Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

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El Reglamento Delegado (UE) 2020/884 de la Comisión (3) introdujo una serie de excepciones a las normas vigentes, entre otros, en el sector vitivinícola, con vistas a socorrer a los operadores del sector y a ayudarles a hacer frente a los efectos de la pandemia de COVID-19. Sin embargo, a pesar de la utilidad de estas medidas, el mercado del vino no ha conseguido restablecer el equilibrio entre la oferta y la demanda y no se espera que lo haga a corto o medio plazo debido a la actual pandemia.

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Además, las medidas adoptadas para combatir la pandemia de COVID-19 se mantienen vigentes en la mayoría de los Estados miembros y en todo el mundo. Entre ellas se incluyen las restricciones impuestas en cuanto al número de participantes en las reuniones sociales y celebraciones y a las posibilidades de comer y beber fuera del hogar. En algunas zonas se sigue imponiendo un confinamiento, unido a la abolición de los actos públicos y fiestas privadas. Por efecto dominó, estas restricciones han dado lugar a una nueva disminución del consumo de vino en la Unión y a una reducción consolidada de las exportaciones de vino a terceros países. Además, la incertidumbre en cuanto a la duración de la crisis, que se prolongará seguramente más allá de finales de 2020, está causando daños a largo plazo al sector vitivinícola de la Unión, ya que es poco probable que el consumo de vino se recupere y se perderán mercados de exportación. Esta combinación de factores está teniendo un impacto negativo significativo en los precios en el mercado vinícola de la Unión. Las existencias, que registraban ya un máximo histórico a principios de la campaña 2019-2020, han aumentado. Por último, la futura y abundante cosecha de 2020, que se prevé que superará la de 2019 en unos 10 millones de hectolitros de vino, no hará sino agravar aún más la situación.

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Por consiguiente, y habida cuenta del carácter prolongado de las restricciones impuestas por los Estados miembros para hacer frente a la pandemia de COVID-19 y de la necesidad de mantenerlas, la grave perturbación económica que sufren las principales salidas comerciales del vino y los consiguientes efectos negativos en la demanda de vino se ven exacerbados.

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En vista de esta perturbación del mercado, de excepcional magnitud, y de la acumulación de circunstancias adversas en el sector vitivinícola, que se inició con la imposición por los Estados Unidos de aranceles sobre las importaciones de vinos de la Unión en octubre de 2019 y que continúa ahora con las repercusiones de las medidas restrictivas vigentes debidas a la pandemia mundial de COVID-19, los operadores del sector vitivinícola de la Unión siguen enfrentándose con dificultades excepcionales. Por lo tanto, está justificada una mayor ayuda al sector vitivinícola.

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El mantenimiento de las medidas para hacer frente a la crisis en el sector vitivinícola de la Unión que fueron introducidas por el Reglamento Delegado (UE) 2020/884 se considera esencial a fin de ofrecer a los operadores la flexibilidad necesaria para la aplicación de los programas de apoyo a dicho sector. En particular, la flexibilidad adicional que permite realizar la cosecha en verde en la misma parcela durante dos o más años consecutivos, la flexibilidad para introducir cambios en las operaciones en curso, así como la posibilidad de pagar por la ejecución parcial de las operaciones financiadas en virtud de los artículos 46 y 47 del Reglamento (UE) n.o 1308/2013, cuando no haya sido posible ejecutarlas por completo debido a la pandemia de COVID-19, han garantizado que los operadores del sector vitivinícola de la Unión dispongan de instrumentos adecuados para reaccionar ante los cambios a que han dado lugar la pandemia de COVID-19 y las restricciones impuestas para controlarla.

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Dado que, según cabe esperar, la pandemia de COVID-19 se prolongará más allá del final de 2020 y, por tanto, durante una parte considerable del ejercicio de 2021, se considera necesario prorrogar la aplicación de las medidas establecidas en el artículo 2, apartados 1, 3, 4 y 6, del Reglamento Delegado (UE) 2020/884 durante el ejercicio de 2021.

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El artículo 54, apartado 1, del Reglamento Delegado (UE) 2016/1149 de la Comisión (4) establece que la ayuda a los beneficiarios solo se abonará si los controles demuestran que se ha ejecutado totalmente una operación global o todas las acciones individuales que forman parte de la operación global. Sin embargo, la experiencia adquirida hasta la fecha ha demostrado que, sobre la base de una aplicación estricta de dicha disposición, cuando las acciones individuales que forman parte de la operación no se han ejecutado totalmente pero sí se ha alcanzado el objetivo de la operación global, el hecho de denegar la totalidad de la ayuda a la operación de que se trate resulta, en determinadas situaciones, injusto y no equitativo.

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La información facilitada por los Estados miembros a la Comisión indica que la aplicación de la norma prevista en el artículo 54, apartado 1, del Reglamento Delegado (UE) 2016/1149 da lugar a recortes financieros desproporcionados para aquellos beneficiarios que han ejecutado convenientemente gran parte de la operación aprobada pero que no han finalizado ciertas acciones individuales que no son indispensables para el éxito de la operación. El hecho de que esas acciones individuales no se hayan finalizado no pone en peligro los objetivos de la operación global, que, en determinadas circunstancias, pueden cumplirse a pesar de la ejecución parcial. En tales casos, no parece justificado denegar íntegramente el pago de la ayuda o exigir la recuperación de la ayuda pagada por las acciones debidamente ejecutadas.

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La denegación de la totalidad de la ayuda en tales casos impone una sanción económica a aquellos beneficiarios que han ejecutado en gran parte la operación completa y que, por tanto, han invertido tiempo, medios y esfuerzos en las acciones finalizadas. Esta repercusión potencialmente injusta se ve agravada por la pandemia de COVID-19 y por los problemas de tesorería relacionados con ella.

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En aras de la proporcionalidad en lo que respecta al pago de las operaciones en el marco de los programas de apoyo al sector vitivinícola, y a fin de evitar penalizar excesivamente al sector vitivinícola de la Unión, ya debilitado por la difícil situación del mercado y la pandemia de COVID-19, debe concederse una ayuda parcial por las operaciones que no se hayan ejecutado íntegramente, siempre que se logre el objetivo general de la operación. Procede, por tanto, disponer que las acciones que formen parte de una de tales operaciones y que se hayan ejecutado por completo puedan optar a la ayuda de la Unión.

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En tales casos, la ayuda por la operación debe calcularse como la suma de la ayuda por las acciones que se hayan ejecutado por completo, deduciéndose el 100 % del importe de la ayuda asignada a las acciones que no se hayan ejecutado, con el fin de garantizar que el beneficiario reciba un importe proporcionado al esfuerzo realizado con respecto a las acciones ejecutadas íntegramente.

Procede, por tanto, modificar los Reglamentos Delegados (UE) 2020/884 y (UE) 2016/1149 en consecuencia.

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Con el fin de evitar toda interrupción en la aplicación de las medidas destinadas a hacer frente a la crisis en el sector vitivinícola de la Unión y garantizar una transición fluida entre los dos ejercicios, el presente Reglamento debe entrar en vigor el día de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea y las modificaciones del Reglamento Delegado (UE) 2020/884 deben aplicarse retroactivamente a partir del 16 de octubre de 2020.