Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

(1)

El Reglamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento Europeo y del Consejo (3) debe ser objeto de varias modificaciones. En aras de la claridad y de la seguridad jurídica, conviene proceder a la refundición de dicho Reglamento.

(2)

El presente Reglamento establece las normas financieras aplicables al presupuesto general de la Unión (en lo sucesivo, «presupuesto») en el sentido del artículo 322 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE) y no regula ni afecta a la aplicación de medidas restrictivas adoptadas con arreglo al TFUE y al Tratado de la Unión Europea (TUE), aun cuando sea en el marco de la ejecución del presupuesto.

(3)

Tomando en consideración la experiencia adquirida con la ejecución de las normas financieras aplicables al presupuesto y tras haberse adoptado el Reglamento (UE, Euratom) 2020/2093 del Consejo (4), es preciso efectuar una serie de modificaciones específicas para armonizar esas normas financieras con el nuevo marco jurídico, adaptarlas a las necesidades de una gestión de crisis eficiente y reforzar la protección de los intereses financieros de la Unión. Además, deben realizarse determinadas simplificaciones, actualizaciones técnicas y correcciones.

(4)

Tras haberse adoptado el Reglamento (UE, Euratom) 2020/2093, las referencias a los actos de base deben sustituirse y las referencias a la Decisión (UE, Euratom) 2020/2053 del Consejo (5), al Reglamento (UE, Euratom) 2021/768 del Consejo (6) y al Acuerdo interinstitucional, de 16 de diciembre de 2020, sobre disciplina presupuestaria, cooperación en materia presupuestaria y buena gestión financiera, así como sobre nuevos recursos propios, en particular una hoja de ruta para la introducción de nuevos recursos propios (7), deben añadirse a las utilizadas en el presente Reglamento.

(5)

(6)

En aras de la claridad, todas las referencias al Reglamento (CE) n.o 45/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo (8), que ha sido derogado, deben sustituirse por referencias al Reglamento (UE) 2018/1725 del Parlamento Europeo y del Consejo (9).

En aras de la seguridad jurídica, deben corregirse varias referencias cruzadas.

(7)

Es necesario reflejar mejor la naturaleza y el funcionamiento específicos de la provisión de pasivos financieros y de las garantías presupuestarias. Por lo tanto, deben adaptarse algunas definiciones y normas sobre las garantías presupuestarias, los compromisos presupuestarios, los compromisos jurídicos, los créditos de pago, los perceptores y la publicación de la información sobre los perceptores. Ha de añadirse una definición de la fase de constitución de la provisión de pasivos financieros. Además, es preciso actualizar las definiciones para reflejar, en particular, las modificaciones de las normas de contratación y la introducción de normas sobre las liberalidades no financieras.

(8)

Con el fin de aumentar la transparencia sobre aquellos perceptores de fondos de la Unión que sean organizaciones no gubernamentales, debe introducirse una definición de «organizaciones no gubernamentales», que establezca criterios para reconocerlas. Además, los solicitantes de subvenciones deben declarar su situación jurídica, lo que incluye informar de si son organizaciones no gubernamentales.

(9)

Debe introducirse en el presente Reglamento una referencia al régimen general de condicionalidad para la protección del presupuesto, establecido en el Reglamento (UE, Euratom) 2020/2092 del Parlamento Europeo y del Consejo (10). El Reglamento (UE, Euratom) 2020/2092 es una piedra angular del marco jurídico para la ejecución del presupuesto.

(10)

Es esencial que, en la ejecución del presupuesto, los Estados miembros y la Comisión garanticen el cumplimiento de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea y respeten los valores de la Unión consagrados en el artículo 2 del TUE.

(11)

El presente Reglamento debe permitir a los ordenadores, cuando proceda de conformidad con las normas sectoriales específicas, adoptar medidas adecuadas y velar por proteger el presupuesto, por ejemplo, mediante la suspensión de los pagos cuando la ejecución por parte de un Estado miembro de una acción financiada con fondos de la Unión se vea afectada por el incumplimiento de dicho Estado miembro de los valores y derechos fundamentales pertinentes de la Unión.

(12)

Deben mantenerse los principios presupuestarios fundamentales. Las excepciones existentes a dichos principios en ámbitos específicos, como son la investigación, las acciones exteriores y los fondos estructurales, deben reexaminarse y simplificarse en la medida de lo posible, teniendo en cuenta su pertinencia, su valor añadido para el presupuesto y la carga que suponen para los interesados.

(13)

Las disposiciones relativas a las prórrogas de los créditos deben presentarse de forma más clara y debe hacerse una distinción entre prórrogas automáticas y no automáticas. Las instituciones de la Unión implicadas deben proporcionar al Parlamento Europeo y al Consejo información tanto sobre las prórrogas automáticas como sobre las no automáticas.

(14)

Debe permitirse la prórroga y utilización de ingresos afectados externos para el programa o la acción siguientes con vistas a hacer un uso eficiente de estos fondos. Debe ser posible prorrogar los ingresos afectados internos únicamente al ejercicio presupuestario siguiente, salvo que en el presente Reglamento se disponga otra cosa.

(15)

Tras haberse adoptado el Reglamento (UE, Euratom) 2020/2093 y los actos de base conexos, es preciso incorporar al presente Reglamento determinadas normas relacionadas con los principios presupuestarios, en particular por lo que respecta a la anulación y la prórroga, las liberaciones y la reconstitución de los créditos correspondientes a liberaciones, establecidas en los Reglamentos (UE) 2021/1060 (11) y (UE) 2021/2116 (12) del Parlamento Europeo y del Consejo.

(16)

En relación con los ingresos afectados internos, debe permitirse la financiación de nuevos proyectos inmobiliarios con los ingresos procedentes de indemnizaciones arrendaticias y de la venta de edificios. A tal fin, esos ingresos deben considerarse ingresos afectados internos que pueden ser prorrogados hasta ser plenamente utilizados.

(17)

En aras de la simplificación, y con objeto de mejorar la coordinación entre la distribución temporal de las contribuciones de los Estados miembros y las correspondientes necesidades de pago, todas las contribuciones financieras adicionales de los Estados miembros a las acciones y los programas de la Unión, incluidas las contribuciones voluntarias, han de estar sujetas al mismo tratamiento y considerarse ingresos afectados externos.

(18)

Con objeto de lograr una presentación de los ingresos afectados más transparente y visible en la que se conserve al mismo tiempo la esencia de la información comunicada previamente, debe proporcionarse en un anexo, que forma parte integrante del presupuesto, información detallada sobre el importe estimado de los ingresos afectados internos y externos por percibir, y la asignación prevista para las líneas presupuestarias pertinentes. Además, conviene aclarar los requisitos de información relativos a la ejecución de los ingresos afectados internos y externos en el ejercicio anterior. Esto servirá para garantizar que toda la información sobre la ejecución de los ingresos afectados y las previsiones de los ingresos afectados por percibir se presente de manera clara y accesible.

(19)

Es preciso actualizar las normas relativas a las transferencias que están sujetas a disposiciones especiales a fin de tomar en consideración la Reserva de Solidaridad y para Ayudas de Emergencia establecida con arreglo al Reglamento (UE, Euratom) 2020/2093. Además, deben realizarse las adaptaciones pertinentes con objeto de reflejar que ya no se necesitan proyectos de presupuesto rectificativo para movilizar la Reserva de Solidaridad y para Ayudas de Emergencia.

(20)

Las instituciones de la Unión deben poder aceptar toda clase de liberalidades en favor de la Unión.

(21)

A fin de posibilitar una respuesta rápida en circunstancias excepcionales, es preciso que la Comisión pueda aceptar liberalidades en especie, con independencia de su valor, cuando se realicen con fines de ayuda humanitaria, asistencia urgente, protección civil o ayuda a la gestión de crisis. Para que existan las garantías adecuadas, la Comisión solo ha de aceptar dichas liberalidades cuando la aceptación sea conforme con los principios de buena gestión financiera y de transparencia y no genere conflictos de intereses ni perjudique la imagen de la Unión, ni perjudique ni pueda perjudicar la seguridad o el orden público de la Unión o de los Estados miembros. El donante no debe encontrarse, en el momento de la aceptación, en ninguna de las situaciones de exclusión previstas en el marco del sistema de detección precoz y exclusión, ni figurar como excluido en la base de datos correspondiente. Cuando la Comisión acepte una liberalidad, el ordenador competente debe proporcionar información al respecto en su informe anual de actividades.

(22)

Debe introducirse una disposición que permita el patrocinio en especie por una persona jurídica de un acto o actividad con fines promocionales o de responsabilidad social de las empresas.

(23)

Procede aclarar el concepto de rendimiento por lo que se refiere al presupuesto. El rendimiento debe estar asociado a la aplicación directa del principio de buena gestión financiera. También debe definirse el principio de buena gestión financiera y debe establecerse un vínculo entre los objetivos fijados y los indicadores de rendimiento, los resultados y la economía, la eficiencia y la eficacia en el uso de los créditos. Por razones de seguridad jurídica y para evitar al mismo tiempo conflictos con los marcos de rendimiento vigentes de los diferentes programas, debe definirse la terminología relativa al rendimiento, en particular producto/productividad y resultados.

(24)

A la luz del objetivo de integración horizontal de la perspectiva de género, de los objetivos para el seguimiento del gasto en materia climática y su rendimiento y del gasto que contribuye a detener e invertir el declive de la biodiversidad, deben introducirse indicadores de rendimiento específicos respecto al presupuesto con el fin de efectuar un seguimiento del gasto en igualdad de género, así como en mitigación del cambio climático y adaptación a este y en protección de la biodiversidad. Tales indicadores deben ser concisos y proporcionados, evitar el solapamiento, deben limitarse en número y no provocar una carga administrativa excesiva. Deben basarse en una metodología eficaz, transparente y exhaustiva y, cuando proceda, en datos científicos ampliamente reconocidos. Cuando proceda, los datos recogidos en relación con dichos indicadores deben desglosarse por género y recopilarse de manera que se permita la agregación de dichos datos en todos los programas pertinentes.

(25)

Dada la importancia de hacer frente a los desafíos climáticos y medioambientales, y a fin de garantizar que la ejecución del presupuesto contribuya a la consecución del Pacto Verde Europeo, tal como se recoge en la Comunicación de la Comisión de 11 de diciembre de 2019 sobre «El Pacto Verde Europeo», de los objetivos climáticos y energéticos y de la neutralidad climática de la Unión de aquí a 2050, es preciso ampliar el concepto de rendimiento en referencia al presupuesto para incluir la ejecución de programas y actividades de una manera sostenible, de tal modo que no se obstaculice el logro de los objetivos medioambientales de mitigación del cambio climático, adaptación al cambio climático, uso sostenible y protección de los recursos hídricos y marinos, transición hacia una economía circular, prevención y control de la contaminación, y protección y recuperación de la biodiversidad y los ecosistemas.

(26)

Es importante promover los derechos sociales y unas condiciones laborales y de trabajo justas, en consonancia con el pilar europeo de derechos sociales y el artículo 9 del TFUE. Cuando sea viable y adecuado, la Comisión y los Estados miembros deben respetar el Derecho nacional aplicable, el Derecho de la Unión, los convenios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y los convenios colectivos a la hora de ejecutar los programas y actividades financiados con cargo al presupuesto.

(27)

De conformidad con el Acuerdo interinstitucional de 13 de abril de 2016 sobre la mejora de la legislación (13), la legislación de la Unión debe ser de gran calidad y centrarse en aquellos ámbitos en los que tenga el mayor valor añadido para los ciudadanos y sea lo más eficiente y eficaz posible para la consecución de los objetivos comunes de la Unión. Someter a evaluación los programas de gasto y las actividades que ocasionen gastos importantes, ya estén en curso o sean nuevos, puede contribuir al logro de dichos objetivos.

(28)

Para llevar a la práctica el compromiso de la Comisión de ser digital por defecto y promover que los controles y las auditorías sean más eficientes y de la máxima calidad aumentando el nivel de garantía, pero reduciendo al mismo tiempo el coste, es apropiado introducir una referencia explícita al uso de herramientas digitales y tecnologías emergentes tales como el aprendizaje automático, la automatización robótica de procesos, la prospección de datos y la inteligencia artificial.

(29)

A fin de reforzar la protección del presupuesto frente a irregularidades, como el fraude, la corrupción, los conflictos de intereses y la doble financiación, han de introducirse medidas normalizadas para la recopilación, la comparación y la agregación de la información sobre los perceptores de fondos de la Unión. En particular, con miras a prevenir, detectar, investigar y corregir los fraudes o solucionar las irregularidades de manera eficaz, es necesario poder identificar a las personas físicas que, en última instancia, se beneficien, directa o indirectamente, de la financiación de la Unión o de su uso indebido. El registro y el almacenamiento electrónicos de datos sobre los perceptores de fondos de la Unión, incluidos sus titulares reales, tal como se definen en el artículo 3, punto 6, de la Directiva (UE) 2015/849 del Parlamento Europeo y del Consejo (14), así como la puesta a disposición periódica de dichos datos en un sistema único integrado e interoperable de información y seguimiento, incluida una herramienta de prospección de datos y puntuación de riesgos, (en lo sucesivo, «sistema informático integrado único») proporcionado por la Comisión, deben facilitar la evaluación de riesgos a efectos de la selección, la concesión o adjudicación, la gestión financiera, el seguimiento, la investigación, el control y la auditoría, y contribuir a la prevención, la detección, la corrección y el seguimiento efectivos de irregularidades, como el fraude, la corrupción, los conflictos de intereses y la doble financiación. Las normas relativas al registro, el almacenamiento, la transferencia y el tratamiento de los datos deben ser conformes con las normas aplicables en materia de protección de datos. El sistema informático integrado único debe desarrollarse con el fin de evitar la doble presentación de información y reducir la carga administrativa para los Estados miembros y otras entidades de ejecución. La Comisión ha de actuar como la responsable del tratamiento y ser responsable del desarrollo, la gestión y la supervisión del sistema informático integrado único. Los Estados miembros, los organismos de investigación, control y auditoría de la Unión, incluida la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF), el Tribunal de Cuentas y la Fiscalía Europea deben tener acceso a dichos datos en el ejercicio de sus respectivas competencias. Dicho acceso debe respetar los principios de necesidad y proporcionalidad. Los datos disponibles a través del sistema informático único integrado deben ponerse a disposición del Parlamento Europeo y del Consejo caso por caso, en la medida necesaria y proporcionada al ejercicio de sus respectivas competencias, en el marco del procedimiento de aprobación de la gestión presupuestaria de la Comisión.

(30)

El sistema informático integrado único debe basarse en la interoperabilidad, con arreglo a la cual la información y los datos actualizados sobre los perceptores de fondos de la Unión deben recuperarse de dicho sistema y transferirse a él, de un modo automático, en tiempo real cuando resulte viable, utilizando, entre otros, bases de datos nacionales pertinentes, sistemas internos de órganos y autoridades nacionales pertinentes, autoridades de gestión y pago, bases de datos de nacionales sobre contrataciones y licitaciones públicas, datos públicamente disponibles y datos de otras bases de datos de la Comisión, de manera que se garantice que la información y los datos son exhaustivos y completos.

(31)

El sistema informático integrado único debe diseñarse y establecerse de forma que permita agregar la información pertinente relativa a los mismos perceptores en los diferentes programas de financiación de la Unión. Debe utilizar únicamente indicadores de riesgo que sean objetivos, proporcionados, necesarios para la evaluación de riesgos y basados en fuentes fiables de datos e información actualizados, que se actualicen en tiempo real cuando sea posible. El sistema informático integrado único debe estar concebido para su uso en consonancia con los principios generales de la protección de datos —incluidas la minimización de los datos y la limitación del almacenamiento— aplicables al tratamiento de datos personales.

(32)

Con el fin de garantizar que las funciones del sistema informático integrado único sigan siendo de alto nivel, deben aplicarse, cuando sea posible, determinadas acciones y medidas, como la adaptación de los campos de datos a los sistemas informáticos y las bases de datos pertinentes nacionales y de la Comisión, con las adiciones necesarias para la herramienta de prospección de datos y puntuación de riesgos, incluida la referencia al identificador único de las operaciones; la integración de las bases de datos y sistemas informáticos nacionales pertinentes con el sistema informático integrado único para el intercambio automático de información; la oferta a los usuarios de la posibilidad de adaptar y agrupar los indicadores de riesgo y sus ponderaciones a las necesidades y especificidades de un fondo de la Unión, un programa o un país; la utilización de la inteligencia artificial para el análisis y la interpretación de datos; la oferta a los usuarios de múltiples posibilidades para utilizar las opciones de búsqueda y las capacidades de filtrado; la comunicación a los usuarios de orientaciones sobre la interpretación y la utilización de los datos y los resultados, y la formación sobre cómo navegar por el sistema informático integrado único, evaluar riesgos y tenerlos en cuenta en verificaciones y auditorías.

(33)

Conforme al principio de transparencia establecido en el artículo 15 del TFUE, las instituciones de la Unión deben actuar con el mayor respeto posible al principio de apertura. En cuanto a la ejecución del presupuesto, la aplicación de dicho principio implica que los ciudadanos deben saber dónde y con qué fines gasta la Unión los fondos. Esta información fomenta el debate democrático, contribuye a la participación de los ciudadanos en el proceso de toma de decisiones de la Unión, refuerza el control y la supervisión institucionales de los gastos de la Unión y contribuye a incrementar su credibilidad. La comunicación debe tener un objetivo más claro y dirigirse a incrementar la visibilidad de la contribución de la Unión a favor de los ciudadanos. Tales objetivos deben alcanzarse mediante la publicación, preferentemente mediante herramientas modernas de comunicación, de la correspondiente información sobre todos los perceptores de fondos financiados con cargo al presupuesto, que tenga en cuenta los legítimos intereses de confidencialidad y seguridad de dichos perceptores y, por lo que respecta a las personas físicas, su derecho a la intimidad y a la protección de sus datos personales. Las instituciones de la Unión deben adoptar, por lo tanto, un enfoque selectivo en la publicación de la información, de conformidad con el principio de proporcionalidad. Las decisiones de publicación deben basarse en criterios pertinentes a fin de proporcionar información de interés.

(34)

Sin perjuicio de las normas en materia de protección de datos personales, se ha de buscar garantizar la máxima transparencia por lo que respecta a la información sobre los perceptores. La información sobre los perceptores de los fondos de la Unión debe publicarse en un sitio web específico y centralizado de las instituciones de la Unión, como el Sistema de Transparencia Financiera, y ser fácilmente accesible a través de soluciones técnicas adecuadas y seguras. Los requisitos de publicación han de contemplar todos los métodos de ejecución presupuestaria, incluido por parte de otras instituciones y organismos de la Unión.

(35)

La Comisión ha de poder ejecutar el presupuesto de manera indirecta a través de organizaciones de los Estados miembros. Por razones de seguridad jurídica conviene, por lo tanto, definir una organización de un Estado miembro como una entidad constituida en un Estado miembro en forma de organismo de Derecho público o de organismo de Derecho privado al que dicho Estado miembro haya confiado una misión de servicio público y proporcionado garantías financieras adecuadas. El respaldo financiero que un Estado miembro proporcione a esos organismos de Derecho privado de conformidad con los requisitos existentes establecidos en el Derecho de la Unión, en la forma que elija dicho Estado miembro y que no necesariamente exija una garantía bancaria, debe considerarse una garantía financiera adecuada.

(36)

Los datos personales relativos a personas físicas no deben estar disponibles para el público por un período más prolongado que aquel durante el cual el perceptor use los fondos, por lo que tales datos deben eliminarse después de dos años.

(37)

En la mayoría de los casos que regula el presente Reglamento, la publicación atañe a personas jurídicas. Cuando ataña a personas físicas, la publicación de datos personales debe respetar el principio de proporcionalidad entre la importancia de la cuantía concedida y la necesidad de controlar la mejor utilización de los fondos. En tales casos, la publicación de la región a nivel 2 de la clasificación común de unidades territoriales estadísticas (NUTS) es coherente con el objetivo de publicación de la información sobre los perceptores y garantiza la igualdad de trato entre Estados miembros de tamaños diferentes, al mismo tiempo que se respeta el derecho del perceptor a la vida privada y, en particular, a la protección de sus datos personales.

(38)

Por motivos de seguridad jurídica y conforme al principio de proporcionalidad, deben especificarse aquellas situaciones en las que la publicación no deba producirse. Por ejemplo, no se debe publicar información en lo que atañe a las becas u otras formas de ayuda directa abonadas a las personas físicas más necesitadas, a determinados contratos de un valor muy reducido o a la ayuda financiera por debajo de un umbral determinado proporcionada a través de instrumentos financieros o garantías presupuestarias, o en los casos en los que la revelación de información entrañe un riesgo de amenaza para los derechos y libertades de las personas físicas afectadas, tal como los protege la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, o de perjuicio a los intereses comerciales de los perceptores. No obstante, en lo que respecta a las subvenciones, no debe existir ninguna exención especial de la obligación de publicar información basada en un umbral específico, a fin de mantener la práctica vigente y hacer posible la transparencia.

(39)

En los casos en que los datos personales de los perceptores se hagan públicos con fines de transparencia en relación con el uso de los fondos de la Unión y de control de los procedimientos de concesión o adjudicación, se debe informar a esos perceptores de la publicación, así como de sus derechos y de los procedimientos aplicables para ejercerlos, de conformidad con los Reglamentos (UE) 2018/1725 y (UE) 2016/679 (15) del Parlamento Europeo y del Consejo.

(40)

Con el fin de garantizar el cumplimiento del principio de igualdad de trato entre los perceptores, también debe publicarse la información relativa a las personas físicas, en consonancia con la obligación de los Estados miembros de velar por un grado elevado de transparencia de los contratos de cuantía superior a los umbrales establecidos en la Directiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo y del Consejo (16).

(41)

En caso de gestión indirecta y compartida, corresponde a las personas, entidades u organismos designados que ejecutan los fondos de la Unión poner a disposición información sobre los perceptores y los perceptores finales. En caso de gestión compartida, la información debe publicarse de conformidad con normas sectoriales específicas. Los Estados miembros que reciban y ejecuten fondos de la Unión mediante gestión directa han de poner a disposición la información sobre los perceptores de conformidad con el presente Reglamento. La Comisión debe poner a disposición la información sobre el sitio web único, incluida una referencia a su dirección, en el que pueda encontrarse la información sobre los perceptores y los perceptores finales.

(42)

En aras de una mayor legibilidad y transparencia de los datos relativos a los instrumentos financieros ejecutados mediante gestión directa e indirecta, procede reunir todos los requisitos de información en un único documento de trabajo que se adjunte al proyecto de presupuesto.

(43)

A fin de asegurar la transparencia, evitar determinadas duplicaciones y adaptar el calendario de presentación de informes a la disponibilidad de los datos pertinentes, garantizando al mismo tiempo que no se pierde información, es preciso que la información sobre las garantías presupuestarias, el fondo de provisión común y los pasivos contingentes comprendidos en el límite máximo de los recursos propios se reagrupe en esas tres categorías y se presente de manera exhaustiva en los informes correspondientes.

(44)

A fin de aumentar la transparencia y la exactitud en la presentación de informes, la información relativa a los instrumentos financieros que se presente en el documento de trabajo adjunto al proyecto de presupuesto debe incluir información sobre las pérdidas efectivas procedentes de activos.

(45)

A fin de garantizar la sincronización con el calendario para la adopción del estado de previsiones, es preciso que el documento de trabajo sobre la política inmobiliaria de la Comisión se adjunte al proyecto de presupuesto.

(46)

A fin de promover las mejores prácticas en la ejecución del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), el Fondo Social Europeo (FSE), el Fondo de Cohesión, el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader) y el Fondo Europeo Marítimo, de Pesca y de Acuicultura (FEMPA), así como el Fondo Europeo Agrícola de Garantía (FEAGA), la Comisión, a efectos informativos, ha de poder poner a disposición de los organismos responsables de las actividades de gestión y control una guía metodológica no vinculante que recoja su propia estrategia y planteamiento de control, incluidas listas de comprobación, y ejemplos de mejores prácticas. Esa guía debe actualizarse siempre que resulte necesario.

(47)

La jurisprudencia (17) que obligaba a la Comisión a pagar intereses u otras cargas debidas por los importes de las multas anuladas o reducidas por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea generó una nueva situación imprevisible. Por lo tanto, es necesario permitir que, de los ingresos del presupuesto, pueda deducirse cualquier interés u otra carga adeudada sobre los importes de multas, otras penalizaciones o sanciones anuladas o reducidas, incluyendo cualquier remuneración negativa relacionada con dichos importes. Esta excepción a la prohibición de ingresos negativos debe limitarse a dicha situación concreta. Para poder cumplir con el principio general de restitución al estado anterior (restitutio in integrum) aplicable a las multas, otras penalizaciones o sanciones impuestas por las instituciones de la Unión y posteriormente anuladas o reducidas por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, es necesario disponer que no se deduzca de la cantidad que deba reembolsarse ninguna remuneración negativa sobre el importe recaudado provisionalmente de dichas multas, otras penalizaciones o sanciones impuestas por las instituciones de la Unión. A fin de compensar la pérdida del disfrute de los fondos desde la fecha en que los terceros afectados hayan pagado provisionalmente la multa a la Comisión hasta la fecha del reembolso, el importe que deba reembolsarse se ha de aumentar con un interés al tipo aplicado por el Banco Central Europeo a sus operaciones principales de refinanciación incrementado en un punto y medio porcentual como compensación adecuada para los terceros en tales situaciones, lo que excluye la necesidad de aplicar cualquier otro tipo de interés a dicho importe. Además, dicho tipo corresponde al tipo de interés aplicable en relación con el deudor cuando este opta por aplazar el pago de una multa, otra penalización o sanción, y constituye una garantía financiera en lugar del pago. A la espera de una solución definitiva para el marco financiero plurianual después de 2027 en relación con el tipo de interés y otros gastos que deben abonarse como compensación adecuada por el reembolso de multas, otras penalizaciones o sanciones anuladas o reducidas, dichos intereses y gastos solo deben deducirse como ingresos negativos hasta el 31 de diciembre de 2027. Dicha solución definitiva debe tener en cuenta experiencias pasadas y la evolución futura prevista y estar en consonancia con la aplicación de los principios presupuestarios establecidos en el presente Reglamento. Con el fin de garantizar un flujo de tesorería suficiente para compensar a los terceros afectados por la pérdida del disfrute de los fondos cuando se haya anulado una multa, otra penalización o sanción, o se haya reducido su importe, podría ser necesario permitir que los importes percibidos en concepto de multas, otras penalizaciones o sanciones, así como los intereses devengados u otros ingresos generados por ellos, se consignen en el presupuesto antes de que finalice el ejercicio siguiente. A fin de garantizar la plena transparencia de este mecanismo, la Comisión debe proporcionar al Parlamento Europeo y al Consejo toda la información disponible en el marco del procedimiento presupuestario anual.

