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El Acuerdo de París (4), adoptado el 12 de diciembre de 2015 en el marco de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) (en lo sucesivo, «Acuerdo de París»), entró en vigor el 4 de noviembre de 2016. Las Partes en el Acuerdo de París han acordado mantener el aumento de la temperatura media mundial muy por debajo de 2 °C en relación con los niveles preindustriales y perseverar en los esfuerzos para limitar el aumento de la temperatura a 1,5 °C por encima de dichos niveles. Dicho compromiso se ha visto reforzado con la adopción, en el marco de la CMNUCC, del Pacto por el Clima de Glasgow el 13 de noviembre de 2021, en el que la Conferencia de las Partes en la CMNUCC, en calidad de reunión de las Partes en el Acuerdo de París, reconoce que los efectos del cambio climático serían mucho menores con un aumento de la temperatura de 1,5 °C que con un aumento de 2 °C, y resuelve proseguir los esfuerzos para limitar el aumento de la temperatura a 1,5 °C.

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La necesidad urgente de mantener vivo el objetivo del Acuerdo de París de 1,5 °C ha cobrado mayor importancia a raíz de las conclusiones del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático en su sexto informe de evaluación, según las cuales el calentamiento global únicamente puede limitarse a 1,5 °C si se emprenden inmediatamente reducciones fuertes y sostenidas de las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero en este decenio.

Abordar los retos relacionados con el clima y el medio ambiente y alcanzar los objetivos del Acuerdo de París constituye el núcleo de la Comunicación de la Comisión de 11 de diciembre de 2019 sobre el «Pacto Verde Europeo» (en lo sucesivo, «Pacto Verde Europeo»).

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El Pacto Verde Europeo combina un conjunto completo de medidas e iniciativas que se refuerzan entre ellas, cuyo objetivo es lograr la neutralidad climática en la Unión de aquí a 2050, y establece una nueva estrategia de crecimiento centrada en transformar la Unión en una sociedad justa y próspera, con una economía moderna, eficiente en la utilización de recursos y competitiva, en la que el crecimiento económico esté disociado de la utilización de los recursos. Ese Pacto aspira también a proteger, mantener y mejorar el capital natural de la Unión, así como a proteger la salud y el bienestar de los ciudadanos frente a los riesgos y efectos medioambientales. Esta transición afecta de manera diferente a los trabajadores de distintos sectores. Al mismo tiempo, dicha transición tiene aspectos de igualdad de género, así como un efecto concreto sobre algunos colectivos desfavorecidos y vulnerables, como las personas mayores, las personas con discapacidad, las personas pertenecientes a minorías raciales o étnicas y las personas y los hogares con ingresos bajos y medios. Asimismo, impone mayores desafíos a determinadas regiones, en particular a las estructuralmente desfavorecidas y a las periféricas, así como a las islas. Por lo tanto, debe garantizarse que la transición sea justa e inclusiva, sin dejar a nadie atrás.

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El 17 de diciembre de 2020, la Unión presentó su contribución determinada a nivel nacional (CDN) a la CMNUCC, tras su aprobación por el Consejo. La Directiva 2003/87/CE del Parlamento Europeo y del Consejo (5), en su versión modificada, entre otros actos legislativos, por la Directiva (UE) 2018/410 del Parlamento Europeo y del Consejo (6), es uno de los instrumentos citados, sujeto a revisión a la luz del objetivo reforzado para 2030, en la descripción general del objetivo que figura en el anexo de tal contribución. El Consejo, en sus Conclusiones de 24 de octubre de 2022, declaró que está dispuesto a actualizar, tan pronto como sea posible tras las conclusiones de las negociaciones sobre los elementos esenciales del conjunto de medidas «Objetivo 55» y según proceda, las CDN de la Unión y sus Estados miembros, en consonancia con el apartado 29 del Pacto por el Clima de Glasgow, para tener en cuenta la forma en que el resultado final de los elementos esenciales del conjunto de medidas «Objetivo 55» permite realizar el objetivo principal de la Unión acordado por el Consejo Europeo en diciembre de 2020. Dado que el régimen de comercio de derechos de emisión en la Unión (en lo sucesivo, «RCDE de la UE»), establecido por la Directiva 2003/87/CE, es una piedra angular de la política climática de la Unión y su instrumento clave para reducir con eficiencia de costes las emisiones de gases de efecto invernadero, las modificaciones de la Directiva 2003/87/CE adoptadas mediante la presente Directiva, también en relación con su ámbito de aplicación, forman parte de los elementos esenciales del conjunto de medidas «Objetivo 55».

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La necesidad y el valor de cumplir el Pacto Verde Europeo no han hecho sino aumentar a la luz de las gravísimas repercusiones de la pandemia de COVID-19 en la salud, las condiciones de vida y de trabajo, y el bienestar de los ciudadanos de la Unión. Dichas repercusiones han demostrado que nuestra sociedad y nuestra economía necesitan mejorar su capacidad de recuperación frente a las perturbaciones externas y actuar con prontitud para prevenir o mitigar los efectos de las perturbaciones externas de una forma que sea justa y dé lugar a que no deje a nadie atrás, incluidas las personas en riesgo de pobreza energética. Los ciudadanos europeos siguen expresando su firme opinión de que esto se aplica, en concreto, al cambio climático.

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La Unión se comprometió a reducir, a más tardar en 2030, las emisiones netas de gases de efecto invernadero en el conjunto de su economía en un 55 % como mínimo con respecto a los niveles de 1990 en la CDN actualizada presentada a la Secretaría de la CMNUCC el 17 de diciembre de 2020.

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Mediante la adopción del Reglamento (UE) 2021/1119 del Parlamento Europeo y del Consejo (7), la Unión ha consagrado en su legislación el objetivo de alcanzar la neutralidad climática en toda la economía a más tardar en 2050 y el objetivo de lograr emisiones negativas a partir de esa fecha. Dicho Reglamento establece también un objetivo vinculante de la Unión de una reducción interna de las emisiones netas de gases de efecto invernadero (emisiones una vez deducidas las absorciones) de, al menos, un 55 % con respecto a los niveles de 1990, de aquí a 2030 y establece que la Comisión ha de esforzarse por ajustar todos los futuros proyectos de medidas o propuestas legislativas, incluidas las propuestas presupuestarias, a los objetivos de dicho Reglamento y, en caso de no ajustarse a ellos, expondrá las razones de dicha falta de adaptación como parte de la evaluación de impacto que acompaña a dichas propuestas.

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Para llevar a cabo las reducciones de emisiones establecidas en el Reglamento (UE) 2021/1119, es necesaria la contribución de todos los sectores de la economía. Por lo tanto, la aspiración del RCDE de la UE debe ajustarse para que esté en consonancia con el objetivo de reducción de las emisiones netas de gases de efecto invernadero en el conjunto de la economía para 2030, así como con el objetivo de neutralidad climática de la Unión a más tardar en 2050 y el objetivo de lograr emisiones negativas a partir de entonces, como se establece en el Reglamento (UE) 2021/1119.

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El RCDE de la UE debe incentivar la producción de instalaciones que reduzcan parcialmente o eliminen totalmente las emisiones de gases de efecto invernadero. Por consiguiente, la descripción de algunas categorías de actividades que figura en el anexo I de la Directiva 2003/87/CE debe modificarse para garantizar que las instalaciones que realicen una de las actividades enumeradas en dicho anexo y que cumplan el umbral de capacidad relacionado con la misma actividad, pero que no emitan gases de efecto invernadero, estén incluidas en el ámbito de aplicación del RCDE de la UE y, por tanto, garanticen que exista una igualdad de trato entre las instalaciones en los sectores afectados. Además, la asignación gratuita para la fabricación de un producto debe tener en cuenta, como principios rectores, el potencial de uso circular de los materiales y el hecho de que los parámetros de referencia deban ser independientes de la materia prima o del tipo de proceso de producción, cuando los procesos de producción tengan la misma finalidad. Por consiguiente, es necesario modificar la definición de los productos y de los procesos y emisiones incluidos en el caso de algunos parámetros de referencia a fin de garantizar la igualdad de condiciones para las instalaciones que usen nuevas tecnologías que reduzcan parcialmente o eliminen totalmente las emisiones de gases de efecto invernadero e instalaciones que usen tecnologías existentes. Sin perjuicio de dichos principios rectores, los parámetros de referencia revisados para el período de 2026 a 2030 deben seguir diferenciando entre la producción primaria y secundaria de acero y aluminio. También es necesario desvincular la actualización de los valores de los parámetros de referencia para las refinerías y para el hidrógeno a fin de reflejar la creciente importancia de la producción de hidrógeno, incluido el hidrógeno limpio, fuera del sector de las refinerías.

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Tras la modificación de las definiciones de los productos y de los procesos y emisiones incluidos en el caso de algunos parámetros de referencia, es necesario garantizar que los productores no reciban una doble compensación por las mismas emisiones, a saber, mediante la asignación gratuita al mismo tiempo que mediante la compensación de los costes indirectos, y ajustar en consecuencia las medidas financieras para compensar los costes indirectos repercutidos en los precios de la electricidad.

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La Directiva 96/61/CE del Consejo (8) fue derogada por la Directiva 2010/75/UE del Parlamento Europeo y del Consejo (9). Las referencias a la Directiva 96/61/CE en el artículo 2 de la Directiva 2003/87/CE y en su anexo IV deben actualizarse en consecuencia. Dada la necesidad urgente de reducir las emisiones en el conjunto de la economía, los Estados miembros deben poder actuar para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero comprendidas dentro del ámbito de aplicación del RCDE de la UE también a través de políticas distintas de los límites de emisiones adoptados con arreglo a la Directiva 2010/75/UE.

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En su Comunicación de 12 de mayo de 2021 titulada «La senda hacia un planeta sano para todos: Plan de acción de la UE: “Contaminación cero para el aire, el agua y el suelo”», la Comisión pide que se dirija a la Unión hacia una contaminación cero de aquí a 2050 mediante la reducción de la contaminación del aire, el agua dulce, el mar y el suelo, a niveles a los que cabe esperar que no sean nocivos para la salud y los ecosistemas naturales. Las medidas previstas en la Directiva 2010/75/UE, como principal instrumento regulador de las emisiones contaminantes del aire, del agua y del suelo, también van a permitir reducir, en muchas ocasiones, las emisiones de gases de efecto invernadero. En consonancia con el artículo 8 de la Directiva 2003/87/CE, los Estados miembros deben garantizar la coordinación entre los requisitos relativos a los permisos de la Directiva 2003/87/CE y los de la Directiva 2010/75/UE.

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Reconocer que las nuevas tecnologías innovadoras van a permitir, a menudo, la reducción de las emisiones tanto de gases de efecto invernadero como de contaminantes es importante para garantizar sinergias entre las medidas que reducen las emisiones tanto de gases de efecto invernadero como de contaminantes, en particular, la Directiva 2010/75/UE, y revisar su eficacia a este respecto.

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La definición de generadores eléctricos se utilizó para determinar la cantidad máxima de asignaciones gratuitas de derechos de emisión a la industria en el período comprendido entre 2013 y 2020, pero dio lugar a un tratamiento diferente de las centrales de cogeneración en comparación con las instalaciones industriales. A fin de incentivar el uso de la cogeneración de alta eficiencia y ofrecer unas condiciones de competencia equitativas de todas las instalaciones que reciben asignaciones gratuitas de derechos de emisión para la producción de calor y la calefacción urbana, deben suprimirse todas las referencias a los generadores eléctricos de la Directiva 2003/87/CE. Además, el Reglamento Delegado (UE) 2019/331 de la Comisión (10) especifica los pormenores relativos a la admisibilidad de todos los procesos industriales para la asignación gratuita. Por consiguiente, las disposiciones sobre captura y almacenamiento de carbono del artículo 10 bis, apartado 3, de la Directiva 2003/87/CE han quedado obsoletas y deben suprimirse.

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Los gases de efecto invernadero que no se liberen directamente a la atmósfera deben considerarse emisiones con arreglo al RCDE de la UE y deben entregarse los derechos de emisión para dichas emisiones a menos que se almacenen en un depósito de almacenamiento de conformidad con la Directiva 2009/31/CE del Parlamento Europeo y del Consejo (11), o que estén químicamente fijados de forma permanente a un producto, de modo que no entren en la atmósfera en condiciones normales de uso y que no entren en la atmósfera a raíz de cualquier actividad normal al acabar la vida útil del producto. Deben otorgarse a la Comisión poderes para adoptar actos delegados por los que se especifiquen las condiciones a tenor de las cuales los gases de efecto invernadero deben considerarse químicamente fijados a un producto de forma permanente, de modo que no entren en la atmósfera en condiciones normales de uso y que no entren en la atmósfera a raíz de cualquier actividad normal al acabar la vida útil del producto, y que incluyan la obtención de un certificado de absorciones de carbono, cuando proceda, teniendo en cuenta la evolución de la normativa en materia de certificación de las absorciones de carbono. La actividad normal al acabar la vida útil del producto debe entenderse en sentido amplio, de manera que comprenda todas las actividades que tengan lugar después del final de su vida útil, incluidas la reutilización, la remanufacturación, el reciclado y la eliminación, como la incineración y el depósito en vertederos.

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La actividad de transporte marítimo internacional, que consiste en viajes entre puertos bajo la jurisdicción de dos Estados miembros diferentes o entre un puerto bajo la jurisdicción de un Estado miembro y un puerto situado fuera de la jurisdicción de cualquier Estado miembro, ha sido el único medio de transporte no incluido en los compromisos anteriores de la Unión de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Las emisiones procedentes del combustible vendido en la Unión para los viajes que parten de un Estado miembro y llegan a otro Estado miembro o a un país tercero han crecido alrededor de un 36 % desde 1990. Dichas emisiones representan cerca del 90 % de todas las emisiones de navegación de la Unión ya que las emisiones procedentes del combustible vendido en la Unión para viajes con salida y llegada al mismo Estado miembro se han reducido en un 26 % desde 1990. En una hipótesis de statu quo, se prevé que las emisiones procedentes de las actividades del transporte marítimo internacional crezcan en torno a un 14 % entre 2015 y 2030 y a un 34 % entre 2015 y 2050. Si el impacto del cambio climático de las actividades del transporte marítimo crece al ritmo esperado, neutralizará en gran medida las reducciones conseguidas en otros sectores para luchar contra el cambio climático y, por tanto, impedirá que se logren el objetivo de reducción de las emisiones netas de gases de efecto invernadero en el conjunto de la economía para 2030, el objetivo de neutralidad climática de la Unión para 2050 a más tardar y el objetivo de lograr emisiones negativas a partir de esa fecha, establecido en el Reglamento (UE) 2021/1119, y los objetivos del Acuerdo de París.

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En 2013, la Comisión adoptó una estrategia para integrar progresivamente las emisiones procedentes del transporte marítimo en la política de la Unión para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Como primer paso en este planteamiento, la Unión estableció en el Reglamento (UE) 2015/757 del Parlamento Europeo y del Consejo (12) un sistema de seguimiento, notificación y verificación de las emisiones del transporte marítimo, al que debe seguir el establecimiento de objetivos de reducción para el transporte marítimo y la aplicación de una medida basada en el mercado. En consonancia con el compromiso de los colegisladores expresado en la Directiva (UE) 2018/410, las medidas que adopten la Organización Marítima Internacional (OMI) o la Unión deben comenzar a partir de 2023, incluidos los trabajos preparatorios sobre la adopción y aplicación de una medida que garantice que el sector contribuye debidamente a los esfuerzos necesarios para alcanzar los objetivos acordados en el marco del Acuerdo de París, y que todas las partes interesadas presten la debida consideración.

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Según lo establecido en la Directiva (UE) 2018/410, la Comisión debe informar al Parlamento Europeo y al Consejo sobre los avances conseguidos en la OMI en pos de un objetivo ambicioso de reducción de emisiones y de medidas complementarias con objeto de garantizar que el transporte marítimo contribuya debidamente a los esfuerzos necesarios para alcanzar los objetivos acordados en el Acuerdo de París. Están realizándose esfuerzos encaminados a limitar las emisiones marítimas globales a través de la OMI, que deben fomentarse, incluyendo la pronta aplicación de la Estrategia inicial de la OMI sobre la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero procedentes de los buques, adoptada en 2018, que también alude a posibles medidas de mercado para incentivar la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero procedentes del transporte marítimo internacional. Sin embargo, los recientes avances en el marco de la OMI no bastan para alcanzar los objetivos del Acuerdo de París. Habida cuenta del carácter internacional del transporte marítimo, es importante que los Estados miembros y la Unión, en el respeto de sus respectivas competencias, colaboren con terceros países para incrementar sus esfuerzos diplomáticos para avanzar en el desarrollo de una medida de mercado mundial a escala de la OMI.

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Las emisiones de CO2 procedentes del transporte marítimo representan entre el 3 y el 4 % de las emisiones de la Unión. En el Pacto Verde Europeo, la Comisión declaró su intención de adoptar medidas adicionales para abordar las emisiones de gases de efecto invernadero procedentes del transporte marítimo mediante una serie de disposiciones que permitan a la Unión alcanzar sus objetivos de reducción de emisiones. En este contexto, debe modificarse la Directiva 2003/87/CE para incluir el transporte marítimo en el RCDE de la UE, a fin de garantizar que dicho sector contribuya en una parte equitativa al aumento de los objetivos climáticos de la Unión, así como a los objetivos del Acuerdo de París, que en su artículo 4, apartado 4, establece que los países desarrollados deben seguir encabezando los esfuerzos, adoptando metas de reducción de emisiones para el conjunto de la economía, al tiempo que se alienta a los países en desarrollo a que, con el tiempo, adopten metas de reducción o limitación de las emisiones para el conjunto de la economía. A partir de enero de 2021 hubo que limitar las emisiones procedentes de la aviación internacional fuera de Europa mediante una acción mundial basada en el mercado y, sin embargo, todavía no se ha adoptado ninguna medida que limite o fije el precio de las emisiones del transporte marítimo. Por tanto, conviene que el RCDE de la UE cubra una parte de las emisiones de los viajes entre un puerto bajo la jurisdicción de un Estado miembro y otro puerto bajo la jurisdicción de un país tercero, y que el país tercero pueda decidir las medidas adecuadas con respecto al otro porcentaje de emisiones.

La ampliación del RCDE de la UE al transporte marítimo debe incluir, por tanto, la mitad de las emisiones procedentes de los buques que realicen viajes que lleguen a un puerto bajo la jurisdicción de un Estado miembro desde un puerto situado fuera de la jurisdicción de un Estado miembro, la mitad de las emisiones procedentes de los buques que realicen viajes que salgan de un puerto bajo la jurisdicción de un Estado miembro y que lleguen a un puerto situado fuera de la jurisdicción de un Estado miembro, todas las emisiones procedentes de los buques que realicen viajes con llegada a un puerto bajo jurisdicción de un Estado miembro desde un puerto bajo jurisdicción de un Estado miembro, y todas las emisiones en un puerto bajo jurisdicción de un Estado miembro. Se ha considerado que este enfoque es una manera práctica de resolver la cuestión de las responsabilidades comunes pero diferenciadas y las capacidades respectivas, que constituye un reto desde hace tiempo en el contexto de la CMNUCC. La cobertura de una parte de las emisiones procedentes de los viajes entrantes y salientes entre la Unión y países terceros garantiza la eficacia del RCDE de la UE, en particular mediante el aumento de los efectos sobre el medio ambiente de la medida en comparación con un ámbito geográfico limitado a los viajes dentro de la Unión, y limita, al mismo tiempo, el riesgo de escalas portuarias evasivas y el riesgo de deslocalización de las actividades de transbordo fuera de la Unión. Para garantizar una inclusión gradual del sector en el RCDE de la UE, la entrega de derechos de emisión por parte de las empresas navieras debe incrementarse paulatinamente con respecto a las emisiones verificadas notificadas para los años 2024 y 2025.

Con objeto de proteger la integridad medioambiental del sistema, cuando se entreguen menos derechos de emisión en comparación con las emisiones verificadas para el transporte marítimo durante esos años, una vez establecida la diferencia entre las emisiones verificadas y los derechos entregados cada año, debe cancelarse la cantidad de derechos de emisión que corresponda a la diferencia. A partir de 2026, las empresas navieras deberán entregar el número de derechos de emisión correspondiente a todas sus emisiones verificadas. Si bien el impacto climático del transporte marítimo se debe principalmente a sus emisiones de CO2, las emisiones distintas del CO2 representan una parte significativa de las emisiones procedentes de los buques. Según el cuarto estudio de la OMI sobre los gases de efecto invernadero, publicado en 2020, las emisiones de metano aumentaron significativamente entre 2012 y 2018. Es probable que las emisiones de metano y óxido nitroso aumenten con el tiempo, en particular con el desarrollo de buques propulsados por gases naturales licuados u otras fuentes de energía. La inclusión de las emisiones de metano y óxido nitroso sería beneficiosa para la integridad medioambiental y para incentivar las buenas prácticas. Dichas emisiones deben incluirse en primer lugar en el Reglamento (UE) 2015/757 a partir de 2024 y en el RCDE de la UE a partir de 2026.

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La ampliación del ámbito de aplicación de la Directiva 2003/87/CE al transporte marítimo va a dar lugar a cambios en los costes de dicho transporte. Todas las partes de la Unión se van a ver afectadas por dicha ampliación del ámbito de aplicación, ya que las mercancías transportadas por vía marítima desde o hacia puertos situados dentro de la Unión tienen su origen o destino en los distintos Estados miembros, incluso en los Estados miembros sin litoral. Por ello, la asignación de los derechos de emisión que han de subastar los Estados miembros no debe cambiar, en principio, como consecuencia de la inclusión de las actividades del transporte marítimo, y debe incluir a todos los Estados miembros. No obstante, los Estados miembros se van a ver afectados en distinta medida. En particular, los Estados miembros con una gran dependencia del transporte marítimo van a estar más expuestos a los efectos de esta ampliación. Los Estados miembros con un sector marítimo de gran tamaño en comparación con sus dimensiones relativas se van a ver más afectados por la ampliación del RCDE de la UE al transporte marítimo. Procede, por tanto, prestar asistencia adicional de una duración limitada a dichos Estados miembros en forma de derechos de emisión suplementarios para brindar apoyo a la descarbonización de las actividades marítimas y a modo de compensación por los costes administrativos soportados. La asistencia debe ponerse en marcha paulatinamente de modo paralelo a la introducción de las obligaciones de entrega y, por tanto, al aumento de las repercusiones para dichos Estados miembros. En el contexto de la revisión de la Directiva 2003/87/CE, la Comisión debe estudiar la pertinencia de dicha asistencia adicional, teniendo en cuenta, en particular, el desarrollo en el número de las empresas navieras que están bajo la responsabilidad de distintos Estados miembros.

