoción de la diversidad cultural y lingüística y del pluralismo de los medios de comunicación, por ejemplo la prestación de servicios de radiodifusión y televisión.

a)

las características específicas del espectro radioeléctrico de que se trate;

b)

la necesidad de protección contra interferencias perjudiciales;

c)

la creación de condiciones fiables para el uso compartido del espectro radiológico, en su caso;

d)

la necesidad de garantizar la calidad técnica de las comunicaciones o del servicio;

e)

objetivos de interés general, establecidos por los Estados miembros de conformidad con la normativa de la Unión;

f)

la necesidad de garantizar un uso eficiente del espectro radioeléctrico.

a)

compartir infraestructuras pasivas o activas dependientes del espectro radioeléctrico, o compartir el espectro radioeléctrico;

b)

celebrar acuerdos comerciales de acceso por itinerancia;

c)

desplegar conjuntamente infraestructuras para el suministro de redes o servicios que dependen del uso del espectro radioeléctrico.

a)

la necesidad de garantizar el uso eficaz y eficiente del espectro radioeléctrico de que se trate, los objetivos a los que se refiere el artículo 45, apartado 2, letras a) y b), o los objetivos de interés general de protección de la seguridad de la vida humana, el orden público, la seguridad pública o la defensa, y

b)

la necesidad de garantizar una competencia no falseada.

a)

en zonas geográficas limitadas en las que el acceso a redes de alta velocidad sea muy deficiente o inexistente y resulte necesario para garantizar la consecución de los objetivos establecidos en el artículo 45, apartado 2;

b)

para proyectos específicos a corto plazo;

c)

para uso experimental;

d)

para aquellos usos del espectro radioeléctrico que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 45, apartados 4 y 5, puedan coexistir con servicios de banda ancha inalámbrica, o

e)

para usos alternativos del espectro radioeléctrico, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 45, apartado 3.

a)

el cumplimiento de los objetivos establecidos en el artículo 3, el artículo 45, apartado 2, y el artículo 48, apartado 2, así como los objetivos estratégicos recogidos en el Derecho de la Unión o nacional;

b)

la puesta en marcha de una medida técnica de ejecución adoptada conforme a lo dispuesto en el artículo 4 de la Decisión n.o 676/2002/CE;

c)

la revisión de la correcta aplicación de las condiciones asociadas a los derechos considerados;

d)

la necesidad de promover la competencia y de evitar su falseamiento, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 52;

e)

el aumento de la eficiencia del espectro radioeléctrico a la luz de la evolución tecnológica o del mercado;

f)

la necesidad de evitar perturbaciones graves del servicio.

a)

darán a todas las partes interesadas la oportunidad de manifestar su punto de vista a través de un procedimiento público de consulta conforme con lo dispuesto en el artículo 23, y

b)

expondrán claramente las razones de la eventual renovación.

a)

aplicar a las transferencias y los arrendamientos el procedimiento menos oneroso posible;

b)

no denegar el arriendo de los derechos de uso del espectro radioeléctrico cuando el arrendador se comprometa a mantener las condiciones originales asociadas a los derechos de uso;

c)

no denegar la transferencia de los derechos de uso del espectro radioeléctrico a menos que exista un riesgo evidente de que el nuevo titular no pueda cumplir las condiciones originales de tales derechos.

a)

limitar la cantidad de bandas del espectro radioeléctrico correspondiente a los derechos de uso concedidos a las empresas o, en circunstancias que así lo justifiquen, imponer condiciones a la concesión de tales derechos, como podría ser el suministro de acceso al por mayor, o la itinerancia nacional o regional, en determinadas bandas o grupos de bandas con características similares;

b)

reservar, si resulta conveniente y justificado debido a una situación específica del mercado nacional, una parte de una banda del espectro radioeléctrico o grupo de bandas para su asignación a nuevos operadores en el mercado;

c)