(48)

Dado el incremento de las operaciones de empréstito y préstamo efectuadas por la Comisión por cuenta de la Unión para financiar la recuperación de la pandemia de COVID-19, debe reforzarse en mayor medida la transparencia en relación con esas operaciones. En respuesta a la complejidad creciente de esas operaciones, y para asegurar que su contenido sea más visible, es preciso que, en el documento adjunto a la sección del presupuesto correspondiente a la Comisión, se incluya una síntesis completa de las operaciones de empréstito y préstamo efectuadas por esta institución. Dicha síntesis completa debe incluir, entre otros datos, información detallada sobre los vencimientos, el calendario de pagos, los intereses adeudados a nivel agregado, la base de inversores en el mercado primario y, cuando proceda, la dimensión y los costes del fondo de liquidez común que subyace a la estrategia de financiación diversificada, así como el plan de empréstito. Además, debe exponer los datos subyacentes y la metodología utilizada por la Comisión para calcular los intereses devengados y estimar los intereses adeudados, sin incluir ninguna información sensible para los mercados.

(49)

Resulta oportuno prever la posibilidad de que las instituciones de la Unión celebren entre sí acuerdos de nivel de servicio con el fin de facilitar la ejecución de sus créditos y también la posibilidad de celebrar tales acuerdos entre departamentos de las instituciones de la Unión, organismos de la Unión, oficinas europeas, órganos o personas a quienes se haya confiado la ejecución de acciones específicas en el marco de la política exterior y de seguridad común (PESC), de conformidad con el título V del TUE, y la Oficina del secretario general del Consejo Superior de las Escuelas Europeas para la prestación de servicios, el suministro de productos o la ejecución de obras o de contratos inmobiliarios.

(50)

Por razones de seguridad jurídica, es necesario aclarar que, a efectos de la adopción de las medidas pertinentes en relación con los conflictos de intereses, el Derecho aplicable comprende el Derecho de la Unión y el Derecho nacional en materia de conflictos de intereses.

(51)

Para lograr una mayor inclusión, los organismos de Derecho privado o de Derecho de la Unión que estén establecidos en un Estado miembro y reúnan las condiciones para que se les encomiende, con arreglo a las normas sectoriales específicas, la ejecución de fondos de la Unión o garantías presupuestarias, deben añadirse a la lista de entidades en las que se pueden delegar competencias de ejecución del presupuesto, en la medida en que estén controlados por organismos de Derecho público o de Derecho privado, investidos de una misión de servicio público y admisibles en régimen de gestión indirecta, y presenten garantías financieras suficientes. Cuando tales organismos de Derecho privado o de Derecho de la Unión no cuenten con el respaldo financiero de un Estado miembro, las garantías financieras suficientes deben presentarse mediante responsabilidad solidaria de los organismos controladores o mediante garantías financieras equivalentes.

(52)

Procede establecer el procedimiento para crear nuevas oficinas europeas y distinguir entre sus tareas obligatorias y facultativas. Debe introducirse la posibilidad de que las instituciones de la Unión, los organismos de la Unión y otras oficinas europeas deleguen las competencias de ordenación de pagos en el director de una oficina europea. Las oficinas europeas también deben tener la posibilidad de celebrar acuerdos de nivel de servicio para la prestación de servicios, el suministro de productos o la ejecución de obras o de contratos inmobiliarios. Resulta oportuno establecer normas específicas para la llevanza de registros contables, disposiciones que faculten al contable de la Comisión a delegar determinadas funciones en agentes de dichas oficinas y procedimientos para gestionar las cuentas bancarias que la Comisión debe poder abrir en nombre de una oficina europea.

(53)

Con el fin de mejorar la relación coste/eficacia de las agencias ejecutivas y a la luz de la experiencia práctica adquirida con otros organismos de la Unión, ha de ser posible confiar al contable de la Comisión todas o parte de las funciones del contable de la agencia ejecutiva de que se trate.

(54)

Por motivos de seguridad jurídica, es preciso aclarar que los directores de las agencias ejecutivas actúan como ordenadores delegados al gestionar los créditos operativos de los programas delegados en sus agencias. Para lograr la plena eficacia de las mejoras de eficiencia resultantes de una centralización global de determinados servicios de apoyo, debe disponerse expresamente la posibilidad de que las agencias ejecutivas ejecuten los gastos administrativos.

(55)

Es necesario establecer normas sobre las competencias y responsabilidades de los agentes financieros, en particular de los ordenadores de pagos y de los contables.

(56)

Se debe informar al Parlamento Europeo, al Consejo, al Tribunal de Cuentas y al contable de la Comisión del nombramiento o cese en sus funciones de los ordenadores delegados, los auditores internos y los contables, en el plazo de dos semanas a partir de dicho nombramiento o cese.

(57)

Los ordenadores deben ser plenamente responsables de todas las operaciones de ingresos y gastos efectuadas bajo su autoridad, y de los sistemas de control interno, y deben rendir cuentas de dichas operaciones, incluso, cuando sea necesario, con procedimientos disciplinarios.

(58)

Deben definirse también las funciones, responsabilidades y principios de los procedimientos que deben observar los ordenadores. Los ordenadores delegados deben velar por que los ordenadores subdelegados y su personal reciban información y formación sobre las normas de control y los métodos y técnicas respectivos y que se adopten medidas para garantizar el funcionamiento del sistema de control. Los ordenadores delegados deben informar en un informe anual a su institución de la Unión sobre el ejercicio de las funciones. Ese informe debe incluir la información financiera y de gestión requerida en apoyo de esa declaración de fiabilidad del ordenador delegado sobre el ejercicio de sus funciones, incluida la información sobre el rendimiento global de las operaciones efectuadas. Deben conservarse los documentos justificativos correspondientes a las operaciones realizadas durante al menos cinco años. Los distintos tipos de procedimiento negociado para la adjudicación de contratos públicos deben ser objeto de un informe especial del ordenador delegado dirigido a la institución de la Unión de que se trate y de un informe por parte de dicha institución de la Unión al Parlamento Europeo y al Consejo, dado que tales procedimientos constituyen excepciones a los procedimientos de concesión o adjudicación habituales.

(59)

Debe tenerse en cuenta la doble función de los jefes de delegaciones de la Unión, y de sus adjuntos en caso de ausencia, como ordenadores subdelegados para el Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE) y, en lo que se refiere a los créditos operativos, para la Comisión.

(60)

La delegación de competencias de ejecución presupuestaria por la Comisión en relación con los créditos operativos de su propia sección del presupuesto en los jefes adjuntos de delegaciones de la Unión debe limitarse a aquellos supuestos en los que la ejecución de dichas funciones por los jefes adjuntos de delegaciones de la Unión sea estrictamente necesaria para asegurar la continuidad de las actividades durante la ausencia de los jefes de delegaciones de la Unión. Los jefes adjuntos de delegaciones de la Unión no han de poder ejercer esas competencias de manera sistemática o por razones de reparto interno de trabajo.

(61)

El contable debe ser responsable de la correcta ejecución de los pagos, del cobro de ingresos y del cobro de los títulos de crédito devengados. El contable debe asumir la gestión de la tesorería, las cuentas bancarias y los ficheros de terceros, llevar la contabilidad y ser responsable de elaborar los estados financieros de las instituciones de la Unión. El contable de la Comisión debe ser la única persona facultada para establecer las normas contables y los planes contables armonizados, mientras que los contables de todas las demás instituciones de la Unión deben establecer los procedimientos contables aplicables en sus instituciones.

(62)

(63)

Deben establecerse asimismo las modalidades del nombramiento y del cese de las funciones del contable.

El contable debe establecer procedimientos que garanticen que no existe ningún saldo deudor en las cuentas abiertas para la gestión de la tesorería y en las administraciones de anticipos.

(64)

Conviene que los medios de pago autorizados para la gestión de la tesorería estén en consonancia con los métodos de pago modernos, incluidas las tarjetas de crédito y las carteras electrónicas.

(65)

Dado que los pagos de las delegaciones de la Unión con arreglo a las normas habituales para las operaciones presupuestarias, de tesorería y contables (en lo sucesivo, «procedimientos presupuestarios») se ejecutan cada vez con mayor frecuencia a través de la tesorería central y, en consecuencia, disminuyen el número de transacciones y los importes abonados a través de las administraciones de anticipos, es oportuno simplificar las normas relativas a la creación, la administración y el control de las administraciones de anticipos.

(66)

Deben regularse las condiciones para recurrir a la administración de anticipos, que es un sistema de gestión excepcional respecto de los procedimientos presupuestarios ordinarios y afecta solo a importes limitados, y deben precisarse las funciones y responsabilidades no solo de los administradores de anticipos, sino también de los ordenadores y contables en relación con el control de la administración de anticipos. Por razones de eficiencia, en las delegaciones de la Unión deben crearse administraciones de anticipos para los créditos de las secciones del presupuesto correspondientes a la Comisión y al SEAE. También resulta oportuno permitir, en determinadas condiciones específicas, la utilización de la administración de anticipos en las delegaciones de la Unión en casos de pagos de escasa cuantía mediante procedimientos presupuestarios. En lo que respecta a la designación de los administradores de anticipos, debe ser posible seleccionarlos también de entre el personal empleado por la Comisión en el ámbito de las ayudas destinadas a gestión de crisis y operaciones de ayuda humanitaria cuando no haya personal disponible de la Comisión sujeto al Estatuto de los funcionarios de la Unión Europea y al régimen aplicable a los otros agentes de la Unión, establecido por el Reglamento (CEE, Euratom, CECA) n.o 259/68 del Consejo (18) (en lo sucesivo, «Estatuto»).

(67)

Con el fin de tener en cuenta la situación en el ámbito de la gestión de crisis y de las operaciones de ayuda humanitaria cuando no haya personal disponible de la Comisión sujeto al Estatuto y existan dificultades técnicas para que el ordenador competente firme todos los compromisos jurídicos, debe permitirse que el personal empleado por la Comisión en dicho ámbito contraiga compromisos jurídicos de muy escasa cuantía hasta 2 500 EUR, vinculados a los pagos realizados por las administraciones de anticipos, y que los jefes de las delegaciones de la Unión o los jefes adjuntos de estos contraigan compromisos jurídicos bajo las instrucciones del ordenador competente de la Comisión.

(68)

Una vez definidas las funciones y responsabilidades de los agentes financieros, solo se les puede exigir responsabilidades en las condiciones previstas en el Estatuto. Se han creado instancias especializadas en materia de irregularidades financieras en las instituciones de la Unión en virtud del Reglamento (UE, Euratom) n.o 966/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo (19). No obstante, debido al limitado número de casos que se les someten, y por motivos de eficiencia, es conveniente transferir sus funciones a una instancia interinstitucional establecida en virtud del presente Reglamento (en lo sucesivo, «instancia»). La instancia debe establecerse para evaluar las solicitudes y formular recomendaciones sobre la necesidad de tomar decisiones en materia de exclusión e imposición de sanciones pecuniarias que le planteen la Comisión u otras instituciones y organismos de la Unión, sin perjuicio de su autonomía administrativa con respecto a los miembros de su plantilla. Esa transferencia también tiene por objeto evitar duplicidades y reducir los riesgos de recomendaciones o dictámenes contradictorios en los casos en los que participan un operador económico y un miembro del personal de una institución u organismo de la Unión. Es necesario mantener el procedimiento por el cual un ordenador pueda recabar confirmación de una instrucción que considere irregular o contraria al principio de buena gestión financiera, y quedar así exento de cualquier responsabilidad. La composición de la instancia debe modificarse cuando cumpla esta función. La instancia no debe tener competencias de investigación.

(69)

Por lo que respecta a los ingresos, es necesario abordar los ajustes negativos de los recursos propios contemplados en los Reglamentos (UE, Euratom) n.o 609/2014 (20) y (UE, Euratom) 2021/770 (21) del Consejo. Salvo en el caso de los recursos propios, es necesario mantener las funciones y controles existentes que corresponden a los ordenadores en las diferentes fases del procedimiento: elaboración de las previsiones de títulos de crédito, emisión de órdenes de ingreso, envío de la nota de adeudo en la que se informa al deudor del devengo de un título de crédito y, cuando sea necesario, decisión de renuncia al cobro del título de crédito siempre que se cumpla con criterios que garanticen el respeto del principio de buena gestión financiera a fin de garantizar un cobro de ingresos eficiente.

(70)

El ordenador debe poder renunciar, total o parcialmente, el cobro de un título de crédito devengado cuando el deudor esté incurso en cualquiera de los procedimientos de insolvencia, tal como se definen en el Reglamento (UE) 2015/848 del Parlamento Europeo y del Consejo (22), en particular en los casos de concurso, convenio y demás procedimientos análogos.

(71)

(72)

Deben establecerse disposiciones específicas sobre los procedimientos para ajustar o reducir a cero una previsión de título de crédito.

Es necesario precisar el momento de la incorporación al presupuesto de los importes percibidos en concepto de multas, otras penalizaciones y sanciones, así como de cualquier interés devengado u otro ingreso generado por ellas.

(73)

Debido a los recientes acontecimientos en los mercados financieros y el tipo de interés aplicado por el Banco Central Europeo a sus principales operaciones de refinanciación, es necesario revisar las disposiciones relativas a los tipos de interés aplicables a las multas u otras penalizaciones.

(74)

Con el fin de reflejar la naturaleza específica de los títulos de crédito consistentes en multas u otras penalizaciones impuestas por las instituciones de la Unión en virtud del TFUE o del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea de la Energía Atómica (Tratado Euratom), es necesario introducir disposiciones específicas relativas a los tipos de interés aplicables a los importes adeudados pero no pagados aún, en el caso de que dichos importes sean aumentados por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

(75)

(76)

Deben precisarse y reforzarse las normas relativas a la recaudación. En particular, hay que precisar que el contable debe proceder al cobro por compensación con las sumas adeudadas al deudor por una agencia ejecutiva cuando ejecute el presupuesto.

Con el fin de garantizar la seguridad jurídica y la transparencia, deben definirse las normas relativas a los plazos en que debe enviarse una nota de adeudo.

(77)

Con el fin de garantizar la gestión de los activos, a la vez que se prioriza el objetivo de la seguridad y liquidez de los fondos, las cantidades relativas a multas, otras penalizaciones o sanciones impuestas en virtud del TFUE o del Tratado Euratom, como, por ejemplo, las multas impugnadas, deben recaudarse con carácter provisional. También debe ser posible que la Comisión invierta esos importes en activos financieros y determine la afectación del rendimiento obtenido de estos. Dado que la Comisión no es la única institución de la Unión que está facultada para imponer multas, otras penalizaciones o sanciones, es necesario establecer disposiciones relativas a tales multas, otras penalizaciones o sanciones impuestas por otras instituciones de la Unión y establecer normas para su cobro que deben ser equivalentes a las aplicables por la Comisión.

(78)

A fin de garantizar que la Comisión dispone de toda la información necesaria para la adopción de las decisiones de financiación, es necesario establecer los requisitos mínimos respecto al contenido de las decisiones de financiación relativas a subvenciones, contratación, fondos fiduciarios de la Unión para acciones exteriores (en lo sucesivo, «fondos fiduciarios de la Unión»), premios, instrumentos financieros, mecanismos o plataformas de financiación mixta y garantías presupuestarias. Al mismo tiempo, y con el fin de dar una perspectiva a largo plazo a los perceptores potenciales, es necesario permitir que las decisiones de financiación se adopten con una duración superior a un año presupuestario a la vez que se especifica que la ejecución está sujeta a la disponibilidad en créditos presupuestarios para el ejercicio presupuestario correspondiente. Además, es necesario reducir el número de los elementos necesarios para la decisión de financiación. En consonancia con el objetivo de simplificación, la decisión de financiación debe constituir al mismo tiempo un programa de trabajo anual o plurianual. Dado que la contribución a los organismos de la Unión contemplados en los artículos 70 y 71 ya está establecida en el presupuesto, no debe existir ningún requisito de adoptar una decisión de financiación específica a este respecto.

(79)

En lo que respecta a los gastos, debe clarificarse la articulación entre las decisiones de financiación, los compromisos presupuestarios globales y los compromisos presupuestarios individuales, así como los conceptos de compromiso jurídico y presupuestario, a fin de establecer un marco claro para las distintas fases de la ejecución presupuestaria.

(80)

A fin de tener en cuenta, en particular, el número de compromisos jurídicos contraídos por las delegaciones y representaciones de la Unión y las fluctuaciones del tipo de cambio que puedan experimentar, debe ser posible también asumir compromisos presupuestarios provisionales en aquellos casos en que el beneficiario final y el importe sean conocidos.

(81)

Con miras a poner el FEAGA en consonancia con los procedimientos contables y presupuestarios generales tan pronto como sea técnicamente posible, debe estar permitido recurrir a compromisos presupuestarios individuales para realizar los pagos, sin necesidad de adquirir en primer lugar un compromiso provisional global para realizar los pagos seguido de compromisos individuales en un plazo de hasta dos meses o, en determinadas circunstancias, en un plazo superior. Además, a fin de poder proceder con los compromisos presupuestarios individuales y los pagos relativos al primer mes del ejercicio presupuestario en diciembre, es preciso que los gastos corrientes de gestión del FEAGA se añadan a los tipos de gastos para los cuales se autorizan los pagos por adelantado.

(82)

Por lo que se refiere a la tipología de los pagos que pueden realizar los ordenadores, debe proporcionarse una aclaración de los distintos tipos de pagos, de conformidad con el principio de buena gestión financiera. También deben clarificarse las normas de liquidación de los pagos de prefinanciación, en particular para las situaciones en las que no sea posible una liquidación provisional. A tal fin, deben incluirse disposiciones apropiadas en los compromisos jurídicos contraídos.

(83)

El presente Reglamento debe precisar que los pagos han de efectuarse dentro de un plazo determinado y que, en el supuesto de que no se respete dicho plazo, los acreedores deben tener derecho a intereses de demora con cargo al presupuesto, salvo en el caso de los Estados miembros, el Banco Europeo de Inversiones (BEI) y el Fondo Europeo de Inversiones (FEI).

(84)

Los elementos esenciales de las facturas electrónicas en el ámbito de la contratación pública deben basarse en las normas establecidas en la Directiva 2014/55/UE del Parlamento Europeo y del Consejo (23).

(85)

Por motivos de claridad, es preciso revisar la definición de las ofertas inadecuadas en el ámbito de la contratación pública a fin de incluir las ofertas en que el operador económico no tenga acceso a la contratación.

(86)

Es necesario aclarar que los contratos específicos en virtud de contratos marco celebrados con un único operador económico pueden adjudicarse y modificarse con arreglo a las condiciones establecidas en el contrato marco.

(87)

Dado que las medidas de publicidad previas son las mismas para los procedimientos abiertos, restringidos y de licitación con negociación, ha de permitirse, en determinadas condiciones, el recurso a un procedimiento negociado sin publicación previa de un anuncio de contrato tras un procedimiento de licitación con negociación que se declare desierto.

(88)

Es necesario que los servicios notariales de autenticación y certificación de documentos se excluyan del ámbito de aplicación de las normas sobre contratación del presente Reglamento, en casos en los que los procedimientos por los que se rijan tales servicios en el Estado miembro de que se trate no estén abiertos a la competencia.

(89)

Conviene prever la posibilidad de organizar procedimientos negociados sin publicación previa para los servicios prestados por organizaciones de Estados miembros que no puedan participar en procedimientos de licitación.

(90)

A fin de garantizar el cumplimiento de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (24), el ordenador debe exigir que las pruebas relativas a los criterios de exclusión y selección se presenten antes de la adopción de una decisión de adjudicación.

(91)

Se considera conveniente integrar las disposiciones relativas a la validación y autorización de gastos en un artículo e introducir una definición de «liberación de créditos». Dado que las operaciones se realizan con sistemas informatizados, la firma de un certificado de «páguese» para expresar la decisión de validación debe ser sustituida por una firma electrónica segura, excepto en un número limitado de casos. Es asimismo necesario aclarar que la validación del gasto se aplica a todos los gastos subvencionables, incluidos, como es el caso de la liquidación de la prefinanciación, los gastos que no están vinculados a una solicitud de pago.

(92)

Con el fin de reducir la complejidad, simplificar las normas existentes y mejorar la legibilidad del presente Reglamento, deben establecerse normas comunes a varios instrumentos de ejecución del presupuesto. Por tales razones, deben agruparse determinadas disposiciones, deben adaptarse la redacción y el alcance de otras disposiciones y deben suprimirse repeticiones innecesarias y referencias cruzadas.

(93)

Cada institución de la Unión debe crear un comité de seguimiento de la auditoría interna, encargado de garantizar la independencia del auditor interno, de hacer el seguimiento de la calidad del trabajo de auditoría interna y de garantizar que los servicios de la institución tengan en cuenta y apliquen de manera adecuada las recomendaciones de las auditorías interna y externa. La composición de ese comité de seguimiento de la auditoría interna debe ser decidida por cada institución de la Unión teniendo en cuenta la autonomía organizativa de cada institución de la Unión y la importancia del asesoramiento independiente.

(94)

Debe hacerse mayor hincapié en el rendimiento y en los resultados de los proyectos financiados con cargo al presupuesto. Resulta, por lo tanto, oportuno definir una forma adicional de financiación no vinculada a los costes de las correspondientes operaciones, además de las formas de contribución de la Unión ya establecidas (reembolso de los gastos subvencionables realmente efectuados, costes unitarios, sumas a tanto alzado y financiación a tipo fijo). Esta forma adicional de financiación debe basarse en el cumplimiento de determinadas condiciones previas o en la consecución de resultados medidos en relación con hitos predeterminados o mediante indicadores de rendimiento.

(95)

Cuando la contribución de la Unión revista la forma de financiación no vinculada a los costes y cuando el reembolso se efectúe con arreglo a los resultados, la consecución de dichos resultados debe medirse en relación con hitos u objetivos predefinidos, y la consecución de dichos hitos u objetivos debe verificarse antes del pago de la contribución. Los registros y los documentos justificativos relacionados con la consecución de los hitos u objetivos deben conservarse a efectos de las comprobaciones posteriores o las auditorías, también por parte del Tribunal de Cuentas.

(96)

En caso de que la Comisión lleve a cabo evaluaciones de la capacidad operativa y financiera de los perceptores de los fondos de la Unión o de sus sistemas y procedimientos, debe poder confiar en las evaluaciones ya realizadas por ella misma, por otros donantes o por entidades tales como agencias nacionales y organizaciones internacionales, con el fin de evitar duplicidades a la hora de evaluar a los mismos perceptores. Debe ser posible una confianza mutua en las evaluaciones llevadas a cabo por otras entidades en los casos en que dichas evaluaciones se hayan realizado en cumplimiento de condiciones equivalentes a las establecidas en el presente Reglamento para el método de ejecución aplicable. Por lo tanto, con el fin de propiciar la confianza mutua entre los donantes con respecto a las evaluaciones efectuadas, la Comisión debe promover el reconocimiento de las normas internacionalmente aceptadas y las mejores prácticas internacionales.

(97)

Es asimismo importante evitar situaciones en las que los perceptores de los fondos de la Unión sean auditados varias veces por diversas entidades sobre la utilización de dichos fondos. Por consiguiente, debe ser posible confiar en auditorías llevadas ya a cabo por auditores independientes, siempre que existan pruebas suficientes de su competencia e independencia, y siempre que la labor de auditoría se base en normas de auditoría aceptadas internacionalmente que ofrezcan garantías razonables, y que dichas auditorías se hayan centrado en los estados financieros e informes en los que se refleja el uso dado a la contribución de la Unión. Dichas auditorías deben a continuación formar la base de la garantía global sobre el uso de fondos de la Unión. A tal fin, es importante garantizar que el informe del auditor independiente y la documentación de la auditoría relacionada estén disponibles a petición del Parlamento Europeo, la Comisión, el Tribunal de Cuentas y las autoridades de auditoría de los Estados miembros.

(98)

A fin de confiar en las evaluaciones y auditorías y con el fin de reducir la carga administrativa para las personas y entidades que reciban fondos de la Unión, es importante garantizar que toda información que ya esté disponible en las instituciones de la Unión, las autoridades de gestión u otros órganos y entidades que ejecutan fondos de la Unión se reutilice para evitar que se multipliquen las solicitudes formuladas a perceptores o beneficiarios.

(99)

Con el fin de establecer un mecanismo de cooperación a largo plazo con los perceptores, debe preverse la posibilidad de firmar acuerdos marco de colaboración financiera. Los acuerdos marco de colaboración financiera deben aplicarse mediante subvenciones o convenios de contribución con las personas y entidades responsables de la ejecución de fondos de la Unión. A tal fin, debe especificarse el contenido mínimo de tales convenios de contribución. Los acuerdos marco de colaboración financiera no deben restringir indebidamente el acceso a la financiación de la Unión.

(100)

Las condiciones y los procedimientos para suspender una contribución de la Unión, darla por terminada o reducirla, deben armonizarse en los distintos instrumentos de ejecución presupuestaria tales como subvenciones, contratación, gestión indirecta, premios, etc. Deben especificarse los motivos de esta suspensión, terminación o reducción. Si posteriormente se descubre que se han producido irregularidades o fraudes durante un procedimiento de concesión o adjudicación, el ordenador competente debe adoptar determinadas medidas correctoras, a menos que esté justificado no hacerlo, por ejemplo, cuando la ejecución del compromiso jurídico redunde en interés de la institución u organismo de que se trate, o cuando sea necesario garantizar la continuidad del servicio.

(101)

El presente Reglamento debe establecer períodos normalizados durante los cuales los perceptores deben conservar los documentos relativos a las contribuciones de la Unión, y ello a fin de evitar requisitos contractuales divergentes o desproporcionados y ofrecer al mismo tiempo a la Comisión, al Tribunal de Cuentas y a la OLAF tiempo suficiente para obtener acceso a tales datos y documentos y realizar las comprobaciones y las auditorías posteriores. Además, toda persona o entidad que reciba fondos de la Unión debe estar obligada a cooperar en la protección de los intereses financieros de la Unión.

(102)

A fin de aportar información adecuada a los participantes y perceptores y garantizar que tengan la posibilidad de ejercer el derecho de defensa, debe permitirse a los participantes y perceptores que presenten sus observaciones antes de la adopción de cualquier medida que afecte negativamente a sus derechos, y se les debe informar sobre las vías de recurso de que disponen para impugnar una medida de este tipo.

