Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

(1)

La financiación estatal que cumpla los criterios especificados en el artículo 107, apartado 1, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea constituye ayuda estatal y debe notificarse a la Comisión de conformidad con el artículo 108, apartado 3, del Tratado. No obstante, de conformidad con el artículo 109 del Tratado, el Consejo puede determinar las categorías de ayudas que quedan exentas de esta obligación de notificación. De conformidad con el artículo 108, apartado 4, del Tratado, la Comisión puede adoptar reglamentos relativos a dichas categorías de ayudas estatales. En el Reglamento (UE) 2015/1588, el Consejo decidió, de conformidad con el artículo 109 del Tratado, que las ayudas de minimis (es decir, las ayudas concedidas a la misma empresa durante un período dado y que no sobrepasen un determinado importe fijo) podían constituir una de estas categorías. Sobre esta base, se considera que las ayudas de minimis no reúnen todos los criterios establecidos en el artículo 107, apartado 1, del Tratado y, por lo tanto, no están sujetas al procedimiento de notificación.

(2)

En numerosas decisiones, la Comisión ha aclarado el concepto de «ayuda» a efectos de lo dispuesto en el artículo 107, apartado 1, del Tratado. La Comisión también ha explicitado su política sobre el límite máximo de minimis por debajo del cual puede considerarse que no es aplicable el artículo 107, apartado 1, del Tratado. Lo hizo inicialmente en su Comunicación relativa a las ayudas de minimis (2) y, posteriormente, en los Reglamentos (CE) n.o 69/2001 (3), (CE) n.o 1998/2006 (4) y (UE) n.o 1407/2013 (5) de la Comisión. El presente Reglamento sustituye al Reglamento (UE) n.o 1407/2013 tras su expiración.

(3)

A la luz de la experiencia adquirida en la aplicación del Reglamento (UE) n.o 1407/2013, procede aumentar el límite máximo de las ayudas de minimis que una única empresa puede recibir por Estado miembro en cualquier período de tres años hasta los 300 000 EUR. Este límite máximo refleja la inflación registrada desde la entrada en vigor del Reglamento (UE) n.o 1407/2013, así como la evolución prevista para el período de validez del presente Reglamento. Este límite máximo es necesario para garantizar que las medidas a las que es de aplicación el presente Reglamento no afectan a los intercambios comerciales entre los Estados miembros ni falsean o amenazan falsear la competencia.

(4)

A efectos de las normas en materia de competencia establecidas en el Tratado, debe entenderse por «empresa» cualquier entidad, sea persona física o persona jurídica, que ejerza una actividad económica, con independencia de su naturaleza jurídica y de su modo de financiación (6). El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha aclarado que debe considerarse que una entidad «que posee participaciones de control en una sociedad» y que «ejerce efectivamente dicho control interviniendo directa o indirectamente en la gestión de la misma» participa en la actividad económica de dicha sociedad. La propia entidad debe considerarse, por tanto, una empresa a efectos de lo dispuesto en el artículo 107, apartado 1, del Tratado (7). El Tribunal de Justicia ha dictaminado que todas las entidades que estén controladas (de hecho o de derecho) por una misma entidad deben considerarse una única empresa (8).

(5)

En aras de la seguridad jurídica y con el fin de reducir la carga administrativa, el presente Reglamento debe establecer una lista de criterios exhaustiva y clara para determinar cuándo dos o más empresas del mismo Estado miembro deben ser consideradas una única empresa. La Comisión ha seleccionado criterios apropiados a los efectos del presente Reglamento a partir de criterios consolidados para determinar qué se entiende por «empresas vinculadas» como parte de la definición de pequeñas y medianas empresas (pymes) que figura en la Recomendación 2003/361/CE de la Comisión (9) y en el anexo I del Reglamento (UE) n.o 651/2014 de la Comisión (10). Estos criterios deben ser aplicables, habida cuenta del ámbito de aplicación del presente Reglamento, tanto a las pymes como a las grandes empresas, y han de garantizar que un grupo de empresas vinculadas se considere una misma empresa a efectos de la aplicación de la norma de minimis. No obstante, las empresas que no tienen ninguna relación entre sí, salvo el hecho de que cada una de ellas tenga un vínculo directo con el mismo organismo u organismos públicos, no deben considerarse vinculadas entre sí. Por consiguiente, ha de tenerse en cuenta la situación específica de las empresas controladas por el mismo organismo u organismos públicos, en los que dichas empresas puedan tener un poder de decisión autónomo.

