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La Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas, en su sesión del día 3 de diciembre de 2024, a la vista del Informe remitido por ese Alto Tribunal acerca del Informe de fiscalización del Programa 456D «Actuación en la costa», ejercicio 2019, acuerda:

1. Asumir el contenido, conclusiones y recomendaciones comprendidas en el Informe de fiscalización del Programa 456D «Actuación en la costa», ejercicio 2019 sin perjuicio y a salvo de las objeciones parciales que sean aprobadas.

2. Aprobar el Informe de fiscalización del Programa 456D «Actuación en la costa», ejercicio 2019, tomando nota de las deficiencias señaladas por el Tribunal de Cuentas, en cuanto que sean compartidas y no objetadas por la Comisión Mixta, sin perjuicio y a salvo de las modificaciones que resulten aprobadas.

3. Instar al Gobierno de España a:

– Estudiar y valorar una propuesta de modificación de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, para que se recoja la posibilidad de que los ingresos procedentes de tasas y cánones, así como de sanciones, puedan generar crédito en el capítulo presupuestario destinado a inversiones en la costa, tal como se prevé en los Reales Decretos 735/1993, de 14 de mayo, por el que se acuerda la aplicación y se desarrolla la regulación de las tasas por prestaciones de servicios y realización de actividades en materia de dominio público marítimo-terrestre, y 876/2014, de 10 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de Costas.

– Incrementar la dotación presupuestaria del mencionado programa y el grado de ejecución para poder llevar a cabo las actuaciones previstas.

4. Instar al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico a:

– Aprobar un plan de acción para abordar cuestiones pendientes, entre ellas, parcelas en situaciones de hecho incompatibles con la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas, o los núcleos afectados por la disposición adicional séptima de la Ley 2/2013, de 29 de mayo, de protección y uso sostenible del litoral y de modificación de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas.

– Elaborar un plan de recursos humanos en el ámbito de la Dirección General de la Costa y el Mar, fundamentado en un análisis de cargas de trabajo de las unidades administrativas de los servicios centrales y las demarcaciones y servicios provinciales con el fin de dimensionar los recursos humanos adecuadamente.

– Abordar un proceso de redefinición, mejora, actualización y depuración del diseño e implementación de la herramienta informática de gestión DUNA con el fin de optimizar sus funcionalidades, su agilidad en la operativa, y la racionalización y depuración de los registros que contiene, implantando utilidades que permitan la interoperabilidad con las comunidades autónomas con competencias en el otorgamiento de títulos sobre el dominio público marítimo-terrestre a efectos de la tramitación de los procedimientos correspondientes.

– Rectificar la fragmentación existente en la gestión de los ingresos tributarios relacionados con el dominio público marítimo-terrestre, ya que intervienen las subsecretarías de los ministerios, el Departamento de Recaudación de la Agencia Tributaria y los órganos correspondientes de la Dirección General de la Costa y el Mar.

– Revisar las dos tasas que se siguen liquidando en el marco de las actuaciones del Programa 456D (por gastos y remuneraciones en dirección e inspección de las obras promovidas y explotación de obras y servicios) que provienen de normas que no han sido actualizadas, tienen escasa o nula significación económica y, sin embargo, suponen una carga de gestión y un coste para los propios contratistas de obras.

– Revisar la aplicación integral de gestión de la Dirección General de la Costa y el Mar como herramienta para la gestión del dominio público marítimo-terrestre, pues no cumple su finalidad como sistema de información para la toma de decisiones en la medida en que los registros existentes no son lo suficientemente fiables.

– Dotar a la Dirección General de Costas y el Mar de los recursos humanos y técnicos suficientes para que la planificación urbanística vaya acorde con la protección del litoral.

– Coordinar de forma más exhaustiva con las administraciones autonómicas y locales la gestión de los procedimientos que afectan a la costa española.

– Valorar la oportunidad de reorganizar las demarcaciones y servicios provinciales y estudiar la posibilidad de crear estructuras transversales comunes para cuestiones comunes a varias provincias tales como la gestión de expedientes a través de una estructura fundamentada en sectores de la costa o comunidades autónomas o, incluso, deslocalizar la tramitación de expedientes que, por su propia naturaleza, lo permitan.

– Estudiar la modificación de las reglas de cálculo de los cánones de ocupación y aprovechamiento del dominio público marítimo-terrestre, con el fin de simplificar y hacer más transparente el cálculo de los mismos.

5. Instar a la Dirección General de Costas y el Mar a:

– Actualizar la Estrategia de Adaptación de la Costa Española al Cambio Climático.

– Analizar la viabilidad de diseñar herramientas, indicadores testigo u otras técnicas, que permitan efectuar un seguimiento ágil de los fenómenos costeros y marítimos por parte del personal de la Dirección General de la Costa y el Mar sin necesidad de recabar un estudio externa completo de situación.

– Depender menos de los encargos a medios propios para labores de apoyo administrativo, pues su uso es considerado de «extremadamente intenso». Y, en consecuencia, instar al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico a corregir la situación de carencia de recursos humanos en la Dirección General de la Costa y el Mar, que ocasiona el uso recurrente de los encargos a medios propios.

– Incorporar uno o varios periodos temporales intermedios a la Estrategia de Adaptación de la Costa Española al Cambio Climático, a efectos de actualizarla y adaptarla a la evolución del fenómeno.

– Avanzar en la implantación de nuevas tecnologías para la vigilancia del dominio público marítimo-terrestre y el medio marino.

6. Instar al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico y a la Dirección General de la Costa y el Mar a:

– Establecer un reparto de competencias claro entre los tres niveles de administración territorial para evitar fragmentación en la gestión en la protección de la costa española.

– Corregir las debilidades en la protección de la integridad del dominio público marítimo-terrestre, entre las que destaca la insuficiencia de recursos para ejercer la vigilancia del dominio público marítimo-terrestre y para tramitar y ejecutar eficazmente los procedimientos administrativos en defensa de este.

– Exigir a aquellas demarcaciones y servicios provinciales que tengan dilaciones significativas en la tramitación de los procedimientos de otorgamiento de títulos de utilización del dominio público marítimo-terrestre a que se corrijan estas deficiencias.

– Elaborar un plan de acción que aborde las cuestionas pendientes en el ámbito del dominio público marítimo-terrestre, así como un plan de recursos humanos para atender las disfunciones que se han identificado.

– Mejorar el diseño y funcionalidad de las herramientas tecnológicas utilizadas en el ámbito de la Dirección General de la Costa y el Mar.

Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de diciembre de 2024.–El Presidente de la Comisión, Juan Francisco Serrano Martínez.–El Secretario Primero de la Comisión, Salvador de Foronda Vaquero.