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(1)

El presente Reglamento sienta la base legislativa necesaria para una gobernanza fiable, inclusiva, eficiente en costes, transparente y predecible de la Unión de la Energía y de la Acción por el Clima (en lo sucesivo, «mecanismo de gobernanza») que asegure el logro de los objetivos generales y objetivos específicos de la Unión de la Energía para 2030 y a largo plazo, en consonancia con el Acuerdo de París de 2015 sobre el cambio climático a raíz de la 21.a Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (en lo sucesivo, «Acuerdo de París»), mediante esfuerzos complementarios, coherentes y ambiciosos por parte de la Unión y de sus Estados miembros, limitando al mismo tiempo la complejidad administrativa.

(2)

La Unión de la Energía debe abarcar cinco dimensiones: seguridad energética; mercado interior de la energía; eficiencia energética; descarbonización; e investigación, innovación y competitividad.

(3)

El objetivo de una Unión de la Energía resiliente centrada en una política climática ambiciosa es ofrecer a los consumidores de la Unión, incluidos los hogares y las empresas, un abastecimiento de energía seguro, sostenible, competitivo y asequible, y fomentar la investigación y la innovación a través de la atracción de la inversión, lo que exige una transformación fundamental del sistema energético de Europa. Dicha transformación también está estrechamente relacionada con la necesidad de mantener, proteger y mejorar la calidad del medio ambiente y de promover una utilización prudente y racional de los recursos naturales, en particular a través del fomento de la eficiencia energética y del ahorro de energía, así como del desarrollo de formas de energía nuevas y renovables. Ese objetivo solamente puede lograrse a través de una acción coordinada que combine actos legislativos y no legislativos a los niveles de la Unión, nacional, regional y local.

(4)

Una Unión de la Energía totalmente funcional y resiliente haría de la Unión la región líder en materia de innovación, inversión, crecimiento y desarrollo social y económico, lo que a su vez sería un buen ejemplo de que perseguir ambiciones elevadas en términos de mitigación del cambio climático está interrelacionado con la adopción de medidas para fomentar la innovación, la inversión y el crecimiento.

(5)

De forma paralela al presente Reglamento, la Comisión ha elaborado y adoptado una serie de iniciativas de política energética sectorial, en particular en lo que se refiere a las energías renovables, la eficiencia energética, incluida la eficiencia energética de los edificios y la configuración del mercado. Esas iniciativas forman un paquete dentro del tema general de la prioridad de la eficiencia energética, el liderazgo mundial de la Unión en energías renovables y un trato justo para los consumidores de energía, también mediante la lucha contra la pobreza energética y el fomento de la competencia leal en el mercado interior.

(6)

En sus conclusiones de los días 23 y 24 de octubre de 2014, el Consejo Europeo aprobó un Marco de actuación de la Unión en materia de clima y energía hasta el año 2030 sobre la base de cuatro objetivos clave a nivel de la Unión: una reducción del 40 % como mínimo de las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) en el conjunto de la economía, un objetivo indicativo de aumento de la eficiencia energética de al menos un 27 %, que se debe revisar en 2020 con vistas a aumentar el nivel al 30 %, una cuota de energía renovable en el consumo de energía de la Unión de al menos un 27 % y un objetivo de al menos un 15 % para las interconexiones eléctricas. El Consejo especificó que el objetivo para las energías renovables es vinculante a nivel de la Unión y que se debe cumplir mediante las contribuciones de los Estados miembros, guiadas por la necesidad de lograr colectivamente el objetivo de la Unión. Una refundición de la Directiva 2009/28/CE del Parlamento Europeo y del Consejo (4) ha introducido un objetivo nuevo y vinculante para la Unión en materia de energías renovables para 2030 de, al menos, el 32 %, incluida una disposición para una revisión con vistas a aumentar el objetivo a nivel de la Unión en 2023.Las modificaciones de la Directiva 2012/27/UE del Parlamento Europeo y del Consejo (5) han establecido un objetivo a nivel de la Unión de aumento de la eficiencia energética de, al menos, el 32,5 % para 2030, incluida una disposición para una revisión con vistas a aumentar los objetivos a nivel de la Unión.

(7)

El objetivo vinculante de una reducción interna del 40 %, como mínimo, de las emisiones de GEI en el conjunto de la economía de aquí a 2030 en comparación con 1990 fue aprobado formalmente, en calidad de contribución prevista y determinada a nivel nacional de la Unión y sus Estados miembros al Acuerdo de París, en la sesión del Consejo de Medio Ambiente de 6 de marzo de 2015. El Acuerdo de París fue ratificado por la Unión el 5 de octubre de 2016 (6) y entró en vigor el 4 de noviembre de 2016. Este Acuerdo sustituye al enfoque contenido en el Protocolo de Kioto de 1997, que fue aprobado por la Unión mediante la Decisión 2002/358/CE del Consejo (7) y que no debe seguir vigente después de 2020. El sistema de seguimiento y notificación de las emisiones y absorciones de la Unión debe actualizarse en consecuencia.

(8)

El Acuerdo de París elevó el nivel de ambición mundial en materia de mitigación del cambio climático y estableció una meta a largo plazo en consonancia con el objetivo de mantener el aumento de la temperatura media mundial muy por debajo de los 2 °C con respecto a los niveles preindustriales y de proseguir los esfuerzos para limitar el aumento de la temperatura a 1,5 °C por encima de esos niveles.

(9)

Para cumplir los objetivos establecidos en el Acuerdo de París en materia de temperatura, la Unión debe procurar alcanzar un equilibrio entre las emisiones antropógenas de GEI por las fuentes y la absorción por los sumideros tan pronto como sea posible para conseguir después, en su caso, emisiones negativas.

(10)

Para el sistema climático es el total acumulado de emisiones antropógenas a lo largo del tiempo lo que es pertinente para la concentración total de GEI en la atmósfera. La Comisión debe analizar diversas hipótesis para la contribución de la Unión a los objetivos a largo plazo, entre ellas la hipótesis de lograr emisiones netas cero de GEI en la Unión para 2050, y emisiones negativas después de esa fecha, así como las repercusiones de esas hipótesis en el presupuesto de carbono mundial y de la Unión restante. La Comisión debe preparar un análisis a los efectos de una estrategia a largo plazo de la Unión sobre la contribución de la Unión a los compromisos adquiridos en el Acuerdo de París tendentes a contener el aumento de la temperatura media del planeta muy por debajo de 2 °C en relación con los niveles preindustriales y a continuar la acción emprendida para limitar el aumento de la temperatura 1,5 °C en relación con los niveles preindustriales, incluidas diversas hipótesis, entre otras la realización del objetivo de lograr emisiones netas cero de GEI en la Unión para 2050, y emisiones negativas después de esa fecha, así como sus repercusiones en el presupuesto de carbono mundial y de la Unión restante.

(11)

Aunque la Unión se ha comprometido a realizar reducciones ambiciosas en las emisiones de GEI para 2030, la amenaza del cambio climático es un problema de orden mundial. En consecuencia, la Unión y sus Estados miembros deben colaborar con sus socios internacionales para garantizar que todas las partes mantengan un elevado nivel de ambición, en consonancia con los objetivos a largo plazo del Acuerdo de París.

(12)

En sus conclusiones de los días 23 y 24 de octubre de 2014, el Consejo Europeo decidió asimismo que conviene desarrollar un mecanismo de gobernanza fiable y transparente sin cargas administrativas innecesarias y con flexibilidad suficiente para los Estados miembros, a fin de contribuir a garantizar que la UE alcance sus objetivos de política energética, dentro del pleno respeto por la facultad discrecional de los Estados miembros para determinar su combinación energética. Las conclusiones hacían hincapié en que dicho mecanismo de gobernanza debe basarse en los pilares existentes, como los programas nacionales de lucha contra el cambio climático, los planes nacionales sobre energías renovables y la eficiencia energética, así como en la necesidad de racionalizar y agrupar los elementos referentes a la planificación y a la notificación. Convino asimismo en potenciar la función y los derechos de los consumidores, la transparencia y la previsibilidad para los inversores, entre otras cosas a través de la supervisión sistemática de los indicadores clave para un sistema energético asequible, seguro, competitivo y sostenible, y en facilitar la coordinación de las políticas nacionales en materia de clima y energía y fomentar la cooperación regional entre los Estados miembros.

(13)

En su comunicación, de 25 de febrero de 2015, titulada «Estrategia Marco para una Unión de la Energía resiliente con una política climática prospectiva», la Comisión menciona la necesidad de un mecanismo de gobernanza integrada que garantice que todas las actuaciones en materia de energía a los niveles de la Unión, nacional, regional y local contribuyan todas a alcanzar los objetivos de la Unión de la Energía, ampliando de esta manera el ámbito de la gobernanza, más allá del Marco de actuación en materia de clima y energía hasta el año 2030, a las cinco dimensiones de la Unión de la Energía.

(14)

En su comunicación sobre el Estado de la Unión de la Energía de 18 de noviembre de 2015, la Comisión especificó asimismo que los planes nacionales integrados de energía y clima, que abordan las cinco dimensiones de la Unión de la Energía, son herramientas esenciales para una mayor planificación estratégica en los ámbitos de la energía y el clima. Como parte de dicha comunicación, las orientaciones de la Comisión a los Estados miembros sobre los planes nacionales integrados de energía y clima sentaron las bases para la elaboración por parte de los Estados miembros de sus planes nacionales para el período de 2021 a 2030 y establecieron los pilares principales del mecanismo de gobernanza. Por otra parte, la comunicación especificó que dicha gobernanza tenía que estar anclada en el Derecho.

(15)

En sus conclusiones de 26 de noviembre de 2015 sobre el sistema de gobernanza de la Unión de la Energía, el Consejo reconoció que la gobernanza de la Unión de la Energía debe ser una herramienta esencial para la construcción eficiente y eficaz de la Unión de la Energía y para la consecución de sus objetivos. El Consejo subrayó la importancia de basar el mecanismo de gobernanza en los principios de integración de la planificación estratégica y la notificación sobre la ejecución de las políticas de clima y energía y en la coordinación entre los actores responsables de dichas políticas a escala nacional, regional y de la Unión. Asimismo, subrayó que el mecanismo de gobernanza debe garantizar la consecución de los objetivos de energía y clima acordados para 2030, así como determinar el avance colectivo en el cumplimiento de los objetivos de las cinco dimensiones de la Unión de la Energía.

(16)

La resolución del Parlamento Europeo, de 15 de diciembre de 2015, titulada «Hacia una Unión Europea de la Energía» pedía que el mecanismo de gobernanza de la Unión de la Energía fuera ambicioso, fiable, transparente, democrático e integrase plenamente al Parlamento Europeo, y que garantizase que se alcancen los objetivos energéticos y climáticos para 2030.

(17)

El Consejo Europeo ha insistido reiteradamente en la necesidad de adoptar medidas urgentes para garantizar la consecución de un objetivo mínimo del 10 % de las interconexiones eléctricas. En sus conclusiones de los días 23 y 24 de octubre de 2014, el Consejo Europeo acordó que la Comisión, respaldada por los Estados miembros, debe tomar medidas urgentes a fin de garantizar el logro de un objetivo mínimo del 10 % de las interconexiones eléctricas, con carácter de urgencia y a más tardar en 2020, al menos para los Estados miembros que aún no hayan logrado un nivel mínimo de integración en el mercado interior de la energía. La comunicación de la Comisión, de 23 de noviembre de 2017, titulada «Reforzar las redes energéticas de Europa» evalúa los avances hacia la consecución del objetivo de interconexión del 10 % y propone vías para llevar a la práctica el objetivo de interconexión del 15 % para 2030.

(18)

Por consiguiente, el principal objetivo del mecanismo de gobernanza debe ser propiciar el logro de los objetivos generales de la Unión de la Energía y, en particular, de los objetivos específicos relativos al marco de actuación 2030 en materia de clima y energía, en el ámbito de la reducción de las emisiones de GEI, de energía procedente de fuentes renovables y de la eficiencia energética. Esos objetivos generales y específicos se derivan de la política de la Unión en materia de energía y de la necesidad de mantener, proteger y mejorar la calidad del medio ambiente y de promover una utilización prudente y racional de los recursos naturales, tal como se establece en los Tratados de la Unión Europea. Ninguno de esos objetivos, vinculados entre sí de modo indisociable, puede ser considerado secundario con respecto a los demás. El presente Reglamento está por tanto relacionado con el Derecho sectorial de la aplicación de los objetivos para 2030 en de energía y clima. Si bien los Estados miembros necesitan flexibilidad para elegir las políticas más idóneas para su combinación y preferencias energéticas, esa flexibilidad debe ser compatible con una mayor integración del mercado, una mayor competencia, la consecución de los objetivos climáticos y energéticos y la transición progresiva a una economía hipocarbónica sostenible.

(19)

Una transición socialmente aceptable y justa a una economía hipocarbónica sostenible debe exigir cambios de comportamiento en materia inversora, en lo que respecta tanto a la inversión pública como a la inversión privada, e incentivos en todo el espectro de políticas, teniendo en cuenta los ciudadanos y las regiones para los que la transición a una economía hipocarbónica pueda tener efectos negativos. La reducción de las emisiones de GEI exige impulsar la eficiencia y la innovación en la economía europea y, en particular, debe asimismo crear empleo sostenible, también en los sectores de alta tecnología, y desembocar en mejoras de la calidad del aire y de la salud pública.

(20)

Habida cuenta de los compromisos internacionales asumidos en el Acuerdo de París, los Estados miembros deben informar sobre las medidas adoptadas para suprimir gradualmente las subvenciones a la energía, y en particular a los combustibles fósiles. Para presentar esos informes, los Estados miembros pueden optar por basarse en las definiciones de subvenciones a los combustibles fósiles ya existentes y utilizadas a escala internacional.

(21)

Puesto que los GEI y los contaminantes del aire proceden en general de fuentes comunes, la política elaborada para reducir los GEI puede tener beneficios colaterales para la salud pública y la calidad del aire, especialmente en las zonas urbanas, que pueden compensar los costes a corto plazo de la mitigación de los GEI. Puesto que los datos comunicados de conformidad con la Directiva (UE) 2016/2284 del Parlamento Europeo y del Consejo (8) representan una información importante para la compilación del inventario de GEI y los planes nacionales, procede reconocer la importancia de la compilación y notificación de datos coherentes entre la Directiva (UE) 2016/2284 y el inventario de GEI.

(22)

La experiencia adquirida con la aplicación del Reglamento (UE) n.o 525/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo (9) indicó la necesidad de sinergias y coherencia con los procedimientos de notificación contemplados en otros instrumentos jurídicos, en particular en la Directiva 2003/87/CE del Parlamento Europeo y del Consejo (10), el Reglamento (CE) n.o 166/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo (11), el Reglamento (CE) n.o 1099/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo (12) y el Reglamento (CE) n.o 517/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo (13). La utilización de datos coherentes para la notificación de las emisiones de GEI es esencial para garantizar la calidad de la notificación de las emisiones.

(23)

De acuerdo con el firme compromiso de la Comisión de «legislar mejor», y en consonancia con una política que promueva la investigación, la innovación y la inversión, el mecanismo de gobernanza debe tener como consecuencia una reducción significativa de la carga administrativa y de la complejidad para los Estados miembros y las partes interesadas pertinentes, la Comisión y demás instituciones de la Unión, y también debe contribuir a asegurar la coherencia e idoneidad de las políticas y medidas de la Unión al nivel nacional y de la Unión en lo que se refiere a la transformación del sistema energético hacia una economía hipocarbónica sostenible.

(24)

El logro de los objetivos generales y de los objetivos específicos de la Unión de la Energía debe garantizarse mediante una combinación de iniciativas de la Unión y de políticas nacionales coherentes establecidas en planes nacionales integrados de energía y clima. El Derecho sectorial de la Unión en los campos de la energía y el clima establece requisitos de planificación que han sido herramientas útiles para impulsar el cambio al nivel nacional. Su introducción en diferentes momentos ha dado lugar a solapamientos y a una atención insuficiente a las sinergias e interacciones entre los distintos ámbitos de actuación, en detrimento de la eficiencia en costes. Procede por tanto racionalizar e integrar en la medida de lo posible los procedimientos específicos actuales de planificación, notificación y seguimiento en los campos del clima y de la energía.

(25)

Los planes nacionales integrados de energía y clima deben abarcar períodos decenales y ofrecer una visión global de la situación actual del sistema y las políticas energéticas. Dichos planes deben establecer objetivos nacionales para cada una de las cinco dimensiones de la Unión de la Energía y las políticas y medidas correspondientes para alcanzar esos objetivos y disponer de una base analítica. Los planes nacionales integrados de energía y clima para el primer período de 2021 a 2030 deben prestar especial atención a los objetivos para 2030 en materia de reducción de las emisiones de GEI, de energías renovables, de eficiencia energética y de interconexión eléctrica. Los Estados miembros deben procurar garantizar que los planes nacionales integrados de energía y clima sean coherentes con los objetivos de desarrollo sostenible de las Naciones Unidas y contribuyan a su consecución. En sus planes nacionales integrados de energía y clima, los Estados miembros pueden basarse en estrategias o planes nacionales existentes. En lo que respecta al primer proyecto de plan nacional integrado de energía y clima y al definitivo, se otorga un plazo diferente con respecto a los planes siguientes, a fin de proporcionar a los Estados miembros, tras la adopción del presente Reglamento, un tiempo de preparación adecuado para sus primeros planes. No obstante, se anima a los Estados miembros a presentar sus primeros proyectos de planes nacionales integrados de energía y clima tan pronto como sea posible en 2018, para que se puedan llevar a cabo los preparativos adecuados, en particular para el diálogo facilitador que se debe convocar en 2018 de conformidad con la Decisión 1/CP.21 de la Conferencia de las Partes en la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC).