(6)

Habida cuenta de las normas especiales aplicables a los sectores de la producción primaria (en particular a la producción primaria de productos agrícolas, y a la producción primaria de productos de pesca y de acuicultura) y el riesgo de que ayudas de importes inferiores al límite máximo establecido en el presente Reglamento pudieran cumplir no obstante los criterios del artículo 107, apartado 1, del Tratado, el presente Reglamento no debe aplicarse a dichos sectores.

(7)

Considerando las semejanzas entre la transformación y la comercialización de productos agrícolas y de productos no agrícolas, el presente Reglamento debe ser aplicable a la transformación y a la comercialización de productos agrícolas, cuando se cumplan ciertas condiciones. Las actividades en la explotación necesarias para la preparación de un producto para la primera venta (por ejemplo, cosecha; corte y trilla de cereales; o envasado de huevos) o la primera venta a revendedores o transformadores no deben considerarse transformación y comercialización a este respecto y, por lo tanto, el presente Reglamento no debe aplicarse a dichas actividades.

(8)

Del mismo modo, teniendo en cuenta la naturaleza de las actividades de transformación y comercialización de los productos de la pesca y la acuicultura, y sus similitudes con otras actividades de transformación y comercialización, el presente Reglamento debe aplicarse a las empresas dedicadas a la transformación y comercialización de productos de la pesca y de la acuicultura, siempre que se cumplan determinadas condiciones. Ni las actividades en la explotación o a bordo necesarias para preparar a un animal o planta para la primera venta (incluidos el corte o despiece, el fileteado o la congelación), ni la primera venta a revendedores o transformadores deben considerarse transformación o comercialización a este respecto y, por lo tanto, el presente Reglamento no debe aplicarse a dichas actividades.

(9)

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha dictaminado que, desde el momento en que la Unión adopta una normativa por la que se establece una organización común de mercado en un determinado sector agrícola, los Estados miembros están obligados a abstenerse de adoptar cualquier medida que pueda establecer excepciones o infringir dicha normativa (11). Por esta razón, el presente Reglamento no debe aplicarse a las ayudas cuyo importe se haya determinado en función del precio o de la cantidad de productos adquiridos o comercializados en el sector agrícola. Tampoco debe aplicarse a las ayudas que estén vinculadas a una obligación de compartir la ayuda con productores agrícolas primarios. Estos principios también se aplican al sector de la pesca y la acuicultura.

(10)

El presente Reglamento no debe aplicarse a las ayudas a la exportación ni a las ayudas condicionadas a la utilización de productos o servicios nacionales con preferencia sobre los importados. Concretamente, no debe aplicarse a las ayudas destinadas a financiar el establecimiento y el funcionamiento de una red de distribución en otros Estados miembros o terceros países. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha dictaminado que el Reglamento (CE) n.o 1998/2006 «no excluye a cualquier ayuda que pudiera tener alguna incidencia en las exportaciones, sino solo a las que tengan por objeto directo, por la propia forma que adoptan, apoyar la ventas en otro Estado» y que «siempre y cuando no se vea de algún modo determinada, en su principio y su importe, por la cantidad de productos exportados, una ayuda a la inversión no forma parte de las “ayuda[s] a actividades relacionadas con la exportación”, en el sentido del artículo 1, apartado 1, letra d), del Reglamento (CE) n.o 1998/2006 y no está, por tanto, comprendida en el ámbito de aplicación de dicha disposición, aun cuando las inversiones así apoyadas permitan desarrollar productos destinados a la exportación» (12). Las ayudas destinadas a sufragar los costes de participación en ferias comerciales o los costes de estudios o de servicios de consultoría necesarios para lanzar un producto nuevo o ya existente en un nuevo mercado en otro Estado miembro o un tercer país no constituyen, en general, ayudas a la exportación.

(11)

El período de tres años que debe tenerse en cuenta a efectos del presente Reglamento debe evaluarse de forma continua. En cada nueva concesión de una ayuda de minimis debe tenerse en cuenta el importe total de las ayudas de minimis concedidas en los tres años previos.