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El RCDE de la UE debe contribuir significativamente a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero de las actividades marítimas y a aumentar la eficiencia en relación con dichas actividades. Los ingresos generados por el RCDE de la UE deben utilizarse de conformidad con el artículo 10, apartado 3, de la Directiva 2003/87/CE, entre otras cosas, para fomentar el transporte respetuoso con el clima y el transporte público en todos los sectores.

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La renovación de las flotas de buques de clase de hielo y el desarrollo de tecnologías innovadoras que reduzcan las emisiones de dichos buques llevarán tiempo y requerirán apoyo financiero. Actualmente, los buques de clase de hielo, debido al diseño que les permite navegar en condiciones de hielo, consumen más combustible y producen más emisiones que los buques de tamaño similar diseñados para navegar únicamente en aguas abiertas. Por tanto, debe establecerse, en el marco de la presente Directiva, un método independiente del pabellón que permita una reducción, hasta el 31 de diciembre de 2030, de la cantidad de derechos de emisión que deben entregar las empresas navieras en función de la clase de hielo de sus buques.

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Las islas sin conexión por carretera o ferrocarril con el continente dependen del transporte marítimo en mayor medida que las demás regiones, así como de las conexiones marítimas para su conectividad. Con el fin de ayudar a las islas menos pobladas a mantener sus conexiones tras la incorporación de las actividades del transporte marítimo al ámbito de aplicación de la Directiva 2003/87/CE, es conveniente ofrecer la posibilidad a los Estados miembros de solicitar una excepción temporal a las obligaciones de entrega prevista en dicha Directiva para determinadas actividades de transporte marítimo con islas que tengan una población de menos de 200 000 residentes permanentes.

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Los Estados miembros han de poder solicitar que un contrato u obligación de servicio público transnacional entre dos Estados miembros quede temporalmente exento del cumplimiento de determinadas obligaciones establecidas en el marco de la Directiva 2003/87/CE. Dicha posibilidad debe limitarse a las conexiones entre un Estado miembro sin frontera terrestre con otro Estado miembro y el Estado miembro geográficamente más próximo, como la conexión marítima entre Chipre y Grecia, que ha estado interrumpida durante más de dos decenios. Dicha excepción temporal contribuiría a abordar la imperiosa necesidad de prestar un servicio de interés general y de garantizar la conectividad, así como la cohesión económica, social y territorial.

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Teniendo en cuenta las características especiales y las exigencias persistentes de las regiones ultraperiféricas de la Unión reconocidas en el artículo 349 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE), y dada su fuerte dependencia del transporte marítimo, debe prestarse especial atención a preservar la accesibilidad de dichas regiones y su conectividad eficiente mediante el transporte marítimo. Por consiguiente, debe establecerse una excepción temporal al cumplimiento de determinadas obligaciones establecidas en el marco de la Directiva 2003/87/CE en el caso de las emisiones procedentes de actividades de transporte marítimo entre un puerto situado en una región ultraperiférica de un Estado miembro y un puerto situado en el mismo Estado miembro, también cuando se trate de puertos situados en la misma región ultraperiférica y en otra región ultraperiférica del mismo Estado miembro.

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Las disposiciones de la Directiva 2003/87/CE relacionadas con las actividades del transporte marítimo deben ser objeto de revisión a la luz de la evolución internacional futura y de los esfuerzos realizados por alcanzar los objetivos del Acuerdo de París, incluidos el segundo balance mundial en 2028 y los balances mundiales posteriores, que se han de realizar cada cinco años a partir de entonces, destinados a proporcionar información para las sucesivas CDN. Dichas disposiciones deben ser también objeto de revisión en caso de adopción por parte de la OMI de una medida de mercado mundial para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero procedentes del transporte marítimo. A tal fin, la Comisión debe presentar un informe al Parlamento Europeo y al Consejo en un plazo de dieciocho meses a partir de la adopción de dicha medida y antes de que entre en vigor. En dicho informe, la Comisión debe examinar la medida de mercado mundial en lo que respecta a su aspiración a la luz de los objetivos del Acuerdo de París, su integridad medioambiental general, también en comparación con las disposiciones de la Directiva 2003/87/CE relativas al transporte marítimo, y cualquier cuestión relacionada con la coherencia entre el RCDE de la UE y dicha medida. En particular, la Comisión debe tener en cuenta en su informe el nivel de participación en dicha medida de mercado mundial, su aplicabilidad y transparencia, las sanciones por incumplimiento, los procesos de participación pública, el seguimiento, la notificación y la verificación de emisiones, los registros y la rendición de cuentas. Cuando proceda, el informe debe ir acompañado de una propuesta legislativa que modifique la Directiva 2003/87/CE de manera coherente con el objetivo climático de la Unión para 2030 y el objetivo de neutralidad climática establecido en el Reglamento (UE) 2021/1119, así como con el objetivo de preservar la integridad medioambiental y la eficacia de la acción por el clima de la Unión, a fin de garantizar la coherencia entre la aplicación de la medida de mercado mundial y el RCDE de la UE, evitando al mismo tiempo cualquier doble carga significativa, recordando así la competencia de la Unión para regular su cuota de emisiones procedentes de los viajes marítimos internacionales, en consonancia con las obligaciones del Acuerdo de París.

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Con el aumento de los costes del transporte marítimo que conlleva la ampliación de la Directiva 2003/87/CE a las actividades de transporte marítimo, existe, a falta de una medida de mercado mundial, un riesgo de elusión. Las escalas portuarias evasivas a puertos fuera de la Unión y la reubicación de las actividades de transbordo a puertos fuera de la Unión no solo van a reducir los beneficios medioambientales de la internalización del coste de las emisiones procedentes de las actividades del transporte marítimo, sino que también pueden dar lugar a una mayor cantidad de emisiones debido a la mayor distancia recorrida para eludir las obligaciones de la Directiva 2003/87/CE. Procede, por tanto, excluir de la definición de «puerto de escala» determinadas paradas en puertos no pertenecientes a la Unión. Dicha exclusión debe dirigirse a puertos situados en las proximidades de la Unión en los que el riesgo de elusión sea mayor. Un límite de 300 millas náuticas desde un puerto bajo la jurisdicción de un Estado miembro constituye una respuesta proporcionada al comportamiento evasivo, al equilibrar la carga adicional y el riesgo de elusión. Además, esta exclusión de la definición de «puerto de escala» únicamente debe aplicarse a las paradas de buques portacontenedores en determinados puertos no pertenecientes a la Unión, en los que el transbordo de contenedores constituye la mayor parte del tráfico de contenedores. En el caso de tales traslados, el riesgo de elusión, en ausencia de medidas de mitigación, consiste también en un traslado del centro de operaciones portuarias a puertos situados fuera de la Unión, lo que agrava los efectos de la elusión. Para garantizar la proporcionalidad de la medida y que redunde en un trato equitativo, deben tenerse en cuenta las medidas adoptadas en terceros países que tengan un efecto equivalente al de la Directiva 2003/87/CE.

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La Comisión debe revisar el funcionamiento de la Directiva 2003/87/CE en relación con las actividades de transporte marítimo a la luz de la experiencia en la aplicación de dicha Directiva, también en relación con la detección de prácticas de elusión con el fin de prevenir dichas prácticas en una fase inicial, y, a continuación, debe proponer medidas para garantizar la eficacia de dicha Directiva. Dichas medidas podrían incluir obligaciones de entrega más estrictas para los viajes en los que el riesgo de evasión sea mayor, por ejemplo, hacia un puerto en las proximidades de la Unión o desde él, situado en un tercer país que no haya adoptado medidas similares a las de la Directiva 2003/87/CE.

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Las emisiones procedentes de los buques de arqueo bruto inferior a 5 000 toneladas representan menos del 15 % de las emisiones delos buques, teniendo en cuenta el ámbito de aplicación de la presente Directiva, pero son emitidas por un gran número de buques. Por razones de viabilidad administrativa, es prematuro incluir los buques por debajo del arqueo bruto de 5 000 toneladas en el RCDE de la UE desde el primer momento de la inclusión del transporte marítimo, pero su inclusión en el futuro mejoraría la eficacia del RCDE de la UE y podría reducir las prácticas de elusión efectuadas con buques por debajo del umbral de arqueo bruto de 5 000 toneladas. Por consiguiente, a más tardar el 31 de diciembre de 2026, la Comisión debe presentar un informe al Parlamento Europeo y al Consejo en el que examine la viabilidad y las repercusiones económicas, medioambientales y sociales de la inclusión en la Directiva 2003/87/CE de las emisiones procedentes de los buques de arqueo bruto inferior a 5 000 toneladas, incluidos los buques de alta mar.

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La persona u organización responsable del cumplimiento del RCDE de la UE debe ser la empresa naviera, que se define como el armador o cualquier otra organización o persona, como el gestor naval o el fletador a casco desnudo, a la que el propietario haya encomendado la responsabilidad de la explotación del buque y que, al asumir dicha responsabilidad, haya aceptado asumir todas las obligaciones y responsabilidades impuestas por el Código internacional de gestión de la seguridad operacional del buque y la prevención de la contaminación. Esta definición se basa en la definición de «empresa» del artículo 3, letra d), del Reglamento (UE) 2015/757, y en consonancia con el sistema mundial de recopilación de datos establecido en 2016 por la OMI.

(32)

Las emisiones procedentes de un buque dependen, entre otras cosas, de las medidas de eficiencia energética del buque adoptadas por el armador y del combustible, la carga transportada, la ruta y la velocidad del buque, que pueden estar bajo el control de una entidad distinta del armador. Las responsabilidades de compra de combustible o de toma de decisiones operativas que afecten a las emisiones de gases de efecto invernadero del buque pueden ser asumidas por una entidad distinta de la empresa naviera en virtud de un acuerdo contractual. En el momento en que se negocia el contrato, puede que no se conozca en particular estos últimos aspectos, por lo que las emisiones finales del buque sujeto a la Directiva 2003/87/CE serían inciertas. No obstante, a menos que los costes del carbono recaigan sobre la entidad que explota el buque, los incentivos para aplicar medidas operativas de eficiencia en el consumo de combustible serían limitados. En consonancia con el principio de que quien contamina paga y para fomentar la adopción de medidas de eficiencia y la adopción de combustibles más limpios, la empresa naviera debe poder, en virtud del Derecho nacional, reclamar el reembolso de los costes derivados de la entrega de derechos de emisión a la entidad directamente responsable de las decisiones que afecten a las emisiones de gases de efecto invernadero del buque.

Este mecanismo de reembolso podría estar sujeto a un acuerdo contractual, pero, con el fin de reducir los costes administrativos, los Estados miembros no deben estar obligados a garantizar o comprobar la existencia de tales contratos, sino que han de establecer en el Derecho nacional un derecho legal de reembolso en favor de la empresa naviera y el correspondiente acceso a la justicia para hacer valer dicho derecho. Por las mismas razones, dicho derecho, así como cualquier posible conflicto relacionado con el reembolso entre la empresa naviera y la entidad que explota el buque, no debe afectar a las obligaciones de la empresa naviera ante la autoridad responsable de la gestión con respecto a una empresa naviera o a las medidas de ejecución que pueda ser necesario adoptar contra dicha empresa para garantizar que exista pleno cumplimiento por parte de dicha empresa de la Directiva 2003/87/CE. A su vez, dado que la finalidad de la disposición relativa al derecho al reembolso está estrechamente relacionada con la Unión, en particular en relación con el cumplimiento de las obligaciones derivadas de la presente Directiva por parte de una empresa naviera frente a un Estado miembro determinado, es importante que dicho derecho se respete en toda la Unión, en todas las relaciones contractuales que permitan a una entidad distinta del armador determinar la carga transportada o la ruta y la velocidad del buque, de manera que se salvaguarde una competencia no falseada en el mercado interior, lo que puede incluir disposiciones que impidan a las partes de tales acuerdos contractuales eludir el derecho al reembolso mediante la inclusión de una cláusula de elección de la ley aplicable.

(33)

Con el fin de reducir la carga administrativa para las empresas navieras, es conveniente que cada una de ellas dependa de un Estado miembro. La Comisión debe publicar una lista inicial de las empresas navieras que hayan llevado a cabo una actividad de transporte marítimo incluida en el ámbito de aplicación del RCDE de la UE, en la que se especifique la autoridad responsable de la gestión con respecto a una empresa naviera. La lista debe actualizarse periódicamente y al menos cada dos años para reasignar a las empresas navieras a otra autoridad responsable de la gestión, según proceda. En el caso de las empresas navieras registradas en un Estado miembro, la autoridad responsable de la gestión con respecto a una empresa naviera debe ser dicho Estado miembro. En el caso de las empresas navieras registradas en un país tercero, la autoridad responsable de la gestión con respecto a una empresa naviera debe ser el Estado miembro en el que la empresa naviera haya tenido el mayor número estimado de escalas portuarias de viajes incluidos en el ámbito de aplicación de la Directiva 2003/87/CE en los cuatro años previos de seguimiento. En el caso de las empresas navieras registradas en un país tercero y que no hayan realizado ningún viaje incluido en el ámbito de aplicación de la Directiva 2003/87/CE en los cuatro años previos de seguimiento, la autoridad responsable de la gestión con respecto a una empresa naviera debe ser el Estado miembro en el que un buque de la empresa naviera inició o finalizó su primer viaje incluido en el ámbito de aplicación de dicha Directiva. Cada dos años, la Comisión debe publicar y actualizar, según proceda, una lista de empresas navieras incluidas en el ámbito de aplicación de la Directiva 2003/87/CE, que especifique la autoridad responsable de la gestión con respecto a una empresa naviera. Para garantizar un trato igualitario a todas las empresas navieras, los Estados miembros deben atenerse a unas normas armonizadas de gestión de las empresas navieras que estén bajo su responsabilidad, de conformidad con las normas detalladas que establezca la Comisión.

(34)

Los Estados miembros deben velar por que las empresas navieras bajo su gestión cumplan los requisitos de la Directiva 2003/87/CE. En caso de que una empresa naviera no cumpla dichos requisitos y ninguna medida de ejecución adoptada por la autoridad responsable de la gestión con respecto a una empresa naviera haya podido garantizar dicho cumplimiento, los Estados miembros deben actuar de forma solidaria. Como medida de último recurso, los Estados miembros, excepto en el caso del Estado miembro cuyo pabellón enarbole el buque, podrán negar la entrada a los buques bajo la responsabilidad de la empresa naviera de que se trate, y el Estado miembro cuyo pabellón enarbole el buque podrá inmovilizar dicho buque.

(35)

Las empresas navieras deben realizar el seguimiento y notificar sus datos agregados sobre emisiones procedentes de las actividades de transporte marítimo a nivel de la empresa, de conformidad con las normas establecidas en el Reglamento (UE) 2015/757. Los informes sobre los datos agregados sobre emisiones a nivel de la empresa deben verificarse de conformidad con las normas establecidas en dicho Reglamento. Al realizar la verificación a nivel de la empresa, el verificador no debe verificar los informes de emisiones a nivel del buque ni los informes a nivel del buque que se deben presentar en el caso de un cambio de empresa, ya que dichos informes a nivel del buque ya se habrán verificado.

(36)

Sobre la base de la experiencia adquirida en tareas similares relacionadas con la protección del medio ambiente, la Agencia Europea de Seguridad Marítima (AESM) u otra organización pertinente debe, según proceda y de conformidad con su mandato, asistir a la Comisión y a las autoridades responsables de la gestión con respecto a una empresa naviera, en relación con la aplicación de la Directiva 2003/87/CE. Por su experiencia en la aplicación del Reglamento (UE) 2015/757 y las herramientas informáticas de que dispone, la AESM debe asistir a las autoridades responsables de la gestión con respecto a una empresa naviera, en particular en relación con el seguimiento, notificación y verificación de las emisiones generadas por las actividades de transporte marítimo en el ámbito de aplicación de la Directiva 2003/87/CE, facilitando el intercambio de información o elaborando directrices y criterios. La Comisión, asistida por la AESM, debe esforzarse por elaborar herramientas de seguimiento adecuadas, así como orientaciones para facilitar y coordinar las actividades de verificación y ejecución relacionadas con la aplicación de la Directiva 2003/87/CE al transporte marítimo. En la medida de lo posible, dichas herramientas deben ponerse a disposición de los Estados miembros y de los verificadores con el fin de garantizar la aplicación más rigurosa de las medidas nacionales de transposición de la Directiva 2003/87/CE.

(37)

De forma paralela a la adopción de la presente Directiva, se está modificando el Reglamento (UE) 2015/757 para establecer las normas de seguimiento, notificación y verificación necesarias para ampliar el RCDE de la UE a las actividades de transporte marítimo y para establecer el seguimiento, la notificación y la verificación de las emisiones de otros tipos de gases de efecto invernadero y de las emisiones procedentes de otros tipos de buques.

(38)

El Reglamento (UE) 2017/2392 del Parlamento Europeo y del Consejo (13) modificó el artículo 12, apartado 3, de la Directiva 2003/87/CE para permitir a todos los titulares utilizar todos los derechos de emisión expedidos. De conformidad con el artículo 6, apartado 2, letra e), de dicha Directiva, el requisito para que los permisos de emisión de gases de efecto invernadero incluyan una obligación de entregar derechos de emisión debe adaptarse en consecuencia.

(39)

Para alcanzar el objetivo de reducción de las emisiones de la Unión para 2030 va a ser necesario reducir las emisiones de los sectores incluidos en el RCDE de la UE en un 62 % con respecto a 2005. La cantidad de derechos de emisión del RCDE de la UE del conjunto de la Unión debe reducirse para crear la señal de precio del carbono necesaria a largo plazo e impulsar dicho grado de descarbonización. La cantidad total de derechos de emisión debe reducirse en 2024 y 2026 para adaptarla en mayor medida a las emisiones reales. Además, debe aumentarse el factor de reducción lineal en 2024 y en 2028, teniendo también en cuenta la inclusión de las emisiones procedentes del transporte marítimo. La trayectoria más pronunciada de reducción del límite máximo resultante de dichos cambios va a dar lugar a niveles de reducción de las emisiones acumuladas significativamente más elevados hasta 2030 que los que se habrían producido con arreglo a la Directiva (UE) 2018/410. Estas cifras relativas a la inclusión del transporte marítimo deben calcularse a partir de las emisiones procedentes de las actividades de transporte marítimo que se recogen en el artículo 3 octies bis de la Directiva 2003/87/CE y se notifican de conformidad con el Reglamento (UE) 2015/757 para 2018 y 2019 en la Unión y en los Estados del Espacio Económico Europeo y de la Asociación Europea de Libre Comercio, ajustadas, desde 2021 hasta 2024, mediante el factor de reducción lineal para el año 2024. El factor de reducción lineal se debe aplicar en 2024 al aumento de la cantidad de derechos de emisión para el conjunto de la Unión en ese año.

(40)

A fin de alcanzar los objetivos climáticos más ambiciosos será necesario destinar un número sustancial de recursos públicos y privados en la Unión, así como presupuestos nacionales, a la transición climática. Para complementar y reforzar el considerable gasto relacionado con el clima en el presupuesto de la Unión, todos los ingresos procedentes de las subastas que no se atribuyan al presupuesto de la Unión en forma de recursos propios, o el valor financiero equivalente de dichos ingresos procedentes de las subastas, deben utilizarse con fines relacionados con el clima, a excepción de los ingresos utilizados para la compensación de los costes indirectos del carbono. La lista de fines relacionados con el clima que figura en el artículo 10, apartado 3, de la Directiva 2003/87/CE debe ampliarse para incluir otros fines con un impacto medioambiental positivo. Esto debe incluir el uso de apoyo financiero para abordar los aspectos sociales de los hogares de renta media y baja mediante la reducción de los impuestos con efecto distorsionador y reducciones específicas de los impuestos y los gravámenes sobre la electricidad renovable. Los Estados miembros deben informar anualmente sobre la utilización de los ingresos procedentes de subastas, de conformidad con el artículo 19 del Reglamento (UE) 2018/1999 del Parlamento Europeo y del Consejo (14), especificando, cuando y según proceda, qué ingresos se utilizan y las acciones que se llevan a cabo para ejecutar sus planes nacionales integrados de energía y clima y sus planes territoriales de transición justa.

(41)

Los ingresos procedentes de las subastas de los Estados miembros van a aumentar como consecuencia de la inclusión del transporte marítimo en el RCDE de la UE. Por consiguiente, se anima a los Estados miembros a aumentar la utilización de los ingresos del RCDE de la UE de conformidad con el artículo 10, apartado 3, de la Directiva 2003/87/CE para contribuir a la protección, recuperación y mejor gestión de los ecosistemas marinos, en particular de las zonas marinas protegidas.

(42)

Hacen falta importantes recursos financieros para aplicar los objetivos del Acuerdo de París en los países en desarrollo, y el Pacto por el Clima de Glasgow insta a las Partes que son países desarrollados a que aumenten de forma urgente y significativa su provisión de financiación para la lucha contra el cambio climático. En sus Conclusiones sobre los preparativos para la 27.a Conferencia de las Partes en la CMNUCC (CoP 27), el Consejo recuerda que la Unión y sus Estados miembros son los mayores contribuyentes a la financiación pública internacional de la lucha contra el cambio climático y desde 2013 han duplicado con creces su contribución a la financiación de la lucha contra el cambio climático para apoyar a los países en desarrollo. En dichas Conclusiones, el Consejo renueva, asimismo, el firme compromiso asumido por la Unión y sus Estados miembros de seguir aumentando su financiación internacional para la acción por el clima en pos del objetivo de los países desarrollados de movilizar al menos 100 000 millones de dólares (USD) anuales, lo antes posible y hasta 2025, procedentes de diversas fuentes, y espera que este objetivo se alcance en 2023.

(43)

Para hacer frente a los efectos distributivos y sociales de la transición en los Estados miembros de renta baja, debe utilizarse una cantidad adicional del 2,5 % de la cantidad de derechos de emisión del conjunto de la Unión desde 2024 hasta 2030 para financiar la transición energética de los Estados miembros con un producto interior bruto (PIB) per cápita inferior al 75 % de la media de la Unión en los años 2016 a 2018, a través del Fondo de Modernización a que se refiere el artículo 10 quinquies de la Directiva 2003/87/CE.

(44)

Los Estados miembros beneficiarios deben poder utilizar los recursos asignados al Fondo de Modernización para financiar inversiones en las que participen las regiones fronterizas contiguas a la Unión cuando ello sea pertinente para la transición energética de los Estados miembros beneficiarios.

(45)

Deben ofrecerse más incentivos para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero utilizando técnicas rentables. A tal fin, la asignación gratuita de derechos de emisión a instalaciones fijas a partir de 2026 debe supeditarse a la inversión en técnicas para aumentar la eficiencia energética y reducir las emisiones, en particular en cuanto a los grandes consumidores de energía. La Comisión debe garantizar que la aplicación de dicha condicionalidad no comprometa la igualdad de condiciones, la integridad medioambiental o la igualdad de trato de las instalaciones en toda la Unión. Por consiguiente, la Comisión debe adoptar, sin perjuicio de las normas aplicables en virtud de la Directiva 2012/27/UE del Parlamento Europeo y del Consejo (15), actos delegados que completen la presente Directiva para abordar cualquier cuestión identificada, en particular, en relación con los principios antes mencionados y establecer normas sencillas desde el punto de vista administrativo para la aplicación de la condicionalidad. Dichas normas deben formar parte de las normas generales sobre asignación gratuita, utilizando el procedimiento establecido para las medidas nacionales de ejecución, y establecer plazos y criterios para el reconocimiento de las medidas de eficiencia energética aplicadas, así como para las medidas alternativas para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Además, deben seguir reforzándose los incentivos a las instalaciones con altas intensidades de emisión de gases de efecto invernadero para reducir las emisiones de dichos gases. A tal fin, a partir de 2026, la asignación gratuita de derechos de emisión al 20 % de las instalaciones fijas con las mayores intensidades de emisión en el marco de un determinado parámetro de referencia de producto también debe estar supeditada al establecimiento y la aplicación de planes de neutralidad climática.

(46)

El Mecanismo de Ajuste en Frontera por Carbono (MAFC), establecido en virtud del Reglamento (UE) 2023/956 del Parlamento Europeo y del Consejo (16), sustituye a los mecanismos establecidos por la Directiva 2003/87/CE para evitar el riesgo de fuga de carbono. En la medida en que los sectores y los subsectores estén incluidos en dicha medida, no deben recibir asignación gratuita. Sin embargo, es necesaria una eliminación transitoria de los derechos gratuitos para permitir a los productores, importadores y comerciantes adaptarse al nuevo régimen. La reducción de la asignación gratuita debe llevarse a cabo aplicando un factor a la asignación gratuita para los sectores del MAFC, mientras dicho mecanismo se introduce gradualmente. El factor MAFC debe ser igual al 100 % para el período entre la entrada en vigor de dicho Reglamento y el final de 2025, y se le debe aplicar las disposiciones del artículo 36, apartado 2, letra b), de dicho Reglamento; debe ser igual al 97,5 % en 2026, al 95 % en 2027, al 90 % en 2028, al 77,5 % en 2029, al 51,5 % en 2030, al 39 % en 2031, al 26,5 % en 2032 y al 14 % en 2033. A partir de 2034, no debe aplicarse ningún factor MAFC.

Los actos delegados pertinentes sobre la asignación gratuita deben adaptarse en consecuencia a los sectores y subsectores incluidos en el MAFC. La asignación gratuita que deje de concederse a los sectores del MAFC sobre la base de este cálculo (demanda del MAFC) ha de sumarse al Fondo de Innovación, a fin de apoyar la innovación en tecnologías con bajas emisiones de carbono, captura y utilización de carbono, transporte y almacenamiento geológico, energías renovables y almacenamiento de energía, de manera que contribuyan a mitigar el cambio climático. En este contexto, debe prestarse especial atención a los proyectos de los sectores del MAFC. Para respetar la proporción de la asignación gratuita disponible para sectores no incluidos en el MAFC, el importe final que debe deducirse de la asignación gratuita y ponerse a disposición en el marco del Fondo de Innovación debe calcularse sobre la base de la proporción que representa la demanda del MAFC con respecto a las necesidades de asignación gratuita de todos los sectores que reciben derechos de emisión gratuitos.

(47)

Con el fin de mitigar los posibles riesgos de fuga de carbono relacionados con las mercancías sujetas al MAFC y producidas en la Unión para su exportación a terceros países que no apliquen el RCDE de la UE o un mecanismo similar de tarificación del carbono, debe llevarse a cabo una evaluación antes de que finalice el período transitorio en virtud del Reglamento (UE) 2023/956. Si dicha evaluación muestra que existe tal riesgo de fuga de carbono, la Comisión, en su caso, debe presentar una propuesta legislativa para abordar dicho riesgo de fuga de carbono de un modo conforme con las normas de la Organización Mundial del Comercio. Además, los Estados miembros deben poder utilizar los ingresos procedentes de las subastas para hacer frente a cualquier riesgo residual de fuga de carbono en los sectores del MAFC de conformidad con las normas sobre ayudas estatales. Cuando los derechos de emisión procedentes de una reducción de la asignación gratuita en aplicación de las normas de condicionalidad no se utilicen plenamente para eximir de la corrección intersectorial a las instalaciones con la menor intensidad de emisiones de gases de efecto invernadero, el 50 % de dichos derechos de emisión residuales debe añadirse al Fondo de Innovación. El 50 % restante debe subastarse en nombre de los Estados miembros y estos deben utilizar los ingresos obtenidos para hacer frente a cualquier riesgo residual de fuga de carbono en los sectores MAFC.

(48)

A fin de reflejar mejor el progreso tecnológico y garantizar al mismo tiempo los incentivos para la reducción de las emisiones y recompensar adecuadamente la innovación, el ajuste mínimo de los valores de los parámetros de referencia debe incrementarse anualmente del 0,2 % al 0,3 %, y el ajuste máximo debe incrementarse anualmente del 1,6 % al 2,5 %. Para el período comprendido entre 2026 y 2030, los valores de los parámetros de referencia se deben ajustar en consecuencia en un rango de entre 6 % y 50 %, en comparación con el valor aplicable en el período comprendido entre 2013 y 2020. Para ofrecer previsibilidad a las instalaciones, la Comisión debe adoptar actos de ejecución que determinen la revisión de los valores de los parámetros de referencia para la asignación gratuita tan pronto como sea posible antes del inicio del período de 2026 a 2030.

(49)

Para incentivar nuevas tecnologías de vanguardia en la industria siderúrgica y evitar una reducción significativamente desproporcionada del valor de los parámetros de referencia, y a la luz de la situación particular de la industria siderúrgica —elevada intensidad de emisiones y estructura del mercado internacional y de la Unión—, es necesario excluir del cálculo del valor del parámetro de referencia de los metales calientes para el período comprendido entre 2026 y 2030 las instalaciones que estaban en funcionamiento durante el período de referencia entre 2021 y 2022 y que, de otro modo, se habrían incluido en dicho cálculo debido a la revisión de la definición del parámetro de referencia de producto para el metal caliente.

(50)

Para recompensar a aquellas con mejores resultados y a la innovación, las instalaciones cuyos niveles de emisión de gases de efecto invernadero sean inferiores a la media del 10 % de las instalaciones más eficientes con arreglo a un parámetro de referencia determinado deben quedar excluidas de la aplicación del factor de corrección intersectorial. Los derechos de emisión que no se asignen debido a una reducción de la asignación gratuita al aplicar las normas de condicionalidad deben utilizarse para cubrir el déficit en la reducción de la asignación gratuita que resulte de excluir a aquellas con mejores resultados de la aplicación del factor de corrección intersectorial.

(51)

Con el fin de acelerar la descarbonización de la economía y reforzar al mismo tiempo la competitividad industrial de la Unión, deben ponerse a disposición del Fondo de Innovación otros 20 millones de derechos de emisión procedentes de la cantidad que, de otro modo, podría asignarse gratuitamente y otros 5 millones de derechos de emisión de la cantidad que, de otro modo, podría subastarse. Al revisar el calendario y el ritmo de organización de las subastas en cuanto al Fondo de Innovación establecido en el Reglamento (UE) n.o 1031/2010 de la Comisión (17) a la vista de los cambios introducidos por la presente Directiva, la Comisión debe considerar la posibilidad de poner a disposición mayores cantidades de recursos en los primeros años de aplicación de la Directiva 2003/87/CE revisada para impulsar la descarbonización de los sectores pertinentes.

(52)

Un enfoque integral de la innovación es esencial para alcanzar los objetivos del Reglamento (UE) 2021/1119. A escala de la Unión, los esfuerzos necesarios en materia de investigación e innovación reciben apoyo, por ejemplo, mediante Horizonte Europa, que incluye una financiación significativa y nuevos instrumentos para los sectores incluidos en el RCDE de la UE. En consecuencia, la Comisión debe buscar sinergias con Horizonte Europa y, en su caso, con otros programas de financiación de la Unión.

(53)

El Fondo de Innovación debe apoyar técnicas, procesos y tecnologías innovadores, y también la generalización de dichas técnicas, procesos y tecnologías, con vistas a su amplia implantación en toda la Unión. Debe darse prioridad a la innovación de vanguardia en la selección de los proyectos financiados mediante subvenciones.

(54)

El ámbito de aplicación del Fondo de Innovación a que se refiere el artículo 10 bis, apartado 8, de la Directiva 2003/87/CE debe ampliarse para apoyar la innovación en tecnologías y procesos con emisiones de carbono bajas o nulas que afecten al consumo de combustibles en los sectores de los edificios, el transporte por carretera y otros sectores adicionales, incluidas las formas de transporte colectivo como el transporte público y los servicios de autocar. Además, el Fondo de Innovación debe servir para apoyar las inversiones destinadas a descarbonizar el transporte marítimo, incluidas las inversiones en favor de la eficiencia energética de los buques, los puertos y el transporte marítimo de corta distancia, de la electrificación del sector, de combustibles alternativos sostenibles, como el hidrógeno y el amoníaco, producidos a partir de energías renovables, de tecnologías de propulsión de cero emisiones, como las tecnologías eólicas, e innovaciones relacionadas con buques de clase de hielo. Debe prestarse especial atención a los proyectos innovadores que contribuyan a descarbonizar el sector marítimo y a reducir todas sus repercusiones climáticas, incluidas las emisiones de carbono negro. A este respecto, la Comisión debe establecer temas específicos en las convocatorias de propuestas del Fondo de Innovación. Dichas convocatorias deben tener en cuenta los problemas relacionados con la protección de la biodiversidad y la contaminación acústica e hídrica. Por lo que se refiere al transporte marítimo, se deben subvencionar los proyectos con un claro valor añadido para la Unión.

(55)

De conformidad con el artículo 9 del Reglamento Delegado (UE) 2019/1122 de la Comisión (18), cuando los operadores de aeronaves dejen de operar vuelos incluidos en el RCDE de la UE, sus cuentas pasan al «estado excluido» y los procesos ya no pueden iniciarse a partir de dichas cuentas. A fin de preservar la integridad medioambiental del RCDE de la UE, los derechos de emisión que no se expidan a los operadores de aeronaves debido a su cese operativo deben utilizarse para cubrir cualquier déficit de entregas por parte de dichos operadores y todos los derechos de emisión sobrantes deben utilizarse para acelerar la lucha contra el cambio climático mediante su inclusión en el Fondo de Innovación.

(56)

La asistencia técnica de la Comisión especialmente dirigida a los Estados miembros donde hasta la fecha se han presentado pocos o ningún proyecto contribuiría a alcanzar un elevado número de solicitudes de financiación de proyectos a cargo del Fondo de Innovación en todos los Estados miembros. Dicha asistencia debe, entre otras cosas, apoyar actividades destinadas a mejorar la calidad de las propuestas de proyectos situados en los Estados miembros donde se han presentado pocos proyectos o ninguno, por ejemplo mediante el intercambio de información, enseñanzas extraídas y mejores prácticas, y a reforzar las actividades de los puntos de contacto nacionales. Otras medidas con el mismo fin incluyen medidas para concienciar sobre las opciones de financiación y aumentar la capacidad de dichos Estados miembros para identificar posibles solicitantes de proyectos y prestarles apoyo. Asimismo, se deben promover las asociaciones para proyectos entre Estados miembros y el establecimiento de contactos entre posibles solicitantes, en particular para proyectos de gran envergadura.

(57)

Con el fin de mejorar el papel de los Estados miembros en la gobernanza del Fondo de Innovación y aumentar la transparencia, la Comisión debe informar al Comité del Cambio Climático sobre la ejecución del Fondo de Innovación, proporcionando el análisis del impacto previsto de los proyectos adjudicados por sector y por Estado miembro. La Comisión debe presentar también el informe al Parlamento Europeo y al Consejo, y hacerlo público. Previo acuerdo de los solicitantes y una vez cerrada la convocatoria de propuestas, la Comisión debe informar a los Estados miembros de las solicitudes de financiación de proyectos cursadas en sus respectivos territorios y proporcionarles información detallada sobre dichas solicitudes a fin de mejorar la coordinación de la ayuda a los proyectos por parte de los Estados miembros. Además, la Comisión debe informar a los Estados miembros de la lista de proyectos preseleccionados antes de la concesión de la ayuda. Los Estados miembros deben velar por que las disposiciones nacionales de transposición no obstaculicen la innovación y sean tecnológicamente neutras, mientras que la Comisión debe prestar asistencia técnica, en particular a los Estados miembros con baja participación efectiva, con el fin de mejorar la participación geográfica efectiva en el Fondo de Innovación y aumentar la calidad general de los proyectos presentados. La Comisión también debe garantizar un seguimiento y una notificación exhaustivos, en los que se incluya la información sobre los avances hacia una cobertura geográfica eficaz y basada en la calidad en toda la Unión y un curso de actuación adecuado.

(58)

Para adaptarse al carácter global del Pacto Verde Europeo, el proceso de selección para los proyectos financiados mediante subvenciones debe dar prioridad a los proyectos que aborden múltiples impactos medioambientales. Con el objetivo de apoyar la reproducción de las tecnologías o soluciones apoyadas y su rápida introducción en el mercado, los proyectos financiados por el Fondo de Innovación deben compartir conocimientos con otros proyectos pertinentes, así como con investigadores establecidos en la Unión que tengan un interés legítimo.

(59)

Los contratos por diferencias (CD), los contratos por diferencias para el carbono (CDC) y los contratos de prima fija son elementos importantes para impulsar la reducción de emisiones en la industria por medio de la generalización de nuevas tecnologías, y ofrecen la oportunidad de garantizar a los inversores en tecnologías innovadoras respetuosas con el clima un precio por encima de los niveles actuales de precios inducidos por el nivel vigente de precio del carbono en el marco del RCDE de la UE que recompense las reducciones de emisiones de CO2. La gama de medidas que puede apoyar el Fondo de Innovación debe ampliarse para prestar apoyo a proyectos a través de licitaciones competitivas por las que se determine la adjudicación de CD, CDC o contratos de prima fija. Las licitaciones competitivas constituirían un mecanismo importante para apoyar el desarrollo de tecnologías de descarbonización y optimizar la utilización de los recursos disponibles. También ofrecerían seguridad a los inversores en dichas tecnologías. Para minimizar cualquier pasivo contingente para el presupuesto de la Unión, debe garantizarse la reducción del riesgo en la redacción de los CD y los CDC, así como una cobertura adecuada por medio de un compromiso presupuestario con cobertura completa, al menos en las dos primeras rondas de los CD y los CDC, con créditos resultantes de los ingresos procedentes de la subasta de derechos de emisión asignados de conformidad con el artículo 10 bis, apartado 8, de la Directiva 2003/87/CE.

Tales riesgos no existen para los contratos de prima fija, ya que el compromiso jurídico va a estar cubierto por un compromiso presupuestario equivalente. Además, la Comisión debe llevar a cabo, tras la conclusión de las dos primeras rondas de CD y CDC y a partir de entonces cada vez que sea necesario, una evaluación cualitativa y cuantitativa de los riesgos financieros derivados de la aplicación de estos. Deben otorgarse a la Comisión poderes para adoptar un acto delegado para fijar, basándose en los resultados de dicha evaluación, una tasa de provisión adecuada en lugar de una cobertura completa para rondas sucesivas de CD o CDC. Este enfoque debe tener en cuenta cualquier elemento que pueda reducir los riesgos financieros para el presupuesto de la Unión, además de los derechos de emisión disponibles en el Fondo de Innovación, tales como el posible reparto de responsabilidades con los Estados miembros, con carácter voluntario, o un posible mecanismo de reaseguro del sector privado. Por tanto, es necesario contemplar excepciones respecto de determinadas partes del título X del Reglamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento Europeo y del Consejo (19). La tasa de provisión para las dos primeras rondas de CD y CDC debe ser del 100 %.

No obstante, como excepción a lo dispuesto en el artículo 210, apartado 1, el artículo 211, apartados 1 y 2, y el artículo 218, apartado 1, de dicho Reglamento, la presente Directiva debe fijar una tasa mínima de provisión del 50 %, así como una cantidad máxima de los ingresos del Fondo de Innovación que se va a utilizar para la provisión del 30 % para las rondas sucesivas de CD y CDC, y la Comisión debe poder especificar la tasa de provisión necesaria sobre la base de la experiencia adquirida con las dos primeras convocatorias de propuestas y el importe de los ingresos que deben utilizarse para la provisión. Por lo tanto, el pasivo financiero total con cargo al presupuesto de la Unión no debe exceder del 60 % de los ingresos de las subastas para el Fondo de Innovación. Además, dado que la provisión va a proceder, en general, del Fondo de Innovación, deben establecerse excepciones a lo dispuesto en los artículos 212, 213 y 214 del Reglamento (UE, Euratom) 2018/1046 en relación con el fondo de provisión común establecido en su artículo 212. El carácter novedoso de los CD y los CDC también podría requerir excepciones a lo dispuesto en el artículo 209, apartado 2, letras d) y h), de dicho Reglamento, dado que no dependen del efecto palanca ni de multiplicadores, y tampoco dependen totalmente de una evaluación ex ante, con arreglo al artículo 219, apartado 3, debido al vínculo con el artículo 209, apartado 2, letra d), ni del artículo 219, apartado 6, de dicho Reglamento, ya que los socios ejecutantes no van a tener exposiciones crediticias o de renta variable cubiertas por una garantía. El uso de cualquier excepción al Reglamento (UE, Euratom) 2018/1046 debe limitarse a lo estrictamente necesario. La Comisión debe estar facultada para modificar la cantidad máxima de ingresos del Fondo de Innovación que debe utilizarse para la provisión de un máximo de 20 puntos porcentuales por encima de lo previsto en la presente Directiva.

(60)

El Fondo de Innovación está sujeto al régimen general de condicionalidad para la protección del presupuesto de la Unión establecido por el Reglamento (UE, Euratom) 2020/2092 del Parlamento Europeo y del Consejo (20).

(61)

En caso de suspensión temporal de la actividad de una instalación, la asignación gratuita se ajustará a los niveles de actividad que se notifican obligatoriamente cada año. Además, las autoridades competentes pueden suspender la expedición de derechos de emisión a las instalaciones que hayan suspendido sus actividades, siempre y cuando no haya pruebas de que las vayan a reanudar. Por lo tanto, en caso de suspensión temporal de las actividades, ya no debe exigirse a los operadores que demuestren al órgano competente que su instalación va a reanudar la producción en un plazo determinado y razonable.

(62)

Las correcciones de la asignación gratuita concedida a las instalaciones fijas con arreglo al artículo 11, apartado 2, de la Directiva 2003/87/CE pueden exigir la concesión de derechos de emisión gratuitos suplementarios o la devolución del excedente de derechos de emisión. Los derechos de emisión reservados para los nuevos entrantes en virtud del artículo 10 bis, apartado 7, de la Directiva 2003/87/CE deben utilizarse a estos efectos.

(63)

Desde 2013, los productores de electricidad están obligados a comprar todos los derechos de emisión que necesiten para generar electricidad. No obstante, de conformidad con el artículo 10 quater de la Directiva 2003/87/CE, algunos Estados miembros tienen la opción de asignar derechos de emisión gratuitos con carácter transitorio para la modernización del sector de la energía durante el período comprendido entre 2021 y 2030. Tres Estados miembros han escogido dicha opción. Habida cuenta de la necesidad de una descarbonización rápida, especialmente en el sector de la energía, los Estados miembros en cuestión únicamente deben poder conceder esta asignación gratuita transitoria a las inversiones realizadas hasta el 31 de diciembre de 2024. Deben poder sumar los derechos de emisión restantes para el período de 2021 a 2030 que no se utilicen para tales inversiones, en la proporción que determinen, a la cantidad total de derechos de emisión que el Estado miembro de que se trate reciba para subasta, o utilizarlos para apoyar inversiones en el marco del Fondo de Modernización. Con excepción del plazo para su notificación, a los derechos de emisión transferidos al Fondo de Modernización se les debe aplicar las mismas normas relativas a las inversiones que las aplicables a los derechos de emisión ya transferidos de conformidad con el artículo 10 quinquies, apartado 4, de la Directiva 2003/87/CE. A fin de garantizar la previsibilidad y la transparencia por lo que respecta a las cantidades de derechos de emisión disponibles para subasta o para la asignación gratuita transitoria y por lo que se refiere a los activos gestionados por el Fondo de Modernización, los Estados miembros deben informar a la Comisión de las cantidades de derechos de emisión restantes que van a utilizar respectivamente para cada fin a más tardar el 15 de mayo de 2024.

(64)

El ámbito de aplicación del Fondo de Modernización debe estar en consonancia con los objetivos climáticos más recientes de la Unión al exigir que las inversiones sean coherentes con los objetivos del Pacto Verde Europeo y el Reglamento (UE) 2021/1119 y eliminar el apoyo a cualquier inversión relacionada con la generación de energía basada en combustibles fósiles, excepto por lo que respecta a los derechos de emisión transferidos de manera voluntaria al Fondo de Modernización de conformidad con lo dispuesto en el artículo 10 quinquies, apartado 4, de la Directiva 2003/87/CE. Además, debe seguir siendo posible brindar un apoyo limitado a dichas inversiones con los ingresos de las asignaciones a que se refiere el artículo 10, apartado 1, párrafo tercero, de dicha Directiva con arreglo a determinadas condiciones, en particular cuando la actividad se considere sostenible desde el punto de vista medioambiental con arreglo al Reglamento (UE) 2020/852 del Parlamento Europeo y del Consejo (21) y por lo que respecta a los derechos de emisión subastados hasta 2027. En el caso de esta última categoría de derechos de emisión, la utilización en fases posteriores de combustibles fósiles no sólidos no debe financiarse, además, con los ingresos procedentes de los derechos de emisión subastados después de 2028. Asimismo, el porcentaje del Fondo de Modernización que debe dedicarse a inversiones prioritarias debe incrementarse al 80 % para los derechos de emisión del Fondo de Modernización transferidos de conformidad con el artículo 10 quinquies, apartado 4, de la Directiva 2003/87/CE y a que se refiere el artículo 10, apartado 1, párrafo tercero de dicha Directiva, y al 90 % para la cantidad adicional del 2,5 % de la cantidad de derechos de emisión para el conjunto de la Unión.

La eficiencia energética, en particular en la industria, el transporte, los edificios, la agricultura y los residuos, la calefacción y refrigeración a partir de fuentes renovables, así como el apoyo a los hogares para hacer frente a la pobreza energética, también en las zonas rurales y remotas, debe incluirse en el ámbito de las inversiones prioritarias. Con el fin de aumentar la transparencia y evaluar mejor el impacto del Fondo de Modernización, el Comité de Inversiones debe informar anualmente al Comité del Cambio Climático sobre la experiencia adquirida con la evaluación de las inversiones, en particular por lo que respecta a la reducción de emisiones y a los costes de reducción.

(65)

La Directiva (UE) 2018/410 introdujo disposiciones relativas a la cancelación por parte de los Estados miembros de derechos de emisión de su volumen de subasta en relación con los ceses de capacidad de generación de electricidad en su territorio. En vista de la mayor aspiración climática de la Unión y de la consiguiente descarbonización acelerada del sector de la electricidad, dicha cancelación se ha vuelto cada vez más pertinente. Por consiguiente, la Comisión debe evaluar si puede facilitarse el uso de la cancelación por parte de los Estados miembros mediante la modificación de los actos delegados pertinentes adoptados en virtud del artículo 10, apartado 4, de la Directiva 2003/87/CE.

(66)

Los ajustes de la asignación gratuita introducida en la Directiva (UE) 2018/410 y su puesta en práctica mediante el Reglamento de Ejecución (UE) 2019/1842 de la Comisión (22) mejoraron la eficiencia y los incentivos que ofrece la asignación gratuita, pero aumentaron la carga administrativa e hicieron inviable la fecha histórica de emisión de la asignación gratuita del 28 de febrero. A fin de tener mejor en cuenta los ajustes de la asignación gratuita, conviene practicar ajustes en el ciclo de cumplimiento. Por consiguiente, la fecha límite para que las autoridades competentes concedan la asignación gratuita debe posponerse del 28 de febrero al 30 de junio y la fecha límite para que los titulares entreguen derechos de emisión debe posponerse del 30 de abril al 30 de septiembre.

(67)

El Reglamento de Ejecución (UE) 2018/2066 de la Comisión (23) establece normas sobre el seguimiento de las emisiones procedentes de la biomasa que son coherentes con las normas sobre el uso de la biomasa establecidas en la legislación de la Unión sobre energías renovables. A medida que la legislación va detallando los criterios de sostenibilidad de la biomasa con arreglo a las normas más recientes establecidas en la Directiva (UE) 2018/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo (24), la atribución de competencias de ejecución prevista en el artículo 14, apartado 1, de la Directiva 2003/87/CE debe ampliarse explícitamente a la adopción de los ajustes necesarios para la aplicación en el RCDE de la UE de los criterios de sostenibilidad de la biomasa, incluidos los biocarburantes, los biolíquidos y los combustibles de biomasa. Asimismo, la Comisión debe estar facultada para adoptar actos de ejecución a fin de especificar cómo contabilizar el almacenamiento de las emisiones procedentes de las mezclas de biomasa cuyas emisiones tienen una calificación de cero y biomasa que no proceda de fuentes con calificación de cero.

(68)

Los combustibles líquidos y gaseosos renovables de origen no biológico y los combustibles de carbono reciclado pueden ser importantes para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en sectores difíciles de descarbonizar. Cuando los combustibles de carbono reciclado y los combustibles líquidos y gaseosos renovables de origen no biológico se produzcan a partir de CO2 capturado en el marco de una actividad incluida en la presente Directiva, las emisiones deberán contabilizarse en dicha actividad. Para garantizar que los combustibles renovables de origen no biológico y los combustibles de carbono reciclado contribuyen a la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero y evitar el doble cómputo de los combustibles que lo hagan, conviene ampliar explícitamente los poderes previstos en el artículo 14, apartado 1, de la Directiva 2003/87/CE a la adopción, por parte de la Comisión, de actos delegados que establezcan los ajustes necesarios para tener en cuenta la posible liberación de CO2 de un modo que garantice que se contabilicen todas las emisiones, incluidos los casos en los que tales combustibles se produzcan a partir de CO2 capturado fuera de la Unión, evitando al mismo tiempo el doble cómputo y garantizando la existencia de incentivos adecuados para la captura de emisiones, y para tener en cuenta también el tratamiento de dichos combustibles en virtud de la Directiva (UE) 2018/2001.

(69)

Dado que también se espera que el CO2 se transporte por medios distintos de la red de tuberías, como buques y camiones, la cobertura actual del anexo I de la Directiva 2003/87/CE para el transporte de gases de efecto invernadero con fines de almacenamiento debe ampliarse a todos los medios de transporte por razones de igualdad de trato y con independencia de si los medios de transporte están o no incluidos en el RCDE de la UE. Cuando las emisiones procedentes del transporte también estén incluidas en otra actividad en virtud de la Directiva 2003/87/CE, las emisiones deben contabilizarse en el marco de esa otra actividad para evitar el doble cómputo de las reducciones de emisiones.

(70)

La exclusión del RCDE de la UE de las instalaciones que utilizan exclusivamente biomasa ha dado lugar a situaciones en las que las instalaciones que queman una elevada proporción de biomasa han obtenido beneficios inesperados al recibir derechos de emisión gratuitos muy superiores a las emisiones reales. Por consiguiente, debe introducirse un valor umbral para la combustión de biomasa con calificación de cero por encima del cual las instalaciones quedan excluidas del RCDE de la UE. La introducción de un valor umbral proporcionaría una mayor seguridad en cuanto a qué instalaciones entran en el ámbito de aplicación del RCDE de la UE y permitiría una distribución más uniforme de los derechos de emisión gratuitos entre los sectores más expuestos, en particular, al riesgo de fuga de carbono. El valor umbral debe fijarse en un nivel del 95 % para equilibrar las ventajas y desventajas de que las instalaciones se mantengan en el ámbito de aplicación del RCDE de la UE. Por lo tanto, las instalaciones que han conservado la capacidad física para quemar combustibles fósiles no deben tener incentivos para volver a utilizar dichos combustibles. Un umbral del 95 % garantizaría que, si una instalación utiliza combustibles fósiles con el fin de mantenerse en el ámbito de aplicación del RCDE de la UE para beneficiarse de la asignación gratuita de derechos de emisión, el precio del carbono relacionado con el uso de dichos combustibles fósiles sería lo suficientemente importante como para actuar como elemento disuasorio.

Este umbral también garantizaría que las instalaciones que utilicen una cantidad considerable de combustibles fósiles se mantengan dentro de las obligaciones de seguimiento del RCDE de la UE, evitando así una posible elusión de las obligaciones de seguimiento, notificación y verificación existentes. Al mismo tiempo, debe seguir animándose a las instalaciones que queman una menor proporción de biomasa con calificación cero, a través de un mecanismo flexible, a reducir aún más la combustión de combustible fósil, al tiempo que se mantienen en el ámbito de aplicación del RCDE de la UE hasta que su uso de biomasa sostenible sea tan sustancial que deje de estar justificada su inclusión en el RCDE de la UE. Además, la experiencia ha demostrado que se necesita una reevaluación y una definición más precisa de la exclusión de las instalaciones que utilizan exclusivamente biomasa, que en realidad es un umbral del 100 %, excepto en el caso de la combustión de combustibles fósiles durante las fases de puesta en marcha y parada. El umbral del 95 % permite la combustión de combustibles fósiles durante las fases de puesta en marcha y parada.

(71)

A fin de incentivar la adopción de tecnologías con bajas emisiones y cero emisiones de carbono, los Estados miembros deben ofrecer a los operadores opciones de permanecer en el ámbito de aplicación del RCDE de la UE hasta el final del período actual de cinco años y del siguiente, también de cinco años, a que se refiere el artículo 11, apartado 1, de la Directiva 2003/87/CE si la instalación cambia su proceso de producción para reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero y deja de cumplir el umbral de 20 MW de potencia térmica nominal total.

(72)

La Autoridad Europea de Valores y Mercados (AEVM) publicó su informe final sobre derechos de emisión y derivados asociados el 28 de marzo de 2022. El informe es un análisis exhaustivo de la integridad del mercado europeo del carbono y ha aportado conocimientos especializados y recomendaciones en relación con el mantenimiento del correcto funcionamiento del mercado del carbono. Con el fin de proporcionar un seguimiento ininterrumpido de la integridad y la transparencia del mercado, la AEVM debe presentar informes periódicamente. La AEVM evalúa ya la evolución del mercado y, en caso necesario, formula recomendaciones, en su ámbito de competencias, en su informe sobre tendencias, riesgos y puntos vulnerables, de conformidad con el artículo 32, apartado 3, del Reglamento (UE) n.o 1095/2010 del Parlamento Europeo y del Consejo (25). El análisis del mercado europeo del carbono, que incluye las subastas de derechos de emisión y la negociación de derechos de emisión y sus derivados en centros de negociación y en mercados no organizados, debe formar parte de dicho informe anual. Esta obligación conllevaría una racionalización de la presentación de información por la AEVM y permitiría comparaciones entre mercados, en particular debido a los fuertes vínculos entre el RCDE de la UE y los mercados de derivados sobre materias primas.

Tal análisis periódico por parte de la AEVM debe seguir de cerca en particular los posibles episodios de volatilidad de los mercados y la evolución de los precios, la realización de las subastas y las operaciones comerciales en los mercados, la liquidez y los volúmenes negociados, y las categorías y el comportamiento comercial de los participantes en el mercado, incluida la actividad especulativa que afecte significativamente a los precios. Sus evaluaciones deben incluir, cuando proceda, recomendaciones para mejorar la integridad y la transparencia del mercado, así como obligaciones de presentación de informes, y para mejorar la prevención y detección del abuso de mercado y contribuir al mantenimiento de mercados ordenados de derechos de emisión y derivados de los mismos. La Comisión debe tener debidamente en cuenta las evaluaciones y recomendaciones en el contexto del informe anual sobre el mercado del carbono y, en caso necesario, en los informes para garantizar un mejor funcionamiento del mercado del carbono.

(73)

Con objeto de incentivar aún más las inversiones necesarias para la descarbonización de la calefacción urbana y de abordar los aspectos sociales relacionados con los elevados precios de la energía y la gran intensidad de las emisiones de gases de efecto invernadero procedentes de las instalaciones de calefacción urbana en Estados miembros con una proporción muy alta de emisiones procedentes de la calefacción urbana en relación con el tamaño de la economía, los titulares deben poder solicitar una asignación gratuita transitoria adicional para instalaciones de calefacción urbana y el valor adicional de la asignación gratuita se debe invertir para reducir significativamente las emisiones antes de 2030. A fin de garantizar que se produzcan dichas reducciones, la asignación gratuita transitoria adicional debe estar supeditada a la realización de inversiones y a reducciones de las emisiones obtenidas conforme a los planes de neutralidad climática que deben elaborar los titulares para sus instalaciones correspondientes.

(74)

Los aumentos excesivos de precios inesperados o repentinos en el mercado del carbono pueden afectar negativamente a la previsibilidad del mercado, que es esencial para la planificación de las inversiones en descarbonización. Por consiguiente, la medida que se aplica en caso de fluctuaciones excesivas de los precios en el mercado para el comercio del derecho de emisiones contempladas en los capítulos II y III de la Directiva 2003/87/CE debe reforzarse cuidadosamente para mejorar su reactividad ante fluctuaciones injustificadas de los precios. Si se cumple la condición de activación basada en el aumento del precio medio de los derechos de emisión, debe aplicarse automáticamente esta medida de salvaguarda basada en normas, que dará lugar a una retirada de un número predeterminado de derechos de emisión de la reserva de estabilidad del mercado establecida por la Decisión (UE) 2015/1814 del Parlamento Europeo y del Consejo (26). La condición de activación debe ser objeto de un estrecho seguimiento por parte de la Comisión y publicarse mensualmente con el fin de mejorar la transparencia. Para garantizar la subasta ordenada de los derechos de emisión retirados de la reserva de estabilidad del mercado con arreglo a esta medida de salvaguarda y mejorar la previsibilidad del mercado, esta medida no debe aplicarse de nuevo hasta al menos doce meses después del final de la anterior retirada de derechos de emisión en el mercado en virtud de la medida.

(75)

La Comunicación de la Comisión, de 17 de septiembre de 2020, titulada «Intensificar la ambición climática de Europa para 2030: Invertir en un futuro climáticamente neutro en beneficio de nuestros ciudadanos» subrayaba el reto concreto de reducir las emisiones en los sectores de los edificios y el transporte por carretera. Por consiguiente, la Comisión anunció que una mayor ampliación del comercio de derechos de emisión podría incluir las emisiones procedentes de los edificios y el transporte por carretera, indicando al mismo tiempo que cubrir todas las emisiones resultantes de quemar combustible aportaría notables beneficios. El comercio de derechos de emisión debe aplicarse a los combustibles utilizados en los sectores de los edificios, el transporte por carretera y otros sectores que correspondan a las actividades industriales no incluidas en el anexo I de la Directiva 2003/87/CE, como la calefacción de instalaciones industriales (en lo sucesivo, «edificios, transporte por carretera y otros sectores»). Para dichos sectores, debe establecerse un régimen de comercio de derechos de emisión separado pero paralelo para evitar cualquier perturbación del buen funcionamiento del régimen de comercio de derechos de emisión en los sectores de las instalaciones fijas y de la aviación. El nuevo sistema va acompañado de políticas complementarias que conforman las expectativas de los participantes en el mercado y tienen como objetivo una señal del precio del carbono para el conjunto de la economía, al tiempo que establecen medidas para evitar impactos indebidos en los precios. La experiencia previa ha demostrado que el desarrollo del nuevo sistema requiere la creación de un sistema eficaz de seguimiento, notificación y verificación. Con el fin de garantizar las sinergias y la coherencia con la infraestructura existente de la Unión en relación con el RCDE de la UE, conviene establecer un régimen de comercio de derechos de emisión para los sectores de los edificios, el transporte por carretera y otros sectores mediante una modificación de la Directiva 2003/87/CE.

(76)

Con el fin de establecer el marco de aplicación necesario y ofrecer un plazo razonable para alcanzar el objetivo de 2030, el comercio de derechos de emisión en los sectores de los edificios, el transporte por carretera y otros sectores debe comenzar en 2025. Durante los primeros años, las entidades reguladas deberían estar obligadas a poseer un permiso de emisión de gases de efecto invernadero y a notificar las emisiones correspondientes a los años 2024 a 2026. La expedición de derechos de emisión y las obligaciones de cumplimiento de dichas entidades deben ser aplicables a partir de 2027. Esta secuenciación permitiría que el comercio de derechos de emisión en dichos sectores se iniciara de manera ordenada y eficiente. También permitiría que las medidas estuvieran en marcha para garantizar una introducción justa desde el punto de vista social del comercio de derechos de emisión en los sectores de los edificios, el transporte por carretera y otros sectores, con el fin de aliviar el efecto del precio del carbono en los hogares vulnerables y los usuarios del transporte.

(77)

Debido al gran número de pequeños emisores en los sectores de los edificios, el transporte por carretera y otros sectores, no es posible establecer el punto de regulación a nivel de las entidades que emiten directamente gases de efecto invernadero, como sucede en el caso de las instalaciones fijas y de la aviación. Por consiguiente, por razones de viabilidad técnica y eficiencia administrativa, es más apropiado establecer el punto de regulación en fases previas de la cadena de suministro. El acto que desencadena la obligación de cumplimiento en virtud del nuevo régimen del comercio de derechos de emisión debe ser el despacho a consumo de combustibles utilizados para la combustión en los sectores de los edificios y el transporte por carretera, incluido el transporte por carretera de gases de efecto invernadero a efectos de su almacenamiento geológico, así como en otros sectores, que corresponden a las actividades industriales no contempladas en el anexo I de la Directiva 2003/87/CE. Para evitar la doble cobertura, no debe incluirse el despacho a consumo de combustibles que se utilizan en actividades contempladas en el anexo I de dicha Directiva.

(78)

Las entidades reguladas de los sectores de los edificios, el transporte por carretera y otros sectores y el punto de regulación deben definirse en consonancia con el sistema de impuestos especiales establecido por la Directiva (UE) 2020/262 del Consejo (27), con las adaptaciones necesarias, ya que dicha Directiva ya dispone un sólido sistema de control de todas las cantidades de combustible despachadas a consumo a efectos del pago de impuestos especiales. Los consumidores finales de combustibles en esos sectores no deben estar sujetos a obligaciones en virtud de la Directiva 2003/87/CE.

(79)

Las entidades reguladas que entran en el ámbito de aplicación del régimen de comercio de derechos de emisión en los sectores de los edificios, el transporte por carretera y otros sectores deben estar sujetas a requisitos de permisos de emisión de gases de efecto invernadero similares a los de los titulares de instalaciones fijas. Es necesario establecer normas sobre las solicitudes de permisos, las condiciones para su expedición, el contenido y la revisión de los permisos, así como cualquier cambio relacionado con la entidad regulada. Para que el nuevo sistema comience de manera ordenada, los Estados miembros deben velar por que las entidades reguladas incluidas en el ámbito de aplicación del nuevo régimen de comercio de derechos de emisión dispongan de un permiso válido desde el inicio del régimen en 2025.

(80)

La cantidad total de derechos de emisión para el nuevo régimen de comercio de derechos de emisión debe seguir una trayectoria lineal para alcanzar el objetivo de reducción de emisiones de 2030 y tener en cuenta la contribución rentable de los sectores de los edificios y del transporte por carretera a una reducción de emisiones del 43 % a más tardar en 2030 con respecto a 2005, y de otros sectores, una contribución rentable combinada de una reducción de emisiones del 42 % a más tardar en 2030 con respecto a 2005. La cantidad total de derechos de emisión debe establecerse por primera vez en 2027, seguir una trayectoria que comience en 2024 a partir del valor de los límites de emisiones de 2024, calculado de conformidad con el artículo 4, apartado 2, del Reglamento (UE) 2018/842 del Parlamento Europeo y del Consejo (28) sobre la base de las emisiones de referencia para los sectores cubiertos en 2005 y durante el período comprendido entre 2016 y 2018, conforme a los establecido por el artículo 4, apartado 3, de dicho Reglamento. En consecuencia, el factor de reducción lineal debe fijarse en el 5,10 %. A partir de 2028, la cantidad total de derechos de emisión debe fijarse sobre la base de la media de las emisiones notificadas en los años 2024, 2025 y 2026, y debe disminuir con la misma tasa de reducción anual absoluta establecida a partir de 2024, lo que se corresponde con un factor de reducción lineal del 5,38 % con respecto al valor comparable de 2025 de la trayectoria anteriormente definida. Si esas emisiones son significativamente superiores a dicho valor de trayectoria y si dicha divergencia no se debe a diferencias a pequeña escala en las metodologías de medición de emisiones, el factor de reducción lineal debe ajustarse para alcanzar el nivel de reducción de emisiones requerido en 2030.

(81)

La subasta de derechos de emisión es el método más sencillo y eficiente desde el punto de vista económico para la asignación de derechos de emisión, y también evita beneficios imprevistos. Tanto el sector de los edificios como el del transporte por carretera se encuentran bajo una presión competitiva relativamente pequeña o inexistente procedente de fuera de la Unión y no están expuestos a un riesgo de fuga de carbono. Por consiguiente, los derechos de emisión para los edificios y el transporte por carretera únicamente deben asignarse mediante subasta, sin asignación gratuita.

(82)

Con el fin de garantizar un comienzo sin complicaciones del nuevo régimen de comercio de derechos de emisión en los nuevos sectores y teniendo en cuenta la necesidad de las entidades reguladas de cubrir o comprar derechos de emisión futuros para mitigar su riesgo de precio y liquidez, debe subastarse anticipadamente una cantidad mayor de derechos de emisión. En 2027, los volúmenes de las subastas deben, por tanto, ser un 30 % superiores a la cantidad total de derechos de emisión para 2027. Esta cantidad sería suficiente para proporcionar liquidez, tanto si las emisiones disminuyen en consonancia con las reducciones necesarias, como en caso de que las reducciones de emisiones solo se materialicen progresivamente. Las normas detalladas para dicha distribución anticipada de los volúmenes de las subastas deben establecerse en un acto delegado relativo a la subasta, adoptado de conformidad con el artículo 10, apartado 4, de la Directiva 2003/87/CE.

(83)

Las normas de distribución de las acciones de subasta tienen mucha importancia para los ingresos procedentes de las subastas que recaerían sobre los Estados miembros, sobre todo, si se tiene en cuenta la necesidad de reforzar la capacidad de los Estados miembros para abordar las repercusiones sociales de una señal de precio del carbono en los sectores de los edificios y el transporte por carretera. A pesar de que dichos sectores de los edificios, el transporte por carretera y otros sectores tienen características muy diferentes, conviene establecer una norma común de distribución similar a la aplicable a las instalaciones fijas. La mayoría de los derechos de emisión debe distribuirse entre todos los Estados miembros sobre la base de la distribución media de las emisiones del transporte por carretera, los edificios comerciales e institucionales y los edificios residenciales durante el período 2016-2018.

(84)

La introducción del precio del carbono en los sectores de los edificios y el transporte por carretera debe ir acompañada de una compensación social efectiva, especialmente teniendo en cuenta los niveles existentes de pobreza energética. Alrededor de 34 millones de europeos, casi el 6,9 % de la población de la Unión, comunicaron que no podían calentar adecuadamente sus hogares en una encuesta realizada en 2021 en el conjunto de la Unión. Para lograr una compensación social y distributiva eficaz, debe exigirse a los Estados miembros que gasten los ingresos procedentes de las subastas del comercio de derechos de emisión correspondientes a los edificios, el transporte por carretera y otros sectores en los fines relacionados con el clima y la energía ya especificados para el actual régimen de comercio de derechos de emisión, dando prioridad a actividades que puedan contribuir a abordar los aspectos sociales del comercio de derechos de emisión en los sectores de los edificios, el transporte por carretera y otros sectores, o en medidas añadidas específicamente para abordar las preocupaciones conexas de tales sectores, incluidas las medidas políticas conexas en virtud de la Directiva 2012/27/UE.

Un nuevo Fondo Social para el Clima establecido por el Reglamento (UE) 2023/955 del Parlamento Europeo y del Consejo (29) va a proporcionar financiación específica a los Estados miembros para apoyar a los colectivos vulnerables más afectados, especialmente los hogares en situación de pobreza energética o de transporte. Este Fondo Social para el Clima va a promover la equidad y la solidaridad entre los Estados miembros y dentro de ellos, al tiempo que va a mitigar el riesgo de pobreza energética y de transporte durante la transición. Se va a basar en los mecanismos de solidaridad existentes y los va a complementar, en sinergia con otros programas de gasto y fondos de la Unión. 50 millones de derechos de emisión del RCDE de la UE de conformidad con el artículo 10 bis, apartado 8 ter, de la Directiva 2003/87/CE y 150 millones de derechos de emisión del comercio de derechos de emisión en los sectores de los edificios, el transporte por carretera y otros sectores, y los ingresos generados por la subasta de derechos de emisión relativos a los sectores de los edificios, el transporte por carretera y otros sectores, hasta un máximo de 65 000 000 000 EUR, deben utilizarse para la financiación del Fondo Social para el Clima en forma de ingresos afectados externos de forma temporal y excepcional, a la espera de los debates y las deliberaciones sobre la propuesta de la Comisión, de 22 de diciembre de 2021, de una decisión del Consejo por la que se modifica la Decisión (UE, Euratom) 2020/2053 sobre el sistema de recursos propios de la Unión Europea en relación con el establecimiento de un nuevo recurso propio basado en el RCDE de la UE, de conformidad con el artículo 311, párrafo tercero, del TFUE.

Es necesario disponer que, en caso de que se adopte una decisión de conformidad con el artículo 311, párrafo tercero, del TFUE por la que se establezca ese nuevo recurso propio, ese mismo recurso deje de ser considerado como un ingreso afectado externo cuando entre en vigor dicha decisión. Por lo que se refiere al Fondo Social para el Clima, en caso de que se adopte dicha decisión, la Comisión debe presentar, según proceda, las propuestas necesarias de conformidad con el artículo 27, apartado 4, del Reglamento (UE) 2023/955. Esto se entiende sin perjuicio del resultado de las negociaciones del marco financiero plurianual posterior a 2027.

(85)

La información sobre la utilización de los ingresos procedentes de las subastas debe armonizarse con la información actual establecida por el Reglamento (UE) 2018/1999.

(86)

Las entidades reguladas incluidas en el nuevo régimen de comercio de derechos de emisión deben entregar derechos de emisión por sus emisiones verificadas, que se correspondan con las cantidades de combustible que hayan despachado a consumo. Deben entregar, por primera vez, derechos de emisión por sus emisiones verificadas en 2027. A fin de reducir al mínimo la carga administrativa, deben hacerse aplicables al nuevo régimen de comercio de derechos de emisión de los edificios, el transporte por carretera y otros sectores una serie de normas aplicables al actual régimen de comercio de derechos de emisión para las instalaciones fijas y la aviación, con las adaptaciones necesarias. Esto incluye, en concreto, las normas sobre transferencia, entrega y cancelación de derechos de emisión, así como las normas sobre la validez de los derechos de emisión, las sanciones, los órganos competentes y las obligaciones de información de los Estados miembros.

(87)

Algunos Estados miembros ya tienen impuestos nacionales sobre el carbono que se aplican a los edificios, el transporte por carretera y otros sectores contemplados en el anexo III de la Directiva 2003/87/CE. Por lo tanto, debe establecerse una excepción temporal hasta finales de 2030. Para garantizar la consecución de los objetivos de la Directiva 2003/87/CE y que el nuevo régimen de comercio de derechos de emisión sea coherente, dicha excepción únicamente debe poder aplicarse en los casos en que el tipo impositivo nacional sea superior al precio medio de subasta del año pertinente y únicamente debe aplicarse a la obligación de entrega de las entidades reguladas que paguen dicho impuesto. Para garantizar la estabilidad y la transparencia del sistema, el impuesto nacional, incluidos los tipos impositivos pertinentes, debe notificarse a la Comisión al final del período de transposición de la presente Directiva. La excepción no debe afectar a los ingresos afectados externos para el Fondo Social para el Clima ni, si se establece en virtud del artículo 311, párrafo tercero, del TFUE, a un recurso propio basado en los ingresos procedentes de las subastas del comercio de derechos de emisión en los sectores del transporte por carretera, los edificios y otros sectores.

(88)

Para que el comercio de derechos de emisión en los sectores de los edificios, y del transporte por carretera y otros sectores sea eficaz, debe ser posible realizar un seguimiento de las emisiones con un alto grado de certidumbre y a un coste razonable. Las emisiones deben atribuirse a las entidades reguladas sobre la base de las cantidades de combustible despachado a consumo y combinadas con un factor de emisión. Las entidades reguladas deben poder identificar y diferenciar de manera fiable y precisa los sectores en los que se despachan a consumo los combustibles, así como los usuarios finales de los combustibles, a fin de evitar efectos no deseados, como la doble carga. En el limitado número de casos en los que no se pueda evitar el doble cómputo entre emisiones en el RCDE de la UE existente y el nuevo régimen de comercio de derechos de emisión para los edificios, el transporte por carretera y otros sectores, o cuando surjan costes derivados de la entrega de derechos de emisión de actividades a las que no se aplica la Directiva 2003/87/CE, los Estados miembros deben utilizar esos ingresos para compensar el inevitable doble cómputo u otros costes de este tipo fuera de los sectores de los edificios, el transporte por carretera y otros sectores, de conformidad con el Derecho de la Unión. Deben, por tanto, conferirse a la Comisión competencias de ejecución a fin de garantizar condiciones uniformes para evitar el doble cómputo y q derechos de emisión que sean objeto de entrega para emisiones que no estén contempladas en el régimen de comercio de derechos para los edificios, el transporte por carretera y otros sectores, y para aportar una compensación económica. Para mitigar en mayor medida cualquier problema de doble cómputo, los plazos para el seguimiento y la entrega en el nuevo régimen de comercio de derechos de emisión deben vencer un mes después de los plazos del actual régimen para las instalaciones fijas y la aviación. A fin de disponer de datos suficientes para determinar la cantidad total de derechos de emisión para el período comprendido entre 2028 y 2030, las entidades reguladas titulares de un permiso al inicio del sistema en 2025 deben notificar sus emisiones históricas asociadas correspondientes a 2024.

(89)

La transparencia en lo concerniente a los costes del carbono y la medida en que se repercuten en los consumidores es de vital importancia para hacer posible una reducción de las emisiones rápida y rentable en todos los sectores de la economía. Esto reviste especial importancia en un régimen de comercio de derechos de emisión basado en obligaciones procedentes de fases previas. El nuevo régimen de comercio de derechos de emisión tiene por objeto incentivar a las entidades reguladas a reducir el contenido de carbono de los combustibles, y dichas entidades no deben obtener beneficios indebidos repercutiendo a los consumidores más costes del carbono que aquellos en los que efectivamente incurren. Si bien la subasta completa de derechos de emisión en el marco del régimen de comercio de derechos de emisión para los edificios, el transporte por carretera y otros sectores ya limita la aparición de tales beneficios indebidos, la Comisión debe realizar un seguimiento de en qué medida las entidades reguladas repercuten los costes del carbono, de modo que se eviten los beneficios inesperados. En relación con el capítulo IV bis, la Comisión debe informar anualmente, si es posible por tipo de combustible, sobre el nivel medio de los costes del carbono que se ha repercutido en los consumidores de la Unión.

(90)

Conviene introducir medidas para abordar el posible riesgo de un aumento excesivo de los precios, que, si es especialmente elevado al inicio del nuevo régimen de comercio de derechos de emisión, puede menoscabar la predisposición de los hogares y las personas a invertir en la reducción de sus emisiones de gases de efecto invernadero. Dichas medidas deben complementar las garantías proporcionadas por la reserva de estabilidad del mercado y que entraron en funcionamiento en 2019. Aunque el mercado seguirá determinando el precio del carbono, las medidas de salvaguardia se activarán mediante un mecanismo automático basado en normas, según el cual los derechos de emisión solo van a retirarse de la reserva de estabilidad del mercado si se cumplen una o más condiciones concretas de activación basadas en el aumento del precio medio de los derechos de emisión. Este mecanismo adicional también debería ser muy reactivo, a fin de hacer frente a la excesiva volatilidad debida a factores distintos de los cambios en los fundamentos del mercado. Las medidas deben adaptarse a los diferentes niveles de aumento excesivo de los precios, lo que va a dar lugar a distintos grados de intervención. Las condiciones de activación deben ser objeto de un estrecho seguimiento por parte de la Comisión, que debe adoptar las medidas con carácter de urgencia cuando se cumplan dichas condiciones. Esto se entiende sin perjuicio de las medidas de acompañamiento que los Estados miembros puedan adoptar para hacer frente a los efectos sociales adversos.

(91)

Con el fin de aumentar la seguridad de los ciudadanos de que, en los primeros años del nuevo régimen de comercio de derechos de emisión, el precio del carbono no supere los 45 EUR, conviene incluir un mecanismo adicional de estabilidad de precios para retirar derechos de emisión de la reserva de estabilidad del mercado en caso de que el precio del carbono supere dicho nivel. En principio, la medida debe aplicarse una vez en un período de doce meses. Sin embargo, también debe poder aplicarse de nuevo durante el mismo período de doce meses en caso de que la Comisión, asistida por el Comité del Cambio Climático, considere que la evolución del precio justifica otra retirada de derechos de emisión. Habida cuenta del objetivo de este mecanismo de garantizar la estabilidad en los primeros años del nuevo régimen de comercio de derechos de emisión, la Comisión debe evaluar su funcionamiento y si debe mantenerse después de 2029.

(92)

Como mecanismo de salvaguardia adicional antes del inicio del comercio de derechos de emisión en los edificios, el transporte por carretera y otros sectores, debe ser posible retrasar la aplicación del límite máximo y las obligaciones de entrega cuando los precios al por mayor del gas o del petróleo sean excepcionalmente elevados en comparación con las tendencias históricas. El mecanismo debe ser automático, de manera que la aplicación del límite máximo y las obligaciones de entrega han de retrasarse un año si se cumplen determinadas condiciones de activación basadas en el precio de la energía. Los precios de referencia deben determinarse sobre la base de contratos de referencia en los mercados mayoristas del gas y del petróleo que estén disponibles inmediatamente y sean los más pertinentes para los consumidores finales. Deben preverse condiciones de activación separadas para los precios del gas y del petróleo, ya que su evolución sigue tendencias históricas diferentes. A fin de garantizar la seguridad del mercado, la Comisión debe aportar claridad sobre la aplicación del retraso con suficiente antelación, mediante un anuncio en el Diario Oficial de la Unión Europea.

(93)

La aplicación del comercio de derechos de emisión en los sectores de los edificios, el transporte por carretera y otros sectores debe ser objeto de seguimiento por la Comisión, incluido el grado de convergencia de los precios con el RCDE de la UE existente y, si fuese necesario, deberá proponerse al Parlamento Europeo y al Consejo una revisión para mejorar la eficacia, la administración y la aplicación práctica del comercio de derechos de emisión en esos sectores sobre la base de los conocimientos adquiridos, así como una mayor convergencia de los precios. Debe exigirse a la Comisión que presente el primer informe sobre estas cuestiones a más tardar el 1 de enero de 2028.

(94)

A fin de garantizar condiciones uniformes de ejecución del artículo 3 octies bis, apartado 2, del artículo 3 octies septies, apartados 2 y 4, del artículo 10 ter, apartado 4, del artículo 12, apartados 3 -quinquies y 3 -quater, del artículo 14, apartado 1, del artículo 30 septies, apartados 3 y 5, y del artículo 30 nonies, apartado 7, de la Directiva 2003/87/CE, deben conferirse a la Comisión competencias de ejecución. Para garantizar sinergias con el marco regulador existente, la atribución de competencias de ejecución recogida en los artículos 14 y 15 de dicha Directiva debe ampliarse para que incluya los sectores de los edificios, el transporte por carretera y otros sectores. Dichas competencias de ejecución, a excepción de las competencias de ejecución relativas al artículo 3 octies septies, apartado 2, y al artículo 12, apartados 3 -quinquies y 3 -quater, de la Directiva 2003/87/CE, deben ejercerse de conformidad con el Reglamento (UE) n.o 182/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo (30).

(95)

Para lograr los objetivos recogidos en la presente Directiva y otra legislación de la Unión, en particular aquellos recogidos en el Reglamento (UE) 2021/1119, la Unión y sus Estados miembros deben hacer uso de las últimas pruebas científicas en la ejecución de las políticas. Por consiguiente, cuando el Consejo Científico Consultivo Europeo sobre Cambio Climático proporcione asesoramiento científico y emita informes relativos al RCDE de la UE, la Comisión debe tener en cuenta dichos asesoramiento e informes, en particular en lo que respecta a la necesidad de políticas y medidas adicionales de la Unión para garantizar el cumplimiento de los objetivos y metas del Reglamento (UE) 2021/1119, y de políticas y medidas adicionales de la Unión en vista de la aspiración y la integridad medioambiental de las medidas de mercado mundial para la aviación y el transporte marítimo.

(96)

Para reconocer la contribución de los ingresos del RCDE de la UE a la transición climática, debe introducirse una etiqueta RCDE de la UE. Entre otras medidas para garantizar la visibilidad de la financiación del RCDE de la UE, los Estados miembros y la Comisión deben velar por que los proyectos y actividades subvencionados a través del Fondo de Modernización y el Fondo de Innovación se indiquen claramente, mediante una etiqueta adecuada, como procedentes de los ingresos del RCDE de la UE.

(97)

Con vistas a alcanzar el objetivo de neutralidad climática establecido en el artículo 2, apartado 1, del Reglamento (UE) 2021/1119, debe fijarse un objetivo climático para el conjunto de la Unión para 2040, sobre la base de una propuesta legislativa para modificar dicho Reglamento. El RCDE de la UE debe revisarse para adaptarlo al objetivo climático de la Unión para 2040. Como consecuencia, a más tardar en julio de 2026, la Comisión debe informar al Parlamento Europeo y al Consejo sobre varios aspectos del RCDE de la UE, acompañando el informe, en su caso, de una propuesta legislativa y una evaluación de impacto. En consonancia con el Reglamento (UE) 2021/1119, debe darse prioridad a la reducción de las emisiones directas, lo que tiene que complementarse con un aumento de las absorciones de carbono para lograr la neutralidad climática. Por lo tanto, entre otros aspectos, la Comisión debe informar al Parlamento Europeo y al Consejo a más tardar en julio de 2026 sobre la manera en que las emisiones absorbidas de la atmósfera y almacenadas de forma segura y permanente, por ejemplo mediante la captura directa de aire, podrían ser objeto del comercio de derechos de emisión, sin compensar reducciones de emisiones necesarias. En tanto no estén sujetas a la tarificación del carbono todas las fases de la vida de un producto en el que se utilice carbono capturado, en particular la fase de incineración de residuos, confiar en la estimación de las emisiones en el punto de su liberación a la atmósfera conduciría a una contabilización insuficiente de las emisiones.

Con el fin de regular la captura de carbono de manera que se reduzcan las emisiones netas y se garantice que se contabilizan todas las emisiones y se evita el doble cómputo, generando a la vez incentivos económicos, la Comisión debe evaluar, a más tardar en julio de 2026, si todas las emisiones de gases de efecto invernadero incluidas en la Directiva 2003/87/CE se contabilizan efectivamente y si se evita efectivamente el doble cómputo. En particular, debe evaluar la contabilización de las emisiones de gases de efecto invernadero que se consideren capturadas y utilizadas en un producto de una manera distinta de la contemplada en el artículo 12, apartado 3 ter, y tener en cuenta las fases posteriores del proceso, incluida la eliminación y la incineración de residuos. Por último, la Comisión también debe informar al Parlamento Europeo y al Consejo sobre la viabilidad de reducir los umbrales de potencia térmica nominal total de 20 MW para las actividades del anexo I de la Directiva 2003/87/CE, teniendo en cuenta los beneficios medioambientales y la carga administrativa.

(98)

A más tardar en julio de 2026, la Comisión debe evaluar también la viabilidad de incluir las instalaciones de incineración de residuos urbanos en el RCDE de la UE, e informar al respecto al Parlamento Europeo y al Consejo, también con vistas a su inclusión a partir de 2028, y proporcionar una evaluación de la posible necesidad de una opción de exclusión voluntaria por parte de los Estados miembros hasta finales de 2030, teniendo en cuenta la importancia de que todos los sectores contribuyan a la reducción de emisiones. La inclusión de las instalaciones de incineración de residuos urbanos en el RCDE de la UE contribuiría a la economía circular al alentar el reciclaje, la reutilización y la reparación de productos, ayudando al mismo tiempo a la descarbonización de la economía en su conjunto. La inclusión de instalaciones de incineración de residuos urbanos reforzaría los incentivos para la gestión sostenible de los residuos en consonancia con la jerarquía de residuos y crearía unas condiciones de competencia equitativas entre las regiones que han incluido la incineración de residuos urbanos en el ámbito de aplicación del RCDE de la UE.

Para evitar la desviación de los residuos de las instalaciones de incineración de residuos urbanos hacia vertederos en la Unión, que generan emisiones de metano, y para evitar las exportaciones de residuos a terceros países, que pueden tener repercusiones negativas en el medio ambiente, la Comisión debe tener en cuenta en su informe la posible desviación de los residuos hacia la eliminación mediante el depósito en vertederos en la Unión y las exportaciones de residuos a terceros países. La Comisión también debe tener en cuenta los efectos en el mercado interior, el posible falseamiento de la competencia, la integridad medioambiental, la armonización con los objetivos de la Directiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo y del Consejo (31) y la solidez y exactitud en relación con el seguimiento y el cálculo de las emisiones. Teniendo en cuenta las emisiones de metano procedentes del depósito en vertederos y para evitar la creación de condiciones de competencia desiguales, la Comisión también debe evaluar la posibilidad de incluir en el RCDE de la UE otros procedimientos de gestión de residuos, como el depósito en vertederos, la fermentación, el compostaje y el tratamiento mecánico-biológico, cuando evalúe la viabilidad de incluir las instalaciones de incineración de residuos urbanos.

(99)

A fin de adoptar actos no legislativos de aplicación general para completar o modificar algunos elementos no esenciales de un acto legislativo, deben delegarse en la Comisión los poderes para adoptar actos con arreglo al artículo 290 del TFUE por lo que respecta al calendario, la gestión y demás aspectos de las subastas, las normas para la aplicación de la condicionalidad, las normas de funcionamiento del Fondo de Innovación, las normas de funcionamiento del mecanismo de licitación competitiva en relación con los CD y los CDC, los requisitos para considerar que los gases de efecto invernadero se han fijado químicamente de forma permanente en un producto y la ampliación de la actividad a que se refiere el anexo III de la Directiva 2003/87/CE para otros sectores. Además, para garantizar sinergias con el marco regulador existente, la delegación en el artículo 10, apartado 4, de la Directiva 2003/87/CE en lo que respecta al calendario, la gestión y demás aspectos de las subastas debe ampliarse para que incluya los sectores de los edificios, el transporte por carretera y otros sectores. Reviste especial importancia que la Comisión lleve a cabo las consultas oportunas durante la fase preparatoria, en particular con expertos, y que esas consultas se realicen de conformidad con los principios establecidos en el Acuerdo interinstitucional de 13 de abril de 2016 sobre la mejora de la legislación (32). En particular, a fin de garantizar una participación equitativa en la preparación de los actos delegados, el Parlamento Europeo y el Consejo reciben toda la documentación al mismo tiempo que los expertos de los Estados miembros, y sus expertos tienen acceso sistemáticamente a las reuniones de los grupos de expertos de la Comisión que se ocupen de la preparación de actos delegados.

(100)

Las disposiciones relativas al RCDE de la UE vigente y su ampliación al transporte marítimo deben aplicarse a partir de 2024, en consonancia con la necesidad de una acción urgente por el clima y de que todos los sectores contribuyan a la reducción de las emisiones de manera rentable. Por consiguiente, los Estados miembros deben transponer las disposiciones relativas a dichos sectores a más tardar el 31 de diciembre de 2023. No obstante, el plazo de transposición de las disposiciones relativas al régimen de comercio de derechos de emisión para los sectores de los edificios, el transporte por carretera y otros sectores debe ser el 30 de junio de 2024, ya que las normas sobre seguimiento, notificación, verificación y concesión de permisos para esos sectores se aplican a partir del 1 de enero de 2025 y requieren tiempo suficiente para una aplicación ordenada. Con carácter excepcional, a fin de garantizar la transparencia y la solidez de la notificación, los Estados miembros deben transponer la obligación de notificar las emisiones históricas de esos sectores a más tardar el 31 de diciembre de 2023, ya que dicha obligación se refiere a las emisiones del año 2024. De conformidad con la Declaración política conjunta, de 28 de septiembre de 2011, de los Estados miembros y de la Comisión sobre los documentos explicativos (33), los Estados miembros se han comprometido a adjuntar a la notificación de las medidas de transposición, cuando esté justificado, uno o varios documentos que expliquen la relación entre los elementos de una directiva y las partes correspondientes de los instrumentos nacionales de transposición. Por lo que respecta a la presente Directiva, el legislador considera que la transmisión de dichos documentos está justificada.

(101)

Un RCDE de la UE reformado, que funcione correctamente e incluya un instrumento para estabilizar el mercado constituye un medio fundamental para que la Unión alcance su objetivo de reducción de las emisiones netas de gases de efecto invernadero en el conjunto de la economía para 2030, el objetivo de neutralidad climática de la Unión a más tardar en 2050, y el objetivo de lograr emisiones negativas a partir de esa fecha establecido en el Reglamento (UE) 2021/1119, y también los objetivos del Acuerdo de París. La reserva de estabilidad del mercado pretende corregir el desequilibrio entre la oferta y la demanda de derechos de emisión en el mercado. El artículo 3 de la Decisión (UE) 2015/1814 establece que la reserva debe revisarse tres años después de su puesta en marcha, y que se debe prestar atención especial a la cifra porcentual para determinar la cantidad de derechos de emisión que deben incorporarse a la reserva de estabilidad del mercado, el umbral relativo a la cantidad total de derechos de emisión en circulación (CTDC) que determina la incorporación de derechos de emisión y la cantidad de derechos de emisión que deben retirarse de la reserva. El umbral actual que determina la incorporación de derechos de emisión a la reserva de estabilidad del mercado se estableció en 2018, con la última revisión del RCDE de la UE, mientras que el factor de reducción lineal se está incrementando mediante la presente Directiva. Por consiguiente, como parte de la revisión periódica del funcionamiento de la reserva de estabilidad del mercado, la Comisión también debe evaluar la necesidad de un posible ajuste de dicho umbral, en consonancia con el factor lineal a que se refiere el artículo 9 de la Directiva 2003/87/CE.

(102)

Teniendo en cuenta la necesidad de emitir una señal de inversión más fuerte para reducir las emisiones de forma eficaz en relación con los costes, y con miras a reforzar el RCDE de la UE, debe modificarse la Decisión (UE) 2015/1814 a fin de aumentar el tipo porcentual para la determinación del número de derechos de emisión que vayan a depositarse cada año en la reserva de estabilidad del mercado. Además, en el caso de niveles inferiores del CTDC, la incorporación debe ser equivalente a la diferencia entre el CTDC y el umbral que determina la incorporación de derechos de emisión. Esto evitaría la considerable incertidumbre en los volúmenes de subasta que se producen cuando el CTDC se aproxima al umbral y, al mismo tiempo, garantizaría que el excedente alcanzase el volumen necesario para considerar que el mercado del carbono funciona de manera equilibrada.

(103)

Asimismo, para asegurarse de que el nivel de derechos de emisión que permanece en la reserva de estabilidad del mercado después de la invalidación sea predecible, la invalidación de los derechos de emisión de la reserva ya no debe depender de los volúmenes de subasta del año anterior. Por consiguiente, el número de derechos de emisión de la reserva debe fijarse en un nivel de 400 millones de derechos de emisión, lo que se corresponde con el umbral más bajo para el valor del CTDC.

(104)

El análisis de la evaluación de impacto que acompaña a la presente propuesta de Directiva también ha puesto de manifiesto que la demanda neta de la aviación debe incluirse en el CTDC. Además, dado que los derechos de emisión de la aviación pueden utilizarse del mismo modo que los derechos de emisión generales, incluir la aviación en la reserva la haría más precisa y, por tanto, una herramienta mejor para garantizar la estabilidad del mercado. El cálculo del CTDC debe incluir las emisiones y los derechos de emisión de la aviación expedidos con respecto a la aviación a partir del año siguiente a la entrada en vigor de la presente Directiva.

(105)

Para aclarar el cálculo del CTDC, la Decisión (UE) 2015/1814 debe especificar que únicamente se incluyen en la oferta derechos de emisión expedidos y no incluidos en la reserva de estabilidad del mercado. Además, la fórmula ya no debe restar el número de derechos de emisión de la reserva de estabilidad del mercado de la oferta de derechos de emisión. Este cambio no tendría ninguna repercusión importante en el resultado del cálculo del CTDC, ni en los cálculos anteriores del CTDC o en la reserva.

(106)

A fin de atenuar el riesgo de desequilibrios de la oferta y la demanda asociados con el inicio del comercio de derechos de emisión para los sectores de los edificios, el transporte por carretera y otros sectores, así como para hacerlo más resistente a las perturbaciones del mercado, debe aplicarse a esos sectores el mecanismo basado en normas de la reserva de estabilidad del mercado. Para que esta reserva esté operativa desde el inicio del sistema, debe establecerse con una dotación inicial de 600 millones de derechos de emisión para el comercio de derechos de emisión en los sectores de los edificios, el transporte por carretera y otros sectores. Los umbrales iniciales inferior y superior, que desencadenan la retirada o la incorporación de derechos de emisión de la reserva, deben estar sujetos a una cláusula de revisión general. Otros elementos, como la publicación del CTDC o la cantidad de derechos de emisión retirados o incorporados a la reserva, deben seguir las normas de la reserva para otros sectores.

(107)

Dado que los objetivos de la presente Directiva, a saber, promover reducciones de las emisiones de gases de efecto invernadero de forma rentable y económicamente eficiente y de manera proporcional al objetivo de reducción de las emisiones netas de gases de efecto invernadero para el conjunto de la economía de aquí a 2030 mediante un mecanismo basado en el mercado ampliado y modificado no pueden ser alcanzados de manera suficiente por los Estados miembros, sino que, debido a sus dimensiones y efectos, pueden lograrse mejor a escala de la Unión, esta puede adoptar medidas, de acuerdo con el principio de subsidiariedad establecido en el artículo 5 del Tratado de la Unión Europea. De conformidad con el principio de proporcionalidad establecido en el mismo artículo, la presente Directiva no excede de lo necesario para alcanzar dichos objetivos.

(108)

Por lo tanto, procede modificar la Directiva 2003/87/CE y la Decisión (UE) 2015/1814 en consecuencia.

1)

En el artículo 1, el párrafo segundo se sustituye por el texto siguiente:

«La presente Directiva establece, asimismo, reducciones más importantes de las emisiones de gases de efecto invernadero para contribuir a alcanzar los niveles de reducción que se consideran necesarios, desde el punto de vista científico, para evitar un cambio climático peligroso. Contribuye a la consecución del objetivo de neutralidad climática de la Unión y de sus objetivos climáticos establecidos en el Reglamento (UE) 2021/1119 del Parlamento Europeo y del Consejo (*1) y, por ende, a los objetivos del Acuerdo de París (*2).

(*1)  Reglamento (UE) 2021/1119 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de junio de 2021, por el que se establece el marco para lograr la neutralidad climática y se modifican los Reglamentos (CE) n.o 401/2009 y (UE) 2018/1999 (Legislación europea sobre el clima) (DO L 243 de 9.7.2021, p. 1)."

(*2)  DO L 282 de 19.10.2016, p. 4.»."

2)

En el artículo 2, los apartados 1 y 2 se sustituyen por el texto siguiente:

«1.   La presente Directiva se aplicará a las actividades enumeradas en los anexos I y III y a los gases de efecto invernadero enumerados en el anexo II. Cuando una instalación que está incluida en el ámbito de aplicación del RCDE de la UE debido al funcionamiento de unidades de combustión con una potencia térmica nominal total superior a 20 MW modifique sus procesos de producción para reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero y deje de alcanzar dicho umbral, el Estado miembro en el que se localiza dicha instalación dará al titular la opción de permanecer en el ámbito de aplicación del RCDE de la UE hasta el final del período actual de cinco años y del siguiente a que se refiere el artículo 11, apartado 1, párrafo segundo, tras el cambio en sus procesos de producción. El titular de dicha instalación podrá decidir que la instalación deba permanecer en el ámbito de aplicación del RCDE de la UE únicamente hasta el final del período de cinco años en curso, o también del siguiente período de cinco años, tras el cambio en sus procesos de producción. El Estado miembro de que se trate notificará a la Comisión los cambios con respecto a la lista presentada a la Comisión de conformidad con el artículo 11, apartado 1.

2.   La presente Directiva se aplicará sin perjuicio de cualquier requisito en virtud de la Directiva 2010/75/UE del Parlamento Europeo y del Consejo (*3).

(*3)  Directiva 2010/75/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de noviembre de 2010, sobre las emisiones industriales (prevención y control integrados de la contaminación) (DO L 334 de 17.12.2010, p. 17).»."

3)

El artículo 3 se modifica como sigue:

4)

El título del capítulo II se sustituye por el texto siguiente:

«Aviación y transporte marítimo».

5)

El artículo 3 bis se sustituye por el texto siguiente:

«Artículo 3 bis

Ámbito de aplicación

Los artículos 3 ter a 3 octies se aplicarán a la asignación y expedición de derechos de emisión en relación con las actividades de aviación enumeradas en el anexo I. Los artículos 3 octies bis a 3 octies octies se aplicarán a las actividades de transporte marítimo enumeradas en el anexo I.».

6)

El artículo 3 octies se sustituye por el texto siguiente:

«Artículo 3 octies

Planes de seguimiento y notificación

Los Estados miembros responsables de la gestión velarán por que los operadores de aeronaves presenten a las autoridades competentes de dichos Estados miembros un plan de seguimiento en el que establezcan medidas para el seguimiento y notificación de las emisiones y por que la autoridad competente apruebe dichos planes de acuerdo con los actos de ejecución a que se refiere el artículo 14.».

7)

Se insertan los artículos siguientes:

«Artículo 3 octies bis

Ámbito de aplicación a las actividades de transporte marítimo

1.   La asignación de derechos de emisión y la aplicación de las obligaciones de entrega respecto de las actividades de transporte marítimo se aplicarán con respecto al cincuenta por ciento (50 %) de las emisiones procedentes de los buques que realicen viajes con origen en un puerto de escala bajo la jurisdicción de un Estado miembro y que lleguen a un puerto de escala situado fuera de la jurisdicción de un Estado miembro, el cincuenta por ciento (50 %) de las emisiones procedentes de buques que realicen viajes desde un puerto de escala situado fuera de la jurisdicción de un Estado miembro y que lleguen a un puerto de escala bajo jurisdicción de un Estado miembro, el cien por cien (100 %) de las emisiones procedentes de buques que realicen viajes desde un puerto de escala bajo jurisdicción de un Estado miembro y que lleguen a un puerto de escala bajo jurisdicción de un Estado miembro, y el cien por cien (100 %) de las emisiones procedentes de buques que se encuentren en un puerto de escala bajo jurisdicción de un Estado miembro.

2.   A más tardar el 31 de diciembre de 2023, la Comisión establecerá, mediante actos de ejecución, una lista de los puertos vecinos de transbordo de contenedores y, en lo sucesivo, la actualizará cada dos años a más tardar el 31 de diciembre.

Dichos actos de ejecución enumerarán un puerto como puerto de transbordo de contenedores vecinos cuando la proporción de transbordos de contenedores, medida en unidades equivalentes a 20 pies, supere el 65 % del tráfico total de contenedores de dicho puerto durante el período de doce meses más reciente para el que se disponga de datos pertinentes y cuando dicho puerto esté situado fuera de la Unión pero a menos de 300 millas náuticas de un puerto bajo la jurisdicción de un Estado miembro. A efectos del presente apartado, los contenedores se considerarán transbordados cuando se descarguen de un buque al puerto con el único fin de cargarlos en otro buque. La lista establecida por la Comisión en virtud del párrafo primero no incluirá puertos situados en un tercer país para los que dicho tercer país aplica efectivamente medidas equivalentes a la presente Directiva.

Dichos actos de ejecución se adoptarán de conformidad con el procedimiento de examen a que se refiere el artículo 22 bis, apartado 2.

3.   Los artículos 9, 9 bis y 10 se aplicarán a las actividades de transporte marítimo de la misma manera que a otras actividades incluidas en el RCDE de la UE, con la siguiente excepción por lo que respecta a la aplicación del artículo 10.

Hasta el 31 de diciembre de 2030, se asignará un porcentaje de derechos de emisión a aquellos Estados miembros en los que la proporción entre las empresas navieras que habrían estado bajo su responsabilidad con arreglo al artículo 3 octies septies y la población respectiva de 2020, sobre la base de los datos disponibles para el período comprendido entre 2018 y 2020, sea de más de quince empresas navieras por millón de habitantes. La cantidad de derechos de emisión equivaldrá al 3,5 % de la cantidad adicional de los derechos de emisión resultante del aumento del límite máximo para el transporte marítimo a que se refiere el artículo 9, párrafo tercero, en el año correspondiente. Para los años 2024 y 2025, la cantidad de derechos de emisión se multiplicará además por los porcentajes aplicables al año correspondiente de conformidad con el artículo 3 octies ter, párrafo primero, letras a) y b). Los ingresos generados procedentes de dicha subasta de los derechos de emisión deberían utilizarse para los fines mencionados en el artículo 10, apartado 3, párrafo primero, letra g), por lo que respecta al sector marítimo, y en las letras f) e i). El 50 % de los derechos de emisión se distribuirá entre los Estados miembros pertinentes en función de la proporción de empresas navieras bajo su responsabilidad y el resto se distribuirá a partes iguales entre ellos.

Artículo 3 octies ter

Introducción gradual de los requisitos para el transporte marítimo

Las empresas navieras estarán obligadas a entregar derechos de emisión con arreglo al siguiente calendario:

Cuando se entreguen menos derechos de emisión en comparación con las emisiones verificadas del transporte marítimo correspondientes a los años 2024 y 2025, una vez establecida la diferencia entre las emisiones verificadas y los derechos de emisión entregados con respecto a cada año, se cancelará una cantidad de derechos de emisión correspondiente a dicha diferencia en lugar de subastarse con arreglo al artículo 10.

Artículo 3 octies quater

Disposiciones para la transferencia de los costes del RCDE de la UE de la empresa naviera a otra entidad

Los Estados miembros adoptarán las medidas necesarias para garantizar que, cuando la responsabilidad última de la compra del combustible, la explotación del buque, o ambas, sean asumidas por una entidad distinta de la empresa naviera en virtud de un acuerdo contractual, esta tenga derecho a que dicha entidad le reembolse los costes derivados de la entrega de los derechos de emisión.

A efectos de este artículo, se entenderá por “explotación del buque” la determinación de las mercancías que se transportan o de la ruta y la velocidad del buque. La empresa naviera seguirá siendo la entidad responsable de entregar los derechos de emisión de conformidad con los artículos 3 octies ter y 12 y del cumplimiento general de las disposiciones del Derecho nacional por la que se transpone la presente Directiva. Los Estados miembros velarán por que las empresas navieras bajo su responsabilidad cumplan las obligaciones de entrega de derechos de emisión de conformidad con los artículos 3 octies ter y 12, sin perjuicio del derecho de dichas empresas navieras a ser reembolsadas por los operadores comerciales por los costes derivados de la entrega.

Artículo 3 octies quinquies

Seguimiento y notificación de las emisiones procedentes del transporte marítimo

En lo que respecta a las emisiones procedentes de las actividades de transporte marítimo enumeradas en el anexo I de la presente Directiva, la autoridad responsable de la gestión con respecto a una empresa naviera velará por que las empresas navieras bajo su responsabilidad realicen el seguimiento y notifiquen los parámetros pertinentes durante un período de notificación y le presenten datos agregados sobre emisiones a nivel de la empresa, de conformidad con el capítulo II del Reglamento (UE) 2015/757.

Artículo 3 octies sexies

Verificación y acreditación de las normas sobre emisiones procedentes del transporte marítimo

La autoridad responsable de la gestión con respecto a una empresa naviera se asegurará de que la notificación de los datos agregados de emisiones a nivel de la empresa naviera presentados por una empresa naviera de conformidad con el artículo 3 octies quinquies de la presente Directiva se verifique de conformidad con las normas de verificación y acreditación establecidas en el capítulo III del Reglamento (UE) 2015/757.

Artículo 3 octies septies

Autoridad responsable de la gestión con respecto a una empresa naviera

1.   La autoridad responsable de la gestión con respecto a una empresa naviera será:

2.   Basándose en la mejor información disponible, la Comisión establecerá, por medio de actos de ejecución:

3.   Una autoridad responsable de la gestión con respecto a una empresa naviera que, con arreglo a la lista establecida de conformidad con el apartado 2, sea responsable de una empresa naviera, conservará dicha responsabilidad con independencia de los cambios posteriores en las actividades o el registro de la empresa naviera hasta que dichos cambios se reflejen en una lista actualizada.

4.   La Comisión adoptará actos de ejecución para establecer normas detalladas relativas a la gestión de las empresas navieras por las autoridades responsables de la gestión con respecto a una empresa naviera en virtud de la presente Directiva. Dichos actos de ejecución se adoptarán de conformidad con el procedimiento de examen a que se refiere el artículo 22 bis, apartado 2.

Artículo 3 octies octies

Presentación de informes y revisión

1.   En caso de adopción por parte de la Organización Marítima Internacional (OMI) de una medida de mercado mundial para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero del transporte marítimo, la Comisión revisará la presente Directiva habida cuenta de la medida adoptada.

A tal fin, la Comisión presentará un informe al Parlamento Europeo y al Consejo en un plazo de dieciocho meses a partir de la adopción de dicha medida de mercado mundial y antes de su puesta en funcionamiento. En dicho informe, la Comisión examinará la medida de mercado mundial en lo que respecta a:

Cuando proceda, la Comisión podrá acompañar el informe a que se refiere el párrafo segundo del presente apartado de una propuesta legislativa por la que se modifique la presente Directiva de manera coherente con el objetivo climático de la Unión para 2030 y el objetivo de neutralidad climática establecido en el Reglamento (UE) 2021/1119 y con el objetivo de preservar la integridad medioambiental y la eficacia de la acción por el clima de la Unión, a fin de garantizar la coherencia entre la aplicación de la medida de mercado mundial y el RCDE de la UE, evitando al mismo tiempo cualquier doble carga significativa.

2.   En caso de que la OMI no adopte a más tardar en 2028 una medida de mercado mundial para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero del transporte marítimo en consonancia con los objetivos del Acuerdo de París y al menos a un nivel comparable al resultante de las medidas de la Unión adoptadas en virtud de la presente Directiva, la Comisión presentará un informe al Parlamento Europeo y al Consejo en el que examinará la necesidad de aplicar la asignación de derechos de emisión y las obligaciones de entrega con respecto a más del cincuenta por ciento (50 %) de las emisiones procedentes de los buques que realicen viajes entre un puerto de escala bajo jurisdicción de un Estado miembro y un puerto de escala fuera de la jurisdicción de un Estado miembro, a la luz de los objetivos del Acuerdo de París. En dicho informe, la Comisión tendrá en cuenta, en particular, los progresos realizados a nivel de la OMI y examinará si un tercer país cuenta con una medida de mercado equivalente a la presente Directiva y evaluará el riesgo de un aumento de las prácticas evasivas, en particular mediante un cambio a otros modos de transporte o un traslado del centro de operaciones portuarias a puertos situados fuera de la Unión.

El informe a que se refiere el párrafo primero irá acompañado, si procede, de una propuesta legislativa para que se modifique la presente Directiva.

3.   La Comisión realizará un seguimiento de la aplicación del presente capítulo en relación con el transporte marítimo, en particular para detectar comportamientos evasivos con el fin de evitarlos en una fase temprana, teniendo asimismo en cuenta a las regiones ultraperiféricas, e informará cada dos años a partir del 2024 de dicha aplicación del presente capítulo en relación con el transporte marítimo y las posibles tendencias en lo que se refiere a las empresas navieras que intentan eludir las obligaciones de la presente Directiva. La Comisión también se ocupará del seguimiento de efectos en lo que se refiere, entre otros factores, a los posibles aumentos del coste del transporte, al falseamiento de los mercados y los cambios en el tráfico portuario, como la elusión portuaria y los traslados de los centros de transbordo, a la competitividad general del sector marítimo en los Estados miembros y, en particular, a los efectos en los servicios de transporte marítimo que suponen servicios esenciales de continuidad territorial. Si procede, la Comisión propondrá medidas para garantizar la aplicación efectiva del presente capítulo en relación con el transporte marítimo, en particular medidas para hacer frente a las tendencias en lo que respecta a las empresas navieras que intentan eludir las obligaciones de la presente Directiva.

