Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
I
Este real decreto tiene por objeto establecer las normas reguladoras para la concesión directa de subvenciones, por razones de interés público, económico y social, a los municipios de Barcelona y Madrid para el desarrollo de proyectos destinados a la transformación digital y modernización de sus administraciones públicas, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR).
Mediante Acuerdo de 27 de abril de 2021, el Consejo de Ministros aprobó el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, que incorpora una importante agenda de inversiones y reformas estructurales.
El PRTR fue aprobado por la Comisión Europea el pasado 16 de junio de 2021, y por el Consejo de la Unión Europea el 13 de julio de 2021.
El PRTR permitirá que España pueda acceder hasta a 140.000 millones de euros en créditos y transferencias en el periodo 2021-2026 que, junto con la Ayuda a la recuperación para la Cohesión y los Territorios de Europa (REACT-UE) y el resto de los instrumentos previstos en el Marco Financiero Plurianual, impulsarán reformas e inversiones en los ámbitos prioritarios a nivel europeo. Para ello, el citado Plan se estructura en cuatro ejes dedicados a la transición ecológica, la transformación digital, la cohesión social y territorial y la igualdad de género, que a su vez orientan diez políticas palanca y treinta componentes.
La cuarta política palanca es «una Administración para el siglo XXI», que plantea una modernización de la Administración para responder a las necesidades de la ciudadanía y la economía en todo el territorio. El componente 11, que desarrolla esta política a través de un conjunto de reformas e inversiones, cifra como objetivos estratégicos la digitalización y modernización de las administraciones públicas, la transición energética y el refuerzo de las capacidades administrativas.
La inversión 3 del componente 11 está dirigida a la transformación digital y modernización de las distintas administraciones públicas a través del cumplimiento de los hitos 167 y 169 y del objetivo 168 del PRTR y dispone de una financiación que asciende a 1.000 millones de euros en el periodo 2021-2023. De esta cantidad se destinaron, a lo largo del periodo 2021-2023, 391,4 millones de euros a las entidades locales, gestionados por el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática.
En este marco, y con el objetivo de ejecutar la Inversión 3 del Componente 11 de transformación y modernización de las administraciones locales, se aprobaron las siguientes órdenes: la Orden TER/1204/2021, de 3 de noviembre, por la que se aprueban las bases reguladoras y se efectúa la convocatoria correspondiente a 2021, de subvenciones destinadas a la transformación digital y modernización de las Administraciones de las Entidades Locales, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia; la Orden TER/836/2022, de 29 de agosto, por la que se aprueban las bases reguladoras de subvenciones destinadas a la transformación digital y modernización de las administraciones de las entidades locales, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, y se efectúa la convocatoria correspondiente a 2022; la Orden TER/887/2022, de 12 de septiembre, por la que se aprueban las bases reguladoras y se efectúa la convocatoria correspondiente a 2022, de subvenciones destinadas a la transformación digital y modernización de las administraciones de las entidades locales, que no hayan presentado proyectos por el importe máximo asignado mediante Orden TER/1204/2021, de 3 de noviembre, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia; la Orden TER/276/2023, de 22 de marzo, por la que se aprueban las bases reguladoras y se efectúa la convocatoria correspondiente a 2023, de subvenciones destinadas a la transformación digital y modernización de las administraciones de los Cabildos Insulares Canarios y Consejos Insulares de las Islas Baleares, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia; y la Orden TER/1235/2023, de 15 de noviembre, por la que se aprueban las bases reguladoras y se efectúa la convocatoria correspondiente a 2023 de subvenciones destinadas a la transformación digital y modernización de los sistemas de gestión del padrón municipal de las entidades locales, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
Para continuar avanzando en la transformación digital y modernización de las entidades locales, así como en la consecución de los hitos y objetivos del PRTR (en este caso del objetivo 168 y del hito 169), resulta necesario instrumentar nuevas ayudas. Al igual que en los ejercicios 2021,2022 y 2023, la finalidad de estas nuevas subvenciones es que los municipios de Barcelona y Madrid efectúen gastos que mejoren y modernicen su propia organización mediante la incorporación de tecnologías de la información y las comunicaciones, la digitalización de los procedimientos administrativos y la adaptación de su gestión al uso de los medios digitales.
De este modo, las actividades que se van a financiar por este real decreto tienen por objeto la transformación digital de las administraciones locales beneficiarias a fin de mejorar su funcionamiento.
Siendo así que las cinco líneas estratégicas contempladas en el artículo 5 de este real decreto, que define las actuaciones subvencionables, se encuentran alineadas con los objetivos perseguidos por el Plan de Digitalización de las Administraciones Públicas, dentro de la Agenda España Digital 2026 y, por ende, del PRTR.
II
Los municipios de Barcelona y Madrid poseen características singulares y únicas en el territorio nacional, que precisan de una respuesta especial por parte del resto de administraciones públicas, también del Estado, y que justifican, por consiguiente, la concesión directa de estas subvenciones por razones de interés público, económico y social.
Desde una óptica demográfica son las ciudades más pobladas de España. En el caso de Barcelona cuenta con una población de 1.655.956 habitantes mientras que la provincia posee una población de 5.797.356 habitantes. En cuanto a Madrid, la población es aún mayor; la ciudad cuenta con una población de 3.339.931 habitantes y la provincia alcanza los 7.000.621 habitantes (Datos INE 2023). Según las previsiones realizadas por el Instituto Nacional de Estadística (INE), se prevé que la ciudad de Barcelona se sitúe en los 1,8 millones de personas en 2030, y Madrid roce los 4 millones.
En términos económicos, ambas ciudades representan, de manera conjunta, el 22,3 por ciento del Producto Interior Bruto nacional, y la suma de turistas que reciben al año ambas urbes es de 26 millones. Las dos ciudades destacan también por la importancia económica de su sector digital. Ambas áreas urbanas representan, de forma conjunta, más del 50 por ciento de toda la economía digital de España, siendo así un motor de crecimiento y transformación digital para todo el territorio nacional. En términos laborales representan casi el 50 por ciento de todas las ofertas de empleo digital en toda España.
Las dos entidades beneficiarias ya han demostrado en el pasado la permeabilidad que tienen sus administraciones para absorber recursos económicos y transformarlos en proyectos innovadores y de transformación digital, claves para una mejor administración local. Ejemplo de ello es la convocatoria de 2021 realizada mediante la Orden TER/1204/2021, de 3 de noviembre, de la que tanto Barcelona como Madrid fueron beneficiarias. El Ayuntamiento de Barcelona fue beneficiario de una subvención de 6.084.141,72 euros, a partir de los cuales puso en marcha proyectos innovadores en términos tecnológicos destinados a actuaciones de ciberseguridad, gobierno del dato o acercamiento de la Administración al ciudadano.
Por su parte, el Ayuntamiento de Madrid fue beneficiario de una subvención de 12.191.557,12 euros, con lo que fue capaz de desarrollar proyectos de éxito destinados a financiar actuaciones relativas a «Infraestructuras tecnológicas avanzadas para la prestación de servicios digitales en el Ayuntamiento de Madrid en el contexto del teletrabajo».
Desde una perspectiva política e institucional, las ciudades de Barcelona y Madrid son también únicas en todo el territorio nacional. Son los dos únicos municipios de España que tienen una ley específica de regulación local (Ley 1/2006, de 13 de marzo, por la que se regula el Régimen Especial del municipio de Barcelona y la Ley 22/2006, de 4 de julio, de Capitalidad y de Régimen Especial de Madrid). Estas leyes son un reconocimiento a todas esas singularidades sociales, políticas y económicas de ambos municipios, que hacen necesario una regulación específica y propia que garantice el buen funcionamiento de sus instituciones.
Las peculiaridades demográficas, como ciudades más pobladas de España, el liderazgo de Madrid y Barcelona en la economía digital, como centros innovadores y de tracción transformadora en el territorio nacional y el marco jurídico especial que reconocen las leyes antes mencionadas repercuten, de forma muy significativa, en los servicios que prestan a los ciudadanos, por lo que es preciso que sus administraciones locales sean sólidas y capaces de dar respuesta a las necesidades de sus vecinos.
Sin duda, el proceso de digitalización, modernización y transformación de sus administraciones, en especial el objetivo 168 y el hito 169 del componente 11, Inversión 3 del PRTR, es una oportunidad para desarrollar proyectos que consagren y mejoren los servicios públicos municipales que se prestan por ambas entidades. Por lo tanto, estas inversiones se convierten en actuaciones necesarias para dar respuesta a los retos derivados de sus singularidades económicas, sociales e institucionales.
Estas subvenciones también pretenden prestar asistencia y dar continuidad a las estrategias y planes digitales ya aprobados por los propios ayuntamientos, como son el Plan de Transición Digital de Barcelona y la Estrategia de Transformación Digital de Madrid 2023-2027.
Siendo así que, los fondos derivados del PRTR, y gestionados por el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática, son una oportunidad excepcional para avanzar y profundizar en la modernización de sus administraciones públicas, y, por ende, en la mejora de los servicios públicos que estas prestan.
Por todo lo anterior, existen razones suficientes de interés público, social y económico que justifican la concesión directa de una subvención para la transformación y modernización digital de los ayuntamientos de Barcelona y Madrid, de acuerdo con artículo 22.2.c) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, así como el artículo 67 de su Reglamento de desarrollo, aprobado por el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio.
III
El importe total máximo de las subvenciones de este real decreto es de 5.740.384,19 euros, consignados en la aplicación presupuestaria 22.50.94KC.761 de los Presupuestos Generales del Estado del Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática para 2023, prorrogados para el año 2024.
Este real decreto se ajusta a lo establecido en el Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes para la modernización de la Administración Pública y para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. En la tramitación de este real decreto adoptado para la ejecución del PRTR, se han aplicado las previsiones de los artículos 47, 60 y 61 del Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre, habiéndose solicitado los informes de Abogacía del Estado y de la Intervención Delegada a los que hace referencia el artículo 17.1, de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
Igualmente, este real decreto se adecúa a los principios de buena regulación conforme a los cuales deben actuar las administraciones públicas en el ejercicio de la iniciativa legislativa y la potestad reglamentaria, como son los principios de necesidad, eficacia, proporcionalidad, seguridad jurídica, transparencia y eficiencia, previstos en el artículo 129 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
A estos efectos, se pone de manifiesto el cumplimiento de los principios de necesidad y eficacia, al ser este real decreto un instrumento eficaz para responder a los objetivos que se persiguen, la transformación digital de las ciudades de Barcelona y Madrid. Asimismo, el real decreto es acorde al principio de proporcionalidad, ya que supone un medio necesario y suficiente para alcanzar el fin pretendido, conteniendo la regulación imprescindible para la consecución del mismo.
Igualmente, se ajusta al principio de seguridad jurídica, concretando el procedimiento para la concesión de las subvenciones, así como, entre otros extremos, el régimen jurídico o las obligaciones de las entidades beneficiarias, evitando dudas interpretativas y siendo coherente con el resto del ordenamiento jurídico nacional y europeo. En cuanto al principio de transparencia, quedan explicados de manera suficiente los objetivos perseguidos por este real decreto, estando su tramitación exenta de la realización de los distintos trámites de participación pública previstos en la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno, de acuerdo con lo previsto en el artículo 61.2 del Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre. Finalmente, este real decreto es acorde con el principio de eficiencia al no imponer nuevas cargas administrativas a la ciudadanía o a las empresas.
