Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

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Debido a la actual pandemia de COVID-19 y a las amplias restricciones de los desplazamientos derivadas de ella, los agricultores, viticultores, productores de aceite y apicultores de todos los Estados miembros se han enfrentado a dificultades excepcionales. Los problemas logísticos y la escasez de mano de obra los han hecho vulnerables a las perturbaciones económicas provocadas por la pandemia. En particular, experimentan dificultades financieras y problemas de liquidez. Habida cuenta de la combinación de estas circunstancias sin precedentes, resulta necesario paliar estas dificultades estableciendo excepciones a determinadas disposiciones de varios reglamentos de ejecución aplicables en el ámbito de la política agrícola común.

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Con arreglo al artículo 9, apartado 1, del Reglamento de Ejecución (UE) 2017/892 de la Comisión (2), las organizaciones de productores deben presentar una solicitud de ayuda, o su saldo, a la autoridad competente del Estado miembro para cada programa operativo para el que se solicite ayuda no más tarde del 15 de febrero del año siguiente a aquel para el que se solicita la ayuda. De conformidad con el artículo 9, apartado 3, de dicho Reglamento, las solicitudes de ayuda pueden referirse a gastos programados pero no efectuados si se demuestran determinados elementos. Estos elementos incluyen que las operaciones en cuestión no puedan realizarse antes del 31 de diciembre del año de ejecución del programa operativo por razones ajenas a la organización de productores de que se trate, y que dichas operaciones puedan llevarse a cabo no más tarde del 30 de abril del año siguiente al año para el que se solicita la ayuda. Habida cuenta de la pandemia de COVID-19, es necesario establecer una excepción a lo dispuesto en el artículo 9, apartado 3, letra b), del Reglamento de Ejecución (UE) 2017/892 y disponer que las solicitudes de ayuda que vayan a presentarse a más tardar el 15 de febrero de 2021 puedan cubrir los gastos de las operaciones programadas para el año 2020 pero no llevadas a cabo a 31 de diciembre de 2020, si dichas operaciones pueden llevarse a cabo no más tarde del 15 de agosto de 2021. Por la misma razón, también es necesario establecer una excepción a lo dispuesto en el artículo 9, apartado 3, letra b), del Reglamento de Ejecución (UE) 2017/892 y disponer que las solicitudes de ayuda presentadas a más tardar el 15 de febrero de 2020 puedan cubrir los gastos de las operaciones programadas para el año 2019 pero no llevadas a cabo a 31 de diciembre de 2019, si dichas operaciones pueden llevarse a cabo no más tarde del 15 de agosto de 2020.

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Las medidas adoptadas por los gobiernos en los últimos meses para hacer frente a la crisis provocada por la pandemia de COVID-19, especialmente el cierre de hoteles, bares y restaurantes, la limitación de la circulación de personas y mercancías a lo estrictamente necesario y el cierre de determinadas fronteras dentro de la Unión, están teniendo un impacto negativo en el sector vinícola de la Unión. Se estima que el cierre de hoteles, bares y restaurantes afecta directamente al 30 % de los volúmenes de consumo de vino en la Unión, lo que corresponde al 50 % del valor del vino consumido en la Unión. Además, la escasez de mano de obra y las dificultades logísticas provocadas por la pandemia también afectan negativamente a los viticultores y al sector vitivinícola en su conjunto. Cada vez son más los problemas a que se enfrentan los viticultores de cara a la próxima cosecha: los bajos precios, el menor consumo, el transporte y las dificultades de venta.

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Además, el mercado del vino de la Unión ha estado sujeto a condiciones agravantes durante todo 2019 y las existencias de vino se encuentran en su nivel más alto desde 2009. Esta evolución se debe principalmente a la conjunción de una cosecha récord en 2018 y al descenso en general del consumo de vino en la Unión. Por otro lado, la imposición de aranceles adicionales a la importación de vinos europeos por parte de los Estados Unidos de América, principal mercado de exportación del vino de la Unión, ha afectado a las exportaciones. La pandemia de COVID-19 ha asestado un nuevo golpe a un sector frágil que ya no puede comercializar ni distribuir eficazmente sus productos debido fundamentalmente al cierre de los principales mercados de exportación y a las medidas adoptadas para garantizar un confinamiento adecuado, en particular la interrupción de todas las actividades de restauración y la imposibilidad de proveer a los clientes habituales. Todo ello genera pérdidas de ingresos para todos los agentes del sector vitivinícola. La incertidumbre sobre la duración de las medidas adoptadas para hacer frente a la pandemia y su impacto en los precios, las pautas de consumo y los ingresos, son otros tantos factores que pesan sobre el sector vitivinícola de la Unión.

