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En fecha 16 de enero de 2025 tuvo entrada en la Inspección Fiscal de la Fiscalía General del Estado decreto de la Fiscal Superior de la Fiscalía de la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias por el que propone al Fiscal don Alfonso Morán Martínez como Fiscal Delegado contra los Delitos de Odio y Discriminación.

Hechos

Primero.

En Decreto del Fiscal General del Estado de fecha 15 de enero de 2025 y conforme a la solicitud de renuncia presentada por don Alberto Rodríguez Fernández, se acordó su cese como Fiscal Delegado Contra los Delitos de Odio y Discriminación en la Fiscalía de la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias. Dicha renuncia motivó que la Fiscal Superior ofertara entre todos los fiscales de la plantilla la plaza de fiscal delegado autonómico.

La plaza fue solicitada por las Ilustrísimas señoras M.ª Magdalena García Rodríguez e Inmaculada Rodríguez Montequín y por el Ilustrísimo señor Alfonso Morán Martínez, proponiendo la Fiscal Superior a este último teniendo en cuenta su currículum y su especial sensibilidad e interés en la materia y el propósito de evitar la concentración de las delegaciones en la sede de la capital dado que el fiscal propuesto desempeña su trabajo en la Adscripción Territorial de Langreo.

Segundo.

En su escrito de fecha 23 de enero de 2025, el Fiscal de Sala contra los Delitos de Odio y Discriminación emitió informe favorable a la propuesta realizada. En el mismo sentido informa el Consejo Fiscal (artículo 3.4 del Real Decreto 437/1983).

Fundamentos de Derecho

Primero.

El artículo 62.2 del Reglamento del Ministerio Fiscal aprobado por Real Decreto 305/2022, de 3 de mayo, establece que los Fiscales delegados especialistas, tanto autonómicos como provinciales, serán nombrados y, en su caso, relevados, mediante Decreto dictado por la persona titular de la Fiscalía General del Estado, a propuesta del Fiscal Jefe respectivo y previo informe del Fiscal de Sala Especialista o Delegado, precediendo a la resolución la audiencia del Consejo Fiscal.

En el mismo sentido la Instrucción 5/2008 de la Fiscalía General del Estado establece que los nombramientos y ceses de los fiscales delegados de especialidad irán precedidos de un trámite de audiencia del correspondiente Fiscal de Sala, quien podrá efectuar las consideraciones que estime pertinentes y, seguidamente se trasladará la propuesta al Fiscal General del Estado a través de la Inspección Fiscal.

Segundo.

Se han cumplido, por tanto, todos los trámites previstos para proceder al nombramiento interesado. Asimismo, la propuesta de la Fiscal Superior de la Fiscalía de la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias avala la idoneidad del candidato.

En consecuencia, vista la propuesta formulada, de conformidad con las previsiones del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal y haciendo propia la fundamentación de la propuesta, se acuerda:

Nombrar a don Alfonso Morán Martínez como Fiscal Delegado contra los Delitos de Odio y Discriminación en la Fiscalía de la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias.

Notifíquese lo acordado al Fiscal de Sala contra los Delitos de Odio y Discriminación y a la Fiscal Superior de la Fiscalía de la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias que trasladará copia del presente Decreto al fiscal interesado, poniéndolo en conocimiento de todos los fiscales de la plantilla.

Contra el presente Decreto, que pone fin a la vía administrativa de conformidad con lo dispuesto en el artículo 114 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, cabe interponer en el plazo de un mes recurso potestativo de reposición, a contar desde el día siguiente a su publicación, ante la Fiscalía General del Estado (calle Fortuny número 4 Madrid 28010) en los términos establecidos por el artículo 123 y concordantes de aquella ley o, alternativamente, recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, según lo establecido en los artículos 12.1 b) de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a su publicación, conforme a lo dispuesto en el artículo 46 de esa misma ley.

Madrid, 3 de febrero de 2025.–El Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz.