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Con arreglo a lo dispuesto en el artículo 8.4 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, procede la publicación en el «Boletín Oficial del Estado» del Acuerdo de Consejo de Ministros, aprobado en su reunión del 4 de febrero de 2025, que figura como anexo a la presente Resolución.
Madrid, 7 de febrero de 2025.–La Secretaria de Estado de Agricultura y Alimentación, María Begoña García Bernal.
El artículo 8.3 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, dispone que el Consejo de Ministros, a propuesta del órgano sustantivo, en supuestos excepcionales y mediante acuerdo motivado, puede excluir un proyecto determinado de la evaluación de impacto ambiental, cuando su aplicación pueda tener efectos perjudiciales para la finalidad del proyecto. Además, el artículo 8.4 establece que el acuerdo del Consejo de Ministros podrá determinar «someter el proyecto a otra forma alternativa de evaluación que cumpla los principios y objetivos de esta ley, que realizará el órgano sustantivo».
El artículo 66 del Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes para la modernización de la Administración Pública y para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, establece que «a los efectos de lo previsto en el artículo 8.3 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, se entenderá que concurren circunstancias excepcionales en el caso de los proyectos financiados total o parcialmente mediante el Instrumento Europeo de Recuperación, cuando se trate de meras modernizaciones o mejoras de instalaciones ya existentes, que no supongan construcción de nueva planta, aumento de la superficie afectada o adición de nuevas construcciones ni afección sobre recursos hídricos y entre cuyos requisitos se incorporen para su financiación y aprobación la mejora de las condiciones ambientales, tales como la eficiencia energética o del empleo de recursos naturales, la reducción de su impacto ambiental o la mejora de la sostenibilidad de la instalación ya existente».
Con el fin de asegurar el más elevado nivel de protección ambiental en la ejecución de los proyectos acogidos al artículo 8.3, el Consejo de Ministros celebrado el 11 de julio de 2023 aprobó el Acuerdo por el que se establece un protocolo de actuación, para su aplicación a los proyectos incluidos en el Plan para la mejora de la eficiencia y la sostenibilidad en regadíos, que queden comprendidos en el artículo 66 del Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre. En este protocolo se establecen un conjunto articulado de documentos, que garantizan la plena sujeción a los principios de precaución y acción cautelar, desarrollo sostenible e integración de los aspectos ambientales en la toma de decisiones. El cumplimiento del mismo, por tanto, constituye una forma alternativa de evaluación tal y como establece el artículo 8.4 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre.
Por lo expuesto, de conformidad con el artículo 8.3 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, a propuesta del Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, en su reunión del día 4 de febrero de 2025, el Consejo de Ministros
ACUERDA
El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, como órgano sustantivo y de conformidad con el artículo 8.3 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, solicita la exclusión del procedimiento de evaluación de impacto ambiental del «Proyecto de modernización y mejora del regadío de la zona nordeste de Lanzarote, TT.MM. de Tinajo y Teguise (Lanzarote).»
El objeto de este proyecto es el establecimiento de dos redes de distribución de agua de riego en la zona nordeste de Lanzarote, fomentando el uso de agua no convencional mediante la construcción de una desaladora de agua de mar por ósmosis inversa, complementada por unos pozos filtrantes para el vertido de salmuera al mar y mejorar la eficiencia energética, a través del uso de energías renovables mediante la instalación de un aerogenerador.
Asimismo, se ejecutará una estación de bombeo y una tubería de transporte del agua desalada, desde la estación desaladora hasta un primer depósito y su red de riego asociada a cota más baja y, a continuación, hasta una balsa y su red de riego asociada a cota más alta. Se dotará a las dos redes de riego con un sistema de telemedida en los contadores y a la impulsión de un telecontrol.
Con estas actuaciones se pretende modernizar una superficie de 300,55 ha, ascendiendo el número de regantes beneficiados a 667.
El proyecto introducirá un sistema de riego más eficiente desde el punto de vista energético y permitirá un importante ahorro de energía, evitando la emisión de un total de 4.111,35 tn CO2/año a la atmósfera, contribuyendo al 100 % al objetivo medioambiental de mitigación del cambio climático.