Estas subvenciones se encuentran incluidas en la actualización para el ejercicio 2024 del Plan Estratégico de Subvenciones del Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática 2022-2024.
Este real decreto se dicta al amparo de lo dispuesto en el artículo 149.1.13.ª de la Constitución Española, que atribuye al Estado la competencia sobre bases y coordinación de la planificación general de la actividad económica.
En su virtud, a propuesta del Ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 17 de diciembre de 2024,
DISPONGO:
1. Este real decreto tiene por objeto regular la concesión directa de subvenciones a los municipios de Barcelona y Madrid, cuya finalidad es la transformación digital y modernización de las administraciones de dichas entidades locales.
Las subvenciones que se conceden al amparo de este real decreto se enmarcan en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), instrumento de financiación orientado a los resultados, hitos y objetivos indicados en el mismo, que resultan vinculantes para todas las administraciones públicas participantes. De manera específica, este real decreto se dicta en desarrollo del Componente 11, Inversión 3, del mencionado PRTR, y en cumplimiento del objetivo 168 y del hito 169.
2. Las ayudas reguladas en este real decreto se otorgarán en régimen de concesión directa, con carácter excepcional, y por concurrir razones de interés público, social y económico, de acuerdo con lo previsto en el artículo 22.2.c) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, en relación con el artículo 28.2 y 3 de la misma ley, y el artículo 67 del Reglamento de la Ley General de Subvenciones, aprobado por el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio.
3. Se autoriza la concesión directa de las subvenciones objeto de este real decreto debido al carácter singular y extraordinario de ambas ciudades por su condición de ciudades más pobladas de España y motores económicos y turísticos del Estado; por erigirse como únicos municipios en todo el territorio nacional con leyes de regulación especiales que vienen a reconocer su singularidad institucional; y, especialmente, por su condición de impulsores de crecimiento y transformación digital para todo el territorio nacional y por su permeabilidad a la hora de absorber recursos económicos y transformarlos en proyectos innovadores y de transformación digital, claves para una mejor administración local.
4. Las subvenciones contempladas en este real decreto se destinarán a financiar proyectos de modernización y digitalización, en el ámbito de los municipios de Barcelona y Madrid, que se enmarquen en alguna de las líneas estratégicas enunciadas en el artículo 5, y cuyo contenido está alineado con la Estrategia Digital 2025, el Plan de Digitalización de las Administraciones Públicas 2021-2025 y otras acciones de modernización dirigidas al sector público.
1. El régimen jurídico de estas subvenciones y de las actuaciones que se financien será el establecido en:
a) El Reglamento (UE) 2020/2094 del Consejo, de 14 de diciembre de 2020, por el que se establece un Instrumento de Recuperación de la Unión Europea para apoyar la recuperación tras la crisis de la COVID-19.
b) El Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021, por el que se establece el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR).
c) El Reglamento (UE) 2020/852 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de junio de 2020, relativo al establecimiento de un marco para facilitar las inversiones sostenibles y por el que se modifica el Reglamento (UE) 2019/2088, ya que todas las actuaciones que se ejecuten dentro del PRTR deben cumplir el principio de no causar un perjuicio significativo a los objetivos medioambientales recogidos en el artículo 17 del citado Reglamento.
d) Los Actos Delegados del Reglamento de Taxonomía, «Supplementing Regulation (EU) 2020/852 of the European Parliament and of the Council by establishing the technical screening criteria for determining the conditions under which an economic activity qualifies as contributing substantially to climate change mitigation or climate change adaptation and for determining whether that economic activity causes no significant harm to any of the other environmental objectives» («Actos Delegados de Taxonomía»).
e) La «Guía técnica sobre la aplicación del principio de “no causar un perjuicio significativo” en virtud del Reglamento relativo al Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (2021/C 58/01)» («Guía Técnica de la Comisión Europea»).
f) El Acuerdo del Consejo de Ministros, de 27 de abril de 2021, por el que se aprueba el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y la Decisión de Ejecución del Consejo relativa a la aprobación de la evaluación del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de España.
g) La normativa interna aplicable a la gestión, seguimiento y control que se establezca para el Plan de Recuperación, Trasformación y Resiliencia de España, en particular, el Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes para la modernización de la Administración Pública y para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, y las órdenes que pueda adoptar el Ministerio de Hacienda, como autoridad responsable del PRTR ante la Unión Europea. Entre dicha normativa se encuentra la siguiente:
1.º Disposición adicional centésima décima segunda de la Ley 31/2022, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2023, relativa al análisis sistemático del riesgo de conflicto de interés en los procedimientos administrativos que ejecutan el PRTR.
2.º Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre, por la que se configura el sistema de gestión del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
3.º Orden HFP/1031/2021, de 29 de septiembre, por la que se establece el procedimiento y formato de la información a proporcionar por las Entidades del Sector Público Estatal, Autonómico y Local para el seguimiento del cumplimiento de hitos y objetivos y de ejecución presupuestaria y contable de las medidas de los componentes del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
4.º Orden HFP/55/2023, de 24 de enero, relativa al análisis sistemático del riesgo de conflicto de interés en los procedimientos que ejecutan el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
h) La Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y su Reglamento de desarrollo, serán de aplicación, en lo que proceda, en todo lo que sea compatible con lo especialmente previsto en el Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre.
i) La Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, en el caso de que en la ejecución de las subvenciones se celebren contratos que deban someterse a dicha ley.
2. Asimismo, será de aplicación la normativa relativa a la prevención y corrección del fraude y la corrupción, la prevención del conflicto de interés y la doble financiación, con arreglo a las previsiones del Reglamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de julio de 2018, sobre las normas financieras aplicables al presupuesto general de la Unión, por el que se modifican los Reglamentos (UE) 1296/2013, (UE) 1301/2013, (UE) 1303/2013, (UE) 1304/2013, (UE) 1309/2013, (UE) 1316/2013, (UE) 223/2014 y (UE) 283/2014 y la Decisión 541/2014/UE, y por el que se deroga el Reglamento (UE, Euratom) 966/2012.
3. También serán de obligado cumplimiento para las entidades beneficiarias las instrucciones que a tal efecto puedan adoptar el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática, como el Plan de Medidas Antifraude aprobado por dicho Ministerio, y las restantes autoridades nacionales y europeas competentes.
1. Las entidades beneficiarias son los municipios de Barcelona y Madrid.
2. La condición de entidad beneficiaria de la ayuda implica que la entidad asume la totalidad de derechos y obligaciones inherentes a tal condición, derivada de las disposiciones de la Unión Europea, así como de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y de su Reglamento de desarrollo. Las entidades beneficiarias serán las responsables de la gestión y ejecución de los proyectos presentados.
1. Las entidades beneficiarias recogidas en el artículo 3 deberán cumplir las siguientes obligaciones:
a) Las recogidas en el artículo 14 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y en los artículos concordantes de su Reglamento de desarrollo, así como las demás que se establezcan en este real decreto y en las resoluciones de concesión.
b) Las recogidas en las normas aprobadas, o en las que se pudieran aprobar a nivel nacional y europeo, en relación con la gestión de los fondos asociados al PRTR.
c) Las que figuren en las instrucciones específicas que establezca la Dirección General de Cooperación Autonómica y Local dependiente del Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática, entre otras, en materia de ejecución, seguimiento, pago de las ayudas, información y publicidad, justificación y control del gasto.
d) Las que se señalen en las instrucciones que reciban de las Autoridades Nacionales y Europeas de gestión o de certificación de estos fondos asociados al PRTR, o las que en su nombre les transmita la Dirección General de Cooperación Autonómica y Local. En particular, las relativas a contribuir a los objetivos de cambio climático, a lo establecido en relación con el principio de no causar un perjuicio significativo al medio ambiente (principio de DNSH), etiqueta digital, evitar conflictos de intereses, fraude, corrupción, o no concurrencia de doble financiación, entre otros.
e) Ejecutarán el proyecto en los términos aprobados, con pleno respeto a las condiciones establecidas en este real decreto y en las resoluciones de concesión y dentro del plazo establecido, y articularán procedimientos de gestión y control que garanticen el buen uso y aplicación de las ayudas a la ejecución del proyecto aprobado.
f) Serán responsables inmediatos de la fiabilidad de la información. Efectuarán un seguimiento activo de la ejecución de las actuaciones subvencionadas, de manera que conozcan y puedan informar en todo momento de los avances del proyecto y de los resultados alcanzados, garantizando, entre otras, la plena identificación de los contratistas. En ese sentido, deberán suministrar toda la información que se les requiera sobre el estado en que se encuentra la ejecución del proyecto y en particular la prevista en el artículo 21. Específicamente, las entidades beneficiarias tendrán el deber de informar debidamente del seguimiento y estado de ejecución de los proyectos siempre que la Dirección General de Cooperación Autonómica y Local así lo requiera.
g) Comunicarán a la Dirección General de Cooperación Autonómica y Local, de manera inmediata, cualquier modificación de las condiciones inicialmente informadas en la solicitud en relación con el cumplimiento de sus obligaciones. La falta de comunicación de estas modificaciones podrá ser causa suficiente para la revocación de la ayuda.
h) Garantizarán el respeto al principio de DNSH y la metodología de seguimiento para la acción por el clima (coeficiente climático), conforme a lo previsto en el PRTR, en el Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021, y su normativa de desarrollo, en particular la Comunicación de la Comisión Guía técnica sobre la aplicación del principio de DNSH en virtud del Reglamento relativo al Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, así como con lo requerido en la Decisión de Ejecución del Consejo relativa a la aprobación de la evaluación del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de España.
i) Asegurarán la regularidad del gasto subyacente, garantizando el pleno respeto a la normativa reguladora de las ayudas de Estado y el cumplimiento de la normativa europea y nacional aplicable, en particular, la de contratos. A lo largo del proceso adoptarán medidas eficaces y proporcionadas relativas a evitar fraude, corrupción, conflicto de intereses o doble financiación.
j) Justificarán en los términos establecidos en este real decreto, ante la Dirección General de Cooperación Autonómica y Local, la realización de las actuaciones, facilitando las comprobaciones encaminadas a validar la correcta realización de las actuaciones objeto de la ayuda y aportando al efecto cuanta documentación le fuera requerida, así como los valores de los indicadores, hitos y objetivos efectivamente alcanzados.
k) Se someterán a cualesquiera otras actuaciones de comprobación y control financiero que pueda realizar el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática u otro órgano designado por este, la Secretaría General de Fondos Europeos, la Intervención General de la Administración del Estado, el Tribunal de Cuentas, los órganos de control de la Comisión Europea y a cualesquiera otras actuaciones de comprobación y/o control financiero que puedan realizar los órganos de control competentes, tanto nacionales como europeos, de acuerdo con lo establecido en la normativa aplicable a la gestión de las ayudas cofinanciadas con fondos europeos, aportando para ello cuanta información les sea requerida. En ese sentido, resultará de aplicación lo previsto en el artículo 22.2.e) del Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021.
