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La concesión administrativa para la construcción, conservación y explotación de la autopista de peaje R-2 de Madrid a Guadalajara, y de la circunvalación a Madrid M-50, subtramo desde la carretera N-II hasta la carretera N-I, se adjudicó por Real Decreto 1834/2000, de 3 de noviembre.
La sociedad concesionaria de la citada autopista se encuentra en proceso concursal, actualmente en trámite de liquidación, tras la resolución del contrato de concesión con fecha 13 de julio de 2018.
El Consejo de Ministros, en su reunión del día 18 de febrero de 2025, a propuesta del Ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, ha aprobado el Acuerdo por el que se aprueba la Resolución Complementaria para liquidar el contrato y determinar la responsabilidad patrimonial de la Administración (RPA) y en el que igualmente se ordena su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».
En consecuencia, resuelvo publicar en el «Boletín Oficial de Estado» el referido Acuerdo del Consejo de Ministros, que figura como anexo a esta resolución.
Madrid, 4 de marzo de 2025.–La Delegada del Gobierno en las Sociedades Concesionarias de Autopistas Nacionales de Peaje, Marta Elia Serrano Balbuena.
Antecedentes
Mediante Real Decreto 1834/2000, de 3 de noviembre, se adjudicó la concesión administrativa para la construcción, conservación y explotación de la autopista de peaje R-2, de Madrid a Guadalajara, y de la circunvalación a Madrid M-50, subtramo desde la carretera N-II hasta la carretera N-I, a la agrupación constituida por Grupo Dragados, Sociedad Anónima; Dragados Construcción, P.O., Sociedad Anónima; Acciona, Sociedad Anónima; Necso Entrecanales Cubiertas, Sociedad Anónima; Autopistas del Mare Nostrum, Sociedad Anónima, Concesionaria del Estado; Autopista Vasco-Aragonesa Concesionaria Española, Sociedad Anónima; y Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Madrid.
En cumplimiento del artículo 2 del Real Decreto 1834/2000, de 3 de noviembre, se constituyó la sociedad concesionaria «Autopista del Henares, SA, Concesionaria del Estado» (Henarsa), mediante escritura otorgada en Madrid el 19 de diciembre de 2000.
El 2 de febrero de 2001 se formalizó con «Autopista del Henares, SA, Concesionaria del Estado», la escritura del contrato de concesión administrativa.
Con fecha 17 de septiembre de 2013 se publicó en el Boletín Oficial el Estado el edicto, del Juzgado de lo Mercantil n.º 10 de Madrid, dando publicidad al auto judicial, de fecha de 5 de septiembre de 2013, por el que se declaró en concurso voluntario Autopista del Henares, SA, Concesionaria del Estado (procedimiento concursal ordinario número 545/2013).
El 18 de octubre de 2017 el referido Juzgado de lo Mercantil n.º10 de Madrid dictó auto de apertura de la fase de liquidación de «Autopista del Henares, SA, Concesionaria del Estado».
Con fecha de 1 de marzo de 2018, la Sociedad Estatal de Infraestructuras del Transporte Terrestre, S.M.E., SA (SEITTSA) asumió la explotación de la autopista.
Con fecha 13 de julio de 2018 el Consejo de Ministros acordó resolver el contrato de concesión administrativa y ordenar al Ministerio de Fomento (actualmente, Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible) que tramitase el expediente de liquidación del contrato, con la debida cuantificación del valor de la RPA.
Con fecha 3 de octubre de 2018, la entidad financiera Bankia, SA, presentó escrito solicitando personarse en el expediente de liquidación.
Con escrito de fecha 13 de noviembre de 2018, las entidades Titulización de Activos, S.G.F.T.S.A. y Kommunalkredit Austria AG, solicitaron que, en su condición de interesados se les tenga por personados en el expediente de liquidación.