(26)

En sus planes nacionales integrados de energía y clima, los Estados miembros deben evaluar el número de hogares en situación de pobreza energética, teniendo en cuenta los servicios energéticos domésticos necesarios para garantizar niveles de vida básicos en el contexto nacional pertinente, la política social vigente y otras políticas pertinentes, así como las orientaciones indicativas de la Comisión sobre los indicadores correspondientes, incluida la dispersión geográfica, basados en un enfoque común de la pobreza energética. En caso de que un Estado miembro constate la existencia de un número importante de hogares en situación de pobreza energética, debe incluir en su plan un objetivo nacional indicativo para reducir la pobreza energética.

(27)

Procede establecer un modelo obligatorio para los planes nacionales integrados de energía y clima a fin de asegurar que todos sean lo suficientemente exhaustivos y de facilitar su comparación y agregación, dejando al mismo tiempo la flexibilidad suficiente para que los Estados miembros establezcan los detalles de los planes nacionales que reflejen las preferencias y especificidades nacionales.

(28)

La aplicación de las políticas y medidas en los ámbitos de la energía y el clima tiene un impacto en el medio ambiente. Los Estados miembros deben por tanto garantizar que se ofrecen de forma temprana y eficaz oportunidades al público para participar y ser consultado sobre la elaboración de los planes nacionales integrados de energía y clima de conformidad, llegado el caso, con las disposiciones de la Directiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo y del Consejo (14) y con el Convenio de la Comisión Económica para Europa de las Naciones Unidas (CEPE) sobre el acceso a la información, la participación del público en la toma de decisiones y el acceso a la justicia en materia de medio ambiente, de 25 de junio de 1998 («el Convenio de Aarhus»). Los Estados miembros deben asimismo garantizar la participación de los interlocutores sociales en la elaboración de los planes nacionales integrados de energía y clima y procurar limitar la complejidad administrativa a la hora de cumplir sus obligaciones en materia de consulta pública.

(29)

A la hora de realizar consultas públicas, y en consonancia con el Convenio de Aarhus, los Estados miembros deben procurar garantizar una participación equitativa, que se informe al público mediante avisos públicos u otros medios apropiados, como los medios de comunicación electrónicos, que el público pueda acceder a todos los documentos pertinentes, y que se instauren modalidades prácticas en lo relativo a su participación.

(30)

Cada Estado miembro debe establecer un diálogo energético multinivel permanente que reúna a las autoridades locales, las organizaciones de la sociedad civil, la comunidad empresarial, los inversores y otras partes interesadas pertinentes para debatir sobre las diferentes opciones previstas para las políticas energéticas y climáticas. Los planes nacionales integrados de energía y clima de los Estados miembros, así como sus estrategias a largo plazo, deben poder debatirse en el marco de dicho diálogo. El diálogo puede desarrollarse a través de cualquier estructura nacional, como un sitio web, una plataforma de consulta pública u otra herramienta de comunicación interactiva.

(31)

La cooperación regional es clave para garantizar la consecución eficaz de los objetivos de la Unión de la Energía con eficiencia. La Comisión debe facilitar dicha cooperación entre los Estados miembros. Es conveniente que los Estados miembros tengan la oportunidad de formular observaciones sobre los planes nacionales integrados de energía y clima de los demás Estados miembros antes de su finalización a fin de evitar incoherencias y posibles repercusiones negativas en otros Estados miembros y de asegurar el cumplimiento colectivo de los objetivos comunes. La cooperación regional en la elaboración y finalización de los planes nacionales integrados de energía y clima, así como en su aplicación posterior, debe resultar esencial para mejorar la eficacia y la eficiencia de las medidas y para fomentar la integración del mercado y la seguridad energética.

(32)

En su cooperación en el marco del presente Reglamento, los Estados miembros deben tomar en consideración los foros existentes de cooperación regional, como el Plan de Interconexión del Mercado Báltico de la Energía (BEMIP), la Conectividad del Gas en Europa Central y Sudoriental (CESEC), el Mercado Regional de la Energía Centro Oeste (CWREM), la Iniciativa de Red Marítima de los Países de los Mares Septentrionales (NSCOGI), el Foro Pentalateral de la Energía, el Grupo Regional para las interconexiones del suroeste de Europa, y la Asociación Euromediterránea. Se alienta a los Estados miembros a prever una cooperación con los signatarios de la Comunidad de la Energía, con los terceros países que sean miembros del Espacio Económico Europeo y, en su caso, con otros terceros países pertinentes. Además, con vistas a fomentar la integración del mercado, unas políticas eficientes en costes, y una cooperación, asociaciones y consultas eficaces, la Comisión puede determinar otras oportunidades de cooperación regional que abarquen una o más de las cinco dimensiones de la Unión de la Energía de conformidad con el presente Reglamento, con una visión a largo plazo y en función de las condiciones de mercado actuales.

(33)

La Comisión puede entablar un diálogo con terceros países pertinentes con el fin de analizar la posibilidad de ampliar a tales países la aplicación de las disposiciones del presente Reglamento, y especialmente las relacionadas con la cooperación regional.

(34)

Los planes nacionales integrados de energía y clima deben ser estables a fin de garantizar la transparencia y la previsibilidad de las políticas y medidas nacionales y, por ende, la seguridad de la inversión. No obstante, los planes nacionales deben actualizarse una vez durante su período decenal de vigencia para dar a los Estados miembros la oportunidad de adaptarlos a cambios significativos de las circunstancias. En relación con los planes que abarquen el período de 2021 a 2030, los Estados miembros deben actualizarlos a más tardar el 30 de junio de 2024. Los objetivos generales, los objetivos específicos y las contribuciones solamente deben modificarse para reflejar una mayor ambición global, en particular en lo que se refiere a los objetivos para 2030 en materia de energía y clima. En las actualizaciones, los Estados miembros deben esforzarse para mitigar los impactos medioambientales negativos registrados en los informes integrados comunicados.

(35)

Las estrategias estables de reducción de emisiones de GEI a largo plazo son clave para contribuir a la transformación económica, el empleo, el crecimiento y el logro de objetivos más amplios de desarrollo sostenible, así como para avanzar de forma justa y eficiente hacia el objetivo a largo plazo establecido por el Acuerdo de París. Además, se invita a las Partes en dicho Acuerdo a comunicar, a más tardar en 2020, sus estrategias de reducción de las emisiones de GEI a largo plazo para mediados de siglo. En ese contexto, el 22 de marzo de 2018 el Consejo Europeo pidió a la Comisión que presentara, en el primer trimestre de 2019 a más tardar, una propuesta de estrategia para la reducción de las emisiones de GEI de la Unión a largo plazo de conformidad con el Acuerdo de París, teniendo en cuenta los planes nacionales integrados de energía y clima.

(36)

Los Estados miembros deben elaborar estrategias a largo plazo con una perspectiva de al menos 30 años para contribuir al cumplimiento de los compromisos de los Estados miembros en virtud de la CMNUCC y el Acuerdo de París, en el contexto del objetivo del Acuerdo de París de mantener el aumento de la temperatura media mundial muy por debajo de los 2 °C con respecto a los niveles preindustriales y de proseguir los esfuerzos para limitar el aumento de la temperatura a 1,5 °C por encima de esos niveles, así como de lograr a largo plazo una reducción de las emisiones de GEI y un incremento de la absorción por los sumideros en todos los sectores en consonancia con el objetivo asumido por la Unión. Los Estados miembros deben elaborar sus estrategias de forma abierta y transparente, así como garantizar que el público tenga oportunidades reales de participar en su preparación. Sus planes nacionales integrados de energía y clima y las estrategias a largo plazo deben ser coherentes entre sí.

(37)

El sector de uso de la tierra, cambio de uso de la tierra y silvicultura (UTCUTS) está muy expuesto y es muy vulnerable al cambio climático. Al mismo tiempo, el sector abriga un enorme potencial para ofrecer beneficios climáticos a largo plazo y contribuir de forma significativa a la consecución de los objetivos climáticos a largo plazo, tanto de la Unión como en el nivel internacional. Dicho sector puede contribuir a la mitigación del cambio climático de diversas maneras, en particular reduciendo las emisiones, manteniendo y mejorando los sumideros y las reservas de carbono, y suministrando materiales biológicos que puedan sustituir a los materiales fósiles o intensivos en carbono. Es esencial contar con estrategias a largo plazo que respalden la inversión sostenible destinada a incrementar la captura efectiva de carbono, la gestión de recursos sostenible, y la estabilidad y la adaptabilidad a largo plazo de los almacenes de carbono.

(38)

A la hora de desarrollar nuevas interconexiones, es importante llevar a cabo una evaluación completa de los costes y los beneficios, incluidas todas sus repercusiones técnicas, socioeconómicas y ambientales, tal como se exige en el Reglamento (UE) n.o 347/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo (15), además de tener en cuenta las externalidades positivas de las interconexiones, tales como la integración de las energías renovables, la seguridad del suministro y el aumento de la competencia en el mercado interior.

(39)

Como ocurre con la planificación, el Derecho sectorial de la Unión en los campos de la energía y el clima establece obligaciones en materia de comunicación de información, muchas de las cuales han sido herramientas útiles para impulsar el cambio al nivel nacional, complementarias a las reformas del mercado, pero esas obligaciones han sido introducidas en diferentes momentos, lo que ha dado lugar a solapamientos y a una baja rentabilidad, así como a una atención insuficiente a las sinergias e interacciones entre los distintos ámbitos de actuación, tales como la mitigación de los GEI, las energías renovables, la eficiencia energética y la integración del mercado. A fin de lograr el justo equilibrio entre la necesidad de garantizar un seguimiento adecuado de la aplicación de los planes nacionales integrados de energía y clima y la necesidad de reducir la complejidad administrativa, es conveniente que los Estados miembros establezcan informes de situación bienales sobre la aplicación de los planes y otros hechos relevantes en relación con el sistema energético. No obstante, seguiría siendo necesaria la comunicación anual de información, especialmente en lo que se refiere a las obligaciones de comunicación de información en el campo del clima derivadas de la CMNUCC y del Derecho de la Unión.

(40)

Los informes de situación nacionales integrados de energía y clima de los Estados miembros deben reflejar los elementos establecidos en el modelo de planes nacionales integrados de energía y clima. En uno o varios actos de ejecución posteriores debe detallarse un modelo de informe de situación nacional integrado de energía y clima, habida cuenta de su naturaleza técnica y de la circunstancia de que los primeros informes de situación deben presentarse en 2023. Los informes de situación deben elaborarse a fin de garantizar la transparencia respecto a la Unión, los demás Estados miembros, las autoridades regionales y locales, los agentes del mercado, incluidos los consumidores, y otras partes interesadas pertinentes así como el público en general. Dichos informes deben ser exhaustivos en las cinco dimensiones de la Unión de la Energía y, para el primer período, hacer énfasis simultáneamente en los ámbitos cubiertos por los objetivos del marco de actuación en materia de clima y energía hasta 2030.

(41)

En virtud de la CMNUCC se obliga a la Unión y a sus Estados miembros a elaborar, actualizar periódicamente, publicar y facilitar a la Conferencia de las Partes inventarios nacionales de las emisiones antropógenas por las fuentes y de la absorción por los sumideros de todos los GEI utilizando metodologías comparables acordadas por la Conferencia de las Partes. Los inventarios de GEI son fundamentales para permitir el seguimiento de la aplicación de la dimensión de la descarbonización y para evaluar el cumplimiento de los actos legislativos en el campo del clima, en particular el Reglamento (UE) 2018/842 del Parlamento y del Consejo (16) y el Reglamento (UE) 2018/841 del Parlamento Europeo y del Consejo (17).

(42)

La Decisión 1/CP.16 de la Conferencia de las Partes en la CMNUCC obliga a establecer mecanismos nacionales para la estimación de las emisiones antropógenas por las fuentes y la absorción por los sumideros de todos los GEI. El presente Reglamento debe permitir establecer esos mecanismos nacionales.

(43)

La experiencia con la aplicación del Reglamento (UE) n.o 525/2013 ha puesto de manifiesto la importancia de la transparencia, la exactitud, la coherencia, la exhaustividad y la comparabilidad de la información. Sobre la base de esa experiencia, el presente Reglamento debe garantizar que los Estados miembros utilicen datos e hipótesis sólidos y coherentes en relación con las cinco dimensiones y pongan a disposición del público una información exhaustiva sobre las hipótesis, los parámetros y los métodos utilizados para los escenarios y proyecciones definitivos, teniendo en cuenta las restricciones estadísticas, los datos sensibles a efectos comerciales y el respeto de las normas en materia de protección de datos, y que notifiquen sus políticas, medidas y proyecciones como un componente esencial de los informes de situación. La información contenida en esos informes debe ser clave para demostrar el puntual cumplimiento de los compromisos derivados del Reglamento (UE) 2018/842. La aplicación y continua mejora de los sistemas a los niveles de la Unión y de los Estados miembros, junto con unas mejores directrices de notificación, deben contribuir significativamente al aumento constante de la información necesaria para hacer un seguimiento de los avances registrados en la dimensión de la descarbonización.

(44)

El presente Reglamento debe garantizar la comunicación de información por parte de los Estados miembros sobre su adaptación al cambio climático y la prestación de ayuda económica, tecnológica y de creación de capacidades a los países en desarrollo, facilitando así el cumplimiento de los compromisos de la Unión derivados de la CMNUCC y del Acuerdo de París. Por otra parte, es asimismo importante la información sobre las actuaciones nacionales de adaptación y la ayuda en el contexto de los planes nacionales integrados de energía y clima, especialmente en lo que se refiere a la adaptación a los efectos adversos del cambio climático relacionados con la seguridad de abastecimiento energético de la Unión, tales como la disponibilidad de agua de refrigeración para las centrales eléctricas y la disponibilidad de biomasa para la energía, así como información sobre la ayuda pertinente para la dimensión exterior de la Unión de la Energía.

(45)

El Acuerdo de París confirma que las Partes, al adoptar medidas para hacer frente al cambio climático, deben respetar, promover y tener en cuenta sus respectivas obligaciones en materia de derechos humanos y de igualdad de género. Por consiguiente, los Estados miembros deben integrar adecuadamente las dimensiones de los derechos humanos y de la igualdad de género en sus planes nacionales integrados de energía y clima y en sus estrategias a largo plazo. A través de sus informes de situación bienales deben comunicar la información sobre el modo en que la aplicación de sus planes nacionales integrados de energía y clima contribuye a la promoción de los derechos humanos y de la igualdad de género.

(46)

A fin de limitar la carga administrativa para los Estados miembros y la Comisión, esta última debe establecer una plataforma en línea (plataforma electrónica) para facilitar la comunicación, promover la cooperación y facilitar el acceso del público a la información. De esta forma se facilitaría la presentación oportuna de informes así como una mayor transparencia en la notificación de información nacional. La plataforma electrónica debe complementar, aprovechar y beneficiarse de los procesos de notificación, las bases de datos y las herramientas electrónicas existentes, tales como los de la Agencia Europea de Medio Ambiente, Eurostat, el Centro Común de Investigación, y también de la experiencia adquirida del Sistema de Gestión y Auditoría Medioambientales de la Unión.

(47)

La Comisión debe garantizar que los planes nacionales integrados de energía y clima definitivos estén disponibles para el público en línea. La Comisión debe servirse de la plataforma electrónica, una vez que esté operativa, para alojar y poner a disposición del público los planes nacionales integrados de energía y clima definitivos, sus actualizaciones, las estrategias a largo plazo, y otra información pertinente facilitada por los Estados miembros. Hasta el momento en que la plataforma electrónica esté operativa, la Comisión debe utilizar sus propios sitios web para facilitar el acceso del público en línea a los planes nacionales integrados de energía y clima definitivos.

(48)

En lo que se refiere a los datos que deben facilitarse a la Comisión mediante los sistemas nacionales de planificación y notificación, la información de los Estados miembros no debe duplicar datos y estadísticas que ya hayan sido facilitados a través de Eurostat en el contexto del Reglamento (CE) n.o 223/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo (18) en la misma forma que la prescrita por las obligaciones de planificación y notificación establecidas en el presente Reglamento y que estén todavía disponibles en la Comisión (Eurostat) con los mismos valores. Cuando estén disponibles y sean apropiados en cuanto al calendario, los datos y proyecciones comunicados en los planes nacionales integrados de energía y clima deben basarse en los datos de Eurostat y guardar coherencia con los mismos, así como con la metodología de comunicación de las estadísticas europeas de conformidad con el Reglamento (CE) n.o 223/2009.

(49)

Con vistas al logro colectivo de los objetivos de la Estrategia de la Unión de la Energía, y en particular la creación de una Unión de la Energía resiliente y totalmente funcional, debe ser esencial que la Comisión evalúe los proyectos de planes nacionales integrados de energía y clima, los planes nacionales integrados de energía y clima y, sobre la base de los informes de situación, su aplicación. En relación con el primer período decenal, se deben analizar, en particular, la consecución de los objetivos de la Unión para 2030 en materia de energía y clima y las contribuciones nacionales a esos objetivos. Esa evaluación debe efectuarse bienalmente, y anualmente solo cuando sea necesario, y debe consolidarse en los informes de la Comisión sobre el Estado de la Unión de la Energía.