l) Asumirán la formación y mantenimiento de una adecuada pista de auditoría de las actuaciones realizadas en el marco de esta subvención, y suministrarán la información y documentación de soporte precisa para que las autoridades competentes puedan comprobar el efectivo cumplimiento de las obligaciones de la entidad beneficiaria. Tal suministro se realizará en los términos, formato y condiciones que establezcan el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática, el Ministerio de Hacienda u otras autoridades nacionales o europeas y de conformidad con la normativa nacional y de la Unión Europea. En particular, deberán suministrar toda la información que sea precisa en los sistemas de información y seguimiento del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia.
m) Custodiarán y conservarán la documentación de la actividad financiada por el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia de conformidad con el artículo 132 del Reglamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de julio de 2018, sobre las normas financieras aplicables al presupuesto general de la Unión.
n) Garantizarán que la actuación financiada cumpla las condiciones de durabilidad que se pudieran determinar en el marco del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia o, en su defecto, las que se prevén en el artículo 31 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
ñ) Llevarán a cabo el reintegro de las cantidades percibidas cuando se den las circunstancias previstas en el artículo 24.
o) Cumplirán con las obligaciones de las entidades ejecutoras en materia de información y de sistema informático establecidas en el artículo 3 de la Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre, así como en la Orden HFP/1031/2021, de 29 de septiembre.
p) Llevarán a cabo las actuaciones dirigidas a la identificación de los perceptores finales de los fondos y a las obligaciones que estos tienen aparejadas en relación con la ejecución de fondos procedentes del MRR, según establece el artículo 2.2.f) de la Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre, y la Resolución 1/2022, de 12 de abril, de la Secretaría General de Fondos Europeos.
q) Las entidades beneficiarias deberán contribuir al objetivo de autonomía estratégica y digital de la Unión Europea, así como garantizar la seguridad de la cadena de suministro teniendo en cuenta el contexto internacional y la disponibilidad de cualquier componente o subsistema tecnológico sensible que pueda formar parte de la solución, mediante la adquisición de equipos, componentes, integraciones de sistemas y software asociado a proveedores ubicados en la Unión Europea.
2. Las entidades beneficiarias deberán cumplir con las obligaciones de información y publicidad que las autoridades competentes establezcan relativas a la financiación del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, todo ello, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 9 de la Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre.
A tal efecto, deben adoptar medidas de información, comunicación y visibilidad de las actuaciones financiadas (banners en webs o aplicaciones informáticas, carteles informativos, placas, publicaciones impresas y electrónicas, material audiovisual, anuncios e inserciones en prensa, certificados, etc.), incluyendo los siguientes logos:
a) El emblema de la Unión Europea.
b) Junto con el emblema de la Unión Europea, se incluirá el texto «Financiado por la Unión Europea - NextGenerationEU».
c) Se tendrán en cuenta las normas gráficas y los colores normalizados establecidos en el anexo I del Reglamento de Ejecución 821/2014 de la Comisión de 28 de julio de 2014, por el que se establecen disposiciones de aplicación del Reglamento (UE) 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, en lo que se refiere a las modalidades concretas de transferencia y gestión de las contribuciones del programa, la presentación de información sobre los instrumentos financieros, las características técnicas de las medidas de información y comunicación de las operaciones, y el sistema para el registro y el almacenamiento de datos.
d) Asimismo, se incluirá el logo oficial del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del Reino de España, y una referencia a la gestión por el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática. A tal efecto, se tendrán en consideración las indicaciones que se adopten sobre la comunicación digital del PRTR.
3. En cualquier tipo de contrato o encargo relacionado con la ejecución de la actuación, las entidades beneficiarias deberán hacer constar «Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia - Financiado por la Unión Europea - NextGenerationEU», Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, establecido por el Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021, así como la referencia al Componente 11, Inversión 3, del PRTR, gestionado por el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática. Tal mención también deberá ser incluida en todos los documentos que sustenten la contratación de los bienes y/o servicios a prestar.
4. A efectos de auditoría y control y según lo establecido en el artículo 22 del Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021, los datos de los perceptores finales de estas ayudas serán públicos.
5. De conformidad con lo dispuesto en la disposición adicional centésima décima segunda de la Ley 31/2022, de 23 de diciembre, desarrollada en la Orden HFP/55/2023, de 24 de enero, el órgano competente para la concesión de la subvención utilizará la herramienta de data mining MINERVA para realizar el análisis sistemático del riesgo de conflicto de interés en este procedimiento de concesión de subvención.
A tal efecto, y en aplicación del procedimiento previsto en el artículo 7.3 de la Orden HFP/55/2023, de 24 de enero, el órgano competente para la concesión de la subvención podrá solicitar a los solicitantes de la subvención la información de su titularidad real, siempre que la Agencia Estatal de Administración Tributaria no disponga de la información de titularidades reales de la entidad objeto de consulta y así se lo haya indicado mediante la correspondiente bandera negra al responsable de la operación de que se trate.
Esta información deberá aportarse al órgano competente para la concesión de la subvención en el plazo de cinco días hábiles desde que se formule la solicitud de información.
La falta de entrega de dicha información en el plazo señalado será motivo de exclusión del procedimiento de concesión de la subvención.
Los datos, una vez recibidos, serán adecuadamente custodiados de acuerdo con la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales.
A través de MINERVA, el responsable de operación llevará a cabo un nuevo control ex ante del riesgo de conflicto de interés, indicando, en lugar del solicitante, los titulares reales recuperados por el órgano de concesión de la subvención.
6. Cuando la entidad beneficiaria actúe como órgano de contratación en cualquier tipo de contrato relacionado con la ejecución de la actuación subvencionable, de conformidad con lo dispuesto en la disposición adicional centésima décima segunda de la Ley 31/2022, de 23 de diciembre, desarrollada en la Orden HFP/55/2023, de 24 de enero, esta utilizará la herramienta de data mining MINERVA para realizar el análisis sistemático del riesgo de conflicto de interés en esa licitación. A tal efecto se solicitará a los licitadores la información correspondiente siendo aplicables el procedimiento y los términos previstos en el apartado anterior.
1. Las actuaciones subvencionables tendrán como objetivos de carácter general:
a) Mejora de la accesibilidad de los servicios públicos digitales a los ciudadanos y empresas.
b) Reducción de la brecha digital.
c) Mejora de la eficiencia y eficacia de los empleados públicos.
d) Reutilización de los servicios y soluciones digitales construidas.
e) Utilización activa de las tecnologías emergentes en el despliegue de nuevos servicios digitales (chatbots, automatización y robotización, plataformas, etc.).
Las actuaciones previstas en las líneas estratégicas a las que se refiere el apartado 2 coadyuvarán a la consecución de todos los ámbitos recogidos en el objetivo 168 y en el hito 169 del PRTR.
2. Las actuaciones subvencionables deberán encuadrarse en alguna de las siguiente líneas estratégicas, en el marco de la transformación digital de las administraciones de entidades locales, pudiendo las entidades previstas en el artículo 3.1 solicitar la subvención para el desarrollo de una de ellas o para varias. Las líneas estratégicas son las siguientes:
a) Línea estratégica 1. Administración orientada al ciudadano.
1.º Objetivo: mejorar los servicios públicos que se prestan a los ciudadanos y empresas, favoreciendo la usabilidad, utilidad, calidad, accesibilidad, movilidad de los servicios públicos digitales y la modernización de los procesos.
2.º Actuaciones subvencionables:
i. Desarrollo de apps para los servicios más utilizados. Desarrollo o adopción de los servicios públicos digitales más demandados por ciudadanos y empresas, a través del móvil, con especial énfasis en la usabilidad, accesibilidad y personalización de contenidos.
ii. Desarrollo o adopción de asistentes virtuales para la atención a la ciudadanía y empresas. Desarrollo o adopción de asistentes virtuales para la mejora de la atención al ciudadano, dirigidos en particular a la orientación y tutela de ciudadanos y empresas en los casos de uso de mayor impacto.
iii. Desarrollo de plataformas para la digitalización de los servicios públicos que prestan las entidades locales. Desarrollo o adopción de herramientas que contribuyan a la digitalización de las unidades de las administraciones locales que prestan servicios a la ciudadanía, en particular en relación con los servicios sociales o la economía de los cuidados.
Se prevé que, de acuerdo con los ámbitos definidos en el objetivo 168 y en el hito 169, a través de estas actuaciones se contribuya directamente a la consecución de la transformación digital en términos de proactividad, movilidad y experiencia del usuario.
b) Línea estratégica 2. Operaciones inteligentes.
1.º Objetivo: mejorar la calidad, cantidad y eficiencia de los servicios y procesos de gestión y tramitación de las administraciones públicas, a través de la utilización de tecnologías de automatización inteligente (Robotización de procesos, Inteligencia artificial, etc.).
2.º Actuación subvencionable:
Automatización de servicios. Automatización inteligente de los procesos de prestación de los servicios más utilizados por ciudadanos y empresas, empleando tecnologías basadas en inteligencia artificial, gestión inteligente de procesos, robotización de procesos o similares, para obtener una reducción de tiempos de tramitación y una mejora del servicio.
En este sentido, y de acuerdo con los ámbitos definidos en el objetivo 168 y en el hito 169, esta línea contribuirá a la consecución de la transformación digital en términos de automatización y administración pública centrada en los datos.
c) Línea estratégica 3. Gobierno del dato.
1.º Objetivo: democratizar el acceso a los datos por parte de ciudadanos, empresas y empleados y empleadas públicos, permitiendo el libre acceso a la información y su replicabilidad, así como el uso de los datos para el desarrollo de servicios digitales de alto valor añadido orientados al ciudadano.
2.º Actuación subvencionable:
Plataforma de datos integrada. Desarrollo de una plataforma del dato integrable, bajo la perspectiva de la federación de datos, con el Data lake de la Administración General del Estado, que permita habilitar proyectos interoperables entre la Administración General del Estado y otras administraciones públicas.
De la misma forma, y de acuerdo con los ámbitos definidos en el objetivo 168 y en el hito 169, esta línea contribuirá a la consecución de la transformación digital en términos de automatización y administración pública centrada en los datos.
d) Línea estratégica 4. Infraestructuras digitales.
1.º Objetivo: dotar a las administraciones locales de las infraestructuras tecnológicas necesarias para su modernización, con el fin de asegurar la disponibilidad en cualquier circunstancia y de adaptar la capacidad disponible a las necesidades existentes en cada momento, contribuyendo a desarrollar la conectividad digital, la economía del dato y la inteligencia artificial en las administraciones.
Asimismo, se prevé modernizar y digitalizar las sedes de las administraciones públicas, añadiendo puntos de encuentro digital entre estas y la ciudadanía, y contribuyendo a la mejora, seguridad y eficiencia energética y de procesos de las entidades locales tanto para la ciudadanía como para el propio personal de estas.