Iniciado el procedimiento de liquidación y ante ciertas dificultades derivadas del gran número de documentos a disponer relacionados con la concesión, especialmente con los expedientes expropiatorios de la misma, se creyó oportuno, como diligencia previa, y para una mayor garantía de derechos, conceder a los interesados (administración concursal y avalistas) con fecha 15 de noviembre de 2018 un primer trámite de audiencia, con objeto de que pudiesen examinar la documentación existente y aportar aquella que estimasen necesaria para completar el expediente.
Con fecha 10 de diciembre de 2018, la administración concursal presentó escrito de alegaciones en el referido trámite de audiencia inicial.
Mediante escrito de fecha 22 de marzo de 2019 se reconoció la condición de interesados en el expediente a las entidades que son actualmente las titulares de la deuda financiera de la concesión (acreedores) y se les informó de cómo podían acceder a la documentación del expediente.
Con fecha 26 de abril de 2019, el Consejo de Ministros aprobó el Acuerdo de interpretación de determinados contratos de concesión de autopistas, en cuanto al método para calcular la «Responsabilidad Patrimonial de la Administración (RPA)».
Con fecha 6 de mayo de 2019, la Administración concursal presentó documentación para que fuera tenida en cuenta en el expediente.
Con fecha 20 de mayo de 2019, se solicitó a la Dirección General de Carreteras del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (actualmente, Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible), como unidad administrativa competente, que completara los cálculos necesarios para determinar la RPA.
El 4 de junio de 2020, Deutsche Bank AG London Branch, solicitó personarse en el expediente como parte interesada, señalando que tiene una posición acreedora frente a Henarsa y aportando documentación al respecto. El 15 de octubre de 2020 se admitió su personación y se puso a su disposición el expediente.
El 24 de noviembre 2020, la Dirección General de Carreteras remitió a la Delegación del Gobierno en las Sociedades Concesionarias de Autopistas Nacionales de Peaje la valoración de la RPA, una vez analizadas las alegaciones de los interesados en el trámite de audiencia inicial.
En enero y marzo de 2022, el Tribunal Supremo emitió varias sentencias (Sentencias números 83/2022 a 93/2022, de 28 de enero de 2022 y número 345/2022 de 16 de marzo de 2022) resolviendo recursos interpuestos contra el Acuerdo del Consejo de Ministros de 26 de abril de 2019, de interpretación de determinados contratos de concesión de autopistas, en cuanto al método para calcular la «Responsabilidad Patrimonial de la Administración» (RPA). Las sentencias estimaron en parte algunas pretensiones de los demandantes, lo que obligó a la modificación del procedimiento para el cálculo de la RPA para su adecuación a lo establecido en las sentencias.
Sobre la base del referido Acuerdo del Consejo de Ministros de 26 de abril de 2019, se adaptó el procedimiento establecido en el anexo del mismo, para el cálculo de la RPA, adoptando los criterios interpretativos establecidos por el Tribunal Supremo y elaborando un único documento que pudiera ser utilizado para dictar todos los nuevos acuerdos de liquidación de la RPA. Dicho documento («Anexo modificado del procedimiento para el cálculo de la RPA») fue informado favorablemente por la Abogacía del Estado con fecha 13 de julio de 2023 y remitido a la Dirección General de Carreteras, con fecha 19 de septiembre de 2023, con objeto de su consideración en las futuras resoluciones de liquidación.
El 8 de junio de 2023, la Dirección General de Carreteras remitió a la Delegación del Gobierno en las Sociedades Concesionarias de Autopistas Nacionales de Peaje una nueva valoración de la RPA, teniendo en cuenta la modificación del procedimiento para el cálculo de la RPA establecido tras las sentencias.
El 21 de junio de 2023 se notificó a los interesados la Propuesta de Primera Resolución acordada por Resolución de la Delegación del Gobierno en las Sociedades Concesionarias de Autopistas Nacionales de Peaje, con apertura del trámite de audiencia (artículo 82 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas).
El 12 de julio de 2023, se recibieron las alegaciones de la administración concursal.
Todas las alegaciones recibidas se remitieron la Dirección General de Carreteras, así como a la SEITT, a los efectos de su consideración y su posible repercusión en los cálculos de la RPA.