(103)

En el marco de un procedimiento de concesión o adjudicación, cuando un participante haya sido rechazado del procedimiento, no es preciso que el ordenador competente le dé la oportunidad de presentar observaciones. Para garantizar la seguridad jurídica, este punto debe especificarse también en las disposiciones relativas a los procedimientos contradictorios y las vías de recurso.

(104)

En vista del contexto geopolítico cada vez más complejo, con amenazas híbridas y cibernéticas que evolucionan rápidamente, y ante la necesidad de una transformación digital, que conlleva inevitablemente la exposición a vulnerabilidades técnicas, la Unión necesita garantizar la protección de su seguridad y su orden público, o la de los Estados miembros, tal como se refleja en la política pública y el Derecho. Esto atañe a la preservación de intereses fundamentales de la sociedad tales como la seguridad del suministro de energía y la lucha contra la delincuencia organizada y el fraude. Dentro del respeto de los acuerdos internacionales celebrados por la Unión, la concesión de fondos de la Unión en relación con activos e intereses estratégicos, como la infraestructura digital o espacial o los sistemas y servicios de comunicación e información, puede exigir la aplicación de condiciones específicas que garanticen dicha protección, en particular por lo que respecta a la integridad de los sistemas de comunicación e información y de las cadenas de suministro conexas. Han de aclararse los tipos de condiciones y los requisitos para su aplicación. No obstante, las condiciones específicas establecidas en el presente Reglamento no son exhaustivas, y se pueden incluir en un acto de base condiciones específicas, siempre que no se modifiquen ni establezcan excepciones a los requisitos y procedimientos dispuestos en el presente Reglamento en relación con la protección de la seguridad y del orden público.

(105)

Con el fin de proteger los intereses financieros de la Unión, la Comisión debe establecer un sistema único de detección precoz y exclusión.

(106)

El sistema de detección precoz y exclusión debe aplicarse a los participantes, a los perceptores y a las entidades a cuya capacidad tiene intención de recurrir el candidato o el licitador, a cualquier subcontratista de un contratista, a los titulares reales y las entidades afiliadas de una entidad excluida, a las personas físicas, a los garantes, o a cualquier persona o entidad que reciba fondos de la Unión cuando el presupuesto se ejecute mediante gestión indirecta, a cualquier persona o entidad que reciba fondos de la Unión en virtud de los instrumentos financieros ejecutados mediante gestión directa, a los participantes o perceptores sobre los cuales hayan proporcionado información las entidades que ejecuten el presupuesto mediante gestión compartida y a los patrocinadores.

(107)

Con el fin de reforzar la protección de los intereses financieros de la Unión, es preciso reforzar el sistema de detección precoz y exclusión. Es importante evitar que una persona o entidad que se encuentre en una situación de exclusión pueda solicitar fondos de la Unión, ser seleccionada para ejecutar dichos fondos o recibirlos en el marco de un programa en régimen de gestión compartida. Cuando haya una sentencia firme o una decisión administrativa definitiva, el ordenador competente debe tener la facultad de excluir a una persona o entidad que se encuentre en una situación de exclusión y se considere no digna de confianza por haber incurrido en determinados tipos de faltas graves. Sin perjuicio de las obligaciones de información establecidas en otros actos de base, las personas y entidades que ejecuten el presupuesto mediante gestión compartida deben transmitir a la Comisión, a través de cualquier canal oficial —como el sistema de información automatizado de la Comisión actualmente en uso para la notificación del fraude y las irregularidades (en lo sucesivo, «sistema de gestión de irregularidades»)— información relativa a hechos y conclusiones demostrados, en el contexto de dichas sentencias firmes o decisiones administrativas definitivas, únicamente con referencia a los motivos establecidos en el artículo 138, apartado 1, letra c), inciso iv), y letra d), cuando tengan conocimiento de dicha información. A falta de una sentencia firme o una decisión administrativa definitiva, el ordenador competente debe tener la facultad de aplicar la mencionada exclusión, con arreglo a una calificación jurídica preliminar por parte de la instancia, habida cuenta de los hechos y conclusiones demostrados en el marco de las auditorías o investigaciones realizadas por la OLAF, la Fiscalía Europea o el Tribunal de Cuentas, o en el marco de otras comprobaciones, auditorías o controles que se lleven a cabo bajo la responsabilidad del ordenador. Dicha exclusión ha de registrarse en la base de datos del sistema de detección precoz y exclusión. Antes de conceder fondos de la Unión o seleccionar a los participantes y beneficiarios, las personas y entidades que ejecuten el presupuesto mediante gestión compartida deben consultar la base de datos del sistema de detección precoz y exclusión. Dicha consulta debe referirse a la persona o entidad que solicite los fondos de la Unión o sea seleccionada para ejecutarlos. A fin de garantizar la aplicación efectiva del sistema de detección precoz y exclusión, las autoridades competentes de los Estados miembros deben hacer cumplir las exclusiones registradas en la base de datos en lo que respecta a aquellas personas o entidades que soliciten fondos de la Unión o que sean seleccionadas para ejecutarlos durante todo el período de exclusión. Dicha exclusión debe defender la integridad del procedimiento de contratación o de selección y protegerlo frente a la participación de personas o entidades implicadas en una falta grave. No deben reembolsarse, en el marco de la gestión compartida, las solicitudes de pago de los Estados miembros que impliquen gastos relacionados con una persona o entidad excluida. Cuando el desembolso de fondos a los Estados miembros se haga con arreglo a marcos basados en el rendimiento, han de aplicarse normas específicas, tal y como se establece en normas sectoriales específicas.

(108)

Es importante subrayar que el sistema de detección precoz y exclusión solo debe aplicarse respecto de los fondos de la Unión desembolsados a los Estados miembros en régimen de gestión directa, que conllevan la responsabilidad de los Estados miembros de adoptar las medidas adecuadas para proteger los intereses financieros de la Unión, en tanto en cuanto la Comisión tenga responsabilidades en la materia con arreglo al marco jurídico correspondiente. Por lo tanto, las responsabilidades de la Comisión deben limitarse a la obligación de remitir un asunto a la instancia con objeto de que se excluya a una persona o entidad cuando el ordenador tenga conocimiento de que se ha incurrido en una falta grave tras una sentencia firme, decisiones administrativas definitivas, o hechos y conclusiones demostrados en el marco de una auditoría o investigación realizadas en relación con los fondos de que se trate por la OLAF, la Fiscalía Europea o el Tribunal de Cuentas, o en el marco de otras comprobaciones, auditorías o controles que se lleven a cabo bajo la responsabilidad del ordenador. Sin perjuicio de dichas responsabilidades de la Comisión, los Estados miembros siguen siendo responsables de verificar la información sobre decisiones de exclusión que se registre en el sistema de detección precoz y exclusión, ejecutar dichas decisiones y asegurarse de que no se presente ninguna solicitud de pago con respecto a una persona o entidad en situación de exclusión. Sin perjuicio de las normas sectoriales específicas y de la aplicación voluntaria, el sistema de detección precoz y exclusión no debe aplicarse al Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo (25).

(109)

Conviene aclarar que, si la decisión de inscribir a una persona o entidad en la base de datos del sistema de detección precoz y exclusión se adopta teniendo en cuenta los supuestos de exclusión de una persona física o jurídica que sea miembro del órgano de administración, dirección o supervisión de dicha persona o entidad, o que tenga poderes de representación, decisión o control por lo que se refiere a esa persona o entidad, o una persona física o jurídica que asume una responsabilidad ilimitada por las deudas de dicha persona o entidad, o una persona física que es esencial para la adjudicación o la ejecución del compromiso jurídico, la información registrada en la base de datos ha de incluir la información relativa a dichas personas.

(110)

La decisión sobre la exclusión de una persona o entidad de la participación en procedimientos de concesión o adjudicación o la imposición de una sanción pecuniaria a una persona o entidad y la decisión de publicación de la información conexa deben ser adoptadas por los ordenadores competentes, habida cuenta de su autonomía en materia administrativa. De no existir una sentencia firme o una decisión administrativa definitiva y en los casos relacionados con un incumplimiento grave de contrato, los ordenadores competentes deben tomar su decisión sobre la base de una calificación jurídica preliminar, teniendo en cuenta la recomendación de la instancia. La instancia debe valorar asimismo la duración de una exclusión en aquellos casos en que la duración no haya sido fijada mediante sentencia firme o decisión administrativa definitiva.

(111)

El cometido de la instancia debe consistir en garantizar el funcionamiento coherente del sistema de detección precoz y exclusión. La instancia debe estar compuesta por una presidencia permanente, una vicepresidencia permanente que sustituirá a la presidencia, dos representantes de la Comisión y un representante del ordenador solicitante.

(112)

A fin de adaptar el sistema de detección precoz y exclusión a las normas sobre contratación pública y reforzar su eficacia, el intento de influir en la concesión de fondos de la Unión o la obtención indebida de fondos de la Unión, también en lo que respecta a los conflictos de intereses, deben figurar expresamente como supuestos específicos de exclusión por falta de ética profesional grave.

(113)

Atendiendo debidamente al principio de la proporcionalidad, el ordenador competente ha de excluir a una persona o entidad que haya mostrado falta de integridad por haber incurrido en cualquier conducta ilícita incompatible con los valores consagrados en el artículo 2 del TUE y en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, como la incitación a la discriminación, al odio o a la violencia contra un grupo de personas o un miembro de un grupo, cuando dicha conducta pueda incidir negativamente en la ejecución del contrato.

(114)

Debe añadirse un motivo autónomo de exclusión en caso de falta intencionada e injustificada de cooperación en el marco de las investigaciones, comprobaciones o auditorías que lleven a cabo el ordenador, la OLAF, la Fiscalía Europea o el Tribunal de Cuentas, dadas las graves consecuencias que puede acarrear para la protección de los intereses financieros de la Unión.

(115)

La calificación jurídica preliminar no prejuzga la evaluación definitiva de la conducta de la persona o entidad de que se trate por parte de las autoridades competentes de los Estados miembros en virtud del Derecho nacional. La recomendación de la instancia, así como la decisión del ordenador competente, debe por consiguiente revisarse tras la notificación de dicha evaluación definitiva.

(116)

Una persona o entidad debe ser excluida por el ordenador competente cuando se haya establecido mediante sentencia firme o decisión administrativa definitiva que dicha persona o entidad es culpable de falta de ética profesional grave, de incumplimiento, sea intencionado o no, de las obligaciones relativas al pago de las cotizaciones de la seguridad social o al pago de impuestos, de la creación de una entidad en otro territorio con la intención de eludir obligaciones fiscales, sociales o cualesquiera otras obligaciones jurídicas, de fraude que afecte al presupuesto, de corrupción, de conducta relacionada con una organización delictiva, de blanqueo de capitales o financiación del terrorismo, de delitos de terrorismo o delitos relacionados con actividades terroristas, de trabajo infantil u otros delitos de trata de seres humanos o de la comisión de irregularidades. Una persona o entidad también debe ser excluida en casos de grave incumplimiento de un compromiso jurídico —como el incumplimiento del requisito de ejecutar un contrato con la mayor profesionalidad posible—, en casos de concurso de acreedores o ante la negativa a cooperar en investigaciones, comprobaciones o auditorías. Al evaluar dichos motivos de exclusión, los actos injustificadamente perjudiciales condenados por el Derecho mercantil internacional podrían considerarse un factor pertinente cuando impliquen una falta de ética profesional grave.

(117)

De conformidad con la sentencia del Tribunal General de 15 de febrero de 2023 (26), para adoptar una decisión sobre la exclusión de una persona o entidad por falta de ética profesional grave, el ordenador debe basarse en pruebas que sean suficientemente específicas, convincentes y concretas y, por lo tanto, que puedan demostrar de manera clara e inequívoca que el solicitante ha incurrido en una conducta ilícita que afecte a su credibilidad profesional, lo que, además, denota un propósito doloso o negligencia grave en el sentido del presente Reglamento.

(118)

Al pronunciarse sobre la exclusión de una persona o entidad o la imposición de una sanción pecuniaria a una persona o entidad, así como sobre la publicación de la información conexa, el ordenador competente debe garantizar el cumplimiento del principio de proporcionalidad tomando en consideración particularmente la gravedad de la situación, su impacto presupuestario, el tiempo transcurrido desde que se produjo la conducta de que se trate, su duración y reiteración, si la conducta fue intencionada o el grado de negligencia mostrado y el grado de colaboración de la persona o entidad con la autoridad competente correspondiente y la contribución de la persona o entidad a la investigación.

(119)

El ordenador competente también debe poder excluir a una persona o entidad cuando una persona física o jurídica que asuma una responsabilidad ilimitada por las deudas de dicho operador económico esté en concurso de acreedores o en una situación similar de insolvencia o cuando la persona física o jurídica incumpla sus obligaciones de abonar las correspondientes cotizaciones a la seguridad social o impuestos, cuando dichas situaciones tengan repercusiones en la situación financiera de dicho operador económico.

(120)

A fin de reforzar aún más la protección de los intereses financieros de la Unión, debe existir la posibilidad de que el ordenador excluya o imponga una sanción pecuniaria a los titulares reales y las entidades afiliadas de la entidad excluida que hayan estado implicados en la falta cometida por esta última. El objetivo que se persigue con la posibilidad de excluir a los titulares reales y las entidades afiliadas es impedir que una persona o entidad que haya perdido la posibilidad de ser seleccionada para ejecutar fondos de la Unión pueda seguir participando en procedimientos de contratación y de concesión o adjudicación a través de nuevas empresas o de entidades afiliadas ya existentes.

(121)

Para incrementar su eficacia, el sistema de detección precoz y exclusión también debe aplicarse a las personas físicas que se consideren responsables de la falta cometida por la entidad, de manera que no puedan participar en procedimientos de concesión o adjudicación o ser seleccionadas para ejecutar fondos de la Unión, ya sea a título personal o mediante una nueva identidad corporativa, sin perjuicio del derecho a ser oídas.

(122)

A petición del ordenador, la instancia del sistema de detección precoz y exclusión ha de tener la capacidad de formular recomendaciones siguiendo un procedimiento acelerado, sin perjuicio del derecho a ser oído. Debe recurrirse a dicho procedimiento cuando las circunstancias o la naturaleza del caso así lo exijan; por ejemplo, cuando una autoridad de un Estado miembro haya dictado una sentencia firme o adoptado una decisión administrativa definitiva, pero no se haya determinado la duración de la exclusión; cuando un tercer país haya dictado una sentencia firme o adoptado una decisión administrativa definitiva, o cuando, en virtud de una decisión de una organización internacional, ya se haya impuesto a la persona o a la entidad una sanción equivalente a una exclusión.

(123)

Una persona o entidad no debe ser objeto de una decisión de exclusión cuando haya adoptado medidas correctoras, demostrando así su fiabilidad. Esa posibilidad no debe aplicarse en el caso de las actividades delictivas más graves.

(124)

A la luz del principio de proporcionalidad, debe hacerse una distinción entre los casos en que puede imponerse una sanción pecuniaria como alternativa a la exclusión, por una parte, y aquellos otros en que la gravedad de la conducta del perceptor de que se trate respecto al intento de obtener indebidamente fondos de la Unión justifique la imposición de una sanción pecuniaria además de la exclusión, garantizándose así un efecto disuasorio, por otra. Debe asimismo determinarse la cuantía máxima de la sanción pecuniaria que puede imponer el órgano de contratación.

(125)

Una sanción pecuniaria solo debe imponerse al perceptor y no al participante, habida cuenta de que el importe de la sanción pecuniaria se calcula sobre la base del valor del compromiso jurídico en cuestión.

(126)

La posibilidad de adoptar decisiones de exclusión o de imponer sanciones pecuniarias es independiente de la posibilidad de aplicar sanciones contractuales, como una indemnización por daños y perjuicios.

(127)

La duración de una exclusión debe limitarse en el tiempo, como en el caso de la Directiva 2014/24/UE, y debe ser conforme al principio de proporcionalidad.

(128)

Es necesario determinar la fecha de inicio y la duración del plazo de prescripción para la adopción de las decisiones de exclusión o la imposición de sanciones pecuniarias.

(129)

Es importante poder reforzar el efecto disuasorio logrado con la exclusión y la imposición de sanciones pecuniarias. A dicho respecto, el efecto disuasorio debe reforzarse mediante la posibilidad de publicar la información relativa a la exclusión o la sanción pecuniaria de manera que se respeten los requisitos de protección de datos establecidos en los Reglamentos (UE) 2018/1725 y (UE) 2016/679. Dicha publicación debe contribuir a garantizar que no se repita la misma conducta. Por motivos de seguridad jurídica y conforme al principio de proporcionalidad, deben especificarse aquellas situaciones en las que no ha de procederse a la publicación. El ordenador competente debe tener en cuenta en su evaluación cualquier recomendación que le haga la instancia. Por lo que se refiere a las personas físicas, los datos personales solo deben publicarse en circunstancias excepcionales que estén justificadas por la gravedad del acto o por su repercusión en los intereses financieros de la Unión.

(130)

La información relativa a una exclusión o a una sanción pecuniaria solo debe publicarse en casos de falta de ética profesional grave, fraude, deficiencias significativas en el cumplimiento de las obligaciones principales de un compromiso jurídico financiado por el presupuesto, irregularidad o creación de una entidad en otro territorio con intención de eludir obligaciones fiscales, sociales o cualesquiera otras obligaciones jurídicas.

(131)

Los criterios de exclusión deben estar claramente separados de los criterios que conlleven un posible rechazo en un procedimiento de concesión o adjudicación.

(132)

Debe centralizarse la información sobre la detección precoz de los riesgos y sobre las decisiones de exclusión y la imposición de sanciones pecuniarias a una persona o entidad. A tal efecto, la información al respecto debe almacenarse en una base de datos creada y gestionada por la Comisión como propietaria del sistema centralizado. Dicho sistema debe funcionar respetando el derecho a la intimidad y la protección de los datos personales.

(133)

Si bien la creación y gestión del sistema de detección precoz y exclusión debe ser responsabilidad de la Comisión, otras instituciones y organismos de la Unión, así como todas las personas y entidades que ejecutan fondos de la Unión mediante gestión directa, compartida o indirecta, deben participar en dicho sistema transmitiendo información pertinente a la Comisión. El ordenador competente y la instancia deben garantizar el derecho de defensa de la persona o entidad. En el contexto de una detección precoz, se deben conceder a una persona o entidad los mismos derechos cuando el ordenador tenga la intención de aplicar una medida que pudiera afectar negativamente a la persona o entidad de que se trate. En los casos de fraude, corrupción o cualquier otra actividad ilegal perjudicial para los intereses financieros de la Unión que aún no sean objeto de una sentencia firme, el ordenador competente debe tener la posibilidad de aplazar la notificación a la persona o entidad, y la instancia debe poder aplazar el derecho de la persona o entidad a presentar sus observaciones. Este aplazamiento solo debe estar justificado cuando existan motivos legítimos imperiosos para preservar la confidencialidad de la investigación o de los procesos judiciales nacionales.

(134)

Se debe conceder al Tribunal de Justicia de la Unión Europea una competencia judicial ilimitada con respecto a las decisiones de exclusión y las sanciones pecuniarias impuestas con arreglo al presente Reglamento, de conformidad con el artículo 261 del TFUE.

(135)

Con el fin de hacer frente a los intentos de las entidades de evitar las posibles consecuencias adversas de sus faltas, han de establecerse normas de notificación con arreglo a condiciones precisas en el marco de los procedimientos de detección precoz y exclusión. Además, debe aplicarse a tales procedimientos el uso de sistemas electrónicos de intercambio de información.

(136)

Para facilitar la protección de los intereses financieros de la Unión sean cuales fueren los métodos de ejecución del presupuesto, las personas y entidades que participen en la ejecución del presupuesto deben poder tener acceso a la base de datos del sistema de detección precoz y exclusión y comprobar las exclusiones decididas al respecto por los ordenadores competentes a escala de la Unión. Antes de la concesión o adjudicación o de la selección de una persona o entidad para que reciba y ejecute fondos de la Unión, debe consultarse la base de datos del sistema de detección precoz y exclusión. Esto se entiende sin perjuicio de la posibilidad de consultar la base de datos en otras fases de la ejecución del compromiso jurídico.

(137)

El presente Reglamento debe promover el objetivo de la administración electrónica, y en particular el uso de datos electrónicos en el intercambio de información entre las instituciones de la Unión y terceros.

(138)

Los avances hacia el intercambio electrónico de información y la presentación electrónica de documentos, incluida, cuando proceda, la contratación en línea, que constituyen una importante medida de simplificación, deben ir acompañados de condiciones claras para la aceptación de los sistemas que se vayan a utilizar, con el fin de establecer un entorno jurídicamente consistente, al mismo tiempo que se preserva la flexibilidad en la gestión de los fondos de la Unión por parte de los participantes, perceptores y ordenadores, según lo previsto en el presente Reglamento.

(139)

Con miras a mejorar la gobernanza y la calidad de los servicios públicos digitales interoperables, los Estados miembros, las instituciones de la Unión, las agencias ejecutivas y los organismos de la Unión deben aplicar en todo lo posible el Marco Europeo de Interoperabilidad.

(140)

Deben establecerse normas sobre la composición y las funciones del Comité encargado de evaluar los documentos de solicitud en los procedimientos de concesión de subvenciones y de contratación y en los concursos dotados de premios. El Comité ha de poder incluir expertos externos en caso de que así se establezca en el acto de base.

(141)

En consonancia con el principio de buena gestión financiera, el ordenador debe solicitar las aclaraciones o documentos que falten, respetando al mismo tiempo el principio de igualdad de trato y sin modificar sustancialmente los documentos de solicitud. El ordenador ha de poder decidir no hacerlo únicamente en casos debidamente justificados. Además, el ordenador debe poder corregir los errores materiales manifiestos o pedir al participante que proceda a su corrección.

(142)

Para una buena gestión financiera, la Comisión necesitaría protegerse solicitando garantías en el momento del pago de la prefinanciación. El requisito impuesto a los contratistas y beneficiarios de constituir garantías no debe tener un carácter automático, sino basarse en un análisis del riesgo. En caso de que, durante el período de ejecución, el ordenador descubra que un fiador no está o ya no está autorizado a expedir garantías de conformidad con el Derecho nacional aplicable, el ordenador debe poder exigir la sustitución de la garantía.

(143)

Los distintos conjuntos de normas en materia de gestión directa e indirecta, en particular en lo que se refiere al concepto de «competencias de ejecución del presupuesto», han creado confusión y el riesgo de que se cometan errores de clasificación, tanto para la Comisión como para sus socios, y, por lo tanto, deben simplificarse y armonizarse.

(144)

Las disposiciones relativas a la evaluación previa por pilares de las personas y entidades que ejecuten fondos de la Unión mediante gestión indirecta deben revisarse a fin de que la Comisión pueda basarse en la medida de lo posible en los sistemas, normas y procedimientos, incluida la diligencia debida, de dichas personas y entidades que se hayan considerado equivalentes a los utilizados por la Comisión. Además, es importante aclarar que, en caso de que la evaluación ponga de manifiesto ámbitos en los que los procedimientos existentes no son suficientes para proteger los intereses financieros de la Unión, la Comisión ha de poder firmar convenios de contribución al mismo tiempo que toma medidas de control adecuadas. Asimismo, es importante aclarar en qué supuestos la Comisión puede decidir no exigir una evaluación previa por pilares con el fin de firmar convenios de contribución.

(145)

A fin de garantizar la ejecución eficiente del presupuesto, procede ofrecer aclaraciones adicionales sobre la aplicación del principio de proporcionalidad a la gestión indirecta. El principio de proporcionalidad, si bien no puede afectar a la naturaleza de las obligaciones impuestas por el marco jurídico aplicable pertinente, debe usarse sistemáticamente en la cooperación con los socios ejecutantes de la Unión, con miras a encontrar el equilibrio adecuado entre proteger los intereses financieros de la Unión y preservar la capacidad de la Unión para ejecutar sus políticas. Las disposiciones pertinentes han de ser objeto de determinadas adaptaciones y de una reestructuración. Esto no debe interpretarse como una limitación en la práctica de los derechos y el acceso necesarios para que el ordenador competente, la Fiscalía Europea respecto de los Estados miembros participantes en la cooperación reforzada en virtud del Reglamento (UE) 2017/1939 del Consejo (27), la OLAF, el Tribunal de Cuentas y, cuando proceda, las autoridades nacionales competentes ejerzan plenamente sus competencias respectivas.

(146)

En consonancia con el principio de proporcionalidad, es necesario disponer que las obligaciones dispuestas en el presente Reglamento sean aplicables a los perceptores finales que reciban ayuda con cargo al presupuesto en virtud de instrumentos financieros o garantías presupuestarias. Dichas obligaciones han de aplicarse teniendo debidamente en cuenta y de forma acorde con la naturaleza de los perceptores finales y de la acción, así como los riesgos financieros asociados. Deben evitarse cargas administrativas innecesarias, en particular cuando los perceptores finales sean microempresas y pequeñas y medianas empresas (pymes) u otros operadores económicos comparables con un volumen de negocios o un balance total equivalentes.

(147)

Las normas financieras establecidas en el presente Reglamento deben seguir siendo sencillas y claras, a fin de evitar la sobrerregulación y las cargas administrativas adicionales para los perceptores de fondos de la Unión, los Estados miembros, las instituciones de la Unión u otras personas y entidades responsables de la ejecución del presupuesto.

(148)

El principio de proporcionalidad ha de aplicarse igualmente a la evaluación de las normas, los sistemas y los procedimientos de las entidades que ya hayan sido objeto de una evaluación satisfactoria, como las entidades que utilizan normas establecidas por la Comisión, que han de estar exentas de la evaluación previa. Por otra parte, debe existir la posibilidad de eximir de la evaluación previa a las organizaciones de los Estados miembros a las que se encomiende la ejecución de fondos de la Unión en régimen de gestión compartida.

(149)

Es necesario aclarar que, cuando se selecciona a entidades para trabajar en régimen de gestión indirecta a raíz de una convocatoria de manifestaciones de interés, son aplicables los principios de igualdad de trato y no discriminación.

(150)

La remuneración de las personas y entidades que ejecutan el presupuesto debe basarse, cuando sea pertinente y posible, en el rendimiento.

(151)

A fin de garantizar la integridad del presupuesto cuando se ejecute en régimen de gestión indirecta, procede exigir a los socios ejecutantes que informen a la Comisión de los casos sospechosos de fraude, corrupción o cualquier otra actividad ilegal y que incluyan esa obligación en los acuerdos que celebren con terceros en el marco de la gestión indirecta.