2.º Actuaciones subvencionables:
i. Cloud y Centros de proceso de datos (CPD) sostenibles. Adopción de soluciones cloud e infraestructuras sostenibles, contemplando migración de infraestructuras heredadas a nuevas soluciones que aporten mayor eficacia y eficiencia a través de la optimización de los procesos de gestión y provisión.
ii. Implantación de puestos de trabajo inteligentes. Provisión de puestos de trabajo de nueva generación con movilidad y herramientas colaborativas que maximicen la productividad de los empleados públicos y habiliten su trabajo no presencial.
iii. Infraestructuras físicas y puntos de acceso digital. Implantación de puntos y de puestos digitales de ayuda al ciudadano, que faciliten la automatización y la agilización de los servicios; de sistemas que contribuyan a la modernización de las entidades locales, a través de la mejora del acceso de su personal mediante tarjetas inteligentes; y de infraestructuras que mejoren la eficiencia energética de las sedes.
Asimismo, y de acuerdo con los ámbitos definidos en el objetivo 168 y en el hito 169, esta línea contribuirá a la consecución de la transformación digital en términos de infraestructuras físicas, lógicas y software.
e) Línea estratégica 5. Ciberseguridad.
1.º Objetivo: garantizar la seguridad de las infraestructuras, comunicaciones y servicios digitales prestados por las administraciones públicas y mejorar sus capacidades de prevención, detección y respuesta ante incidentes de ciberseguridad.
2.º Actuación subvencionable:
Refuerzo de la ciberseguridad. Desarrollo de un proyecto que refuerce la ciberseguridad de las distintas administraciones y de los servicios provistos a ciudadanos y empresas, buscando reforzar el cumplimiento del Esquema Nacional de Seguridad.
De acuerdo con los ámbitos definidos en el objetivo 168 y en el hito 169, esta línea contribuirá a la consecución de la transformación digital en términos de ciberseguridad.
3. Los términos específicos sobre el contenido y alcance de los proyectos señalados figurarán en la guía técnica que se publicará por parte del Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática una vez entre en vigor este real decreto.
4. En cumplimiento con lo dispuesto en el PRTR, en el Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021, en particular la Comunicación de la Comisión Guía técnica (2021/C 58/01) sobre la aplicación del principio de «no causar un perjuicio significativo», con lo requerido en la Decisión de Ejecución del Consejo relativa a la aprobación de la evaluación del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de España (CID) y su documento anexo, así como en la Decisión sobre los Acuerdos Operativos (OA), todas las actuaciones que se lleven a cabo en cumplimiento de este real decreto deben respetar el principio de DNSH.
Las actuaciones que se propongan deberán cumplir con todos los requisitos siguientes:
a) Alineamiento con los planes estratégicos: Plan Nacional de Recuperación, Transformación y Resiliencia, Agenda España Digital 2025 y Plan de Digitalización de las Administraciones Públicas 2021-2025.
b) Interoperabilidad entre servicios. Permitirán la integración con proyectos, plataformas e iniciativas de similar naturaleza, especialmente con las de la Administración General del Estado, cumpliendo el Esquema Nacional de Interoperabilidad y Notas Técnicas de Interconexión correspondientes.
c) Reutilización. En los términos previstos en el artículo 157 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, el resultado de los proyectos desarrollados podrá ser objeto de reutilización por otras administraciones que lo requieran si su naturaleza lo permite.
d) Las administraciones receptoras de fondos se comprometen a aportar datos para facilitar la oferta de servicios a la ciudadanía a través de «Mi carpeta ciudadana» de la Administración General del Estado a que se refiere el artículo 8 del Reglamento de actuación y funcionamiento del sector público por medios electrónicos, aprobado por el Real Decreto 203/2021, de 30 de marzo, con el objetivo de conformar un espacio de datos eficiente y eficaz para la ciudadanía y las empresas.
e) Las administraciones facilitarán la integración de información en las plataformas comunes de gestión de contratación pública electrónica y de subvenciones que se indiquen.
f) No serán objeto de ayuda aquellas actuaciones que, directa o indirectamente ocasionen un perjuicio significativo al medio ambiente, de acuerdo con el artículo 17 del Reglamento (UE) 2020/852 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de junio de 2020 (Reglamento de Taxonomía), o que estén dirigidas a aumentar la eficiencia de los combustibles fósiles.
1. Los gastos subvencionables deberán corresponder de manera indubitada al proyecto financiado. Serán gastos subvencionables los gastos de inversión destinados a la creación o adquisición de bienes de capital, así como los destinados a la adquisición de bienes de naturaleza inventariable necesarios para el funcionamiento operativo de los servicios y aquellos otros gastos de naturaleza inmaterial que tengan carácter amortizable, siempre que respondan a la naturaleza de los fines subvencionados.
2. Todas las acciones que integren el proyecto se deben desarrollar dentro del periodo de ejecución contemplado en el artículo 11, si bien podrán haber concluido antes de la presentación de la correspondiente solicitud para la concesión de la subvención.
Solo será subvencionable el gasto si la entidad beneficiaria ha incurrido en él y lo ha abonado con anterioridad a la finalización del período de justificación determinado por este real decreto. A estos efectos, únicamente se entenderá abonado el gasto cuando se haya producido el desembolso efectivo.
3. Para que el gasto sea financiable será preciso que los productos y servicios se hayan entregado y prestado, que el gasto declarado por las entidades beneficiarias haya sido pagado y que cumpla con los actos y disposiciones previstos en el artículo 2, las condiciones del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia y las restantes condiciones para la subvención del proyecto.
Asimismo, deberá existir constancia documental sobre su realización, de modo que pueda ser verificable y se requerirá que las acciones ejecutadas hayan alcanzado la funcionalidad dentro del periodo de ejecución, estando plenamente operativas y adscritas al uso o a la prestación de aquellos servicios acordes a su naturaleza.
4. Las acciones financiadas están sujetas a las condiciones de durabilidad que se pudieran determinar en el marco del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia o, en su defecto, a las que se prevén en el artículo 31 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
5. No se consideran costes subvencionables los derivados de cualesquiera autorizaciones administrativas, licencias, permisos, coste de avales y/o fianzas, tasas, impuestos o tributos.
6. Tampoco serán subvencionables los gastos que a continuación se relacionan:
a) Los intereses deudores y los demás gastos financieros.
b) Intereses de demora, recargos, multas y sanciones económicas y gasto incurrido por litigios y disputas legales.
c) En la adquisición de bienes y servicios mediante contratos públicos:
1.º Los descuentos efectuados.
2.º Los pagos efectuados por el contratista a la administración en concepto de control de calidad o cualesquiera otros conceptos que supongan ingresos o descuentos que se deriven de la ejecución del contrato.
d) Los gastos propios o costes asociados a los proyectos (personal, funcionamiento o gastos generales).
e) Los gastos no debidamente justificados.
f) Los vinculados a tareas preparatorias o de diseño o licitación de los proyectos.
g) Los que tengan carácter recurrente (tareas de mantenimiento).
h) Aquellos que:
1.º Se declaren no subvencionables por parte de la Autoridad Responsable del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia o por el órgano concedente de la subvención.
2.º Se hubieran efectuado fuera del periodo de justificación al que se refiere el artículo 22.
1. Las entidades beneficiarias podrán concertar con terceros la ejecución total o parcial de los proyectos, mediante los procedimientos de licitación correspondientes o proceder a su ejecución total o parcial a través de encargos a medios propios.
2. Las entidades beneficiarias no podrán subcontratar las actividades subvencionadas. No obstante, se tendrá en cuenta que la contratación o los encargos a medios propios por la entidad beneficiaria de aquellos gastos en que tenga que incurrir para la realización por sí misma de la actividad subvencionada, es decir, la concertación con terceros de prestaciones necesarias para llevar a cabo las actividades objeto de la subvención, no constituye subcontratación de dichas actividades, de conformidad con lo establecido en el artículo 29.1 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, quedan fuera del concepto de subcontratación.
3. En ningún caso podrá concertarse por la entidad beneficiaria la ejecución total o parcial de las actividades subvencionadas con las personas y entidades a que se refiere el artículo 29.7 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
4. En caso de que, en los términos previstos en este artículo, la ejecución del proyecto subvencionado se lleve a cabo por un medio propio o contratista, la entidad beneficiaria de la ayuda habrá de prever mecanismos para asegurar que se dé efectivo cumplimiento a todas las obligaciones que se enuncian en el artículo 4 y, en particular, con el principio de DNSH y las medidas dirigidas a prevenir, detectar, comunicar y corregir el fraude y la corrupción, prevenir el conflicto de interés y la doble financiación.
5. La entidad beneficiaria deberá, en todo caso, informar sobre los contratistas o encargos a medios propios al órgano concedente de la subvención.
1. El importe total máximo de las subvenciones a que se refiere este real decreto es de 5.740.384,19 euros, consignados en la aplicación presupuestaria 22.50.94KC.761 de los Presupuestos Generales del Estado de 2023, prorrogados para el año 2024.
Esta subvención no constituye una ayuda de Estado en los términos previstos en los artículos 107 y 108 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea.
2. Las subvenciones están vinculadas al Mecanismo de Recuperación y Resiliencia. A estos efectos, se reconoce la plena aplicación de los mecanismos de gestión y control incluidos en el Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre, así como cualquier otra exigencia específica cuya aplicación sea de obligado cumplimiento en el marco de ejecución del PRTR, incluso en el caso de que hubiera entrado en vigor con posterioridad a la publicación de este real decreto.
3. La asignación entre las entidades beneficiarias se ha determinado en función de su número de habitantes, teniendo en cuenta, para todas las entidades, las cifras de población resultantes de la revisión del Padrón municipal, referidas al 1 de enero de 2023. El anexo VII recoge la cuantía máxima de la ayuda que corresponde a cada una de estas entidades.
4. Las subvenciones irán destinadas a financiar los proyectos que presenten las entidades beneficiarias recogidas en el artículo 3, hasta el importe máximo que corresponde a cada entidad.
5. La financiación de los proyectos objeto de estas subvenciones se podrá complementar con las aportaciones que realicen las entidades beneficiarias con cargo a sus presupuestos.
1. Los costes de los proyectos cubiertos por las ayudas concedidas en el marco de este real decreto y en cumplimiento de los hitos y objetivos de la Inversión 3 del Componente 11 del PRTR no podrán percibir otros fondos de la Unión Europea.
No obstante, las ayudas reguladas en este real decreto podrán ser compatibles con la percepción de otras subvenciones o ayudas procedentes de cualesquiera administraciones o entes públicos o privados, nacionales o internacionales distintas de las mencionadas en el párrafo anterior, siempre que no se destinen a financiar los mismos costes.
2. La entidad deberá declarar, conforme al modelo del anexo III, las ayudas o subvenciones que haya obtenido o solicitado para financiar las actuaciones que presenten para la obtención de estas subvenciones, tanto en el momento de formalizar la solicitud, como en cualquier momento posterior en que se produzca esta circunstancia.
La percepción de ayudas o subvenciones incompatibles podrá conllevar la declaración de pérdida total o parcial del derecho a estas subvenciones, y el consiguiente reintegro, en su caso.