(50)

Respetando debidamente el derecho de iniciativa de la Comisión, el procedimiento legislativo ordinario y el equilibrio de poderes institucional, el Parlamento Europeo y el Consejo deben abordar cada año los progresos realizados por la Unión de la Energía en todas las dimensiones de las políticas en materia de energía y clima.

(51)

La Comisión debe evaluar el impacto global de las políticas y medidas de los planes nacionales integrados de energía y clima en el funcionamiento de las medidas de la Unión en materia de clima y energía, en particular en lo que respecta a la necesidad de políticas y medidas de la Unión adicionales de cara al necesario aumento de la reducción y la absorción de las emisiones de GEI en la Unión con arreglo a los compromisos asumidos en el marco del Acuerdo de París.

(52)

El clima mundial se ve afectado por el sector de la aviación a causa de las emisiones de CO2, así como de otras emisiones, incluidas las emisiones de óxidos de nitrógeno, y de fenómenos, como el incremento de los cirros. A la luz de la rápida evolución de la comprensión científica de estos impactos, el Reglamento (UE) n.o 525/2013 ya prevé una evaluación actualizada de los impactos de la aviación no provocados por el CO2 en el clima mundial. La modelización utilizada a este respecto debe adaptarse a los avances científicos. Sobre la base de las evaluaciones que haga de esos impactos, la Comisión debe presentar, a más tardar el 1 de enero de 2020, un análisis actualizado de los impactos de la aviación no provocados por el CO2 acompañado, en su caso, de una propuesta con las mejores opciones para abordarlos.

(53)

De acuerdo con las actuales directrices de la CMNUCC en materia de notificación de GEI, el cálculo y la notificación de las emisiones de metano se basan en potenciales de calentamiento global (PCG) en relación con un horizonte temporal de 100 años. Habida cuenta del elevado PCG y del tiempo relativamente corto de permanencia del metano en la atmósfera, que tiene un impacto climático significativo a corto y medio plazo, la Comisión debe analizar las consecuencias que tendrían las políticas y medidas de ejecución destinadas a reducir el impacto a corto y medio plazo de las emisiones de metano para las emisiones de GEI de la Unión. La Comisión debe estudiar las opciones políticas para abordar rápidamente las emisiones de metano y presentar un plan estratégico de la Unión para el metano como parte integrante de la estrategia a largo plazo de la Unión.

(54)

Para ayudar a garantizar la coherencia entre las políticas nacionales y de la Unión y los objetivos de la Unión de la Energía, debe haber un diálogo permanente entre la Comisión y los Estados miembros y, cuando proceda, entre los Estados miembros. Llegado el caso, la Comisión debe dictar recomendaciones a los Estados miembros, en particular sobre el grado de ambición de los proyectos de planes nacionales integrados de energía y clima, sobre la posterior aplicación de las políticas y medidas de los planes nacionales integrados de energía y clima notificados, y sobre las demás políticas y medidas nacionales de relevancia para la aplicación de la Unión de la Energía. Si bien las recomendaciones no son vinculantes, tal como establece el artículo 288 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE), los Estados miembros deben tener debidamente en cuenta, no obstante, dichas recomendaciones y explicar en informes de situación posteriores la manera en que lo han hecho. Por lo que respecta a la energía renovable, la evaluación de la Comisión debe basarse en los criterios objetivos. Si la Comisión formula una recomendación sobre un proyecto de plan nacional de un Estado miembro, debe hacerlo con la mayor brevedad posible, teniendo en cuenta, por una parte, la necesidad de que la Comisión sume determinadas contribuciones previstas cuantificadas de todos los Estados miembros a fin de evaluar la ambición a nivel de la Unión, y, por otra, la necesidad de proporcionar el tiempo oportuno al Estado miembro de que se trate para que tenga debidamente en cuenta las recomendaciones de la Comisión antes de finalizar su plan nacional, y la necesidad de evitar el riesgo de retraso del plan nacional del Estado miembro.

(55)

El despliegue eficiente de las energías renovables es uno de los criterios objetivos esenciales para evaluar las contribuciones de los Estados miembros. La estructura de costes del despliegue de las energías renovables es compleja y varía de forma significativa entre los Estados miembros. No solo incluye los costes de los sistemas de apoyo, sino que también incluye, entre otros, los costes de conexión de las instalaciones, sistemas de respaldo, proporcionar la seguridad del sistema y los costes que deben asumirse para cumplir con las restricciones medioambientales. De este modo, cuando se establezcan comparaciones entre los Estados miembros sobre la base de ese criterio, deben tenerse presentes todos los costes relacionados con el despliegue, ya sean asumidos por el Estado miembro, los consumidores finales o los promotores de proyectos. Las recomendaciones de la Comisión relativas a la ambición de los Estados miembros en materia de energías renovables deben basarse en una fórmula establecida en el presente Reglamento, que está basada en criterios objetivos. Por lo tanto, la evaluación de la ambición de los Estados miembros en materia de energías renovables debe indicar el esfuerzo relativo realizado por los Estados miembros, teniendo en cuenta asimismo las circunstancias pertinentes que afectan al desarrollo de las energías renovables. La evaluación también debe incluir datos procedentes de fuentes cuantitativas o cualitativas independientes.

(56)

En el caso de que los planes nacionales integrados de energía y clima o sus actualizaciones resultasen insuficientemente ambiciosos para la consecución colectiva de los objetivos generales de la Unión de la Energía y, en particular, respecto al primer período, de los objetivos específicos en materia de energías renovables y de eficiencia energética de la Unión en 2030, la Comisión debe adoptar medidas a nivel de la Unión para garantizar la consecución colectiva de tales objetivos generales y objetivos específicos (y remediar así una eventual «falta de ambición»). En el caso de que los avances registrados por la Unión en la consecución de esos objetivos generales y específicos resultase insuficiente, la Comisión debe, además de dictar recomendaciones, proponer medidas y ejercer sus competencias a nivel de la Unión, o los Estados miembros deben adoptar medidas nuevas, a fin de garantizar la consecución de dichos objetivos generales y objetivos específicos (y remediar así una eventual «falta de resultados»). Tales medidas también deben tener en cuenta los esfuerzos tempranos realizados por los Estados miembros en relación con el objetivo específico para 2030 en materia de energías renovables, mediante la consecución en 2020 o antes de una cuota de energía procedente de fuentes renovables por encima de su objetivo nacional vinculante, o mediante la realización de avances tempranos en su objetivo nacional vinculante para 2020 o en su contribución al objetivo vinculante de la Unión de al menos un 32 % de energías renovables en 2030. En el ámbito de las energías renovables, esas medidas pueden incluir asimismo contribuciones económicas voluntarias de los Estados miembros a un mecanismo de financiación de la energía renovable de la Unión gestionado por la Comisión, que serviría para contribuir a los proyectos de energías renovables más eficientes en costes en toda la Unión, facilitando así a los Estados miembros la posibilidad de contribuir a la consecución del objetivo de la Unión al menor coste posible. Los objetivos específicos nacionales de los Estados miembros en materia de energías renovables para 2020 deben servir de cuotas de referencia de energías renovables a partir de 2021 y deben mantenerse a lo largo de todo el período. En el ámbito de la eficiencia energética, pueden adoptarse nuevas medidas orientadas en particular a mejorar la eficiencia energética de los productos, los edificios y los transportes.

(57)

Los objetivos específicos nacionales de los Estados miembros en materia de energías renovables para 2020 que figuran en el anexo I de la Directiva (UE) 2018/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo (19) deben servir de punto de partida para su trayectoria indicativa nacional para el período comprendido entre 2021 y 2030, a no ser que un Estado miembro decida de forma voluntaria fijar un punto de partida más elevado. Además, deben constituir para el mismo período una cuota de referencia obligatoria que forma igualmente parte de la Directiva (UE) 2018/2001. Por consiguiente, en ese período la cuota de energía procedente de fuentes renovables en el consumo final bruto de energía de cada Estado miembro no debe ser inferior a su cuota de referencia.

(58)

En caso de que un Estado miembro no mantenga su cuota de referencia medida a lo largo de un año, debe adoptar, en el plazo de un año, medidas adicionales para subsanar dicho desfase respecto de su escenario de referencia. Cuando un Estado miembro haya tomado de manera efectiva las medidas necesarias y haya cumplido su obligación de subsanar ese desfase, debe considerarse que ha cumplido los requisitos obligatorios de su escenario de referencia a partir del momento en que se haya producido el desfase en cuestión tanto con arreglo al presente Reglamento como con arreglo a la Directiva (UE) 2018/2001.

(59)

Para permitir un seguimiento adecuado y la adopción temprana de medidas correctoras por parte de los Estados miembros y de la Comisión, y con el fin de evitar el efecto de comportamientos oportunistas, las trayectorias indicativas de todos los Estados miembros (y, en consecuencia, también la trayectoria indicativa de la Unión) deben alcanzar en 2022, 2025 y 2027 al menos ciertos porcentajes mínimos del aumento total de las energías renovables previsto para 2030, según lo establecido en el presente Reglamento. La consecución de esos «puntos de referencia» en 2022, 2025 y 2027 debe ser evaluada por la Comisión sobre la base, entre otras cosas, de los informes de situación nacionales integrados de energía y clima que deben presentar los Estados miembros. Los Estados miembros que se encuentren por debajo de sus puntos de referencia deben explicar en su informe de situación siguiente de qué manera se proponen subsanar el desfase. Si no se alcanzan los puntos de referencia indicativos de la Unión, los Estados miembros que se encuentren por debajo de sus puntos de referencia deben subsanar el desfase aplicando medidas adicionales.

(60)

La Unión y los Estados miembros deben procurar facilitar la información más actualizada posible sobre sus emisiones y absorciones de GEI. El presente Reglamento debe permitir que tales estimaciones se preparen en los plazos más breves recurriendo a datos estadísticos y de otra índole, como, cuando proceda, datos espaciales facilitados por el programa Copernicus establecido por el Reglamento (UE) n.o 377/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo (20) y por otros sistemas de satélite.

(61)

Con arreglo al Reglamento (UE) 2018/842, debe mantenerse el enfoque del ciclo de compromisos anuales adoptado en la Decisión n.o 406/2009/CE del Parlamento Europeo y del Consejo (21). Ese enfoque exige un examen exhaustivo de los inventarios de GEI de los Estados miembros para posibilitar la evaluación de la conformidad y la aplicación de medidas correctoras, cuando proceda. Es necesario un procedimiento de examen, a escala de la Unión, de los inventarios de GEI presentados por los Estados miembros para garantizar que la conformidad con el Reglamento (UE) 2018/842 se evalúa de manera creíble, coherente y transparente y en el momento oportuno.

(62)

Los Estados miembros y la Comisión deben garantizar una estrecha cooperación en todos los asuntos relacionados con la aplicación de la Unión de la Energía, con la estrecha participación del Parlamento Europeo en los asuntos relacionados con el presente Reglamento. La Comisión debe, llegado el caso, asistir a los Estados miembros en la aplicación del presente Reglamento, en particular en lo que se refiere al establecimiento de los planes nacionales integrados de energía y clima y a la creación de capacidades asociadas, también mediante la movilización de los recursos internos de la capacidad de modelización interna y, en su caso, asesoramiento externo.

(63)

Los Estados miembros deben garantizar que sus planes nacionales integrados de energía y clima tengan en cuenta las recomendaciones específicas para cada país más recientes dictadas en el contexto del Semestre Europeo.

(64)

Los Estados miembros deben aplicar el principio de «primero, la eficiencia energética», que implica que, antes de adoptar decisiones de planificación, estrategia e inversión en materia de energía, se debe examinar si existen medidas alternativas en materia de eficiencia energética que sean eficientes en costes y adecuadas desde las perspectivas técnica, económica y medioambiental y puedan sustituir total o parcialmente a las medidas de planificación, estrategia e inversión previstas, y que permitan alcanzar aun así los objetivos de las decisiones correspondientes. Ello implica, en particular, que la eficiencia energética se trate como un elemento crucial y una consideración fundamental en las futuras decisiones sobre inversiones en infraestructuras energéticas en la Unión. Entre las alternativas eficientes en costes figuran medidas destinadas a dotar de mayor eficiencia a la demanda y el suministro de energía, en particular mediante ahorros de energía en el uso final eficiente en costes, iniciativas para la respuesta de la demanda y una transformación, transmisión y distribución más eficiente de la energía. Los Estados miembros también deben alentar la difusión de ese principio en las administraciones regionales y locales, así como en el sector privado.

(65)

La Agencia Europea de Medio Ambiente debe asistir a la Comisión, según el caso y de conformidad con su programa de trabajo anual, en la labor de evaluación, seguimiento y notificación.

(66)

De conformidad con el artículo 290 del TFUE, deben delegarse en la Comisión los poderes para adoptar actos con el fin de modificar el marco general (modelo) de los planes nacionales integrados de energía y clima con el objetivo de adaptar el modelo a las modificaciones del marco de actuación de la Unión en materia de clima y energía que están relacionadas de forma directa y específica con las contribuciones de la Unión en virtud de la CMNUCC y del Acuerdo de París, de tomar en consideración las modificaciones de los (PCG y las directrices sobre inventarios acordadas internacionalmente, de establecer requisitos básicos para el sistema de inventario de la Unión, y de crear los registros. Reviste especial importancia que la Comisión lleve a cabo las consultas oportunas durante la fase preparatoria, en particular con expertos, y que esas consultas se realicen de conformidad con los principios establecidos en el Acuerdo interinstitucional de 13 de abril de 2016 sobre la mejora de la legislación (22). En particular, a fin de garantizar una participación equitativa en la preparación de los actos delegados, el Parlamento Europeo y el Consejo reciben toda la documentación al mismo tiempo que los expertos de los Estados miembros, y sus expertos tienen acceso sistemáticamente a las reuniones de los grupos de expertos de la Comisión que se ocupen de la preparación de actos delegados. Llegado el caso, la Comisión debe tener en cuenta asimismo las decisiones adoptadas en virtud de la CMNUCC y del Acuerdo de París.

(67)

A fin de garantizar unas condiciones uniformes de aplicación del presente Reglamento, en particular por lo que respecta a los informes de situación nacionales integrados de energía y clima; comunicación integrada de las actuaciones nacionales de adaptación, del apoyo financiero y tecnológico proporcionado a países en desarrollo y de ingresos procedentes de las subastas; informe anual sobre los avances de inventario de GEI y la contabilidad de las emisiones y la absorción de GEI; el mecanismo de financiación de energías renovables de la Unión, los sistemas de inventario nacionales y de la Unión, la revisión de los inventarios; sistemas nacionales y de la Unión relativos a las políticas y medidas y a las proyecciones, y la comunicación de informaciones sobre las políticas y medidas y las proyecciones en materia de GEI, deben conferirse a la Comisión competencias de ejecución. Dichas competencias deben ejercerse de conformidad con el Reglamento (UE) n.o 182/2011 (23).

(68)

Para ejercer las competencias de ejecución que se establecen en el presente Reglamento, deben asistir a la Comisión en su cometido según el presente Reglamento el Comité del Cambio Climático, que restablece el Comité del Cambio Climático existente, establecido por el artículo 8 de la Decisión 93/389/CEE, el artículo 9 de la Decisión 280/2004/CE y el artículo 26 del Reglamento (UE) n.o 525/2013 y el Comité de la Unión de la Energía. Para garantizar la coherencia de las políticas y tratar de maximizar las sinergias entre los distintos sectores, debe invitarse a expertos tanto en clima como en energía a las reuniones de ambos Comités a la hora de aplicar el presente Reglamento.

(69)

La Comisión debe revisar la aplicación del presente Reglamento en 2024 y cada cinco años a partir de esa fecha, y elaborar las propuestas de modificación según proceda para garantizar su correcta aplicación y la consecución de sus objetivos. Las revisiones deben tener en cuenta la evolución y los resultados del balance global del Acuerdo de París.

(70)

El presente Reglamento debe integrar, modificar, sustituir y derogar determinadas obligaciones de planificación, notificación y seguimiento que actualmente contiene los actos legislativos sectoriales de la Unión en materia de energía y clima a fin de garantizar un enfoque racional e integrado de los principales elementos de planificación, notificación y seguimiento. Por tanto, deben modificarse en consecuencia los siguientes actos legislativos:

(71)

En aras de la coherencia y la seguridad jurídica, las disposiciones del presente Reglamento no deben impedir la aplicación de las excepciones derivadas del Derecho sectorial pertinente de la Unión en los ámbitos de la electricidad y de la preparación frente a los riesgos en el sector de la electricidad.

(72)

Asimismo, el presente Reglamento debe integrar plenamente las disposiciones del Reglamento (UE) n.o 525/2013. Por consiguiente, procede derogar el Reglamento (UE) n.o 525/2013 con efecto a partir del 1 de enero de 2021. No obstante, a fin de asegurar que la Decisión n.o 406/2009/CE siga aplicándose en el ámbito del Reglamento (UE) n.o 525/2013 y que determinados aspectos relacionados con la aplicación del Protocolo de Kioto sigan estando consagrados en el Derecho, es necesario que determinadas disposiciones sigan siendo aplicables después de esa fecha.