denegar la concesión de nuevos derechos del uso del espectro radioeléctrico o la de nuevos usos de dicho espectro en determinadas bandas, o imponer condiciones a la concesión de nuevos derechos de uso del espectro radioeléctrico o a la autorización de nuevos usos de dicho espectro, con el fin de evitar un falseamiento de la competencia por efecto de asignaciones, transferencias o acumulaciones de derechos de uso;

d)

incluir condiciones que prohíban las transferencias de derechos de uso del espectro radioeléctrico no sujetos a la normativa de control de fusiones de la Unión o nacional, o impongan condiciones a las mismas, si tales transferencias pudieran ser perjudiciales para la competencia;

e)

modificar los derechos existentes de acuerdo con la presente Directiva si fuera necesario para poner remedio a posteriori a falseamientos de la competencia causados por la transferencia o acumulación de derechos de uso del espectro radioeléctrico.

a)

en la medida en que así lo justifique una restricción a su utilización basada en el objetivo de interés general establecido en el artículo 45, apartado 5, letras a) o d);

b)

en caso de problemas de coordinación transfronteriza no resueltos que provoquen interferencias perjudiciales con terceros países, siempre que el Estado miembro afectado haya solicitado la asistencia de la Unión de ser necesaria, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 28, apartado 5;

c)

en caso de salvaguardia de la seguridad y defensa nacionales, o

d)

en caso de fuerza mayor.

a)

problemas de coordinación transfronteriza no resueltos que provoquen interferencias perjudiciales entre Estados miembros, siempre que el Estado miembro afectado adopte todas las medidas necesarias en el momento oportuno con arreglo a lo dispuesto en el artículo 28, apartados 3 y 4;

b)

necesidad de garantizar la migración técnica de los usuarios de una banda, y de complejidad de hacerlo.

a)

reorganizar y permitir el uso de bloques en la banda de 3,4 — 3,8 GHz suficientemente grandes;

b)

permitir el uso de al menos 1 GHz en la banda de 24,25 — 27,5 GHz, siempre que exista una clara demanda de mercado y no haya limitaciones importantes para la migración de los usuarios existentes ni de limpieza de la banda.

a)

manifestar claramente los motivos por los que se limitan los derechos de uso, en particular teniendo debidamente en cuenta la necesidad de conseguir los máximos beneficios para los usuarios y facilitar el desarrollo de la competencia, y revisar la limitación, cuando proceda, a intervalos regulares o por una petición razonable de empresas afectadas;

b)

dar a todas las partes interesadas, incluidos los usuarios y los consumidores, la oportunidad de manifestar su punto de vista sobre cualquier limitación a través de una consulta pública de conformidad con lo dispuesto en el artículo 23.

a)

promover la cobertura;

b)

asegurar la calidad del servicio requerida;

c)

fomentar el uso eficiente del espectro radioeléctrico teniendo en cuenta, en particular, las condiciones asociadas a los derechos de uso y la cuantía de las tasas;

d)

promover la innovación y el desarrollo de las empresas.

a)

accedan a las RLAN que prefieran suministradas por terceros, o

b)

permitan el acceso recíproco o más en general a las redes de tales proveedores por parte de otros usuarios finales a través de redes de área local radioeléctricas, también si se trata de iniciativas de terceros que agregan y permiten el acceso público a las RLAN de diferentes usuarios finales.

a)

por organismos del sector público o en espacios públicos cercanos a locales ocupados por dichos organismos del sector público, cuando dicho suministro es accesorio respecto de los servicios públicos suministrados en dichos locales;

b)

por iniciativas de organizaciones no gubernamentales o de organismos del sector público que agregan y permiten el acceso recíproco o más en general el acceso a las RLAN diferentes usuarios finales, incluidas, cuando corresponda, las RLAN cuyo acceso al público se suministra como se indica en la letra a).