Todas las alegaciones fueron tenidas en cuenta para dictar la Primera Resolución de determinación de la RPA, incluso las que fueron presentadas fuera del plazo concedido para ello.
El 16 de noviembre de 2023, la Dirección General de Carreteras remitió a la Delegación del Gobierno en las Sociedades Concesionarias de Autopistas Nacionales de Peaje, su informe definitivo para la valoración de la RPA, una vez analizadas las alegaciones de los interesados en el trámite de audiencia.
Con fecha de 27 de noviembre de 2023, la Abogacía del Estado en el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (actualmente Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible) informó favorablemente el expediente.
El Consejo de Ministros, en su sesión de 27 de diciembre de 2023, aprobó la Primera Resolución del cálculo de la RPA de la autopista R-2 Madrid-Guadalajara, con un importe de RPA de –46.133.098,97 euros, reteniéndose provisionalmente 2.754.821,38 euros, resultando un importe a abonar a cuenta negativo de –48.887.920,35 euros. Al ser negativo el importe a abonar a cuenta, no se procedió al abono de ningún importe por el Tesoro.
Con fecha de 26 de enero de 2024, la administración concursal de Henarsa interpuso recurso de reposición contra la Resolución del Consejo de Ministros que aprueba la Primera Resolución de RPA.
Todos los motivos de recurso y alegaciones presentadas han sido tenidos en cuenta para dictar esta resolución.
El 27 de septiembre de 2024 se notificó a los interesados la Propuesta de Resolución Complementaria acordada por resolución de la Delegación del Gobierno en las Sociedades Concesionarias de Autopistas Nacionales de Peaje, con apertura del trámite de audiencia (artículo 82 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas).
El 14 de octubre de 2024 se recibieron las alegaciones de la administración concursal de Henarsa.
Todas las alegaciones recibidas se remitieron a la Dirección General de Carreteras, así como a la SEITT, a los efectos de su consideración y su posible repercusión en los cálculos de la RPA.
Todas las alegaciones han sido tenidas en cuenta para dictar esta resolución, incluso las que han sido presentadas fuera del plazo concedido para ello.
El 2 de diciembre de 2024, la Dirección General de Carreteras ha remitido a la Delegación del Gobierno en las Sociedades Concesionarias de Autopistas Nacionales de Peaje, su informe definitivo para la valoración de la RPA.
Remitido a la Abogacía del Estado en el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible el expediente, junto con la propuesta de este acuerdo, ha sido informado favorablemente con fecha de 18 de diciembre de 2024.
Fundamentos jurídicos
El contrato de concesión adjudicado a Henarsa se rige por la Ley 8/1972, de 10 de mayo, para la construcción, conservación y explotación de autopistas en régimen de concesión y, supletoriamente, por el Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas (TRLCAP).
Además, se aplican a la concesión su pliego de cláusulas administrativas particulares (Orden de 4 de febrero de 2000 y modificada por Orden de 5 de junio de 2000) y el Pliego de Cláusulas Generales para la construcción, conservación y explotación de autopistas en régimen de concesión, aprobado por el Decreto 215/1973, de 25 de enero.
La cláusula 35 del pliego de cláusulas administrativas particulares que rige la concesión establece que, en lo referente a la extinción de la concesión, deberá estarse a lo dispuesto en los artículos 32 y 34 de la Ley 8/1972, de 10 de mayo; a lo dispuesto en la Ley 13/1995, de Contratos de las Administraciones Públicas, y a la sección 3 del capítulo IX del pliego de cláusulas generales.
Esta resolución se dicta teniendo en cuenta el «Acuerdo de interpretación de determinados contratos de concesión de autopistas, en cuanto al método para calcular la «Responsabilidad Patrimonial de la Administración» (RPA)» (en adelante, Acuerdo de Interpretación), que el Consejo de Ministros aprobó con fecha 26 de abril de 2019 y adoptando las modificaciones necesarias para su adaptación a los criterios interpretativos establecidos en las sentencias del Tribunal Supremo números 83/2022 a 93/2022 y número 345/2022.