(12)

Si una empresa opera en uno de los sectores excluidos del ámbito de aplicación del presente Reglamento y también opera en otros sectores o desarrolla otras actividades, el presente Reglamento debe aplicarse a esos otros sectores o actividades si el Estado miembro de que se trate garantiza, apoyándose en los medios adecuados, como la separación de actividades o la separación de cuentas, que las actividades de los sectores excluidos no se benefician de las ayudas de minimis. Este principio debe aplicarse asimismo a las empresas que operan en sectores a los que se aplican límites máximos de minimis inferiores. Si una empresa no puede garantizar que las actividades de los sectores a los que se aplican límites máximos de minimis inferiores únicamente se beneficien de las ayudas de minimis hasta dichos límites máximos inferiores, debe aplicarse a todas las actividades de la empresa el límite máximo más bajo.

(13)

Es preciso establecer normas para garantizar que no sea posible eludir las intensidades máximas de ayuda establecidas en los reglamentos sobre ayudas estatales pertinentes o en decisiones de la Comisión. También procede establecer normas de acumulación claras.

(14)

El presente Reglamento no excluye la posibilidad de que se considere que una medida no es ayuda estatal en el sentido del artículo 107, apartado 1, del Tratado por motivos distintos de los previstos en él, por ejemplo, cuando la medida cumpla el principio del operador privado en una economía de mercado o no lleve aparejada una transferencia de recursos públicos. En concreto, la financiación de la Unión gestionada centralmente por la Comisión que no esté directa o indirectamente bajo el control del Estado miembro no constituye una ayuda estatal y no debe tenerse en cuenta a la hora de determinar si se ha superado el límite máximo establecido en el presente Reglamento.

(15)

El presente Reglamento no contempla todas las circunstancias en las que una medida puede no tener efecto alguno en los intercambios comerciales entre Estados miembros ni falsear o amenazar con falsear la competencia. Pueden darse situaciones en las que un beneficiario suministre bienes o servicios a una zona limitada (por ejemplo, una región insular o una región ultraperiférica) dentro de un Estado miembro y que la probabilidad de que atraiga clientes de otros Estados miembros sea baja, de tal forma que no sea posible prever que la medida vaya a tener más que un efecto marginal en las condiciones de las inversiones o el establecimiento transfronterizos. Ese tipo de medidas debe evaluarse caso por caso.

(16)

En aras de la transparencia, la igualdad de trato y la eficacia del seguimiento, el presente Reglamento solo debe aplicarse a las ayudas de minimis cuyo equivalente de subvención bruta pueda calcularse previamente con precisión sin necesidad de efectuar una evaluación del riesgo («ayuda de minimis transparente»). Ese cálculo preciso es posible, por ejemplo, en el caso de las subvenciones, las bonificaciones de intereses y las exenciones fiscales limitadas u otros instrumentos que llevan asociado un tope, con el cual se garantiza que no se supere el límite máximo pertinente. La fijación de un tope supone que, si no se conoce el importe exacto de la ayuda, el Estado miembro ha de presumir que dicho importe es igual al tope aplicable a la medida, con el fin de evitar que varias ayudas juntas sobrepasen el límite máximo establecido en el presente Reglamento y de aplicar las normas sobre acumulación.

(17)

En aras de la transparencia, la igualdad de trato y la correcta aplicación del límite máximo de minimis, todos los Estados miembros deben aplicar el mismo método para calcular el importe total de las ayudas concedidas. Para facilitar el cálculo, los importes de las ayudas que no adopten la forma de subvención en efectivo deben convertirse a su equivalente de subvención bruta. Para calcular el equivalente de subvención bruta de las categorías transparentes de ayuda distintas de las subvenciones o de las ayudas pagaderas en varios plazos, deben utilizarse los tipos de interés de mercado vigentes en el momento de la concesión de la ayuda. Para facilitar una aplicación uniforme, transparente y sencilla de las normas sobre ayudas estatales, es conveniente que los tipos de mercado aplicables a efectos del presente Reglamento sean los tipos de referencia establecidos con arreglo a la Comunicación de la Comisión relativa a la revisión del método de fijación de los tipos de referencia y de actualización (13).