(152)

La Comisión participa en colaboraciones con terceros países por medio de acuerdos de financiación. Es importante aclarar el contenido de tales acuerdos de financiación, especialmente para aquellas partes de una acción que sean ejecutadas por el tercer país mediante gestión indirecta.

(153)

Es importante reconocer la naturaleza específica de los mecanismos o plataformas de financiación mixta cuando la Comisión complementa su contribución con la de instituciones financieras, y aclarar la aplicación de las disposiciones relativas a los instrumentos financieros y las garantías presupuestarias.

(154)

Las normas y principios de contratación aplicables a los contratos públicos adjudicados por las instituciones de la Unión por cuenta propia deben basarse en las normas contenidas en la Directiva 2014/23/UE del Parlamento Europeo y del Consejo (28) y la Directiva 2014/24/UE.

(155)

La experiencia demuestra que no es adecuado aplicar las normas de contratación del presente Reglamento a la adjudicación de contratos públicos de servicios financieros en relación con la emisión, la venta, la compra o la transferencia de valores u otros instrumentos financieros en el sentido de la Directiva 2014/65/UE del Parlamento Europeo y del Consejo (29), usados por la Comisión en el marco de sus operaciones de empréstito y préstamo, gestión de activos y tesorería. Ello comprende los servicios prestados por bancos centrales, el Mecanismo Europeo de Estabilidad, el BEI y otras instituciones financieras internacionales, y entidades nacionales responsables de la emisión y la gestión de deuda pública. Por ese motivo, y de conformidad con el artículo 10 de la Directiva 2014/24/UE, no deben aplicarse a esos servicios las normas sobre contratación establecidas en el presente Reglamento.

(156)

En vista de la pandemia de COVID-19, procede modificar la definición de crisis, que se aplica en particular a las disposiciones comunes y a la contratación en el ámbito de las acciones exteriores y debe englobar la salud pública y animal, las emergencias en materia de seguridad alimentaria e inocuidad de los alimentos y las amenazas para la salud a escala mundial. A fin de disponer de la flexibilidad necesaria para garantizar una respuesta rápida ante circunstancias imprevistas de extrema urgencia como resultado de una crisis, el órgano de contratación debe estar autorizado a aplicar normas simplificadas de contratación, como el recurso a un procedimiento negociado sin publicación previa de un anuncio de contrato en situaciones de crisis y la aceptación de las pruebas relativas a los criterios de exclusión y selección por parte del adjudicatario previsto tras la adopción de la decisión de adjudicación, pero, en todo caso, antes de la firma del contrato. Asimismo, en respuesta a una crisis, el órgano de contratación debe disponer de flexibilidad para modificar de manera excepcional un contrato o un contrato marco, más allá de los umbrales aplicables, sin un procedimiento de contratación. Además, en una situación de crisis debe ser posible, excepcionalmente, añadir nuevos órganos de contratación una vez puesto en marcha el procedimiento de contratación y antes de la firma del contrato o tras una modificación de un contrato sin menoscabo de la competencia. Es preciso que se exija una declaración de crisis en consonancia con las normas internas pertinentes antes de poder recurrir a las normas simplificadas, salvo en el caso de la contratación en el ámbito de las acciones exteriores, en que no es necesaria dicha declaración. Además, los ordenadores competentes han de justificar en cada caso concreto que la situación de extrema urgencia es el resultado de la crisis declarada.

(157)

En el caso de los contratos mixtos, debe aclararse la metodología de los órganos de contratación para determinar las normas aplicables.

(158)

Deben aclararse las medidas de publicidad previas y a posteriori necesarias para poner en marcha un procedimiento de contratación en relación con los contratos iguales o superiores a los umbrales establecidos en la Directiva 2014/24/UE, los contratos inferiores a dichos umbrales y los contratos que queden fuera del ámbito de aplicación de dicha Directiva.

(159)

El presente Reglamento debe incluir una lista exhaustiva de todos los procedimientos de contratación a disposición de las instituciones de la Unión con independencia de los umbrales.

(160)

En aras de la simplificación administrativa y con el fin de favorecer la participación de las pymes, deben regularse los procedimientos negociados para los contratos de cuantía media.

(161)

En caso necesario, debe existir la posibilidad de organizar un procedimiento de contratación conjunta entre, por una parte, uno o varios órganos de contratación de los Estados miembros y, por otra parte, las instituciones de la Unión, los organismos de la Unión o las agencias ejecutivas, sin que tales instituciones, organismos o agencias estén en la obligación de contratar obras o servicios o de adquirir suministros. A fin de que los órganos de contratación puedan aprovechar plenamente el potencial del mercado interior en términos de economías de escala y reparto de riesgos y beneficios, han de ampliarse las posibilidades para que las instituciones de la Unión, los organismos de la Unión o las agencias ejecutivas adquieran suministros o contraten servicios por cuenta de dos o más Estados miembros. Una institución de la Unión, un organismo de la Unión o una agencia ejecutiva debe tener la facultad de organizar el procedimiento de contratación pertinente por cuenta o en nombre de los Estados miembros sobre la base de un acuerdo entre las partes, o de actuar en calidad de mayorista, comprando, almacenando y revendiendo o donando suministros y servicios, incluidos los alquileres, para los Estados miembros o para las organizaciones asociadas que haya seleccionado. De conformidad con las normas sobre el cumplimiento del presente Reglamento en el Derecho derivado, en otros actos legislativos de la Unión pueden figurar normas más específicas sobre contratación conjunta o contratación por cuenta o en nombre de los Estados miembros. Cuando así sea, en dichos actos se deben indicar claramente las excepciones y señalar las razones específicas que las justifican.

(162)

Como sucede con la Directiva 2014/24/UE, el presente Reglamento debe permitir una consulta del mercado previa a la puesta en marcha de un procedimiento de contratación. Con el fin de garantizar que la asociación para la innovación solo se utiliza cuando el trabajo, suministro o servicio deseado no existe en el mercado o como una actividad de desarrollo próxima al mercado, debe establecerse en el presente Reglamento la obligación de realizar la consulta preliminar del mercado antes de recurrir a una asociación para la innovación.

(163)

Debe clarificarse la contribución de los órganos de contratación a la protección del medio ambiente y al fomento del desarrollo sostenible, garantizando al mismo tiempo que obtengan para sus contratos la mejor relación calidad/precio, en particular exigiendo etiquetas específicas o mediante la aplicación de métodos de adjudicación apropiados.

(164)

En sintonía con los objetivos del Pacto Verde Europeo, por lo que respecta a las licitaciones, debe garantizarse que se avanza en la aplicación de los aspectos ecológicos incluyendo, cuando sea pertinente, criterios ecológicos de adjudicación o selección, lo que incentivará a los operadores económicos a ofrecer opciones más sostenibles.

(165)

Para garantizar que, al ejecutar los contratos, los operadores económicos cumplan las obligaciones medioambientales, sociales y laborales aplicables fijadas por el Derecho de la Unión o nacional, los convenios colectivos o los convenios internacionales en el ámbito social y medioambiental enumerados en el anexo X de la Directiva 2014/24/UE, dichas obligaciones deben formar parte de los requisitos mínimos establecidos por el órgano de contratación y deben integrarse en los contratos que este firme.

(166)

Procede identificar y tratar de manera diferente distintos casos a los que a menudo se alude como situaciones de conflicto de intereses. El concepto de «conflicto de intereses» debe utilizarse únicamente para los casos en los que una persona o una entidad con responsabilidades en la programación, la ejecución, la auditoría o el control del presupuesto, o un funcionario o agente de una institución de la Unión o de las autoridades nacionales a cualquier nivel, se encuentren en esa situación. Los intentos de influir indebidamente en un procedimiento de concesión o adjudicación u obtener información confidencial deben tratarse como una falta de ética profesional grave que puede conllevar que la persona o entidad sea rechazada del procedimiento o excluida de los fondos de la Unión. Además, puede suceder que los operadores económicos estén en una situación en la que no puedan ser seleccionados para la ejecución de un contrato por un conflicto de intereses profesional. Por ejemplo, ninguna empresa ha de evaluar un proyecto en el que haya participado, ni ningún auditor debe auditar cuentas que haya certificado anteriormente. La evaluación de los conflictos de intereses y la obligación de establecer sistemas para detectar y evitar tales conflictos deben respetar el principio de proporcionalidad. Con vistas a contribuir a la seguridad jurídica, deben elaborarse orientaciones adecuadas sobre la evaluación de los conflictos de intereses que aporten aclaraciones adicionales a quienes evalúan estas situaciones a nivel nacional y de la Unión.

(167)

A fin de garantizar la ausencia de conflictos de intereses profesionales que puedan afectar o entrañen el riesgo de afectar a la capacidad para ejecutar un contrato de manera independiente, imparcial y objetiva, es necesario aclarar las obligaciones del órgano de contratación y de los candidatos o licitadores. Por una parte, los candidatos, los licitadores y, en su caso, las entidades a cuya capacidad recurran, así como los subcontratistas previstos, deben declarar la ausencia de conflictos de intereses profesionales y proporcionar la información al respecto que se les solicite. Por otra parte, el órgano de contratación debe evaluar la existencia de dichos conflictos de intereses cuando estos se declaren o bien a partir de la información adicional proporcionada. Si se determina que existen conflictos de intereses profesionales, ha de procederse al rechazo de la concesión o adjudicación.

(168)

Un mercado interior competitivo y abierto debe garantizar la igualdad de condiciones y permitir a los operadores económicos europeos y extranjeros competir en función de los méritos. Las subvenciones extranjeras pueden distorsionar el mercado interior y socavar la igualdad de condiciones en los procedimientos de contratación en los que, por ejemplo, los operadores económicos adjudicados se hayan beneficiado de subvenciones extranjeras. Para subsanar este riesgo, el Reglamento (UE) 2022/2560 del Parlamento Europeo y del Consejo (30) estableció normas y procedimientos para investigar las subvenciones extranjeras que distorsionen o puedan distorsionar el mercado interior y, cuando proceda, garantizar que se corrijan dichas distorsiones. A fin de garantizar la coherencia entre las normas aplicables a los Estados miembros y los procedimientos de contratación en virtud del presente Reglamento, las instituciones de la Unión, los organismos de la Unión y las agencias ejecutivas deben aplicar mutatis mutandis las mismas normas y procedimientos en materia de subvenciones extranjeras establecidos en el Reglamento (UE) 2022/2560.

(169)

A fin de garantizar condiciones uniformes de ejecución del presente Reglamento, deben conferirse a la Comisión competencias de ejecución en relación con los detalles procedimentales y los elementos conexos relativos al examen preliminar y a la investigación exhaustiva de cualquier contribución financiera extranjera obtenida en un procedimiento de contratación. Dichas competencias de ejecución deben ejercerse de conformidad con el Reglamento (UE) n.o 182/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo (31).

(170)

De conformidad con la Directiva 2014/24/UE, debe ser posible comprobar si se ha excluido a un operador económico, aplicar criterios de selección y adjudicación y verificar el cumplimiento de los documentos de la contratación, sin importar el orden. En consecuencia, debe ser posible rechazar las ofertas con arreglo a los criterios de adjudicación sin comprobación previa del correspondiente licitador respecto de los criterios de exclusión o selección.

(171)

Los contratos deben adjudicarse aplicando el criterio de la oferta económicamente más ventajosa, con arreglo al artículo 67 de la Directiva 2014/24/UE.

(172)

En aras de la seguridad jurídica, es necesario aclarar que los criterios de selección están estrechamente vinculados a la evaluación de los candidatos o licitadores y que los criterios de adjudicación están estrechamente vinculados a la evaluación de los licitadores. Con miras a aproximar las normas de la Unión sobre contratación con la Directiva 2014/24/UE, los órganos de contratación deben estar también autorizados a utilizar como criterios de adjudicación la organización, la cualificación y la experiencia del personal encargado de la ejecución del contrato, cuando estos aspectos puedan afectar de manera significativa a la calidad de dicha ejecución y, en consecuencia, al valor económico de la oferta. Los órganos de contratación que hagan uso de esos criterios de adjudicación han de asegurarse, a través de los medios contractuales adecuados, de que el personal encargado de ejecutar el contrato cumpla efectivamente las normas de calidad que se hayan especificado. Los órganos de contratación deben dar su consentimiento para toda sustitución de dicho personal y comprobar que el personal de sustitución ofrezca un nivel de calidad equivalente al del personal original. Además, ha de garantizarse que los criterios de selección y adjudicación no conlleven ningún solapamiento o doble evaluación del mismo elemento.

(173)

Con el fin de reducir la duración de los procedimientos largos y permitir que los órganos de contratación puedan sacar el máximo provecho de las posibilidades que ofrecen los sistemas dinámicos de adquisición, es necesario simplificar las normas que rigen dichos sistemas. En particular, esos sistemas deben ejecutarse en forma de procedimiento restringido, de manera que todo operador económico que presente una solicitud de participación y cumpla los criterios de selección y exclusión pueda participar en los procedimientos de contratación que se lleven a cabo a través del sistema dinámico de adquisición durante su período de vigencia, que no ha de limitarse a cuatro años. Las ofertas pueden presentarse también en forma de catálogo electrónico, en particular para los productos o los servicios estándar que están generalmente disponibles en el mercado. Además, a fin de reducir la carga administrativa, no ha de aplicarse el requisito de designar una comisión de apertura y un comité de evaluación para las contrataciones específicas en el marco de un sistema dinámico de adquisición.

(174)

Habida cuenta de los avances en la digitalización de los procedimientos de contratación, procede aclarar que, en los procedimientos abiertos, es posible organizar la sesión de apertura pública de procedimientos abiertos de forma remota, por videoconferencia.

(175)

Con miras a la simplificación y a la armonización con las normas que se aplican cuando las instituciones de la Unión efectúan la contratación por cuenta propia, debe suprimirse, en el ámbito de las acciones exteriores, la obligación de publicar en el sitio web de la Comisión la lista de los candidatos seleccionados a los que se invita a presentar una oferta.

(176)

La contratación de la Unión debe garantizar que los fondos se utilizan de manera eficaz, transparente y adecuada, reduciendo al mismo tiempo la carga administrativa que recae sobre los perceptores de fondos de la Unión. A ese respecto, la contratación electrónica debe contribuir a un mejor uso de los fondos de la Unión y facilitar el acceso de todos los operadores económicos a los contratos. Todas las instituciones de la Unión que practiquen la contratación deben publicar en sus sitios web normas claras sobre adquisiciones, gastos y seguimiento, así como todos los contratos adjudicados, indicando su valor.

(177)

En la contratación electrónica, el intercambio electrónico de información con los participantes debe basarse, en la mayor medida posible, en normas ya existentes, como el documento europeo único de contratación y las normas de facturación electrónica, establecidos respectivamente por el Reglamento de Ejecución (UE) 2016/7 de la Comisión (32) y la Directiva 2014/55/UE.

(178)

Debe clarificarse la existencia de una fase de apertura y otra de evaluación para cada procedimiento. Toda decisión de adjudicación debe ser siempre el resultado de una evaluación.

(179)

Al recibir la notificación de los resultados de un procedimiento, los candidatos y licitadores deben ser informados de los motivos en los que se fundamenta la decisión y recibir una justificación pormenorizada basada en el contenido del informe de evaluación.

(180)

Conviene especificar que, previa solicitud, los licitadores no seleccionados que hayan presentado ofertas válidas deben recibir información sobre las características y las ventajas relativas de la oferta seleccionada. Los licitadores no seleccionados han de recibir, previa solicitud, información adicional aun cuando no se haya comprobado la conformidad de sus ofertas debido al orden de los criterios escogido. Es preciso aclarar igualmente que los licitadores rechazados no deben tener acceso a dicha información.

(181)

Para contratos marco con reapertura de concurso, debe dispensarse de la obligación de proporcionar información sobre las características y las ventajas relativas de la oferta seleccionada a un licitador excluido, habida cuenta de que la recepción de dicha información por las partes del mismo contrato marco cada vez que se reabre el concurso podría falsear la competencia leal entre ellas.

(182)

El órgano de contratación debe tener la posibilidad de anular un procedimiento de contratación, o anularlo parcialmente en el caso de los procedimientos adjudicados por lotes o con fuentes múltiples, antes de que se firme el contrato, sin que los candidatos o licitadores puedan exigir por ello ningún tipo de indemnización. Tal posibilidad debe entenderse sin perjuicio de aquellas situaciones en que el órgano de contratación haya actuado de tal modo que pudiera ser considerado responsable por daños y perjuicios con arreglo a los principios generales del Derecho de la Unión.

(183)

Debe permitirse, en casos debidamente justificados, la adjudicación de contratos mediante contratación con fuentes múltiples a fin de evitar la dependencia excesiva de un único proveedor, en particular para los equipos y servicios críticos, tomando en consideración los objetivos de independencia tecnológica y continuidad de los servicios.

(184)

Como sucede con la Directiva 2014/24/UE, es necesario aclarar las condiciones en que puede modificarse un contrato durante su ejecución sin recurrir a un nuevo procedimiento de contratación. En particular, no debe exigirse un nuevo procedimiento de contratación en los supuestos de cambios administrativos, sucesión a título universal y aplicación de cláusulas de revisión u opciones claras e inequívocas que no alteren los requisitos mínimos del procedimiento inicial. Debe recurrirse a un nuevo procedimiento de contratación cuando se introduzcan modificaciones esenciales en el contrato inicial, en particular relativas al ámbito de aplicación y al contenido de los derechos y obligaciones mutuos de las partes, incluido por lo que respecta a la distribución de los derechos de propiedad intelectual e industrial. Tales modificaciones demuestran la intención de las partes de renegociar las condiciones esenciales de dicho contrato, en particular si las modificaciones hubieran influido en el resultado del procedimiento en caso de que las condiciones modificadas hubiesen formado parte del procedimiento inicial.

(185)

La experiencia adquirida pone de manifiesto que es preciso aclarar los casos en que se considera que una modificación altera el objeto del contrato.

(186)

Es necesario ofrecer la opción de exigir una garantía de buen fin en los casos de obras, suministros y servicios complejos con el fin de garantizar el cumplimiento de las obligaciones contractuales sustanciales y asegurar así una correcta ejecución del contrato a lo largo de su período de vigencia. También es necesario proporcionar la opción de exigir una garantía de correcta ejecución para cubrir el período de responsabilidad contractual, conforme a las prácticas habituales en los sectores de referencia.

(187)

Con el fin de determinar los umbrales y procedimientos aplicables, es necesario aclarar si las instituciones de la Unión, las agencias ejecutivas y los organismos de la Unión se consideran órganos de contratación. No deben ser considerados como órganos de contratación cuando compren a una central de compras. Además, las instituciones de la Unión constituyen una única persona jurídica y sus servicios no pueden celebrar contratos entre sí, sino únicamente acuerdos de nivel de servicio.

(188)

Es apropiado incluir en el presente Reglamento una referencia a los umbrales mencionados en la Directiva 2014/24/UE, aplicables a obras y a suministros y servicios, y en la Directiva 2014/23/UE, aplicables a las concesiones. La actualización de esos umbrales previstos en las Directivas 2014/23/UE y 2014/24/UE debe ser, por tanto, directamente aplicable a las concesiones y a la contratación, de manera respectiva, en virtud del presente Reglamento.

(189)

Debe simplificarse la adjudicación de los contratos de concesión aplicando los umbrales establecidos en la Directiva 2014/23/UE a las concesiones.

(190)

Con fines de armonización y simplificación, los procedimientos normalizados aplicables a la contratación también deben aplicarse a las adquisiciones en el marco del régimen simplificado para los contratos públicos de servicios sociales y otros servicios específicos a que se refiere el artículo 74 de la Directiva 2014/24/UE. Por tanto, el umbral para las adquisiciones en régimen simplificado debe adecuarse con el umbral para los contratos de servicios.

(191)

Con miras a adaptar mejor los procedimientos de contratación a las condiciones de mercado fuera de la Unión, el presente Reglamento debe contener disposiciones específicas para las delegaciones de la Unión en lo referente a la adjudicación de contratos por cuenta propia en terceros países. Por consiguiente, es conveniente revisar los umbrales para la adjudicación de contratos que aplican las delegaciones de la Unión en terceros países y adaptarlos a los aplicados en la adjudicación de contratos en el ámbito de las acciones exteriores.

(192)

Es necesario aclarar las condiciones de aplicación del período de espera que debe observarse antes de firmar un contrato o un contrato marco.

(193)

Las normas aplicables a la contratación en el ámbito de las acciones exteriores deben ser coherentes con los principios establecidos en las Directivas 2014/23/UE y 2014/24/UE.

(194)

Las normas sobre el acceso a la contratación, aplicables tanto en el momento de presentar una oferta como durante la ejecución de un contrato, han de incluir las condiciones establecidas en los actos de ejecución (medidas del Instrumento de contratación internacional) adoptados en virtud del Reglamento (UE) 2022/1031 del Parlamento Europeo y del Consejo (33), así como las respectivas obligaciones para los adjudicatarios que establece dicho Reglamento.

(195)

Con el fin de reducir la complejidad, simplificar las normas existentes y mejorar la legibilidad de las normas de contratación, es necesario agrupar las disposiciones generales en materia de contratación y las disposiciones específicas aplicables a la contratación en el ámbito de las acciones exteriores, y eliminar las repeticiones innecesarias y las referencias cruzadas.

(196)

Es necesario aclarar qué operadores económicos tienen acceso a la contratación en virtud del presente Reglamento en función de su lugar de establecimiento y disponer expresamente la posibilidad de tal acceso también para las organizaciones internacionales.

(197)

En casos debidamente justificados, cuando el contrato vaya a adjudicarse por una delegación de la Unión en un tercer país o exclusivamente en interés de una delegación de la Unión en un tercer país, el ordenador competente debe estar autorizado a abrir el acceso al procedimiento de contratación a personas físicas o jurídicas establecidas en un tercer país que no haya celebrado un acuerdo especial con la Unión en el ámbito de la contratación. En particular, ha de permitirse esa flexibilidad cuando no haya ninguna persona física o jurídica establecida en un país con acceso a la contratación en virtud de un acuerdo especial con la Unión en el ámbito de la contratación que pueda proporcionar las obras, los suministros o los servicios requeridos.

(198)

A fin de lograr un equilibrio entre la necesidad de transparencia y una mayor coherencia de las normas sobre contratación, por un lado, y la necesidad de flexibilidad en cuanto a determinados aspectos técnicos de dichas normas, por otro, deben establecerse en un anexo del presente Reglamento las normas técnicas sobre contratación y deben delegarse en la Comisión los poderes para adoptar actos con arreglo al artículo 290 del TFUE por lo que se refiere a la modificación de dicho anexo.

(199)

Es necesario precisar el ámbito de aplicación del título relativo a las subvenciones, en especial por lo que se refiere al tipo de acción o de organismo que puede ser subvencionado, así como a los compromisos jurídicos que pueden utilizarse para cubrir las subvenciones. En particular, las decisiones de subvención deben eliminarse progresivamente debido a su uso limitado y a la introducción creciente de subvenciones electrónicas. Debe simplificarse la estructura transfiriendo a otras partes del presente Reglamento las disposiciones relativas a instrumentos que no constituyen subvenciones. Debe clarificarse la naturaleza de los organismos que pueden recibir subvenciones de funcionamiento, sin hacer ya referencia a organismos que persiguen un objetivo de interés general de la Unión, dado que dichos organismos están incluidos en el concepto de organismos que tienen un objetivo que forma parte de una política de la Unión y que la apoya.

(200)

Con el fin de simplificar los procedimientos y mejorar la legibilidad del presente Reglamento, deben simplificarse y racionalizarse las disposiciones relativas al contenido de la solicitud de subvención, la convocatoria de propuestas y el convenio de subvención.

(201)

Con el fin de facilitar la puesta en práctica de las acciones financiadas por múltiples donantes cuando la financiación global de la acción no sea conocida en el momento de comprometer la contribución de la Unión, es necesario aclarar cómo se define la contribución de la Unión y el método para verificar su uso.

(202)

Debe introducirse una nueva categoría de subvenciones de muy escasa cuantía de un importe máximo de 15 000 EUR, con el fin de simplificar los requisitos administrativos para los solicitantes de financiación de la Unión. Dada la muy escasa cuantía de tales subvenciones, los requisitos de presentar una declaración jurada y evaluar la capacidad financiera deben obviarse.

(203)

Con el fin de simplificar aún más las solicitudes de subvención en consonancia con una buena gestión financiera, el ordenador debe poder decidir, tras evaluar los riesgos, que las comprobaciones de la capacidad financiera se centren únicamente en el solicitante principal.

(204)

La experiencia adquirida con la utilización de sumas a tanto alzado, costes unitarios o financiación a tipo fijo ha puesto de manifiesto que tales formas de financiación han simplificado de manera significativa los procedimientos administrativos y reducido sustancialmente el riesgo de error. Con independencia del ámbito de intervención de la Unión, las sumas a tanto alzado, los costes unitarios y los tipos fijos son formas adecuadas de financiación, en particular para acciones normalizadas y recurrentes, como la movilidad o las actividades de formación. Además, dado que la cooperación institucional entre las administraciones públicas de los Estados miembros y de los países beneficiarios o asociados («hermanamiento institucional») se pone en práctica por las instituciones de los Estados miembros, la utilización de opciones de costes simplificados está justificada y debería fomentar su participación. En aras de una mayor eficiencia, los Estados miembros y otros perceptores de fondos de la Unión deben poder recurrir más a menudo a las opciones de costes simplificados. En este contexto, deben flexibilizarse las condiciones para el uso de sumas a tanto alzado, costes unitarios y tipos fijos. Es necesario disponer expresamente el establecimiento de sumas a tanto alzado únicas que cubran la totalidad de los gastos subvencionables de la acción o el programa de trabajo. Además, con el fin de estimular la orientación a los resultados, debe darse prioridad a la financiación basada en lo que se produce o realiza. Las sumas a tanto alzado, los costes unitarios y los tipos fijos basados en los recursos deben seguir siendo una opción cuando no sea posible o adecuado adoptar una perspectiva basada en lo producido o realizado.

(205)

A fin de garantizar la seguridad jurídica, es preciso aclarar que, cuando una subvención consiste en financiación no vinculada a los costes, no son aplicables las disposiciones en materia de presupuesto estimado, cofinanciación y prohibición de la doble financiación, dado que tales disposiciones no pueden aplicarse cuando el importe que debe reembolsarse se vincula a unas condiciones o unos resultados específicos y se disocia de los costes subyacentes.