1. El período de ejecución del proyecto se determinará en las resoluciones de concesión y, en todo caso, estará comprendido entre el 1 de febrero de 2020 y el 30 de junio de 2026.
Los instrumentos jurídicos empleados para la ejecución total o parcial de los proyectos objeto de subvención deberán haberse adjudicado antes del 30 de junio de 2025.
2. Las inversiones y gastos efectuados por la entidad beneficiaria podrán realizarse durante todo el periodo de justificación para el que se conceda la ayuda, con las particularidades que establezca la resolución de concesión.
3. Se considerará gasto realizado el que haya sido efectivamente pagado y abonado con anterioridad a la finalización del período de justificación determinado por el real decreto. A estos efectos, únicamente se entenderá abonado el gasto cuando se haya producido el desembolso efectivo.
1. Las comunicaciones de todas las actuaciones que se realicen por los órganos competentes en el procedimiento de concesión de las subvenciones reguladas en este real decreto, en el desarrollo de su ejecución, en su justificación y en los informes de ejecución y en los eventuales procedimientos de reintegro que se puedan iniciar, se llevarán a cabo a través de medios electrónicos.
2. La utilización de los medios electrónicos establecidos será obligatoria también para la presentación de solicitudes, documentación y comunicaciones por las entidades beneficiarias, que deberán seguir los requisitos de presentación que se determinen, en su caso, por el órgano concedente en la resolución a la que se refiere la disposición adicional primera, para cada una de las fases del procedimiento de gestión, seguimiento, justificación y control de estas subvenciones, tanto en los sistemas informáticos como en la forma.
1. Se autoriza la concesión directa de esta subvención en aplicación de lo previsto en el artículo 22.2.c) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, en relación con lo establecido en el artículo 28.2 y 3 de dicha ley y en el artículo 67 de su Reglamento de desarrollo, por concurrir razones de interés público, social y económico.
2. La concesión de esta subvención se realizará mediante resolución de la persona titular de la Secretaría de Estado de Política Territorial, o de la persona en quien esta delegue, previa solicitud por parte de la entidad beneficiaria.
El órgano competente para la ordenación e instrucción del procedimiento de concesión de esta subvención será la Dirección General de cooperación Autonómica y Local.
La tramitación del procedimiento se realizará exclusivamente por medios electrónicos.
3. Con carácter previo a la concesión, la entidad beneficiaria deberá presentar, ante cualquiera de los registros previstos en el artículo 16.4.a) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en el plazo máximo de 45 días desde la entrada en vigor de este real decreto, solicitud de la subvención firmada por la persona titular de la Alcaldía de Barcelona y Madrid, respectivamente, dirigida a la Dirección General de Cooperación Autonómica y Local.
4. En aplicación del artículo 15 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, las solicitudes y otros documentos que se aporten al procedimiento deberán estar redactados en castellano.
5. Estas subvenciones serán objeto de publicidad en la Base de Datos Nacional de Subvenciones, en los términos previstos en el artículo 20 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y en el Real Decreto 130/2019, de 8 de marzo, por el que se regula la Base de Datos Nacional de Subvenciones y la publicidad de las subvenciones y demás ayudas públicas, y un extracto de las mismas en el «Boletín Oficial del Estado», además, se harán públicas en el portal de internet del Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática (www.mpt.gob.es).
1. El registro se regirá por las reglas previstas en el artículo 31 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre. Serán considerados días inhábiles los así declarados para todo el territorio nacional en el calendario de días inhábiles aprobado por la Administración General del Estado, sin que resulten de aplicación las reglas de reciprocidad previstas en el artículo 30.6 de dicha ley. El horario oficial de presentación de solicitudes será el correspondiente a la hora peninsular española.
2. Las solicitudes únicamente se podrán presentar de forma electrónica de acuerdo con lo señalado en el artículo 12, a través del procedimiento previsto a tal efecto en la sede electrónica del Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática (procedimientos-subvenciones), y deberán ajustarse a lo dispuesto en los artículos 15 y 16.
1. Cada entidad beneficiaria remitirá una única solicitud. Las solicitudes irán dirigidas a la Dirección General de Cooperación Autonómica y Local y se presentarán mediante el formulario electrónico correspondiente.
2. El formulario electrónico de solicitud incluirá, al menos, el siguiente contenido:
a) Datos identificativos de la entidad solicitante y de su representante legal en el procedimiento.
b) Datos identificativos de quien presenta la solicitud y su firma.
c) Datos descriptivos del proyecto y de su ejecución.
d) Importe de la subvención solicitada.
3. La solicitud deberá venir acompañada de la siguiente documentación:
a) Proyecto que se quiere ejecutar, que deberá ajustarse a lo dispuesto en el artículo 16. El proyecto, de no más de 15 páginas, deberá contener toda la información relevante, así como los hitos y objetivos necesarios para efectuar el seguimiento. El proyecto se adaptará a la plantilla que será facilitada por la Dirección General de Cooperación Autonómica y Local y deberá contener la información que se indica en la guía técnica a la que se refiere el artículo 5.3.
b) Certificado de la entidad solicitante, del acuerdo o resolución adoptado por el órgano competente, en el que deberán constar, de manera expresa, los siguientes extremos:
1.º La aprobación del proyecto para el que se solicita la subvención.
2.º La participación y aceptación del procedimiento regulado en este real decreto y la solicitud de la subvención.
3.º El compromiso de que la entidad dispondrá de todos los recursos humanos, técnicos y presupuestarios necesarios para ejecutar el proyecto aprobado y para garantizar su operatividad durante el periodo de durabilidad.
4.º El compromiso de que la entidad, a lo largo de todo el procedimiento, adoptará medidas eficaces y proporcionadas para evitar fraude, corrupción, conflicto de intereses o doble financiación, y desarrollará las actuaciones que sean precisas, para dar pleno cumplimiento y satisfacción a las obligaciones que corresponden a la entidad beneficiaria.
c) Certificación de la entidad solicitante, siguiendo el modelo que se incluirá en la guía técnica a la que hace referencia el artículo 5.3, en la que se indicará que el proyecto se encuadra en alguna de las actuaciones subvencionables previstas en el artículo 5, cumple con los requisitos previstos en el artículo 6 y que está alineado con los objetivos del Plan de Digitalización de las Administraciones Públicas 2021-2025 y del Componente 11 del PRTR, así como con el hito 169 y el objetivo 168, de acuerdo con los requisitos establecidos en este real decreto y con la normativa europea y nacional de aplicación.
d) Declaración responsable, siguiendo el modelo del anexo I, en nombre de la entidad solicitante, de hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social, de hallarse al corriente de pago de obligaciones por reintegro de subvenciones y de no estar incursa en ninguna otra de las prohibiciones previstas en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, para obtener la condición de beneficiaria.
Asimismo, en dicha declaración se hará constar que la entidad solicitante cumple todos los requisitos previstos en este real decreto y que los documentos presentados, avalan tal circunstancia, sin contener limitación o reserva alguna, y se manifestará el compromiso de la entidad en relación con el cumplimiento de los principios transversales establecidos en el PRTR y que pudieran afectar al ámbito objeto de gestión.
e) Declaración responsable, siguiendo el modelo del anexo II, en nombre de la entidad solicitante, del cumplimiento del principio de «no causar un perjuicio significativo al medio ambiente» en el sentido establecido en el artículo 2.6 del Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021.
f) Declaración responsable, siguiendo el modelo del anexo III, en nombre de la entidad solicitante, sobre otras fuentes de financiación.
g) Autorización expresa, siguiendo el modelo del anexo IV, mediante la que la entidad solicitante otorga derechos y accesos para garantizar que la Comisión Europea, la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF), el Tribunal de Cuentas Europeo, la Fiscalía Europea y las autoridades nacionales competentes ejerzan sus competencias.
h) Cuestionario firmado, en el que se incluya la información del usuario responsable de la entidad solicitante que será dado de alta como usuario en CoFFEE, siguiendo el modelo del anexo V.
i) Declaración de Ausencia de Conflicto de Intereses cumplimentada por los beneficiarios de las ayudas, siguiendo el modelo del anexo VI.
j) Certificación bancaria de la cuenta de titularidad de la entidad que se designa para percibir el pago de la subvención. Para poder recibir el pago, será necesario que la entidad la haya dado de alta previamente en el Fichero Central de Terceros del Tesoro Público.
4. Con la presentación, la entidad asume el compromiso de comunicar de inmediato al órgano instructor cualquier modificación o variación de las circunstancias que se han hecho constar en la solicitud.
5. Una vez registrada la solicitud, esta se tramitará de acuerdo con el procedimiento establecido en este real decreto. Si en la documentación aportada se observasen defectos u omisiones subsanables, deficiencias de carácter técnico o se necesitara documentación complementaria sobre la ya presentada, se requerirá a la entidad solicitante, para que en el plazo de 10 días, subsane las faltas o acompañe los documentos necesarios advirtiéndole que, en caso de no hacerlo, se le tendrá por desistido de su petición, previa resolución que deberá ser dictada en los términos previstos en el artículo 21 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.
1. El proyecto podrá comprender la ejecución de una o varias actuaciones que pudieran encuadrarse en las 5 líneas estratégicas que se indican en el artículo 5.
2. El proyecto tendrá carácter integrado, de modo que agrupará todas las actuaciones subvencionables que pretenda desarrollar la entidad en la línea o líneas estratégicas a la que esté vinculado.
3. En el proyecto se especificará, al menos, la siguiente información, por este orden:
a) Denominación, línea o líneas estratégicas a las que se vincula, identificación inicial de los problemas o retos detectados y objetivos principales, que deberán estar alineados con los objetivos previstos en la respectiva línea estratégica.
b) Hitos y objetivos: resultados esperados y su cuantificación, alineados con el Componente 11.I3 del PRTR, concretamente el hito 169, y el objetivo 168, así como el indicador de seguimiento 168.1.
c) Plan de implementación, que detallará los elementos que se indican a continuación:
1.º Descripción de cada una de las actuaciones a desarrollar, sostenibilidad y aspectos innovadores.
2.º Cronograma, desglosado por actuación.
3.º Presupuesto, desglosado por actuación.
4.º Importe total del proyecto y coste subvencionable para el que se solicita financiación.
d) Método de gestión y descripción de equipo técnico.
e) Sistema de seguimiento y control.
f) Medidas de información y publicidad.
4. La Dirección General de Cooperación Autonómica y Local facilitará una plantilla para el proyecto, el cual no deberá tener más de 15 páginas, así como una descripción del contenido mínimo del mismo.
1. En la instrucción del procedimiento de concesión se llevarán a cabo, entre otras, las siguientes actuaciones:
a) El órgano instructor verificará el cumplimiento de las condiciones impuestas para adquirir la condición de entidad beneficiaria.