a)

en la medida en que sea necesario garantizar la posibilidad de conexión de extremo a extremo, obligaciones a aquellas empresas que estén sujetas a una autorización general y controlen el acceso a los usuarios finales, incluida, en casos justificados, la obligación de interconectar sus redes cuando no lo hayan hecho;

b)

en casos justificados y en la medida en que sea necesario, obligaciones a las empresas que estén sujetas a una autorización general y controlen el acceso a los usuarios finales para que sus servicios sean interoperables;

c)

en casos justificados, cuando la conectividad de extremo a extremo entre usuarios finales esté en peligro debido a una falta de interoperabilidad entre los servicios de comunicaciones interpersonales, y en la medida en que sea necesario para garantizar la conectividad de extremo a extremo entre usuarios finales, obligaciones a los proveedores de servicios de comunicaciones interpersonales independientes de la numeración para que sus servicios sean interoperables;

d)

en la medida en que sea necesario para garantizar el acceso de los usuarios finales a los servicios digitales de radiodifusión y televisión y los servicios complementarios conexos que determine el Estado miembro en cuestión, obligaciones a los operadores para que faciliten acceso a los demás recursos contemplados en el anexo II, parte II, en condiciones justas, razonables y no discriminatorias.

i)

en la medida necesaria para garantizar la interoperabilidad de los servicios de comunicaciones interpersonales, y podrán incluir, para los proveedores de dichos servicios, obligaciones proporcionadas de publicar y autorizar la utilización, modificación y redistribución de información pertinente por parte de las autoridades y de otros proveedores, o la obligación de utilizar o aplicar normas o especificaciones enumeradas en el artículo 39, apartado 1, o cualesquiera otras normas europeas o internacionales pertinentes,

ii)

cuando la Comisión, previa consulta al ORECE y teniendo especialmente en cuenta su dictamen, haya encontrado una amenaza considerable para la conectividad de extremo a extremo entre los usuarios finales en el conjunto de la Unión o en al menos tres Estados miembros y haya adoptado medidas de ejecución para especificar la naturaleza y el alcance de cualesquiera obligaciones que puedan imponerse.

a)

el proveedor presenta las características enumeradas en el artículo 80, apartado 1, y pone a disposición de cualquier empresa unos medios de acceso a los usuarios finales alternativos, viables y similares en condiciones justas, no discriminatorias y razonables a una red de muy alta capacidad. Las autoridades nacionales de reglamentación podrán hacer extensiva esta exención a otros proveedores que ofrezcan, en condiciones justas, no discriminatorias y razonables, acceso a una red de muy alta capacidad, o

b)

la imposición de obligaciones pondría en peligro la viabilidad económica o financiera de un nuevo despliegue de redes, en particular mediante proyectos locales de menor dimensión.

a)

el primer punto de concentración o distribución;

b)

el punto, más allá del primer punto de concentración o distribución, que puede acoger un número de conexiones de usuarios finales suficiente como para que una empresa eficiente pueda superar las importantes barreras a la repetibilidad detectadas;

c)

qué despliegues de red pueden considerarse nuevos;

d)

qué proyectos pueden considerarse pequeños, y

e)

qué barreras económicas o físicas a la reproducción son importantes y no transitorias.

a)

la necesidad de maximizar la conectividad en toda la Unión a lo largo de los principales corredores de transporte y en áreas territoriales particulares, así como la posibilidad de aumentar considerablemente las posibilidades de elección y una mejor calidad de servicio para los usuarios finales;

b)

el uso eficiente del espectro radioeléctrico;

c)

la viabilidad técnica de la compartición y las condiciones conexas;

d)

el estado de la competencia basada en las infraestructuras así como el de la competencia basada en los servicios;

e)

la innovación tecnológica;

f)

la necesidad imperativa de incentivar al operador anfitrión para desplegar la infraestructura en el primer lugar.