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En este contexto, procede adoptar medidas urgentes para hacer frente a la situación introduciendo una mayor flexibilidad en la aplicación de algunas de las medidas de apoyo contempladas en el artículo 43 del Reglamento (UE) n.o 1308/2013, estableciendo una excepción a varias disposiciones del Reglamento de Ejecución (UE) 2016/1150 de la Comisión (3).

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El artículo 2, apartado 1, del Reglamento de Ejecución (UE) 2016/1150 establece que no pueden presentarse modificaciones de los programas de apoyo aplicables a que se refiere el artículo 41, apartado 5, del Reglamento (UE) n.o 1308/2013 más de dos veces en cada ejercicio financiero. A fin de que los Estados miembros puedan adaptar rápidamente sus programas nacionales de apoyo por motivos relacionados con la crisis provocada por la pandemia de COVID-19, conviene permitir que dichas modificaciones puedan presentarse más de dos veces por ejercicio, siempre que se presenten antes del 15 de octubre de 2020. Los Estados miembros deben poder reaccionar rápidamente ante las circunstancias excepcionales relacionadas con la pandemia de COVID-19 y presentar modificaciones de su programa tan pronto y tan a menudo como sea necesario. Dicha flexibilidad permitirá a los Estados miembros optimizar las medidas ya en vigor, aumentar el número de intervenciones y hacer ajustes con mayor frecuencia en función de la situación del mercado. Por otra parte, esto permitirá también a los Estados miembros que deseen incluir medidas adicionales en su programa de apoyo nacional hacerlo de forma inmediata en el momento de la entrada en vigor del presente Reglamento en lugar de tener que esperar al siguiente plazo para la presentación de enmiendas. Gracias a esta mayor flexibilidad, los operadores, incluidos los recién llegados, dispondrán de más oportunidades para presentar solicitudes de ayuda. El objetivo es aliviar al sector vitivinícola y garantizar la flexibilidad necesaria ante las consecuencias de la crisis provocada por la pandemia de COVID-19.

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Por consiguiente, es necesario establecer una excepción temporal a lo dispuesto en el artículo 2, apartado 1, del Reglamento de Ejecución (UE) 2016/1150 a fin de permitir cambios en los programas nacionales de apoyo cuando sea necesario y también en relación con las medidas mencionadas en el artículo 45, apartado 1, letra a), y en los artículos 46 a 52, del Reglamento (UE) n.o 1308/2013. Por lo que se refiere a la medida de promoción contemplada en el artículo 45, apartado 1, letra b), del Reglamento (UE) n.o 1308/2013, el Reglamento de Ejecución (UE) n.o 2020/133 de la Comisión (4) permite a los Estados miembros introducir cambios en sus programas nacionales de apoyo cuando sea necesario.

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A la vista de la crisis derivada de la pandemia de COVID-19 y de la consiguiente falta de recursos humanos, resulta materialmente imposible para los productores llevar a cabo las operaciones previstas en relación con la cosecha en verde. Procede, por tanto, posponer, para el año 2020, el plazo para la presentación de solicitudes de ayuda para la cosecha en verde, así como el plazo para llevar a cabo tales operaciones, según lo establecido en el artículo 8, letras b) y d), del Reglamento de Ejecución (UE) 2016/1150, respectivamente. De este modo, los productores deberían disponer de más tiempo para planificar y encontrar la mano de obra necesaria para llevar a cabo estas operaciones.

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Además, por lo que se refiere a la crisis provocada por la pandemia de COVID-19 y los consiguientes excedentes de vino en el mercado, resulta innecesario pedir a los Estados miembros que faciliten una justificación específica para la aplicación de la cosecha en verde. Por lo tanto, procede establecer una excepción a lo dispuesto en el artículo 8, letra c), del Reglamento de Ejecución (UE) 2016/1150 y suspender temporalmente, para el año 2020, la obligación de los Estados miembros de elaborar un análisis de la situación prevista del mercado que justifique la aplicación de la cosecha en verde para restablecer el equilibrio del mercado y prevenir una crisis.

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El artículo 29 del Reglamento (UE) n.o 1308/2013 establece normas sobre los programas de trabajo trienales elaborados por las organizaciones de productores para apoyar el sector del aceite de oliva y de las aceitunas de mesa. La crisis actual relacionada con la pandemia de COVID-19 representa un desafío excepcional y sin precedentes para la capacidad de los beneficiarios de llevar a cabo las actividades previstas durante el segundo y tercer año de aplicación de los programas trienales de apoyo al sector del aceite de oliva y de las aceitunas de mesa. Así pues, es preciso conceder excepcionalmente flexibilidad a los beneficiarios para que puedan modificar estas actividades en determinadas condiciones. Por consiguiente, es necesario establecer excepciones a determinadas disposiciones del Reglamento de Ejecución (UE) n.o 615/2014 de la Comisión (5) para permitir dicha flexibilidad, que, sin embargo, no tendrá repercusión alguna en el plazo límite para el pago de la financiación de la UE.

