Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

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El mercado interior es una piedra angular de la Unión. Desde sus inicios, ha resultado ser un impulsor fundamental del crecimiento, la competitividad y el empleo, y debe seguir redundando en beneficio de todos los ciudadanos y empresas por igual. Ha generado nuevas oportunidades y economías de escala para las empresas de la Unión, en particular para las microempresas, y las pequeñas y medianas empresas (pymes), y ha reforzado su competitividad industrial. El mercado interior ha contribuido a crear puestos de trabajo y ha aportado a los consumidores más variedad de productos y servicios de elevada calidad a precios más bajos. Sigue siendo un motor para el establecimiento de un mercado más integrado y una economía más sólida, más equilibrada y más justa. Constituye uno de los principales logros de la Unión y su mejor baza en un mundo cada vez más global, además de un elemento crucial para lograr una transformación ecológica y digital en pos de una economía sostenible, en respuesta a las crecientes presiones que ejerce el cambio climático.

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El mercado interior tiene que adaptarse continuamente a un entorno de revolución digital y globalización en permanente cambio. La nueva era de innovación digital sigue brindando oportunidades a las empresas y a los particulares, y crea nuevos productos, servicios, procesos y modelos empresariales, así como nuevas oportunidades para la elaboración eficiente de estadísticas de calidad. También constituye un reto en cuanto a regulación, garantía de cumplimiento, protección de los consumidores y seguridad.

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Una rama troncal del Derecho de la Unión sustenta el funcionamiento del mercado interior. Regula, en particular, la competitividad, la normalización, el reconocimiento mutuo, la evaluación de la conformidad, la protección de los consumidores y la vigilancia del mercado. También contiene normas relativas a las empresas, el comercio y las transacciones financieras, al ámbito de los vegetales, animales, alimentos y piensos, a la elaboración de estadísticas europeas y al fomento de la competencia leal. Esa rama troncal del Derecho de la Unión establece unas condiciones de igualdad que son esenciales para el funcionamiento del mercado interior en beneficio de los consumidores y de las empresas.

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Sin embargo, aún persisten barreras discriminatorias, injustificadas o desproporcionadas que impiden el funcionamiento adecuado del mercado interior, y están surgiendo nuevos obstáculos. Establecer normas es tan solo el primer paso, y hacer que funcionen es igual de importante. Los retos actuales relativos a la garantía de cumplimiento de la normativa vigente, los obstáculos a la libre circulación de mercancías y servicios y los bajos niveles de contratación pública transfronteriza limitan las oportunidades a disposición de las empresas y los consumidores. Abordar estas dificultades es, en última instancia, una cuestión de confianza de los ciudadanos en la Unión, en su capacidad de cumplir y en su habilidad para generar empleo y crecimiento al tiempo que protege el interés público.

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Con anterioridad, han existido distintos programas de acción de la Unión en los ámbitos de la competitividad de las empresas, en particular las pymes, la protección de los consumidores, los clientes y usuarios finales de servicios financieros, y la elaboración de políticas sobre servicios financieros y en el ámbito de los vegetales, animales, alimentos y piensos. Algunas actividades adicionales han sido financiadas directamente con cargo a las líneas presupuestarias del mercado interior. Ahora es necesario racionalizar y aprovechar las sinergias entre distintas acciones y proporcionar un marco más flexible, transparente, simplificado y ágil para financiar actividades destinadas a lograr un mercado interior sostenible que funcione adecuadamente. Por tanto, debe establecerse un nuevo programa que reúna actividades financiadas previamente con cargo a otros programas y a otras líneas presupuestarias pertinentes. Dicho programa debe incluir también nuevas iniciativas destinadas a mejorar el funcionamiento del mercado interior, evitando duplicidades con programas y acciones de la Unión relacionados.

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El desarrollo, la elaboración y la difusión de estadísticas europeas con arreglo al Reglamento (CE) n.o 223/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo (4) han sido objeto de un programa estadístico europeo distinto, establecido en virtud del Reglamento (UE) n.o 99/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo (5). Con el fin de preservar la continuidad en la elaboración y difusión de estadísticas europeas, el nuevo programa también debe incluir actividades cubiertas por el programa estadístico europeo anterior, por medio de un marco para el desarrollo, la elaboración y la difusión de dichas estadísticas con arreglo al Reglamento (CE) n.o 223/2009. El nuevo programa debe establecer el marco financiero para que la estadística europea proporcione datos europeos de calidad, comparables y fiables, que sirvan de base al diseño, la ejecución, el seguimiento y la evaluación de todas las políticas de la Unión. La independencia profesional es un requisito previo necesario para el desarrollo, la elaboración y la difusión de estadísticas europeas.

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Por tanto, procede establecer un programa para mejorar el funcionamiento del mercado interior, la competitividad y sostenibilidad de las empresas, en particular las pymes, la normalización, la vigilancia del mercado y la protección de los consumidores, para el ámbito de los vegetales, animales, alimentos y piensos, así como para las estadísticas europeas (Programa para el Mercado Único) (en lo sucesivo, «Programa»). El Programa debe establecerse por un período de siete años a fin de ajustar su duración a la del marco financiero plurianual para los ejercicios 2021 a 2027, establecido en el Reglamento (UE, Euratom) 2020/2093 del Consejo (6).

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El Programa debe apoyar el diseño, la aplicación y la garantía de cumplimiento de la legislación de la Unión que sustenta el funcionamiento adecuado del mercado interior. Debe impulsar la creación de las condiciones adecuadas para capacitar a todas las partes que intervienen en el mercado interior, incluyendo a las empresas, los ciudadanos, incluidos los consumidores y los trabajadores, los representantes de la sociedad civil y las autoridades públicas. Para ello, el Programa debe tener como objetivo impulsar la competitividad, el desarrollo de las capacidades y la sostenibilidad de las empresas, en particular de las pymes, también las que operan en el sector del turismo. La sostenibilidad de las empresas es importante para mantener su competitividad a largo plazo y contribuye a la transición hacia una Unión más sostenible desde el punto de vista económico, medioambiental y social, que debe ir de la mano de la digitalización y la participación en prácticas empresariales sostenibles. Asimismo, el Programa debe reforzar la garantía de cumplimiento de la normativa en materia de protección y seguridad de los consumidores. Debe también concienciar a las empresas y a los particulares de sus derechos, suministrándoles las herramientas, la información y la asistencia adecuadas para que adopten decisiones con conocimiento de causa y participen más en la elaboración de políticas de la Unión. Por otro lado, el Programa también debe tener como objetivo reforzar la cooperación normativa y administrativa, en particular por medio de programas de formación, el intercambio de las mejores prácticas y la creación de bases de conocimientos y competencias, también recurriendo a la contratación pública estratégica. El Programa debe asimismo perseguir apoyar el desarrollo a escala internacional y de la Unión de normas y procedimientos normativos de alta calidad, también a través de una amplia participación de las partes interesadas, que respalde la aplicación de la legislación de la Unión.

Debe abarcar el ámbito de la información financiera y la auditoría, para así contribuir a la transparencia y al buen funcionamiento de los mercados de capitales de la Unión, y a la mejora de la protección de los inversores. Otro de los objetivos del Programa debe ser apoyar la aplicación y la garantía de cumplimiento de la legislación de la Unión que prevé un elevado nivel de salud para las personas, los animales y los vegetales, la protección del bienestar de las personas y los animales y la seguridad de los alimentos y los piensos, al mismo tiempo que se respetan los principios del desarrollo sostenible y se garantiza un alto nivel de protección de los consumidores. Además, el Programa debe fomentar la elaboración de estadísticas europeas de calidad, conforme a los principios estadísticos establecidos en el Reglamento (CE) n.o 223/2009 y desarrollados con más detalle en el Código de buenas prácticas de las estadísticas europeas.

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Un mercado interior moderno, basado en los principios de equidad, transparencia y confianza mutua promueve la competencia y beneficia a los consumidores, las empresas y los trabajadores. Aprovechar mejor el mercado interior de los servicios, en permanente cambio, debería ayudar a las empresas de la Unión a crear empleo y a crecer en los mercados de otros países, a ofrecer una mayor variedad de servicios a mejores precios y a mantener unos niveles de exigencia elevados para los consumidores y los trabajadores. Para ello, el Programa debe contribuir a mejorar el seguimiento de la evolución del mercado interior, así como a detectar y eliminar las barreras injustificadas, discriminatorias o desproporcionadas que persistan y a garantizar que el marco regulador permita acoger todas las modalidades de innovación, también los avances y procesos tecnológicos recientes, los modelos empresariales de innovación en servicios y los de la economía colaborativa y social, la innovación social y la innovación no tecnológica.

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Se han eliminado obstáculos regulatorios en el mercado interior en relación con numerosos productos industriales por medio de mecanismos de prevención, la adopción de normas comunes y, cuando no existen tales normas en la Unión, a través del principio de reconocimiento mutuo. En ámbitos en los que no existe legislación de la Unión, se aplica el principio de reconocimiento mutuo con el resultado de que las mercancías que se comercializan lícitamente en un Estado miembro pueden circular libremente y ser vendidas en otro Estado miembro. Cuando el Estado miembro de que se trate tenga motivos para oponerse a la comercialización de las mercancías, podrá imponer una restricción, siempre que dicha restricción sea no discriminatoria, esté justificada por objetivos legítimos de interés público, como se establece en el artículo 36 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE), o la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea haya estimado que responde a una razón imperiosa de interés general, y sea proporcionada en relación con el objetivo perseguido. La aplicación inadecuada del principio de reconocimiento mutuo, por ejemplo la imposición de restricciones injustificadas o desproporcionadas, dificulta el acceso de las empresas a los mercados de otros Estados miembros. A pesar del alto grado de integración del mercado en el ámbito de las mercancías, esa situación hace que se pierdan oportunidades para el conjunto de la economía. Se espera que la adopción del Reglamento (UE) 2019/515 del Parlamento Europeo y del Consejo (7) potencie los beneficios económicos en este ámbito. El Programa debe consecuentemente tratar de mejorar la aplicación del principio de reconocimiento mutuo en el ámbito de las mercancías, aprovechando todo el potencial que ofrece. También debe tratar de reducir el número de mercancías ilegales y no conformes que entran en el mercado mediante campañas de concienciación y formación específicas, el apoyo a los puntos de contacto de productos a que se refiere el Reglamento (UE) 2019/515 y una mejor cooperación entre las autoridades competentes para el reconocimiento mutuo.

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Existen nuevos retos normativos y de garantía de cumplimiento que están relacionados con el entorno de revolución digital en permanente cambio y tienen que ver con cuestiones como la ciberseguridad, la protección de datos y la privacidad, el internet de las cosas o la inteligencia artificial y las normas éticas relacionadas. Es fundamental contar con unas normas estrictas en materia de seguridad de los productos y claridad en cuanto a la responsabilidad civil, con el fin de garantizar que los ciudadanos de la Unión, incluidos los consumidores, y las empresas puedan gozar de la protección adecuada en caso de daños. Por tanto, el Programa debería contribuir a la rápida adaptación y a una mejor garantía de cumplimiento de un régimen de la Unión de responsabilidad civil por productos defectuosos que fomente la innovación y garantice al mismo tiempo la seguridad y la protección de los usuarios.

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La introducción en el mercado de productos, también los importados de terceros países, no conformes con el Derecho de la Unión supone un riesgo para los ciudadanos, así como para los consumidores y otros usuarios finales. Los operadores económicos que venden productos conformes se enfrentan a una competencia falseada por parte de quienes incumplen las normas, bien por ignorancia, bien deliberadamente para obtener una ventaja competitiva, o como resultado de la fragmentación de la vigilancia del mercado en toda la Unión. Con frecuencia, las autoridades de vigilancia del mercado carecen de fondos suficientes y se ven limitadas por las fronteras nacionales, mientras que los emprendedores operan a nivel de la Unión o incluso mundial. En concreto, en el caso del comercio electrónico, las autoridades de vigilancia del mercado tienen grandes dificultades para rastrear los productos no conformes importados de terceros países a fin de identificar a los operadores económicos responsables dentro de su territorio.

También tienen grandes dificultades para efectuar evaluaciones y pruebas de riesgo debido a la falta de acceso físico a los productos. Por consiguiente, el Programa debe tratar de reforzar la conformidad de los productos difundiendo información sobre las normas aplicables de la Unión en materia de seguridad de los productos, intensificando los controles de cumplimiento con arreglo al Reglamento (UE) 2019/1020 del Parlamento Europeo y del Consejo (8) y promoviendo una cooperación transfronteriza más estrecha entre las autoridades garantes del cumplimiento. Asimismo, el Programa debe contribuir a la consolidación del marco vigente para las actividades de vigilancia del mercado, impulsar las acciones conjuntas entre autoridades de vigilancia del mercado de diferentes Estados miembros, mejorar el intercambio de información y promover tanto la convergencia como una mayor integración de las actividades de vigilancia del mercado. El Programa debe hacerlo, en particular, asegurándose de que los nuevos requisitos introducidos por el Reglamento (UE) 2019/1020 se apliquen estrictamente a fin de evitar la venta de productos no conformes a los consumidores y a otros usuarios finales. El Programa debe consecuentemente reforzar la capacidad de las autoridades de vigilancia del mercado en toda la Unión, contribuir a una mayor homogeneidad en la garantía del cumplimiento de las normas entre los Estados miembros y permitirles beneficiarse por igual del mercado interior en términos de crecimiento económico y sostenibilidad.

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El Programa no incluye objetivos ni acciones en apoyo de la protección de los derechos de propiedad intelectual e industrial; no obstante, conviene tener en cuenta que a menudo los productos falsificados no cumplen los requisitos establecidos en la legislación de la Unión en materia de seguridad de los productos y protección de los consumidores, y presentan riesgos para la salud y la seguridad de los consumidores, en particular cuando se compran en línea. Por tanto, el Programa debe potenciar las sinergias con otros programas de la Unión en el ámbito de la protección de los derechos de propiedad intelectual e industrial, en particular el Instrumento para equipo de control aduanero, establecido en virtud de un reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se establezca, como parte del Fondo para la Gestión Integrada de las Fronteras, el instrumento de apoyo financiero para equipo de control aduanero.