a)

dicha modificación o supresión no incida negativamente en el acceso de los usuarios finales a las emisiones radiofónicas y televisivas y a las cadenas y servicios de radiodifusión especificados de conformidad con lo dispuesto en el artículo 114, y

b)

dicha modificación o supresión no incida negativamente en las perspectivas de competencia efectiva en los siguientes mercados:

a)

la presencia de barreras de entrada, importantes y no transitorias, de tipo estructural, jurídico o reglamentario;

b)

la existencia de una estructura del mercado que no tiende hacia una competencia efectiva dentro del horizonte temporal pertinente, teniendo en cuenta el grado de competencia basada en la infraestructura y de otras fuentes de competencia detrás de las barreras de entrada;

c)

el hecho de que la legislación en materia de competencia por sí sola resulte insuficiente para abordar adecuadamente las deficiencias del mercado detectadas.

a)

la evolución del mercado que afecte a la probabilidad de que el mercado pertinente tienda hacia la competencia efectiva;

b)

todas las restricciones competitivas pertinentes, a nivel mayorista y minorista, con independencia de que las causas de dichas restricciones se consideren redes de comunicaciones electrónicas, servicios de comunicaciones electrónicas u otros tipos de servicios o aplicaciones que sean comparables desde la perspectiva del usuario final, y con independencia de que dichas restricciones formen parte del mercado pertinente;

c)

otros tipos de reglamentación o medidas impuestas que afecten al mercado pertinente o al mercado o mercados minoristas conexos durante el período pertinente, incluidas, sin limitación, las obligaciones impuestas de conformidad con los artículos 44, 60 y 61, y

d)

la regulación impuesta a otros mercados pertinentes sobre la base del presente artículo.

a)

en un plazo de cinco años contado desde la adopción de una medida anterior cuando la autoridad nacional de reglamentación haya definido el mercado pertinente y determinado qué empresas tienen un peso significativo en el mercado. De modo excepcional, este plazo de cinco años podrá ampliarse a un máximo de un año cuando las autoridades nacionales de reglamentación hayan notificado una propuesta de ampliación razonada a la Comisión, a más tardar cuatro meses antes de que expire el período de cinco años, y esta no haya hecho ninguna objeción en el plazo de un mes respecto de la ampliación notificada;

b)

en el plazo de tres años desde la adopción de una recomendación revisada sobre mercados pertinentes, para los mercados no notificados previamente a la Comisión, o

c)

en el plazo de tres años desde su adhesión, para los Estados miembros que se hayan adherido recientemente a la Unión.

a)

los artículos 61 y 62;

b)

los artículos 44 y 17 de la presente Directiva, la condición 7 de la parte D del anexo I aplicada en virtud del artículo 13, apartado 1, de la presente Directiva, los artículos 97 y 106 de la presente Directiva y las disposiciones correspondientes de la Directiva 2002/58/CE, que contengan obligaciones aplicables a las empresas que no tengan un peso significativo en el mercado, o

c)

la necesidad de respetar compromisos internacionales.

a)

basarse en la índole del problema detectado por una autoridad nacional de reglamentación en su análisis de mercado, en su caso, teniendo en cuenta la determinación de la demanda transnacional con arreglo a lo dispuesto en el artículo 66;

b)

ser proporcionales, teniendo en cuenta, cuando sea posible, los costes y beneficios;

c)

justificarse a la luz de los objetivos enumerados en el artículo 3, y

d)

imponerse previa consulta, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 23 y 32.

a)

permitan a terceros el acceso a elementos físicos específicos de la red y de los recursos asociados, según proceda, incluido el acceso desagregado al bucle y al subbucle locales, y autorizar la utilización de los mismos;

b)

concedan a terceros un acceso a elementos y servicios de redes específicos activos o virtuales;

c)

negocien de buena fe con las empresas que soliciten el acceso;

d)

no revoquen una autorización de acceso a recursos previamente concedida;

e)

presten servicios específicos en régimen de venta al por mayor para su reventa por terceros;

f)

concedan libre acceso a interfaces técnicas, protocolos u otras tecnologías clave que sean indispensables para la interoperabilidad de los servicios o de servicios de redes virtuales;

g)

faciliten la coubicación u otras modalidades de uso compartido de recursos asociados;

h)

presten servicios específicos necesarios para garantizar la interoperabilidad de servicios de extremo a extremo ofrecidos a los usuarios o la itinerancia en redes móviles;

i)

proporcionen acceso a sistemas de apoyo operativos o a sistemas informáticos similares necesarios para garantizar condiciones equitativas de competencia en la prestación de servicios;

j)

interconecten redes o los recursos de estas;

k)

proporcionen acceso a servicios asociados tales como servicios de identidad, localización y presencia.