(206)

Los procedimientos administrativos de autorización de las sumas a tanto alzado, los costes unitarios y los tipos fijos deben simplificarse atribuyendo la competencia para tal autorización a los ordenadores competentes. Cuando proceda, dicha autorización puede darla la Comisión a la luz de la naturaleza de las actividades o de los gastos o en función del número de ordenadores afectados.

(207)

Debe permitirse el uso del dictamen de un experto a fin de colmar la laguna existente en cuanto a la disponibilidad de los datos utilizados para determinar las sumas a tanto alzado, los costes unitarios y los tipos fijos.

(208)

Si bien debe aprovecharse el potencial de un uso más frecuente de las formas simplificadas de financiación, debe garantizarse el cumplimiento del principio de buena gestión financiera, y en particular de los principios de economía, eficiencia y prohibición de la doble financiación. A tal efecto, las formas simplificadas de financiación deben garantizar que los recursos empleados se adecúen a los objetivos que se hayan de alcanzar, que los mismos costes no se financien más de una vez con cargo al presupuesto, que se respete el principio de cofinanciación y que se evite la sobrecompensación general de los perceptores. Por consiguiente, las formas simplificadas de financiación deben basarse en datos estadísticos o contables, medios objetivos similares o el criterio de expertos. Además, deben seguir aplicándose comprobaciones, controles y una evaluación periódica que sean adecuados.

(209)

Debe aclararse asimismo el alcance de las comprobaciones y controles en contraposición a las evaluaciones periódicas de las sumas a tanto alzado, los costes unitarios y los tipos fijos. Tales comprobaciones y controles deben centrarse en el cumplimiento de las condiciones que dan lugar al pago de sumas a tanto alzado, costes unitarios y tipos fijos, incluida, en su caso, la obtención de productos o resultados. Esas condiciones no deben exigir la presentación de la información sobre los costes efectivamente sufragados por el beneficiario. En caso de que las sumas a tanto alzado, los costes unitarios o la financiación a tipo fijo hayan sido acordados previamente por el ordenador competente o por la Comisión, no deben ser impugnados con ocasión de controles a posteriori. Esto no debe impedir la reducción de una subvención en caso de ejecución deficiente, parcial o tardía, o de irregularidad, fraude o incumplimiento de otras obligaciones. En particular, una subvención debe reducirse cuando no se hayan cumplido las condiciones de activación del pago de las sumas a tanto alzado, los costes unitarios o los tipos fijos. La frecuencia y el alcance de las evaluaciones periódicas deben depender de la evolución y de la naturaleza de los gastos, en particular teniendo en cuenta los cambios importantes de los precios de mercado y otras circunstancias pertinentes. La evaluación periódica puede dar lugar a adaptaciones de las sumas a tanto alzado, los costes unitarios y los tipos fijos aplicables a los convenios futuros, pero no debe utilizarse para cuestionar el valor de las sumas a tanto alzado, los costes unitarios y los tipos fijos ya acordados. La evaluación periódica de las sumas a tanto alzado, los costes unitarios y los tipos fijos puede exigir el acceso a las cuentas del beneficiario para fines estadísticos y metodológicos. Además, dicho acceso es también necesario para fines de detección y prevención del fraude.

(210)

Cuando las subvenciones consisten en tipos fijos, costes unitarios o sumas a tanto alzado y, por ende, no se llevan a cabo verificaciones a posteriori de los costes subyacentes, no es posible comprobar si se han efectuado los gastos subvencionables durante el período de ejecución de las acciones. A fin de garantizar la seguridad jurídica, debe aclararse que, en las comprobaciones y los controles a posteriori de los beneficiarios, se va a verificar si, durante el período de ejecución, se han cumplido las condiciones que dan lugar al pago de los tipos fijos, los costes unitarios o las sumas a tanto alzado.

(211)

A fin de facilitar la participación de organizaciones pequeñas en la aplicación de las políticas de la Unión en un entorno de escasa disponibilidad de recursos, es necesario reconocer el valor del trabajo de los voluntarios como gastos subvencionables. En consecuencia, estas organizaciones deben poder apoyarse en mayor medida en el trabajo de los voluntarios con el fin de facilitar la cofinanciación de la acción o programa de trabajo. Sin perjuicio del porcentaje máximo de cofinanciación establecido en el acto de base, en estos casos, la subvención de la Unión debe limitarse a los gastos subvencionables estimados distintos de aquellos que cubren el trabajo que llevan a cabo los voluntarios. Dado que el trabajo de los voluntarios es un trabajo prestado por terceros que no es remunerado por el beneficiario, la limitación evita el reembolso de gastos que el beneficiario no ha realizado. Además, el valor del trabajo de los voluntarios no debe superar el 50 % de las contribuciones en especie y de cualquier otro tipo de cofinanciación.

(212)

Para garantizar la seguridad jurídica, debe aclararse que, cuando las contribuciones en especie de terceros en forma de trabajo realizado por voluntarios se presenten como gastos subvencionables en el presupuesto estimado, la cofinanciación a la que se aplica el límite del 50 % debe comprender todas las fuentes de financiación, esto es, las subvenciones de la Unión, las contribuciones en especie y otras fuentes de financiación.

(213)

Con el fin de proteger uno de los principios fundamentales de las finanzas públicas, debe mantenerse en el presente Reglamento el principio de no producción de beneficios.

(214)

Para garantizar la seguridad jurídica a la hora de calcular la contribución de la Unión en el caso de los beneficios obtenidos mediante una subvención financiada con cargo al presupuesto, conviene aclarar que la recuperación del porcentaje de los beneficios correspondiente a la contribución de la Unión a los gastos subvencionables no debe diferenciar entre costes efectivamente asumidos y costes simplificados.

(215)

En principio, las subvenciones deben concederse mediante una convocatoria de propuestas. En caso de que se permitan excepciones, estas deben interpretarse y aplicarse de forma restrictiva en cuanto a su alcance y duración. La posibilidad excepcional de conceder subvenciones sin necesidad de una convocatoria de propuestas a organismos en situación de monopolio de facto o de iure solo debe emplearse en los casos en los que los organismos de que se trate sean los únicos capaces de poner en práctica los tipos de actividades correspondientes, o cuando tal monopolio les haya sido atribuido por la legislación o una autoridad pública.

(216)

En el marco de la transición hacia las subvenciones y la contratación electrónicas, debe pedirse a los candidatos y a los licitadores que proporcionen una sola vez en un plazo determinado las pruebas relativas a su situación jurídica y a su viabilidad financiera, y no se les debe pedir que presenten nuevamente documentos justificativos para cada procedimiento de concesión o adjudicación. Es necesario, por tanto, armonizar los requisitos relativos al número de años para el que se va a pedir documentación en el marco de los procedimientos de contratación y concesión de subvenciones.

(217)

El beneficiario de una subvención puede proporcionar ayuda financiera a un tercero si se cumplen determinadas condiciones, sin que el importe abonado al tercero exceda de 60 000 EUR. Debe existir la posibilidad de superar ese importe cuando, de otro modo, sea imposible o excesivamente difícil alcanzar los objetivos de la acción. A fin de ofrecer una mayor flexibilidad para la ejecución del presupuesto en situaciones de crisis y emergencia, debe existir igualmente la posibilidad de superar ese importe sin una justificación para cada caso concreto cuando se trate de ayuda humanitaria, operaciones de asistencia urgente, operaciones de protección civil o ayuda a la gestión de crisis. El ordenador debe informar sobre esos casos.

(218)

Cuando la ejecución de una acción o un programa de trabajo requiera que el beneficiario organice una contratación, ha de aclararse que todo beneficiario puede recurrir a sus propias prácticas de adquisición siempre que se garantice la adjudicación a la oferta económicamente más ventajosa o, en su caso, a la oferta que presente el precio más bajo, con independencia de que el beneficiario adjudique un contrato público y sea un órgano de contratación en el sentido del presente Reglamento. Debe modificarse en consecuencia la definición de contrato.

(219)

Debe facilitarse el uso de premios como una modalidad de ayuda financiera valiosa no vinculada a los costes previsibles, y deben clarificarse las normas aplicables al respecto. Los premios deben considerarse complementarios y no sustitutivos de otros instrumentos de financiación tales como las subvenciones.

(220)

Con el fin de permitir una organización más flexible de los premios, debe sustituirse la obligación en virtud del Reglamento (UE, Euratom) n.o 966/2012 de publicar los concursos dotados de premios por un valor de 1 000 000 EUR o superior en las declaraciones que acompañan al proyecto de presupuesto por una obligación de presentar información previa al Parlamento Europeo y al Consejo e incluir una mención expresa a dichos premios en la decisión de financiación.

(221)

Los premios deben concederse de conformidad con los principios de transparencia e igualdad de trato. En este contexto, deben fijarse las características mínimas de los concursos, en particular las modalidades para abonar el premio a los ganadores en caso de concesión, así como los medios de publicación apropiados. Es necesario asimismo establecer un procedimiento de concesión o adjudicación claramente definido, desde la presentación de las candidaturas hasta la información de los solicitantes y la notificación al participante ganador, que sea un reflejo del procedimiento de concesión de subvenciones.

(222)

El presente Reglamento debe establecer los principios y las condiciones aplicables a los instrumentos financieros, las garantías presupuestarias y la asistencia financiera, y las normas que delimitan la responsabilidad financiera de la Unión, así como las normas relativas a la lucha contra el fraude y el blanqueo de capitales, la liquidación de instrumentos financieros y la información.

(223)

En los últimos años, la Unión ha utilizado de forma creciente instrumentos financieros que permiten un mayor apalancamiento del presupuesto, pero, al mismo tiempo, generan un riesgo financiero para el presupuesto. Dichos instrumentos financieros no solo incluyen los ya cubiertos por el Reglamento (UE, Euratom) n.o 966/2012, sino también otros instrumentos, como las garantías presupuestarias y la asistencia financiera, que anteriormente se regían exclusivamente por las normas establecidas en sus respectivos actos de base. Es importante establecer un marco común que garantice la homogeneidad de los principios aplicables a ese conjunto de instrumentos y su reagrupamiento en un nuevo título en el presente Reglamento, que incluya secciones sobre las garantías presupuestarias y la asistencia financiera a los Estados miembros o a terceros países, además de las normas existentes aplicables a los instrumentos financieros.

(224)

Los instrumentos financieros y las garantías presupuestarias pueden ser valiosos para multiplicar el efecto de los fondos de la Unión en aquellos casos en que dichos fondos se combinan con otros fondos e incorporan un efecto de apalancamiento. Los instrumentos financieros y las garantías presupuestarias solo deben ejecutarse si no existe un riesgo de falseamiento de la competencia en el mercado interior o de incompatibilidad con las normas en materia de ayudas de Estado.

(225)

En el marco de los créditos anuales autorizados por el Parlamento Europeo y por el Consejo para un determinado programa, los instrumentos financieros y las garantías presupuestarias deben utilizarse sobre la base de una evaluación previa que demuestre que son eficaces para la consecución de los objetivos políticos de la Unión.

(226)

Los instrumentos financieros, las garantías presupuestarias y la asistencia financiera deben ser autorizados mediante un acto de base. Cuando, en casos debidamente justificados, los instrumentos financieros se establezcan sin un acto de base, estos deben ser autorizados por el Parlamento Europeo y por el Consejo en el presupuesto.

(227)

Deben definirse los instrumentos que se incluyen potencialmente en el título X, como los préstamos, las garantías, las inversiones en capital, las inversiones en cuasicapital y los instrumentos de distribución de riesgos. La definición de instrumentos de distribución de riesgos debe permitir que se incluyan las mejoras crediticias para los bonos y obligaciones vinculados a proyectos, de forma que cubran el riesgo del servicio de la deuda de un proyecto y atenúen el riesgo de crédito de los bonistas u obligacionistas mediante mejoras crediticias en forma de préstamo o garantía.

(228)

Los reembolsos procedentes de los instrumentos financieros o de las garantías presupuestarias deben utilizarse para el instrumento o la garantía que los haya generado con vistas a aumentar la eficacia del instrumento o garantía, a menos que se indique otra cosa en el acto de base, y deben tenerse en cuenta al proponerse nuevos créditos a dicho instrumento o garantía.

(229)

El presente Reglamento establece que la Comisión está facultada, en el acto de base pertinente, para tomar prestados fondos en nombre de la Unión o de Euratom con el fin de prestar a su vez los importes correspondientes a los Estados miembros o terceros países beneficiarios en las condiciones aplicables a los empréstitos. A ese respecto, hay una correspondencia exacta (uno a uno) de los flujos de efectivo entre los empréstitos contraídos y los préstamos. Ello significa que la Unión debe llevar a cabo operaciones de mercado basadas en las necesidades de desembolso para cada préstamo específico, lo que limita la posibilidad de planificar de manera coherente diversas operaciones de empréstito y estructurar los vencimientos para lograr los mejores costes.

(230)

La financiación de cada programa de asistencia financiera mediante su propio método de financiación genera costes y complejidad, ya que distintos programas de asistencia financiera compiten por un número limitado de oportunidades de financiación. Ello fragmenta la oferta de títulos de deuda de la Unión y reduce la liquidez y el interés de los inversores en los distintos programas, a pesar de que todos los títulos de deuda de la Unión tienen la misma elevada calidad crediticia. La asistencia financiera debe organizarse, por lo tanto, con arreglo a un método de financiación único que mejore la liquidez de los bonos de la Unión y el atractivo y la rentabilidad de las emisiones de la Unión.

(231)

La experiencia reciente relativa a las necesidades de financiación para Ucrania ha puesto de manifiesto las desventajas de un enfoque fragmentado para la organización de la deuda de la Unión. Para consolidar la posición de la Unión como emisor de deuda denominada en euros, es esencial organizar todas las nuevas emisiones mediante un método de financiación único, excepto en casos debidamente justificados, como la emisión de Euratom, la pequeña emisión y la financiación de programas de asistencia financiera para los cuales los actos de base entraron en vigor antes del 9 de noviembre de 2022.

(232)

El modelo de método de financiación único y la mayoría de los elementos de la infraestructura necesaria para su aplicación ya se han establecido en forma de estrategia de financiación diversificada mediante la Decisión (UE, Euratom) 2020/2053. Dicha estrategia ha permitido movilizar con éxito fondos para subvenciones y préstamos en el marco del Reglamento (UE) 2021/241 y para una serie de programas de la Unión contemplados en el Reglamento (UE) 2020/2094 del Consejo (34). Habida cuenta de la complejidad prevista de las operaciones necesarias para satisfacer las necesidades de financiación urgentes de Ucrania, y para anticipar posibles futuras operaciones de empréstito y préstamo, conviene establecer una estrategia de financiación diversificada como método de financiación único para la ejecución de las operaciones de empréstito.

(233)

El uso de una estrategia de financiación diversificada debe permitir la ejecución flexible del programa de financiación, respetando plenamente los principios de neutralidad presupuestaria y de equilibrio presupuestario establecidos en el artículo 310, apartado 1, del TFUE. Los costes del programa de financiación deben ser soportados íntegramente por los beneficiarios sobre la base de una metodología única de asignación de costes que garantice la asignación transparente y proporcional de estos. Las obligaciones de reembolso deben recaer en los beneficiarios de la asistencia financiera, de conformidad con el presente Reglamento.

(234)

La aplicación de una estrategia de financiación diversificada requiere que todos los programas de empréstitos y préstamos que se basen en ella observen un único conjunto de normas.

(235)

Una estrategia de financiación diversificada debe dotar a la Comisión de una mayor flexibilidad en cuanto al calendario y al vencimiento de las distintas operaciones de financiación y permitir desembolsos regulares y constantes a diferentes países beneficiarios. Dicha estrategia debe basarse en la puesta en común de instrumentos de financiación. Ello daría a la Comisión flexibilidad para organizar los pagos a los beneficiarios independientemente de las condiciones del mercado en el momento del desembolso, al tiempo que disminuiría el riesgo de que la Comisión tenga que obtener importes fijos en condiciones volátiles o adversas.

(236)

Conceder a la Comisión esa flexibilidad requeriría la creación de un fondo de liquidez común. Tal función centralizada de liquidez dotaría la capacidad de financiación de la Unión de mayor resiliencia y mejoraría su capacidad de resistir desajustes temporales entre todas las entradas y salidas, sobre la base de una sólida capacidad de previsión de la liquidez.

(237)

La Comisión debe ejecutar todas las operaciones necesarias para lograr una presencia regular en el mercado de capitales, lograr los mejores costes de financiación posibles y facilitar las operaciones con títulos de deuda de la Unión y de Euratom.

(238)

Al ampliar la estrategia de financiación diversificada a una gama más amplia de programas, conviene, por lo tanto, que la Comisión establezca las modalidades necesarias para su aplicación. Esas modalidades deben incluir un marco de gobernanza, unos procedimientos de gestión de riesgos y una metodología de asignación de costes que deben respetar el artículo 223, apartado 4, letra e), del presente Reglamento. A fin de asegurar la transparencia, la Comisión debe informar periódica y exhaustivamente al Parlamento Europeo y al Consejo de todos los aspectos de su estrategia de empréstito y de gestión de la deuda.

(239)

En aras de la seguridad jurídica y de la claridad con respecto a la asistencia financiera ya concedida y a la asistencia macrofinanciera con arreglo al Reglamento (UE) 2022/2463 del Parlamento Europeo y del Consejo (35), las normas del presente Reglamento en relación con la estrategia de financiación diversificada solo deben aplicarse a los programas de asistencia financiera para los cuales los actos de base entren en vigor el 9 de noviembre de 2022 o a partir de esta fecha.

(240)

Es importante que los estados financieros auditados correspondientes a instrumentos financieros y garantías presupuestarias que se ejecuten en régimen de gestión indirecta se presenten a tiempo para que el Tribunal de Cuentas pueda tomarlos en consideración al formular sus observaciones a las cuentas provisionales.

(241)

Hay que reconocer la coincidencia de intereses en la consecución de los objetivos políticos de la Unión y, en particular, que el BEI y el FEI poseen experiencia específica para aplicar instrumentos financieros y garantías presupuestarias.

(242)

El BEI y el FEI, que actúan como grupo, deben tener la posibilidad de transferirse entre sí parte de la ejecución, cuando tal transferencia pueda favorecer la ejecución de una acción determinada y según se detalle en el correspondiente convenio con la Comisión.

(243)

Con miras a la coherencia y para tomar en consideración el marco financiero plurianual para el período 2021-2027, en lo tocante a los instrumentos financieros y las garantías presupuestarias, es preciso aclarar una serie de disposiciones acerca de la información que deben suministrar las personas o entidades que ejecutan fondos de la Unión en régimen de gestión indirecta, acerca de la aplicación del título X en caso de combinación con ayuda suplementaria con cargo al presupuesto, incluidas las subvenciones, y acerca de la combinación con fondos de la Unión ejecutados en régimen de gestión compartida.

(244)

Debe aclararse que, cuando los instrumentos financieros o las garantías presupuestarias se combinen con formas adicionales de ayuda procedentes del presupuesto, deben aplicarse las normas relativas a los instrumentos financieros o a las garantías presupuestarias al conjunto de la medida. Dichas normas deben completarse, en su caso, con requisitos concretos establecidos en normas sectoriales específicas.

(245)

La aplicación de los instrumentos financieros y las garantías presupuestarias financiadas con cargo al presupuesto debe respetar la política de la Unión sobre países y territorios no cooperadores a efectos fiscales, así como sus actualizaciones, según se establece en los actos legislativos pertinentes de la Unión y en las Conclusiones del Consejo, en particular en las Conclusiones del Consejo, de 8 de noviembre de 2016, sobre los criterios y el procedimiento para la elaboración de una lista de la UE de países y territorios no cooperadores a efectos fiscales (36) y en su anexo, así como en las Conclusiones del Consejo, de 5 de diciembre de 2017, sobre la lista de la UE de países y territorios no cooperadores a efectos fiscales (37) y en sus anexos.

(246)

Las garantías presupuestarias y la asistencia financiera a los Estados miembros o a terceros países son, por lo general, operaciones extrapresupuestarias que tienen una repercusión significativa en el balance de la Unión. Aun cuando se trata, por lo general, de operaciones extrapresupuestarias, su inclusión en el presente Reglamento ofrece una mayor protección de los intereses financieros de la Unión y un marco más claro para su autorización, gestión y contabilidad.

(247)

La Unión ha puesto en marcha importantes iniciativas en materia de garantías presupuestarias, como el Fondo Europeo para Inversiones Estratégicas (FEIE) o el Fondo Europeo de Desarrollo Sostenible (FEDS). Las características de esos instrumentos son que generan un pasivo contingente de la Unión y que implican dotar de fondos a una reserva de liquidez que permita al presupuesto responder de manera ordenada a las obligaciones de pago que puedan derivarse de tales pasivos contingentes. Con el fin de garantizar la calificación crediticia de la Unión y, por tanto, su capacidad de aportar financiación efectiva, es esencial que la autorización, provisión y seguimiento de los pasivos contingentes se atengan a un sólido conjunto de normas aplicables a todas las garantías presupuestarias.

(248)

Los pasivos contingentes derivados de las garantías presupuestarias pueden cubrir una amplia gama de operaciones de financiación e inversión. No puede establecerse un calendario anual claro sobre la ejecución de una garantía presupuestaria como sí ocurre en el caso de los préstamos con un calendario de reembolso definido. Por ello, es indispensable crear un marco para la autorización y el seguimiento de los pasivos contingentes que garantice el pleno respeto en todo momento del máximo de los créditos de pago anuales establecido en la Decisión (UE, Euratom) 2020/2053.

(249)

Dicho marco debe prever asimismo la gestión y el control, incluida la presentación de informes periódicos sobre el riesgo financiero de la Unión. La tasa de provisión del pasivo financiero debe determinarse sobre la base de una evaluación adecuada de los riesgos financieros derivados del instrumento correspondiente. La sostenibilidad de los pasivos contingentes debe evaluarse cada año en el marco del procedimiento presupuestario. Debe establecerse un mecanismo de alerta rápida para evitar la falta de provisiones para cubrir el pasivo financiero.

(250)

El uso cada vez mayor de instrumentos financieros, garantías presupuestarias y asistencia financiera requiere que se movilice y se consigne un volumen significativo de créditos de pago. Para lograr un apalancamiento al mismo tiempo que se garantiza un nivel adecuado de protección frente al pasivo financiero, es importante optimizar el importe de las provisiones necesarias y mejorar la eficiencia mediante la inclusión de dichas provisiones en un fondo de provisión común. Además, el uso más flexible de esas provisiones comunes permite una tasa de provisión global eficaz para lograr la protección requerida con una cantidad optimizada de recursos.

(251)

Las normas aplicables a las provisiones y al fondo de provisión común deben establecer un marco sólido de control interno. Las directrices aplicables a la gestión de los recursos en el fondo de provisión común deben elaborarse por la Comisión previa consulta al contable de la Comisión. Los ordenadores de los instrumentos financieros, las garantías presupuestarias o la ayuda financiera deben hacer un seguimiento activo del pasivo financiero bajo su responsabilidad, y el gestor financiero de los recursos del fondo de provisión común debe gestionar el efectivo y los activos del fondo con arreglo a las normas y procedimientos establecidos por el contable de la Comisión.

(252)

Las garantías presupuestarias y la asistencia financiera deben atenerse a los mismos principios establecidos para los instrumentos financieros. Las garantías presupuestarias, en particular, deben ser irrevocables, incondicionales y a la vista. Deben ejecutarse mediante gestión indirecta o, solo en casos excepcionales, mediante gestión directa. Solo deben corresponder a operaciones de financiación e inversión, y sus homólogos deben contribuir con sus recursos propios a las operaciones cubiertas.

(253)

La asistencia financiera a los Estados miembros o a terceros países debe adoptar la forma de un préstamo, de una línea de crédito o de cualquier otro instrumento que se considere apropiado a fin de garantizar la eficacia de la ayuda. A tal fin, la Comisión debe estar facultada en el correspondiente acto de base para tomar en préstamo los fondos necesarios de los mercados de capitales o de entidades financieras, evitando la participación de la Unión en cualquier cambio de fecha de vencimiento que conlleve un riesgo de tipos de interés u otro tipo de riesgo comercial.

(254)

Las disposiciones relativas a los instrumentos financieros deben aplicarse lo antes posible con el fin de lograr la simplificación y eficacia que se pretenden. Las disposiciones sobre las garantías presupuestarias y la asistencia financiera, así como el fondo de provisión común, deben aplicarse en el marco financiero plurianual posterior a 2020. Este calendario permitirá una preparación completa de los nuevos instrumentos de gestión de los pasivos contingentes. También permitirá una armonización de los principios establecidos en el título X, por una parte, con la propuesta para el marco financiero plurianual posterior a 2020 y, por otra, con los programas específicos relacionados con dicho marco.

(255)

El Reglamento (UE, Euratom) n.o 1141/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo (38) establece nuevas normas relativas, entre otros aspectos, a la financiación de los partidos políticos y las fundaciones políticas a escala europea, en particular por lo que se refiere a las condiciones de financiación, la concesión y distribución de la financiación, las liberalidades y contribuciones, la financiación de las campañas para las elecciones al Parlamento Europeo, los gastos reembolsables, la prohibición de determinada financiación, la contabilidad, la información y la auditoría, la ejecución y el control, las sanciones, la cooperación entre la Autoridad para los partidos políticos europeos y las fundaciones políticas europeas, el ordenador del Parlamento Europeo y los Estados miembros, y la transparencia.

(256)

Deben incluirse en el presente Reglamento normas sobre las contribuciones con cargo al presupuesto a los partidos políticos europeos tal como se prevé en el Reglamento (UE, Euratom) n.o 1141/2014.

(257)

El apoyo financiero concedido a los partidos políticos europeos debe adoptar la forma de una contribución específica que se ajuste a sus necesidades concretas.

(258)

Si bien la contribución financiera se concede sin necesidad de un programa de trabajo anual, los partidos políticos europeos deben justificar a posteriori el buen uso de los fondos de la Unión. En particular, el ordenador competente debe verificar si los fondos se han utilizado para pagar gastos reembolsables, conforme a lo establecido en la convocatoria de contribuciones, en los plazos fijados en el presente Reglamento. Las contribuciones a los partidos políticos europeos deben haber sido utilizadas al término del ejercicio siguiente al de su concesión, transcurrido el cual los fondos no utilizados deben ser recuperados por el ordenador competente.

(259)

Los fondos de la Unión concedidos para financiar los costes de funcionamiento de los partidos políticos europeos no deben utilizarse para fines distintos de los establecidos en el Reglamento (UE, Euratom) n.o 1141/2014, en particular para financiar directa o indirectamente a terceros como, por ejemplo, partidos políticos nacionales. Los partidos políticos europeos deben utilizar las contribuciones para pagar un porcentaje de los gastos actuales y futuros, y no gastos o deudas contraídos antes de la presentación de sus solicitudes de contribuciones.