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Para facilitar la conformidad de categorías de productos armonizados con mayor riesgo inherente, la Unión ha creado un sistema de acreditación de los organismos de evaluación de la conformidad por el que se verifica su competencia, imparcialidad e independencia. Es fundamental que los organismos de evaluación de la conformidad sean fiables y competentes puesto que comprueban si los productos cumplen los requisitos de seguridad antes de su introducción en el mercado. A partir de ahora, el principal reto consiste en asegurar que el sistema de acreditación sea el más avanzado y que se aplique con el mismo rigor en toda la Unión. El Programa debe apoyar medidas destinadas a garantizar que los organismos de evaluación de la conformidad sigan cumpliendo sus requisitos normativos, como la imparcialidad e independencia, en concreto mediante el uso de la acreditación. Asimismo, el Programa debe apoyar también medidas para mejorar el sistema de acreditación europeo, en particular en nuevos ámbitos de las políticas, mediante el apoyo a la cooperación europea en materia de acreditación contemplada en el Reglamento (CE) n.o 765/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo (9).

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Dado que, con el desarrollo del comercio y los servicios de viajes en línea, los mercados de consumo no conocen fronteras, es importante garantizar que los consumidores que residen en la Unión puedan beneficiarse del mismo alto nivel de protección cuando se importan mercancías y servicios procedentes de operadores económicos radicados en terceros países, también si se adquieren en línea. Por tanto, el Programa debe permitir el apoyo a la cooperación con organismos pertinentes radicados en terceros países cuando sea necesario, por ejemplo, en lo que respecta al intercambio de información sobre productos no conformes.

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Las autoridades públicas recurren a la contratación pública para garantizar una rentabilización óptima del dinero público gastado y para contribuir al establecimiento de un mercado interior más innovador, sostenible, inclusivo y competitivo. Ello incluye la aplicación de criterios de evaluación que no solo determinen la oferta económicamente más rentable, sino también la más ventajosa en términos de optimización del valor público, al adjudicar las licitaciones en función de la «mejor relación calidad-precio». Para que sea conforme con el Derecho de la Unión aplicable, deben tomarse en consideración los aspectos medioambientales, de comercio justo y sociales, y debe promoverse la división en lotes de las licitaciones relativas a grandes infraestructuras. Las Directivas 2014/23/UE (10), 2014/24/UE (11) y 2014/25/UE (12) del Parlamento Europeo y del Consejo proporcionan el marco jurídico para la integración y el funcionamiento eficaz de los mercados de contratación pública, que representan el 14 % del producto interior bruto de la Unión, para beneficio de las autoridades públicas, las empresas y los ciudadanos, incluidos los consumidores. Si se aplican adecuadamente, las normas de contratación pública son un instrumento fundamental para reforzar el mercado interior y estimular el crecimiento de las sociedades y el empleo en la Unión. Por tanto, el Programa debe apoyar medidas destinadas a garantizar un uso más extendido de la contratación pública estratégica, la profesionalización de los compradores del sector público, la simplificación y la mejora del acceso de las pymes a los mercados de contratación pública, en particular a través de servicios de asesoramiento y formación, un aumento de la transparencia, integridad y calidad de los datos, el impulso de la transformación digital de la contratación pública y el fomento de la contratación pública conjunta, todo ello mediante el fortalecimiento de un enfoque de colaboración con los Estados miembros, las mejoras en la recogida y análisis de datos, incluso a través del desarrollo de herramientas informáticas especializadas, así como el apoyo al intercambio de experiencias y buenas prácticas, la referencia a las normas europeas e internacionales, la impartición de orientaciones, la celebración de acuerdos comerciales ventajosos, el refuerzo de la cooperación entre autoridades nacionales y la puesta en marcha de proyectos piloto.

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Con el fin de cumplir los objetivos del Programa y de facilitar la vida a los ciudadanos y las empresas, es necesario crear unos servicios públicos de alta calidad centrados en el usuario, cada vez más digitalizados y plenamente accesibles. Asimismo, es necesario impulsar los esfuerzos en materia de administración electrónica y de gobierno electrónico con unas garantías adecuadas de protección de datos y privacidad. Ello implica que las administraciones públicas consecuentemente se involucren en la creación de esos servicios públicos conjuntamente con los ciudadanos y las empresas. Además, el aumento continuo y sostenido de actividades transfronterizas en el mercado interior hace necesario disponer de información actualizada, precisa y fácil de entender sobre los derechos de las empresas y los ciudadanos. Esto supone que se tenga que presentar información simplificada que explique los trámites administrativos. Asimismo, es fundamental proporcionar asesoramiento jurídico y ayudar a resolver los problemas que se plantean a nivel transnacional. Para la consecución de dichos objetivos debe además prestarse apoyo a las autoridades públicas mediante, por ejemplo, la interconexión de las administraciones nacionales de manera simple y eficaz, el aporte de información y la promoción de los intercambios de información en torno a cómo funciona el mercado interior sobre el terreno. Las herramientas existentes de gobernanza del mercado interior ya desempeñan un papel importante a este respecto y deben seguir reforzándose en cuanto a calidad, visibilidad, transparencia y fiabilidad. Así pues, el Programa debe apoyar las siguientes herramientas existentes de gobernanza del mercado interior: el portal «Tu Europa», que debe convertirse en la columna vertebral de la futura pasarela digital única, «Tu Europa – Asesoramiento», SOLVIT, el Sistema de Información del Mercado Interior y el Cuadro de indicadores del mercado único.

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El Programa debe apoyar el desarrollo del marco regulador de la Unión en los ámbitos del Derecho de sociedades, la gobernanza empresarial y el Derecho contractual, con vistas a lograr que las empresas, en particular las pymes, sean más eficientes y competitivas, sin dejar de proteger a las partes interesadas que resulten afectadas por las operaciones mercantiles, y con vistas a reaccionar a los retos que surjan en materia de políticas. También debe garantizar la evaluación, aplicación y garantía de cumplimiento adecuadas del acervo pertinente, informar y ayudar a las partes interesadas y promover el intercambio de información en este ámbito. El programa debe, asimismo, apoyar las iniciativas de la Comisión en favor de un marco jurídico claro y adaptado para la economía de los datos y la innovación. Estas iniciativas son necesarias para mejorar la seguridad jurídica con respecto a las obligaciones contractuales y extracontractuales, en particular por lo que respecta a la responsabilidad civil, la seguridad, la ética y la privacidad en el contexto de las tecnologías emergentes, como el internet de las cosas, la inteligencia artificial, la robótica y la impresión en 3D. El Programa debe tratar de estimular el desarrollo de los negocios basados en datos, ya que estos serán decisivos para el rendimiento de la economía de la Unión en la competencia mundial.

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El Programa también debe promover la implantación y aplicación correcta y plena por los Estados miembros del marco jurídico de la Unión para la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, y el desarrollo de políticas futuras para abordar nuevos retos en esos ámbitos. Asimismo, debe apoyar las actividades pertinentes de las organizaciones internacionales de interés europeo, como el Comité de expertos sobre evaluación de medidas contra el blanqueo de dinero y la financiación del terrorismo, del Consejo de Europa.

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El objetivo de realizar y desarrollar el mercado interior en el ámbito de los servicios financieros, la estabilidad financiera y la unión de los mercados de capitales, incluidas las finanzas sostenibles, depende en gran medida de las medidas estratégicas basadas en datos contrastados adoptadas por la Unión. Con el fin de alcanzar este objetivo, la Comisión debe desempeñar un papel activo en el seguimiento constante de los mercados financieros y la estabilidad financiera, evaluando la aplicación de la legislación de la Unión por parte de los Estados miembros, valorando si la legislación vigente es adecuada para el fin perseguido y, cuando surjan nuevos riesgos, detectando posibles ámbitos de actuación, todo ello con la participación permanente de las partes interesadas a lo largo de todo el ciclo estratégico. Estas actividades se basan en la elaboración de análisis, estudios, materiales de formación, encuestas, evaluaciones de conformidad, valoraciones y estadísticas de calidad, y se apoyan en sistemas informáticos y herramientas de comunicación.

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El TFUE incluye un sistema de normas que garantiza que no se falsee la competencia en el mercado interior. El Programa debe contribuir a la política de competencia de la Unión, entre otros medios, mejorando y reforzando la cooperación con las redes y con las autoridades y órganos jurisdiccionales nacionales, e impulsando la cooperación internacional, así como velando por que llegue a un grupo más amplio de interesados la comunicación y la explicación de los derechos, ventajas y obligaciones de la política de competencia de la Unión. El Programa también debe ayudar a mejorar el análisis y la evaluación de la evolución del mercado, incluso mediante el uso de investigaciones sectoriales y otras herramientas de investigación de mercado, así como mediante un intercambio sistemático de información y de mejores prácticas en el marco de la Red Europea de Competencia. Esto debe contribuir a una competencia leal y una igualdad de condiciones, también a escala mundial, y a dotar a las empresas, en particular a las pymes, y a los consumidores de la capacidad que necesitan para aprovechar el mercado interior.

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En particular, el Programa tiene que gestionar las implicaciones radicales para la competencia y el funcionamiento del mercado interior que se derivan de la transición ecológica y digital en curso del entorno económico y empresarial, en concreto a través del crecimiento exponencial de la cantidad de datos y de su utilización, teniendo en cuenta el recurso creciente a la inteligencia artificial, los algoritmos basados en macrodatos y otras herramientas y logros informáticos por las sociedades. Es esencial, asimismo, que el Programa apoye a las redes y fomente una cooperación mayor y más profunda con los Estados miembros y sus autoridades y órganos jurisdiccionales, dado que la competencia no distorsionada y el funcionamiento del mercado interior dependen enormemente de la actuación de estas entidades. Habida cuenta del particular papel que desempeña la política de competencia en la prevención del daño al mercado interior que resulta de la conducta anticompetitiva fuera de las fronteras de la Unión, el Programa también debe fomentar la cooperación con las autoridades de terceros países, según corresponda. Por último, es necesario ampliar las actividades de divulgación, para que un número mayor de ciudadanos y empresas aprovechen al máximo las ventajas de una competencia leal en el mercado interior. Esto debería apoyar los esfuerzos para demostrar mejor a los ciudadanos de la Unión los beneficios de la política de competencia de la Unión, incluso entablando una relación con representantes de grupos de la sociedad civil y con las partes interesadas pertinentes. Previsiblemente será necesaria flexibilidad en la ejecución de la parte del Programa dedicada a la competencia para responder a las necesidades cambiantes que se ven afectadas por la evolución dinámica y rápida de las condiciones de competencia en el mercado interior, difíciles de estimar en términos de ritmo y magnitud. Esto se refiere, en particular, a los avances relacionados con la digitalización, la inteligencia artificial, los algoritmos, los macrodatos, la ciberseguridad y la tecnología forense.

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Es fundamental reforzar la competitividad y la sostenibilidad de las empresas de la Unión, al tiempo que se garantizan unas condiciones efectivas de igualdad y un mercado interior abierto y competitivo. Las pymes son el motor de la economía de la Unión. Constituyen el 99,8 % del total de las empresas en la Unión, generan dos tercios del empleo y contribuyen considerablemente a la creación de nuevos puestos de trabajo de calidad de dimensión regional y local en todos los sectores y, por tanto, a la creación de cohesión social. Las pymes son fundamentales para modernizar la industria y para la transformación ecológica y digital de la economía, incluida la consecución de la neutralidad climática. Por consiguiente, el Programa debe apoyar sus esfuerzos por aumentar la eficiencia en el uso de los recursos y por desarrollar productos y servicios de alta calidad respetuosos con el medio ambiente. De esta forma, el Programa debe contribuir también a mejorar la competitividad de las pymes en el mercado mundial.

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Las pymes comparten retos comunes que no afectan en la misma medida a las grandes empresas. Entre esos retos comunes figuran conseguir financiación, contratar mano de obra cualificada, reducir su carga administrativa, asimilar la creatividad y la innovación, entre otros medios a través de la contratación pública, y acceder a los mercados mundiales y a las cadenas de valor para desarrollar sus actividades de internacionalización. El Programa debe abordar estas deficiencias del mercado de manera proporcionada, sin falsear indebidamente la competencia en el mercado interior. El Programa también debe tener en cuenta las necesidades particulares de tipos específicos de pymes, como las microempresas, las pymes dedicadas a servicios y las pymes dedicadas a actividades artesanales, así como las pymes compuestas por trabajadores autónomos, los profesionales liberales y las empresas de la economía social. Las empresas de la economía social en la Unión incluyen diferentes tipos de empresas y entidades pertenecientes a la economía social, como cooperativas, mutualidades, asociaciones sin ánimo de lucro, fundaciones, empresas sociales y otras formas de empresa. Dado que su principal objetivo es crear un valor compartido y un impacto social para las personas más que la obtención de beneficios, pueden actuar como motor de innovación social, gobernanza transparente y solidaridad, reinvirtiendo la mayoría de sus beneficios o excedentes en sus objetivos. También debe prestarse atención a las necesidades particulares de los potenciales nuevos emprendedores, como los emprendedores jóvenes y las emprendedoras, las personas mayores y las personas con discapacidad.

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El Programa debe tener en cuenta a las pymes, tal como se definen en la Recomendación 2003/361/CE de la Comisión (13). Para la aplicación del presente Reglamento por lo que respecta a las pymes, la Comisión debe consultar a todas las partes interesadas pertinentes, incluidas las organizaciones públicas y privadas que representan a las pymes y las organizaciones de promoción del comercio de los Estados miembros.

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El Programa debe apoyar y promover una cultura de la innovación, desarrollando ecosistemas industriales capaces de favorecer la creación de empresas y el crecimiento de las pymes, centrándose en todas las pymes capaces de responder a los retos de la transición ecológica y digital y de un entorno cada vez más competitivo y dinámico. El Programa debe tratar de apoyar el proceso de adopción de innovaciones mediante la promoción de nuevos modelos empresariales colaborativos, la creación de redes y la puesta en común de conocimientos y recursos, entre otros medios, a través de acuerdos de colaboración europeos entre agrupaciones empresariales y organizaciones de redes empresariales.

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Al establecer los programas de trabajo para prestar apoyo a las pymes, deben tenerse en cuenta las disposiciones estratégicas de la estrategia para las pymes y de la iniciativa en favor de las pequeñas empresas (Small Business Act), así como el contexto en el que operan las pymes, tal como se describe en la evaluación del rendimiento de las pymes. Asimismo, debe prestarse atención a la red de representantes para las pymes.

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Muchos de los problemas de competitividad que tiene la Unión están relacionados con las dificultades que afrontan las pymes para obtener acceso a financiación. Dichas dificultades surgen porque las pymes tienen que esforzarse por demostrar su solvencia y no disponen de activos suficientes como garantía en licitaciones (es decir, depósitos/fianzas), o porque tienen un escaso conocimiento de los mecanismos existentes destinados a apoyar sus actividades a nivel de la Unión, nacional o local. Otros retos de financiación surgen de la necesidad de las pymes de seguir siendo competitivas mediante la participación, entre otras, en actividades de adopción de innovaciones, digitalización e internacionalización, así como en la capacitación y reconversión de su mano de obra. El acceso limitado a la financiación tiene un efecto negativo en la tasa de creación, crecimiento y supervivencia de las empresas, así como en la disposición de los nuevos emprendedores para hacerse cargo de sociedades viables en el contexto de una sucesión empresarial.

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La falta de cualificaciones es un obstáculo importante para el crecimiento empresarial en la Unión. Para fomentar el espíritu de emprendimiento en la Unión y apoyar el crecimiento de las pymes y su transición digital y ecológica, el Programa debe promover y facilitar el acceso de las pymes a los sistemas de capacitación y tutorización, y en particular el desarrollo de capacidades tecnológicas, empresariales y de gestión. De este modo, la Comisión debería coordinarse con las iniciativas emprendidas en otros programas de la Unión, nacionales y regionales para aumentar las sinergias y evitar duplicidades.

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Para subsanar las deficiencias del mercado y para garantizar que las pymes, incluidas las empresas emergentes y las empresas emergentes en expansión, sigan desempeñando su papel como base de la competitividad de la economía de la Unión, las pymes necesitan recibir más ayuda en forma de instrumentos de deuda y de capital creados en el marco del eje de actuación para pymes del Fondo InvestEU establecido mediante el Reglamento (UE) 2021/523 del Parlamento Europeo y del Consejo (14). El Instrumento de Garantía de Préstamo, establecido mediante el Reglamento (UE) n.o 1287/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo (15), presenta un valor añadido demostrado y se espera que aporte una contribución positiva a 500 000 pymes como mínimo. Podría incidirse más en aumentar el conocimiento de la disponibilidad del Programa para las pymes de InvestEU por parte de sus posibles beneficiarios.

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Las acciones en el marco del Programa deben tratar de alcanzar sus objetivos estratégicos no solo mediante subvenciones, sino también facilitando el acceso a instrumentos financieros y garantías presupuestarias creadas en el marco del eje de actuación para pymes del Fondo InvestEU y deben reforzar sinergias con otros programas de la Unión. Todas las acciones deben tener un claro valor añadido de la Unión.

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El Programa debe proporcionar ayuda eficaz a las pymes a lo largo de todo su ciclo de vida, prestando una asistencia que abarque desde la ayuda a las pymes para encontrar socios en proyectos conjuntos hasta la comercialización y el acceso al mercado, el desarrollo de capacidades y el fomento de la cooperación entre agrupaciones empresariales y organizaciones de redes empresariales. Debe apoyar también la transición ecológica y digital de las pymes y aprovechar los conocimientos y experiencia únicos desarrollados con respecto a las pymes, así como la amplia experiencia de colaboración con las partes interesadas regionales, nacionales y de la Unión. Esa ayuda debe basarse en la experiencia de la Red Europea para las Empresas como ventanilla única, para mejorar la competitividad de las pymes y desarrollar su negocio en el mercado interior y fuera de él. Dicha red sigue prestando servicios en nombre de otros programas de la Unión, en particular Horizonte Europa, establecido mediante el Reglamento (UE) 2021/695 del Parlamento Europeo y del Consejo (16), utilizando los recursos financieros de esos programas. La Red también debe facilitar una mayor participación de las pymes en la preparación de las iniciativas relativas a la política del mercado interior, por ejemplo en lo tocante a contratación pública y los procesos de normalización. La Red debe mejorar la cooperación con los centros europeos de innovación digital del Programa Europa Digital, establecidos mediante el Reglamento (UE) 2021/694 del Parlamento Europeo y del Consejo (17), y el centro de asesoramiento InvestEU. Además, el exitoso programa de tutorización «Erasmus para Jóvenes Emprendedores» debe seguir siendo la herramienta que permita a los emprendedores nuevos o aspirantes adquirir experiencia empresarial y de gestión mediante su puesta en relación con un emprendedor experimentado de otro país y las enseñanzas de este, para reforzar así su talento empresarial. El Programa debe ampliar la cobertura geográfica y ofrecer a los emprendedores una gama más amplia de posibilidades de puesta en relación, en complementariedad con otras iniciativas de la Unión cuando proceda.

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Se deben realizar esfuerzos adicionales para reducir la carga administrativa y mejorar la accesibilidad a las iniciativas del Programa reduciendo los costes para las pymes de los complicados procedimientos de solicitud y los requisitos de participación. En este contexto, la Red debe ser el principal punto de información para las pymes interesadas en acceder a los fondos de la Unión, funcionar como ventanilla única y proporcionarles orientación adecuada. Es importante partir de la experiencia de las actuales medidas de apoyo a las pymes, al mismo tiempo que se mantiene una apertura a su adaptación habida cuenta de las cambiantes condiciones en las que operan las pymes en el mercado interior, en particular por lo que respecta a la digitalización y la carga normativa.

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Dado que las agrupaciones empresariales ofrecen un entorno empresarial favorable y resiliente, constituyen una herramienta estratégica de apoyo a la competitividad y la expansión de las pymes. Pueden facilitar la transición ecológica y digital de la industria, incluidos los servicios, y reforzar el desarrollo económico de las regiones mediante la creación de crecimiento y empleo. Es importante que las iniciativas conjuntas de agrupaciones empresariales alcancen una masa crítica puesto que esto acelerará el crecimiento de las pymes. Conectando ecosistemas industriales especializados, las agrupaciones empresariales crean nuevas oportunidades empresariales para las pymes y las integran mejor en las cadenas de valor estratégicas de la Unión y mundiales. Debe prestarse ayuda al desarrollo de estrategias de colaboración transnacionales e interregionales, y a la realización de actividades conjuntas, con el apoyo de la Plataforma Europea sobre colaboración en agrupaciones y su Centro Europeo de Conocimiento sobre Utilización Eficiente de los Recursos. La ayuda también debe incluir el apoyo a las pymes para asociarse con pymes de terceros países. Debe fomentarse la colaboración sostenible manteniendo la financiación si se alcanzan hitos de rendimiento y participación. El apoyo directo a las pymes debe canalizarse por medio de organizaciones de agrupaciones empresariales en los casos siguientes: fomento de la adopción de tecnologías avanzadas, nuevos modelos empresariales, soluciones hipocarbónicas y eficientes en el uso de recursos, creatividad y diseño, mejora de capacidades, atracción de talento, aceleración del emprendimiento e internacionalización. Conviene que otros actores especializados en apoyar a las pymes se asocien a ese apoyo directo a las pymes con el fin de facilitar la transformación industrial y la implantación de estrategias de especialización inteligente. Por tanto, el Programa debe contribuir a los centros de innovación, en particular los centros de innovación digital, y establecer vínculos con ellos, y a las inversiones de la Unión realizadas en el marco de la política de cohesión y de Horizonte Europa. También se podrían explorar las sinergias con el Programa Erasmus+, establecido mediante el Reglamento (UE) XXXX/XXX del Parlamento Europeo y del Consejo (18).

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El Programa debe contribuir a reforzar la relación de las empresas, en particular las pymes, con las universidades, los centros de investigación y otras instituciones relacionadas con la creación y difusión de conocimientos. Esta relación puede ayudar a mejorar la capacidad de las empresas para abordar los desafíos estratégicos que plantea el nuevo entorno internacional.

(36)

Las pymes, debido a su menor tamaño, se enfrentan a obstáculos específicos al crecimiento. Les resulta especialmente difícil crecer y expandir algunas de sus actividades empresariales. Sobre la base del éxito y de las lecciones aprendidas, así como de las experiencias del instrumento para las pymes y de los proyectos de agrupaciones empresariales de la Unión para las nuevas cadenas de valor industrial en el marco de Horizonte 2020, establecido mediante el Reglamento (UE) n.o 1291/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo (19), el Programa debe apoyar la ampliación de las actividades de las pymes en todas las fases cruciales de su desarrollo, incluido el apoyo a la internacionalización, la adopción de innovaciones y de actividades de comercialización. Este apoyo complementaría el apoyo del Consejo Europeo de Innovación en el marco de Horizonte Europa, que se centrará principalmente en innovación radical y disruptiva, y, por tanto, en las pymes innovadoras, centrándose especialmente en la innovación creadora de mercados, apoyando al mismo tiempo todos los tipos de innovación, incluida la innovación gradual.

(37)

La creatividad y todas las formas de innovación, incluida la mejora de la eficiencia energética y de los recursos, son cruciales para la competitividad de las cadenas de valor industrial de la Unión. Son catalizadores de la modernización de los sectores empresarial e industrial y contribuyen al crecimiento sostenible inclusivo e inteligente. Sin embargo, las pymes todavía van a la zaga en este ámbito. Por tanto, el Programa debe apoyar acciones, redes y acuerdos de colaboración específicos para impulsar una innovación orientada a la creatividad para permitir a las pymes encauzar la transición ecológica y digital a lo largo de todas las cadenas de valor y ecosistemas industriales.

(38)

Las normas europeas desempeñan un papel importante en el mercado interior. Su interés es vital para la competitividad de las empresas, en particular de las pymes. Las normas europeas también constituyen una herramienta fundamental de apoyo a la legislación y las políticas de la Unión en varios ámbitos clave que tratan de impulsar la transición ecológica y digital, como la energía, el cambio climático y la protección del medio ambiente, las tecnologías de la información y de las comunicaciones, el uso sostenible y el reciclado de los recursos, la innovación, la seguridad de los productos, la protección de los consumidores, la seguridad de los trabajadores y las condiciones laborales, y el envejecimiento de la población, por lo que aportan una contribución positiva a la sociedad en su conjunto. Para aprovechar al máximo su contribución, la experiencia ha demostrado que es necesario elaborar las normas con mayor rapidez y puntualidad y redoblar los esfuerzos con el fin de implicar de manera más acertada a las partes interesadas pertinentes, incluidas aquellas que representan a los consumidores.

(39)

Las actividades de normalización europea se rigen por el Reglamento (UE) n.o 1025/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo (20) y se desarrollan a través de un acuerdo de colaboración público-privada de larga duración que es fundamental para lograr los objetivos establecidos en dicho Reglamento, así como los de las políticas de normalización generales y sectoriales de la Unión.

(40)

Un marco común de información financiera y no financiera que funcione adecuadamente es esencial para el mercado interior, el funcionamiento eficaz de los mercados financieros y la realización del mercado integrado de servicios financieros en el contexto de la unión bancaria y de la unión de los mercados de capitales.

(41)

De conformidad con el Reglamento (CE) n.o 1606/2002 del Parlamento Europeo y del Consejo (21), las normas internacionales de información financiera (NIIF) adoptadas por el Consejo de normas internacionales de contabilidad y las interpretaciones correspondientes del comité de interpretaciones de las NIIF deben incorporarse al Derecho de la Unión para ser aplicadas por las sociedades cuyos valores coticen en un mercado regulado de la Unión solo si dichas normas cumplen los requisitos establecidos en el referido Reglamento, incluido el requisito de que las cuentas ofrezcan una «imagen fiel» previsto en la Directiva 2013/34/UE del Parlamento Europeo y del Consejo (22), y si favorecen el interés público europeo. Las normas internacionales de contabilidad deben elaborarse de forma transparente y bajo control democrático. Así pues, las NIIF desempeñan un papel esencial en el funcionamiento del mercado interior, por lo que la Unión tiene un interés directo en garantizar que del proceso a través del cual se elaboran y adoptan surjan unas normas acordes con los requisitos del marco jurídico del mercado interior. Por consiguiente, es importante implantar en el Programa un sistema adecuado de financiación de la Fundación NIIF.

(42)

Habida cuenta del papel que desempeña el Grupo Consultivo Europeo en materia de Información Financiera (EFRAG) en el análisis de si las NIIF cumplen los requisitos del Derecho y las políticas de la Unión establecidos en el Reglamento (CE) n.o 1606/2002, también es necesario que la Unión garantice al EFRAG una financiación estable y, por tanto, que contribuya a esa financiación a través del Programa. La labor técnica del EFRAG debe centrarse en el asesoramiento técnico a la Comisión sobre la adopción de las NIIF, así como sobre el nivel adecuado de participación de la Unión en el proceso de desarrollo de estas, y en velar por que los intereses de la Unión sean debidamente tenidos en cuenta en el proceso internacional de fijación de normas. Entre esos intereses deben estar el concepto de «prudencia» y el mantenimiento de los requisitos de «imagen fiel», establecido en la Directiva 2013/34/UE, y de interés público europeo, establecido en el Reglamento (CE) n.o 1606/2002, teniendo debidamente en cuenta el impacto de las NIIF en la estabilidad financiera y la economía. Se ha creado el Laboratorio Europeo de Información Corporativa en el marco del EFRAG, con el fin de promover la innovación y el desarrollo de las mejores prácticas en la elaboración de informes corporativos. Ofrece un foro en el que las sociedades y los inversores pueden compartir las mejores prácticas, en particular en el ámbito de la información no financiera y de sostenibilidad. Sobre la base de este trabajo, el EFRAG también debe contribuir al desarrollo de normas de información no financiera.

(43)

En el ámbito de la auditoría legal, en 2005 el Grupo de Supervisión creó el Consejo Internacional de Supervisión Pública (PIOB), organización internacional responsable de supervisar la reforma de la gobernanza de la Federación Internacional de Contables (IFAC). La función del PIOB consiste en supervisar el proceso de adopción de las Normas Internacionales de Auditoría (NIA) y desarrollar otras actividades de interés público de la IFAC. Las NIA pueden adoptarse para ser aplicadas en la Unión, siempre que, en particular, hayan sido desarrolladas siguiendo el procedimiento, la supervisión pública y la transparencia apropiados, de conformidad con la obligación impuesta en el artículo 26 de la Directiva 2006/43/CE del Parlamento Europeo y del Consejo (23). Por tanto, teniendo en cuenta la introducción de las NIA en la Unión y el papel fundamental del PIOB en garantizar que cumplan los requisitos establecidos en la Directiva 2006/43/CE, es importante establecer en el Programa un sistema adecuado de financiación del PIOB.

(44)

La Unión contribuye a garantizar un elevado nivel de protección de los consumidores, a capacitarlos y a situarlos en el núcleo del mercado interior apoyando y complementando las políticas de los Estados miembros, con la finalidad de garantizar que los ciudadanos, en su faceta de consumidores, puedan disfrutar plenamente de las ventajas del mercado interior, y que al hacerlo su seguridad y sus intereses jurídicos y económicos gocen de la protección adecuada, por medio de actuaciones concretas. También es necesario que la Unión garantice el cumplimiento adecuado y homogéneo sobre el terreno de la legislación en materia de seguridad de los consumidores y de los productos, y que las empresas disfruten de unas condiciones de igualdad y que, por tanto, la competencia en el mercado interior sea leal. Por otro lado, es necesario capacitar, animar y ayudar a los consumidores a realizar elecciones de manera sostenible y con conocimiento de causa, contribuyendo así a una economía sostenible, circular y eficiente en el uso de los recursos y la energía.

(45)

El Programa debe aspirar a concienciar a los consumidores, las empresas, los representantes de la sociedad civil y las autoridades acerca de la legislación de la Unión sobre seguridad y consumo. Asimismo, debe capacitar a los consumidores y a las organizaciones que los representan a nivel nacional y de la Unión. Debe hacerlo, en particular, mediante el apoyo a la Oficina Europea de Uniones de Consumidores (Bureau Européen des Unions de Consommateurs, BEUC), organización no gubernamental que goza de una larga tradición y de un excelente reconocimiento como representante de los intereses de los consumidores en relación con todas las políticas pertinentes de la Unión, lo cual ha permitido que dicha organización desarrolle y mejore las sinergias con objeto de fortalecer la defensa de los consumidores. También debe hacerlo, en concreto, mediante el apoyo a la Asociación Europea para la Coordinación de la Representación de los Consumidores en la Normalización (ANEC), que representa los intereses de los consumidores en relación con asuntos de normalización. En este sentido, debe prestarse especial atención a las nuevas necesidades del mercado por lo que respecta al fomento del consumo sostenible insistiendo especialmente en las acciones que combatan las prácticas de obsolescencia programada que resulten engañosas y otras prácticas engañosas como las falsas afirmaciones de responsabilidad medioambiental, mediante la mejora de la información que se facilita a los consumidores en materia de durabilidad y reparabilidad de los productos. Debe prestarse también especial atención a la prevención de las vulnerabilidades y a hacer frente a los retos derivados de la digitalización de la economía, en relación, por ejemplo, con los productos conectados, el internet de las cosas, la inteligencia artificial y el uso de algoritmos, y del desarrollo de nuevos patrones de consumo y modelos empresariales. El Programa debe apoyar acciones para el desarrollo de información pertinente sobre mercados, incluida la publicación de los cuadros de indicadores de consumo de la Unión.

(46)

Asimismo, el Programa debe apoyar a las autoridades nacionales competentes, en particular a las responsables del seguimiento de la seguridad de los productos, que cooperan principalmente a través del sistema de alerta rápida para productos peligrosos de la Unión. También debe apoyar la garantía de cumplimiento de la Directiva 2001/95/CE del Parlamento Europeo y del Consejo (24) y del Reglamento (CE) n.o 765/2008, relativos a la protección de los consumidores y la seguridad de los productos, e impulsar la Red de Cooperación para la Protección de los Consumidores y la cooperación internacional entre las autoridades pertinentes de terceros países y de la Unión. El Programa también debe estar dirigido a garantizar el acceso de todos los consumidores y comerciantes a mecanismos de resolución de litigios extrajudiciales y en línea de calidad y a información sobre el proceso de participación en acciones resarcitorias.

(47)

El Programa también debe apoyar la Red de Centros Europeos del Consumidor, que ayuda a los consumidores a disfrutar de los beneficios de sus derechos como consumidores de la Unión cuando compran productos o servicios en otro país dentro del mercado interior o del Espacio Económico Europeo, ya sea en línea o con ocasión de un viaje. Esta red, que consta de veintinueve centros y lleva más de quince años cofinanciándose a través de los programas de la Unión en materia de consumidores, ha demostrado que aporta valor añadido a la hora de reforzar la confianza de los consumidores y los comerciantes en el mercado interior. Tramita más de 120 000 peticiones de consumidores al año y llega a millones de ciudadanos a través de sus actividades de prensa e información en línea. Es una de las redes de asistencia a los ciudadanos más valoradas de la Unión, la mayoría de sus centros albergan puntos de contacto que ofrecen asesoramiento en materia de Derecho del mercado interior, como la Directiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo y del Consejo (25). Las evaluaciones han hecho hincapié en la importancia de que los centros sigan operando. La Red de Centros Europeos del Consumidor puede ser también una fuente importante de información sobre los retos y problemas a los que se enfrentan los consumidores a nivel local que son pertinentes para la elaboración de las políticas de la Unión y para la protección de los intereses de los consumidores. También existen planes para que esta red establezca acuerdos de reciprocidad con organismos similares en terceros países.

(48)

Se han adoptado las Directivas 98/6/CE (26), 2005/29/CE (27), 2011/83/UE (28), (UE) 2019/2161 (29), y (UE) 2020/1828 (30) del Parlamento Europeo y del Consejo con el fin de garantizar, entre otros aspectos, el trato igualitario de los consumidores en todo el mercado interior en relación con asuntos transfronterizos, tales como la venta de productos no conformes en el sector de los vehículos de motor, las normas de calidad dual de los productos o los problemas que afectan a los pasajeros en caso de cancelaciones o grandes retrasos de los vuelos. Se proponen también reforzar las capacidades de los Estados miembros como garantes del cumplimiento, la mejora de la seguridad de los productos y el aumento de la cooperación internacional y nuevas posibilidades de resarcimiento, en particular a través de acciones de representación por entidades habilitadas. En mayo de 2017, la Comisión llevó a cabo un control de adecuación de la normativa en materia de consumo y comercialización de la Unión que puso de manifiesto la necesidad de mejorar la garantía de cumplimiento de las normas y facilitar el resarcimiento cuando los consumidores hayan resultado perjudicados como consecuencia de una infracción. En vista a dicho control de adecuación, debe ser prioritario apoyar la plena aplicación de dichas Directivas y acciones y promover una garantía de cumplimiento transfronteriza.

(49)

Los ciudadanos resultan particularmente afectados por el funcionamiento de los mercados financieros y, por tanto, deben recibir más información sobre los derechos, riesgos y beneficios pertinentes. Los mercados financieros constituyen un componente clave del mercado interior y requieren un marco sólido de regulación y supervisión, que no solo garantice estabilidad financiera y una economía sostenible, sino que proporcione también un elevado nivel de protección de los consumidores y otros usuarios finales de servicios financieros, como son los inversores minoristas, los ahorradores, los titulares de una póliza de seguros, los miembros y beneficiarios de un fondo de pensiones, los accionistas individuales, los prestatarios o las pymes. El Programa debe contribuir a mejorar la capacidad de consumidores y otros usuarios finales de servicios financieros de participación en la elaboración de políticas, en particular mediante la elaboración y la difusión de información clara, completa y de fácil uso sobre los productos que se ofrecen en los mercados financieros.

(50)

Por tanto, el programa debe seguir apoyando las actividades específicas cubiertas por el programa de desarrollo de capacidades 2017-2020 para el fomento de la participación de los consumidores y otros usuarios finales de servicios financieros en la formulación de políticas de la Unión, establecido en el Reglamento (UE) 2017/826 del Parlamento Europeo y del Consejo (31), y que es continuación del proyecto piloto y la acción preparatoria de los ejercicios 2012-2017. Ello es necesario para garantizar que los responsables de la elaboración de políticas conozcan las opiniones de las partes interesadas distintas de los profesionales del sector financiero y para garantizar una mejor representación de los intereses de los consumidores y otros usuarios finales de servicios financieros. El Programa debe desarrollar continuamente su metodología y sus mejores prácticas sobre cómo aumentar la participación de los consumidores y los usuarios finales de servicios financieros con el fin de identificar las cuestiones pertinentes para la formulación de políticas de la Unión y velar por que se protejan los intereses de los consumidores en el ámbito de los servicios financieros. El resultado ha de mejorar las políticas en materia de servicios financieros, particularmente aquellas dirigidas a fomentar una mejor comprensión general de las cuestiones que se plantean en la normativa financiera y una mayor cultura en materia de finanzas.

(51)

En el contexto del proyecto piloto y de la acción preparatoria para los ejercicios 2012 a 2017, la Comisión concedió subvenciones a dos organizaciones a raíz de una convocatoria abierta de propuestas de carácter anual. Las dos organizaciones son Finance Watch, creada con subvenciones de la Unión en 2011 como asociación internacional sin ánimo de lucro al amparo del Derecho belga, y Better Finance, que es el resultado de sucesivas reorganizaciones y cambios de nombre de varias federaciones de inversores y socios que existían previamente en Europa desde 2009. En el programa de desarrollo de capacidades establecido con arreglo al Reglamento (UE) 2017/826 figuran esas dos organizaciones como las únicas beneficiarias. Por tanto, es necesario seguir cofinanciándolas en el contexto del Programa. No obstante, esta financiación debe estar sujeta a una evaluación exhaustiva de la eficacia e impacto alcanzados en aras de la consecución de los objetivos perseguidos. En este sentido, si surgieran otros beneficiarios potenciales, que tuvieran por objetivos y actividades primordiales representar los intereses de los consumidores y otros usuarios finales a nivel de la Unión y que, por su composición, demostrasen una amplia cobertura en términos geográficos y de abanico de intereses, la convocatoria de solicitudes debería ampliarse a ellos.

(52)

Para proteger a los consumidores y para que el mercado interior pueda operar de manera eficiente, es necesario un elevado nivel de protección de la salud en el ámbito de los vegetales, los animales, los alimentos y los piensos. Una cadena de suministro alimentario segura y sostenible es un requisito previo tanto para el funcionamiento de la sociedad y del mercado interior. Es de vital importancia prevenir las crisis sanitarias y las alarmas alimentarias transfronterizas, por cuanto perturban el funcionamiento del mercado interior, al limitar la circulación de personas y mercancías y afectan a la producción y el consumo. Por ende, el Programa debe apoyar acciones específicas, como la implantación de medidas de emergencia en caso de crisis que afecten a la salud animal o vegetal.

(53)

El objetivo general del Derecho de la Unión en el ámbito de los vegetales, los animales, los alimentos y los piensos es garantizar un elevado nivel de salud para las personas, los animales y los vegetales a lo largo de la cadena alimentaria, fomentar la mejora del bienestar de los animales y contribuir a lograr un elevado nivel de protección y de información de los consumidores y un elevado nivel de protección del medio ambiente, incluso para la conservación de la biodiversidad y teniendo en cuenta las situaciones causadas por las posibles repercusiones del cambio climático en los Estados miembros, sin dejar de mejorar la sostenibilidad de la producción de alimentos y piensos y de contribuir a la seguridad alimentaria y a la asequibilidad de los precios, reducir el desperdicio de alimentos, aumentar los niveles de calidad de los productos en toda la Unión, y potenciar la competitividad de la industria de alimentos y piensos de la Unión y la creación de empleo, también mediante la estimulación de la investigación y la innovación.

(54)

Habida cuenta de la naturaleza específica de las acciones destinadas a lograr un elevado nivel de salud para las personas, los animales y los vegetales, es necesario establecer unos criterios de admisibilidad especiales por lo que respecta a la concesión de subvenciones y al recurso a la contratación pública en el presente Reglamento. En particular, como excepción al principio de no retroactividad dispuesto en el Reglamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento Europeo y del Consejo (32) (en lo sucesivo, «Reglamento Financiero»), los gastos correspondientes a las medidas de emergencia, debido a su naturaleza urgente e imprevisible, deben ser subvencionables e incluir también los gastos derivados de la presunta aparición de una enfermedad o de presencia de una plaga, siempre que la enfermedad o la plaga se confirmen posteriormente y se notifiquen a la Comisión. La Comisión debe efectuar los correspondientes compromisos presupuestarios y el pago de los gastos admisibles, tras la firma de los compromisos jurídicos y previa evaluación de las solicitudes de pago presentadas por los Estados miembros. También deben ser subvencionables los gastos de las medidas de vigilancia, prevención y protección adoptadas en caso de amenaza directa a la situación sanitaria de la Unión como resultado de la aparición o el desarrollo, en el territorio de un tercer país o Estado miembro, o en sus países y territorios de ultramar, de determinadas enfermedades de los animales o zoonosis, así como de las medidas de protección adoptadas en apoyo de la situación fitosanitaria en la Unión u otras actividades pertinentes desarrolladas con ese fin.

(55)

Habida cuenta de la creciente globalización del ámbito de los vegetales, los animales, los alimentos y los piensos, los controles oficiales efectuados por los Estados miembros son una herramienta esencial para comprobar y hacer el seguimiento de la aplicación, el cumplimiento y la garantía de cumplimiento de los requisitos de la Unión pertinentes, en particular por lo que respecta a las importaciones. La eficacia y la eficiencia de los sistemas de control oficiales es fundamental para mantener un elevado nivel de seguridad a lo largo de la cadena alimentaria, así como la confianza de los consumidores, al mismo tiempo que se garantiza un elevado nivel de protección del medio ambiente y el bienestar animal. Estas medidas de control deben contar con apoyo financiero de la Unión. En particular, debe concederse una contribución financiera a los laboratorios de referencia de la Unión Europea para ayudarles a sufragar los costes derivados de la ejecución de los programas de trabajo aprobados por la Comisión; dicha contribución puede ponerse a disposición de los laboratorios nacionales de referencia en materia de fitosanidad y sanidad animal, los cuales, según el Reglamento (UE) 2017/625 del Parlamento Europeo y del Consejo (33), deben beneficiarse de recursos financieros adecuados facilitados por los Estados miembros, a condición de que se pueda mostrar claramente que las acciones realizadas representan un valor añadido de la Unión y de que el Programa disponga de los fondos necesarios para apoyar a dichas acciones. Por otra parte, dado que la eficacia de los controles oficiales depende también de que las autoridades de control dispongan de personal bien preparado con un conocimiento adecuado del Derecho de la Unión, esta debe poder contribuir a su formación y a los programas de intercambio pertinentes organizados por las autoridades competentes.

(56)

La resistencia a los antimicrobianos es un problema sanitario cada vez mayor en la Unión y en todo el mundo. Por consiguiente, debe ser posible cofinanciar en el marco del Programa medidas de apoyo a la lucha contra la resistencia a los antimicrobianos.

(57)

Para la toma de decisiones basada en datos contrastados, es fundamental contar con unas estadísticas europeas de calidad desarrolladas, elaboradas y difundidas en el marco del Programa con arreglo a lo dispuesto en el Reglamento (CE) n.o 223/2009. Estas estadísticas deben estar disponibles a tiempo y contribuir a la aplicación de las políticas de la Unión a que se refiere el TFUE, en particular por lo que respecta al refuerzo y la integración de la gobernanza económica, la cohesión social, económica y territorial, el desarrollo sostenible, la política agrícola, la dimensión social de Europa y la globalización.

(58)

Las estadísticas europeas son indispensables para la toma de decisiones de la Unión y para medir los resultados y el impacto de las iniciativas de esta. Por tanto, es importante garantizar el suministro y desarrollo continuados de estadísticas europeas, por medio de un enfoque a escala de la Unión que vaya más allá de la perspectiva del mercado interior, con el fin de englobar todas las actividades y políticas de la Unión, incluidas la capacitación de las empresas y los ciudadanos para la toma de decisiones fundadas.

(59)

Habida cuenta de su carácter horizontal, el marco para el desarrollo, la elaboración y la difusión de las estadísticas europeas a tenor de lo dispuesto en el Reglamento (CE) n.o 223/2009 está sujeto a requisitos específicos, y en particular a los establecidos en dicho Reglamento, en relación con el respeto de los principios estadísticos, así como el funcionamiento del sistema estadístico europeo y su gobernanza, incluidas la función y las tareas asignadas al Comité del Sistema Estadístico Europeo y a la Comisión (Eurostat), y el establecimiento y la ejecución de la programación de las actividades estadísticas.

(60)

La parte del proyecto del Programa relativa al marco para desarrollar, elaborar y difundir estadísticas europeas ha sido sometida al examen previo del Comité del Sistema Estadístico Europeo de conformidad con el Reglamento (CE) n.o 223/2009.

(61)

La Unión y los Estados miembros se han comprometido a estar entre los primeros en poner en práctica la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, de las Naciones Unidas. Al contribuir a la aplicación de la Agenda 2030, la Unión y los Estados miembros van a impulsar una Europa más fuerte, más sostenible, más inclusiva, más segura y más próspera. El Programa debe contribuir a la aplicación de la Agenda 2030, entre otros medios, equilibrando los aspectos económico, social y medioambiental del desarrollo sostenible y, a tal fin, demostrando un compromiso claro e inequívoco con la integración general de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas.

(62)

Teniendo en cuenta la importancia de combatir el cambio climático en consonancia con los compromisos de la Unión de aplicar el Acuerdo de París adoptado con arreglo a la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático y de alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, el Programa pretende contribuir a integrar las acciones por el clima en las políticas de la Unión y a que se alcance el objetivo general de destinar el 30 % de los gastos del presupuesto de la Unión a respaldar los objetivos climáticos. En este contexto, las acciones pertinentes deben determinarse durante la preparación y la ejecución del Programa, y valorarse de nuevo en el contexto de las evaluaciones y de los procesos de revisión correspondientes. En este contexto, el Programa debe prestar apoyo a las actividades que respeten las normas en materia de clima y medio ambiente y las prioridades de la Unión, y que no causen un perjuicio significativo a los objetivos medioambientales en el sentido del Reglamento (UE) 2020/852 del Parlamento Europeo y del Consejo (34).

(63)

El presente Reglamento establece una dotación financiera para el Programa, que debe constituir el importe de referencia privilegiado, en el sentido del punto 18 del Acuerdo interinstitucional, de 16 de diciembre de 2020, entre el Parlamento Europeo, el Consejo de la Unión Europea y la Comisión Europea sobre disciplina presupuestaria, cooperación en materia presupuestaria y buena gestión financiera, así como sobre nuevos recursos propios, en particular una hoja de ruta para la introducción de nuevos recursos propios (35), para el Parlamento Europeo y el Consejo durante el procedimiento presupuestario anual.

(64)

El Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo (36) establece la cooperación en los ámbitos objeto del Programa entre la Unión y sus Estados miembros, por una parte, y los países miembros de la Asociación Europea de Libre Comercio que participan en el Espacio Económico Europeo (EEE), por otra. También debe ser posible abrir el Programa a la participación de los países adherentes, los países candidatos y los candidatos potenciales, los países de la política europea de vecindad y otros terceros países. Además, en el ámbito de las estadísticas europeas, el Programa debe estar abierto a la participación de Suiza de conformidad con el Acuerdo entre la Comunidad Europea y la Confederación Suiza sobre cooperación en el ámbito de la estadística (37).

(65)

Los terceros países miembros del EEE pueden participar en programas de la Unión en el marco de la cooperación establecida en virtud del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, que prevé la ejecución de los programas sobre la base de una decisión adoptada en virtud de dicho Acuerdo. Los terceros países también pueden participar sobre la base de otros instrumentos jurídicos. Debe introducirse en el presente Reglamento una disposición específica que obligue a los terceros países a conceder los derechos y el acceso necesarios para que el ordenador competente, la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) y el Tribunal de Cuentas ejerzan plenamente sus competencias respectivas.

(66)

El Reglamento Financiero es aplicable al presente Programa. El Reglamento Financiero establece normas sobre la ejecución del presupuesto de la Unión, incluidas las relativas a subvenciones, premios, contratos públicos, gestión indirecta, instrumentos financieros, garantías presupuestarias, ayuda financiera y reembolso a los expertos externos.

(67)

Las acciones realizadas en el marco de los programas y líneas presupuestarias que antecedieron a estos han demostrado ser adecuadas y deben mantenerse. El objetivo de las nuevas acciones introducidas en el marco del Programa es, en particular, reforzar el buen funcionamiento del mercado interior. En aras de una mayor simplicidad y flexibilidad en la ejecución del Programa, y para alcanzar sus objetivos de manera más adecuada, las acciones deben definirse solo en términos de categorías genéricas globales. También deben incluirse en el Programa listas de actividades indicativas relacionadas con objetivos específicos en los ámbitos de la competitividad y la protección de los consumidores o actividades específicas derivadas de requisitos normativos, como actividades específicas en los ámbitos de la normalización, la vigilancia del mercado, el ámbito de los vegetales, los animales, los alimentos y los piensos y las estadísticas europeas.

(68)

Es necesario especificar determinadas categorías de entidades que puedan optar a financiación, así como aquellas entidades que hayan de poder optar a financiación sin convocatoria de propuestas.

(69)

Dada la creciente interconectividad y digitalización de la economía mundial, el Programa ha de seguir ofreciendo la posibilidad de que intervengan en algunas actividades expertos externos tales como funcionarios de terceros países, representantes de organizaciones internacionales u operadores económicos.

(70)

Es necesario indicar criterios específicos relativos a las normas de cofinanciación y los gastos subvencionables. Dado que puede ser necesario financiar íntegramente los gastos subvencionables para ciertos objetivos específicos, debe ser posible establecer excepciones al artículo 190 del Reglamento Financiero.

(71)

Con arreglo al artículo 193, apartado 2, párrafo segundo, letra a), del Reglamento Financiero, las acciones ya iniciadas solo pueden ser subvencionadas cuando el solicitante pueda demostrar la necesidad de comenzar la acción antes de la firma del convenio de subvención. Si bien en tales casos los gastos en que se haya incurrido antes de la fecha de presentación de la solicitud de subvención en principio no se no se considerarían subvencionables, esto debe ser excepcionalmente posible habida cuenta del retraso en la entrada en vigor del presente Programa y a fin de evitar perturbaciones en el apoyo prestado por la Unión que pudieran perjudicar a los intereses de la Unión. Por tanto, cuando sea necesario para garantizar la continuidad y por un tiempo limitado al inicio del período del marco financiero plurianual 2021-2027, los gastos relativos a una acción ya iniciada deben ser subvencionables a partir del 1 de enero de 2021, aunque dichos gastos se hayan efectuado antes de la fecha de presentación de la solicitud de subvención. Por las mismas razones y en las mismas condiciones y como excepción al artículo 193, apartado 4, del Reglamento Financiero, los gastos en que se haya incurrido antes de la fecha de presentación de la solicitud de subvención deben ser subvencionables en el caso de subvenciones de funcionamiento.

(72)

En consonancia con el compromiso de la Comisión establecido en su Comunicación de 19 de octubre de 2010 titulada «Revisión del presupuesto de la UE», y en aras de la coherencia y la simplificación de los programas de financiación, si las acciones previstas en el marco del Programa persiguen objetivos comunes a varios instrumentos de financiación de la Unión, deben compartirse los recursos con otros instrumentos de financiación, excluyendo, no obstante, la doble financiación.

(73)

El Programa debe contribuir a la ayuda global destinada a las necesidades específicas de las regiones ultraperiféricas y a su integración en el mercado interior, como volvió a quedar confirmado recientemente en la Comunicación de la Comisión titulada «Una asociación estratégica renovada y más fuerte con las regiones ultraperiféricas de la Unión Europea».

(74)

El Programa debe promover las sinergias, si bien evitando duplicidades con programas y acciones de la Unión afines. Las acciones en el marco del Programa deben complementar las de los programas Aduanas y Fiscalis, establecidos mediante el Reglamento (UE) 2021/444 del Parlamento Europeo y del Consejo (38) y mediante un reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se establezca el programa «Fiscalis» para la cooperación en el ámbito de la fiscalidad respectivamente, cuyo objetivo es también apoyar y mejorar el funcionamiento del mercado interior.

(75)

El Programa debe promover sinergias y complementariedades, así como la adicionalidad, con respecto a la ayuda a las pymes y el emprendimiento en el marco del Fondo Europeo de Desarrollo Regional establecido mediante un Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo al Fondo Europeo de Desarrollo Regional y al Fondo de Cohesión. Por otra parte, el eje de actuación para pymes del Fondo InvestEU va a garantizar la ayuda por medio de instrumentos de deuda y de capital para mejorar el acceso y la disponibilidad de financiación para las pymes. El Programa también debe buscar sinergias con el Programa Espacial establecido mediante el Reglamento (UE) 2021/696 del Parlamento Europeo y del Consejo (39), con el fin de animar a las pymes a beneficiarse de la innovación radical y otras soluciones desarrolladas en el marco de dicho programa.

(76)

El Programa debe promover las sinergias con Horizonte Europa, que pretende promover la investigación y la innovación. Tales sinergias deben abordar, en particular, la complementariedad con las acciones del futuro Consejo Europeo de Innovación para las sociedades innovadoras y la ayuda a los servicios para pymes, en particular a través de la Red Europea para las Empresas.

(77)

El Programa debe promover las sinergias y complementariedades con respecto al Programa Europa Digital, cuyo objetivo es promover la digitalización de la economía de la Unión y el sector público, mejorando al mismo tiempo la ciberseguridad.

(78)

Además, el Programa también debe buscar sinergias con el Programa Justicia, establecido mediante el Reglamento (UE) 2021/693 del Parlamento Europeo y del Consejo (40), cuyo objetivo es apoyar la profundización en el desarrollo del Espacio Europeo de Justicia en aras de la eficacia de los sistemas nacionales de justicia, puesto que ello es clave para permitir la creación de una economía de la Unión justa y eficaz en relación con los costes.

(79)

El Programa debe promover las sinergias con el Programa Erasmus+, el Cuerpo Europeo de Solidaridad, establecido mediante el Reglamento (UE) XXXX/XXX del Parlamento Europeo y del Consejo (41) y el Fondo Social Europeo Plus, establecido mediante un Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre el Fondo Social Europeo Plus (FSE+) en el ámbito de la movilidad laboral y juvenil, que es esencial para el buen funcionamiento del mercado interior.

(80)

Por último, las acciones como las medidas veterinarias y fitosanitarias en caso de crisis zoosanitarias y fitosanitarias, podrían complementarse con intervenciones basadas en el mercado procedentes de la programación de la política agrícola común de la Unión.

(81)

Las acciones ejecutadas en el marco del Programa deben tener un claro valor añadido de la Unión y destinarse a subsanar las deficiencias del mercado o a mejorar las situaciones de inversión mejorables, de manera proporcionada, sin duplicidades ni desplazamientos de la financiación privada.

(82)

A fin de garantizar condiciones uniformes de ejecución del presente Reglamento, deben conferirse a la Comisión competencias de ejecución. Dichas competencias deben ejercerse de conformidad con el Reglamento (UE) n.o 182/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo (42). Debe utilizarse el procedimiento consultivo para la adopción de los programas de trabajo que ejecuten las acciones que contribuyan a la capacitación de los consumidores. Debe utilizarse el procedimiento de examen para la adopción de actos de ejecución relacionados con las acciones que contribuyan a la competitividad de las pymes y para la adopción de actos de ejecución relacionados con los programas de trabajo que ejecuten las acciones que contribuyan a lograr un elevado nivel de salud para las personas, los animales y los vegetales, así como para establecer porcentajes de cofinanciación más bajos cuando sea necesario para las acciones relativas a las medidas de emergencia veterinarias y fitosanitarias y los programas nacionales veterinarios y fitosanitarios anuales y plurianuales, así como para la adopción de actos de ejecución relacionados con los programas de trabajo que ejecutan las acciones que contribuyen a la seguridad de los alimentos y los piensos.

(83)

Cuando puedan lograrse sinergias entre objetivos específicos del Programa, las disposiciones necesarias podrían ejecutarse en un programa de trabajo conjunto.

(84)

Las formas de financiación de la Unión y los métodos de ejecución del Programa deben elegirse en función de su capacidad para alcanzar los objetivos específicos de las acciones y para obtener resultados, teniendo en cuenta, en particular, el valor añadido europeo, los costes de los controles, la carga administrativa y el riesgo esperado de incumplimiento. Ello debe incluir que se considere la utilización de sumas a tanto alzado, tipos fijos y costes unitarios, así como una financiación no vinculada a los costes, tal como se contempla en el artículo 125, apartado 1, del Reglamento Financiero.

(85)

A fin de garantizar el seguimiento y la elaboración de informes periódicos sobre los progresos en la eficacia y la eficiencia del Programa, debe implantarse desde el inicio un marco adecuado de seguimiento de las acciones y los resultados del Programa. Tanto el seguimiento como la elaboración de informes deben basarse en indicadores que midan los efectos de las acciones realizadas en el marco del Programa en comparación con unos valores de referencia predefinidos.

(86)

Con arreglo a lo dispuesto en los apartados 22 y 23 del Acuerdo interinstitucional de 13 de abril de 2016 sobre la mejora de la legislación (43), el presente Programa debe ser evaluado sobre la base de la información que se recoja de conformidad con requisitos específicos de seguimiento, evitando al mismo tiempo cargas administrativas, en particular a los Estados miembros, y un exceso de regulación. Dichos requisitos deben incluir, cuando corresponda, indicadores mensurables que sirvan de base para evaluar los efectos del Programa en la práctica. La Comisión debe elaborar un informe de evaluación intermedia sobre el logro de los objetivos de las acciones financiadas en el marco del Programa, los resultados y repercusiones, la eficiencia en el uso de los recursos y su valor añadido de la Unión, así como un informe de evaluación final sobre las repercusiones, los resultados y la sostenibilidad de las acciones a largo plazo y las sinergias con otros programas.

(87)

Para hacer un seguimiento del apoyo a las pymes, el Programa debe utilizar indicadores de rendimiento mensurables. A reserva de disponibilidad de información y cuando proceda, dichos indicadores deben medir los resultados y repercusiones alcanzados por el Programa en relación con objetivos específicos y grupos destinatarios concretos (por ejemplo, mujeres, jóvenes y personas mayores). En particular, al hacer el seguimiento, es importante medir el apoyo a la transición ecológica y digital, la internalización y la innovación. Además, el seguimiento debe tomar en consideración indicadores contextuales, que no midan el rendimiento del Programa, sino que ofrezcan una visión general del entorno en el que operan las pymes.

(88)

Debe establecerse una lista no exhaustiva de enfermedades de los animales y zoonosis para las que se pueda optar a financiación en el marco de medidas de emergencia y de programas de erradicación, control y vigilancia sobre la base de las enfermedades de los animales que figuran en el Reglamento (CE) n.o 999/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo (44), en el Reglamento (CE) n.o 2160/2003 del Parlamento Europeo y del Consejo (45), en la Directiva 2003/99/CE del Parlamento Europeo y del Consejo (46) y en el Reglamento (UE) 2016/429 del Parlamento Europeo y del Consejo (47).

(89)

Con el fin de tener en cuenta las situaciones causadas por enfermedades de los animales que hayan tenido un impacto significativo en la producción o el comercio de ganado, el desarrollo de zoonosis que supongan una amenaza para los seres humanos o los nuevos avances científicos o epidemiológicos, así como las enfermedades de los animales que puedan constituir una nueva amenaza para la Unión, debe delegarse en la Comisión la facultad para adoptar actos, de conformidad con el artículo 290 del TFUE, con el fin de modificar la lista de enfermedades de los animales y zoonosis. A fin de tener en cuenta la evolución futura por lo que respecta a las entidades a las que se puede conceder una subvención en el marco del Programa en relación con la representación de los intereses de los consumidores a nivel de la Unión, deben delegarse en la Comisión los poderes para adoptar actos con arreglo al artículo 290 del TFUE, por lo que respecta a la modificación de la lista de dichas entidades. Con el fin de garantizar la evaluación eficaz de los progresos del Programa en la consecución de sus objetivos, debe delegarse en la Comisión la facultad para adoptar actos, de conformidad con el artículo 290 del TFUE, con el fin de modificar, cuando sea necesario, la lista de indicadores utilizados para medir los logros de los objetivos específicos y así como para completar el presente Reglamento mediante el establecimiento de un marco de seguimiento y evaluación. Reviste especial importancia que la Comisión lleve a cabo las consultas oportunas durante la fase preparatoria, en particular con expertos, y que esas consultas se realicen de conformidad con los principios establecidos en el Acuerdo interinstitucional de 13 de abril de 2016 sobre la mejora de la legislación. También se debería consultar a las partes interesadas y a las asociaciones de consumidores. A fin de garantizar una participación equitativa en la preparación de los actos delegados, el Parlamento Europeo y el Consejo reciben toda la documentación al mismo tiempo que los expertos de los Estados miembros, y sus expertos tienen acceso sistemáticamente a las reuniones de los grupos de expertos de la Comisión que se ocupen de la preparación de actos delegados.

(90)

En virtud de la Decisión 2013/755/UE del Consejo (48), las personas y entidades establecidas en los países o territorios de ultramar pueden optar a la financiación, conforme a las normas y los objetivos del Programa y a los posibles acuerdos aplicables al Estado miembro del que dependa el país o territorio de ultramar de que se trate.

(91)

De conformidad con el Reglamento Financiero, el Reglamento (UE, Euratom) n.o 883/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo (49) y los Reglamentos (CE, Euratom) n.o 2988/95 (50), (Euratom, CE) n.o 2185/96 (51) y (UE) 2017/1939 (52) del Consejo, los intereses financieros de la Unión deben protegerse con medidas proporcionadas, incluidas medidas para la prevención, detección, corrección e investigación de irregularidades, entre ellas el fraude, para la recuperación de los fondos perdidos, indebidamente pagados o mal utilizados y, en su caso, para la imposición de sanciones administrativas. En particular, de conformidad con los Reglamentos (Euratom, CE) n.o 2185/96 y (UE, Euratom) n.o 883/2013, la OLAF está facultada para llevar a cabo investigaciones administrativas, en particular controles y verificaciones in situ, con el fin de determinar si ha habido fraude, corrupción o cualquier otra actividad ilegal que afecte a los intereses financieros de la Unión. De conformidad con el Reglamento (UE) 2017/1939, la Fiscalía Europea está facultada para investigar delitos que afecten a los intereses financieros de la Unión y ejercer la acción penal al respecto, según lo establecido en la Directiva (UE) 2017/1371 del Parlamento Europeo y del Consejo (53). De conformidad con el Reglamento Financiero, toda persona o entidad que reciba fondos de la Unión debe cooperar plenamente en la protección de los intereses financieros de esta, conceder los derechos y el acceso necesarios a la Comisión, a la OLAF, al Tribunal de Cuentas y, respecto de los Estados miembros participantes en la cooperación reforzada en virtud del Reglamento (UE) 2017/1939, a la Fiscalía Europea, y garantizar que los terceros implicados en la ejecución de los fondos de la Unión concedan derechos equivalentes.

(92)

Son de aplicación al presente Reglamento las normas financieras horizontales adoptadas por el Parlamento Europeo y el Consejo sobre la base del artículo 322 del TFUE. Dichas normas se establecen en el Reglamento Financiero y determinan, en particular, el procedimiento de elaboración del presupuesto y su ejecución mediante subvenciones, premios, gestión indirecta, instrumentos financieros, garantías presupuestarias, ayuda financiera y reembolso a los expertos externos, y prevén controles de la responsabilidad de los agentes financieros. Las normas adoptadas sobre la base del artículo 322 del TFUE también incluyen un régimen general de condicionalidad para la protección del presupuesto de la Unión.

(93)

El Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo (54) rige el tratamiento de datos personales en los Estados miembros en el contexto del presente Reglamento bajo la supervisión de las autoridades competentes de los Estados miembros. El Reglamento (UE) 2018/1725 del Parlamento Europeo y del Consejo (55) rige el tratamiento de datos personales por parte de la Comisión en el marco del presente Reglamento bajo la supervisión del Supervisor Europeo de Protección de Datos. Todo intercambio o transmisión de información por parte de las autoridades competentes debe cumplir las normas sobre transferencia de datos personales establecidas en el Reglamento (UE) 2016/679 y todo intercambio o transmisión de información por parte de la Comisión debe cumplir las normas sobre transmisión de datos personales establecidas en el Reglamento (UE) 2018/1725.

(94)

El Reglamento (CE) n.o 223/2009 establece las normas para la elaboración de estadísticas de conformidad con el principio de secreto estadístico y estipula que los institutos nacionales de estadística, otras autoridades nacionales y la Comisión (Eurostat) han de adoptar todas las medidas necesarias para garantizar la armonización de los principios y directrices relativos a la protección física y lógica de los datos confidenciales.

(95)

Dado que el objetivo del presente Reglamento, a saber, el establecimiento de un programa para mejorar el funcionamiento del mercado interior, la competitividad y sostenibilidad de las empresas, en particular las pymes, y la protección de los consumidores, para el ámbito de los vegetales, los animales, los alimentos y piensos, así como para el marco de programación y financiación para el desarrollo, la elaboración y la difusión de estadísticas europeas para el período 2021-2027, no pueden ser alcanzados de manera suficiente por los Estados miembros debido al carácter transfronterizo de las cuestiones que se suscitan, sino que, debido al mayor potencial de acción de la Unión, pueden lograrse mejor a escala de la Unión, esta puede adoptar medidas, de acuerdo con el principio de subsidiariedad establecido en el artículo 5 del Tratado de la Unión Europea. De conformidad con el principio de proporcionalidad establecido en el mismo artículo, el presente Reglamento no excede de lo necesario para alcanzar dicho objetivo.

(96)

El Programa también debe garantizar una mayor visibilidad y coherencia del mercado interior de la Unión, la competitividad y sostenibilidad de las empresas, en particular las pymes, y las actividades en materia de estadística europea de cara a los ciudadanos, las empresas y las administraciones de la Unión.

(97)

Dado que las disposiciones modificativas de los actos jurídicos agotan sus efectos en el momento de su entrada en vigor y las modificaciones que introducen en otros actos jurídicos pasan así a formar parte de dichos actos jurídicos en ese mismo momento, la derogación del Reglamento (UE) n.o 652/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo (56) no tiene efecto en las modificaciones ya introducidas en otros actos jurídicos por sus disposiciones modificativas, y en particular en el Reglamento (CE) n.o 178/2002 del Parlamento Europeo y del Consejo (57) y en la Directiva 2008/90/CE del Consejo (58) con respecto a la creación del Comité Permanente de Vegetales, Animales, Alimentos y Piensos, que sigue en vigor pese a la derogación del Reglamento (UE) n.o 652/2014.

(98)

A fin de garantizar continuidad en la prestación de ayuda entre los programas 2014-2020 en los ámbitos de la competitividad y sostenibilidad de las empresas, en particular las pymes, la protección de los consumidores, los clientes y usuarios finales de servicios financieros, la elaboración de políticas sobre servicios financieros, los vegetales, animales, alimentos y piensos y las estadísticas europeas establecidos mediante los Reglamentos (UE) n.o 1287/2013, (UE) n.o 254/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo (59), (UE) 2017/826, (UE) n.o 258/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo (60), (UE) n.o 652/2014 y (UE) n.o 99/2013 y el Programa, en particular con respecto a la continuación de las medidas plurianuales y a la evaluación de los logros de los programas anteriores, y a fin de permitir la ejecución desde el inicio del marco financiero plurianual 2021-2027, el presente Reglamento debe entrar en vigor con carácter de urgencia y aplicarse retroactivamente a partir del 1 de enero de 2021. A 1 de enero de 2028, los créditos de asistencia administrativa y técnica deben, en caso necesario, cubrir los gastos relativos a la gestión de las acciones que todavía no hayan concluido para cuando finalice el Programa.

(99)

Debido al retraso en la entrada en vigor del presente Reglamento, no es posible respetar los plazos para la adopción de los programas de trabajo en el ámbito de los vegetales, los animales, los alimentos y los piensos, ni para la presentación por los Estados miembros de sus programas en materia veterinaria y fitosanitaria de 2021 y 2022, ni es posible para la Comisión respetar los plazos para la aprobación de dichos programas. A fin de garantizar la correcta ejecución de las acciones en el ámbito de los vegetales, los animales, los alimentos y los piensos en 2021 y 2022, dichos plazos no serán de aplicación para los ejercicios 2021 y 2022.

(100)

Por tanto, procede derogar, con efecto a partir del 1 de enero de 2021, los Reglamentos (UE) n.o 99/2013, (UE) n.o 1287/2013, (UE) n.o 254/2014 y (UE) n.o 652/2014.

1)

«operación de financiación mixta»: una acción apoyada por el presupuesto de la Unión, incluidas las que entran en la definición de mecanismo o plataforma de financiación mixta del artículo 2, apartado 6, del Reglamento Financiero, que combina formas de ayuda no reembolsable o instrumentos financieros con cargo al presupuesto de la Unión con formas de ayuda reembolsable de instituciones de desarrollo u otras instituciones financieras públicas, así como de instituciones financieras comerciales e inversores;

2)

«estadísticas europeas»: las estadísticas desarrolladas, elaboradas y difundidas de conformidad con el Reglamento (CE) n.o 223/2009;

3)

«entidad jurídica»: toda persona física o jurídica constituida y reconocida como tal en virtud del Derecho nacional, el Derecho de la Unión o el Derecho internacional, dotada de personalidad jurídica y que puede, actuando en nombre propio, ejercer derechos y estar sujeta a obligaciones, o una entidad que carezca de personalidad jurídica de conformidad con lo dispuesto en el artículo 197, apartado 2, letra c), del Reglamento Financiero;

4)

«microempresas, pequeñas y medianas empresas (pymes)»: las microempresas, pequeñas y medianas empresas tal como se definen en la Recomendación 2003/361/CE;

5)

«agrupaciones empresariales y organizaciones de redes empresariales»: estructuras o grupos organizados de partes independientes en forma de organizaciones que apoyan la mejora de la colaboración, la creación de redes y el aprendizaje de grupos de empresas diseñados para proporcionar o canalizar servicios especializados y personalizados de apoyo a las empresas, especialmente para las pymes, con el fin de estimular, entre otras, las actividades de innovación e internacionalización, en particular promoviendo el uso compartido de instalaciones y el intercambio de conocimientos y experiencia.

a)

mejorar el funcionamiento del mercado interior, especialmente para proteger y capacitar a los ciudadanos, a los consumidores y a las empresas, sobre todo a las pymes, garantizando el cumplimiento del Derecho de la Unión, facilitando el acceso a los mercados, estableciendo normas y promoviendo la salud de las personas, la sanidad animal y la fitosanidad, así como el bienestar de los animales, al mismo tiempo que se respetan los principios del desarrollo sostenible y se garantiza un elevado nivel de protección de los consumidores, así como reforzando la cooperación entre sí de las autoridades competentes de los Estados miembros y entre las autoridades competentes de los Estados miembros, la Comisión y las agencias descentralizadas de la Unión;

b)

desarrollar, elaborar y difundir estadísticas europeas de calidad, comparables, puntuales y fiables que sirvan de base al diseño, el seguimiento y la evaluación de todas las políticas de la Unión y ayuden a los ciudadanos, a los responsables de la elaboración de políticas, a las autoridades, a las empresas, al mundo académico y a los medios de comunicación a adoptar decisiones fundadas y a participar activamente en el proceso democrático.

a)

mejorar la eficacia del mercado interior, también habida cuenta de la transformación digital, mediante:

b)

reforzar la competitividad y sostenibilidad de las pymes y lograr la adicionalidad a escala de la Unión mediante medidas que:

c)

garantizar el funcionamiento eficaz del mercado interior a través de procesos de normalización que:

d)

promover los intereses de los consumidores y garantizar un elevado nivel de protección de estos y de seguridad de los productos:

e)

contribuir a lograr un alto nivel de salud y seguridad para las personas, los animales y los vegetales en los ámbitos de los vegetales, los animales, los alimentos y los piensos, entre otros medios, mediante la prevención, detección y erradicación de enfermedades animales y plagas de los vegetales, también mediante medidas de emergencia que se adoptan en caso de situaciones de crisis a gran escala y acontecimientos imprevisibles que afecten a la sanidad animal o la fitosanidad, y mediante el apoyo de las mejoras en el bienestar animal, la lucha contra la resistencia a los antimicrobianos y el desarrollo de una producción y un consumo de alimentos sostenibles, así como estimulando el intercambio de mejores prácticas entre los diferentes actores de los ámbitos de referencia;

f)

desarrollar, elaborar, difundir y comunicar estadísticas europeas de calidad conforme a los criterios de calidad establecidos en el artículo 12, apartado 1, del Reglamento (CE) n.o 223/2009, de manera oportuna, imparcial y rentable, por medio del Sistema Estadístico Europeo reforzado, contemplado en el artículo 4 del Reglamento (CE) n.o 223/2009, y unos acuerdos de colaboración mejorados dentro de dicho sistema así como con todos los interlocutores externos pertinentes, utilizando múltiples fuentes de datos, métodos avanzados de análisis de datos, sistemas inteligentes y tecnologías digitales y facilitando un desglose nacional y, de ser posible, regional.

a)

451 569 500 EUR al objetivo contemplado en el artículo 3, apartado 2, letra a), inciso i);

b)

105 461 000 EUR al objetivo contemplado en el artículo 3, apartado 2, letra a), inciso ii);

c)

1 000 000 000 EUR al objetivo contemplado en el artículo 3, apartado 2, letra b);

d)

220 510 500 EUR al objetivo contemplado en el artículo 3, apartado 2, letra c);

e)

198 500 000 EUR al objetivo contemplado en el artículo 3, apartado 2, letra d);

f)

1 680 000 000 EUR al objetivo contemplado en el artículo 3, apartado 2, letra e);

g)

552 000 000 EUR al objetivo contemplado en el artículo 3, apartado 2, letra f).

a)

los países miembros de la Asociación Europea de Libre Comercio que son miembros del Espacio Económico Europeo, conforme a las condiciones establecidas en el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo;

b)

los países adherentes, los países candidatos y los candidatos potenciales, conforme a los principios y condiciones generales de participación de dichos países en los programas de la Unión establecidos en los correspondientes acuerdos marco y decisiones de los Consejos de Asociación o en acuerdos similares y conforme a las condiciones específicas establecidas en los acuerdos entre la Unión y dichos países;

c)

los países de la política europea de vecindad, conforme a los principios generales y las condiciones generales de participación de dichos países en los programas de la Unión establecidos en los correspondientes acuerdos marco y decisiones de los Consejos de Asociación o en acuerdos similares y conforme a las condiciones específicas establecidas en los acuerdos entre la Unión y dichos países;

d)

otros terceros países, conforme a las condiciones establecidas en un acuerdo específico que regule la participación del tercer país en cualquier programa de la Unión, siempre que dicho acuerdo:

a)

creación de las condiciones adecuadas para capacitar a todas las partes que intervienen en el mercado interior, concretamente empresas, ciudadanos, consumidores, representantes de la sociedad civil y autoridades públicas, mediante campañas informativas y de concienciación transparentes, en particular sobre las normas de la Unión aplicables y los derechos de empresas, ciudadanos y consumidores, así como mediante el intercambio y difusión de buenas prácticas, experiencia, conocimiento y soluciones innovadoras, también mediante acciones ejecutadas a través de la red SOLVIT y la Red de Centros Europeos del Consumidor;

b)

establecimiento de mecanismos para que los ciudadanos, los consumidores, los usuarios finales y los representantes de la sociedad civil, incluidos los representantes de los interlocutores sociales y los representantes de las empresas, en especial de las pymes, de la Unión participen en los debates políticos y en los procesos de elaboración de políticas y de toma de decisiones, en particular apoyando el funcionamiento de las organizaciones representativas a nivel nacional y de la Unión;

c)

desarrollo de capacidades, facilitación y coordinación de acciones conjuntas entre los Estados miembros, entre las autoridades competentes de los Estados miembros, así como entre las autoridades competentes de los Estados miembros, la Comisión, las agencias descentralizadas de la Unión y las autoridades de terceros países, incluidas las acciones conjuntas destinadas a reforzar la seguridad de los productos;

d)

apoyo a una garantía de cumplimiento efectiva y a la modernización del marco jurídico de la Unión, así como a su rápida adaptación para permitir que la Unión compita con eficacia en el plano mundial, así como el apoyo a los esfuerzos para resolver las cuestiones que plantea la digitalización, en particular mediante lo siguiente:

a)

coordinación y cooperación entre autoridades de vigilancia del mercado y otras autoridades pertinentes de los Estados miembros, en especial a través de la Red de la Unión sobre Conformidad de los Productos;

b)

apoyo al desarrollo de acciones y ensayos conjuntos en el ámbito de la conformidad también en relación con los productos conectados y los productos vendidos en línea;

c)

apoyo a las estrategias de vigilancia del mercado, la recopilación de conocimientos e información, capacidades e instalaciones de ensayo, evaluaciones por homólogos, programas de formación, asistencia técnica y desarrollo de capacidades para las autoridades de vigilancia del mercado.

a)

proporcionar diferentes formas de ayuda a las pymes, entre ellas la información, la tutorización, la formación, la educación, la movilidad, la cooperación transfronteriza o los servicios de asesoría;

b)

facilitar, en coordinación con los Estados miembros, el acceso de las pymes y las agrupaciones empresariales y organizaciones de redes empresariales a los mercados de fuera y dentro de la Unión, apoyarlas a lo largo de todo su ciclo de vida para hacer frente a los retos mundiales medioambientales, económicos y sociales y a la internacionalización de las empresas, y reforzar el liderazgo empresarial e industrial de la Unión en las cadenas de valor mundiales;

c)

respaldar el trabajo de la Red Europea para las Empresas (REE) de prestar servicios integrados de apoyo empresarial a las pymes de la Unión, incluido el apoyo a dichas pymes para encontrar socios comerciales y financiación, en particular con cargo a los programas InvestEU, Horizonte Europa y Europa Digital, facilitar que adopten innovaciones, su internacionalización y transiciones ecológica y digital y ayudarlas a acceder a conocimientos especializados en materia digital, medioambiental, climática, energética y de eficiencia en el uso de los recursos, con el fin de que les sea más fácil explorar oportunidades en el mercado interior y en terceros países, al mismo tiempo que se evitan duplicidades en las actividades mediante una coordinación estrecha con los Estados miembros, con arreglo al principio de subsidiariedad y teniendo en cuenta la necesidad de asegurar que cuando se utilice la Red para prestar servicios por cuenta de otros programas de la Unión, incluidos servicios de asesoramiento o de desarrollo de capacidades, dichos servicios hayan de ser financiados por esos otros programas de la Unión;

d)

combatir las barreras del mercado y la carga administrativa y crear un entorno empresarial favorable para permitir que las pymes se beneficien del mercado interior;

e)

facilitar el desarrollo y crecimiento de las empresas, en particular promoviendo las competencias técnicas, digitales y empresariales, la gestión empresarial sostenible y el desarrollo de productos y procesos con el fin de potenciar la transformación ecológica y digital en todos los ecosistemas industriales y en todas las cadenas de valor de los sectores de manufactura y servicios;

f)

apoyar la competitividad y sostenibilidad de las empresas y sectores completos de la economía y fomentar el recurso de las pymes a la creatividad y a toda forma de innovación, ampliar la responsabilidad social de las empresas, la adopción de nuevos modelos empresariales y la colaboración en cadenas de valor por medio de conexiones estratégicas de ecosistemas y agrupaciones empresariales, incluida la iniciativa conjunta de agrupaciones empresariales;

g)

impulsar un entorno empresarial emprendedor y una cultura del emprendimiento, en particular mediante programas de tutorización y de movilidad para mejorar los conocimientos técnicos, las competencias, la capacidad tecnológica y la gestión empresarial, así como apoyando a las empresas emergentes, la sostenibilidad de las empresas y a las empresas en expansión en proyectos concretos, basándose en oportunidades impulsadas por el mercado, prestando especial atención a las necesidades de los potenciales nuevos emprendedores y a las de miembros de grupos infrarrepresentados.

a)

mejorar la concienciación, la alfabetización digital y la educación permanente de los consumidores con respecto a sus derechos, incluidos los relacionados con cuestiones derivadas del desarrollo tecnológico y la digitalización, y también aquellos relacionados con tratar las necesidades específicas de los consumidores vulnerables;

b)

facilitar el acceso de los consumidores y comerciantes a mecanismos de resolución de litigios extrajudiciales y en línea de calidad y a información sobre las posibilidades de obtener resarcimiento;

c)

respaldar una aplicación más estricta del Derecho en materia de protección de los consumidores por parte de las autoridades competentes, también en situaciones en las que los comerciantes estén establecidos en terceros países, en particular mediante una cooperación eficaz y acciones conjuntas;

d)

fomentar el consumo sostenible, en particular concienciando a los consumidores sobre el comportamiento medioambiental de los productos, tales como sus características de durabilidad y diseño ecológico, y promoviendo la aplicación de los derechos del consumidor y las posibilidades de resarcimiento frente a prácticas engañosas.

a)

entidades jurídicas establecidas en cualquiera de los siguientes:

b)

entidades jurídicas creadas en virtud del Derecho de la Unión u organizaciones internacionales;

c)

excepcionalmente, entidades jurídicas establecidas en un tercer país que no esté asociado al Programa cuando la participación de dichas entidades jurídicas en la acción persiga los objetivos del Programa y las actividades fuera de la Unión contribuyan a la eficacia de las intervenciones realizadas en los territorios de los Estados miembros donde son de aplicación los Tratados.

a)

acciones destinadas a lograr el objetivo específico contemplado en el artículo 3, apartado 2, letra b);

b)

acciones de apoyo a la protección de los consumidores destinadas a lograr el objetivo específico contemplado en el artículo 3, apartado 2, letra d), inciso i).

a)

una entidad sin ánimo de lucro;

b)

un organismo público.

a)

medidas de protección adoptadas en caso de amenaza directa a la situación sanitaria de la Unión como resultado de la aparición o el desarrollo, en el territorio de un tercer país o Estado miembro, de una de las enfermedades de los animales o zoonosis enumeradas en el anexo III o una de las plagas de los vegetales enumeradas en el programa de trabajo a que se refiere el artículo 16;

b)

medidas de protección, u otras actividades pertinentes, adoptadas en apoyo de la situación sanitaria de los vegetales en la Unión.

a)

los institutos nacionales de estadística y otras autoridades nacionales contemplados en el artículo 5, apartado 2, del Reglamento (CE) n.o 223/2009;

b)

en relación con las acciones destinadas al fomento de las redes de colaboración mencionados en el artículo 15 del Reglamento (CE) n.o 223/2009, otros organismos que operen en el ámbito de las estadísticas y que no sean las autoridades contempladas en la letra a);

c)

las entidades sin ánimo de lucro, que estén libres de conflictos de intereses con la industria o de tipo comercial o empresarial o de otro tipo, y tengan como objetivos y actividades primarias la promoción y el apoyo de la aplicación del Código de buenas prácticas de las estadísticas europeas contemplado en el artículo 11 del Reglamento (CE) n.o 223/2009, o la aplicación de nuevos métodos de elaboración de estadísticas europeas que tengan por objetivo aumentar la eficiencia y la calidad a nivel de la Unión.

a)

en relación con las acciones de acreditación destinadas a realizar el objetivo específico contemplado en el artículo 3, apartado 2, letra a), inciso i), del presente Reglamento, el organismo reconocido con arreglo al artículo 14 del Reglamento (CE) n.o 765/2008 para llevar a cabo las actividades contempladas en el artículo 32 del Reglamento (CE) n.o 765/2008;

b)

en relación con las acciones en el ámbito de la vigilancia del mercado destinadas a realizar el objetivo específico contemplado en el artículo 3, apartado 2, letra a), inciso ii), del presente Reglamento, las autoridades de vigilancia del mercado de los Estados miembros que figuran en el artículo 17 del Reglamento (CE) n.o 765/2008 y en el artículo 10 del Reglamento (UE) 2019/1020;

c)

en relación con las acciones destinadas a realizar el objetivo específico contemplado en el artículo 3, apartado 2, letra c), inciso i), del presente Reglamento, las entidades contempladas en los artículos 15 y 16 del Reglamento (UE) n.o 1025/2012;

d)

en relación con las acciones destinadas a realizar el objetivo específico contemplado en el artículo 3, apartado 2, letra c), inciso ii), el Grupo Consultivo Europeo en materia de Información Financiera (EFRAG), la Fundación de las Normas Internacionales de Información Financiera y el Consejo Internacional de Supervisión Pública (PIOB);

e)

en relación con las acciones destinadas a realizar el objetivo específico contemplado en el artículo 3, apartado 2, letra d), inciso i), por lo que respecta a la representación del interés de los consumidores a nivel de la Unión, la Oficina Europea de Uniones de Consumidores (BEUC) y la Asociación Europea para la Coordinación de la Representación de los Consumidores en la Normalización (ANEC), siempre y cuando no tengan conflictos de intereses y que cada una de ellas represente, a través de sus miembros, los intereses de los consumidores de la Unión en dos tercios de los Estados miembros como mínimo;

f)

en relación con las acciones destinadas a realizar los objetivos específicos contemplados en el artículo 3, apartado 2, letra d), inciso ii), la organización Finance Watch and Better Finance, siempre que se cumplan las condiciones siguientes, lo que ha de evaluarse cada año:

g)

en relación con las acciones destinadas a realizar el objetivo específico contemplado en el artículo 3, apartado 2, letra e), del presente Reglamento:

h)

en relación con las acciones destinadas a realizar el objetivo específico contemplado en el artículo 3, apartado 2, letra f), del presente Reglamento, los institutos nacionales de estadística y otras autoridades nacionales contemplados en el artículo 5, apartado 2, del Reglamento (CE) n.o 223/2009.

a)

el porcentaje será del 75 % de los gastos subvencionables para:

b)

como excepción al artículo 190 del Reglamento Financiero, el porcentaje será del 100 % de los gastos subvencionables cuando las actividades que sean objeto de la ayuda de la Unión se refieran a la prevención y el control de riesgos graves para la salud humana, la fitosanidad y la sanidad animal de la Unión, y además:

c)

cuando sea necesario por falta de financiación, por ejecución insuficiente del Programa o de la medida de emergencia, o por la supresión gradual de la cofinanciación de acciones contra enfermedades animales o plagas de los vegetales, los porcentajes de cofinanciación serán inferiores.

a)

serán admisibles antes de la fecha de presentación de la solicitud de subvención, de conformidad con el artículo 193, apartado 2, párrafo segundo, letra b), del Reglamento Financiero;

b)

serán admisibles a partir de la fecha en que se sospeche la aparición de una enfermedad animal o la presencia de una plaga vegetal, siempre que dicho supuesto se confirme posteriormente.

a)

haber sido evaluadas en una convocatoria de propuestas en el marco del Programa;

b)

reunir los requisitos mínimos de calidad de dicha convocatoria de propuestas;

c)

no poder ser financiadas en el marco de dicha convocatoria de propuestas debido a restricciones presupuestarias.

a)

el importe indicativo asignado a cada acción y, en su caso, el importe indicativo total para todas las acciones, así como un calendario de ejecución indicativo;

b)

los criterios de evaluación esenciales para las subvenciones, de conformidad con el artículo 11, y el porcentaje máximo de cofinanciación, de conformidad con el artículo 12.

1.

Ejecución de medidas de emergencia veterinaria y fitosanitaria

2.

Ejecución de programas nacionales veterinarios y fitosanitarios anuales y plurianuales

3.

Ejecución de programas fitosanitarios para el control de plagas en las regiones ultraperiféricas de la Unión mencionadas en el artículo 355, apartado 1, del TFUE, que estén excluidas del ámbito de aplicación territorial del Reglamento (UE) 2016/2031, en consonancia con los objetivos establecidos en el artículo 24 del Reglamento (UE) n.o 228/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo (1). Dichos programas se referirán a las actividades necesarias para garantizar la correcta aplicación en dichas regiones de las normas vigentes sobre el control de plagas, ya sean normas de la Unión o normas nacionales.

4.

Actividades para contribuir a la mejora del bienestar de los animales, incluidas medidas para garantizar el cumplimiento de las normas relativas al bienestar animal y la trazabilidad también durante el transporte de los animales.

5.

Apoyo a los laboratorios de referencia de la Unión Europea, mencionados en el artículo 92 del Reglamento (UE) 2017/625, y los centros de referencia de la Unión Europea, mencionados en los artículos 95 y 97 del Reglamento (UE) 2017/625 y en el artículo 29 del Reglamento (UE) 2016/1012.

6.

Hasta tres años después de la fecha de designación del laboratorio de referencia de la Unión Europea del ámbito específico, cuando proceda y de conformidad con el artículo 10, apartado 1, la obtención de una acreditación relativa a los métodos de ensayo y diagnóstico en laboratorios nacionales de referencia en materia de fitosanidad y en laboratorios nacionales de referencia en materia de sanidad animal.

7.

Ejecución de los programas coordinados de control y organización de recogida de datos e información contemplados en el artículo 112 del Reglamento (UE) 2017/625.

8.

Actividades para prevenir el desperdicio de alimentos y combatir el fraude alimentario.

9.

Actividades de apoyo a la producción y consumo sostenibles de alimentos, también a las cadenas de distribución cortas.

10.

Desarrollo de bases de datos y los sistemas informatizados de gestión de la información necesarios para la aplicación eficaz y eficiente de la legislación relacionada con el objetivo específico contemplado en el artículo 3, apartado 2, letra e), y con un valor añadido demostrado para la Unión en su conjunto; así como la implantación de nuevas tecnologías para mejorar la trazabilidad de los productos.

11.

La formación del personal de las autoridades competentes responsables de los controles oficiales y otras partes que intervengan en la gestión o la prevención de las enfermedades de los animales o las plagas de los vegetales, según se establece en el artículo 130 del Reglamento (UE) 2017/625.

12.

Pago de gastos de viaje, alojamiento y dietas diarias de los expertos de los Estados miembros derivados de su nombramiento por la Comisión para que ayuden a sus propios expertos según se establece en el artículo 116, apartado 4, y el artículo 120, apartado 4, del Reglamento (UE) 2017/625.

13.

Realización de trabajo técnico y científico necesario para garantizar la correcta aplicación de la legislación en el ámbito relacionado con el objetivo específico contemplado en el artículo 3, apartado 2, letra e), y la adaptación de esa legislación a la evolución científica, tecnológica y social; también los estudios y actividades de coordinación necesarios para la prevención de la aparición de nuevas plagas de los vegetales y enfermedades animales.

14.

Las actividades llevadas a cabo por los Estados miembros o por organizaciones internacionales con el fin de realizar el objetivo específico contemplado en el artículo 3, apartado 2, letra e), para contribuir al desarrollo y la aplicación de las normas relacionadas con dicho objetivo.

15.

Realización de proyectos organizados por uno o varios Estados miembros con el fin de mejorar, por medio de la utilización de técnicas y protocolos innovadores, la realización eficaz del objetivo específico contemplado en el artículo 3, apartado 2, letra e).

16.

Ejecución de iniciativas de información y concienciación organizadas por la Unión y los Estados miembros con el fin de garantizar una producción y un consumo mejorados, conformes y sostenibles de alimentos, incluidas las actividades para la prevención del desperdicio de alimentos que contribuyan a la economía circular y las de prevención del fraude alimentario, así como otras iniciativas que contribuyan a un elevado nivel de salud para los vegetales y los animales y a la seguridad de los alimentos y los piensos, en el marco de la aplicación de las normas en el ámbito del objetivo específico contemplado en el artículo 3, apartado 2, letra e).

17.

Ejecución de medidas en relación con los animales, los productos derivados de los animales, los vegetales, los productos derivados de los vegetales y otros objetos pertinentes que llegan a la frontera de la Unión procedentes de terceros países para proteger la salud de las personas, la sanidad animal y la fitosanidad, así como el bienestar de los animales.

1)

suministro de estadísticas de calidad que sirvan de base al procedimiento aplicable en caso de déficit excesivo y, si es viable, al Mecanismo de Recuperación y Resiliencia y al instrumento de apoyo técnico, así como al ciclo anual de orientación y seguimiento económico de la Unión,

2)

suministro y, en su caso, mejora de los principales indicadores económicos europeos,

3)

suministro de estadísticas y orientación metodológica sobre el tratamiento estadístico de los instrumentos presupuestarios y de inversión de apoyo a la convergencia económica, la estabilidad financiera y la creación de empleo,

4)

suministro de estadísticas a efectos de los recursos propios y las remuneraciones y pensiones del personal de la Unión,

5)

mejora de la medición del comercio de mercancías y servicios, la inversión extranjera directa, las cadenas de valor mundiales y el impacto de la globalización en las economías de la Unión.

1)

suministro de estadísticas de calidad y fiables a efectos del mercado interior y los ámbitos clave de innovación e investigación,

2)

suministro de estadísticas más numerosas y oportunas sobre la economía colaborativa y el impacto de la digitalización en las empresas y los ciudadanos de la Unión,

3)

suministro de estadísticas en apoyo de la política europea de defensa, con sujeción a estudios de viabilidad y teniendo debidamente en cuenta la sensibilidad de los datos estadísticos.

1)

suministro de estadísticas de calidad, oportunas y fiables en apoyo del pilar europeo de derechos sociales y la política de desarrollo de capacidades de la Unión, también estadísticas sobre el mercado de trabajo, el empleo, la educación y la formación, los ingresos, las condiciones de vida, la pobreza, la desigualdad, la protección social, la violencia de género, el trabajo no declarado y las cuentas satélite sobre capacidades.

Cuando sea necesario desarrollar nuevas estadísticas, deberá examinarse con mayor detenimiento en el Sistema Estadístico Europeo la disponibilidad de los datos y la viabilidad de elaborar estadísticas sobre cuentas satélite relativas a capacidades y al trabajo no declarado,

2)

suministro de estadísticas relacionadas con la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad,

3)

enriquecimiento de las estadísticas sobre inmigración, en particular sobre la situación y la integración de los inmigrantes, así como sobre las necesidades en materia de educación y los niveles de cualificación de los demandantes de asilo,

4)

desarrollo de programas relativos al censo de población y vivienda y de estadísticas sobre población, posteriores a 2021 y modernizados,

5)

suministro y actualización regular de las proyecciones y desgloses sobre la población de la Unión.

1)

seguimiento de los avances hacia los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS),

2)

suministro de estadísticas de alta calidad que sirvan de base al Pacto Verde Europeo, incluido el desarrollo ulterior de estadísticas en apoyo de la Estrategia de la Energía, de la economía circular, así como de las estadísticas relacionadas con el clima y la Estrategia sobre el Plástico.

Cuando sea necesario elaborar nuevas estadísticas e indicadores en los ámbitos mencionados en el inciso anterior, debe seguirse estudiando en el Sistema Estadístico Europeo la disponibilidad de los datos y la viabilidad de elaborar dichas estadísticas e indicadores,

3)

suministro de estadísticas e indicadores medioambientales clave sobre residuos, agua, biodiversidad, bosques, uso y ocupación del suelo, y cuentas económicas medioambientales,

4)

suministro de estadísticas sobre transporte de mercancías y pasajeros en apoyo de las políticas de la Unión,

5)

desarrollo de nuevos indicadores para el seguimiento de la intermodalidad y el cambio modal hacia unos modos de transporte más respetuosos con el medio ambiente,

6)

suministro de datos oportunos y pertinentes para las necesidades de la política agrícola común, la política pesquera común y las políticas relacionadas con el medio ambiente, la seguridad alimentaria y el bienestar de los animales.

1)

suministro de indicadores estadísticos oportunos y completos sobre regiones, incluidas las regiones ultraperiféricas, ciudades y zonas rurales de la Unión, para seguir y evaluar la eficacia de las políticas de desarrollo territorial y para evaluar el impacto territorial de las políticas sectoriales,

2)

utilización creciente de datos geoespaciales e integración y racionalización sistemáticas de la gestión de la información geoespacial en la elaboración de estadísticas,

3)

estudiar en el Sistema Estadístico Europeo la viabilidad del suministro y continuidad en cuanto a la elaboración de:

1)

promoción sistemática de las estadísticas europeas como fuente de datos fiable y auxilio a los verificadores de hechos, los investigadores y las autoridades públicas en su utilización de las estadísticas europeas para combatir la desinformación,

2)

refuerzo del diálogo existente con los productores y con los usuarios de las estadísticas europeas con el fin de mejorar y promover la utilización de las estadísticas europeas a través del establecimiento y la implantación de medidas para el fomento de la cultura estadística, lo que redunda en beneficio de los ciudadanos de la Unión, incluidos los emprendedores,

3)

simplificación del acceso a las estadísticas y su comprensión por parte de los usuarios; por ejemplo, mediante visualizaciones atractivas e interactivas, servicios más personalizados (como datos según demanda) y autoservicio de análisis,

4)

profundización en el desarrollo y el seguimiento del marco de garantía de calidad de las estadísticas europeas; por ejemplo, incluyendo mediante revisiones por pares del cumplimiento por parte de los Estados miembros del Código de buenas prácticas de las estadísticas europeas,

5)

proporcionar acceso a los microdatos con fines de investigación, de conformidad con el artículo 23 del Reglamento (CE) n.o 223/2009, al tiempo que se preservan los estándares más elevados en la protección de los datos y la confidencialidad de las estadísticas.

1)

aumento de la explotación de nuevas fuentes de datos digitales dentro de un entorno de múltiples fuentes, a fin de elaborar nuevas estadísticas inteligentes en tiempo cuasirreal con algoritmos fiables y adecuados para el fin perseguido,

2)

desarrollo de enfoques innovadores para la utilización de datos de tenencia privada por medio de la adopción de métodos de computación segura multipartita y de computación para la preservación de la privacidad,

3)

fomento de la investigación de vanguardia y la innovación en las estadísticas oficiales; por ejemplo, utilizando redes colaborativas e impartiendo programas de formación de estadística europea.

1)

refuerzo de la asociación dentro del Sistema Estadístico Europeo y de la cooperación con el Sistema Europeo de Bancos Centrales,

2)

fomento de los acuerdos de colaboración con los tenedores de datos públicos y privados y con el sector de la tecnología, con el fin de facilitar el acceso a los datos con fines estadísticos, la integración de los datos procedentes de múltiples fuentes y el uso de las tecnologías más recientes,

3)

mejora de la cooperación con el ámbito académico y el mundo de la investigación, en particular por lo que respecta al uso de nuevas fuentes de datos, a los análisis de datos y al fomento de la cultura estadística,

4)

mantenimiento de la cooperación con organizaciones internacionales y terceros países en beneficio de las estadísticas oficiales mundiales.

1)

Enfermedades de los animales a que se refieren el artículo 5, apartado 1, el artículo 9, apartado 1, letras a), b) y c), y el artículo 28 del Reglamento (UE) 2016/429.

2)

Zoonosis y agentes zoonóticos a que se refieren el Reglamento (CE) n.o 2160/2003 y la Directiva 2003/99/CE.

3)

Encefalopatías espongiformes transmisibles a que se refiere el Reglamento (CE) n.o 999/2001.

Objetivo

Indicador

Objetivos establecidos en el artículo 3, apartado 2, letra a)

Objetivo establecido en el artículo 3, apartado 2, letra a), inciso ii)

Objetivo establecido en el artículo 3, apartado 2, letra b)

Objetivo establecido en el artículo 3, apartado 2, letra c), inciso i)

Objetivo establecido en el artículo 3, apartado 2, letra c), inciso ii)

Objetivo establecido en el artículo 3, apartado 2, letra d), inciso i)

Objetivo establecido en el artículo 3, apartado 2, letra d), inciso ii)

Objetivo establecido en el artículo 3, apartado 2, letra e)

Objetivo establecido en el artículo 3, apartado 2, letra f)