a)

la viabilidad técnica y económica de utilizar o instalar recursos que compitan entre sí, a la vista del ritmo de desarrollo del mercado, teniendo en cuenta la naturaleza y el tipo de interconexión o acceso de que se trate, incluida la viabilidad de otros productos de acceso previo, como el acceso a conductos;

b)

la evolución tecnológica previsible que afecte al diseño y a la gestión de la red;

c)

la necesidad de garantizar una neutralidad tecnológica que permita a las partes diseñar y gestionar sus propias redes;

d)

la viabilidad de proporcionar el acceso, en relación con la capacidad disponible;

e)

la inversión inicial del propietario de los recursos, sin olvidar las inversiones públicas realizadas ni los riesgos inherentes a las inversiones, con especial atención a las inversiones en redes de muy alta capacidad y a los niveles de riesgo asociados a las mismas;

f)

la necesidad de salvaguardar la competencia a largo plazo, prestando especial atención a la competencia económicamente eficiente basada en las infraestructuras y a unos modelos de negocio innovadores que apoyan la competencia sostenible, como los basados en inversiones conjuntas en redes;

g)

cuando proceda, los derechos pertinentes en materia de propiedad intelectual;

h)

el suministro de servicios paneuropeos.

a)

cumplirá los principios, criterios y parámetros que figuran en el anexo III;

b)

cuando establezca las tarifas de terminación de llamadas de voz a escala de la Unión por primera vez, tendrá en cuenta la media ponderada de los costes eficientes en redes fijas y móviles establecida de conformidad con los principios establecidos en el anexo III aplicadas en el conjunto de la Unión. Las tarifas de terminación de llamadas de voz a escala de la Unión fijadas en el primer acto delegado no serán superiores a las tarifas superiores en vigor, seis meses antes de la adopción de dicho acto delegado en todos los Estado miembros, una vez hechas las necesarias adaptaciones a circunstancias nacionales excepcionales;

c)

tendrá en cuenta el número total de usuarios finales en cada Estado miembro, a fin de garantizar una ponderación adecuada de las tarifas máximas de terminación, así como las circunstancias nacionales que den lugar a importantes diferencias entre los Estados miembros al determinar las tarifas máximas de terminación en la Unión;

d)

tendrá en cuenta la información del mercado facilitada por el ORECE, por las autoridades nacionales de reglamentación o, directamente, por las empresas proveedoras de redes y servicios de comunicaciones electrónicas, y

e)

considerará la necesidad de establecer un período transitorio no superior a doce meses para permitir adaptaciones en los Estados miembros en los que resulte necesario sobre la base de tarifas impuestas previamente.

a)

se encuentra abierta a cualquier proveedor de redes o servicios de comunicaciones electrónicas en cualquier momento de la vida útil de la red;

b)

permite a otros coinversores que sean proveedores de redes y servicios de comunicaciones electrónicas competir de forma efectiva y prolongada en los mercados descendentes en los que ejerce su actividad la empresa que ha sido designada como poseedora de peso significativo en el mercado, en condiciones que incluyan:

c)

la empresa la hace pública con la suficiente antelación y, si la empresa no posee las características enumeradas el artículo 80, apartado 1, al menos seis meses antes del inicio del despliegue de la nueva red. Este período puede prorrogarse en función de circunstancias nacionales;

d)