(260)

Asimismo, la concesión de contribuciones debe simplificarse y adaptarse a las peculiaridades de los partidos políticos europeos, en particular mediante la supresión de los criterios de selección, el establecimiento de un pago íntegro único de prefinanciación como regla general y la posibilidad de utilizar sumas a tanto alzado, financiación a tipo fijo y costes unitarios.

(261)

Las contribuciones del presupuesto deben ser suspendidas, reducidas o canceladas en caso de que los partidos políticos europeos incumplan el Reglamento (UE, Euratom) n.o 1141/2014.

(262)

Las sanciones basadas tanto en el presente Reglamento como en el Reglamento (UE, Euratom) n.o 1141/2014 deben imponerse de manera coherente y respetar el principio non bis in ídem. De conformidad con el Reglamento (UE, Euratom) n.o 1141/2014, las sanciones administrativas o pecuniarias previstas en el presente Reglamento no se han de imponer en los casos en los que ya se hayan impuesto sanciones sobre la base del Reglamento (UE, Euratom) n.o 1141/2014.

(263)

El presente Reglamento debe establecer un marco general de conformidad con el cual pueda utilizarse el apoyo presupuestario como un instrumento en el ámbito de las acciones exteriores, incluida la obligación de que el tercer país proporcione a la Comisión información adecuada y oportuna para evaluar el cumplimiento de las condiciones y disposiciones acordadas que garanticen la protección de los intereses financieros de la Unión.

(264)

A fin de reforzar el papel del Parlamento Europeo y del Consejo, debe aclararse el procedimiento para establecer fondos fiduciarios de la Unión. Es también necesario precisar los principios aplicables a las contribuciones a los fondos fiduciarios de la Unión, en particular la importancia de obtener contribuciones de otros donantes que justifiquen su creación en términos de valor añadido. Es preciso asimismo aclarar las responsabilidades de los agentes financieros y del consejo de administración del fondo fiduciario de la Unión y definir normas que garanticen una representación equitativa de los donantes participantes en el consejo de administración del fondo fiduciario de la Unión y la obligación de contar con el voto a favor por parte de la Comisión para la utilización de los fondos. También es importante describir con mayor detalle los requisitos de información aplicables a los fondos fiduciarios de la Unión.

(265)

La Unión debe poder participar en iniciativas internacionales cuando tal participación contribuya a la consecución de sus objetivos políticos. A fin de establecer un marco jurídico adecuado para la participación de la Unión en iniciativas internacionales, su contribución a dichas iniciativas ha de incluirse como un nuevo instrumento de ejecución del presupuesto. El recurso a este nuevo instrumento financiero estaría sujeto a condiciones cuyo cumplimiento garantizaría un nivel de protección comparable al de otros instrumentos de ejecución presupuestaria. Dichas condiciones deben contemplar la existencia de sistemas internos y externos adecuados para luchar contra el fraude y las irregularidades, de modo que los sistemas gestionados por las entidades de ejecución en el marco de la iniciativa internacional deben considerarse sistemas externos. El recurso a las disposiciones relativas a iniciativas internacionales debe limitarse a aquellos casos en que otros instrumentos de ejecución presupuestaria no permitan alcanzar, a la misma escala y con el mismo efecto, los objetivos políticos de la Unión de que se trate. Cuando sea posible y apropiado, la Comisión debe unirse a cualquier consejo de gobierno o comité directivo equivalente de una iniciativa internacional para garantizar una representación eficaz de los intereses de la Unión. En aras de la transparencia y de la eficacia de la toma de decisiones, la Comisión debe proporcionar lo antes posible al Parlamento Europeo y al Consejo información detallada sobre cualquier contribución prevista a una iniciativa internacional, a fin de que puedan tener debidamente en cuenta dicha información.

(266)

A fin de adaptarse a los progresos realizados en materia de digitalización, es preciso que las listas de expertos elaboradas tras una convocatoria de manifestaciones de interés tengan una vigencia superior a la duración del programa plurianual, siempre que se garantice la rotación de los expertos y exista la posibilidad de que nuevos expertos manifiesten su interés. Además, es necesario que las instituciones de la Unión puedan atraer a expertos externos altamente cualificados para garantizar que el proceso de evaluación por expertos y los dictámenes y el asesoramiento específicos de expertos sean de la máxima calidad. Para poder competir con éxito con otros actores del mercado, las instituciones de la Unión han de estar autorizadas a ofrecer una remuneración más competitiva en casos excepcionales y debidamente justificados. Por último, con miras a la seguridad jurídica, deben aclararse las normas aplicables a los expertos externos remunerados para reflejar las distintas etapas del procedimiento de concesión o adjudicación.

(267)

A fin de establecer un marco jurídico claro para la donación de servicios, suministros u obras por las instituciones de la Unión, las liberalidades no financieras han de incluirse como un nuevo instrumento de ejecución del presupuesto. Este instrumento no debe confundirse con el marco general de la ayuda que presta la Unión a terceros países, que es de carácter más amplio y puede incluir liberalidades no financieras. En vista de la pandemia de COVID-19 y del impacto de la guerra de agresión de Rusia contra Ucrania, dicho instrumento debe proporcionar una base jurídica estable en particular para futuras crisis y situaciones de emergencia, y garantizar que las instituciones de la Unión dispongan de las herramientas adecuadas de apoyo presupuestario para ayudar a los Estados miembros y a otras personas y entidades cuando el apoyo haga más falta. Dicho instrumento ha de ejecutarse en régimen de gestión directa o en régimen de gestión indirecta por parte de un organismo de la Unión. Las disposiciones conexas, como en lo referente a las definiciones, la suspensión, la terminación y la reducción, y el comité de evaluación, deben adaptarse en consecuencia. En aras de una buena gestión financiera, los suministros no perecederos financiados con cargo a créditos administrativos no deben donarse antes de que su valor se haya depreciado parcialmente.

(268)

De manera similar a la introducción de las liberalidades no financieras, es preciso que las instituciones de la Unión estén facultadas para conceder premios que no sean de carácter financiero. Esta posibilidad es también importante a fin de organizar concursos dirigidos a jóvenes y que estos, a pesar de no tener una cuenta bancaria en su Estado miembro, puedan recibir el premio de manera fácil y práctica. Para ello, deben adaptarse en consecuencia la definición de «premios» y las disposiciones al respecto.

(269)

En consonancia con la simplificación de las normas existentes, y para evitar repeticiones indebidas, las disposiciones especiales de la segunda parte del Reglamento (UE, Euratom) n.o 966/2012, aplicables al FEAGA, la investigación, las acciones exteriores y los fondos específicos de la Unión deben únicamente introducirse en las partes correspondientes del presente Reglamento, siempre que las disposiciones sean todavía utilizadas y sean pertinentes.

(270)

Las disposiciones relativas a la rendición de cuentas y a la contabilidad deben simplificarse y aclararse. Por consiguiente, es oportuno agrupar todas las disposiciones sobre las cuentas anuales y demás información financiera.

(271)

Es preciso adaptar los plazos para las observaciones del Tribunal de Cuentas a las cuentas provisionales y para la presentación de las cuentas definitivas a fin de tomar en consideración el calendario del procedimiento de aprobación de la gestión presupuestaria.

(272)

La decisión de aprobación de la gestión presupuestaria debe referirse a la contabilidad de todos los ingresos y gastos de la Unión, incluidos los ingresos afectados y las partidas de gasto específicas conexas, así como al saldo resultante y al activo y pasivo de la Unión descritos en el balance, incluidos los derivados de operaciones de empréstito y de préstamo. Del mismo modo, en el examen por el Tribunal de Cuentas de todos los ingresos deben incluirse los ingresos afectados y las partidas de gasto conexas.

(273)

Debe mejorarse la forma en que las instituciones de la Unión informan sobre los proyectos inmobiliarios al Parlamento Europeo y al Consejo. Se debe permitir a las instituciones de la Unión financiar nuevos proyectos inmobiliarios con los ingresos recibidos por edificios ya vendidos. Por lo tanto, debe introducirse una referencia a las disposiciones relativas a los ingresos afectados internos en las disposiciones sobre proyectos inmobiliarios. Esto permitiría cubrir las necesidades cambiantes de la política inmobiliaria de las instituciones de la Unión al mismo tiempo que se ahorrarían costes y se introduciría una mayor flexibilidad.

(274)

En su Comunicación sobre el Pacto Verde Europeo, la Comisión alienta a que se renueven los edificios con el fin de reducir sus emisiones y lograr que sean más eficientes desde el punto de vista energético. Habida cuenta de la rápida evolución del mercado de edificios eficientes desde el punto de vista energético, hay una necesidad imperiosa de que las instituciones de la Unión incorporen los compromisos del Pacto Verde Europeo a sus políticas inmobiliarias y renueven sus edificios, dando prioridad a las inversiones más eficientes desde el punto de vista energético. Además, la reciente evolución de los métodos de trabajo, acelerada por la pandemia de COVID-19, exige la adaptación del parque inmobiliario de las instituciones de la Unión para desarrollar una política de oficinas dinámica. En consecuencia, debe autorizarse la financiación de renovaciones estructurales mediante préstamos, siempre que ello genere ahorros, de conformidad con el principio de buena gestión financiera. El Parlamento Europeo y el Consejo deben recibir información suficiente a efectos de su aprobación previa, en particular sobre el valor añadido de la renovación estructural prevista y su contribución a la transición ecológica. La interpretación del concepto de nuevos proyectos inmobiliarios ha de ampliarse y, en particular, incluir proyectos de renovación estructural.

(275)

A fin de adaptar las normas aplicables a determinados organismos de la Unión, las normas detalladas sobre contratación y las condiciones detalladas y el porcentaje mínimo para la tasa de provisión efectiva, deben delegarse en la Comisión los poderes para adoptar actos con arreglo al artículo 290 del TFUE por lo que respecta al reglamento financiero marco para organismos creados de conformidad con el TFUE y el Tratado Euratom, el reglamento financiero tipo para los organismos de colaboración público-privada, la modificación del anexo I del presente Reglamento, las condiciones detalladas y la metodología para el cálculo de la tasa de provisión efectiva y la modificación del porcentaje mínimo definido de la tasa de provisión efectiva, que no debe establecerse en un nivel inferior al 85 %. Reviste especial importancia que la Comisión lleve a cabo las consultas oportunas durante la fase preparatoria, en particular con expertos, y que esas consultas se realicen de conformidad con los principios establecidos en el Acuerdo interinstitucional de 13 de abril de 2016 sobre la mejora de la legislación. En particular, a fin de garantizar una participación equitativa en la preparación de los actos delegados, el Parlamento Europeo y el Consejo reciben toda la documentación al mismo tiempo que los expertos de los Estados miembros, y sus expertos tienen acceso sistemáticamente a las reuniones de los grupos de expertos de la Comisión que se ocupen de la preparación de actos delegados.

(276)

Determinadas modificaciones relativas al suministro de acceso por parte de la Comisión a datos sobre los perceptores con fines de publicación, y relativas al registro y el almacenamiento electrónicos de datos sobre los perceptores y sus titulares reales y el acceso del sistema informático integrado único para la prospección de datos y la puntuación de riesgos con miras a analizar dichos datos, únicamente deben aplicarse a los programas adoptados en el virtud del marco financiero plurianual para el período posterior a 2027 y financiados con cargo al mismo, de manera que se pueda garantizar una transición fluida al conceder tiempo suficiente para efectuar las adaptaciones necesarias de los sistemas de datos electrónicos y los acuerdos pertinentes, así como para emitir orientaciones e impartir formación.

(277)

A más tardar a finales de 2027, la Comisión debe presentar una evaluación del grado de preparación del sistema informático integrado único. En dicha evaluación debe comprobarse si está garantizada la interoperabilidad con los sistemas informáticos y las bases de datos pertinentes, incluidos los de los Estados miembros, de modo que se pueda transferir automáticamente la información pertinente en tiempo real cuando sea posible, y se evite la duplicación de la presentación de información; si los indicadores de riesgo que utiliza el sistema informático integrado único son suficientemente uniformes, objetivos, proporcionados y necesarios para la evaluación de riesgos y se basan en fuentes de información fiables; si el sistema informático integrado único permite utilizar la inteligencia artificial para analizar e interpretar datos, y si el sistema informático integrado único cumple los principios generales de protección de datos.

(278)

El Supervisor Europeo de Protección de Datos, a quien se consultó de conformidad con el artículo 42, apartado 1, del Reglamento (UE) 2018/1725, emitió su dictamen el 7 de julio de 2022.

(279)

El presente Reglamento debe entrar en vigor a los tres días de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea.

1)

«solicitante»: toda persona física o entidad con o sin personalidad jurídica que haya presentado una solicitud en un procedimiento de concesión de subvenciones, en un procedimiento de concesión de liberalidades no financieras o en un concurso dotado de premios;

2)

«documento de solicitud»: una oferta, una solicitud de participación, una solicitud en respuesta a una convocatoria de manifestaciones de interés, una solicitud de subvención, una solicitud de liberalidades no financieras o una candidatura en un concurso dotado de premios;

3)

«procedimiento de concesión o adjudicación»: un procedimiento de contratación, un procedimiento de concesión de subvenciones o de premios en un concurso, un procedimiento de concesión de liberalidades no financieras o un procedimiento para la selección de los expertos o las personas o las entidades responsables de la ejecución del presupuesto en virtud del artículo 62, apartado 1, párrafo primero, letra c);

4)

«acto de base»: un acto jurídico, distinto de una recomendación o un dictamen, que establece una base jurídica para una acción y para la ejecución de los gastos correspondientes consignados en el presupuesto o de la garantía presupuestaria o la asistencia financiera a cargo del presupuesto, y que puede adoptar cualquiera de las formas siguientes:

a) en aplicación del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE) y del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea de la Energía Atómica (Tratado Euratom), la forma de un reglamento, una directiva o una decisión con arreglo al artículo 288 del TFUE, o

b) en aplicación del título V del Tratado de la Unión Europea (TUE), una de las formas mencionadas en el artículo 28, apartado 1, el artículo 31, apartado 2, el artículo 33, el artículo 42, apartado 4, y el artículo 43, apartado 2, del TUE;

5)

«beneficiario»: una persona física o una entidad con o sin personalidad jurídica con la que se ha celebrado un convenio de subvención;

6)

«mecanismo o plataforma de financiación mixta»: un marco de cooperación que se establece entre la Comisión e instituciones financieras de desarrollo u otras instituciones financieras públicas con vistas a combinar formas de ayuda no reembolsables, instrumentos financieros o garantías presupuestarias con cargo al presupuesto y formas de ayuda reembolsables de instituciones financieras de desarrollo u otras instituciones financieras públicas, así como de instituciones financieras del sector privado e inversores del sector privado;

7)

«ejecución del presupuesto»: la realización de actividades relativas a la gestión, el seguimiento, el control y la auditoría de créditos presupuestarios de conformidad con los métodos establecidos en el artículo 62;

8)

«compromiso presupuestario»: la operación por la que el ordenador competente reserva los créditos presupuestarios necesarios para cubrir los pagos correspondientes destinados a cumplir los compromisos jurídicos;

9)

«garantía presupuestaria»: un instrumento a través del cual la Unión apoya un programa de acción asumiendo, con cargo al presupuesto, una obligación financiera irrevocable e incondicional que puede invocarse en caso de que un hecho específico se materialice durante la ejecución del programa y que sigue siendo válida durante el período de vencimiento de los compromisos adquiridos en el marco del programa que recibe la ayuda;

10)

«contrato inmobiliario»: un contrato que incluye la adquisición, el intercambio, la enfiteusis, el usufructo, el arrendamiento financiero, el arrendamiento-venta, con o sin opción de compra, de terrenos, edificios u otros bienes inmuebles; tiene por objeto tanto los edificios existentes como los edificios antes de su finalización, a condición de que el candidato haya obtenido una licencia de obras válida para ello; no tiene por objeto los edificios diseñados de conformidad con las especificaciones del órgano de contratación que sean objeto de contratos de obras;

11)

«candidato»: un operador económico que ha solicitado una invitación o ha sido invitado a participar en un procedimiento restringido, un procedimiento de licitación con negociación, un diálogo competitivo, una asociación para la innovación, un concurso de proyectos o un procedimiento negociado;

12)

«central de compras»: un órgano de contratación que realiza actividades de compra centralizadas y, en su caso, actividades de compra auxiliares;

13)

«comprobación»: la verificación de un aspecto concreto de una operación de ingresos o de gastos;

14)

«contrato de concesión»: un contrato a título oneroso celebrado por escrito entre uno o más operadores económicos y uno o más órganos de contratación, con arreglo a los artículos 177 y 181, con el fin de confiar la ejecución de obras o la prestación y la gestión de servicios a un operador económico (en lo sucesivo, «concesión»), y en el que:

a) la remuneración consiste, bien únicamente en el derecho a explotar las obras o servicios, bien en este mismo derecho y en un pago;

b) la adjudicación de la concesión implica la transferencia al concesionario de un riesgo operativo derivado de la explotación de dichas obras o servicios, incluidos el riesgo de demanda o el de oferta o ambos; se considerará que el concesionario asume un riesgo operativo cuando, en condiciones normales de funcionamiento, no esté garantizado que vaya a recuperar las inversiones realizadas ni a cubrir los costes sufragados para explotar las obras o los servicios de que se trate;

15)

«fase de constitución»: el período durante el cual se abona la provisión global al fondo de provisión común;

16)

«pasivo contingente»: una posible obligación financiera que pueda originarse en función del resultado de un hecho futuro;

17)

«contrato»: un contrato público o contrato de concesión o, a efectos del título VIII, un subcontrato o contrato de compra celebrado con un beneficiario;

18)

«contratista»: un operador económico con el que se ha firmado un contrato público;

19)

«convenio de contribución»: un convenio celebrado con personas o entidades que ejecutan fondos de la Unión en virtud del artículo 62, apartado 1, párrafo primero, letra c), incisos ii) a viii);

20)

«control»: toda medida adoptada para proporcionar unas garantías razonables con respecto a la eficacia, la eficiencia y la economía de las operaciones; la fiabilidad de la información; la salvaguardia de los activos y la protección de datos; la prevención, detección y corrección de fraudes e irregularidades y su seguimiento, así como la gestión adecuada de los riesgos en materia de legalidad y regularidad de las transacciones correspondientes, teniendo en cuenta el carácter plurianual de los programas y las características de los pagos de que se trate; los controles podrán implicar varias comprobaciones, así como la ejecución de cualesquiera políticas y procedimientos para la consecución de los objetivos a que se refiere la primera frase;

21)

«contraparte»: la parte a la que se concede una garantía presupuestaria;

22)

«crisis»:

a) una situación de peligro inmediato o inminente que amenace degenerar en un conflicto armado o desestabilizar un país o su vecindad;

b) una situación causada por desastres naturales, crisis provocadas por los humanos, como guerras y otros conflictos, o circunstancias excepcionales que tengan efectos comparables relacionados, entre otras cosas, con el cambio climático, la salud pública y animal, emergencias de seguridad alimentaria e inocuidad de los alimentos y amenazas sanitarias mundiales, tales como epidemias y pandemias, el deterioro medioambiental, la privación de acceso a recursos naturales y energéticos o la pobreza extrema;

23)

«liberación»: una operación por la que el ordenador competente anula total o parcialmente la reserva de créditos efectuada previamente mediante un compromiso presupuestario;

24)

«sistema dinámico de adquisición»: un proceso enteramente electrónico para compras de uso corriente de artículos que normalmente están disponibles en el mercado;

25)

«operador económico»: toda persona física o jurídica, incluida una entidad pública, o una agrupación de tales personas, que ofrezca el suministro de productos, la ejecución de obras, la prestación de servicios o la entrega de bienes inmuebles;

26)

«inversión en capital»: la provisión de capital a una sociedad, invertido directa o indirectamente a cambio de la titularidad total o parcial de dicha sociedad y que permite al inversor de capital asumir cierto control de la gestión de la sociedad, así como participar de sus beneficios;

27)

«oficina europea»: una estructura administrativa establecida por la Comisión, o por la Comisión junto con una o varias de las demás instituciones de la Unión, para desempeñar funciones transversales específicas;

28)

«decisión administrativa definitiva»: una decisión de una autoridad administrativa con un efecto definitivo y vinculante de conformidad con el Derecho aplicable;

29)

«activo financiero»: todo activo en forma de efectivo, un instrumento de capital de una entidad de titularidad pública o privada o un derecho contractual a recibir efectivo u otro activo financiero de dicha entidad;

30)

«instrumento financiero»: una medida de ayuda financiera de la Unión adoptada con cargo al presupuesto para la consecución de uno o varios objetivos específicos de las políticas de la Unión que puede adoptar la forma de inversiones en capital o cuasicapital, préstamos o garantías, u otros instrumentos de distribución de riesgos, y que puede, en su caso, combinarse con otras formas de apoyo financiero o con fondos en gestión compartida o fondos del Fondo Europeo de Desarrollo (FED);

31)

«pasivo financiero»: toda obligación contractual de entregar efectivo u otro activo financiero a otra entidad;

32)

«subvención extranjera»: una contribución financiera en el sentido del artículo 3, apartado 2, del Reglamento (UE) 2022/2560 aportada por un tercer país, la cual se ajusta a la descripción contenida en el artículo 3, apartado 1, de dicho Reglamento;

33)

«contrato marco»: un contrato público suscrito entre uno o varios operadores económicos y uno o varios órganos de contratación con el objeto de establecer las condiciones por las que han de regirse los contratos específicos basados en él que se adjudiquen durante un período determinado, en especial por lo que respecta al precio y, en su caso, la cantidad prevista;

34)

«provisión global»: el importe total de los recursos que se consideran necesarios durante la totalidad del período de vigencia de una garantía presupuestaria o la asistencia financiera a un tercer país como consecuencia de aplicar la tasa de provisión a que se refiere el artículo 214, apartado 1, al importe de la garantía presupuestaria o la asistencia financiera a un tercer país autorizado por el acto de base a que se refiere el artículo 213, apartado 1, letras b) y c);

35)

«subvención»: una contribución financiera que se concede a título de liberalidad; cuando dicha contribución se aporte en régimen de gestión directa, se regirá por el título VIII;

36)

«garantía»: un compromiso escrito en virtud del cual se asume la responsabilidad por la totalidad o una parte de la deuda u obligación de un tercero o por el cumplimiento satisfactorio por tal tercero de sus obligaciones si se da un acontecimiento que active tal garantía, como, por ejemplo, un impago;

37)

«garantía a la vista»: una garantía que el garante ha de cumplir a petición de la contraparte, no obstante las deficiencias que pudieran existir en el carácter ejecutorio de la obligación subyacente;

38)

«contribución en especie»: los recursos no financieros puestos a disposición del beneficiario de forma gratuita por terceros;

39)

«compromiso jurídico»: un acto mediante el cual el ordenador competente asume o establece una obligación de la que se deriva un pago posterior y el reconocimiento de un gasto cubierto por un compromiso presupuestario, o una obligación de entregar una liberalidad no financiera, y que incluye acuerdos y contratos específicos celebrados en virtud de acuerdos marco de colaboración financiera y de contratos marco;

40)

«apalancamiento»: la cuantía de la financiación reembolsable proporcionada a los perceptores finales admisibles dividida por la cuantía de la contribución de la Unión;

41)

«riesgo de liquidez»: el riesgo de que un activo financiero integrado en el fondo de provisión común no pueda venderse durante un determinado período de tiempo sin incurrir en una pérdida importante;

42)

«préstamo»: un acuerdo por el cual el prestamista se obliga a poner a disposición del prestatario una cantidad de dinero acordada por un período convenido y por el cual el prestatario se obliga a devolver dicha cantidad en el período convenido;

43)

«subvención de escasa cuantía»: una subvención inferior o igual a 60 000 EUR;

44)

«organización de un Estado miembro»: una entidad establecida en un Estado miembro en calidad de organismo de Derecho público, o de organismo que se rige por el Derecho privado al que se ha confiado una misión de servicio público y se ha dotado de garantías financieras adecuadas por parte del Estado miembro;

45)

«método de ejecución»: cualquiera de los métodos de ejecución del presupuesto a que se refiere el artículo 62, es decir, gestión directa, gestión indirecta y gestión compartida;

46)

«acción con pluralidad de donantes»: cualquier acción en la que los fondos de la Unión se combinan con los de al menos otro donante;

47)

«contratación con fuentes múltiples»: una contratación en la que se persigue adjudicar varios contratos celebrados por escrito de forma paralela entre varios operadores económicos y uno o varios órganos de contratación en el sentido del artículo 177, apartado 1, a fin de encomendar la prestación de servicios, la entrega de suministros o la realización de obras de carácter idéntico o casi idéntico a distintos contratistas que ejecutarán sus contratos en paralelo;

48)

«efecto multiplicador»: la inversión realizada por los perceptores finales admisibles dividida por la cuantía de la contribución de la Unión;

49)

«organización no gubernamental»: una organización sin ánimo de lucro, independiente de cualquier Gobierno y de carácter voluntario que no sea ni un partido político ni un sindicato;

50)

«producto»: las realizaciones que se consiguen mediante la acción determinada de conformidad con las normas sectoriales específicas;

51)

«participante»: un candidato o licitador en el marco de un procedimiento de contratación, un solicitante en un procedimiento de concesión de subvenciones o en un procedimiento de concesión de liberalidades no financieras, un experto en un procedimiento de selección de expertos, un candidato en un concurso dotado de premios o una persona o entidad que participe en un procedimiento para la ejecución de fondos de la Unión en virtud del artículo 62, apartado 1, párrafo primero, letra c);

52)

«adjudicatario previsto»: todo licitador en un procedimiento de contratación que ocupe el primer puesto, a reserva de las comprobaciones que deban realizarse y de la presentación de los documentos justificativos relativos a los criterios de exclusión o selección para que el comité de evaluación pueda proponer como adjudicatario a dicho licitador; cuando en el procedimiento de adjudicación se prevea adjudicar el contrato a varios licitadores, por «adjudicatario previsto» se entenderán los licitadores, tantos como contratos se vayan a adjudicar, mejor posicionados;

53)

«premio»: una contribución concedida como recompensa en el marco de un concurso; cuando dicha contribución se aporte en régimen de gestión directa, se regirá por el título IX;

54)

«contratación»: la adquisición mediante un contrato de obras, suministros o servicios, así como la adquisición o el arrendamiento de terrenos, edificios u otros bienes inmuebles, por uno o varios órganos de contratación a operadores económicos elegidos por dichos órganos;

55)