Ante los escenarios de cambio climático de reducción de la disponibilidad hídrica y aumento de frecuencia de los episodios de sequía, el uso de agua desalada en este proyecto constituye una solución de adaptación, que permitirá reducir los efectos adversos del clima actual y futuro, contribuirá a reducir la presión sobre las aguas superficiales o subterráneas y al buen estado de estas. Además, la implementación de un sistema de telecontrol permitirá una gestión más eficaz del agua y de la energía. Todo ello supone una contribución al 100 % al objetivo medioambiental adaptación al cambio climático.
Adicionalmente, esta actuación que incluye la construcción de balsas elevadas de cota contribuye a balancear el sistema eléctrico, por el uso de la energía en períodos de menor demanda (fundamentalmente horas nocturnas), y comporta un incremento de la eficiencia energética, mediante la sustitución de equipos obsoletos por nuevos con mayor eficiencia. Por todo ello, esta actuación, al igual que ocurre con la inversión C3.I1, se considera que contribuye al 100 % a la transición a una economía circular.
El órgano sustantivo ha aportado la documentación que se indica a continuación, para acreditar el cumplimiento del protocolo aprobado en el Acuerdo del Consejo de Ministros del 11 de julio de 2023:
a) Informe del órgano sustantivo acreditativo del cumplimiento de cada uno de los requisitos establecidos en el artículo 66 del Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre. Anexo I.
b) Informe del órgano sustantivo sobre los efectos perjudiciales de la aplicación de la evaluación de impacto ambiental para la finalidad del proyecto, con base en la Comunicación de la Comisión Documento orientativo relativo a la aplicación de las exenciones contempladas en la Directiva sobre la evaluación de impacto ambiental (Directiva 2011/92/UE del Parlamento Europeo y el Consejo, en su versión modificada por la Directiva 2014/52/UE) – artículo 1, apartado 3, artículo 2, apartados 4 y 5 (COM 2019/C 386/05). Anexo II.
c) Documento en que conste la evaluación positiva en el cumplimiento del principio de «no causar un perjuicio significativo» (Do No Significant Harm) recogido en el Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021, por el que se establece el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, con base en la Comunicación de la Comisión Guía técnica sobre la aplicación del principio de «no causar un perjuicio significativo». Anexo III.
d) Certificación de que las actuaciones no conllevan repercusiones sobre los hábitats y especies objetivo de conservación de en los espacios incluidos en la Red Natura 2000, de conformidad con el procedimiento establecido por el artículo 8.5 de la Ley 21/2013, de 21 de diciembre. Anexo IV.
e) Informe favorable del organismo de cuenca correspondiente, respecto a la compatibilidad con su planificación hidrológica vigente y a la no afección a los recursos hídricos, según lo previsto en el apartado segundo de este acuerdo. Este informe cumple con los requisitos establecidos en el apartado tercero del Acuerdo del Consejo de Ministros de 11 de julio de 2023, es decir, se acredita que los recursos hídricos del proyecto están contemplados en el Plan Hidrológico vigente de la demarcación hidrográfica correspondiente y no se han encontrado incoherencias entre estas demandas y los objetivos medioambientales, la asignación de esos recursos, los demás usos del agua, el programa de medidas, el régimen de caudales ecológicos y otras determinaciones del plan hidrológico. Asimismo, se identifican a efectos de extracción y retorno las masas de agua afectadas, incluidas sus estados ecológico, químico y global. Anexo V.
f) Informe favorable de la Administración competente sobre seguridad de presas, embalses y balsas, según lo dispuesto por los artículos 360 y 362.2.b) del Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, por el que se aprueba el Reglamento del Dominio Público Hidráulico, que desarrolla los títulos preliminar I, IV, V, VI y VII de la Ley 29/1985, de 2 de agosto, de Aguas, en caso de que la actuación requiera una o más balsas, como elementos de almacenamiento o regulación de sistemas de riego para la consecución de los objetivos del Plan para la mejora de la eficiencia y la sostenibilidad en regadíos (Inversión C3.I1 del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia). Anexo VI.
Constatado el cumplimiento de las condiciones establecidas en el protocolo aprobado por Acuerdo del Consejo de Ministros del 11 de julio de 2023, se excluye de la evaluación de impacto ambiental establecida en la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, en virtud del artículo 8.3 de la misma, el «Proyecto de modernización y mejora del regadío de la zona nordeste de Lanzarote, TT.MM. de Tinajo y Teguise (Lanzarote)».
El órgano sustantivo publicará el acuerdo de exclusión y los motivos que lo justifican en el «Boletín Oficial del Estado». Asimismo, comunicará esta información a la Comisión Europea. a la Comisión Europea.
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