los solicitantes de acceso que no participen en la coinversión pueden beneficiarse desde el principio de la misma calidad y velocidad, de las mismas condiciones y de la misma penetración entre los usuarios finales disponible antes del despliegue, acompañados de un mecanismo de adaptación a lo largo del tiempo confirmado por la autoridad nacional de reglamentación que se ajuste a las novedades que se produzcan en los mercados minoristas relacionados y que mantenga los incentivos para participar en la coinversión; el citado mecanismo velará por que los solicitantes de acceso puedan acceder a los elementos de muy alta capacidad de la red en un momento y sobre la base de condiciones transparentes y no discriminatorias que reflejen adecuadamente los niveles de riesgo asumidos por los correspondientes coinversores en las distintas etapas del despliegue y tengan en cuenta la situación de la competitividad en los mercados minoristas;

e)

satisface como mínimo los criterios establecidos en el anexo IV y se hace de buena fe.

a)

pruebas que justifiquen las conclusiones a las que ha llegado la autoridad nacional de reglamentación a que se refiere el apartado 1;

b)

pruebas de que hay pocas posibilidades, o ninguna, de competencia basada en la infraestructura en un plazo razonable;

c)

un análisis del impacto previsto sobre la autoridad nacional de reglamentación, sobre la empresa, particularmente en lo que se refiere a los trabajadores de la empresa separada y al sector de las comunicaciones electrónicas en su conjunto, sobre los incentivos para invertir en este sector, en especial por lo que respecta a la necesidad de garantizar la cohesión social y territorial, así como sobre otras partes interesadas, incluido en particular el impacto previsto sobre la competencia en infraestructuras y cualquier efecto potencial consiguiente sobre los consumidores;

d)

un análisis de las razones que justifiquen que esta obligación es el medio más eficiente para aplicar soluciones a los problemas de competencia o fallos del mercado que se hayan identificado.

a)

la naturaleza y el grado precisos de la separación, especificando en particular el estatuto jurídico de la entidad empresarial separada;

b)

una identificación de los activos de la entidad empresarial separada y de los productos o servicios que debe suministrar esta entidad;

c)

los mecanismos de gobernanza para garantizar la independencia del personal empleado por la entidad empresarial separada y la estructura de incentivos correspondiente;

d)

las normas para garantizar el cumplimiento de las obligaciones;

e)

las normas para garantizar la transparencia de los procedimientos operativos, en particular de cara a otras partes interesadas;

f)

un programa de seguimiento para garantizar el cumplimiento, incluida la publicación de un informe anual.

a)

los acuerdos de cooperación que sean pertinentes a efectos de la evaluación de la adecuación y proporcionalidad de las obligaciones en virtud del artículo 68;

b)

la coinversión en redes de muy alta capacidad en virtud del artículo 76, o

c)

el acceso efectivo y no discriminatorio de terceros en virtud del artículo 78, tanto durante el período de ejecución de una separación voluntaria por parte de una empresa integrada verticalmente como después de llevarse a cabo la separación propuesta.

a)

las características que acrediten el carácter justo y razonable de los compromisos ofrecidos;

b)

su apertura a todos los participantes del mercado;

c)

la disponibilidad oportuna del acceso en condiciones justas, razonables y no discriminatorias, incluido el acceso a redes de muy alta capacidad, antes de que se pongan a la venta los servicios minoristas relacionados, y

d)

la idoneidad general de los compromisos ofrecidos para permitir una competencia prolongada en los mercados descendentes y facilitar la cooperación en el despliegue y la adopción de redes de muy alta capacidad en interés de los usuarios finales.

a)

todas las sociedades y unidades empresariales de la empresa, todas las sociedades que están controladas pero no pertenecen necesariamente por completo a los mismos propietarios y cualquier accionista que pueda ejercer un control sobre la empresa, solamente tienen actividades, actuales y previstas para el futuro, en los mercados al por mayor de servicios de comunicaciones electrónicas y, por lo tanto, no tienen ninguna actividad en el mercado al por menor de servicios de comunicaciones electrónicas suministrados a los usuarios finales en la Unión;

b)

la empresa no está obligada a negociar con una empresa única e independiente que opere en fases posteriores, que sea activa en un mercado al por menor de servicios de comunicaciones electrónicas prestados a usuarios finales, a causa de un acuerdo exclusivo o un acuerdo que de hecho equivalga a un acuerdo exclusivo.