«documento de contratación»: cualquier documento elaborado o mencionado por el órgano de contratación para describir o determinar los elementos del procedimiento de contratación, con inclusión de:

a) las medidas de publicidad establecidas en el artículo 166;

b) la invitación a presentar ofertas;

c) el pliego de condiciones, con las especificaciones técnicas y los criterios pertinentes, o los documentos descriptivos en el caso de un diálogo competitivo;

d) el proyecto de contrato;

56)

«conflicto de intereses profesionales»: la situación en la que las actividades profesionales anteriores o presentes de un operador económico afecten o entrañen el riesgo de afectar a su capacidad para ejecutar un contrato de manera independiente, imparcial y objetiva;

57)

«contrato público»: un contrato a título oneroso celebrado por escrito entre uno o varios operadores económicos y uno o varios órganos de contratación, en el sentido de los artículos 177 y 181, con el fin de obtener, mediante el pago de un precio sufragado total o parcialmente con cargo al presupuesto, la entrega de bienes muebles o inmuebles, la ejecución de una obra o la prestación de un servicio, y que puede consistir en:

a) un contrato inmobiliario;

b) un contrato de suministro;

c) un contrato de obras;

d) un contrato de servicios;

58)

«inversión en cuasicapital»: un tipo de financiación que se clasifica entre capital y deuda, que presenta un riesgo mayor que la deuda no subordinada y menor que el capital ordinario, y que puede estructurarse como deuda, habitualmente no garantizada y subordinada y en algunos casos convertible en capital, o en capital preferente;

59)

«perceptor»: un beneficiario, un contratista, un experto externo remunerado o una persona física o jurídica que reciba un premio, una liberalidad no financiera o ayuda con cargo al presupuesto en el marco de un instrumento financiero o una garantía presupuestaria, o que ejecute fondos de la Unión con arreglo al artículo 62, apartado 1, párrafo primero, letra c);

60)

«pacto de recompra»: la venta de valores a cambio de efectivo con el compromiso de volver a comprarlos en una fecha futura determinada o previa solicitud;

61)

«crédito de investigación y desarrollo tecnológico»: un crédito consignado en uno de los títulos del presupuesto relativos a las políticas vinculadas a «Investigación indirecta» o «Investigación directa», o en un capítulo relativo a actividades de investigación perteneciente a otro título;

62)

«resultado»: los efectos de la ejecución de una acción determinados de conformidad con las normas sectoriales específicas;

63)

«instrumento de distribución de riesgos»: un instrumento financiero que permite repartir un riesgo determinado entre dos o más entidades, en su caso contra el pago de una remuneración acordada;

64)

«contrato de servicios»: un contrato que tiene por objeto todas aquellas prestaciones, intelectuales o no, diferentes de las que son propias de los contratos de suministros, de obras e inmobiliarios;

65)

«buena gestión financiera»: la ejecución del presupuesto de conformidad con los principios de economía, eficiencia y eficacia;

66)

«Estatuto»: el Estatuto de los funcionarios de la Unión Europea y el régimen aplicable a los otros agentes de la Unión Europea, establecidos mediante el Reglamento (CEE, Euratom, CECA) n.o 259/68;

67)

«subcontratista»: un operador económico propuesto por un candidato o un licitador o un contratista para ejecutar una parte de un contrato o por un beneficiario para realizar una parte de las tareas cofinanciadas por una subvención;

68)

«suscripción»: las cantidades abonadas a organismos de los que la Unión es miembro, de conformidad con las decisiones presupuestarias y las condiciones de pago establecidas por el organismo en cuestión;

69)

«contrato de suministro»: un contrato que tiene por objeto la compra, el arrendamiento financiero, el arrendamiento o el arrendamiento-venta, con o sin opción de compra, de productos y que puede incluir, de forma accesoria, operaciones de colocación e instalación;

70)

«asistencia técnica»: sin perjuicio de las normas sectoriales específicas, las actividades de apoyo y refuerzo de las capacidades necesarias para la ejecución de un programa o una acción, en especial las actividades de preparación, gestión, seguimiento, evaluación, auditoría y control;

71)

«licitador»: un operador económico que haya presentado una oferta;

72)

«Unión»: la Unión Europea, la Comunidad Europea de la Energía Atómica, o ambas, según requiera el contexto;

73)

«institución de la Unión»: el Parlamento Europeo, el Consejo Europeo, el Consejo, la Comisión, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, el Tribunal de Cuentas, el Comité Económico y Social Europeo, el Comité de las Regiones, el Defensor del Pueblo Europeo, el Supervisor Europeo de Protección de Datos o el Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE); el Banco Central Europeo no se considerará una institución de la Unión;

74)

«vendedor»: un operador económico inscrito en una lista de vendedores a los que se invite a presentar solicitudes de participación u ofertas;

75)

«subvención de muy escasa cuantía»: una subvención inferior o igual a 15 000 EUR;

76)

«voluntario»: una persona que trabaja para una organización sin carácter obligatorio y sin ser remunerada;

77)

«obra»: el resultado de un conjunto de trabajos de construcción o de ingeniería civil que sea suficiente por sí mismo para desempeñar una función económica o técnica;

78)

«contrato de obras»: un contrato cuyo objeto es:

a) la ejecución o la concepción y ejecución de una obra, o

b) la ejecución o la concepción y ejecución de obras relacionadas con alguna de las actividades mencionadas en el anexo II de la Directiva 2014/24/UE, o

c) la realización, cualquiera que sea el medio utilizado, de una obra que responda a los criterios exigidos por el órgano de contratación que ejerza una influencia decisiva sobre el tipo o diseño de la obra.

a)

los ingresos y gastos de la Unión, incluidos los gastos administrativos derivados de la aplicación de las disposiciones del TUE en los ámbitos de la política exterior y de seguridad común (PESC), así como los gastos de operaciones derivados de la aplicación de dichas disposiciones cuando sean con cargo al presupuesto;

b)

los ingresos y gastos de la Comunidad Europea de la Energía Atómica.

a)

los créditos previstos en el presupuesto, también mediante presupuestos rectificativos;

b)

los créditos prorrogados de ejercicios presupuestarios precedentes;

c)

la reconstitución de créditos con arreglo al artículo 15;

d)

los créditos procedentes de los pagos de prefinanciación que hayan sido reembolsados de conformidad con el artículo 12, apartado 4, letra b);

e)

los créditos consignados a raíz de la percepción de los ingresos afectados durante el ejercicio presupuestario en curso o prorrogados de ejercicios precedentes.

a)

los gastos del Fondo Europeo Agrícola de Garantía (FEAGA) se consignarán en las cuentas de un determinado ejercicio presupuestario basándose en los reembolsos efectuados por la Comisión a los Estados miembros hasta el 31 de diciembre de ese ejercicio, siempre y cuando el contable haya recibido la orden de pago a más tardar el 31 de enero del ejercicio siguiente;

b)

los gastos ejecutados mediante gestión compartida, con la excepción del FEAGA, se consignarán en las cuentas de un determinado ejercicio presupuestario basándose en los reembolsos efectuados por la Comisión a los Estados miembros hasta el 31 de diciembre de ese ejercicio, incluidos los gastos imputados a más tardar el 31 de enero del ejercicio siguiente según lo dispuesto en los artículos 30 y 31.

a)

gastos administrativos corrientes, a condición de que hayan sido aprobados en el último presupuesto debidamente adoptado, y solo hasta un máximo de una cuarta parte de los créditos totales correspondientes decididos por el Parlamento Europeo y por el Consejo para el ejercicio presupuestario en curso;

b)

gastos corrientes de gestión del FEAGA, a condición de que la base de dichos gastos se establezca en un acto de base existente, y solo hasta un máximo de las tres cuartas partes de los créditos totales correspondientes decididos por el Parlamento Europeo y por el Consejo para el ejercicio presupuestario en curso.

a)

los créditos de compromiso y créditos no disociados cuando los preparativos del acto de compromiso estén ultimados, en su mayor parte, a 31 de diciembre del ejercicio presupuestario; dichos créditos podrán ser comprometidos hasta el 31 de marzo del ejercicio presupuestario siguiente, a excepción de los créditos no disociados relacionados con proyectos inmobiliarios, que podrán ser comprometidos hasta el 31 de diciembre del ejercicio presupuestario siguiente;

b)

los créditos que resulten necesarios en caso de que la autoridad legislativa haya adoptado el acto de base en el último trimestre del ejercicio presupuestario y la Comisión no haya podido comprometer a 31 de diciembre de dicho año los créditos previstos a tal fin en el presupuesto; dichos créditos podrán ser comprometidos hasta el 31 de diciembre del ejercicio presupuestario siguiente;

c)

los créditos de pago necesarios para cubrir compromisos anteriores o que estén relacionados con créditos de compromiso prorrogados, cuando los créditos de pago previstos en las líneas correspondientes del presupuesto del ejercicio presupuestario siguiente sean insuficientes;

d)

los créditos no comprometidos destinados a las acciones contempladas en el artículo 5, apartado 2, del Reglamento (UE) 2021/2116.

a)

los créditos para la Reserva de Solidaridad y para Ayudas de Emergencia y para el Fondo de Solidaridad de la Unión Europea; dichos créditos se podrán prorrogar únicamente al siguiente ejercicio presupuestario, en el cual se podrán utilizar hasta el 31 de diciembre de dicho ejercicio;

b)

los créditos correspondientes a los ingresos afectados internos; dichos créditos se podrán prorrogar únicamente al siguiente ejercicio presupuestario y podrán comprometerse hasta el 31 de diciembre de dicho ejercicio, a excepción de los ingresos afectados internos procedentes de indemnizaciones arrendaticias y de la venta de edificios y terrenos, que podrán prorrogarse hasta su plena utilización. Los créditos de compromiso a que se refieren el Reglamento (UE) n.o 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo (40), el Reglamento (UE) n.o 514/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo (41) y el Reglamento (UE) 2021/1060 que estén disponibles a 31 de diciembre y resulten de reembolsos de pagos de prefinanciación podrán prorrogarse hasta la finalización del programa y utilizarse cuando sea necesario, a condición de que ya no estén disponibles otros créditos de compromiso;

c)

los créditos correspondientes a los ingresos afectados externos; dichos créditos deberán haberse utilizado en su totalidad cuando finalicen todas las operaciones relacionadas con el programa o la acción a que hayan sido afectados o podrán prorrogarse o ser utilizados para el programa o acción siguiente; esta disposición no se aplicará a los ingresos afectados a que se refiere el artículo 21, apartado 2, letra g), inciso iii), cuyos créditos no comprometidos durante cinco años serán anulados;

d)

los créditos de pago relativos al FEAGA resultantes de suspensiones con arreglo a los artículos 40, 41 y 42 del Reglamento (UE) 2021/2116.

a)

en caso de compromisos presupuestarios individuales en el sentido del artículo 112, apartado 1, párrafo primero, letra a), el cierre de la fase de selección de posibles contratistas, beneficiarios, ganadores de premios o delegatarios;

b)

en caso de compromisos presupuestarios globales en el sentido del artículo 112, apartado 1, párrafo primero, letra b), la adopción de una decisión de financiación o la finalización de las consultas a los servicios correspondientes de cada institución de la Unión, con vistas a la adopción de la decisión de financiación.

a)

decida, por mayoría de los miembros que lo componen, reducir el gasto antes de que expire el plazo de treinta días, en cuyo caso la Comisión presentará una nueva propuesta;

b)

informe al Consejo y a la Comisión de que no desea reducir ese gasto, en cuyo caso la decisión entrará en vigor antes de que expire el plazo de treinta días.

a)

las contribuciones financieras adicionales específicas de los Estados miembros, incluidas las contribuciones voluntarias, a los programas, los instrumentos y las actividades de la Unión;

b)

los créditos relativos a los ingresos generados por el Fondo de Investigación del Carbón y del Acero, creado por el Protocolo n.o 37 sobre las consecuencias financieras de la expiración del Tratado CECA y el Fondo de Investigación del Carbón y del Acero, anejo al TUE y al TFUE;

c)

los intereses de depósitos y multas contemplados en el Reglamento (CE) n.o 1467/97 del Consejo (43);

d)

los ingresos destinados a fines específicos, como los procedentes de fundaciones, subvenciones o donaciones y legados, incluidos los ingresos con un destino específico de cada institución de la Unión;

e)

las contribuciones financieras a las actividades de la Unión procedentes de terceros países o de organismos distintos de los establecidos en virtud del TFUE o del Tratado Euratom;

f)

los ingresos afectados internos a que se refiere el apartado 3, en la medida en que sean accesorios a los ingresos afectados externos contemplados en el presente apartado;

g)

los ingresos procedentes de las actividades de carácter competitivo realizadas por el Centro Común de Investigación (JRC), que consistan en:

i) procedimientos de contratación y concesión de subvenciones en los que participe el JRC,

ii) actividades del JRC llevadas a cabo por cuenta de terceros,

iii) actividades emprendidas en virtud de un convenio administrativo con otras instituciones de la Unión u otros servicios de la Comisión, de conformidad con el artículo 59, con miras a la prestación de servicios técnicos y científicos.

a)

los ingresos procedentes de terceros por el suministro de bienes, servicios u obras a instancia de aquellos;

b)

los ingresos procedentes del reembolso, de conformidad con el artículo 101, de importes pagados indebidamente;

c)

los ingresos procedentes del suministro de bienes, prestaciones de servicios y obras a otros servicios de una institución de la Unión o a otras instituciones u organismos de la Unión, incluidas las dietas de misión pagadas por cuenta de otras instituciones u organismos de la Unión y reembolsadas por estos;

d)

los importes percibidos por indemnizaciones de seguros;

e)

los ingresos procedentes de indemnizaciones arrendaticias y de la venta de edificios y terrenos;

f)

los reembolsos de instrumentos financieros o garantías presupuestarias de conformidad con el artículo 212, apartado 3, párrafo segundo;

g)

los ingresos procedentes del reembolso posterior de impuestos con arreglo a lo dispuesto en el artículo 27, apartado 3, párrafo primero, letra b).

a)

en el estado de ingresos de la sección de cada institución de la Unión, una línea presupuestaria en la que se consignen los ingresos;

b)

en el estado de gastos, los comentarios, incluidos los comentarios generales, con indicación de las líneas presupuestarias en las que pueden consignarse los créditos habilitados correspondientes a los ingresos afectados;

c)

en el estado de gastos, un anexo, que será parte integrante del presupuesto, en el que figuren todas las líneas presupuestarias respecto de las cuales se prevea percibir ingresos afectados internos o externos y en el que se proporcione información sobre el importe previsto de los ingresos por percibir y el importe previsto de tales ingresos prorrogado de ejercicios precedentes respecto a cada línea presupuestaria.

a)

en el caso previsto en el artículo 21, apartado 2, letra a), para las contribuciones financieras de los Estados miembros y cuando el convenio de contribución esté expresado en euros, podrán habilitarse créditos de compromiso en el momento de la firma del convenio de contribución por el Estado miembro;

b)

en los casos previstos en el artículo 21, apartado 2, letra b) y letra g), incisos i) y iii), los créditos de compromiso se habilitarán tan pronto como se calcule el importe de los títulos de crédito;

c)

en el caso previsto en el artículo 21, apartado 2, letra c), la consignación de los importes en el estado de ingresos dará lugar a que se habiliten, en el estado de gastos, créditos de compromiso y de pago.

a)

las siete doceavas partes del importe que figure en el presupuesto, a más tardar el 31 de enero del ejercicio presupuestario en curso;

b)

las cinco doceavas partes restantes, a más tardar el 15 de julio del ejercicio presupuestario en curso.

a)

en el estado de ingresos, se habilitará una línea presupuestaria con una mención «pro memoria» para consignar el importe total de la contribución de cada uno de los Estados de la AELC en el ejercicio presupuestario;

b)

en el estado de gastos, en un anexo, que formará parte integrante del presupuesto, se recogerán todas las líneas presupuestarias correspondientes a las actividades de la Unión en las que participen los Estados de la AELC, y se incluirá la información sobre el importe previsto de la participación de cada uno de los Estados de la AELC.

a)

la aceptación no contravenga los principios de buena gestión financiera y transparencia;

b)

no genere ningún conflicto de intereses;

c)

no perjudique la imagen de la Unión;

d)

no perjudique ni pueda perjudicar la seguridad interior o el orden público de la Unión o de los Estados miembros;

e)

en el momento de la aceptación, el donante no se halle incurso en alguna de las situaciones contempladas en el artículo 138, apartado 1, y el artículo 143, apartado 1, ni esté registrado como excluido en la base de datos a que se refiere el artículo 144, apartado 1. El donante deberá presentar la declaración a que se refiere el artículo 139.

a)

se tengan debidamente en cuenta los principios de no discriminación, proporcionalidad, igualdad de trato y transparencia en todas las fases del procedimiento de aceptación del patrocinio;

b)

contribuya a dar una imagen positiva de la Unión y esté directamente relacionado con el objetivo fundamental de un acto o de una actividad;

c)

no genere ningún conflicto de intereses ni se refiera a actos exclusivamente sociales;

d)

el acto o actividad no esté financiado en exclusiva a través del patrocinio de empresas;

e)

el servicio a cambio del patrocinio de empresas se limite a la visibilidad pública de la marca o del nombre del patrocinador;

f)

en el momento del procedimiento de patrocinio, el patrocinador no se halle incurso en alguna de las situaciones contempladas en el artículo 138, apartado 1, y el artículo 143, apartado 1, ni esté registrado como excluido en la base de datos a que se refiere el artículo 144, apartado 1.

a)

las sanciones impuestas a las partes en contratos o a beneficiarios;

b)

los descuentos, reembolsos y rebajas que se deduzcan de facturas y declaraciones de gastos concretas;

c)

los intereses devengados por los pagos de prefinanciación;

d)

las regularizaciones de importes pagados indebidamente.

a)

el importe sin incluir impuestos;

b)

el importe con impuestos incluidos.

a)

transferencias de créditos dentro de un mismo capítulo;

b)

por lo que respecta a los gastos de personal y administración que sean comunes a varios títulos, transferencias de créditos entre títulos con un límite del 10 % de los créditos del ejercicio que figuran en la línea presupuestaria de origen de la transferencia y con un límite del 30 % de los créditos del ejercicio que figuran en la línea presupuestaria de destino de la transferencia;

c)

por lo que respecta a los gastos de operaciones, transferencias entre capítulos pertenecientes a un mismo título, con un límite del 10 % de los créditos del ejercicio que figuren en la línea presupuestaria de origen de la transferencia;

d)

por lo que respecta a los créditos de investigación y desarrollo tecnológico ejecutados por el JRC, transferencias de créditos entre capítulos del título del presupuesto relativo al ámbito de «Investigación directa», con un límite del 15 % de los créditos que figuren en la línea presupuestaria de origen de la transferencia;

e)

por lo que respecta a la investigación y al desarrollo tecnológico, transferencias de créditos operativos entre títulos, siempre y cuando los créditos se utilicen para el mismo fin;

f)

por lo que respecta a los gastos de operaciones de los fondos ejecutados en régimen de gestión compartida, con la excepción de la ejecución del FEAGA, transferencias de créditos entre títulos, siempre y cuando los créditos se destinen al mismo objetivo con arreglo al reglamento por el que se crea el fondo en cuestión, o constituyan gastos de asistencia técnica;

g)

transferencias de créditos desde la partida presupuestaria de una garantía presupuestaria a la partida presupuestaria de otra garantía presupuestaria en casos excepcionales en los que los recursos disponibles en el fondo de provisión común de este último no sean suficientes para pagar una solicitud de garantía y a reserva del posterior restablecimiento del importe transferido de conformidad con el procedimiento establecido en el artículo 215, apartado 4.

a)

transferencias de créditos desde el título «Créditos provisionales» a que se refiere el artículo 49 del presente Reglamento, cuando la única condición para liberar la reserva sea la adopción de un acto de base de conformidad con el artículo 294 del TFUE;

b)

en casos excepcionales debidamente justificados, como catástrofes humanitarias y crisis internacionales que tengan lugar después del 1 de diciembre del ejercicio presupuestario, transferencias de créditos presupuestarios no utilizados de ese ejercicio que estén disponibles en los títulos pertenecientes a la rúbrica del marco financiero plurianual dedicada a la acción exterior de la Unión a los títulos relativos a operaciones de gestión de crisis y de ayuda humanitaria.

a)

que el Parlamento Europeo y el Consejo la aprueben;

b)

que el Parlamento Europeo o el Consejo la apruebe y la otra institución no se pronuncie;

c)

que ni el Parlamento Europeo ni el Consejo adopte una decisión de modificar o rechazar la propuesta de transferencia.

a)

la transferencia represente menos del 10 % de los créditos de la línea presupuestaria de origen y no rebase los 5 000 000 EUR;

b)

la transferencia se refiera únicamente a créditos de pago y su importe total no rebase los 100 000 000 EUR.

a)

los datos más recientes disponibles sobre la ejecución de los créditos, así como las previsiones de necesidades hasta finales del ejercicio presupuestario en la línea de destino;

b)

un análisis de las posibilidades de reclasificación de los créditos.

a)

el principio de economía, que prescribe que los medios utilizados por la institución de la Unión de que se trate para llevar a cabo sus actividades se pondrán a disposición en el momento oportuno, en la cantidad y calidad apropiadas y al mejor precio;

b)

el principio de eficiencia, que se refiere a la óptima relación entre los medios empleados, las actividades acometidas y la consecución de los objetivos;

c)

el principio de eficacia, que se refiere a la medida en que se alcanzan los objetivos perseguidos mediante las actividades acometidas.

a)

se establecerán previamente los objetivos de los programas y actividades;

b)

se hará el seguimiento de los avances en la consecución de los objetivos, incluidos los objetivos de integración, si procede, mediante indicadores de rendimiento;

c)

se comunicarán al Parlamento Europeo y al Consejo los avances y los problemas en la consecución de los objetivos de conformidad con el artículo 41, apartado 3, párrafo primero, letra h), y con el artículo 253, apartado 1, letra e);

d)

siempre que resulte viable y apropiado de conformidad con las normas sectoriales específicas, se ejecutarán los programas y las actividades de tal modo que la consecución de sus objetivos no afecte considerablemente a los objetivos medioambientes de mitigación del cambio climático, adaptación al cambio climático, uso sostenible y protección de los recursos hídricos y marinos, transición hacia una economía circular, prevención y control de la contaminación, y protección y recuperación de la biodiversidad y los ecosistemas, establecidos en el artículo 9 del Reglamento (UE) 2020/852 del Parlamento Europeo y del Consejo (44);

e)

siempre que resulte viable y apropiado de conformidad con las normas sectoriales específicas, se ejecutarán los programas y las actividades de tal modo que la consecución de sus objetivos respete las condiciones de trabajo y de empleo previstas en el Derecho nacional, el Derecho de la Unión, los convenios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y los convenios colectivos;

f)

siempre que resulte viable y apropiado de conformidad con las normas sectoriales específicas, se ejecutarán los programas y las actividades teniendo en cuenta el principio de igualdad de género y con arreglo a una metodología adecuada de integración de la perspectiva de género.

a)

la eficacia, la eficiencia y la economía de las operaciones;

b)

la fiabilidad de la información;

c)

la salvaguardia de los activos y la protección de datos;

d)

la prevención, detección, corrección y seguimiento de irregularidades, como fraudes, corrupción, conflictos de intereses y doble financiación, también a través del uso voluntario de un sistema de información y seguimiento único, integrado e interoperable, incluida una herramienta de prospección de datos y puntuación de riesgos, proporcionado por la Comisión, y que permita el acceso y la recuperación automática, el registro, el almacenamiento y el análisis, por medios electrónicos, de datos sobre los perceptores de fondos de la Unión, incluidos sus titulares reales, tal como se definen en el artículo 3, punto 6, de la Directiva (UE) 2015/849, de conformidad con las normas sectoriales específicas;

e)

la gestión adecuada de los riesgos en materia de legalidad y regularidad de las transacciones correspondientes, teniendo en cuenta el carácter plurianual de los programas y las características de los pagos de que se trate.

a)

la separación de funciones;

b)

una estrategia adecuada de gestión y control de riesgos que incluya controles a nivel de los perceptores;

c)

unas pistas de auditoría adecuadas y la integridad de los datos en los sistemas de datos, incluidos los electrónicos;

d)

procedimientos de seguimiento de la eficacia y la eficiencia;

e)

procedimientos para el seguimiento de las deficiencias y excepciones detectadas en relación con el control interno;

f)

la evaluación periódica del correcto funcionamiento del sistema de control interno.

a)

la ejecución de una estrategia adecuada de control y gestión del riesgo coordinada entre los agentes competentes que participen en la cadena de control;

b)

la accesibilidad, para todos los agentes competentes que participen en la cadena de control, de los resultados de los controles;

c)

la fundamentación, cuando proceda, en las declaraciones de gestión de los colaboradores en la ejecución, así como en los dictámenes de auditoría independientes, siempre que la calidad del trabajo subyacente sea adecuada y aceptable y que este se haya realizado de conformidad con las normas acordadas;

d)

la aplicación en tiempo oportuno de medidas correctoras, incluidas, en su caso, sanciones disuasorias;

e)

una legislación clara e inequívoca que fundamente las políticas de que se trate, incluidos actos de base sobre los elementos del control interno;

f)

la supresión de la multiplicidad de controles;

g)

la mejora de la relación coste-beneficio de los controles.

a)

sobre el perceptor: toda la información enumerada en el artículo 38, apartado 2, letras a), b) y c), y en el artículo 38, apartado 6, párrafo segundo, y, en el caso de una persona física, también la fecha de nacimiento;

b)

sobre la operación: toda la información enumerada en el artículo 38, apartado 2, letras d) y e), así como el identificador único de la operación;

c)

sobre el titular o los titulares reales del perceptor, cuando este no sea una persona física: el nombre, los apellidos, la fecha de nacimiento y el número de identificación a efectos del IVA o número de identificación fiscal si se dispone de esta información, u otro identificador exclusivo para el país.

a)

se garantiza la interoperabilidad con los sistemas informáticos y las bases de datos pertinentes, incluidos los de los Estados miembros, de modo que se pueda transferir automáticamente la información pertinente en tiempo real cuando sea posible, y se evite la duplicación de la presentación de información;

b)

los indicadores de riesgo que utiliza el sistema a que se refiere el apartado 2, letra d), del presente artículo son suficientemente uniformes, objetivos, proporcionados y necesarios para la evaluación de riesgos y se basan en fuentes de información fiables;

c)

el sistema a que se refiere el apartado 2, letra d), del presente artículo permite utilizar la inteligencia artificial para analizar e interpretar datos;

d)

el sistema a que se refiere el apartado 2, letra d), del presente artículo cumple los principios generales de protección de datos.