(73)

Dado que los objetivos del presente Reglamento no pueden ser alcanzados de manera suficiente por los Estados miembros, sino que, debido a la dimensión y a los efectos de la acción propuesta, pueden lograrse mejor a escala de la Unión, esta puede adoptar medidas, de acuerdo con el principio de subsidiariedad establecido en el artículo 5 del Tratado de la Unión Europea. De conformidad con el principio de proporcionalidad establecido en el mismo artículo, el presente Reglamento no excede de lo necesario para alcanzar dichos objetivos.

a)

aplicar estrategias y medidas concebidas para cumplir los objetivos generales y los objetivos específicos de la Unión de la Energía y los compromisos de la Unión a largo plazo en materia de emisiones de gases de efecto invernadero, en consonancia con el Acuerdo de París, y, en particular, en lo que respecta al primer período decenal de 2021 a 2030, los objetivos específicos de la Unión para 2030 en materia de energía y clima;

b)

estimular la cooperación entre los Estados miembros, también, en su caso, a nivel regional, con el fin de alcanzar los objetivos generales y específicos de la Unión de la Energía;

c)

garantizar la oportunidad, exhaustividad, exactitud, coherencia, comparabilidad y transparencia de la información presentada por la Unión y sus Estados miembros a la Secretaría de la CMNUCC y del Acuerdo de París;

d)

contribuir a una mayor seguridad jurídica, así como a una mayor seguridad para los inversores, y ayudar a aprovechar plenamente las oportunidades de desarrollo económico, estímulo de la inversión, creación de empleo y cohesión social.

a)

seguridad energética;

b)

mercado interior de la energía;

c)

eficiencia energética;

d)

descarbonización; e

e)

investigación, innovación y competitividad.

1)

«políticas y medidas»: todos los instrumentos que contribuyen a la consecución de los objetivos de los planes nacionales integrados de energía y clima y/o al cumplimiento de los compromisos contraídos en virtud del artículo 4, apartado 2, letras a) y b), de la CMNUCC, que pueden incluir aquellos que no tienen como objetivo principal la limitación y reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero o el cambio del sistema energético;

2)

«políticas y medidas existentes»: las políticas y medidas aplicadas y las políticas y medidas adoptadas;

3)

«políticas y medidas aplicadas»: las políticas y medidas a las que corresponden una o varias de las características siguientes en la fecha de presentación del plan nacional integrado de energía y clima o del informe de situación nacional integrado de energía y clima: existe Derecho nacional o de la Unión de aplicación directa vigente, se han establecido uno o más acuerdos voluntarios, se han asignado recursos financieros y se han movilizado recursos humanos;

4)

«políticas y medidas adoptadas»: las políticas y medidas respecto de las que se ha adoptado una decisión oficial gubernamental antes de la fecha de presentación del plan nacional integrado de energía y clima o del informe de situación nacional integrado de energía y clima y respecto de las que existe un compromiso claro para proceder a su aplicación;

5)

«políticas y medidas previstas»: opciones que se están debatiendo y tienen posibilidades reales de ser adoptadas y aplicadas tras la fecha de presentación del plan nacional integrado de energía y clima o del informe de situación nacional integrado de energía y clima;

6)

«sistema de políticas y medidas y proyecciones»: sistema de disposiciones institucionales, jurídicas y procedimentales establecido para la notificación de las políticas y medidas y proyecciones relativas a las emisiones antropógenas por las fuentes y la absorción por los sumideros de gases de efecto invernadero y al sistema energético, con arreglo, entre otros, al artículo 39;

7)

«proyecciones»: previsiones de emisiones antropógenas por las fuentes y la absorción por los sumideros de gases de efecto invernadero, o de desarrollo del sistema energético, incluidas como mínimo estimaciones cuantitativas de la secuencia de cuatro años acabados en 0 o 5 inmediatamente siguientes al año de notificación;

8)

«proyecciones sin medidas»: proyecciones de las emisiones antropógenas por las fuentes y la absorción por los sumideros de gases de efecto invernadero, que excluyen los efectos de todas las políticas y medidas previstas, adoptadas o aplicadas con posterioridad al año elegido como punto de partida para la proyección en cuestión;

9)

«proyecciones con medidas»: proyecciones de las emisiones antropógenas por las fuentes y la absorción por los sumideros de gases de efecto invernadero, que engloban los efectos, en términos de reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero o de desarrollo del sistema energético, de las políticas y medidas adoptadas y aplicadas;

10)

«proyecciones con medidas adicionales»: previsiones de las emisiones antropógenas por las fuentes y de la absorción por los sumideros de gases de efecto invernadero, o de desarrollo del sistema energético, que engloban los efectos, en términos de reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero, de las políticas y medidas adoptadas y aplicadas para mitigar el cambio climático o cumplir los objetivos energéticos, así como de las políticas y medidas previstas a ese efecto;

11)

«objetivos de la Unión para 2030 en materia de energía y clima»: el objetivo vinculante para toda la Unión de una reducción nacional de al menos el 40 % de las emisiones internas de gases de efecto invernadero en toda la economía, en comparación con los niveles de 1990, que deberá lograrse a más tardar en 2030, el objetivo vinculante de la Unión de una cuota mínima del 32 % de energías renovables en la Unión en 2030, el objetivo principal de la Unión de una mejora de la eficiencia energética de como mínimo el 32,5 % en 2030, y un objetivo de interconexión eléctrica del 15 % para 2030, o cualesquiera objetivos posteriores acordados por el Consejo Europeo o por el Parlamento Europeo y por el Consejo para 2030;

12)

«sistema de inventario nacional»: sistema de disposiciones institucionales, jurídicas y procedimentales establecido en un Estado miembro para estimar las emisiones antropógenas por las fuentes y la absorción por los sumideros de gases de efecto invernadero, y para presentar y archivar la información de los inventarios;

13)

«indicador»: variable o factor cuantitativo o cualitativo que contribuye a una mejor comprensión de los progresos realizados en la aplicación;

14)

«indicadores clave»: indicadores de los avances registrados en las cinco dimensiones de la Unión de la Energía propuestos por la Comisión;

15)

«correcciones técnicas»: adaptaciones de las estimaciones de los inventarios nacionales de gases de efecto invernadero realizadas en el contexto de la revisión efectuada con arreglo al artículo 38 cuando los datos del inventario presentado estén incompletos o se hayan elaborado sin respetar las normas o directrices internacionales o de la Unión pertinentes, con el fin de sustituir las estimaciones presentadas inicialmente;

16)

«aseguramiento de la calidad»: sistema planificado de procedimientos de revisión para garantizar que se cumplan los objetivos de calidad de los datos y que se notifiquen las mejores estimaciones e informaciones posibles para respaldar la eficacia del programa de control de calidad y ayudar a los Estados miembros;

17)

«control de calidad»: sistema de actividades técnicas rutinarias para medir y controlar la calidad de la información y las estimaciones elaboradas con el fin de garantizar la integridad, exactitud y exhaustividad de los datos, detectar y subsanar los errores y omisiones, documentar y archivar los datos y otra información procesada y registrar todas las actividades de aseguramiento de la calidad;

18)

«primero, la eficiencia energética»: principio por el cual en las decisiones de planificación, estrategia e inversión en materia de energía se deben tener plenamente en cuenta medidas alternativas en materia de eficiencia energética que sean eficientes en costes y que permitan dotar de mayor eficiencia a la demanda y el suministro de energía, en particular mediante ahorros de energía en el uso final eficientes, iniciativas para la respuesta de la demanda y una transformación, transmisión y distribución más eficiente de la energía, y que permitan alcanzar aun así los objetivos de dichas decisiones;

19)

«Plan EETE»: el Plan Estratégico Europeo de Tecnología Energética establecido en la Comunicación de la Comisión, de 15 de septiembre de 2015, titulada «Plan Estratégico Europeo de Tecnología Energética (Plan EETE) integrado: Acelerar la transformación del sistema energético europeo»;

20)

«esfuerzos tempranos»:

21)

«cooperación regional»: cooperación entre dos o más Estados miembros que participen en una asociación que comprenda una o más de las cinco dimensiones de la Unión de la Energía;

22)

«energía procedente de fuentes renovables» o «energía renovable»: energía procedente de fuentes renovables o energía renovable tal como se define en el artículo 2, punto 1, de la Directiva (UE) 2018/2001;

23)

«consumo final bruto de energía»: consumo final bruto de energía tal como se define en el artículo 2, punto 4, de la Directiva (UE) 2018/2001;

24)

«sistema de apoyo»: sistema de apoyo tal como se define en el artículo 2, punto 4, de la Directiva (UE) 2018/2001;

25)

«repotenciación»: repotenciación tal como se define en el artículo 2, punto 10, de la Directiva (UE) 2018/2001;

26)

«comunidad de energía renovable»: comunidad de energía renovable tal como se define en el artículo 2, punto 16, de la Directiva (UE) 2018/2001;

27)

«sistema urbano de calefacción» o «sistema urbano de refrigeración»: sistema urbano de calefacción o sistema urbano de refrigeración tal como se define en el artículo 2, punto 19, de la Directiva (UE) 2018/2001;

28)

«residuo»: residuo tal como se define en el artículo 2, punto 23, de la Directiva (UE) 2018/2001;

29)

«biomasa»: biomasa tal como se define en el artículo 2, punto 24, de la Directiva (UE) 2018/2001;

30)

«biomasa agrícola»: biomasa agrícola tal como se define en el artículo 2, punto 25, de la Directiva (UE) 2018/2001;

31)

«biomasa forestal»: biomasa forestal tal como se define en el artículo 2, punto 26, de la Directiva (UE) 2018/2001;

32)

«combustibles de biomasa»: combustibles de biomasa reciclado tal como se define en el artículo 2, punto 27, de la Directiva (UE) 2018/2001;

33)

«biogás»: biogás tal como se define en el artículo 2, punto 28, de la Directiva (UE) 2018/2001;

34)

«biolíquido»: biolíquido tal como se define en el artículo 2, punto 32, de la Directiva (UE) 2018/2001;

35)

«biocarburante»: biocarburante tal como se define en el artículo 2, punto 33, de la Directiva (UE) 2018/2001;

36)

«biocarburantes avanzados»: biocarburantes avanzados tal como se define en el artículo 2, punto 34, de la Directiva (UE) 2018/2001;

37)

«combustibles de carbono reciclado»: combustibles de carbono reciclado tal como se define en el artículo 2, punto 35, de la Directiva (UE) 2018/2001;

38)

«cultivos ricos en almidón»: cultivos ricos en almidón tal como se define en el artículo 2, punto 39, de la Directiva (UE) 2018/2001;

39)

«cultivos alimentarios y forrajeros»: cultivos alimentarios y forrajeros tal como se define en el artículo 2, punto 40, de la Directiva (UE) 2018/2001;

40)

«materiales lignocelulósicos»: materiales lignocelulósicos tal como se definen en el artículo 2, punto 41, de la Directiva (UE) 2018/2001;

41)

«desecho»: desecho tal como se define en el artículo 2, punto 43, de la Directiva (UE) 2018/2001;

42)

«consumo de energía primaria»: consumo de energía primaria tal como se define en el artículo 2, punto 2, de la Directiva 2012/27/UE;

43)

«consumo de energía final»: consumo de energía final tal como se define en el artículo 2, punto 3, de la Directiva 2012/27/UE;

44)

«eficiencia energética»: eficiencia energética tal como se define en el artículo 2, punto 4, de la Directiva 2012/27/UE;

45)

«ahorro de energía»: ahorro de energía tal como se define en el artículo 2, punto 5, de la Directiva 2012/27/UE;

46)

«mejora de la eficiencia energética»: mejora de la eficiencia energética tal como se define en el artículo 2, punto 6, de la Directiva 2012/27/UE;

47)

«servicio energético»: servicio energético tal como se define en el artículo 2, punto 7, de la Directiva 2012/27/UE;

48)

«superficie útil total»: superficie útil total tal como se define en el artículo 2, punto 10, de la Directiva 2012/27/UE;

49)

«sistema de gestión de la energía»: sistema de gestión de la energía tal como se define en el artículo 2, punto 11, de la Directiva 2012/27/UE.

50)

«parte obligada»: parte obligada tal como se define en el artículo 2, punto 14, de la Directiva 2012/27/UE.

51)

«autoridad pública de ejecución»: autoridad pública de ejecución tal como se define en el artículo 2, punto 17, de la Directiva 2012/27/UE;

52)

«actuación individual»: actuación individual tal como se define en el artículo 2, punto 19, de la Directiva 2012/27/UE;

53)

«distribuidor de energía»: distribuidor de energía tal como se define en el artículo 2, punto 20, de la Directiva 2012/27/UE;

54)

«gestor de la red de distribución»: gestor de la red de distribución tal como se define en el artículo 2, punto 6, de la Directiva 2009/72/CE y en el artículo 2, punto 6, de la Directiva 2009/73/CE;

55)

«empresa minorista de venta de energía»: empresa minorista de venta de energía tal como se define en el artículo 2, punto 22, de la Directiva 2012/27/UE;

56)

«proveedor de servicios energéticos»: proveedor de servicios energéticos tal como se define en el artículo 2, punto 24, de la Directiva 2012/27/UE;

57)

«contrato de rendimiento energético»: contrato de rendimiento energético tal como se define en el artículo 2, punto 27, de la Directiva 2012/27/UE;

58)

«cogeneración»: cogeneración tal como se define en el artículo 2, punto 30, de la Directiva 2012/27/UE;

59)

«edificio»: edificio tal como se define en el artículo 2, punto 1, de la Directiva 2010/31/UE;

60)

«edificio de consumo de energía casi nulo»: edificio de consumo de energía casi nulo tal como se define en el artículo 2, punto 2, de la Directiva 2010/31/UE;

61)

«bomba de calor»: bomba de calor tal como se define en el artículo 2, punto 18, de la Directiva 2010/31/UE;

62)

«combustible fósil»: las fuentes de energía no renovables derivadas del carbono tales como los combustibles sólidos, el gas natural y el petróleo.

a)

una recapitulación del proceso seguido para establecer el plan nacional integrado de energía y clima compuesta de un resumen, una descripción de la consulta pública y la participación de las partes interesadas y de sus resultados, así como de la cooperación regional con otros Estados miembros en la elaboración del plan tal como se establece en los artículos 10, 11y 12 y en el anexo I, parte 1, sección A, punto 1;

b)

una descripción de los objetivos generales, los objetivos específicos y las contribuciones nacionales relativos a las dimensiones de la Unión de la Energía a que se refieren el artículo 4 y el anexo I;

c)

una descripción de las políticas y medidas previstas en relación con los objetivos generales, los objetivos específicos y las contribuciones correspondientes establecidos en la letra b), así como una visión de conjunto de la inversión necesaria para cumplir los objetivos generales, los objetivos específicos y las contribuciones correspondientes;

d)

una descripción de la situación actual de las cinco dimensiones de la Unión de la Energía, inclusive en relación con el sistema energético y las emisiones y absorciones de gases de efecto invernadero, así como las proyecciones relativas a los objetivos mencionados en la letra b) con indicación de las políticas y medidas existentes;

e)

en su caso, una descripción de los obstáculos y trabas reglamentarios y no reglamentarios a la consecución de los objetivos generales, los objetivos específicos, o las contribuciones relativos a las energías renovables y la eficiencia energética;

f)

una evaluación de los impactos de las políticas y medidas previstas para cumplir los objetivos mencionados en la letra b), en particular su coherencia con los objetivos de reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero a largo plazo en virtud del Acuerdo de París y las estrategias a largo plazo a que se refiere el artículo 15;

g)

una evaluación general de los impactos de las políticas y medidas previstas en la competitividad en relación con las cinco dimensiones de la Unión de la Energía;

h)

un anexo, elaborado de acuerdo con los requisitos y la estructura establecidos en el anexo III del presente Reglamento, donde se establecerán las metodologías y las medidas de actuación para cumplir el requisito de ahorro de energía de conformidad con el artículo 7 y el anexo V de la Directiva 2012/27/UE.

a)

limitar la complejidad administrativa y los costes para todas las partes interesadas pertinentes;

b)

tener en cuenta las interrelaciones entre las cinco dimensiones de la Unión de la Energía, en particular el principio de «primero, la eficiencia energética»;

c)

utilizar datos e hipótesis sólidos y coherentes en relación con las cinco dimensiones cuando corresponda;

d)

evaluar el número de hogares en situación de pobreza energética, teniendo en cuenta los servicios energéticos domésticos necesarios para garantizar niveles de vida básicos en el contexto nacional pertinente, las políticas sociales existentes y otras políticas pertinentes, así como las orientaciones indicativas de la Comisión sobre los indicadores correspondientes para la pobreza energética.