(18)

Las ayudas consistentes en préstamos, incluidas las ayudas de minimis a la financiación de riesgo que adopten la forma de préstamos, deben considerarse ayudas de minimis transparentes si el equivalente de subvención bruta se ha calculado sobre la base de los tipos de interés de mercado aplicables en el momento de la concesión de la ayuda. A fin de simplificar la tramitación de los préstamos de pequeña cuantía y corta duración, es necesario establecer una norma clara que sea fácilmente aplicable y tenga en cuenta tanto el importe como la duración del préstamo. Puede considerarse que los préstamos que estén garantizados por una garantía que abarque al menos el 50 % del préstamo y que no superen 1 500 000 EUR y una duración de cinco años, o 750 000 EUR y una duración de diez años, tienen un equivalente de subvención bruta que no sobrepasa el límite máximo de minimis. Esta consideración se basa en la experiencia de la Comisión y tiene en cuenta la inflación registrada desde la entrada en vigor del Reglamento (UE) n.o 1407/2013 y la evolución de la inflación prevista para el período de aplicación del presente Reglamento. Dadas las dificultades para determinar el equivalente de subvención bruta de la ayuda concedida a empresas que pueden no ser capaces de rembolsar el préstamo (por ejemplo, porque la empresa esté incursa en un procedimiento colectivo de insolvencia o porque cumple los criterios establecidos en su legislación nacional para ser sometida a un procedimiento colectivo de insolvencia a petición de sus acreedores), dicha norma no debe aplicarse a esas empresas.

(19)

Las ayudas consistentes en aportaciones de capital no deben considerarse ayudas de minimis transparentes a menos que la cuantía total de la aportación pública no supere el límite máximo de minimis. Las ayudas consistentes en medidas de financiación de riesgos que adopten la forma de inversión de capital o cuasicapital, según se establece en las Directrices sobre financiación de riesgo (14), no deben considerarse ayudas de minimis transparentes a menos que la medida en cuestión suponga un aporte de capital que no sobrepase el límite máximo de minimis.

(20)

Las ayudas consistentes en garantías, incluidas las ayudas de minimis a la financiación de riesgo en forma de garantías, deben considerarse transparentes si el equivalente de subvención bruta se ha calculado sobre la base de primas refugio establecidas en una comunicación de la Comisión para el tipo de empresa de que se trate (15). El presente Reglamento debe establecer normas claras que tengan en cuenta tanto el importe del préstamo subyacente como la duración de la garantía. El establecimiento de normas claras debe contribuir a simplificar el tratamiento de las garantías de corta duración que garanticen hasta el 80 % de préstamos relativamente pequeños, en las que las pérdidas sean asumidas proporcionalmente y en las mismas condiciones por el prestamista y el garante, y los reembolsos netos que se generen por la recuperación del préstamo a partir del aval ofrecido por el prestatario reduzcan proporcionalmente las pérdidas a cargo del prestamista y del garante. Esta norma no debe aplicarse a garantías sobre operaciones subyacentes que no constituyan un préstamo, tales como las garantías sobre transacciones de capital. Atendiendo a la experiencia de la Comisión y habida cuenta de la inflación registrada desde la entrada en vigor del Reglamento (UE) n.o 1407/2013 de la Comisión y de la evolución de la inflación prevista para el período de validez del presente Reglamento, debe considerarse que la garantía tiene un equivalente de subvención bruta que no supera el límite máximo de minimis cuando: i) la garantía no sea superior al 80 % del préstamo subyacente; ii) el importe garantizado no exceda de 2 250 000 EUR, y iii) la duración de la garantía no exceda de cinco años. Lo mismo se aplica en los casos en que: i) la garantía no exceda del 80 % del préstamo subyacente; ii) el importe garantizado no exceda de 1 125 000 EUR, y iii) la duración de la garantía no exceda de diez años.

(21)

Además, los Estados miembros pueden utilizar un método para calcular el equivalente de subvención bruta de las garantías que haya sido notificado a la Comisión en virtud de otro reglamento de la Comisión en el ámbito de las ayudas estatales aplicable en ese momento y que haya sido aceptado por la Comisión por considerar que se ajustaba a la Comunicación sobre las garantías (16), o cualquier comunicación que la suceda. Los Estados miembros solo podrán proceder de este modo cuando el método aceptado se refiera expresamente al tipo de garantía y al tipo de operación subyacente en cuestión como parte de la aplicación del presente Reglamento.