Siguiendo los criterios del referido acuerdo de interpretación debidamente adaptado a las citadas Sentencias y con la misma terminología que recoge el anexo modificado del procedimiento para el cálculo de la RPA, se han obtenido los siguientes valores, que se desglosan con mayor detalle en el anexo a este acuerdo:
A') RPA por obras: 89.799.274,81 euros.
B') RPA por expropiaciones: 40.724.580,19 euros.
C') Valor patrimonial de inversiones en obras y expropiaciones: 98.343.643,33 euros.
D') Minoración por expropiaciones: 145.777.134,12 euros.
E') Total por RPA: -47.433.490,79 euros.
F') Parte del total por RPA que se retiene provisionalmente hasta la liquidación de situaciones pendientes: 2.468.282,53 euros.
G') Resultado provisional del cálculo anterior:
Importe que se retiene provisionalmente: 2.468.282,53 euros.
Importe que se abona a cuenta: -49.901.773,32 euros.
G) Primera Resolución de determinación de la RPA (27 de diciembre de 2023):
Importe que se abona a cuenta: -48.887.920,35 euros.
H) Resolución Complementaria de determinación de la RPA: – 49.901.773,32 euros (no se resta el importe de la liquidación de la Primera Resolución pues fue negativo y no ha sido devuelto).
El importe para abonar a cuenta obtenido en la Primera Resolución aprobada el 27 de diciembre de 2023 fue de –48.887.920,35 euros. Una vez realizado el cálculo de esta Resolución Complementaria teniendo en cuenta los recursos de reposición formulados, y las novedades en expedientes expropiatorios, el importe a cuenta [15’] asciende a – 49.901.773,32 euros.
Este importe es menor al Importe que se abona a cuenta de la Primera Resolución ([15] = – 48.887.920,35 €).
No obstante, dado que el resultado de [15] (Primera Resolución aprobada el 27 de diciembre de 2023) fue negativo (–48.887.920,35 euros) y no ha sido entregado al Estado, no procede tomar en consideración ese importe,
En consecuencia, el Importe de la Resolución es negativo: –49.901.773,32 euros.
La Administración promoverá las acciones legales que procedan, en su caso, para reclamar el importe negativo que se fije en la Resolución Definitiva de determinación de la RPA.
Dado que el resultado del importe que debe abonarse a cuenta por esta Resolución Complementaria es negativo, no procede que el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible realice pago alguno, procediéndose al ajuste definitivo cuando se dicte la Resolución Definitiva, quedando retenido el importe correspondiente a las que aún no se han determinado de las situaciones pendientes.
Conforme al Acuerdo del Consejo de Ministros de 26 de abril de 2019, la Resolución Definitiva de determinación de la RPA se dictará en los seis meses siguientes a esta Resolución Complementaria y con la liquidación definitiva de las situaciones pendientes, quedando retenido el importe correspondiente a las que aún no se han determinado, en los términos previstos en el Acuerdo de Interpretación.
En consecuencia, en relación a la concesión administrativa de la que es titular Henarsa, una vez cumplida la tramitación establecida conforme a la legislación aplicable, y conforme al Acuerdo de interpretación de determinados contratos de concesión de autopistas, en cuanto al método para calcular la «Responsabilidad Patrimonial de la Administración», de 26 de abril de 2019, adaptado para el cumplimento de las sentencias del Tribunal Supremo números 83/2022 a 93/2022, de 28 de enero de 2022 y número 345/2022 de 16 de marzo de 2022; a propuesta del Ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, el Consejo de Ministros en su reunión del día 18 de febrero de 2025, acuerda:
Aprobar la Resolución Complementaria de determinación de la RPA del contrato de concesión administrativa para la construcción, conservación y explotación de la autopista de peaje R-2, de Madrid a Guadalajara, y de la circunvalación a Madrid M-50, subtramo desde la carretera N–II hasta la carretera N-I.