Para comprobar el cumplimento de tales condiciones el órgano instructor podrá consultar otros sistemas de información. Tal comprobación podrá realizarse con anterioridad o con posterioridad a la concesión de la subvención, y en caso de detectarse el incumplimiento de alguna condición, procederá la denegación de la subvención o la exigencia de reintegro.
b) El órgano instructor solicitará cuantos informes se estimen necesarios para resolver o sean exigidos por este real decreto. A este respecto, la Dirección General de Cooperación Autonómica y Local comprobará el alineamiento de los proyectos presentados con las características requeridas en este real decreto y en las instrucciones que se aprueben, todo ello en relación con los siguientes documentos emitidos por la entidad:
1.º La información contenida en el proyecto a la que se refiere el artículo 15.3.b).
2.º La certificación emitida por la entidad beneficiaria prevista en el artículo 15.3.c).
c) Asimismo, se facilitarán las instrucciones que el órgano instructor reciba de las Autoridades Nacionales y Europeas de gestión o de certificación de estos fondos asociados al PRTR, al Plan de Medidas Antifraude, o las que en su nombre le transmita la Dirección General de Cooperación Autonómica y Local, entre otras, para evitar conflictos de intereses, fraude, corrupción o doble financiación.
2. En el marco de la instrucción del procedimiento, se podrá proponer la modificación de las condiciones o la forma de realización de la actividad propuesta por el solicitante, a fin de ajustar los compromisos o actuaciones a desarrollar a los requerimientos de la subvención.
1. Se concederán las subvenciones, hasta el importe máximo que corresponda a cada municipio (Barcelona y Madrid), una vez realizadas las comprobaciones sobre la actuación subvencionable y el cumplimiento del resto de requisitos exigidos en este real decreto. No obstante, la solicitud será denegada en caso de incumplimiento de los requisitos previstos en este real decreto, o de agotarse el importe máximo de la subvención establecido.
2. En caso de ser estimatoria, la resolución expresará:
a) Los datos de la entidad beneficiaria y descripción del proyecto seleccionado.
b) El importe de los gastos considerados subvencionables a estos efectos.
c) La cuantía máxima de la subvención.
d) Los plazos máximos para la conclusión del proyecto y para la presentación de la justificación de la realización del proyecto.
e) Los hitos y objetivos del PRTR que se van a alcanzar.
f) Otras condiciones de obligado cumplimiento relacionadas con la ejecución de las actuaciones que puedan requerirse.
3. Las resoluciones de las solicitudes serán notificadas a los respectivos solicitantes y publicadas en la Base de Datos Nacional de Subvenciones, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y el Real Decreto 130/2019, de 8 de marzo.
4. Se entenderá, que la entidad beneficiaria acepta todas las condiciones de la subvención, si esta no manifiesta su oposición dentro del plazo de diez días desde la notificación de la resolución de concesión de la misma.
5. El plazo máximo para resolver y notificar la resolución será de seis meses desde la fecha de entrada en vigor del real decreto.
6. Contra la resolución del procedimiento de concesión se podrá formular potestativamente requerimiento previo para su anulación o revocación en los términos establecidos en el artículo 44 en relación con el 46.6 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa o, en su caso, interponer recurso contencioso-administrativo en los términos de la citada ley.
1. Cuando concurran circunstancias, debidamente justificadas, que alteren, siempre que no sea de manera sustancial, las condiciones técnicas o económicas tenidas en cuenta para la concesión de la ayuda, las entidades beneficiarias podrán solicitar la modificación del proyecto aprobado.
2. Las modificaciones quedarán sujetas al cumplimiento de los siguientes requisitos:
a) No podrán alterar el objeto y finalidad de la subvención y no podrán exceder de la cuantía máxima de subvención concedida o de la que se hubiera establecido en modificaciones ya autorizadas.
b) La solicitud de la modificación deberá realizarse antes de finalizar la ejecución del proyecto.
c) Se deberá respetar el principio de DNSH.
d) El proyecto modificado deberá cumplir, al igual que el original, todos los requisitos establecidos en este real decreto.
3. La solicitud de modificación se acompañará, al menos, de una memoria en la que se expondrán los motivos de los cambios, en la que se justificará la imposibilidad de cumplir las condiciones impuestas en la resolución de concesión y se acreditará que el modificado cumple los requisitos expuestos en los apartados anteriores y que el proyecto continúa cumpliendo las condiciones establecidas en este real decreto.
La estimación o desestimación de la solicitud de modificación por el órgano concedente deberá dictarse y notificarse al interesado en el plazo máximo de un mes, y en todo caso antes de la finalización del plazo de ejecución. El transcurso de dicho plazo sin que haya recaído resolución expresa, legitima al interesado para entender desestimada su solicitud por silencio administrativo.
4. En todo caso, cualquier modificación de los proyectos deberá ser comunicada al órgano concedente.
1. El pago de la ayuda concedida quedará condicionado a que exista constancia por parte del órgano instructor de que la entidad beneficiaria cumple con los requisitos exigidos en el artículo 34 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
No podrá realizarse el pago de la subvención en tanto la entidad beneficiaria no acredite que se encuentra al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social o sea deudora por resolución de procedencia de reintegro.
2. De acuerdo con el artículo 34.4 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, se efectuará un único pago de la subvención del total de la cantidad concedida. El pago de esta cantidad se tramitará de oficio, una vez se haya producido la aceptación de todas las condiciones de la subvención según prevé el artículo 18.4. Este pago se abonará con carácter anticipado a su justificación, de una sola vez, tras la resolución de concesión.
El importe del pago efectuado deberá destinarse exclusivamente a cubrir los costes subvencionables de las actuaciones objeto de subvención, debiendo justificarse su correcta utilización en los términos previstos en el artículo 22.
3. De conformidad con el artículo 42.2 del Reglamento de la Ley General de Subvenciones, las entidades locales quedan exoneradas de la constitución de garantías.
1. Las entidades beneficiarias deberán informar a la Dirección General de Cooperación Autonómica y Local, con la periodicidad que se determine, acerca del estado de ejecución de las actuaciones financiadas. Estos informes de ejecución deberán incluir información acerca del grado de cumplimiento de los indicadores establecidos para el seguimiento de la subvención y, en especial, se deberá informar acerca del grado de cumplimiento de los compromisos asumidos.
Asimismo, la Dirección General de Cooperación Autonómica y Local podrá requerir información relativa a la evaluación de cualquier otro aspecto que permita asegurar el mejor cumplimiento de los requerimientos establecidos por la normativa europea.
2. A efectos de auditoría, control del uso de los fondos y para disponer de datos comparables sobre el uso de fondos en relación con las medidas destinadas a la ejecución de reformas y proyectos de inversión en el marco del plan de recuperación y resiliencia, de conformidad con lo previsto en el artículo 22.2.d) del Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021, las entidades beneficiarias deberán recabar y asegurar el acceso a las categorías armonizadas de datos que prevé dicho artículo.
A tal efecto, la entidad beneficiaria deberá cumplir con las obligaciones de identificación de contratistas y de cesión de datos, en los términos que se prevén en el artículo 8 de la Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre.
La obligación de suministrar información es extensible a cualquier otra que le pueda requerir el órgano concedente u otras autoridades nacionales o europeas para el ejercicio de sus funciones, y en particular, para el preciso cumplimiento de lo estipulado en la Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre, y en la Orden HFP/1031/2021, de 29 de septiembre. Asimismo, será posible requerir información respecto al cumplimiento de las previsiones de la Orden HFP/55/2023, de 24 de enero.
3. Las entidades beneficiarias deberán informar a la Dirección General de Cooperación Autonómica y Local, proactivamente, sobre cualquier evento importante o imprevisto que pueda impactar en la consecución de los objetivos establecidos.
También deberán informar con inmediatez de la existencia de cualquier procedimiento judicial tendente a la determinación de conductas que puedan ser constitutivas de infracción penal y que afecten a las actuaciones financiadas total o parcialmente con cargo a estas subvenciones, así como de cualquier otra incidencia que pueda perjudicar a la reputación del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia.
1. Las entidades beneficiarias, a las que se refiere el artículo 3, deberán justificar el cumplimiento de la finalidad para la que se concedió la subvención y la aplicación de los fondos percibidos ante el órgano concedente.
2. La justificación se efectuará por vía electrónica a través de la aplicación o aplicaciones que designe la Dirección General de Cooperación Autonómica y Local, con arreglo a las normas y a los modelos electrónicos que se determinen y de acuerdo con las instrucciones que se dicten en aplicación de este real decreto.
3. Las entidades beneficiarias deberán presentar la documentación justificativa que especifique la Dirección General de Cooperación Autonómica y Local, entre la que constará:
a) Una memoria de actuación, en la que se describirá el proceso de implementación, las actividades realizadas y los resultados obtenidos. La memoria deberá recoger el estado final de implementación de todas las actuaciones indicando las posibles desviaciones existentes con respecto a la resolución de concesión de la subvención y sus posibles modificaciones. Se incorporará un reportaje fotográfico sobre el objeto de la subvención, con los productos adquiridos o las actuaciones desarrolladas, incluyendo capturas de pantalla de los productos de software.
b) Una certificación emitida por la entidad beneficiaria en la que se indicará, una vez realizadas las oportunas actuaciones de comprobación, el estado de cumplimiento de los proyectos y, en particular, de sus hitos y objetivos, especificando los mecanismos de verificación de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 23.2.
c) Un informe emitido por el órgano de intervención y control de la entidad beneficiaria, que acredite la veracidad y la regularidad de la documentación justificativa de la subvención.
En particular, el informe deberá acreditar expresamente que la subvención se ha empleado en las actuaciones para las que le fue otorgada y en el plazo previsto, la regularidad del gasto, su subvencionalidad y el cumplimiento de los restantes requisitos establecidos en este real decreto y en la resolución de concesión, incluyendo el principio de DNSH, el etiquetado digital y el logro de los hitos y objetivos comprometidos.
El informe podrá ser sustituido por la aportación de un informe de auditor, en los términos que prevé el artículo 74 del Reglamento de la Ley General de Subvenciones, que acredite lo expuesto anteriormente. En cualquier caso, si fuera preciso, se podrá exigir informe de auditoría externa para completar el informe del órgano de intervención y control de la entidad.
d) Información descriptiva de la existencia de una contabilidad separada para todas las transacciones relacionadas.
e) Declaración responsable que acredite la existencia o, en su caso, inexistencia de otras ayudas o subvenciones cobradas para la misma actuación o finalidad.
f) Declaración responsable sobre la adecuación del proceso de contratación de las actuaciones por parte de la entidad beneficiaria a la normativa aplicable en materia de contratos; la existencia de una contabilidad separada o diferenciada para todas las transacciones relacionadas; el cumplimiento de las normas nacionales y europeas sobre requisitos de igualdad de oportunidades y no discriminación aplicables a este tipo de actuaciones; el cumplimiento de las normas medioambientales, de calidad del aire, residuos y vertidos nacionales y europeas, y sobre desarrollo sostenible; el cumplimiento del principio de DNSH; y sobre la adopción de medidas eficaces y proporcionadas para evitar fraude, corrupción, conflicto de intereses o doble financiación en el ámbito de gestión de las actuaciones objeto de ayuda.
g) La restante documentación e información que requieran las Autoridades del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, y la que fuera oportuna para comprobar la adecuación en la ejecución de la subvención y el cumplimiento por parte de la entidad beneficiaria de sus obligaciones.
Los documentos a los que se refiere este apartado podrán presentarse siguiendo los modelos que, en su caso, sean aprobados por las autoridades competentes conforme a la normativa nacional y europea, dando cumplimiento a las obligaciones exigibles en el marco del PRTR.
4. La justificación se deberá presentar, como máximo, en el plazo de dos meses desde la finalización del plazo para la realización del proyecto.
5. La Dirección General de Cooperación Autonómica y Local comprobará la documentación aportada y podrá recabar la aportación adicional de otros documentos o datos aclaratorios que estime necesarios para poder proceder a la correspondiente liquidación respecto a las cantidades transferidas a cuenta y a la instrucción, si fuera preciso, del correspondiente procedimiento de reintegro o pérdida del derecho al cobro, de los importes de subvención no justificados.
1. Las entidades beneficiarias de estas ayudas deberán someterse a cualquier actuación de comprobación y control financiero que pueda realizar la Dirección General de Cooperación Autonómica y Local u otro órgano designado por esta, la Secretaría General de Fondos Europeos, la Intervención General de la Administración del Estado, el Tribunal de Cuentas, los órganos de control de la Comisión Europea y a cualesquiera otras actuaciones de comprobación y/o control financiero que puedan realizar los órganos de control competentes, tanto nacionales como europeos, de acuerdo con lo establecido en la normativa aplicable a la gestión de las ayudas cofinanciadas con fondos europeos, aportando para ello cuanta información les sea requerida.
2. Mediante el desarrollo de las actuaciones y proyectos contemplados en este real decreto se contribuirá a la consecución del hito 169 y del objetivo 168 del PRTR, para ello se prevé la comprobación mediante los siguientes instrumentos:
a) Objetivo O 168: adjudicación de proyectos de apoyo a la transformación digital del Ministerio de Política Territorial y Función Pública y de las Administraciones de las Comunidades Autónomas y de los Entes locales (391,4 millones en el caso de las entidades locales).
Documento de síntesis que justifique debidamente la forma en la que el objetivo (incluyendo los elementos relevantes de este, tal y como figuran en la descripción de objetivo y de la medida correspondiente en el anexo del CID) se ha cumplido satisfactoriamente. Los documentos de síntesis incluirán en una hoja de cálculo anexa las siguientes pruebas y elementos documentales: código oficial y nombres del proyecto y para cada uno de ellos: lista de la publicación de las adjudicaciones en el Diario Oficial o en la plataforma de contratación pública; el importe adjudicado (sin IVA); información sobre el área de transformación digital a la que se refieren los proyectos.
A partir de una muestra que será seleccionada por la Comisión, se presentarán las siguientes pruebas documentales para cada una de las unidades (proyectos) seleccionadas: copia de la publicación de las adjudicaciones en el diario oficial o en la plataforma de contratación pública indicando el importe (sin IVA); documento oficial que describa el proyecto y que acredite su adecuación a la descripción del objetivo e inversión en el CID.
b) Hito H 169: finalización de todos los proyectos de apoyo a la transformación digital del Ministerio de Política Territorial y Función Pública y de las Administraciones de las Comunidades Autónomas y de los Entes locales.
Documento de síntesis que justifique debidamente la forma en que el hito (incluyendo todos los elementos constitutivos) se ha cumplido satisfactoriamente, con vínculos adecuados a las evidencias subyacentes.
Este documento incluirá como anexo una hoja de cálculo que contenga la siguiente información: código oficial y nombre de los proyectos que se están realizando y para cada uno de la referencia oficial del certificado oficial expedido con arreglo a la legislación nacional o procedimientos internos de evaluación y certificación de la finalización del proyecto. Sobre la base de una muestra seleccionada por la Comisión, se presentarán las siguientes pruebas documentales para cada una de las unidades (proyectos) seleccionadas: copia del certificado oficial emitido por el organismo competente de la administración pública de acuerdo con la legislación nacional o procedimientos internos que evalúan y certifican la realización del proyecto y su conformidad con las condiciones del contrato o acuerdo de transferencia.
1. Procederá el reintegro, total o parcial, de las cantidades percibidas cuando se produzca un incumplimiento por las entidades beneficiarias de las obligaciones establecidas en la resolución de concesión, así como por las causas previstas en el artículo 37 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
2. A efectos de lo establecido en el artículo 37.1.i) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, procederá el reintegro de la ayuda si se constata que:
a) Durante las actuaciones de comprobación y/o control de la subvención, los objetivos, productos, servicios o gastos justificados no se corresponden con el proyecto financiado.
b) Se produce incumplimiento injustificado por parte de la entidad beneficiaria de las obligaciones periódicas de información previstas en el artículo 21.
c) Se produce un incumplimiento de cualquiera de las obligaciones de gestión, control y pista de auditoría inherentes a la entidad beneficiaria y no resulta posible su subsanación, o si resultando posible la misma, la entidad beneficiaria no procede a ello en el plazo que se le conceda.
d) Se produce un incumplimiento de las condiciones asociadas al respeto del principio de DNSH.
e) Se produce el incumplimiento por parte de la entidad beneficiaria de sus obligaciones en materia de información, comunicación, visibilidad y publicidad.
3. Las entidades beneficiarias también deberán reintegrar los fondos recibidos al Tesoro Público en caso de no realizar el gasto o en caso de incumplimiento total o parcial de los hitos o de los objetivos fijados para el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia.
En ese sentido, de acuerdo con el artículo 7. séptima de la Ley 31/2022, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2023, podrá ser causa de pérdida del derecho a la percepción de la ayuda y reintegro de la misma el incumplimiento de los hitos que se establezcan en cuanto a obligaciones de licitación y adjudicación.
El procedimiento de reintegro a estos efectos se regulará por orden de la persona titular del Ministerio de Hacienda, de acuerdo con lo establecido en el artículo 37.4 del Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre.
4. La entidad beneficiaria asumirá cualesquiera consecuencias que pudieran derivarse del seguimiento, ejecución, evaluación y control de las actuaciones que hubiera ejecutado y/o de los gastos presentados.
5. En cumplimiento del artículo 90 del Reglamento de la Ley General de Subvenciones, la entidad beneficiaria, mediante solicitud al órgano concedente, podrá optar por la devolución voluntaria de la totalidad o parte del importe de la subvención, sin requerimiento previo de la Administración.
1. El incumplimiento total o parcial de los requisitos y obligaciones establecidos en este real decreto, en la normativa europea, en su caso, y en las demás normas aplicables, así como de las condiciones que se establezcan en las correspondientes resoluciones de concesión, dará lugar a la obligación de reintegrar la ayuda.
2. Los criterios de graduación de incumplimientos serán los siguientes:
a) El incumplimiento total y manifiesto de los objetivos para los que se concedió la ayuda, o cualquier otra irregularidad que presente carácter sistémico o afecte a partes esenciales del proyecto financiado, será causa de reintegro total de la ayuda.
b) El incumplimiento de los objetivos parciales o actividades concretas, o cualquier otra irregularidad que únicamente afecte a partes no esenciales del proyecto, conllevará la devolución de aquella parte de la ayuda destinada a los mismos.
c) En caso de que sea exigible la autorización de modificaciones del presupuesto financiable, el incumplimiento de la exigencia de autorización supondrá la devolución de las cantidades desviadas. Si la modificación, además, implica un incumplimiento total o parcial de los objetivos, se procederá en los términos contemplados en las letras anteriores.
d) El incumplimiento injustificado por parte de la entidad beneficiaria de las obligaciones periódicas de información previstas en el artículo 21, conllevará la devolución de las cantidades percibidas y no justificadas.
3. Las irregularidades del gasto se corregirán en los términos que determinen las autoridades responsables del Mecanismo para la Recuperación y Resiliencia o los restantes órganos de control.
El régimen de infracciones y sanciones aplicable será el establecido en el título IV de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
El Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática habilitará un espacio específico en su portal de internet (www.mpt.gob.es) donde se difundirá información sobre estas subvenciones.
Se autoriza a la persona titular de la Dirección General de Cooperación Autonómica y Local para, mediante resolución, aprobar cuantas instrucciones sean precisas para el cumplimiento de lo dispuesto en este real decreto y demás normativa aplicable. Las instrucciones se publicarán en el portal de internet del Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática y, en su caso, en el «Boletín Oficial del Estado», cuando se aprecie interés público en ello por la Dirección General de Cooperación Autonómica y Local.
En el caso de que parte o la totalidad del objeto del proyecto conlleve la contratación de bienes y servicios del ámbito de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones comprendidos en la Orden EHA/1049/2008, de 10 de abril, de declaración de bienes y servicios de contratación centralizada, y el sistema estatal de contratación centralizada disponga de un acuerdo marco o sistema dinámico a través de los cuales se podría realizar dicha contratación, aquellas entidades beneficiarias que no se encuentren ya adheridas a estos instrumentos de racionalización de la contratación y cumplan los requisitos necesarios, podrán concluir con la Dirección General de Racionalización y Centralización de la Contratación del Ministerio de Hacienda un acuerdo de adhesión conforme al procedimiento establecido en la citada Orden EHA/1049/2008, de 10 de abril, a fin de poder contratar a través de dichos instrumentos.
Se delega el ejercicio de la competencia para la resolución del procedimiento de concesión de las subvenciones previstas en este real decreto, así como para la modificación de la resolución de concesión, atribuida a la persona titular de la Secretaría de Estado de Política Territorial, en virtud de lo señalado en el artículo 10.1 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, el artículo 86 del Reglamento de desarrollo de la Ley General de Subvenciones y el artículo 62.2.h) de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, en la persona titular de la Dirección General de Cooperación Autonómica y Local.
Este real decreto se dicta al amparo de lo dispuesto en el artículo 149.1.13.ª de la Constitución Española, que atribuye al Estado la competencia en materia de bases y coordinación de la planificación general de la actividad económica.
Se habilita a la persona titular del Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática para adoptar las disposiciones necesarias para el desarrollo de lo previsto en este real decreto.
El presente real decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».
Dado en Madrid, el 17 de diciembre de 2024.
FELIPE R.
El Ministro de Política Territorial y Memoria Democrática,
ÁNGEL VÍCTOR TORRES PÉREZ
Subvenciones para la transformación digital y modernización de las entidades locales (C11.I3)
Subvención 2024
| Entidad. | |
| Denominación del proyecto. |
Don/Doña (nombre y apellidos) ............................................................................., en calidad de (órgano que ejerce)* ............................................................................... del (denominación oficial de la entidad) ........................................................, con capacidad suficiente para actuar en nombre y representación de esta Entidad, mediante la presente,
* La declaración responsable deberá ser suscrita por el Alcalde del Ayuntamiento.
DECLARO RESPONSABLEMENTE
Que esta Entidad se encuentra al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social, está al corriente de pago de obligaciones por reintegro de subvenciones y no está incursa en ninguna otra de las prohibiciones previstas en el apartado 2 del artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, para obtener la condición de beneficiaria.
Que la Entidad cumple todos los requisitos previstos en el real decreto de estas ayudas y que los documentos presentados junto con esta solicitud avalan tal circunstancia, sin contener limitación o reserva alguna.
Que la Entidad que representa, está comprometida con los estándares más exigentes en relación con el cumplimiento de las normas jurídicas, éticas y morales, adoptando las medidas necesarias para prevenir y detectar el fraude, la corrupción y los conflictos de interés, comunicando en su caso a las autoridades que proceda los incumplimientos observados.
Adicionalmente, atendiendo al contenido del PRTR, que la Entidad se compromete a respetar los principios de economía circular y evitar impactos negativos significativos en el medio ambiente («DNSH» por sus siglas en inglés «do no significant harm») en la ejecución de las actuaciones llevadas a cabo en el marco de dicho Plan, y manifiesta que no incurre en doble financiación y que, en su caso, no le consta riesgo de incompatibilidad con el régimen de ayudas de Estado.
En (lugar)……………………, a (fecha)…………………………..
(Firmado)
PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA
Subvenciones para la transformación digital y modernización de las entidades locales (C11.I3)
Subvención 2024
| Entidad. | |
| Denominación del proyecto. |
Don/Doña (nombre y apellidos) ............................................................................., en calidad de (órgano que ejerce)* ............................................................................... del (denominación oficial de la entidad) ........................................................, con capacidad suficiente para actuar en nombre y representación de esta Entidad, mediante la presente,
* La declaración responsable deberá ser suscrita por el Alcalde del Ayuntamiento.
DECLARO RESPONSABLEMENTE
Que una vez evaluado, acorde al artículo 5 de la Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre, por la que se configura el sistema de gestión del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, el proyecto señalado anteriormente cumple con todos los siguientes extremos:
A. Las actividades que se desarrollan en el mismo no ocasionan un perjuicio significativo a los siguientes objetivos medioambientales, según el artículo 17 del Reglamento (UE) 2020/852, relativo al establecimiento de un marco para facilitar las inversiones sostenibles mediante la implantación de un sistema de clasificación (o «taxonomía») de las actividades económicas medioambientalmente sostenibles:
1. Mitigación del cambio climático.
2. Adaptación al cambio climático.
3. Uso sostenible y protección de los recursos hídricos y marinos.
4. Economía circular, incluidos la prevención y el reciclado de residuos.
5. Prevención y control de la contaminación a la atmósfera, el agua o el suelo.
6. Protección y restauración de la biodiversidad y los ecosistemas.
B. Las actividades se adecúan a las características y condiciones fijadas para la Inversión 3 del Componente 11, del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
C. Las actividades que se desarrollan en el proyecto cumplirán la normativa medioambiental vigente que resulte de aplicación.
D. Las actividades que se desarrollan no están excluidas para su financiación por el Plan al no cumplir el principio de DNSH, conforme a la Guía técnica sobre la aplicación del principio de «no causar un perjuicio significativo» en virtud del Reglamento relativo al Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (2021/C 58/01)30, a la Propuesta de Decisión de Ejecución del Consejo, relativa a la aprobación de la evaluación del plan de recuperación y resiliencia de España y a su correspondiente anexo.
E. Las actividades que se desarrollan no causan efectos directos sobre el medioambiente, ni efectos indirectos primarios en todo su ciclo de vida, entendiendo como tales aquéllos que pudieran materializarse tras su finalización, una vez realizada la actividad.
El incumplimiento de alguno de los requisitos establecidos en la presente declaración dará lugar a la obligación de devolver las cantidades percibidas y el interés de demora correspondiente.
En (lugar)……………………, a (fecha)…………………………..
(Firmado)
PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA
Subvenciones para la transformación digital y modernización de las entidades locales (C11.I3)
Subvención 2024
| Entidad. | |
|
Denominación del proyecto. |
Don/Doña (nombre y apellidos) ............................................................................., en calidad de (órgano que ejerce)* ............................................................................... del (denominación oficial de la entidad) ........................................................, con capacidad suficiente para actuar en nombre y representación de esta Entidad, mediante la presente,
* La declaración responsable deberá ser suscrita por el Alcalde del Ayuntamiento.
DECLARO RESPONSABLEMENTE
Que esta Entidad (señalar con una X el cuadro de la opción que declara):
a) No ha solicitado ni recibido otras subvenciones o ayudas, para las mismas actuaciones o finalidades, que la solicitada en el contexto de la concesión de esta subvención, de cualquier Administración, organismo o entidad pública o privada, nacional o internacional.
b) Ha solicitado u obtenido las siguientes subvenciones o ayudas, para las mismas actuaciones o finalidades previstas en el contexto de la concesión de esta subvención, con cargo al Componente 11.I3 del PRTR, de la/s siguiente/s Administración/es, organismo/s o entidad/es pública/s, nacional/es o internacional/es, excluyendo otros fondos de la Unión Europea, por el importe/s que se especifica/n a continuación:
| Entidad convocante de la ayuda, subvención, ingreso o recurso1 | Disposición reguladora del programa de ayudas (en su caso) |
Presupuesto – Euros |
Importe2 – Euros |
|---|---|---|---|
|
1 Además de la denominación se hará constar la naturaleza (pública o privada) de la entidad. 2 En caso de no haberse resuelto aún la concesión, se indicará el importe que ha sido solicitado. |
|||
En (lugar)……………………, a (fecha)…………………………..
(Firmado)
PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA
Subvenciones para la transformación digital y modernización de las entidades locales (C11.I3)
Subvención 2024
| Entidad. | |
| Denominación del proyecto. |
Don/Doña (nombre y apellidos) ............................................................................., en calidad de (órgano que ejerce)* ............................................................................... del (denominación oficial de la entidad) ........................................................, con capacidad suficiente para actuar en nombre y representación de esta Entidad, mediante la presente,
* La declaración responsable deberá ser suscrita por el Alcalde del Ayuntamiento.
OTORGO los derechos y accesos necesarios para garantizar que la Comisión Europea, la OLAF, el Tribunal de Cuentas Europeo, la Fiscalía Europea y las autoridades nacionales competentes ejerzan sus competencias sobre las ayudas del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
Asimismo, otorgo, de manera expresa, la autorización prevista en el artículo 22.2.e), del Reglamento (UE) 2021/241, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021.
En (lugar)……………………, a (fecha)…………………………..
(Firmado)
PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA
Subvenciones para la transformación digital y modernización de las entidades locales (C11.I3)
Subvención 2024
| Datos generales3 | |
|---|---|
| Nombre de la entidad local. | |
| DIR 3 de la consejería responsable. | |
| Nombre. | |
| Primer Apellido. | |
| Segundo apellido. | |
| DNI. | |
| Correo electrónico. | |
| Cargo. | |
| Teléfono. | |
| Dirección. | |
|
3 De conformidad con las definiciones contenidas en el artículo 3 de la Orden HFP/1031/2021, de 29 de septiembre, por la que se establece el procedimiento y formato de la información a proporcionar por las Entidades del Sector Público Estatal, Autonómico y Local para el seguimiento del cumplimiento de hitos y objetivos y de ejecución presupuestaria y contable de las medidas de los componentes del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, en el caso de las Entidades Locales y resto de participantes, el Órgano gestor del Subproyecto será el Secretario o cargo que desempeñe funciones análogas. |
|
División Administradora del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
Dirección General de Cooperación Autonómica y Local.
Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática.
En (lugar)……………………, a (fecha)…………………………..
(Firmado)
PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA
Subvenciones para la transformación digital y modernización de las entidades locales (C11.I3)
Subvención 2024
Declaración de ausencia de conflicto de intereses (DACI).
(Anexo IV de la Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre, por la que se configura el Sistema de Gestión del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
|
Objeto: |
Real Decreto 1283/2024, de 17 de diciembre, por el que se regula la concesión directa de subvenciones a los municipios de Barcelona y Madrid con el fin de llevar a cabo proyectos para la transformación digital y modernización de sus ayuntamientos, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. |
Al objeto de garantizar la imparcialidad en el procedimiento de subvenciones arriba referenciado, la persona abajo firmante, como participante en el proceso de preparación y tramitación del procedimiento, declara:
Estar informado de lo siguiente:
1. Que el artículo 61.3 «Conflicto de intereses», del Reglamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de julio (Reglamento financiero de la UE) establece que «existirá conflicto de intereses cuando el ejercicio imparcial y objetivo de las funciones se vea comprometido por razones familiares, afectivas, de afinidad política o nacional, de interés económico o por cualquier motivo directo o indirecto de interés personal».
2. Que el artículo 64 «Lucha contra la corrupción y prevención de los conflictos de intereses» de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, tiene el fin de evitar cualquier distorsión de la competencia y garantizar la transparencia en el procedimiento y asegurar la igualdad de trato a todos los candidatos y licitadores.
3. Que el artículo 23 «Abstención», de la Ley 40/2015, de 1 octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, establece que deberán abstenerse de intervenir en el procedimiento «las autoridades y el personal al servicio de las Administraciones en quienes se den algunas de las circunstancias señaladas en el apartado siguiente», siendo éstas:
a) Tener interés personal en el asunto de que se trate o en otro en cuya resolución pudiera influir la de aquél; ser administrador de sociedad o entidad interesada, o tener cuestión litigiosa pendiente con algún interesado.
b) Tener un vínculo matrimonial o situación de hecho asimilable y el parentesco de consanguinidad dentro del cuarto grado o de afinidad dentro del segundo, con cualquiera de los interesados, con los administradores de entidades o sociedades interesadas y también con los asesores, representantes legales o mandatarios que intervengan en el procedimiento, así como compartir despacho profesional o estar asociado con éstos para el asesoramiento, la representación o el mandato.
c) Tener amistad íntima o enemistad manifiesta con alguna de las personas mencionadas en el apartado anterior.
d) Haber intervenido como perito o como testigo en el procedimiento de que se trate.
e) Tener relación de servicio con persona natural o jurídica interesada directamente en el asunto, o haberle prestado en los dos últimos años servicios profesionales de cualquier tipo y en cualquier circunstancia o lugar».
Que no se encuentra incurso en ninguna situación que pueda calificarse de conflicto de intereses de las indicadas en el artículo 61.3 del Reglamento Financiero de la UE y que no concurre en su persona ninguna causa de abstención del artículo 23.2 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público que pueda afectar al procedimiento de concesión.
Que se compromete a poner en conocimiento de la comisión de evaluación, sin dilación, cualquier situación de conflicto de intereses o causa de abstención que dé o pudiera dar lugar a dicho escenario.
Conozco que, una declaración de ausencia de conflicto de intereses que se demuestre que sea falsa, acarreará las consecuencias disciplinarias/administrativas/judiciales que establezca la normativa de aplicación.
(Fecha, firma, nombre completo, puesto, unidad y DNI).
| Entidad | Provincia | Comunidad Autónoma | Población a 1 de enero de 2023 |
Ayuda total – Euros |
|---|---|---|---|---|
| Ayuntamiento de Barcelona. | Barcelona. | Cataluña. | 1.655.956 | 1.902.707,74 |
| Ayuntamiento de Madrid. | Madrid. | Comunidad de Madrid. | 3.339.931 | 3.837.676,45 |
| Total (A). | 4.995.887 | 5.740.384,19 | ||
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