(22)

En caso de que las ayudas de minimis se proporcionen a través de intermediarios financieros, los Estados miembros deben cerciorarse de que estos no reciban ninguna ayuda estatal. Esto puede hacerse, por ejemplo, i) exigiendo a los intermediarios financieros beneficiarios de una garantía del Estado que paguen una prima conforme al mercado, o ii) repercutiendo completamente cualquier ventaja a los beneficiarios finales, o iii) respetando el límite máximo de minimis y las demás condiciones del presente Reglamento a nivel de los intermediarios. A fin de simplificar la tramitación en el caso de los regímenes de ayudas de minimis que se ejecuten a través de intermediarios financieros, en aquellos casos en los que los Estados miembros elijan la opción iii), el presente Reglamento debe establecer una norma clara que sea fácilmente aplicable y tenga en cuenta el importe global de los préstamos que impliquen ayudas de minimis emitidos por el intermediario financiero a lo largo de tres años. Atendiendo a la experiencia de la Comisión, puede considerarse que los intermediarios financieros que conceden préstamos de minimis garantizados y aplican un mecanismo para repercutir la ventaja contenida en la garantía a los beneficiarios finales reciben un equivalente de subvención bruta que no sobrepasa el límite máximo de minimis si el importe total de la cartera de préstamos de minimis garantizados es inferior a 10 millones EUR, o si el importe total de la cartera de préstamos de minimis garantizados es inferior a 40 millones EUR y se compone de importes de préstamos de minimis individuales inferiores a 100 000 EUR, siempre que el régimen de minimis esté disponible en igualdad de condiciones para los intermediarios financieros que operen en el Estado miembro de que se trate.

(23)

Previa notificación de un Estado miembro, la Comisión debe examinar si una medida que no consista en una subvención, préstamo, garantía, aportación de capital o medida de financiación de riesgo que adopte la forma de inversión de capital o cuasicapital, exenciones fiscales limitadas u otros instrumentos que llevan asociado un tope, da lugar a un equivalente de subvención bruta que no sobrepasa el límite máximo de minimis y, por lo tanto, puede entrar en el ámbito de aplicación del presente Reglamento.

(24)

La Comisión tiene el deber de velar por que las normas sobre ayudas estatales se cumplan y se ajusten al principio de cooperación leal establecido en el artículo 4, apartado 3, del Tratado de la Unión Europea. Los Estados miembros deben facilitar el cumplimiento de esta tarea estableciendo los instrumentos necesarios que garanticen que el importe total de las ayudas de minimis concedidas a una única empresa en virtud de la norma de minimis no supere el límite máximo total admisible. Los Estados miembros deben controlar la ayuda concedida para garantizar que no se sobrepasa el límite máximo establecido en el presente Reglamento y que se respetan las reglas en materia de acumulación. Para cumplir esta obligación, los Estados miembros deben facilitar información completa sobre las ayudas de minimis concedidas en un registro central a nivel nacional o de la Unión a partir del 1 de enero de 2026, a más tardar, y comprobar que cualquier nueva concesión de ayuda no sobrepase el límite máximo establecido en el presente Reglamento. El registro central contribuirá a reducir la carga administrativa a las empresas. En virtud del presente Reglamento, las empresas ya no se verán obligadas a hacer un seguimiento y declarar cualquier otra ayuda de minimis recibida una vez que los datos del registro central abarquen un período de tres años. A efectos del presente Reglamento, el control del cumplimiento del límite máximo establecido en el mismo se basará, en principio, en la información recogida en el registro central.

(25)

Cada Estado miembro podrá crear un registro central nacional. Los registros centrales nacionales existentes que cumplan los requisitos establecidos en el presente Reglamento podrán seguir utilizándose. La Comisión creará un registro central a escala de la Unión que los Estados miembros podrán utilizar a partir del 1 de enero de 2026.

(26)

Teniendo en cuenta que la carga administrativa y los obstáculos reglamentarios constituyen un problema para la mayoría de las pymes y que el objetivo de la Comisión es reducir en un 25 % la carga derivada de los requisitos de notificación (17), todo registro central debe crearse de forma que se reduzca la carga administrativa. Las buenas prácticas administrativas, como las establecidas en el Reglamento sobre la pasarela digital única (18), pueden utilizarse como referencia para la creación y el funcionamiento del registro central a escala de la Unión y de los registros centrales nacionales.

(27)

Las normas en materia de transparencia tienen por objeto asegurar un mejor cumplimiento, una mayor rendición de cuentas, una revisión por pares y, en última instancia, un gasto público más eficaz. La publicación en un registro central del nombre del beneficiario de la ayuda sirve al interés legítimo de la transparencia al facilitar información al público sobre el uso al que se destinan los fondos de los Estados miembros. No supone una interferencia indebida en el derecho de los beneficiarios a la protección de sus datos personales, siempre que en la publicación de datos personales en el registro central se cumplan las normas de la Unión en materia de protección de datos (19). Los Estados miembros deberán tener la opción de seudonimizar entradas específicas cuando sea necesario para el cumplimiento de las normas de protección de datos de la Unión.

(28)

El presente Reglamento debe establecer una serie de condiciones con arreglo a las cuales se considera que las medidas incluidas en su ámbito de aplicación no afectan al comercio entre Estados miembros y no falsean ni amenazan con falsear la competencia. Por este motivo, el Reglamento debe aplicarse también a las ayudas concedidas antes de su entrada en vigor si se cumplen todas las condiciones establecidas en el mismo. De igual modo, las ayudas que cumplieran los criterios del Reglamento (UE) n.o 1407/2013 concedidas entre el 1 de enero de 2014 y el 31 de diciembre de 2023 deben considerarse exentas de notificación con arreglo al artículo 108, apartado 3, del Tratado.

(29)

(30)

Habida cuenta de la frecuencia con la que es necesario revisar generalmente la política de ayudas estatales, el presente Reglamento debe tener un período de aplicación limitado.

En caso de que el período de aplicación del presente Reglamento expire sin ser prorrogado, los Estados miembros deben disponer de un período de adaptación de seis meses por lo que se refiere a las ayudas de minimis cubiertas por el presente Reglamento.

a)

«productos agrícolas»: los productos enumerados en el anexo I del Tratado, con excepción de los productos de la pesca y de la acuicultura incluidos en el ámbito de aplicación del Reglamento (UE) n.o 1379/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo (20);

b)

«producción agrícola primaria»: la producción de productos derivados de la agricultura y de la ganadería, enumerados en el anexo I del Tratado, sin llevar a cabo ninguna otra operación que modifique la naturaleza de dichos productos;

c)

«transformación de productos agrícolas»: toda operación efectuada sobre un producto agrícola cuyo resultado sea también un producto agrícola, salvo las actividades realizadas en la explotación que sean necesarias para preparar un producto animal o vegetal para su primera venta;

d)

«comercialización de productos agrícolas»: la tenencia o exposición de un producto agrícola con fines de venta, oferta para la venta, la entrega o cualquier otra forma de puesta en el mercado, con excepción de la primera venta por parte de un productor primario a intermediarios o transformadores y de toda actividad de preparación de un producto para dicha primera venta; la venta por parte de un productor primario a los consumidores finales se considerará comercialización de productos agrícolas si se lleva a cabo en instalaciones independientes reservadas para ese fin;

e)

«productos de la pesca y de la acuicultura»: los productos definidos en el artículo 5, letras a) y b), del Reglamento (UE) n.o 1379/2013;

f)

«producción primaria de productos de la pesca y la acuicultura»: todas las operaciones relacionadas con la pesca, la cría o el cultivo de organismos acuáticos, así como las actividades en la explotación o a bordo necesarias para preparar a un animal o planta para la primera venta, incluidos el despiece, el fileteado o la congelación, y la primera venta a revendedores o transformadores;

g)

«transformación y comercialización de productos de la pesca y de la acuicultura»: el conjunto de todas las operaciones, incluidos la manipulación, el tratamiento y la transformación, realizadas tras el momento del desembarque — o de la recolección en el caso de la acuicultura— que dan lugar a un producto transformado, así como a su distribución;

h)

«intermediario financiero»: toda institución financiera, con independencia de su forma y titularidad, que opere con ánimo de lucro; los bancos o instituciones públicos de fomento no se considerarán incluidos en dicha definición cuando actúen como autoridades de concesión y no incurran en subvenciones cruzadas a las actividades que realicen por su cuenta y riesgo.