No proceder al abono a cuenta a la sociedad concesionaria de ninguna cantidad, dado que el importe que resulta del cálculo de la RPA es negativo.
La Administración promoverá las acciones legales que procedan, en su caso, para reclamar el importe negativo que se fije en la resolución definitiva de determinación de la RPA.
Ordenar al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible que, en el plazo de 6 meses desde la aprobación de esta Resolución Complementaria de determinación de la RPA, proceda a dictar la Resolución Definitiva de determinación de la RPA, con la liquidación complementaria de las situaciones pendientes, en los términos previstos en el Acuerdo de Interpretación.
Ordenar la publicación en el «Boletín Oficial del Estado» de este Acuerdo junto con su anexo I. Los restantes anexos se notificarán, junto con este acuerdo, a los interesados en el procedimiento.
Este acuerdo se completa con cinco anexos:
Anexo I. Valores aplicados para la determinación de la RPA.
Anexo II. Justificación de cálculos y respuesta a los motivos de recurso y las alegaciones.
Anexo III. Cumplimiento de las Sentencias del Tribunal Supremo.
Anexo IV. Resumen de Cálculos: Lista de fincas objeto de expropiación e importes a considerar computados conforme a la metodología del Acuerdo del Consejo de Ministros de 26 de abril de 2019 adaptado para el cumplimento de las sentencias del Tribunal Supremo números 83/2022 a 93/2022, de 28 de enero de 2022 y número 345/2022 de 16 de marzo de 2022.
Anexo V. Índices electrónicos autentificados de los documentos que componen el expediente.
Contra esta Resolución Complementaria cabrá interponer recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente a su notificación, sin perjuicio del recurso de reposición que, con carácter potestativo, pueda interponerse ante este Consejo de Ministros en el plazo de un mes, contado asimismo desde la recepción de la notificación.
En el cálculo que, a continuación se expresa se ha seguido el mismo orden de los sucesivos apartados del anexo del Acuerdo del Consejo de Ministros de 26 de abril de 2019, y adoptando las modificaciones necesarias para su adaptación a los criterios interpretativos establecidos en las sentencias del Tribunal Supremo números 83/2022 a 93/2022 y número 345/2022; reproduciendo en ellos los mismos parámetros y apartados tenidos en cuenta en la Primera Resolución si bien modificándolos –en consonancia con los cambios habidos– en los casos en los que se haya producido alguna variación en las situaciones que entonces se encontraban pendientes, pues lógicamente la resolución de alguna de las situaciones pendientes afecta y hace variar necesariamente algún apartado anterior.
La fecha de referencia para el cierre de datos para la Primera Resolución fue el 8 de mayo de 2023, y la fecha de referencia para el cierre de datos para esta Resolución Complementaria es el 2 de septiembre de 2024. De este modo, el resultado de la liquidación complementaria es la diferencia entre el cálculo así resultante y el de la Primera Resolución.
Conforme al Acuerdo de Interpretación, adaptado al cumplimiento de las Sentencias del Tribunal Supremo, para calcular la RPA se han aplicado estos valores:
A') RPA por obras.
[1']. Presupuesto de ejecución por contrata (PEC), IVA excluido, de las obras aprobadas por la Administración (si el importe realmente ejecutado fuese menor, se tomaría este). Con carácter general, se utilizará el valor neto, descontando la amortización lineal desde la fecha de inicio del cobro de peajes (salvo que de forma incuestionable pueda establecerse otra fecha distinta de puesta en servicio), hasta la fecha de inicio de la explotación por SEITT.
El valor [1'] es: 237.343.783,40 euros.
[2']. Presupuesto de ejecución por contrata (PEC), IVA excluido, de las modificaciones y obras complementarias aprobadas por la Administración (si el importe realmente ejecutado fuese menor, se tomaría este). Con carácter general, se utilizará el valor neto, descontando la amortización lineal desde la fecha en que las citadas modificaciones y obras complementarias fueron puestas en servicio o se inició el cobro del peaje asociado al nuevo tramo.
El valor [2'] es: 0,00 euros.