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El Reglamento de Ejecución (UE) 2015/1368 de la Comisión (6) establece normas sobre los programas apícolas en relación con las ayudas al sector. De conformidad con el artículo 2 de dicho Reglamento, la campaña apícola es el período de doce meses consecutivos comprendido entre el 1 de agosto y el 31 de julio. En consecuencia, la campaña apícola de 2020 se extiende desde el 1 de agosto de 2019 hasta el 31 de julio de 2020. De conformidad con el artículo 3 de dicho Reglamento, cada Estado miembro debe notificar su propuesta de programa apícola único para todo su territorio. De conformidad con el artículo 6 del mismo Reglamento, los Estados miembros pueden modificar las medidas de sus programas apícolas durante la campaña apícola. No obstante, no debe rebasarse el límite total de los gastos previstos. El Reglamento del Ejecución (UE) 2015/1368 debe modificarse para permitir que los Estados miembros lleven a cabo las medidas previstas para la campaña apícola 2020 incluso después del 31 de julio de 2020. Esta modificación no debe tener ninguna repercusión en el período de pago. De conformidad con el artículo 55, apartado 1, del Reglamento (UE) n.o 1308/2013, los programas apícolas han de desarrollarse en cooperación con las organizaciones representativas del sector apícola. Antes de solicitar cualquier modificación de los programas apícolas, los Estados miembros deben consultar a las organizaciones interesadas.

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El artículo 1, apartado 2, del Reglamento de Ejecución (UE) 2017/39 de la Comisión (7) establece la definición de «curso escolar» a efectos del programa de ayuda contemplado en el artículo 23 del Reglamento (UE) n.o 1308/2013 (el «programa escolar»). Las medidas adoptadas por Estados miembros para hacer frente a la pandemia de COVID-19, que incluyen el cierre temporal de centros escolares, han alterado la aplicación del programa escolar en el curso escolar 2019/2020. Dichas medidas han impedido temporalmente la distribución de frutas, hortalizas y leche en los centros escolares y la realización de medidas educativas de acompañamiento, así como de las actividades de publicidad, seguimiento y evaluación. Procede, por tanto, establecer una excepción al artículo 1, apartado 2, del Reglamento de Ejecución (UE) 2017/39 por la que se prorrogue la duración del curso escolar 2019/2020 de modo que los Estados miembros puedan seguir llevando a cabo las actividades previstas para ese año escolar hasta el 30 de septiembre de 2020.

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En el artículo 4, apartados 3, 4 y 5, y en el artículo 5, apartado 3, del Reglamento de Ejecución (UE) 2017/39 se establece el período que pueden cubrir las solicitudes de ayuda para el suministro y la distribución de productos y para las medidas educativas de acompañamiento, así como el plazo para la presentación de solicitudes de ayuda y para el pago de la ayuda en virtud del programa escolar. Habida cuenta de la ampliación de la duración del curso escolar 2019/2020, deben establecerse una excepción al artículo 4, apartados 3, 4 y 5, y al artículo 5, apartado 3, del Reglamento de Ejecución (UE) 2017/39 en lo que respecta a las solicitudes de ayuda para las actividades del programa escolar que tengan lugar después del 31 de julio de 2020, de modo que abarquen períodos inferiores a dos semanas y establezcan los plazos para la presentación de solicitudes de ayuda y para el pago de la ayuda.

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El artículo 7, apartado 3, del Reglamento de Ejecución (UE) 2017/39 de la Comisión establece las normas para la reasignación de la ayuda de la Unión no solicitada entre los Estados miembros participantes en el programa escolar que hayan notificado su deseo de utilizar una asignación superior a su asignación indicativa. El importe de la asignación indicativa que puede reasignarse a otro Estado miembro se debe basar en el nivel de utilización por dicho Estado miembro de la asignación definitiva de la ayuda de la Unión en el curso escolar precedente. Las normas de confinamiento adoptadas por los Estados miembros para hacer frente a la pandemia de COVID-19, que incluyen el cierre temporal de centros escolares, podrían traducirse en una menor utilización de la ayuda de la Unión para el curso escolar 2019/2020. Procede, por tanto, establecer una excepción a lo dispuesto en el artículo 7, apartado 3, del Reglamento de Ejecución (UE) 2017/39 a fin de no tener en cuenta el nivel de utilización de la ayuda de la Unión en el curso escolar 2019/2020 para la reasignación de la ayuda de la Unión no solicitada entre los Estados miembros que participen en el programa escolar durante el curso escolar 2021/2022.

(15)

Habida cuenta de la necesidad de tomar medidas inmediatas, el presente Reglamento debe entrar en vigor el día de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea.

(16)

Las medidas previstas en el presente Reglamento se ajustan al dictamen del Comité de la Organización Común de Mercados Agrarios.