a)

ha establecido las condiciones adecuadas para la migración, incluida la puesta a disposición de un producto de acceso alternativo de una calidad al menos comparable tal como era posible utilizando la infraestructura heredada que permita al solicitante de acceso llegar a los mismos usuarios finales, y

b)

ha cumplido las condiciones y procedimientos notificados a la autoridad nacional de reglamentación de conformidad con el presente artículo.

a)

como resultado de un análisis de mercado realizado de conformidad con el artículo 67, una autoridad nacional de reglamentación determine que un mercado minorista dado identificado con arreglo al artículo 64 no es realmente competitivo, y

b)

la autoridad nacional de reglamentación concluya que las obligaciones impuestas en los artículos 69 a 74 no van a conllevar el logro de los objetivos establecidos en el artículo 3.

a)

calcularán el coste neto de la obligación de servicio universal, teniendo en cuenta los beneficios de mercado, si los hubiere, que revierten en favor de un proveedor de servicio de acceso adecuado a internet de banda ancha, de finido de conformidad con el artículo 84, apartado 3, y de servicios de comunicaciones vocales, según lo establecido en los artículos, 84, 85 y 86, o la continuación del servicio universal existente, según lo establecido en el artículo 87, de conformidad con el anexo VII, o

b)

harán uso de los costes netos de la prestación de servicio universal establecidos por un mecanismo de designación con arreglo al artículo 86, apartado 4.

a)

introducir un mecanismo de compensación, con cargo a los fondos públicos y en condiciones de transparencia, a favor de dicho proveedor por los costes netos que se determine;

b)

repartir el coste neto de las obligaciones de servicio universal entre los proveedores de servicios y redes de comunicaciones electrónicas.

a)

tener acceso y recurrir a los servicios utilizando números no geográficos en la Unión, y

b)

tener acceso, con independencia de la tecnología y los dispositivos utilizados por el operador, a todos los números proporcionados en la Unión, incluidos los de los planes nacionales de numeración de los Estados miembros y los Números Universales Internacionales de Llamada Gratuita (UIFN).

a)

el nombre, la dirección y la información de contacto del proveedor y, si fuera diferente, la información de contacto para las reclamaciones;

b)

las características principales de cada servicio prestado;

c)

los precios respectivos por activar el servicio de comunicaciones electrónicas y por cualquier gasto recurrente o relacionado con el consumo, si el servicio se presta mediante un pago directo;

d)

la duración del contrato y las condiciones para su renovación y resolución;

e)

en qué medida los productos y servicios están diseñados para usuarios finales con discapacidad;

f)

con respecto a los servicios de acceso a internet, un resumen de la información exigida de conformidad con el artículo 4, apartado 1, letras d) y e) del Reglamento (UE) 2015/2120.

a)

precios y tarifas de servicios proporcionados a cambio de pagos recurrentes o directos basados en el consumo, y

b)

la calidad de prestación del servicio cuando se ofrezca una calidad mínima de servicio o cuando la empresa esté obligada a publicar esa información de conformidad con el artículo 104.

a)

será funcionalmente independiente de los proveedores de esos servicios, garantizando así que los proveedores de servicios reciben un trato equitativo en los resultados de las búsquedas;

b)

indicará claramente los propietarios y operadores de la herramienta de comparación;

c)

establecerá criterios claros y objetivos en los que deberá basarse la comparación;

d)

utilizará un lenguaje sencillo e inequívoco;

e)

proporcionará información precisa y actualizada e indicará el momento de la actualización más reciente;

f)

estará abierta a cualquier proveedor de servicios de acceso a internet o de servicios de comunicaciones interpersonales disponibles al público de manera que pueda utilizar la información relevante e incluirá una amplia gama de ofertas que abarquen una parte significativa del mercado y, cuando la información presentada no proporcione una visión completa del mercado, una declaración clara a tal efecto antes de mostrar los resultados;

g)

ofrecerá un procedimiento eficaz de notificación de errores en la información;

h)

incluirá la posibilidad de comparar precios, tarifas y la calidad de prestación del servicio entre las ofertas disponibles para los consumidores y, si así lo requieren los Estados miembros, entre dichas ofertas y las ofertas tipo disponibles para otros usuarios finales.