4.   A más tardar el 30 de septiembre de 2028, la Comisión evaluará la conveniencia de prorrogar la aplicación del artículo 3 octies bis, apartado 3, párrafo segundo, más allá del 31 de diciembre de 2030 y, si procede, presentará una propuesta legislativa a tal efecto.

5.   A más tardar el 31 de diciembre de 2026, la Comisión presentará un informe al Parlamento Europeo y al Consejo en el que examinará la viabilidad y las repercusiones económicas, medioambientales y sociales de la inclusión en la presente Directiva de las emisiones procedentes de los buques, incluidos los buques de alta mar con un arqueo bruto inferior a 5 000 toneladas pero no inferior a 400 toneladas, basándose, en particular, en el análisis que acompaña a la revisión del Reglamento (UE) 2015/757 prevista a más tardar para el 31 de diciembre de 2024.

Dicho informe también tendrá en cuenta las interrelaciones entre la presente Directiva y el Reglamento (UE) 2015/757 y se basará en la experiencia adquirida con su aplicación. En dicho informe, la Comisión también estudiará la mejor manera de que la presente Directiva tenga en cuenta la adopción de combustibles marítimos renovables e hipocarbónicos a lo largo de su ciclo de vida. En su caso, el informe podrá ir acompañado de propuestas legislativas.».

8)

El artículo 3 nonies se sustituye por el texto siguiente:

«Artículo 3 nonies

Ámbito de aplicación

Las disposiciones del presente capítulo se aplicarán a los permisos de emisión de gases de efecto invernadero y a la asignación y expedición de derechos de emisión por lo que se refiere a las actividades enumeradas en el anexo I distintas de las actividades de aviación y de las actividades de transporte marítimo.».

9)

En el artículo 6, apartado 2, la letra e) se sustituye por el texto siguiente:

10)

El artículo 8 se sustituye por el texto siguiente:

«Artículo 8

Coordinación de la Directiva 2010/75/UE

Los Estados miembros adoptarán las medidas necesarias para que, en el caso de las instalaciones que lleven a cabo actividades contempladas en el anexo I de la Directiva 2010/75/UE, las condiciones y el procedimiento de expedición del permiso de emisión de gases de efecto invernadero se coordinen con los correspondientes de la expedición del permiso contemplado en dicha Directiva. Los requisitos establecidos en los artículos 5, 6 y 7 de la presente Directiva podrán integrarse en los procedimientos previstos en la Directiva 2010/75/UE.

La Comisión revisará la eficacia de las sinergias con la Directiva 2010/75/UE. Los permisos medioambientales y climáticos pertinentes estarán coordinados para garantizar una ejecución eficiente y más rápida de las medidas necesarias para cumplir los objetivos climáticos y energéticos de la Unión. La Comisión podrá presentar un informe al Parlamento Europeo y al Consejo en el contexto de cualquier futura revisión de la presente Directiva.».

11)

En el artículo 9, se añaden los párrafos siguientes:

«En 2024, la cantidad de derechos de emisión para el conjunto de la Unión se reducirá en 90 millones de derechos de emisión. En 2026, la cantidad de derechos de emisión para el conjunto de la Unión se reducirá en 27 millones de derechos de emisión. En 2024, la cantidad de derechos de emisión para el conjunto de la Unión se incrementará en 78,4 millones de derechos de emisión para el transporte marítimo. El factor lineal será del 4,3 % de 2024 a 2027 y del 4,4 % a partir de 2028. El factor lineal también se aplicará a los derechos de emisión correspondientes a las emisiones medias procedentes del transporte marítimo notificadas de conformidad con el Reglamento (UE) 2015/757 para 2018 y 2019 que se contemplan en el artículo 3 octies bis de la presente Directiva. La Comisión publicará la cantidad de derechos de emisión para el conjunto de la Unión a más tardar el 6 de septiembre de 2023.

A partir del 1 de enero de 2026 y del 1 de enero de 2027, respectivamente, la cantidad de derechos de emisión se incrementará para tener en cuenta la cobertura de las emisiones de gases de efecto invernadero distintas de las emisiones de CO2 de las actividades del transporte marítimo y la cobertura de las emisiones de los buques de alta mar, sobre la base de sus emisiones del año más reciente del que se disponga de datos. No obstante lo dispuesto en el artículo 10, apartado 1, los derechos de emisión resultantes de la reducción de la asignación gratuita se pondrán a disposición para apoyar la innovación de conformidad con el artículo 10 bis, apartado 8.».

12)

El artículo 10 se modifica como sigue:

13)

El artículo 10 bis se modifica como sigue:

14)

En el artículo 10 ter, apartado 4, se añaden los párrafos siguientes:

«En el Estado miembro en el que, por término medio en los años comprendidos entre 2014 y 2018, su proporción de emisiones procedentes de la calefacción urbana en el total de la Unión de dichas emisiones dividida por la proporción del PIB de dicho Estado miembro en el PIB total de la Unión sea superior a cinco, se concederá a la calefacción urbana, para el período comprendido entre 2026 y 2030, una asignación gratuita adicional del 30 % de la cantidad determinada con arreglo al artículo 10 bis, siempre que se invierta un volumen de inversión equivalente al valor de la asignación gratuita adicional para reducir significativamente las emisiones antes de 2030 de conformidad con los planes de neutralidad climática a que se refiere el párrafo tercero del presente apartado y que la consecución de las metas y los hitos a que se refiere la letra b) de dicho párrafo se confirme mediante la verificación realizada de conformidad con el párrafo cuarto del presente apartado.

A más tardar el 1 de mayo de 2024, los titulares de calefacción urbana establecerán un plan de neutralidad climática para las instalaciones para las que soliciten una asignación gratuita adicional de conformidad con el párrafo segundo del presente apartado. Dicho plan será coherente con el objetivo de neutralidad climática establecido en el artículo 2, apartado 1, del Reglamento (UE) 2021/1119 y establecerá lo siguiente:

La consecución de las metas y los hitos indicados en la letra b) del párrafo tercero del presente apartado se verificará con respecto al período que finaliza el 31 de diciembre de 2025 y con respecto a cada período que finalice el 31 de diciembre de cada quinto año en lo sucesivo, de conformidad con los procedimientos de verificación y acreditación establecidos en el artículo 15. No se asignarán derechos de emisión gratuitos más allá de la cantidad indicada en el párrafo primero del presente apartado si no se ha verificado la consecución de las metas y los hitos intermedios con respecto al período que dura hasta finales de 2025 o con respecto al período que va de 2026 a 2030.

La Comisión adoptará actos de ejecución para especificar el contenido mínimo de la información a que se refiere el párrafo tercero, letras a), b) y c), del presente apartado, y el formato de los planes de neutralidad climática a que se refieren dicho párrafo y el artículo 10 bis, apartado 1, párrafo quinto. La Comisión buscará sinergias con planes similares con arreglo a lo dispuesto en el Derecho de la Unión. Dichos actos de ejecución se adoptarán de conformidad con el procedimiento de examen a que se refiere el artículo 22 bis, apartado 2.».

15)

(no afecta a la versión española).

16)

Se inserta el artículo siguiente:

«Artículo 10 quater bis

Plazo anterior para la asignación gratuita transitoria para la modernización del sector energético

Como excepción a lo dispuesto en el artículo 10 quater, los Estados miembros de que se trate únicamente podrán conceder la asignación gratuita transitoria a instalaciones de conformidad con dicho artículo para las inversiones realizadas hasta el 31 de diciembre de 2024. Los derechos de emisión disponibles para los Estados miembros de que se trate de conformidad con el artículo 10 quater para el período de 2021 a 2030 que no se utilicen para tales inversiones, en la proporción determinada por el Estado miembro respectivo:

A más tardar el 15 de mayo de 2024, el Estado miembro de que se trate notificará a la Comisión las cantidades respectivas de derechos de emisión que deben utilizarse en virtud del artículo 10, apartado 2, párrafo primero, letra a), como excepción a lo dispuesto en el artículo 10 quinquies, apartado 4, segunda frase, en virtud del artículo 10 quinquies.».

17)

El artículo 10 quinquies queda modificado como sigue:

18)

Se inserta el artículo siguiente:

«Artículo 10 septies

Principio de “no causar un perjuicio significativo”

A partir de 1 de enero de 2025, los Estados miembros beneficiarios y la Comisión utilizarán los ingresos generados procedentes de la subasta de derechos de emisión destinados al Fondo de Innovación con arreglo al artículo 10 bis, apartado 8, de la presente Directiva y de los derechos de emisión a que se refiere el artículo 10, apartado 1, párrafos tercero y cuarto, de la presente Directiva de conformidad con los criterios de “no causar un perjuicio significativo” establecidos en el artículo 17 del Reglamento (UE) 2020/852, cuando dichos ingresos se utilicen para una actividad económica para la que se hayan establecido criterios técnicos de selección para determinar si una actividad económica causa un perjuicio significativo a uno o varios de los objetivos medioambientales pertinentes, de conformidad con el artículo 10, apartado 3, letra b), de dicho Reglamento.».

19)

En el artículo 11 apartado 2, la fecha de «28 de febrero» se sustituye por la de «30 de junio».

20)

El título del capítulo IV se sustituye por el texto siguiente:

«Disposiciones aplicables a la aviación, el transporte marítimo y las instalaciones fijas».

21)

El artículo 12 se modifica como sigue:

22)

En el artículo 14, apartado 1, el párrafo primero se sustituye por el texto siguiente:

«La Comisión adoptará actos de ejecución relativos a los mecanismos concretos de seguimiento y notificación de las emisiones y, en su caso, los datos de las actividades que se enumeran en el anexo I de la presente Directiva, y los efectos de la aviación no derivados del CO2 en las rutas para las que se notifican emisiones de conformidad con la presente Directiva, que se basarán en los principios de seguimiento y notificación establecidos en el anexo IV de la presente Directiva y los requisitos establecidos en los apartados 2 y 5 del presente artículo. Dichos actos de ejecución especificarán también el potencial de calentamiento global de cada gas de efecto invernadero y tendrán en cuenta los conocimientos científicos actualizados sobre los efectos de las emisiones de la aviación no derivados del CO2 en los requisitos para el seguimiento y la notificación de las emisiones y sus efectos, incluidos los efectos de la aviación no derivados del CO2. Dichos actos de ejecución dispondrán la aplicación de los criterios de sostenibilidad y reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero para el uso de biomasa establecidos en la Directiva (UE) 2018/2001, con los ajustes necesarios para su aplicación en virtud de la presente Directiva, para que dicha biomasa tenga la calificación de cero. Especificarán cómo contabilizar el almacenamiento de las emisiones procedentes de una combinación de fuentes con calificación de cero y de fuentes que no estén sujetas a una calificación de cero. También especificarán cómo contabilizar las emisiones procedentes de combustibles renovables de origen no biológico y combustibles de carbono reciclado, y velarán por que se contabilicen dichas emisiones y se evite el doble cómputo.».

23)

El artículo 16 se modifica como sigue:

24)

El artículo 18 ter se sustituye por el texto siguiente:

«Artículo 18 ter

Asistencia de la Comisión, la AESM y otras organizaciones pertinentes

1.   En cumplimiento de las obligaciones que les incumben en virtud del artículo 3 quater, apartado 4, y los artículos 3 octies, 3 octies quinquies, 3 octies sexies, 3 octies septies, 3 octies octies, y 18 bis, la Comisión, el Estado miembro responsable de la gestión y las autoridades responsables de la gestión con respecto a una empresa naviera podrán solicitar la asistencia de la AESM o de otra organización pertinente y celebrar al efecto los acuerdos oportunos con dichas organizaciones.

2.   La Comisión, asistida por la AESM, se esforzará por elaborar herramientas adecuadas y orientaciones para facilitar y coordinar las actividades de verificación y ejecución relacionadas con la aplicación de la presente Directiva al transporte marítimo. En la medida que sea viable, dichas orientaciones y herramientas se pondrán a disposición de los Estados miembros y de los verificadores a efectos de intercambio de información con el fin de garantizar mejor la aplicación rigurosa de las medidas nacionales de transposición de la presente Directiva.».

25)

El artículo 23 se modifica como sigue:

26)

El artículo 29 se sustituye por el texto siguiente:

«Artículo 29

Informe para asegurar el mejor funcionamiento del mercado del carbono

Si los informes periódicos sobre el mercado del carbono a que se refieren el artículo 10, apartados 5 y 6, contienen pruebas de que el mercado del carbono no funciona correctamente, la Comisión presentará un informe al Parlamento Europeo y al Consejo en un plazo de tres meses. El informe podrá ir acompañado, cuando proceda, de propuestas legislativas destinadas a aumentar la transparencia y la integridad del mercado del carbono, incluidos los mercados de derivados conexos, y a abordar las medidas correctoras para mejorar su funcionamiento, y mejorar la prevención y detección de las actividades de abuso de mercado.».

27)

El artículo 29 bis se sustituye por el texto siguiente:

«Artículo 29 bis

Medidas en caso de fluctuaciones excesivas de los precios

1.   Si el precio medio de los derechos de emisión de los seis meses naturales anteriores es más de 2,4 veces superior al precio medio de los derechos de emisión del período de referencia de dos años anterior, se retirarán 75 millones de derechos de emisión de la reserva de estabilidad del mercado de conformidad con el artículo 1, apartado 7, de la Decisión (UE) 2015/1814.

El precio de los derechos de emisión a que se refiere el párrafo primero del presente apartado para los derechos de emisión incluidos en los capítulos II y III será el precio de las subastas realizadas de conformidad con los actos delegados adoptados con arreglo al artículo 10, apartado 4.

El período de referencia de dos años anterior a que se refiere el párrafo primero será el período de dos años que finalice antes del primer mes del período de seis meses naturales a que se refiere dicho párrafo.

Cuando se cumpla la condición establecida en el párrafo primero del presente apartado y no sea aplicable el apartado 2, la Comisión publicará un aviso a tal efecto en el Diario Oficial de la Unión Europea en que se indique la fecha en la que se cumplió la condición.

La Comisión publicará en los tres primeros días hábiles de cada mes el precio medio de los derechos de emisión de los seis meses naturales anteriores y el precio medio de los derechos de emisión del período de referencia de dos años anterior. Si no se cumple la condición a que se refiere el párrafo primero, la Comisión publicará también el nivel que el precio medio de los derechos de emisión tendría que alcanzar en el mes siguiente para cumplir la condición a que se refiere dicho párrafo.

2.   Cuando se cumpla la condición para retirar derechos de emisión de la reserva de estabilidad del mercado con arreglo al apartado 1, no se considerará que la condición a que se refiere dicho apartado se ha cumplido de nuevo hasta al menos doce meses después del final de la retirada anterior.

3.   Las modalidades pormenorizadas para la aplicación de las medidas a que se refieren los apartados 1 y 2 del presente artículo se fijarán en los actos delegados a que se refiere el artículo 10, apartado 4.».

28)

El artículo 30 se modifica como sigue:

29)

Después del artículo 30, se inserta el siguiente capítulo:

«Capítulo IV bis

Régimen de comercio de derechos de emisión para los edificios, el transporte por carretera y otros sectores

Artículo 30 bis

Ámbito de aplicación

Las disposiciones del presente capítulo se aplicarán a las emisiones, los permisos de emisión de gases de efecto invernadero, la expedición y entrega de derechos de emisión, el seguimiento, la notificación y la verificación en relación con la actividad a que se refiere el anexo III. El presente capítulo no se aplicará a las emisiones contempladas en los capítulos II y III.

Artículo 30 ter

Permisos de emisión de gases de efecto invernadero

1.   Los Estados miembros velarán por que, a partir del 1 de enero de 2025, ninguna entidad regulada lleve a cabo la actividad a que se refiere el anexo III a menos que dicha entidad regulada esté en posesión de un permiso expedido por una autoridad competente de conformidad con los apartados 2 y 3 del presente artículo.

2.   Toda solicitud de permiso de emisión de gases de efecto invernadero con arreglo al presente capítulo que la entidad regulada presente a la autoridad competente en virtud del apartado 1 del presente artículo incluirá, como mínimo, una descripción de lo siguiente:

3.   La autoridad competente expedirá un permiso de emisión de gases de efecto invernadero por el que se concede una autorización a la entidad regulada a que se refiere el apartado 1 del presente artículo para la actividad a que se refiere el anexo III, si considera que la entidad es capaz de realizar un seguimiento y notificar las emisiones correspondientes a las cantidades de combustible despachadas a consumo de conformidad con el anexo III.

4.   En los permisos de emisión de gases de efecto invernadero constarán, al menos, las siguientes indicaciones:

5.   Los Estados miembros podrán permitir que las entidades reguladas actualicen los planes de seguimiento sin modificación del permiso. Las entidades reguladas someterán todo plan de seguimiento actualizado a la autoridad competente para su aprobación.

6.   La entidad regulada notificará a la autoridad competente cualquier cambio previsto en el carácter de su actividad o en los combustibles que despache a consumo, que pueda hacer necesaria la actualización del permiso de emisión de gases de efecto invernadero. Cuando proceda, la autoridad competente actualizará el permiso de conformidad con los actos de ejecución mencionados en el artículo 14. En los casos en que cambie la identidad de la entidad regulada incluida en este capítulo, la autoridad competente actualizará el permiso introduciendo el nombre y la dirección de la nueva entidad regulada.

Artículo 30 quater

Cantidad de derechos de emisión para el conjunto de la Unión

1.   La cantidad de derechos de emisión expedidos para el conjunto de la Unión en virtud del presente capítulo cada año a partir de 2027 se reducirá de manera lineal desde 2024. El valor de 2024 se definirá como los límites de emisiones de 2024, calculados sobre la base de las emisiones de referencia con arreglo al artículo 4, apartado 2, del Reglamento (UE) 2018/842 del Parlamento Europeo y del Consejo (*20) para los sectores incluidos en el presente capítulo y aplicando la trayectoria lineal de reducción en todas las emisiones incluidas en el ámbito de aplicación de dicho Reglamento. La cantidad disminuirá cada año después de 2024 mediante un factor de reducción lineal del 5,10 %. A más tardar el 1 de enero de 2025, la Comisión publicará la cantidad de derechos de emisión para el conjunto de la Unión correspondiente al año 2027.

2.   La cantidad de derechos de emisión expedidos para el conjunto de la Unión en virtud del presente capítulo cada año a partir de 2028 se reducirá de manera lineal desde 2025 sobre la base de la media de las emisiones notificadas con arreglo al presente capítulo para los años 2024 a 2026. La cantidad de derechos de emisión se reducirá mediante un factor de reducción lineal del 5,38 %, excepto si se aplican las condiciones establecidas en el punto 1 del anexo III bis, en cuyo caso la cantidad se reducirá mediante un factor de reducción lineal ajustado de conformidad con las normas establecidas en el punto 2 del anexo III bis. A más tardar el 30 de junio de 2027, la Comisión publicará la cantidad de derechos de emisión para el conjunto de la Unión para 2028 y, en caso necesario, el factor de reducción lineal ajustado.

3.   La cantidad de derechos de emisión expedidos para el conjunto de la Unión en virtud del presente capítulo se ajustará para cada año a partir de 2028 para compensar la cantidad de derechos de emisión entregados en los casos en que no haya sido posible evitar el doble cómputo de las emisiones o cuando se hayan entregado derechos de emisión por emisiones no contempladas en el presente capítulo a que se refiere el artículo 30 septies, apartado 5. El ajuste corresponderá a la cantidad total de derechos de emisión incluidos en el presente capítulo que hayan sido compensados en el año de notificación pertinente con arreglo a los actos de ejecución a que se refiere el artículo 30 septies, apartado 5, párrafo segundo.

4.   Todo Estado miembro que, con arreglo al artículo 30 undecies, amplíe unilateralmente la actividad a que se refiere el anexo III a sectores que no estén enumerados en dicho anexo velará por que, a más tardar el 30 de abril del año correspondiente, las entidades reguladas de que se trate presenten a la autoridad competente pertinente un informe debidamente motivado de conformidad con el artículo 30 septies. Si los datos presentados están debidamente motivados, la autoridad competente lo notificará a la Comisión a más tardar el 30 de junio del año correspondiente. La cantidad de derechos de emisión que deban expedirse en virtud del apartado 1 del presente artículo se ajustará teniendo en cuenta los informes debidamente motivados presentados por las entidades reguladas.

Artículo 30 quinquies

Subasta de derechos de emisión para la actividad a que se refiere el anexo III

1.   A partir de 2027, los derechos de emisión incluidos en el presente capítulo se subastarán, a menos que se incorporen a la reserva de estabilidad del mercado establecida por la Decisión (UE) 2015/1814. Los derechos de emisión del presente capítulo se subastarán independientemente de los derechos de emisión de los capítulos II y III de la presente Directiva.

2.   La subasta de los derechos de emisión con arreglo al presente capítulo comenzará en 2027 con una cantidad correspondiente al 130 % de los volúmenes de subasta para 2027 establecidos sobre la base de la cantidad de derechos de emisión para el conjunto de la Unión para ese año y las respectivas cuotas y volúmenes de subasta con arreglo a los apartados 3 a 6 del presente artículo. El 30 % adicional por subastar únicamente se utilizará para entregar derechos de emisión de conformidad con el artículo 30 sexies, apartado 2, y podrá subastarse hasta el 31 de mayo de 2028. El 30 % adicional se deducirá de los volúmenes de subasta para el período comprendido entre 2029 y 2031. Las condiciones para las subastas contempladas en el presente apartado se fijarán de conformidad con el apartado 7 del presente artículo y el artículo 10, apartado 4.

En 2027 se crearán 600 millones de derechos de emisión incluidos en el presente capítulo como participaciones de la reserva de estabilidad del mercado, de conformidad con el artículo 1 bis, apartado 3, de la Decisión (UE) 2015/1814.