En caso de que un Estado miembro constate, con arreglo a la letra d) del párrafo primero, la existencia de un número importante de hogares en situación de pobreza energética, basándose en su evaluación de datos verificables, deberá incluir en su plan un objetivo nacional indicativo para reducir la pobreza energética. Los Estados miembros afectados definirán, en sus planes nacionales integrados de energía y clima, las políticas y medidas adoptadas que abordan la pobreza energética, en su caso, incluidas las medidas de política social y otros programas nacionales pertinentes.

a)

en lo que se refiere a la dimensión «Descarbonización»:

b)

en lo que se refiere a la dimensión «Eficiencia energética»:

c)

en lo que se refiere a la dimensión «Seguridad energética»:

d)

en lo que se refiere a la dimensión «Mercado interior de la energía»:

e)

en lo que se refiere a la dimensión «Investigación, innovación y competitividad»:

a)

las medidas previstas en la Directiva (UE) 2018/2001;

b)

las medidas adoptadas para alcanzar el objetivo de eficiencia energética adoptado con arreglo a la Directiva 2012/27/UE;

c)

otras medidas existentes destinadas a promover las energías renovables en los Estados miembros y, en su caso, a nivel de la Unión;

d)

el objetivo específico nacional vinculante de energía procedente de fuentes renovables en su consumo final bruto de energía para 2020 a que se refiere el anexo I de la Directiva (UE) 2018/2001;

e)

cualquier circunstancia pertinente que afecte al despliegue de las energías renovables, tales como:

a)

las medidas previstas en la Directiva 2012/27/UE;

b)

otras medidas destinadas a promover la eficiencia energética en el Estado miembro y a nivel de la Unión.

a)

el potencial remanente de ahorro eficiente de energía;

b)

la evolución y previsión del producto interior bruto;

c)

los cambios en las importaciones y exportaciones de energía;

d)

los cambios en la combinación energética y los avances en la captura y almacenamiento de carbono, y

e)

las actuaciones tempranas.

a)

los impactos sobre el desarrollo del sistema energético y de las emisiones y absorciones de emisiones de gases de efecto invernadero para la duración del plan y para el período decenal posterior al último año cubierto por el plan, con arreglo a las políticas y medidas o grupos de medidas previstas, incluida una comparación con las proyecciones basadas en las políticas y medidas o grupos de medidas existentes a que hace referencia el apartado 1;

b)

el impacto macroeconómico y, en la medida de lo posible, sanitario, medioambiental, social y en materia de capacidades de las políticas y medidas o grupos de medidas previstas a que hace referencia el artículo 7 y descritas en mayor detalle en el anexo I, durante el primer período decenal y como mínimo hasta el año 2030, incluida una comparación con las proyecciones basadas en las políticas y medidas o grupos de medidas existentes a que hace referencia el apartado 1 del presente artículo; se pondrá a disposición del público la metodología empleada para evaluar esos impactos;

c)

las interacciones entre las políticas y medidas o grupos de medidas existentes y las previstas dentro de una dimensión política y entre las políticas y medidas o grupos de medidas existentes y las previstas de distintas dimensiones durante el primer período decenal, y al menos hasta el año 2030; las proyecciones relativas a la seguridad de suministro, infraestructuras e integración de los mercados se basarán en escenarios sólidos de eficiencia energética;

d)

el modo en que las políticas y medidas existentes y las previstas atraerán la inversión necesaria para su ejecución.

a)

el nivel de ambición de los objetivos generales, objetivos específicos y contribuciones con vistas a la consecución colectiva de los objetivos de la Unión de la Energía, y especialmente de los objetivos de la Unión para 2030 en materia de energías renovables y eficiencia energética, así como el nivel de interconexión de electricidad que el Estado miembro pretende alcanzar en 2030 contemplado en el artículo 4, letra d), teniendo debidamente en cuenta las circunstancias pertinentes que afecten al despliegue de las energías renovables y el consumo de energía indicadas por el Estado miembro de que se trate en el proyecto de plan nacional integrado de energía y clima y los indicadores de la urgencia de acción en materia de interconectividad establecidos en el anexo I, parte 1, sección A, punto 2.4.1;

b)

las políticas y medidas relacionadas con los objetivos del Estado miembro y a nivel de la Unión y las demás políticas y medidas de relevancia potencial transfronteriza;

c)

cualquier política o medida adicional que pudiese ser necesaria en los planes nacionales integrados de energía y clima;

d)

las interacciones y la coherencia entre las políticas y medidas existentes y las previstas en el plan nacional integrado de energía y clima dentro de una dimensión y entre las distintas dimensiones de la Unión de la Energía.

a)

los objetivos generales, los objetivos específicos y las contribuciones son suficientes para la consecución colectiva de los objetivos de la Unión de la Energía y, en particular en relación con el primer período decenal, de los objetivos específicos del marco de actuación en materia de clima y energía hasta el año 2030;

b)

los planes cumplen los requisitos de los artículos 3 a 12 y los Estados miembros han tenido debidamente en cuenta las recomendaciones de la Comisión dictadas con arreglo al artículo 34.

a)

diversas hipótesis de cara a la contribución de la Unión a los objetivos establecidos en el apartado 3, entre otras, una hipótesis para la consecución de unas emisiones netas de gases de efecto invernadero en la Unión igual a cero de aquí a 2050 y de emisiones negativas a partir de entonces;

b)

las implicaciones de las hipótesis mencionadas en la letra a) sobre el presupuesto de carbono mundial y de la Unión restante, con el fin de contribuir a un debate sobre la eficiencia en costes, eficacia y equidad de la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero.

a)

al cumplimiento de los compromisos contraídos por la Unión y por los Estados miembros de acuerdo con la CMNUCC y el Acuerdo de París de reducir las emisiones antropógenas de gases de efecto invernadero y de aumentar su absorción por los sumideros, y a impulsar el incremento de la captura de carbono;

b)

al cumplimiento del objetivo del Acuerdo de París de mantener el aumento de la temperatura media mundial muy por debajo de los 2 °C respecto de los niveles preindustriales y de continuar los esfuerzos para limitar el aumento de la temperatura a 1,5 °C respecto de los niveles preindustriales;

c)

al logro a largo plazo de una reducción de las emisiones y de un incremento de la absorción de gases de efecto invernadero por los sumideros en todos los sectores en consonancia con el objetivo asumido por la Unión, en el contexto de las reducciones necesarias según el Grupo de expertos intergubernamentales sobre la evolución del clima (IPCC), de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero de la Unión de manera eficiente en costes, y aumentar las absorciones por los sumideros a fin de conseguir los objetivos en materia de temperatura del Acuerdo de París, de modo que se alcance un equilibrio entre las emisiones antropógenas por las fuentes y la absorción por los sumideros de gases de efecto invernadero dentro de la Unión tan pronto como sea posible, y se consigan, en su caso, unas emisiones negativas después;

d)

a un sistema energético en la Unión de elevada eficiencia energética y basado en gran medida en fuentes renovables.

a)

las reducciones totales de las emisiones de gases de efecto invernadero y los incrementos de las absorciones por los sumideros;

b)

las reducciones de las emisiones y los incrementos de las absorciones en sectores concretos, incluidos el eléctrico, el industrial, el del transporte, el de la calefacción y la refrigeración y el de la construcción residencial y terciaria, el agrario, el de los residuos y el del uso de la tierra, el cambio del uso de la tierra y la silvicultura (UTCUTS);

c)

los avances previstos en la transición hacia una economía hipocarbónica, incluida la intensidad de las emisiones de gases de efecto invernadero, la intensidad de las emisiones de CO2 en relación con el producto interior bruto, las estimaciones a largo plazo en materia de inversión y las estrategias de investigación, desarrollo e innovación asociadas;

d)

en la medida de lo posible, el efecto socioeconómico esperado de las medidas de descarbonización, incluidos, entre otros aspectos, los relacionados con el desarrollo macroeconómico y social, los riesgos y beneficios para la salud y la protección del medio ambiente;

e)

las relaciones con otros objetivos, planes y otras políticas, medidas e inversiones nacionales a largo plazo.

a)

información sobre los avances registrados en la consecución de los objetivos generales, los objetivos específicos y las contribuciones expuestos en el plan nacional integrado de energía y clima, así como en la financiación e aplicación de las políticas y medidas necesarias para ello, incluida una revisión de las inversiones reales frente a las hipótesis de inversión iniciales;

b)

cuando proceda, información sobre los avances en el establecimiento del diálogo a que se refiere el artículo 11;

c)

la información a que se refieren los artículos 20 a 25 y, llegado el caso, las actualizaciones de las políticas y medidas, de conformidad con esos artículos;

d)

información sobre la adaptación, de conformidad con el artículo 4, letra a), punto 1;

e)

en la medida de lo posible, la cuantificación de los efectos de las políticas y medidas del plan nacional integrado de energía y clima en la calidad del aire y las emisiones de contaminantes atmosféricos.

a)

sus políticas y medidas, o conjuntos de medidas, nacionales conforme a lo dispuesto en el anexo VI, y

b)

sus proyecciones nacionales de emisiones antropógenas por las fuentes, y absorciones por los sumideros, de gases de efecto invernadero organizadas por gases o grupos de gases (hidrofluorocarburos y perfluorocarburos) enumerados en la parte 2 del anexo V; las proyecciones nacionales tendrán en cuenta las políticas y medidas adoptadas al nivel de la Unión y contendrán la información indicada en el anexo VII.

a)

la información sobre la aplicación de las trayectorias y objetivos siguientes:

b)

la información sobre la aplicación de las políticas y medidas siguientes:

c)

la información indicada en el anexo IX, parte 1.

a)

la información sobre la aplicación de las trayectorias, objetivos generales y objetivos específicos nacionales siguientes:

b)

la información sobre la aplicación de las políticas y medidas siguientes:

c)

la información indicada en el anexo IX, parte 2.

a)

los objetivos nacionales respecto a la diversificación de fuentes de energía y de suministro;

b)

en su caso, los objetivos nacionales en lo relativo a la reducción de la dependencia de la importación de energía de terceros países;

c)

los objetivos nacionales respecto del desarrollo de la preparación para hacer frente a las limitaciones o interrupciones de suministro de una fuente de energía, incluidos el gas y la electricidad;

d)

los objetivos nacionales en lo relativo al aumento de la flexibilidad del sistema energético nacional, en especial por medio del despliegue de fuentes de energía internas, respuesta a la demanda y almacenamiento de energía;

e)

las políticas y medidas implementadas, adoptadas y previstas para lograr los objetivos indicados en las letras a) a d);

f)

la cooperación regional en la aplicación de los objetivos y políticas indicados en las letras a) a d);

g)

no obstante lo dispuesto en los artículos 107 y 108 del TFUE, medidas financieras, incluido el apoyo de la Unión y la utilización de fondos de la Unión, adoptadas en este ámbito a escala nacional, en su caso.

a)

nivel de interconectividad de la electricidad que el Estado miembro pretende alcanzar en 2030, habida cuenta del objetivo de interconexión de electricidad para 2030 de, al menos, el 15 %, y los indicadores establecidos en el anexo I, parte 1, sección A, punto 2.4.1, así como las medidas de aplicación de la estrategia para lograr dicho nivel, incluidas las relacionadas con la concesión de autorizaciones;

b)

proyectos clave relativos a la infraestructura de transporte de electricidad y el gas necesario para la consecución de los objetivos generales y de los objetivos específicos con arreglo a las cinco dimensiones de la Unión de la Energía;

c)

en su caso, principales proyectos de infraestructuras previstos distintos de los proyectos de interés común (PIC), incluidos proyectos de infraestructura con participación de terceros países y, en la medida de lo posible, una evaluación general de su compatibilidad con los fines y los objetivos específicos de la Unión de la Energía y su contribución a los mismos;

d)

objetivos nacionales relacionados con otros aspectos del mercado interior de la energía tales como una mayor flexibilidad del sistema, la integración y el acoplamiento de los mercados—con el objetivo de aumentar la capacidad negociable de las interconexiones existentes—, redes inteligentes, agregación, respuesta de la demanda, almacenamiento, generación distribuida, mecanismos de despacho, de redespacho y de reducción, señales de precios en tiempo real;

e)

en su caso, objetivos y medidas nacionales relativos a la participación no discriminatoria de las energías renovables, la respuesta de la demanda y el almacenamiento, incluso por medio de la agregación, en todos los mercados de la energía;

f)

en su caso, objetivos y medidas nacionales destinados a garantizar que los consumidores participen en el sistema energético y se beneficien de la autogeneración y de las nuevas tecnologías, incluidos los contadores inteligentes;

g)

medidas respecto a la garantía de la adecuación del sistema eléctrico;

h)

políticas y medidas implementadas, adoptadas y previstas para lograr los objetivos indicados en las letras a) a g);

i)

cooperación regional en la aplicación de los objetivos y políticas indicados en las letras a) a h);

j)

no obstante lo dispuesto en los artículos 107 y 108 del TFUE, las medidas financieras a nivel nacional, incluido el apoyo de la Unión y la utilización de fondos de la Unión, adoptadas en el ámbito del mercado interior de la energía a escala nacional, también para el objetivo de interconexión de electricidad, en su caso;

k)

medidas para aumentar la flexibilidad del sistema energético con respecto a la producción de energías renovables, incluyendo el desarrollo del acoplamiento de los mercados intradiarios y los mercados transfronterizos de balance.

a)

información sobre los avances hacia el objetivo nacional indicativo de reducir el número de hogares en situación de pobreza energética; e

b)

información cuantitativa sobre el número de hogares en situación de pobreza energética y, cuando se disponga de ella, información sobre las políticas y medidas para abordar la pobreza energética.

a)

en su caso, objetivos y medidas nacionales que trasladen a un contexto nacional los objetivos y políticas del Plan EETE;

b)

objetivos nacionales de gasto total público y, en su caso, privado en investigación e innovación relacionadas con las tecnologías energéticas limpias, así como en materia de costes de las tecnologías y de desarrollo de las prestaciones;

c)

en su caso, objetivos nacionales, incluidos objetivos a largo plazo hasta 2050, para el despliegue de tecnologías de descarbonización de sectores industriales de gran consumo energético y con gran intensidad de carbono, y en su caso, la infraestructura correspondiente de transporte, utilización y almacenamiento de carbono;

d)

objetivos nacionales para la eliminación gradual de subsidios energéticos, en particular a combustibles fósiles;

e)

políticas y medidas implementadas, adoptadas y previstas para lograr los objetivos indicados en las letras b) y c);

f)

cooperación con otros Estados miembros en la aplicación de los objetivos y políticas a que se refieren las letras b) a d), incluida la coordinación de políticas y medidas en el contexto del Plan EETE, tales como la adaptación de los programas de investigación y programas comunes;

g)

medidas de financiación, incluido el apoyo de la Unión y la utilización de fondos de la Unión, adoptadas en este ámbito a escala nacional, si procede.

a)

la información mencionada en el artículo 6, apartado 2, de la Directiva 2009/119/CE;

b)

la información mencionada en el anexo IX, punto 3, de la Directiva 2013/30/UE, de conformidad con el artículo 25 de esa Directiva.

a)

modificar la parte 2 del anexo V para añadir o suprimir sustancias en la lista de gases de efecto invernadero, de conformidad con las decisiones pertinentes adoptadas por los organismos de la CMNUCC o del Acuerdo de París;

b)

complementar el presente Reglamento adoptando valores para los potenciales de calentamiento global y especificando las orientaciones para los inventarios aplicables de conformidad con las decisiones pertinentes adoptadas por los organismos de la CMNUCC o del Acuerdo de París.

a)

las cuotas sectoriales (electricidad, calefacción y refrigeración y transporte) y globales de energía procedente de fuentes renovables en 2020;

b)

las medidas adoptadas para alcanzar los objetivos nacionales de energías renovables para 2020, incluidas las medidas relativas a sistemas de apoyo, garantías de origen y simplificación de los procedimientos administrativos;

c)

la cuota de energía procedente de biocarburantes y biolíquidos producidos a partir de cereales y otros cultivos ricos en almidón, de azúcares y de oleaginosas en el consumo de energía en el transporte;

d)

la cuota de energía procedente de biocarburantes y biogás para el transporte producidos a partir de materias primas y de otros carburantes enumerados en la parte A del anexo IX de la Directiva 2009/28/CE, en su versión en vigor el 31 de diciembre de 2020, en el consumo de energía en el transporte.

a)

los avances logrados por la Unión hacia la consecución de los objetivos de la Unión de la Energía, incluidos, respecto al primer período decenal, los objetivos específicos de la Unión para 2030 en materia de energía y clima, en particular al objeto de evitar lagunas en el cumplimiento de los objetivos de energías renovables y eficiencia energética de la Unión para 2030;

b)

los avances logrados por cada Estado miembro hacia la consecución de sus objetivos generales, objetivos específicos y contribuciones y en la aplicación de las políticas y medidas fijadas en su plan nacional integrado de energía y clima;

c)

las repercusiones globales de la aviación sobre el clima mundial, incluidas las que no estén ligadas a las emisiones o los efectos del CO2, sobre la base de los datos de emisiones comunicados por los Estados miembros de conformidad con el artículo 26; mejorará esa evaluación haciendo referencia a los avances científicos y a los datos sobre el tráfico aéreo, según proceda;

d)

el impacto general de las políticas y medidas de los planes nacionales integrados de energía y clima sobre el funcionamiento de las medidas de la Unión en materia de políticas de clima y energía;

e)

el impacto general de las políticas y medidas incluidas en los planes nacionales integrados de energía y clima sobre el funcionamiento del régimen de comercio de derechos de emisión de la Unión Europea (RCDE de la UE) y en el equilibrio entre la oferta y la demanda de derechos de emisión en el mercado europeo del carbono.

a)

examinará si se ha cumplido el objetivo intermedio de que el consumo de energía de la Unión no sea superior a 1 483 Mtep de energía primaria ni a 1 086 Mtep de energía final en 2020;

b)

determinará si los avances de los Estados miembros indican que el conjunto de la Unión está en la buena senda hacia la consecución del nivel de consumo de energía en 2030 indicado en el párrafo primero, tomando en consideración la evaluación de la información facilitada por los Estados miembros en sus informes de situación nacionales integrados de energía y clima;

c)

utilizará los resultados de ejercicios de modelización en relación con las tendencias futuras del consumo de energía a nivel de la Unión y de los Estados miembros, así como otros análisis complementarios;

d)

tendrá debidamente en cuenta las circunstancias pertinentes que afectan al consumo de energía primaria y final indicadas por los Estados miembros en sus planes nacionales integrados de energía y clima, de conformidad con el artículo 6, apartado 2.