[3']. Presupuesto de ejecución por contrata (PEC), IVA excluido, de las obras adicionales resolución expresa dictada al amparo de la disposición adicional 41.ª de la Ley 26/2009, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2010. Con carácter general, se utilizará el importe del saldo aprobado y verificado al efecto por la Administración, en cumplimiento de las modificaciones concesionales aprobadas, en el último ejercicio antes del auto de apertura de la fase de liquidación, sin reducción por amortización.
El valor [3'] es: 89.799.274,81 euros.
[4']. Para determinar la RPA por obras, se compara [1'] + [2'] + [3'] con el límite de la RPA por obras ofertado, incrementado en el valor de [2'] + [3'], y se toma el mínimo. RPA por obras [4'] = mínimo {[1'] + [2'] + [3'], límite RPA por obras ofertado + [2'] + [3']}.
El valor [4'] es: 89.799.274,81 euros.
B') RPA por expropiaciones.
[5']. Justiprecios pagados a los expropiados por el concesionario, sin actualización, cuyo abono este suficientemente justificado. Se utilizará el valor neto, descontando la amortización, desde la fecha de inicio del cobro de peajes, hasta la fecha de inicio de la explotación por SEITT. Se incluirán los conceptos que tengan la consideración de Inversión (por ejemplo, intereses, salvo que hayan sido ya amortizados por el concesionario o le sean imputables a este por no haber abonado en plazo los importes debidos de los justiprecios, etc.). En el caso del 25 % por la omisión del trámite de información pública pagado por el concesionario se incluirá como inversión pero sin sujeción al régimen de amortización ni a los límites de la RPA. No se incluirán las que no tienen la consideración de inversión (costas procesales).
El valor [5'] es: 207.156.786,85 euros.
[6']. Justiprecios pagados a los expropiados por la Administración, sin actualización. Se utilizará el valor neto, descontando la amortización, desde la fecha de inicio del cobro de peajes, hasta la fecha de inicio de la explotación por SEITT. Se incluirán los conceptos que tengan la consideración de inversión (como intereses, salvo que hayan sido ya amortizados por el concesionario o le sean imputables a este por no haber abonado en plazo los importes debidos de los justiprecios). No se incluirán los que no tienen la consideración de inversión como las costas procesales o el 25 % por la omisión del trámite de información pública pagado por la Administración.
El valor [6'] es: 78.231.437,73 euros.
[7']. Justiprecios pendientes de pago. Incluye: justiprecios determinados en sentencia firme pendiente de cumplimiento; justiprecios pendientes de determinarse en un recurso en el que no se ha dictado sentencia firme (estimados por la Dirección General de Carreteras); justiprecios por expedientes expropiatorios suspendidos en virtud de convenio sobre cesión de aprovechamientos urbanísticos pero que puedan reanudarse (estimados por la Dirección General de Carreteras).
Se utilizará el valor neto, descontando la amortización desde la fecha de inicio del cobro de peajes, hasta la fecha de inicio de la explotación por SEITT. Se incluirán los conceptos que tengan la consideración de inversión (como intereses, salvo que hayan sido ya amortizados por el concesionario o le sean imputables a este por no haber abonado en plazo los importes debidos de los justiprecios, etc.). No se incluirán las que no tienen la consideración de inversión (costas procesales y 25 % por omisión del trámite de información pública).
El valor [7'] es: 1.561.027,74 euros.
[8']. Para determinar la RPA de las expropiaciones, se compara [5'] + [6'] + [7'] con el límite de la RPA de expropiaciones ofertado, y se toma el mínimo.
RPA por expropiaciones [8'] = mínimo {[5'] + [6'] + [7'], límite de la RPA por expropiaciones ofertado}.
El valor [8'] es: 40.724.580,19 euros.
C') Valor patrimonial de inversiones en obras y expropiaciones.