3.   Se subastarán 150 millones de derechos de emisión expedidos en virtud del presente capítulo y todos los ingresos de dichas subastas se pondrán a disposición del Fondo Social para el Clima establecido por el Reglamento (UE) 2023/955 hasta 2032.

4.   A partir de la cantidad restante de derechos de emisión y con el fin de generar, junto con los ingresos procedentes de los derechos de emisión a que se refieren el apartado 3 del presente artículo y el artículo 10 bis, apartado 8 ter, de la presente Directiva un importe máximo de 65 000 000 000 EUR, la Comisión garantizará que se subaste una cantidad adicional de derechos de emisión incluidos en el presente capítulo y que los ingresos de dichas subastas se pongan a disposición del Fondo Social para el Clima establecido por el Reglamento (UE) 2023/955 hasta 2032.

La Comisión velará por que los derechos de emisión destinados al Fondo Social para el Clima a que se refieren el apartado 3 del presente artículo y el presente apartado se subasten de conformidad con los principios y modalidades a que se refiere el artículo 10, apartado 4, y de los actos delegados adoptados en virtud de dicho artículo.

Los ingresos de la subasta de los derechos de emisión a que se refieren el apartado 3 del presente artículo y el presente apartado constituirán ingresos afectados externos de conformidad con el artículo 21, apartado 5, del Reglamento (UE, Euratom) 2018/1046, y se utilizarán de conformidad con las normas aplicables al Fondo Social para el Clima.

El importe anual asignado al Fondo Social para el Clima de conformidad con el artículo 10 bis, apartado 8 ter, el apartado 3 del presente artículo y el presente apartado no excederá de:

Cuando el régimen del comercio de derechos de emisión establecido de conformidad con el presente capítulo se aplace hasta 2028 con arreglo al artículo 30 duodecies, el importe máximo que debe ponerse a disposición del Fondo Social para el Clima de conformidad con el párrafo primero del presente apartado será de 54 600 000 000 EUR. En tal caso, los importes anuales asignados al Fondo Social para el Clima no excederán acumulativamente para los años 2026 y 2027 de 4 000 000 000 EUR, y para el período comprendido entre el 1 de enero de 2028 y el 31 de diciembre de 2032, el importe anual pertinente no excederá de:

Cuando los ingresos generados por la subasta a que se refiere el apartado 5 del presente artículo se constaten como recursos propios de conformidad con el artículo 311, párrafo tercero, del TFUE, no serán de aplicación el artículo 10 bis, apartado 8 ter, de la presente Directiva, el apartado 3 del presente artículo y el presente apartado.

5.   La cantidad total de derechos de emisión incluidos en el presente capítulo, una vez deducidas las cantidades establecidas en los apartados 3 y 4 del presente artículo, será subastada por los Estados miembros y se distribuirá entre ellos en porcentajes idénticos a la cuota de emisiones de referencia con arreglo al artículo 4, apartado 2, del Reglamento (UE) 2018/842 para las categorías de fuentes de emisión a que se refiere el apartado 2, letras b), c) y d), del anexo III de la presente Directiva para la media del período comprendido entre 2016 y 2018 del Estado miembro de que se trate, conforme a una revisión exhaustiva con arreglo al artículo 4, apartado 3, de dicho Reglamento.

6.   Los Estados miembros determinarán la utilización de los ingresos generados por las subastas de derechos de emisión a que se refiere el apartado 5 del presente artículo, excepto en el caso de los ingresos que constituyan ingresos afectados externos de conformidad con el apartado 4 del presente artículo o de los ingresos constatados como recursos propios, de conformidad con el artículo 311, párrafo tercero, del TFUE y consignados en el presupuesto de la Unión. Los Estados miembros utilizarán sus ingresos o el equivalente en valor financiero de dichos ingresos para uno o varios de los fines a que se refiere el artículo 10, apartado 3, de la presente Directiva, dando prioridad a las actividades que puedan contribuir a abordar los aspectos sociales del comercio de derechos de emisión conforme al presente capítulo, o para uno o varios de los fines siguientes:

7.   El artículo 10, apartados 4 y 5, se aplicará a los derechos de emisión expedidos en virtud del presente capítulo.

Artículo 30 sexies

Transferencia, entrega y cancelación de derechos de emisión

1.   El artículo 12 se aplicará a las emisiones, entidades reguladas y derechos de emisión incluidos en el presente capítulo, a excepción delos apartados 3 y 3 bis, apartado 4, segunda y tercera frases, y apartado 5, de dicho artículo. A tal efecto:

2.   A partir del 1 de enero de 2028, los Estados miembros velarán por que, a más tardar el 31 de mayo de cada año, la entidad regulada entregue una cantidad de derechos de emisión incluidos en el presente capítulo que sea equivalente a las emisiones totales de la entidad regulada, correspondientes a la cantidad de combustibles despachados a consumo de conformidad con el anexo III, durante el año natural anterior, verificadas de conformidad con los artículos 15 y 30 septies, y por que dichos derechos de emisión se cancelen posteriormente.

3.   Hasta el 31 de diciembre de 2030, como excepción a lo dispuesto en los apartados 1 y 2 del presente artículo, cuando una entidad regulada establecida en un Estado miembro determinado esté sujeta a un impuesto nacional sobre el carbono en vigor para los años 2027 a 2030 aplicable a la actividad contemplada en el anexo III, la autoridad competente del Estado miembro de que se trate podrá eximir a dicha entidad regulada de la obligación de entregar derechos de emisión con arreglo al apartado 2 del presente artículo para un año de referencia determinado, siempre que:

4.   Los hospitales que no estén cubiertos por el capítulo III podrán recibir una compensación financiera por los costes que se les repercutan como consecuencia de la entrega de derechos de emisión en virtud del presente capítulo. A tal efecto, se aplicarán mutatis mutandis las disposiciones del presente capítulo aplicables a los casos de doble cómputo.

Artículo 30 septies

Seguimiento, notificación, verificación de las emisiones y acreditación

1.   Los artículos 14 y 15 se aplicarán a las emisiones, entidades reguladas y derechos de emisión incluidos en el presente capítulo. A tal efecto:

2.   Los Estados miembros velarán por que cada entidad regulada realice un seguimiento, para cada año natural a partir de 2025, de las emisiones correspondientes a las cantidades de combustible despachadas a consumo de conformidad con el anexo III. Garantizarán, asimismo, que cada entidad regulada notifique dichas emisiones a la autoridad competente el año siguiente, a partir de 2026, de conformidad con los actos de ejecución a que se refiere el artículo 14, apartado 1.

3.   A partir del 1 de enero de 2028, los Estados miembros velarán por que, a más tardar el 30 de abril de cada año hasta 2030, cada entidad regulada notifique el porcentaje medio de los costes relacionados con la entrega de derechos de emisión con arreglo al presente capítulo que repercutieron a los consumidores el año anterior. La Comisión adoptará actos de ejecución relativos a los requisitos y los modelos de dichos informes. Dichos actos de ejecución se adoptarán de conformidad con el procedimiento de examen a que se refiere el artículo 22 bis, apartado 2. La Comisión evaluará los informes presentados e informará anualmente de sus conclusiones al Parlamento Europeo y al Consejo. Cuando la Comisión constate que existen prácticas inadecuadas en relación con la repercusión de los costes del carbono, el informe podrá ir acompañado, cuando proceda, de propuestas legislativas destinadas a abordar tales prácticas inadecuadas.

4.   Los Estados miembros velarán por que cada entidad regulada titular de un permiso de conformidad con el artículo 30 ter a 1 de enero de 2025 notifique sus emisiones históricas correspondientes al año 2024 a más tardar el 30 de abril de 2025.

5.   Los Estados miembros velarán por que las entidades reguladas puedan identificar y documentar de forma fiable y precisa las cantidades exactas de combustible despachado a consumo, por tipo de combustible, que se utilizan para la combustión en los sectores a que se refiere el anexo III, y el uso final de los combustibles despachados a consumo por las entidades reguladas. Los Estados miembros adoptarán las medidas adecuadas para limitar el riesgo de doble cómputo de las emisiones contempladas en el presente capítulo y de las emisiones de los capítulos II y III, así como el riesgo de entrega de derechos de emisión por las emisiones no contempladas en el presente capítulo.

La Comisión adoptará actos de ejecución relativos a las normas detalladas para evitar el doble cómputo y la entrega de derechos de emisión por las emisiones no contempladas en el presente capítulo, así como para proporcionar una compensación financiera a los consumidores finales de los combustibles, en los casos en que no pueda evitarse dicho doble cómputo o entrega. Dichos actos de ejecución se adoptarán de conformidad con el procedimiento de examen a que se refiere el artículo 22 bis, apartado 2. El cálculo de la compensación financiera para los consumidores finales de los combustibles se basará en el precio medio de los derechos de emisión en las subastas celebradas de conformidad con los actos delegados adoptados con arreglo al artículo 10, apartado 4, en el año de notificación correspondiente.

6.   Los principios para el seguimiento y la notificación de las emisiones contempladas en el presente capítulo se establecen en la parte C del anexo IV.

7.   Los criterios para la verificación de las emisiones contempladas en el presente capítulo se establecen en la parte C del anexo V.

8.   Los Estados miembros podrán autorizar medidas simplificadas de seguimiento, notificación y verificación para las entidades reguladas cuyas emisiones anuales correspondientes a las cantidades de combustibles despachadas a consumo sean inferiores a 1 000 toneladas equivalentes de CO2, de conformidad con los actos de ejecución a que se refiere el artículo 14, apartado 1.

Artículo 30 octies

Gestión

Los artículos 13 y 15 bis, el artículo 16, apartados 1, 2, 3, 4 y 12, y los artículos 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22 bis, 23 y 29 se aplicarán a las emisiones, las entidades reguladas y los derechos de emisión incluidos en el presente capítulo. A tal efecto:

Artículo 30 nonies

Medidas en caso de un aumento excesivo de los precios

1.   Cuando, durante más de tres meses consecutivos, el precio medio de los derechos de emisión en las subastas celebradas de conformidad con los actos delegados adoptados con arreglo al artículo 10, apartado 4, de la presente Directiva sea superior al doble del precio medio de los derechos de emisión durante los seis meses consecutivos anteriores en las subastas de los derechos de emisión contemplados en el presente capítulo, se retirarán 50 millones de derechos de emisión cubiertos por el presente capítulo de la reserva de estabilidad del mercado, de conformidad con el artículo 1 bis, apartado 7, de la Decisión (UE) 2015/1814.

Para los años 2027 y 2028, se considerará que se cumple la condición a que se refiere el párrafo primero si, durante más de tres meses consecutivos, el precio medio de los derechos de emisión supera en más de 1,5 veces el precio medio de los derechos de emisión del período de referencia correspondiente a los seis meses consecutivos anteriores.

2.   Cuando el precio medio de los derechos de emisión a que se refiere el apartado 1 del presente artículo sea superior a un precio de 45 EUR por un período de dos meses consecutivos, se retirarán 20 millones de derechos de emisión cubiertos por el presente capítulo de la reserva de estabilidad del mercado, de conformidad con el artículo 1 bis, apartado 7, de la Decisión (UE) 2015/1814. Se aplicará la indexación basada en el índice de precios de consumo europeo para 2020. Los derechos de emisión se retirarán hasta el 31 de diciembre de 2029 mediante el mecanismo que dispone el presente apartado.

3.   Cuando el precio medio de los derechos de emisión a que se refiere el apartado 1 del presente artículo sea superior al triple del precio medio de los derechos de emisión durante los seis meses consecutivos anteriores, se retirarán 150 millones de derechos de emisión cubiertos por el presente capítulo de la reserva de estabilidad del mercado, de conformidad con el artículo 1 bis, apartado 7, de la Decisión (UE) 2015/1814.

4.   Cuando la condición contemplada en el apartado 2 se haya cumplido el mismo día que la condición a que se refieren los apartados 1 o 3, únicamente se retirarán derechos de emisión adicionales con arreglo a los apartados 1 o 3.

5.   Antes del 31 de diciembre de 2029, la Comisión presentará al Parlamento Europeo y al Consejo un informe en el que evaluará si el mecanismo a que se refiere el apartado 2 ha resultado efectivo y si debe mantenerse. La Comisión, si procede, acompañará dicho informe de una propuesta legislativa dirigida al Parlamento Europeo y al Consejo para modificar la presente Directiva con el fin de ajustar dicho mecanismo.

6.   Cuando se cumplan una o varias de las condiciones contempladas en los apartados 1, 2 o 3 y hayan dado lugar a una retirada de derechos de emisión, no se retirarán más derechos de emisión con arreglo al presente artículo antes de transcurridos doce meses.

7.   Cuando, en la segunda mitad del período de doce meses a que se refiere el apartado 6 del presente artículo, se vuelva a cumplir la condición contemplada en el apartado 2 del presente artículo, la Comisión, asistida por el Comité establecido en virtud del artículo 44 del Reglamento (UE) 2018/1999, evaluará la eficacia de la medida y podrá decidir, mediante un acto de ejecución, que no se aplique el apartado 6 del presente artículo. Dicho acto de ejecución se adoptará de conformidad con el procedimiento de examen a que se refiere el artículo 22 bis, apartado 2 de la presente Directiva.

8.   Cuando se cumplan una o varias de las condiciones contempladas en los apartados 1, 2 o 3 y el apartado 6 no sea aplicable, la Comisión publicará sin demora en el Diario Oficial de la Unión Europea un aviso relativo a la fecha en que se cumplió dicha condición o condiciones.

9.   Los Estados miembros que estén sujetos a la obligación de presentar un plan de medidas correctoras de conformidad con el artículo 8 del Reglamento (UE) 2018/842 tendrán debidamente en cuenta los efectos de una retirada de derechos de emisión adicionales con arreglo al apartado 2 del presente artículo durante los dos años anteriores al considerar las actuaciones adicionales a se refiere el artículo 8, apartado 1, párrafo primero, letra c), de dicho Reglamento que vaya a aplicar para cumplir las obligaciones que se les impone en dicho Reglamento.

Artículo 30 decies

Revisión del presente capítulo

A más tardar el 1 de enero de 2028, la Comisión informará al Parlamento Europeo y al Consejo sobre la aplicación de las disposiciones del presente capítulo en lo que se refiere a su eficacia, gestión y aplicación práctica, en particular sobre la aplicación de las normas de la Decisión (UE) 2015/1814. Cuando proceda, la Comisión acompañará dicho informe con una propuesta legislativa de modificación del presente capítulo. A más tardar el 31 de octubre de 2031, la Comisión evaluará la viabilidad de la integración de los sectores contemplados en el anexo III de la presente Directiva en el RCDE de la UE, que abarca los sectores enumerados en el anexo I de la presente Directiva.

Artículo 30 undecies

Procedimientos para la ampliación unilateral de la actividad a que se refiere el anexo III a sectores que no están sujetos a lo dispuesto en los capítulos II y III

1.   A partir de 2027, los Estados miembros podrán ampliar la actividad a que se refiere el anexo III a sectores que no estén enumerados en dicho anexo y aplicar el régimen de comercio de derechos de emisión de conformidad con lo dispuesto en el presente capítulo en dichos sectores, teniendo en cuenta todos los criterios pertinentes, en particular la incidencia en el mercado interior, los posibles falseamientos de la competencia, la integridad medioambiental del régimen de comercio de derechos de emisión establecido con arreglo a lo dispuesto en el presente capítulo y la fiabilidad del sistema previsto de seguimiento y notificación, siempre que la Comisión apruebe la ampliación de la actividad a que se refiere dicho anexo.

La Comisión estará facultada para adoptar actos delegados con arreglo al artículo 23 por los que se complete la presente Directiva en lo referente a la aprobación de la ampliación a que se refiere el párrafo primero del presente apartado, la autorización para la expedición de derechos de emisión adicionales y la autorización de otros Estados miembros para ampliar la actividad a que se refiere el anexo III. Al adoptar dichos actos delegados, la Comisión también podrá completar la ampliación con otras normas relativas a las medidas para hacer frente a posibles casos de doble cómputo, también para la expedición de derechos de emisión adicionales con el fin de compensar los derechos de emisión entregados por el uso de combustibles en las actividades enumeradas en el anexo I. Todas las medidas financieras que adopten los Estados miembros en beneficio de empresas pertenecientes a sectores y subsectores que estén expuestos a un riesgo real de fuga de carbono, debido a los costes indirectos significativos sufragados con cargo a los costes de las emisiones de gases de efecto invernadero repercutidos en los precios de los combustibles como consecuencia de la ampliación unilateral, se ajustarán a las normas sobre ayudas estatales y no provocarán falseamientos indebidos de la competencia en el mercado interior.

2.   Los derechos de emisión adicionales que se expidan en el marco de una autorización con arreglo a lo dispuesto en el presente artículo se subastarán atendiendo a los requisitos establecidos en el artículo 30 quinquies. No obstante lo dispuesto en el artículo 30 quinquies, apartados 1 a 6, los Estados miembros que hayan ampliado unilateralmente las actividades a que se refiere el anexo III de conformidad con el presente artículo determinarán la utilización de los ingresos que genere la subasta de esos derechos de emisión adicionales.

Artículo 30 duodecies

Aplazamiento del comercio de derechos de emisión para los sectores de los edificios, el transporte por carretera y otros sectores hasta 2028 en caso de precios excepcionalmente elevados de la energía

1.   A más tardar el 15 de julio de 2026, la Comisión publicará un aviso en el Diario Oficial de la Unión Europea relativo a si se han cumplido una o ambas de las condiciones siguientes:

2.   Si se cumple una o ambas de las condiciones contempladas en el apartado 1, se aplicarán las normas siguientes:

(*20)  Reglamento (UE) 2018/842 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de mayo de 2018, sobre reducciones anuales vinculantes de las emisiones de gases de efecto invernadero por parte de los Estados miembros entre 2021 y 2030 que contribuyan a la acción por el clima, con objeto de cumplir los compromisos contraídos en el marco del Acuerdo de París, y por el que se modifica el Reglamento (UE) n.o 525/2013 (DO L 156 de 19.6.2018, p. 26)."

(*21)  Decisión (UE, Euratom) 2020/2053 del Consejo, de 14 de diciembre de 2020, sobre el sistema de recursos propios de la Unión Europea y por la que se deroga la Decisión 2014/335/UE, Euratom (DO L 424 de 15.12.2020, p. 1).»."

30)

Se inserta el capítulo siguiente:

«Capítulo IV ter

Asesoramiento científico y visibilidad de la financiación

Artículo 30 terdecies

Asesoramiento científico

El Consejo Científico Consultivo Europeo sobre Cambio Climático (en lo sucesivo, “Consejo Consultivo”), creado en virtud del artículo 10 bis del Reglamento (CE) n.o 401/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo (*22), podrá, por propia iniciativa, proporcionar asesoramiento científico y emitir informes en lo que se refiere a la presente Directiva. La Comisión tendrá en cuenta el asesoramiento y los informes pertinentes del Consejo Consultivo, en particular en lo que se refiere a:

Artículo 30 quaterdecies

Información, comunicación y publicidad

1.   La Comisión garantizará la visibilidad de la financiación procedente de los ingresos de las subastas del RCDE de la UE a que se refiere el artículo 10 bis, apartado 8:

2.   Los Estados miembros velarán por la visibilidad de la financiación procedente de los ingresos de las subastas del RCDE de la UE a que se refiere el artículo 10 quinquies con arreglo a lo dispuesto en el apartado 1, párrafo primero, letras a) y b), del presente artículo, incluido mediante el requisito de que se mencione el Fondo de Modernización.

3.   Teniendo en cuenta las circunstancias nacionales, los Estados miembros se esforzarán por garantizar la visibilidad de la fuente de financiación de las acciones o proyectos financiados con cargo a los ingresos procedentes de las subastas del RCDE de la UE cuya utilización determinen ellos mismos de conformidad con lo dispuesto en el artículo 3 quinquies, apartado 4, el artículo 10, apartado 3, y el artículo 30 quinquies, apartado 6.

(*22)  Reglamento (CE) n.o 401/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de abril de 2009, relativo a la Agencia Europea de Medio Ambiente y a la Red Europea de Información y de Observación sobre el Medio Ambiente (DO L 126 de 21.5.2009, p. 13).»."

31)

Los anexos I, II ter, IV y V de la Directiva 2003/87/CE quedan modificados con arreglo a lo dispuesto en el anexo I de la presente Directiva, y los anexos III y III bis se insertan en la Directiva 2003/87/CE con arreglo a lo dispuesto en el anexo I de la presente Directiva.

«ANEXO II ter

Parte A

DISTRIBUCIÓN DE FONDOS PROCEDENTES DEL FONDO DE MODERNIZACIÓN CORRESPONDIENTES AL ARTÍCULO 10, APARTADO 1, PÁRRAFO TERCERO

Parte B

DISTRIBUCIÓN DE FONDOS PROCEDENTES DEL FONDO DE MODERNIZACIÓN CORRESPONDIENTES AL ARTÍCULO 10, APARTADO 1, PÁRRAFO CUARTO

«ANEXO III

ACTIVIDAD INCLUIDA EN EL CAPÍTULO IV bis

ANEXO III bis

AJUSTE DEL FACTOR DE REDUCCIÓN LINEAL DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 30 quater, APARTADO 2

1.   Si la media de emisiones notificadas en virtud del capítulo IV bis para los años 2024 a 2026 es más de un 2 % superior al valor de la cantidad de 2025 determinada de conformidad con el artículo 30 quater, apartado 1, y si dichas diferencias no se deben a la diferencia de menos del 5 % entre las emisiones notificadas con arreglo al capítulo IV bis y a los datos del inventario de las emisiones de gases de efecto invernadero de la Unión en 2025 de las categorías de fuentes de la CMNUCC para los sectores incluidos en el capítulo IV bis, el factor de reducción lineal se calculará ajustando el factor de reducción lineal a que se refiere el artículo 30 quater, apartado 1.

2.   El factor de reducción lineal ajustado según el punto 1 se determinará de la manera siguiente:

«PARTE C

Comprobación de las emisiones correspondientes a la actividad mencionada en el anexo III

Principios generales