a)

de los compromisos enunciados en el artículo 4 de la CMNUCC y en el artículo 3 del Acuerdo de París, según lo establecido en las decisiones adoptadas por la Conferencia de las Partes en la CMNUCC o por la Conferencia de las Partes en la CMNUCC en calidad de reunión de las Partes en el Acuerdo de París;

b)

las obligaciones establecidas en el artículo 4 del Reglamento (UE) 2018/842 y en el artículo 4 del Reglamento (UE) 2018/841;

c)

los objetivos fijados en el plan nacional integrado de energía y clima con miras a la consecución de los objetivos de la Unión de la Energía y para el primer período decenal con miras al cumplimiento de los objetivos de energía y clima para 2030.

a)

los productos, con arreglo a la Directiva 2009/125/CE del Parlamento Europeo y del Consejo (34) y al Reglamento (UE) 2017/1369 del Parlamento Europeo y del Consejo (35);

b)

los edificios, con arreglo a las Directivas 2010/31/UE y 2012/27/UE; y

c)

el transporte.

a)

medidas nacionales para potenciar el despliegue de las energías renovables;

b)

el ajuste de la cuota de energías renovables en el sector de calefacción y refrigeración fijada en el artículo 23, apartado 1, de la Directiva (UE) 2018/2001;

c)

el ajuste de la cuota de energías renovables en el sector del transporte fijada en el artículo 25, apartado 1, de la Directiva (UE) 2018/2001;

d)

un pago financiero voluntario al mecanismo de financiación de energías renovables creado a nivel de la Unión para contribuir a proyectos de energías renovables y gestionado directa o indirectamente por la Comisión, tal como se establece en el artículo 33;

e)

la utilización de los mecanismos de cooperación previstos en la Directiva (UE) 2018/2001.

a)

los pagos de los Estados miembros mencionados en el artículo 32 podrán completarse con fuentes adicionales, tales como fondos de la Unión, contribuciones del sector privado o pagos adicionales por parte de los Estados miembros con el fin de contribuir a la consecución del objetivo de la Unión;

b)

el mecanismo de financiación podrá, entre otras acciones, proporcionar apoyo en forma de préstamos a bajo interés, subvenciones, o una combinación de ambos, y apoyar, entre otras iniciativas, proyectos conjuntos entre Estados miembros de conformidad con el artículo 9 de la Directiva (UE) 2018/2001 y la participación de los Estados miembros en los proyectos conjuntos con países terceros a que se refiere el artículo 11 de dicha Directiva.

a)

la metodología de cálculo del nivel máximo de la prima para cada proceso de licitación;

b)

el procedimiento de la licitación que se aplicará, incluidas las condiciones de entrega y las sanciones conexas;

c)

la metodología de cálculo de los pagos de los Estados miembros y los beneficios estadísticos resultantes para los Estados miembros contribuyentes;

d)

los requisitos mínimos para la participación de los Estados miembros, atendiendo a la necesidad de garantizar la continuidad del mecanismo mediante un pago del Estado miembro que tenga la duración suficiente, así como el mayor grado de flexibilidad posible para la participación de los Estados miembros;

e)

las disposiciones que velan por la participación y/o aprobación de los Estados miembros de acogida y, en caso necesario, las disposiciones relativas a las cargas adicionales por costes del sistema.

a)

el Estado miembro afectado tendrá debidamente en cuenta la recomendación en un espíritu de solidaridad entre los Estados miembros y la Unión y entre los Estados miembros;

b)

el Estado miembro explicará, en su informe de situación nacional integrado de energía y clima del año siguiente al de la emisión de la recomendación, de qué manera ha tenido debidamente en cuenta la recomendación. Si el Estado miembro en cuestión decide no tener en cuenta una recomendación o una parte sustancial de la misma, dicho Estado miembro ofrecerá sus motivos;

c)

las recomendaciones deberían complementar las recomendaciones específicas por país más recientes emitidas en el contexto del Semestre Europeo.

a)

la evaluación realizada con arreglo al artículo 29;

b)

cuando proceda, las recomendaciones emitidas con arreglo al artículo 34;

c)

el informe sobre el funcionamiento del mercado de carbono a que se refiere el artículo 10, apartado 5, de la Directiva 2003/87/CE, incluida la información sobre la aplicación de dicha Directiva de conformidad con su artículo 21, apartado 2;

d)

con carácter bienal, a partir de 2023, un informe sobre la sostenibilidad de la bioenergía de la Unión, con la información especificada en el anexo X;

e)

con carácter bienal, un informe sobre los regímenes voluntarios respecto a los cuales la Comisión haya adoptado una decisión en virtud del artículo 30, apartado 4, de la Directiva (UE) 2018/2001, que contenga la información especificada en el anexo XI del presente Reglamento;

f)

un informe de situación general sobre la aplicación de la Directiva 2009/72/CE;

g)

un informe de situación general sobre la aplicación de la Directiva 2009/73/CE, con arreglo al artículo 52 de dicha Directiva;

h)

un informe de situación general sobre los sistemas de obligaciones de eficiencia energética y medidas de actuación alternativas previstos en los artículos 7 bis y 7 ter de la Directiva 2012/27/UE;

i)

con carácter bienal, un informe de situación general sobre la renovación del parque nacional de edificios residenciales y no residenciales, tanto públicos como privados, en consonancia con las hojas de ruta establecidas en las estrategias de renovación a largo plazo que cada Estado miembro establecerá de conformidad con el artículo 2 bis de la Directiva 2010/31/UE;

j)

cada cuatro años, un informe de situación general sobre el aumento en los Estados miembros del número de edificios de consumo de energía casi nulo, de conformidad con el artículo 9, apartado 5, de la Directiva 2010/31/UE;

k)

un informe de situación general sobre los avances de los Estados miembros en la creación de un mercado energético completo y operativo;

l)

la calidad real de los combustibles en los diferentes Estados miembros y la cobertura geográfica de los combustibles con un contenido máximo de azufre de 10 mg/kg, con el fin de facilitar una recapitulación de los datos sobre la calidad de los combustibles en los diferentes Estados miembros, comunicados con arreglo a la Directiva 98/70/CE;

m)

un informe de situación sobre competitividad;

n)

los avances de los Estados miembros hacia la eliminación gradual de subsidios energéticos, en particular a combustibles fósiles;

o)

otras cuestiones importantes para la aplicación de la Unión de la Energía, en particular el apoyo público y privado;

p)

a más tardar el 31 de octubre de 2019 y, posteriormente, cada cuatro años, una evaluación de la aplicación de la Directiva 2009/31/CE.

a)

controles para comprobar la transparencia, exactitud, coherencia, comparabilidad y exhaustividad de la información presentada;

b)

controles para detectar los casos en que los datos del inventario se hayan elaborado de manera incompatible con la documentación orientativa de la CMNUCC o con las normas de la Unión;

c)

controles para detectar los casos en que la contabilidad de UTCUTS se haya elaborado de manera incompatible con la documentación orientativa de la CMNUCC o con las normas de la Unión, y

d)

cuando proceda, el cálculo de las consiguientes correcciones técnicas que resulten necesarias, en consulta con los Estados miembros.

a)

el proceso de elaboración, adopción, notificación y evaluación de los planes nacionales integrados de energía y clima con arreglo a los artículos 9 a 13;

b)

el proceso de elaboración, adopción, notificación y evaluación del informe de situación nacional integrado de energía y clima con arreglo al artículo 17 y del informe anual con arreglo al artículo 26;

c)

el proceso relativo a las recomendaciones de la Comisión y la respuesta a tales recomendaciones, en virtud del artículo 9, apartados 2 y 3, artículo 17, apartado 6, artículo 30, apartado 1, artículo 31, apartado 1 y artículo 32, apartados 1 y 2;

d)

la compilación del inventario de gases de efecto invernadero de la Unión y la elaboración del informe sobre dicho inventario, de conformidad con el artículo 26, apartado 4;

e)

la preparación de la comunicación nacional de la Unión con arreglo al artículo 12 de la CMNUCC y del informe bienal de la Unión con arreglo a la Decisión 2/CP.17 o a decisiones posteriores pertinentes adoptadas por los órganos de la CMNUCC;

f)

los procedimientos de revisión y de conformidad previstos en la CMNUCC y el Acuerdo de París con arreglo a las decisiones aplicables en el marco de la CMNUCC, así como el procedimiento de la Unión para revisar los inventarios de gases de efecto invernadero de los Estados miembros a que se refiere el artículo 38;

g)

todo ajuste efectuado tras el proceso de revisión a que se refiere el artículo 38 u otros cambios introducidos en los inventarios e informes sobre los inventarios presentados, o que deban presentarse, a la Secretaría de la CMNUCC;

h)

la compilación del avance de inventario de gases de efecto invernadero de la Unión, de conformidad con el artículo 26, apartado 2.

a)

la compilación de la información comunicada por los Estados miembros sobre las políticas y medidas y las proyecciones;

b)

la aplicación de los procedimientos de aseguramiento y control de la calidad a la información comunicada por los Estados miembros sobre las políticas y medidas y las proyecciones;

c)

la elaboración de estimaciones de los datos sobre proyecciones no comunicados por los Estados miembros o la complementación de las estimaciones de tales datos de que disponga la Comisión;

d)

la compilación de los datos requeridos para el informe del estado de la Unión de la Energía que la Comisión debe elaborar y presentar al Parlamento Europeo y al Consejo, extraídos de las estadísticas europeas cada vez que estén disponibles y sincronizadas;

e)

la difusión de la información recopilada en el marco del presente Reglamento, lo que incluye el mantenimiento y la actualización de una base de datos sobre las políticas y medidas de mitigación de los Estados miembros, y la Plataforma Europea de Adaptación al Clima relacionada con las repercusiones del cambio climático y las vulnerabilidades y la adaptación al respecto;

f)

la aplicación de los procedimientos de aseguramiento y control de la calidad en la elaboración del inventario de gases de efecto invernadero de la Unión;

g)

la compilación del inventario de gases de efecto invernadero de la Unión y la elaboración del informe sobre dicho inventario;

h)

la elaboración de estimaciones de los datos no comunicados en los inventarios nacionales de gases de efecto invernadero;

i)

la realización de la revisión a que se refiere el artículo 38;

j)

la compilación del avance de inventario de gases de efecto invernadero de la Unión.

a)

un Comité del Cambio Climático por lo que se refiere a la ejecución de los aspectos a que se refieren el artículo 19, apartado 5, el artículo 26, apartado 7, el artículo 37, apartado 6, el artículo 38, apartado 3, y el artículo 39, apartado 3; y

b)

un comité de la Unión de la Energía por lo que se refiere a la ejecución de los aspectos a que se refieren el artículo 17, apartado 4, y el artículo 33, apartado 4.

1)

En el artículo 8, se suprime el apartado 2.

2)

Se suprime el artículo 9.

1)

El artículo 7 bis se modifica como sigue:

2)

En el artículo 8, el apartado 4 se sustituye por el texto siguiente:

«4.   La Comisión garantizará que la información presentada en virtud del apartado 3 se facilite sin dilación por los medios adecuados.».

1)

En el artículo 27, el apartado 1 se sustituye por el texto siguiente:

«Los Estados miembros presentarán cada cuatro años a la Comisión un informe sobre la aplicación de la presente Directiva, incluido el registro a que hace referencia el artículo 25, apartado 1, letra b). El primer informe se enviará a la Comisión, a más tardar, el 30 de junio de 2011. El informe se elaborará sobre la base de un cuestionario o esquema que habrá sido adoptado por la Comisión mediante actos de ejecución. Dichos actos de ejecución se adoptarán de conformidad con el procedimiento de examen a que se refiere el artículo 30, apartado 2. El cuestionario o esquema se enviará a los Estados miembros al menos seis meses antes del vencimiento del plazo de presentación del informe.».

2)

En el artículo 38, se suprime el apartado 1.

1)

En el artículo 27, se suprimen los apartados 1 y 3.

2)

Se suprime el artículo 28.

1)

Se suprime el artículo 5.

2)

El artículo 52 se sustituye por el texto siguiente:

«Artículo 52

Informes

La Comisión controlará y examinará la aplicación de la presente Directiva y presentará un informe general de situación al Parlamento Europeo y al Consejo como anexo del informe sobre el estado de la Unión de la Energía a que se refiere el artículo 35 del Reglamento (UE) 2018/1999 del Parlamento Europeo y del Consejo (*1).

(*1)  Reglamento (UE) 2018/1999 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de diciembre de 2018, sobre la gobernanza de la Unión de la Energía y de la Acción por el Clima, y por el que se modifican los Reglamentos (CE) n.o 663/2009 y (CE) n.o 715/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, las Directivas 94/22/CE, 98/70/CE, 2009/31/CE, 2009/73/CE, 2010/31/UE, 2012/27/UE y 2013/30/UE del Parlamento Europeo y del Consejo y las Directivas 2009/119/CE y (UE) 2015/652 del Consejo, y se deroga el Reglamento (UE) n.o 525/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo (DO L 328 de 21.12.2018, p. 1)»."

1)

El artículo 2 bis se modifica como sigue:

2)

En el artículo 5, apartado 2, párrafo segundo, se suprime la frase «El informe podrá incluirse en los planes de acción para la eficiencia energética contemplados en el artículo 14, apartado 2, de la Directiva 2006/32/CE.».

3)

En el artículo 9, el apartado 5 se sustituye por el texto siguiente:

«5.   Como parte de su informe sobre el estado de la Unión de la Energía a que se refiere el artículo 35 del Reglamento (UE) 2018/1999, la Comisión informará cada cuatro años al Parlamento Europeo y al Consejo sobre los avances de los Estados miembros en el aumento del número de edificios de consumo de energía casi nulo. Sobre la base de la información comunicada, la Comisión, si resulta necesario, elaborará un plan de acción y propondrá recomendaciones y medidas de conformidad con el artículo 34 del Reglamento (UE) 2018/1999 para aumentar el número de este tipo de edificios y fomentar las mejores prácticas en materia de transformación eficiente en costes de edificios existentes en edificios de consumo de energía casi nulo.».

4)

En el artículo 10, se suprimen los apartados 2 y 3;

5)

En el artículo 14, apartado 3, el párrafo tercero se sustituye por el texto siguiente:

«Dicho informe se transmitirá a la Comisión, como parte de los planes nacionales integrados de energía y clima de los Estados miembros previstos en el artículo 3 del Reglamento (UE) 2018/1999»;

6)

En el artículo 15, apartado 3, el párrafo tercero se sustituye por el texto siguiente:

«Dicho informe se transmitirá a la Comisión, como parte de los planes nacionales integrados de energía y clima de los Estados miembros previstos en el artículo 3 del Reglamento (UE) 2018/1999.».

1)

Se suprime el artículo 4;

2)

En el artículo 18, apartado 1, se suprime la letra e).

3)

El artículo 24 se modifica como sigue:

4)

Se suprime el anexo XIV.

1)

En el artículo 5, el apartado 1 se sustituye por el texto siguiente:

«1.   El 31 de diciembre de cada año a más tardar, los Estados miembros facilitarán a la Comisión datos correspondientes al año natural anterior relacionados con el cumplimiento del artículo 7 bis de la Directiva 98/70/CE, definidos en el anexo III de la presente Directiva.»;

2)

En el anexo I, parte 2, se suprimen los puntos 1, letra h), 2, 3, 4 y 7.

3)

El anexo III se modifica como sigue:

4)

El anexo IV se modifica como sigue:

i.

Contexto político, económico, medioambiental y social del plan nacional

ii.

Estrategia relativa a las cinco dimensiones de la Unión de la Energía

iii.

Cuadro de síntesis con los principales objetivos, políticas y medidas del plan

i.

Sistema energético de la Unión y nacional, y contexto político del plan nacional

ii.

Políticas y medidas actuales en materia de energía y clima relativas a las cinco dimensiones de la Unión de la Energía

iii.

Cuestiones clave de índole transfronteriza

iv.

Estructura administrativa de la aplicación de las políticas nacionales de energía y clima

i.

Participación del Parlamento nacional

ii.

Participación de las autoridades locales y regionales

iii.

Consultas con las partes interesadas, incluidos los interlocutores sociales, y participación de la sociedad civil y del público en general

iv.

Consulta de otros Estados miembros

v.

Proceso iterativo con la Comisión

i.

Elementos sujetos a la planificación conjunta o coordinada con otros Estados miembros

ii.

Explicación del modo en que se aborda la cooperación regional en el plan

i.

Elementos establecidos en el artículo 4, letra a), punto 1

ii.

En su caso, otros objetivos generales y objetivos específicos nacionales coherentes con el Acuerdo de París y las estrategias existentes a largo plazo. En su caso, para la contribución al compromiso general de la Unión de reducción de las emisiones de GEI, otros objetivos generales y objetivos específicos, incluidos los objetivos específicos sectoriales y los objetivos de adaptación, si están disponibles

i.

Elementos establecidos en el artículo 4, letra a), punto 2

ii.

trayectorias estimadas relativas a la cuota sectorial de energías renovables en el consumo final de energía de 2021 a 2030 en la electricidad, la calefacción y refrigeración y el sector del transporte

iii.