[9']. Suma de las inversiones necesarias para obtener, en la fecha en que SEITT comenzó a explotar la autopista, la perfecta entrega de las instalaciones en condiciones de normalidad o estado de conservación y funcionamiento adecuados. Si se trata de una obra que no se ejecutó por parte del concesionario, no se habrá añadido en los apartados [1'] a [3'] y, por tanto, no se incluirá en este.
El valor [9'] es: 32.180.211,67 euros
Valor patrimonial de inversiones en obras y expropiaciones [10'] = ([4'] + [8']) – [9'].
El valor [10'] es: 98.343.643,33 euros.
D') Minoración por expropiaciones.
[11']. Indemnizaciones pagadas a los expropiados de las que se haya hecho cargo la Administración, en virtud de resolución judicial, sin amortizar. Esto es, justiprecios, e intereses expropiatorios (no se incluirán costas judiciales ni el 25 % por omisión del trámite de información pública).
El valor [11'] es: 145.777.134,12 euros.
E') Total por RPA.
Total por RPA [12'] = [10'] - [11'].
El valor [12'] es: -47.433.490,79 euros.
F') Parte del total por RPA que se retiene provisionalmente hasta la liquidación de situaciones pendientes.
[13']. Indemnizaciones por expropiaciones pendientes de pago, de las que tendrá que hacerse cargo la Administración cuando se dicte sentencia firme, sin amortizar. Esto es, justiprecio, e intereses expropiatorios (estimados por la Dirección General de Carreteras).
El valor [13'] es: 2.468.282,53 euros.
[14']. Estimación de las indemnizaciones por reanudación de expedientes expropiatorios suspendidos en virtud de convenios de cesión de aprovechamientos urbanísticos, sin amortizar. En particular, justiprecio, e intereses expropiatorios (estimados por la Dirección General de Carreteras).
El valor [14'] es: 0,00 euros.
G') Resultado provisional del cálculo anterior.
Importe que se retiene provisionalmente: [13'] + [14'].
Se retiene la cantidad de 2.468.282,53 euros, es decir 286.538,85 euros menos que el importe anteriormente retenido en la Primera Resolución (que fue de 2.754.821,38 euros).
G) Primera Resolución de Determinación de la RPA.
El valor [15] es -48.887.920,35 euros.
H) Resolución Complementaria de determinación de la RPA.
El importe de [16] es: - 49.901.773,32 euros.
[16] Es el importe de - 49.901.773,32 euros.
No se resta el importe a cuenta de la Primera Resolución, dado que fue negativo (- 48.887.920,35 euros), y no ha sido devuelto, no procede tomar en consideración ese importe.
En consecuencia, el importe de la resolución es negativo: - 49.901.773,32 euros.
La Administración promoverá las acciones legales que procedan, en su caso, para reclamar el importe negativo que se fije en la Resolución Definitiva de determinación de la RPA.
Por tanto, no procede que el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible realice en los dos meses siguientes a este Acuerdo abono alguno, procediéndose al ajuste definitivo cuando se dicte la Resolución Definitiva de determinación de la RPA, con la liquidación definitiva, quedando retenido el importe correspondiente a las que aún no se han determinado de las situaciones pendientes.
I) Resolución Definitiva de determinación de la RPA.
Se dictará en los seis meses siguientes a la Resolución Complementaria y con la liquidación definitiva de las situaciones pendientes, quedando retenido el importe correspondiente a las que aún no se han determinado.
Si de la resolución resultara el pago [17] de parte de lo retenido, se sumará el interés correspondiente por retraso en la determinación de la RPA, devengado una vez transcurridos dos meses desde que se acordó la resolución del contrato de concesión hasta el día del pago. El tipo de interés aplicable será el establecido en la Ley de Presupuestos Generales del Estado, incrementado en 1,5 puntos.
No procede el cálculo de [17] en esta resolución.
J) Total de RPA reconocida y abonada: Pago [18] = [15] + [16] + [17].
No procede el cálculo de [18] en esta resolución.
K) Incautación de la garantía de construcción: Deberá considerarse lo que establezcan las distintas resoluciones judiciales del Tribunal Supremo sobre la cuestión.
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