a)

utilizará únicamente indicadores de riesgo que sean objetivos, proporcionados, necesarios para la evaluación de riesgos y basados en fuentes de datos e información fiables;

b)

estará concebido para su uso en consonancia con los principios generales de la protección de datos —en particular, la minimización de los datos y la limitación del almacenamiento— aplicables al tratamiento de datos personales.

a)

si el perceptor es una persona física o jurídica;

b)

la denominación legal completa del perceptor si se trata de una persona jurídica y su número de identificación a efectos del IVA o número de identificación fiscal si se dispone de esta información, u otro identificador exclusivo establecido para el país; el nombre y los apellidos del perceptor si se trata de una persona física;

c)

la localidad del perceptor, a saber:

i) la dirección del perceptor, cuando este sea una persona jurídica,

ii) la región de nivel NUTS 2, cuando el perceptor sea una persona física y esté domiciliado en la Unión, o el país, cuando el perceptor sea una persona física y no esté domiciliado en la Unión;

d)

el importe comprometido y, si se trata de un compromiso con varios perceptores, el desglose del importe por perceptor cuando se disponga de esa información;

e)

la naturaleza y finalidad de la medida.

a)

las ayudas a la educación en favor de personas físicas y otras ayudas directas desembolsadas a las personas físicas en situación de extrema necesidad a que se refiere el artículo 194, apartado 4, letra b);

b)

los contratos de muy escasa cuantía adjudicados a los expertos seleccionados de conformidad con el artículo 242, apartado 2, así como los contratos de muy escasa cuantía por debajo del importe contemplado en el anexo I, apartado 14.4;

c)

las ayudas financieras prestadas a través de instrumentos financieros o garantías presupuestarias cuyo importe sea inferior a 500 000 EUR;

d)

los casos en los que la publicación pudiera comprometer los derechos y libertades de las personas o entidades en cuestión, tal como los protege la Carta, o perjudicar los intereses comerciales de los perceptores;

e)

los casos en los que las normas sectoriales específicas no exijan la publicación cuando el presupuesto se ejecute de conformidad con el artículo 62, apartado 1, párrafo primero, letra b).

a)

un cuadro comparativo que incluya el proyecto de presupuesto para las demás instituciones de la Unión y los estados de previsiones originales que las demás instituciones de la Unión enviaron a la Comisión y, en su caso, la motivación que justifique la inclusión, en el proyecto de presupuesto, de previsiones distintas de las elaboradas por otras instituciones de la Unión;

b)

cualquier otro documento de trabajo que se considere oportuno en relación con la plantilla de personal de las instituciones de la Unión, que muestre la plantilla de personal autorizada más reciente y que presente:

i) la totalidad del personal empleado por la Unión desglosado por tipos de contrato de trabajo,

ii) una exposición de la política en materia de puestos, personal externo y equilibrio de género,

iii) el número de puestos efectivamente cubiertos el último día del ejercicio precedente al ejercicio en el que se presente el proyecto de presupuesto y el promedio anual de equivalentes a tiempo completo efectivamente cubiertos para dicho ejercicio precedente, indicando su distribución por grados, por sexo y por unidades administrativas,

iv) un desglose de los puestos por política,

v) para cada categoría de personal externo, el número inicial previsto de equivalentes a tiempo completo basado en los créditos autorizados, así como el número de personas efectivamente ocupadas al principio del ejercicio en que se presente el proyecto de presupuesto, indicando su distribución por categorías y, cuando proceda, por grados;

c)

para los organismos de la Unión a que se refieren los artículos 70 y 71, un documento de trabajo en el que se presenten los ingresos y gastos, así como toda la información sobre el personal contemplada en el presente párrafo, letra b);

d)

un documento de trabajo sobre la ejecución planificada de los créditos en el ejercicio presupuestario, información sobre la ejecución de los ingresos afectados en el ejercicio anterior, incluida información sobre los importes prorrogados, y sobre los compromisos pendientes de liquidación;

e)

por lo que se refiere a los créditos para la administración, un documento de trabajo en el que se recojan los gastos administrativos que realizará la Comisión en virtud de su sección del presupuesto y un documento de trabajo sobre la política inmobiliaria de la Comisión, según se contempla en el artículo 272, apartado 1;

f)

un documento de trabajo sobre los proyectos piloto y las acciones preparatorias en el que se incluya asimismo una evaluación de los resultados y el seguimiento previsto;

g)

un documento de trabajo sobre la financiación de organizaciones internacionales que incluya:

i) un resumen de todas las contribuciones, con un desglose por programas o fondos de la Unión y por organización internacional,

ii) una justificación en la que se exponga por qué resulta más eficiente para la Unión financiar las organizaciones internacionales de que se trate que actuar directamente;

h)

declaraciones relativas al programa o cualquier otro documento pertinente que incluya:

i) una indicación sobre las políticas y objetivos de la Unión a cuya consecución va a contribuir el programa,

ii) una motivación clara de la intervención a escala de la Unión acorde, entre otros elementos, con el principio de subsidiariedad,

iii) los avances en la consecución de los objetivos del programa, según lo dispuesto en el artículo 33,

iv) una justificación completa, incluido un análisis de costes y beneficios, de las propuestas de modificación del importe de los créditos,

v) información sobre los niveles de ejecución del programa para el ejercicio en curso y el ejercicio presupuestario precedente;

i)

una ficha recapitulativa del calendario de pagos que resuma los pagos por programa y por rúbrica que quedan por liquidar en ejercicios posteriores para satisfacer los compromisos presupuestarios propuestos en el proyecto de presupuesto y consignados en ejercicios presupuestarios precedentes.

a)

una referencia a dicho instrumento financiero y a su acto de base, junto con una descripción general del instrumento, su repercusión en el presupuesto, su duración y el valor añadido de la contribución de la Unión;

b)

las instituciones financieras que participan en la aplicación, incluidas todas las cuestiones relacionadas con la aplicación del artículo 158, apartado 2;

c)

la contribución del instrumento financiero a la consecución de los objetivos del programa en cuestión, que se medirá mediante indicadores establecidos, incluida, cuando proceda, la diversificación geográfica;

d)

las operaciones previstas, incluidos los volúmenes que se persiguen basados en el objetivo de apalancamiento y el capital privado que se prevé movilizar o, cuando no sea posible, en el efecto del apalancamiento derivado de los instrumentos financieros existentes;

e)

las líneas presupuestarias correspondientes a las operaciones en cuestión y el conjunto de los compromisos y pagos presupuestarios con cargo al presupuesto;

f)

el período medio transcurrido entre el compromiso presupuestario relativo a los instrumentos financieros y los compromisos jurídicos correspondientes a los proyectos individuales en forma de capital o deuda, cuando dicho período sea superior a tres años;

g)

los ingresos y los reembolsos efectuados en virtud del artículo 212, apartado 3, presentados de manera separada, incluida una evaluación de su utilización;

h)

el valor de las inversiones en capital en relación con los ejercicios precedentes;

i)

el importe total de las provisiones para riesgos y pasivos, así como toda eventual información sobre la exposición de la Unión al riesgo financiero, incluido cualquier pasivo contingente;

j)

las pérdidas efectivas procedentes de activos y garantías cuyo pago se haya exigido, tanto en lo que se refiere al ejercicio precedente como a los importes acumulados respectivos;

k)

el rendimiento del instrumento financiero, incluidas las inversiones realizadas, el objetivo de apalancamiento y el apalancamiento logrado y el efecto multiplicador, así como el importe del capital privado movilizado;

l)

la dotación del fondo de provisión común y, en su caso, el saldo de la cuenta fiduciaria.

a)

una referencia a la garantía presupuestaria y a su acto de base, junto con una descripción general de la garantía presupuestaria, su repercusión en el pasivo financiero del presupuesto, su duración y el valor añadido de la ayuda de la Unión;

b)

las contrapartidas para la garantía presupuestaria, incluidas todas las cuestiones relacionadas con la aplicación del artículo 158, apartado 2;

c)

la contribución de la garantía presupuestaria a la consecución de sus objetivos, que se medirá mediante los indicadores establecidos, incluidas, cuando proceda, la diversificación geográfica y la movilización de recursos del sector privado;

d)

información sobre operaciones cubiertas por la garantía presupuestaria por sectores, países e instrumentos, incluidos, en su caso, las carteras y el apoyo combinado con otras acciones de la Unión;

e)

el importe transferido a los perceptores y una evaluación del apalancamiento logrado por los proyectos financiados al amparo de la garantía presupuestaria;

f)

información agregada sobre la misma base contemplada en la letra d) sobre las peticiones de ejecución de la garantía presupuestaria, las pérdidas, los rendimientos, los importes recuperados y cualquier otro pago recibido;

g)

el importe de la provisión para pasivos de cada garantía presupuestaria, y una evaluación de la idoneidad de la tasa de provisión y de la necesidad de reconstitución;

h)

la tasa de provisión efectiva del fondo de provisión común y, en su caso, las posteriores operaciones de conformidad con el artículo 216, apartado 4.

a)

la ejecución de los fondos fiduciarios, con información, entre otros aspectos, sobre los mecanismos de seguimiento con las entidades encargadas de dicha ejecución;

b)

los costes de gestión;

c)

las aportaciones procedentes de otros donantes que no sean la Unión;

d)

una evaluación preliminar de sus resultados sobre la base de las condiciones establecidas en el artículo 238, apartado 3;

e)

una descripción de la contribución de sus actividades a los objetivos establecidos en el acto de base del instrumento del que proceda la contribución de la Unión a los fondos fiduciarios.

a)

todos los gastos administrativos y de operaciones relacionados con las acciones exteriores de la Unión, incluidas las actividades de la PESC y de la política común de seguridad y defensa, financiados con cargo al presupuesto;

b)

los gastos administrativos globales del SEAE para el ejercicio precedente, desglosados en gastos por delegación de la Unión y gastos de la administración central del SEAE, junto con los gastos de operaciones, desglosados por zonas geográficas (regiones, países), áreas temáticas, delegaciones y misiones de la Unión.

a)

se indicará el número de puestos para cada grado en cada categoría y el número de puestos permanentes y temporales, incluidos los agentes contractuales y locales, autorizados dentro del límite de los créditos en cada una de las delegaciones de la Unión, así como en la administración central del SEAE;

b)

se indicará todo incremento o reducción, respecto del ejercicio presupuestario precedente, de los puestos por grado y categoría en la administración central del SEAE y en todas las delegaciones de la Unión;

c)

se indicará el número de puestos autorizados para el ejercicio presupuestario y para el ejercicio presupuestario precedente, así como el número de puestos ocupados por diplomáticos en comisión de servicio procedentes de los Estados miembros y por funcionarios de la Unión;

d)

se dará una descripción detallada de todo el personal en activo en las delegaciones de la Unión en el momento de la presentación del proyecto de presupuesto que incluya un desglose por zonas geográficas, sexo, países y misiones, distinguiendo entre los puestos que figuran en la plantilla de personal, los agentes contractuales, los agentes locales y los expertos nacionales en comisión de servicio, y de los créditos solicitados en el proyecto de presupuesto para estos otros tipos de personal con las correspondientes previsiones expresadas en términos de personal a tiempo completo que podría emplearse sobre la base de los créditos solicitados.

a)

gastos correspondientes al personal autorizado en la plantilla de personal, que incluirán un importe de créditos y un número de puestos de la plantilla correspondientes a dichos gastos;

b)

gastos correspondientes al personal externo y otros gastos a los que hace referencia el artículo 30, apartado 1, párrafo primero, letra b), financiados con cargo a la rúbrica «Administración» del marco financiero plurianual;

c)

gastos correspondientes a edificios y otros gastos conexos, entre ellos limpieza y mantenimiento, alquileres, telecomunicaciones, agua, gas y electricidad;

d)

gastos correspondientes a personal externo y asistencia técnica vinculados directamente a la ejecución de programas.

a)

el total de la remuneración negativa de depósitos;

b)

en caso de que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea anule o reduzca el importe de las multas, otras penalizaciones o sanciones en virtud del TFUE o del Tratado Euratom a que se refiere el artículo 108, apartado 1, cualquier interés u otra carga adeudada a las partes afectadas, incluida cualquier remuneración negativa relacionada con dichos importes.

a)

en el estado general de ingresos y gastos:

b)

en cada sección, los ingresos y los gastos según la misma estructura que la establecida en la letra a);

c)

en lo concerniente al personal:

d)

por lo que se refiere a la asistencia financiera y las garantías presupuestarias:

e)

por lo que se refiere a los instrumentos financieros que deban establecerse sin un acto de base:

f)

en lo concerniente a los fondos ejecutados por personas o entidades en virtud del artículo 62, apartado 1, párrafo primero, letra c):

g)

el importe total de los gastos de la PESC consignados en un capítulo titulado «PESC», con artículos específicos que cubran los gastos de la PESC y que contengan líneas presupuestarias específicas que identifiquen al menos cada una de las principales misiones.

a)

que no se vea afectado el volumen de los créditos de personal correspondiente a un ejercicio presupuestario completo;

b)

que no se rebase el límite del número total de puestos autorizados por plantilla de personal;

c)

que la institución u organismo de la Unión haya participado en una evaluación comparativa con otras instituciones y organismos de la Unión, de acuerdo con el análisis relativo al personal de la Comisión.

a)

los créditos destinados a proyectos piloto de carácter experimental cuyo objetivo sea comprobar la viabilidad de una acción y su utilidad;

b)

los créditos destinados a acciones preparatorias en el ámbito de aplicación del TFUE y del Tratado Euratom, cuyo objetivo sea preparar propuestas para la adopción de acciones futuras;

c)

los créditos destinados a medidas preparatorias en el ámbito del título V del TUE;

d)

los créditos destinados a acciones concretas, o de duración indeterminada, que lleve a cabo la Comisión en virtud de competencias derivadas de sus prerrogativas institucionales al amparo del TFUE y del Tratado Euratom, distintas de su poder de iniciativa legislativa para presentar propuestas como se contempla en la letra b) del presente apartado, así como las que efectúe al amparo de competencias específicas conferidas directamente por los artículos 154, 156, 159 y 160 del TFUE, el artículo 168, apartado 2, el artículo 171, apartado 2, y el artículo 173, apartado 2, del TFUE, el artículo 175, párrafo segundo, del TFUE, el artículo 181, apartado 2, del TFUE, el artículo 190 del TFUE, el artículo 210, apartado 2, y el artículo 214, apartado 6, del TFUE, y los artículos 70 y 77 a 85 del Tratado Euratom;

e)

los créditos destinados al funcionamiento de cada institución de la Unión, en virtud de su autonomía administrativa.

a)

de manera directa (gestión directa), conforme a lo dispuesto en los artículos 125 a 156, por medio de sus servicios, incluido su personal en las delegaciones de la Unión bajo la responsabilidad del jefe de delegación correspondiente, de conformidad con el artículo 60, apartado 2, o a través de las agencias ejecutivas a que se refiere el artículo 69;

b)

mediante gestión compartida con los Estados miembros (gestión compartida), conforme a lo dispuesto en los artículos 63 y 125 a 129;

c)

de manera indirecta (gestión indirecta), conforme a lo dispuesto en los artículos 125 a 152 y 157 a 162, cuando ello se contemple en el acto de base o en los casos a que se refiere el artículo 58, apartado 2, letras a) a d), delegando competencias de ejecución del presupuesto en:

a)

garantizando que las acciones financiadas mediante el presupuesto se ejecutan correcta y eficazmente y en cumplimiento de las normas sectoriales específicas aplicables;

b)

designando los órganos responsables de la gestión y el control de los fondos de la Unión, con arreglo al apartado 3, y supervisando dichos órganos;

c)

previniendo, detectando y corrigiendo las irregularidades y el fraude;

d)

cooperando, conforme al presente Reglamento y a las normas sectoriales específicas, con la Comisión, la OLAF, el Tribunal de Cuentas y, en lo que respecta a los Estados miembros participantes en la cooperación reforzada en virtud del Reglamento (UE) 2017/1939, con la Fiscalía Europea.

a)

crearán un sistema de control interno eficaz y eficiente, que, en su caso, podrá basarse en los controles digitales a que se refiere el artículo 36, apartado 11, y asegurarán su funcionamiento;

b)

utilizarán un sistema de contabilidad que proporcione a su debido tiempo información exacta, exhaustiva y fidedigna;

c)

comunicarán la información exigida en virtud de los apartados 5, 6 y 7;

d)

asegurarán la publicación a posteriori, de conformidad con el artículo 38, apartados 2 a 7.

a)

sus cuentas sobre los gastos efectuados, durante el período de referencia pertinente tal como se define en las normas sectoriales específicas, en el marco de la ejecución de sus tareas y presentados a la Comisión para su reembolso;

b)

un resumen anual de los informes de auditoría finales y de los controles realizados, incluido un análisis de la naturaleza y el alcance de los errores y deficiencias detectados en los sistemas, así como de las medidas correctoras adoptadas o previstas.

a)

la información está presentada correctamente y es exhaustiva y exacta;

b)

los gastos se efectuaron conforme a los fines previstos, tal como se definen en las normas sectoriales específicas;

c)

los sistemas de control establecidos garantizan la legalidad y la regularidad de las operaciones correspondientes.

a)

procederá al examen y a la aceptación de las cuentas de los organismos designados siguiendo procedimientos que aseguren la exhaustividad, la exactitud y la veracidad de las cuentas;

b)

excluirá de la financiación de la Unión los gastos correspondientes a desembolsos que se hayan efectuado contraviniendo el Derecho aplicable;

c)

interrumpirá los plazos de pago o suspenderá los pagos cuando lo prevean las normas sectoriales específicas.

a)

realizarán las tareas obligatorias previstas en su acto constitutivo o en otros actos jurídicos de la Unión;

b)

podrán, de conformidad con el artículo 66, realizar las tareas facultativas autorizadas por sus consejos de administración habida cuenta de la relación coste-beneficio y de los riesgos asociados para las partes implicadas.

a)

cubrirán todas las necesidades financieras de cada oficina europea para la ejecución de las tareas obligatorias previstas en su acto constitutivo o en otros actos legislativos de la Unión;

b)

podrán cubrir las necesidades financieras de las oficinas europeas para la ejecución de tareas que soliciten las instituciones de la Unión, los organismos de la Unión, otras oficinas europeas y las agencias establecidas por los Tratados o en virtud de ellos y que estén autorizadas de conformidad con el acto constitutivo de la oficina.

a)

recibir la delegación en la persona de su director por parte de las instituciones de la Unión, los organismos de la Unión y otras oficinas europeas, junto con una delegación de las competencias de ordenación de pagos en relación con los créditos consignados en la sección del presupuesto correspondiente a la institución de la Unión, organismo de la Unión u otra oficina europea;

b)

celebrar acuerdos ad hoc de nivel de servicio con instituciones de la Unión, organismos de la Unión, otras oficinas europeas o terceros.

a)

los ordenadores subdelegados y su personal reciban de manera periódica formación e información actualizadas y oportunas acerca de las normas de control, así como los métodos y técnicas disponibles al efecto;

b)

se adopten medidas, cuando sea necesario, para garantizar el funcionamiento eficaz y eficiente de los sistemas de control con arreglo a lo dispuesto en el apartado 2.

a)

la información contenida en el informe presenta una imagen fiel de la realidad;

b)

los recursos asignados a las actividades descritas en el informe han sido destinados a los fines previstos y han sido utilizados con arreglo al principio de buena gestión financiera, y

c)

los procedimientos de control establecidos ofrecen las garantías necesarias en lo que respecta a la legalidad y regularidad de las operaciones subyacentes.

a)

la correcta ejecución de los pagos, el cobro de los ingresos y el cobro de los títulos de crédito devengados;

b)

la preparación y presentación de las cuentas de acuerdo con el título XIII;

c)

la llevanza de la contabilidad según lo establecido en los artículos 82 y 84;

d)

el establecimiento de las normas y procedimientos de contabilidad, así como el plan contable, según lo establecido en los artículos 80 a 84;

e)

la definición y validación de los sistemas contables y, en su caso, la validación de los sistemas establecidos por el ordenador y destinados a suministrar o justificar datos contables;

f)

la gestión de la tesorería.

a)

en lo referente a los gastos:

b)

en lo referente a los ingresos:

c)

los compromisos pendientes de pago y los ingresos pendientes de recaudación, procedentes de ejercicios presupuestarios precedentes.

a)

la utilización de los créditos prorrogados y de los créditos del ejercicio presupuestario;

b)

la liquidación de los compromisos aún por liquidar.

a)

determina derechos por cobrar o emite órdenes de ingreso, compromete un gasto o firma una orden de pago sin atenerse a lo dispuesto en el presente Reglamento;

b)

omite constatar documentalmente un título de crédito, omite o retrasa la emisión de una orden de ingreso o retrasa la emisión de una orden de pago, comprometiendo con ello la responsabilidad civil de la institución de la Unión frente a terceros.

a)

la autoridad facultada para proceder a los nombramientos encargada de las cuestiones disciplinarias;

b)

el ordenador competente, incluidos los jefes de delegación de la Unión y los adjuntos que en su ausencia actúen como ordenadores subdelegados de conformidad con el artículo 60, apartado 2.

a)

un representante de la autoridad facultada para proceder a los nombramientos encargada de asuntos disciplinarios de la institución de la Unión, organismo de la Unión, oficina europea u órgano o persona de que se trate cuando el caso se ponga en conocimiento de la instancia de conformidad con el apartado 1, párrafo primero, letra a), o un representante del ordenador competente cuando el caso se ponga en conocimiento de la instancia de conformidad con el apartado 1, párrafo primero, letra b);

b)

un miembro designado por el Comité de Personal de la institución de la Unión, organismo de la Unión, oficina europea u órgano o persona de que se trate;

c)

un miembro del Servicio Jurídico de la institución de la Unión a la que pertenezca el miembro del personal de que se trate.

a)

extraviar o deteriorar cualesquiera fondos, valores o documentos bajo su custodia;

b)

modificar indebidamente cuentas bancarias o cuentas corrientes postales;

c)

efectuar cobros o pagos que no se ajusten a las órdenes de ingreso o de pago correspondientes;

d)

omitir el cobro de los ingresos adeudados.

a)

extraviar o deteriorar cualesquiera fondos, valores o documentos bajo su custodia;

b)

no poder justificar con la debida documentación los pagos efectuados;

c)

librar pagos en favor de personas que no fueren los derechohabientes;

d)

omitir el cobro de los ingresos adeudados.

a)

comprobará la existencia de la deuda;

b)

determinará o verificará la realidad y el importe de la deuda, y

c)

comprobará las condiciones de exigibilidad de la deuda.

a)

el título de crédito devengado sea cierto, en el sentido de que este no está sujeto a condiciones;

b)

el título de crédito devengado se haya fijado, con determinación exacta de su importe en dinero;

c)

el título de crédito devengado sea exigible y no esté sujeto a ningún plazo;

d)

los datos referentes al deudor sean correctos;

e)

el título de crédito se impute a la partida presupuestaria que corresponda;

f)

los documentos justificativos estén en orden, y

g)

se cumpla con el principio de buena gestión financiera, en particular por lo que respecta a los criterios contemplados en el artículo 101, apartado 2, párrafo primero, letras a) o b).

a)

la Unión ha devengado un título de crédito;

b)

si el pago de la deuda se produce dentro del plazo especificado en la nota de adeudo, no se aplicará ningún interés de demora;

c)

a falta de pago de la deuda dentro del plazo a que se refiere la letra b) del presente párrafo, la deuda generará intereses al tipo fijado en el artículo 99, todo ello sin perjuicio de la aplicación de disposiciones normativas específicas;

d)

a falta de pago de la deuda dentro del plazo a que se refiere la letra b), la institución de la Unión procederá al cobro, bien por compensación, bien mediante ejecución de cualquier garantía constituida por adelantado;

e)

el contable podrá, en circunstancias excepcionales, proceder al cobro por compensación antes de que venza el plazo a que se refiere la letra b), si ello es necesario para proteger los intereses financieros de la Unión, en el caso de que tenga motivos fundados para creer en la posibilidad de pérdida del importe adeudado a la Unión, y tras haber advertido previamente al deudor de los motivos del cobro por compensación y de la fecha del mismo;

f)

si, después de tomar todas las medidas contempladas en el presente párrafo, letras a) a e), no se ha podido proceder al cobro íntegro, la institución de la Unión procederá al cobro por ejecución forzosa del título de crédito, bien con arreglo al artículo 100, apartado 2, bien por vía contenciosa.

a)

en ocho puntos porcentuales si el hecho generador de la obligación es un contrato de suministro o un contrato de servicios;

b)

en tres puntos y medio porcentuales, en todos los demás casos.

a)

si el coste previsible de la recaudación supera el importe de los títulos de crédito por cobrar, siempre y cuando tal renuncia no perjudique la imagen de la Unión;

b)

si los títulos de crédito devengados no se pueden cobrar debido a su antigüedad, al retraso en el envío de la nota de adeudo en los términos definidos en el artículo 98, apartado 2, a la insolvencia del deudor o a cualquier otro procedimiento de insolvencia;

c)

si la recaudación vulnera el principio de proporcionalidad.

a)

la naturaleza de los hechos en consideración a la gravedad de la irregularidad que haya conducido al devengo del título de crédito (fraude, reincidencia, intencionalidad, diligencia, buena fe, error manifiesto);

b)

las consecuencias de la renuncia al cobro en el funcionamiento de la Unión y en sus intereses financieros (importes en cuestión, riesgo de sentar un precedente, menoscabo de la autoridad de las normas).

a)

el posible falseamiento de competencia que pudiera acarrear la renuncia al cobro del título de crédito;

b)

el perjuicio económico y social que pudiera dimanar del cobro total del título de crédito.

a)

se comprometa a pagar intereses al tipo previsto en el artículo 99 durante toda la moratoria de pago concedida, a partir de la fecha de vencimiento a que se refiere el artículo 98, apartado 4, párrafo primero, letra b);

b)

constituya, con el visto bueno del contable de la institución de la Unión, una garantía financiera que cubra tanto el principal como los intereses de la deuda aún por cobrar, a efectos de proteger los derechos de la Unión.

a)

los importes recaudados a título provisional y los rendimientos sobre estos se consignarán en el presupuesto de conformidad con el artículo 107, apartado 2;

b)

en caso de que se haya constituido una garantía financiera, esta deberá ejecutarse y los importes correspondientes deberán consignarse en el presupuesto.

a)

los importes recaudados a título provisional o, en caso de una reducción, la parte correspondiente de estos serán reembolsados al tercero afectado;

b)

en caso de que se haya constituido una garantía financiera, esta deberá liberarse en consecuencia.