Trayectorias estimadas por tecnología de energías renovables que el Estado miembro prevé utilizar para alcanzar las trayectorias generales y sectoriales de energías renovables de 2021 a 2030, incluido el consumo total bruto de energía final previsto por tecnología y sector en Mtep y la capacidad instalada total prevista (dividida en nueva capacidad y repotenciación) por tecnología y sector en MW

iv.

Trayectorias estimadas sobre la demanda de bioenergía, desagregada entre calor, electricidad y transporte, y sobre la oferta de biomasa por materia prima y origen (distinguiendo entre producción interna e importaciones). En cuanto a la biomasa forestal, una evaluación de su fuente y su impacto en el sumidero UTCUTS

v.

En su caso, otras trayectorias y objetivos nacionales, incluidos aquellos que son a largo plazo o sectoriales (p. ej., cuota de energía renovable en calefacción urbana, uso de energía renovable en edificios, energía renovable producida por las ciudades, comunidades de energías renovables y autoconsumidores de energías renovables, energía recuperada de los lodos obtenidos mediante el tratamiento de las aguas residuales)

i.

Elementos establecidos en el artículo 4, letra b)

ii.

Los hitos indicativos para 2030, 2040 y 2050, los indicadores de progreso mensurables establecidos a nivel nacional, una estimación, basada en elementos tangibles, del ahorro de energía esperado y otras posibles ventajas, y sus contribuciones a los objetivos de eficiencia energética de la Unión que figuran en las hojas de ruta establecidas en las estrategias a largo plazo para la renovación del parque nacional de edificios residenciales y no residenciales, tanto públicos como privados, de conformidad con el artículo 2 bis de la Directiva 2010/31/UE

iii.

En su caso, otros objetivos nacionales, incluidos los objetivos específicos o las estrategias a largo plazo y los objetivos sectoriales, y objetivos nacionales en ámbitos como la eficiencia energética en el sector del transporte y en lo que respecta a la calefacción y la refrigeración

i.

Elementos establecidos en el artículo 4, letra c)

ii.

Objetivos nacionales en lo que respecta al aumento de la diversificación de las fuentes de energía y de suministro desde terceros países con la finalidad de aumentar la resiliencia de los sistemas energéticos regionales y nacionales

iii.

En su caso, los objetivos nacionales indicativos en lo relativo a la reducción de la dependencia de la importación de energía de terceros países, con la finalidad de aumentar la resiliencia de los sistemas energéticos nacionales y regionales

iv.

Objetivos nacionales respecto al aumento de la flexibilidad del sistema energético nacional, en especial por medio del despliegue de fuentes de energía internas, la respuesta a la demanda y el almacenamiento de energía

i.

Nivel de interconexión de electricidad que el Estado miembro pretende alcanzar en 2030 habida cuenta del objetivo de interconexión de electricidad de al menos el 15 % en 2030, con una estrategia en la que el nivel a partir de 2021 se defina en estrecha cooperación con los Estados miembros afectados, teniendo en cuenta el objetivo de interconexión del 10 % en 2020 y los siguientes indicadores de la urgencia de la acción:

Todo nuevo interconector será objeto de un análisis de costes y beneficios socioeconómico y medioambiental, y solo se construirá si los beneficios potenciales superan los costes

i.

Proyectos clave relativos a la infraestructura de transporte de electricidad y gas y, en su caso, los proyectos de modernización necesarios para la consecución de los objetivos generales y de los objetivos específicos con arreglo a las cinco dimensiones de la Estrategia de la Unión de la Energía

ii.

En su caso, los principales proyectos de infraestructuras previstos distintos de los proyectos de interés común (PIC) (2)

i.

Objetivos nacionales relacionados con otros aspectos del mercado interior de la energía tales como el aumento de la flexibilidad del sistema, en particular mediante el fomento de unos precios de la electricidad determinados de forma competitiva, de acuerdo con la legislación sectorial aplicable, la integración y el acoplamiento de los mercados con objeto de aumentar la capacidad negociable de interconectores existentes, redes inteligentes, agregación, respuesta de la demanda, almacenamiento, generación distribuida, mecanismos de despacho, redespacho y reducción y señales de precios en tiempo real, incluido un calendario de plazos de cumplimiento de los objetivos

ii.

En su caso, objetivos nacionales relativos a la participación no discriminatoria de las energías renovables, la respuesta a la demanda y el almacenamiento, en particular a través de la agregación, en todos los mercados de la energía, con un calendario para los objetivos que deben cumplirse

iii.

En su caso, objetivos nacionales destinados a garantizar que los consumidores participen en el sistema energético y se beneficien de la autogeneración y de las nuevas tecnologías, incluidos los contadores inteligentes

iv.

Objetivos nacionales con el fin de garantizar la adecuación del sistema eléctrico, así como respecto a la flexibilidad del sistema energético por lo que se refiere a la producción de energía renovable, incluido un calendario de los plazos de cumplimiento de los objetivos

v.

En su caso, objetivos nacionales para proteger a los consumidores de energía y mejorar la competitividad del sector de la energía al por menor

i.

Objetivos nacionales y de financiación en materia de investigación e innovación públicas y, en su caso, privadas en relación con la Unión de la Energía, incluido, si procede, un calendario de plazos de cumplimiento de dichos objetivos

ii.

En su caso, objetivos nacionales para 2050 relativos a la promoción de las tecnologías energéticas limpias y, en su caso, objetivos nacionales, incluidos los objetivos a largo plazo (2050) para el despliegue de tecnologías hipocarbónicas, en particular la descarbonización de sectores industriales de gran consumo energético y con grandes emisiones carbónicas y, en su caso, la infraestructura correspondiente de transporte y almacenamiento de carbono

iii.

En su caso, objetivos nacionales en lo que respecta a la competitividad

i.

Políticas y medidas para alcanzar el objetivo establecido en el Reglamento (UE) 2018/842 indicado en el punto 2.1.1, y las políticas y medidas para cumplir con el Reglamento (UE) 2018/841, incluyendo todos los sectores emisores clave y los sectores para el incremento de la absorción, con la perspectiva de la visión y el objetivo a largo plazo de convertirse en una economía de bajas emisiones y de lograr el equilibrio entre las emisiones y las absorciones de conformidad con el Acuerdo de París

ii.

En su caso, cooperación regional en este ámbito

iii.

Sin perjuicio de la aplicabilidad de las normas sobre ayudas estatales, medidas financieras a escala nacional, incluido el apoyo de la Unión y la utilización de fondos de la Unión en este ámbito, en su caso

i.

Políticas y medidas para alcanzar la contribución nacional al objetivo vinculante de energías renovables a escala de la Unión para 2030 y trayectorias a que se refiere el artículo 4, letra a) punto 2), y, en su caso o si se dispone de ellos, los elementos presentados en el punto 2.1.2. del presente anexo, incluidas las medidas específicas sectoriales y por tecnología (3)

ii.

En su caso, medidas específicas relativas a la cooperación regional, así como, con carácter optativo, al exceso de producción de energías renovables estimado que podría ser transferido a otros Estados miembros con vistas a conseguir la contribución y las trayectorias nacionales presentados en el punto 2.1.2

iii.

Medidas específicas sobre la ayuda financiera, incluido, en su caso, el apoyo de la Unión y el uso de los fondos de la Unión para la promoción de la producción y el uso de energías renovables en la electricidad, la calefacción y la refrigeración, y el transporte

iv.

En su caso, la evaluación de la ayuda a la electricidad procedente de fuentes renovables que los Estados miembros deben llevar a cabo de conformidad con el artículo 6, apartado 4, de la Directiva (UE) 2018/2001.

v.

Medidas específicas para establecer uno o varios puntos de contacto, racionalizar los procedimientos administrativos, proporcionar información y formación, y facilitar la adopción de acuerdos de compra de energía

Resumen de las políticas y medidas en el marco de las condiciones de partida que los Estados miembros tienen que establecer con arreglo al artículo 21, apartado 6, y al artículo 22, apartado 5, de la Directiva (UE) 2018/2001 para fomentar y facilitar el desarrollo del autoconsumo y de las comunidades de energías renovables

vi.

Evaluación de la necesidad de construir nuevas infraestructuras en materia de calefacción y refrigeración urbanas producidas a partir de fuentes renovables

vii.

En su caso, medidas específicas sobre el fomento de la utilización de la energía procedente de la biomasa, especialmente por lo que respecta a la movilización de nueva biomasa, habida cuenta de:

i.

En su caso, políticas y medidas nacionales que afectan al sector RCDE de la UE y evaluación de la complementariedad e impactos en el RCDE

ii.

Políticas y medidas para alcanzar otros objetivos nacionales, si procede

iii.

Políticas y medidas destinadas a lograr una movilidad de bajas emisiones (incluida la electrificación del transporte)

iv.

En su caso, políticas nacionales, calendarios y medidas previstas para eliminar progresivamente las subvenciones a la energía, en particular a los combustibles fósiles

i.

Sistemas de obligaciones de eficiencia energética y medidas de actuación alternativas con arreglo a los artículos 7 bis y 7 ter y al artículo 20, apartado 6, de la Directiva 2012/27/UE y pendientes de preparación de conformidad con el anexo III del presente Reglamento

ii.

Estrategia de renovación a largo plazo para apoyar la renovación del parque nacional de edificios residenciales y no residenciales (tanto públicos como privados) (4), incluidas las políticas, medidas y acciones destinadas a estimular renovaciones eficientes en costes en profundidad y políticas y acciones dirigidas a los segmentos con peor rendimiento del parque nacional de edificios, de conformidad con el artículo 2 bis de la Directiva 2010/31/UE

iii.

Descripción de las políticas y las medidas para promover los servicios energéticos en el sector público y medidas para eliminar las barreras reglamentarias y no reglamentarias que impiden la celebración de contratos de rendimiento energético y otros modelos de servicios de eficiencia (5)

iv.

Otras políticas, medidas y programas previstos para lograr las contribuciones nacionales orientativas de eficiencia energética para 2030, así como otros objetivos presentados en el punto 2.2 (p. ej. medidas para promover el papel ejemplarizante de los edificios públicos y la contratación pública eficiente energéticamente, medidas para promover auditorías energéticas y sistemas de gestión de la energía (6), medidas de información y formación de los consumidores (7) y otras medidas para promover la eficiencia energética (8))

v.

En su caso, descripción de políticas y medidas para promover el papel de las comunidades de energía locales en la contribución a la ejecución de políticas y medidas contempladas en los incisos i), ii), iii) y iv)

vi.

Descripción de las medidas destinadas a utilizar los potenciales de eficiencia energética de las infraestructuras de gas y electricidad (9)

vii.

Cooperación regional en este ámbito, en su caso

viii.

Medidas financieras a escala nacional, incluido el apoyo de la Unión y la utilización de fondos de la Unión, en este ámbito

i.

Políticas y medidas relacionadas con los elementos establecidos en el punto 2.3 (11)

ii.

Cooperación regional en este ámbito

iii.

En su caso, medidas financieras a escala nacional, incluido el apoyo de la Unión y la utilización de fondos de la Unión, en este ámbito

i.

Políticas y medidas para alcanzar el nivel del objetivo de interconectividad establecido en el artículo 4, letra d)

ii.

Cooperación regional en este ámbito (13)

iii.

En su caso, medidas financieras a escala nacional, incluido el apoyo de la Unión y la utilización de fondos de la Unión, en este ámbito

i.

Políticas y medidas relacionadas con los elementos establecidos en el punto 2.4.2, incluidas, en su caso, medidas específicas para la ejecución de los proyectos de interés común (PIC) u otros proyectos clave de infraestructuras

ii.

Cooperación regional en este ámbito (14)

iii.

En su caso, medidas financieras a escala nacional, incluido el apoyo de la Unión y la utilización de fondos de la Unión, en este ámbito

i.

Políticas y medidas relacionadas con los elementos establecidos en el punto 2.4.3

ii.

Medidas para aumentar la flexibilidad del sistema energético con respecto a la producción de energías renovables, tales como redes inteligentes, agregación, respuesta de la demanda, almacenamiento, generación distribuida, mecanismos de despacho, redespacho y reducción y señales de precios en tiempo real, incluyendo el desarrollo del acoplamiento de los mercados intradiarios y los mercados transfronterizos de balance

iii.

En su caso, medidas para garantizar la participación no discriminatoria de las energías renovables, la respuesta de la demanda y el almacenamiento, también a través de la agregación, en todos los mercados de la energía

iv.

Políticas y medidas de protección de los consumidores, especialmente de los consumidores de energía vulnerables y, en su caso, pobres, y de mejora de la competitividad y la competencia en el mercado minorista de la energía

v.

Descripción de las medidas para posibilitar y desarrollar la respuesta de la demanda, incluidas las referidas a tarifas en apoyo dela fijación de precios dinámicos (15)

i.

En su caso, políticas y medidas destinadas a alcanzar los objetivos establecidos en el punto 2.4.4

i.

Políticas y medidas relacionadas con los elementos establecidos en el punto 2.5

ii.

En su caso, cooperación con otros Estados miembros en este ámbito, incluida, cuando proceda, la información sobre la forma en que los objetivos y las políticas del Plan EETE se trasladan a un contexto nacional

iii.

En su caso, medidas financieras a escala nacional, incluido el apoyo de la Unión y la utilización de fondos de la Unión, en este ámbito

i.

Previsiones macroeconómicas (crecimiento del PIB y de la población)

ii.

Cambios sectoriales que pueden afectar al sistema energético y a las emisiones de GEI

iii.

Tendencias mundiales de la energía, precios internacionales de los combustibles fósiles, precio del carbono en el RCDE de la UE

iv.

Situación del coste de la tecnología

i.

Tendencias en materia de emisiones y absorciones de GEI en los sectores del RCDE de la UE, el reparto del esfuerzo y UTCUTS, y en diferentes sectores energéticos

ii.

Proyecciones de la evolución sectorial con las actuales políticas y medidas de la Unión al menos hasta 2040 (incluido el año 2030)

i.

Cuota actual de energías renovables en el consumo final bruto de energía y en diversos sectores (calefacción y refrigeración, electricidad y transporte), así como por tecnología en cada uno de estos sectores

ii.

Proyecciones indicativas de la evolución con las actuales políticas para el año 2030 (con la perspectiva del año 2040)

i.

Consumo de energía final y primaria actual en la economía y por sector (incluida la industria, los edificios residenciales, los servicios y el transporte)

ii.

Potencial actual para la aplicación de la cogeneración de alta eficiencia y la calefacción y refrigeración urbanas eficientes (19)

iii.

Proyecciones teniendo en cuenta las políticas existentes de eficiencia energética, las medidas y los programas descritos en el punto 1.2.ii) en lo relativo al consumo de energía primaria y final para cada sector al menos hasta 2040 (incluido el año 2030) (20)

iv.

Niveles óptimos en materia de costes de los requisitos mínimos de eficiencia energética resultantes de los cálculos nacionales, de conformidad con el artículo 5 de la Directiva 2010/31/UE

i.

Combinación energética actual, recursos energéticos internos y dependencia de las importaciones, incluidos los riesgos pertinentes

ii.

Proyecciones de la evolución con las actuales políticas y medidas al menos hasta 2040 (incluido el año 2030)

i.

Nivel actual de interconexión y principales interconectores (21)

ii.

Proyecciones de los requisitos de expansión de los interconectores (incluido el año 2030) (22)

i.

Características clave de la infraestructura existente de transporte de electricidad y gas (23)

ii.

Proyecciones de las necesidades de expansión de la red al menos hasta 2040 (incluido el año 2030) (24)

i.

Situación actual de los mercados de la electricidad y el gas, incluidos los precios de la energía

ii.

Proyecciones de la evolución con las actuales políticas y medidas al menos hasta 2040 (incluido el año 2030)

i.

Situación actual del sector de las tecnologías hipocarbónicas y, en la medida de lo posible, su posición en el mercado mundial (este análisis debe hacerse a escala de la Unión o mundial)

ii.

Nivel actual de gasto público y, cuando esté disponible, privado en investigación e innovación en tecnologías hipocarbónicas, número actual de patentes y número actual de investigadores

iii.

Desglose de los elementos actuales del precio que constituyen los tres componentes principales del precio (energía, red, impuestos/cánones)

iv.

Descripción de las subvenciones a la energía, incluidas las destinadas a los combustibles fósiles

i.

Proyecciones del desarrollo del sistema energético, y de emisiones y absorciones de GEI, así como, en su caso, de emisiones de contaminantes del aire, de conformidad con la Directiva (UE) 2016/2284 con arreglo a las políticas y medidas previstas al menos hasta diez años después del período cubierto por el plan (incluido el último año del período abarcado por el plan), incluidas las políticas y medidas pertinentes de la Unión.

ii.

Evaluación de las interacciones entre las políticas (entre las políticas y medidas existentes y previstas dentro de una dimensión política y las políticas y medidas existentes y previstas de distintas dimensiones) al menos hasta el último año del período abarcado por el plan, en particular a fin de establecer una comprensión clara de los impactos de las políticas de eficiencia energética y ahorro de energía en el dimensionamiento del sistema energético y reducir el riesgo de inversiones bloqueadas en el suministro de energía

iii.

Evaluación de las interacciones entre las políticas y las medidas existentes y previstas, y entre dichas políticas y medidas y las medidas de actuación de la Unión en materia de clima y energía

i.

Flujos de inversión existentes e hipótesis de inversión futura en relación con las políticas y medidas previstas

ii.

Factores de riesgo sectoriales o de mercado o barreras en el contexto nacional o regional

iii.