a)

los usos más comunes de los servicios de acceso a internet y de los servicios de comunicaciones interpersonales disponibles al público basados en numeración para desarrollar actividades ilícitas o para difundir contenidos nocivos, en particular cuando ello puede atentar contra los derechos y libertades de terceros, incluyendo las infracciones de los derechos de protección de datos, los derechos de autor y derechos afines, así como sus consecuencias jurídicas, y

b)

los medios de protección contra los riesgos para la seguridad personal, la privacidad y los datos de carácter personal cuando utilicen los servicios de acceso a internet y los servicios de comunicaciones interpersonales disponibles al público basados en numeración.

a)

puedan tener un acceso a los servicios de comunicaciones electrónicas, incluida la información contractual correspondiente de conformidad con el artículo 102, equivalente a aquel del que disfrutan la mayoría de los usuarios finales, y

b)

se beneficien de la posibilidad de elección de empresas y servicios disponible para la mayoría de los usuarios finales.

a)

hasta qué punto los usuarios finales de todos los servicios de comunicaciones electrónicas pueden elegir con conocimiento de causa, en particular sobre la base de información contractual completa, y cambiar fácilmente de proveedor de servicios de comunicaciones electrónicas;

b)

hasta qué punto la falta de las posibilidades a que se refiere la letra a) ha provocado distorsiones del mercado o perjuicios a los usuarios finales;

c)

hasta qué punto se ve sensiblemente amenazado el acceso efectivo a los servicios de emergencia, en concreto debido al aumento en el uso de servicios de comunicaciones interpersonales independientes de la numeración, a raíz de una falta de interoperabilidad o desarrollos tecnológicos;

d)

el coste previsible de cualquier ajuste potencial de las obligaciones que figuran en la parte III, título III, o el impacto en lo que respecta a la innovación para los proveedores de servicios de comunicaciones electrónicas.

1.

Cargas administrativas de conformidad con el artículo 16.

2.

Protección de los datos personales y de la intimidad específica del sector de las comunicaciones con arreglo a la Directiva 2002/58/CE.

3.

Información que debe facilitarse con arreglo a un procedimiento de notificación de conformidad con el artículo 12 y para otros fines con arreglo al artículo 21.

4.

Permiso de interceptación legal por las autoridades nacionales competentes conforme al Reglamento (UE) 2016/679 y a la Directiva 2002/58/CE.

5.

Condiciones de uso para las comunicaciones de los poderes públicos al público en general para advertirle de amenazas inminentes y para atenuar las consecuencias de grandes catástrofes.

6.

Condiciones de uso con motivo de catástrofes importantes o de emergencias nacionales para garantizar las comunicaciones entre los servicios de emergencia y las autoridades.

7.

Obligaciones de acceso distintas de las previstas en el artículo 13 impuestas a las empresas proveedoras de redes y servicios de comunicaciones electrónicas.

8.

Medidas ideadas para garantizar el cumplimiento de las normas o especificaciones a que se refiere el artículo 39.

9.

Obligaciones de transparencia impuestas a los proveedores de redes de comunicaciones electrónicas públicas que presten servicios de comunicaciones electrónicas disponibles para el público para garantizar la conectividad de extremo a extremo, con arreglo a los objetivos y principios establecidos en el artículo 3 y, cuando sea necesario y de forma proporcionada, el acceso por parte de las autoridades competentes a la información necesaria para comprobar la exactitud de dicha comunicación.

1.

Interconexión de las redes de conformidad con la presente Directiva.

2.

Obligaciones de transmisión con arreglo a la presente Directiva.

3.