Análisis del apoyo financiero público adicional o los recursos necesarios para colmar las lagunas observadas en el contexto del inciso ii)

i.

Repercusiones sobre el sistema energético en Estados miembros vecinos y otros de la región en la medida de lo posible

ii.

Repercusiones sobre los precios de la energía, las empresas de suministro y la integración del mercado de la energía

iii.

En su caso, repercusiones sobre la cooperación regional

1)

Población [en millones]

2)

PIB [en millones de euros]

3)

Valor añadido bruto sectorial (incluidos los principales sectores industriales, de la construcción, servicios y agrario) [en millones de euros]

4)

Número de hogares [en millares]

5)

Tamaño de los hogares [habitantes/hogares]

6)

Renta disponible de los hogares [euros]

7)

Total de pasajeros-kilómetro: todos los modos de transporte, es decir, desglosado entre transporte por carretera (automóviles y autobuses por separado, si es posible), ferrocarril, aviación y navegación interior (cuando proceda) [en millones de pkm]

8)

Transporte de mercancías toneladas-kilómetros: todos los modos de transporte, excluido el marítimo internacional, es decir, desglosado entre transporte por carretera, ferrocarril, aviación y navegación interior (vías navegables interiores y navegación marítima nacional) [en millones de tkm]

9)

Precios internacionales de importación [EUR/GJ o EUR/tep] del petróleo, el gas y el combustible de carbón, sobre la base de las recomendaciones de la Comisión

10)

Precio del carbono en el RCDE [EUR/EUA] sobre la base de las recomendaciones de la Comisión

11)

Hipótesis de los tipos de cambio respecto del euro y del dólar estadounidense (si procede) [EUR/divisa y USD/divisa]

12)

Número de grados-día de calefacción

13)

Número de grados-día de refrigeración

14)

Hipótesis de coste de la tecnología utilizadas en la modelización respecto de las principales tecnologías pertinentes

1)

Producción autóctona por tipo de combustible (todos los productos energéticos que se producen en cantidades significativas) [ktep]

2)

Importaciones netas por tipo de combustible (incluida la electricidad y divididas entre importaciones netas de países de la Unión y de fuera de la Unión) [ktep]

3)

Dependencia de las importaciones de terceros países [%]

4)

Principales fuentes de importación (países) con los principales vectores energéticos (incluidos el gas y la electricidad)

5)

Consumo interior bruto por tipo de combustible (incluidos los sólidos, todos los productos energéticos: carbón, petróleo crudo y productos del petróleo, gas natural, energía nuclear, electricidad, calor derivado, renovables, residuos) [ktep]

1)

Producción bruta de electricidad [GWh]

2)

Producción bruta de electricidad por combustible (todos los productos energéticos) [GWh]

3)

Cuota de cogeneración en el total de generación de electricidad y de calor [%]

4)

Capacidad de generación de electricidad por fuentes, incluidas las retiradas y las nuevas inversiones (MW)

5)

Generación de calor mediante instalaciones térmicas

6)

Generación de calor mediante centrales de cogeneración, incluido el calor residual industrial

7)

Capacidad de las instalaciones transfronterizas de interconexión para el gas y la electricidad [Definición relativa a la electricidad en consonancia con el resultado de los debates en curso sobre la base del objetivo de interconexión del 15 %] y sus índices de utilización previstos

1)

Aportaciones de combustible para la generación de energía térmica (incluidos combustibles sólidos, petróleo y gas) [ktep]

2)

Aportaciones de combustible para otros procesos de conversión [ktep]

1)

Consumo de energía primaria y final [ktep]

2)

Consumo de energía final por sector [incluyendo industria, residencial, terciario, transporte de pasajeros (desglosado entre transporte de pasajeros y mercancías, cuando esté disponible), transporte de mercancías] [ktep]

3)

Consumo de energía final por combustible (todos los productos energéticos) [ktep]

4)

Consumo no energético final [ktep]

5)

Intensidad de energía primaria de la economía general (consumo de energía primaria/PIB) [tep/EUR]

6)

Intensidad de energía final por sector [incluyendo industria, residencial, terciario, transporte de pasajeros (desglosado entre transporte de pasajeros y mercancías, cuando esté disponible), transporte de mercancías]

1)

Precios de la electricidad por tipo de sector que la utiliza (residencial, industrial, terciario)

2)

Precios nacionales del combustible al por menor (incluidos impuestos, por fuente y sector) [EUR/ktep]

1)

Consumo final bruto de energía procedente de fuentes renovables y cuota de energías renovables en el consumo final bruto de energía y por sector (electricidad, calefacción y refrigeración, transporte) y por tecnología

2)

Generación de electricidad y calor procedente de energías renovables en edificios; deben incluirse, si están disponibles, datos desglosados sobre energía producida, consumida e inyectada en la red mediante sistemas solares fotovoltaicos, sistemas solares térmicos, biomasa, bombas de calor y sistemas geotérmicos, así como otros sistemas de energías renovables descentralizadas)

3)

En su caso, otras trayectorias nacionales, incluidas aquellas que son a largo plazo o las sectoriales, la cuota de biocombustibles avanzados y producidos a partir de cultivos alimentarios, la cuota de energías renovables en la calefacción urbana, así como la energía renovable producida por las ciudades y las comunidades de energías renovables.

1)

Emisiones de GEI por sector (RCDE de la UE, reparto del esfuerzo y UTCUTS)

2)

Emisiones de GEI por sector del IPCC y por gas (cuando sea pertinente, desglosado en RCDE UE y sectores de reparto del esfuerzo) [teq. CO2]

3)

Intensidad de carbono de la economía general [teq. CO2/PIB]

4)

Indicadores relacionados con las emisiones de CO2

5)

Parámetros relacionados con las emisiones distintas de las de CO2

1.

2.

3.

4.

5.

a)

el consumo de energía final anual como promedio de los últimos tres años previos al 1 de enero de 2019 [en ktep];

b)

el volumen total acumulado de ahorro de energía en el uso final que debe conseguirse (en ktep) de conformidad con el artículo 7, apartado 1), letra b), de la Directiva 2012/27/UE;

c)

los datos utilizados en el cálculo del consumo de energía final y las fuentes de tales datos, incluida la justificación por el uso de fuentes estadísticas alternativas y cualesquiera diferencias de las cantidades resultantes (en caso de que se utilicen fuentes distintas de Eurostat);

a)

su propia tasa de ahorro anual;

b)

su propia base de cálculo y la energía utilizada en el transporte, en todo o en parte, excluidas del cálculo [en ktep];

c)

cantidad acumulada calculada de ahorro de energía en todo el período del 1 de enero de 2021 al 31 de diciembre de 2030 (antes de la aplicación de las opciones previstas en el artículo 7, apartado 4, letras b) a g), de la Directiva 2012/27/UE) [en ktep];

d)

aplicación de las opciones previstas en el artículo 7, apartado 4, letras b) a g), de la Directiva 2012/27/UE:

e)

volumen total acumulado de ahorro de energía (tras aplicar las opciones previstas en el artículo 7, apartado 4, letras b) a g), de la Directiva 2012/27/UE.

a)

descripción del sistema de obligaciones de eficiencia energética;

b)

cuantía acumulada y anual de ahorro prevista y duración del (de los) período(s) de obligación;

c)

partes obligadas y sus responsabilidades;

d)

sectores abordados;

e)

acciones elegibles previstas en virtud de la medida;

f)

información sobre la aplicación de las disposiciones siguientes de la Directiva 2012/27/UE:

g)

en su caso, información sobre intercambios de ahorro de energía.

a)

tipo de medida de actuación;

b)

breve descripción de la medida de actuación, incluidas las características de diseño para cada medida de actuación notificada;

c)

cantidad total prevista acumulada y anual del ahorro por cada medida y/o cantidad de ahorro de energía en relación con los períodos intermedios;

d)

autoridades públicas de ejecución, partes participantes o partes encargadas, y sus responsabilidades en la ejecución de la(s) medida(s) de actuación;

e)

sectores abordados;

f)

acciones elegibles previstas de la medida;

g)

en su caso, medidas específicas o acciones individuales de lucha contra la pobreza energética.

a)

breve descripción de la medida fiscal;

b)

duración de la medida fiscal;

c)

la autoridad pública de ejecución;

d)

cantidad prevista acumulada y anual del ahorro por medida;

e)

sectores abordados y segmento de los contribuyentes;

f)

metodología de cálculo, incluida la elasticidad de precios que se aplica y cómo han sido fijados, en consonancia con el anexo V, punto 4, de la Directiva 2012/27/UE.

a)

métodos de medición a que se refiere el anexo V, punto 1, de la Directiva 2012/27/UE;

b)

método de expresión del ahorro de energía (ahorro de energía primaria o final);

c)

duración de las medidas, tasa de disminución del ahorro con el tiempo y enfoque utilizado para tener en cuenta la duración del ahorro;

d)

breve descripción de la metodología de cálculo, incluyendo la forma de determinar la adicionalidad y la importancia relativa del ahorro y las metodologías e índices de referencia que se usen para el ahorro estimado y el ahorro ponderado;

e)

información sobre la forma en que se abordan los posibles solapamientos entre las medidas y las actuaciones individuales para evitar la doble contabilidad del ahorro de energía;

f)

en su caso, variaciones climáticas y enfoque utilizado.

a)

breve descripción del sistema de seguimiento y verificación, así como del proceso de verificación;

b)

autoridad pública de ejecución y sus principales responsabilidades en cuanto al sistema de seguimiento y verificación en relación con el sistema de obligaciones de eficiencia energética o las medidas alternativas;

c)

independencia del seguimiento y la verificación de las partes obligadas, las partes participantes o las partes encargadas;

d)

proporción estadísticamente significativa de las medidas de mejora de la eficiencia energética y proporción y criterios utilizados para definir y seleccionar una muestra representativa;

e)

obligaciones de información que incumben a las partes obligadas (ahorro obtenido por cada parte obligada, o cada subcategoría de parte obligada, y ahorro total en virtud del sistema);

f)

publicación del ahorro de energía conseguido (cada año) en el marco del sistema de obligaciones de eficiencia energética y de las medidas alternativas;

g)

información sobre el Derecho de los Estados miembros en materia de sanciones que deben aplicarse en caso de incumplimiento;

h)

información sobre las medidas de actuación previstas si los avances no son satisfactorios.

a)

sus emisiones antropógenas de los GEI enumerados en la parte 2 de este anexo y las emisiones antropógenas de los GEI a que se refiere el artículo 2, apartado 1, del Reglamento (UE) 2018/842, correspondientes al año X-2;

b)

datos sobre sus emisiones antropógenas de monóxido de carbono (CO), dióxido de azufre (SO2), óxidos de nitrógeno (NOx) y compuestos orgánicos volátiles, coherentes con los datos ya notificados en virtud del artículo 8 de la Directiva (UE) 2016/2284, correspondientes al año X-2;

c)

sus emisiones antropógenas de GEI por fuentes y absorciones de CO2 por sumideros derivadas de las actividades del uso de la tierra, el cambio de uso de la tierra y la silvicultura correspondientes al año X-2, de conformidad con las metodologías especificadas en la parte 3 del presente anexo; estos datos también serán pertinentes para el informe de cumplimiento en virtud del artículo 14 del Reglamento (UE) 2018/841;

d)

cualquier modificación de la información a que se refieren las letras a), b) y c) respecto del año o período de base correspondiente y el año X-3, indicando las razones de dichas modificaciones;

e)

información sobre los indicadores enumerados en la parte 4 del presente anexo, para el año X-2;

f)

información resumida sobre las transferencias efectuadas con arreglo al artículo 5 del Reglamento (UE) 2018/842 y a los artículos 12 y 13 del Reglamento (UE) 2018/841 para el año X-1;

g)

información sobre las medidas adoptadas para mejorar las estimaciones de los inventarios, en particular de las partes del inventario que han sido objeto de ajustes o de recomendaciones resultantes de los exámenes por expertos;

h)

la asignación, real o estimada, de las emisiones verificadas notificadas por los titulares de instalaciones en virtud de la Directiva 2003/87/CE para las categorías de fuentes del inventario nacional de GEI y la proporción de dichas emisiones verificadas con respecto al total de las emisiones notificadas de GEI en dichas categorías de fuentes, correspondientes al año X-2;

i)

en su caso, los resultados de los controles efectuados de la coherencia de las emisiones notificadas en los inventarios de GEI, correspondientes al año X-2, con las emisiones verificadas notificadas en virtud de la Directiva 2003/87/CE;

j)

en su caso, los resultados de los controles efectuados de la coherencia de los datos utilizados para la estimación de las emisiones en la elaboración de los inventarios de GEI, correspondientes al año X-2, con:

k)

una descripción de los cambios de su sistema de inventario nacional, de haberlos;

l)

una descripción de los cambios del registro nacional, de haberlos;

m)

información sobre sus planes de aseguramiento y control de la calidad, una evaluación general de la incertidumbre, una evaluación general de la exhaustividad y cualesquiera otros elementos del informe sobre el inventario nacional de GEI que sean necesarios para elaborar el informe sobre el inventario de GEI de la Unión;

n)

información sobre las intenciones del Estado miembro de utilizar la flexibilidad prevista en el artículo 5, apartados 4 y 5, y en el artículo 7, apartado 1, del Reglamento (UE) 2018/842 y de utilizar los ingresos con arreglo al artículo 5, apartado 6, de dicho Reglamento.

Dióxido de carbono (CO2)

Metano (CH4)

Óxido nitroso (N2O)

Hexafluoruro de azufre (SF6)

Trifluoruro de nitrógeno (NF3)

—

HFC-23 CHF3

—

HFC-32 CH2F2

—

HFC-41 CH3F

—

HFC-125 CHF2CF3

—

HFC-134 CHF2CHF2

—

HFC-134a CH2FCF3

—

HFC-143 CH2FCHF2

—

HFC-143a CH3CF3

—

HFC-152 CH2FCH2F

—

HFC-152a CH3CHF2

—

HFC-161 CH3CH2F

—

HFC-227ea CF3CHFCF3

—

HFC-236cb CF3CF2CH2F

—

HFC-236ea CF3CHFCHF2

—

HFC-236fa CF3CH2CF3

—

HFC-245fa CHF2CH2CF3

—

HFC-245ca CH2FCF2CHF2

—

HFC-365mfc CH3CF2CH2CF3

—

HFC-43-10mee CF3CHFCHFCF2CF3 o (C5H2F10)

—

PFC-14, Perfluorometano, CF4

—

PFC-116, Perfluoroetano, C2F6

—

PFC-218, Perfluoropropano, C3F8

—

PFC-318, Perfluorociclobutano, c-C4F8

—

Perfluorociclopropano c-C3F6

—

PFC-3-1-10, Perfluorobutano, C4F10

—

PFC-4-1-12, Perfluoropentano, C5F12

—

PFC-5-1-14, Perfluorohexano, C6F14

—

PFC-9-1-18, C10F18

a)

una descripción de su sistema nacional para la notificación de políticas y medidas o grupos de medidas y para la notificación de proyecciones de las emisiones antropógenas por las fuentes y de absorción por los sumideros de gases de efecto invernadero, de conformidad con el artículo 39, apartado 1, o información sobre cualquier modificación realizada en el sistema en que se haya presentado dicha descripción;

b)

las actualizaciones pertinentes de sus estrategias a largo plazo mencionadas en el artículo 15 y los avances en la aplicación de estas estrategias;

c)

información sobre las políticas y medidas, o grupos de medidas, nacionales, y sobre la aplicación de las políticas y medidas, o grupos de medidas, de la Unión que limiten o reduzcan las emisiones de GEI por las fuentes o que aumenten su absorción por los sumideros, presentadas por sectores y organizadas con arreglo a los gases o grupos de gases (hidrofluorocarburos y perfluorocarburos) mencionados en el anexo V, parte 2. Esa información deberá referirse a las políticas aplicables y pertinentes, nacionales o de la Unión, e indicará:

d)

información sobre políticas y medidas o grupos de medidas nacionales adicionales previstas con el fin de limitar las emisiones de gases de efecto invernadero más allá de los compromisos contraídos en virtud del Reglamento (UE) 2018/842 y del Reglamento (UE) 2018/841;

e)

información sobre los vínculos entre las distintas políticas y medidas o grupos de medidas notificadas con arreglo a la letra c) y la manera en que dichas políticas y medidas o grupos de medidas contribuyen a distintos escenarios de proyección.

a)

las proyecciones sin medidas, si se dispone de ellas, las proyecciones con medidas y, si se dispone de ellas, las proyecciones con medidas adicionales;

b)

las proyecciones del total de emisiones de gases de efecto invernadero y estimaciones específicas relativas a las emisiones proyectadas de gases de efecto invernadero por las fuentes de emisión comprendidas en la Directiva 2003/87/CE y en el Reglamento (UE) 2018/842 y las emisiones proyectadas por las fuentes y absorciones por sumideros de conformidad con el Reglamento (UE) 2018/841;

c)

el efecto de las políticas y medidas determinadas de conformidad con el artículo 18, apartado 1, letra a). En el caso de que tales políticas y medidas no estén incluidas, este extremo deberá señalarse y explicarse claramente;

d)

Los resultados del análisis de sensibilidad realizado para las proyecciones e información sobre los modelos y parámetros utilizados;

e)

todas las referencias pertinentes a las evaluaciones y los informes técnicos que las sustentan, con arreglo al artículo 18, apartado 4.